Lleva seis años (cuatro largos con mayoría absoluta) resistiéndose a dar explicaciones, compareciendo en plasma, entrando y saliendo de los lugares por la puerta de servicio, impidiendo preguntas en las ruedas de prensa, amañándolas, negándose a rendir cuentas o falseándolas sistemáticamente. Seis años ignorando al Parlamento, gobernando por decreto ley y apoyándose en una maquinaria mediática pública y privada de falsificación de la realidad, con la ayuda ocasional de una administración de justicia políticamente intervenida.
En todo este tiempo se ha visto obligado -arrastrado literalmente- a comparecer dos veces en sede parlamentaria. Una, un 1º de agosto de 2014, a propósito de los sobresueldos de los papeles de Bárcenas y otra hoy, a propósito de la financiación ilegal del PP descubierta a raíz de la Gürtel. Ya debiera de haber dimitido -como haría cualquier político demócrata en Europa- en la primera ocasión. Cálculese qué debiera hacer en la segunda.
La vergüenza de ver a un presidente de gobierno declarando como testigo en un proceso penal por financiación ilegal de su partido y dos veces como compareciente en sendas interpelaciones parlamentarias por comportamiento impropio. Los demás países deben de estar asombrados.
Conviene que los grupos de la oposición aclaren de una vez la relación entre las dos comparecencias y expliquen la historia completa de esta gran operación de saqueo que ha sido el gobierno del PP. Porque se presentan como hechos separados e independientes cuando, en realidad, son causa y efecto mutuos alternativamente. Los sobresueldos están directamente relacionados con la financión ilegal y esta con aquellos. La aclaración es importante porque explica muchas cosas de la corrupción del sistema político.
En la comparecencia de 2014, Rajoy reconoció haber cobrado los famosos sobresueldos con dos salvedades: los declaraba a Hacienda y no los llamaba "sobresueldos" sino "pluses de productividad", como en cualquier empresa, sostenía nuestro hombre. Era la explicación a la que se apuntaban los demás dirigentes del PP (un buen puñado) para explicar estos ingresos. La cuestión de si eso es delito o no depende de los jueces, sobre todo si los dichos ingresos proceden de fuentes ilicitas o caja B. Pero aquí es irrelevante.
La percepción de los sobresueldos es el veneno de esta historia de la Gürtel. Que no se entienda así y se dé sin más por insustancial, se debe probablemente a que otros partidos, el PSOE que se sepa, recurren a la misma práctica, si bien no parece estar financiada ilegalmente. No obstante, la práctica en sí es política y moralmente inaceptable. Los representantes reciben unas remuneraciones dignas con cargo al erario. Los diputados gozan de un privilegio absoluto en este campo porque son los únicos perceptores de rentas que pueden fijar las suyas y, por supuesto, las de los demás. Pero sobre todo las suyas, lo cual hace innecesario probar que son muy dignas; algunos las tienen por más que dignas. Y no se hable ya de jubilaciones, pensiones y pagos compensatorios por ceses ocasionales
La cuestión es, ¿por qué perciben esas cantidades extras, según dicen, del partido? Cualquiera diría que el partido fuera un ente ajeno al Estado y no se financiara en un porcentaje elevadísimo de los mismos fondos que nutren los salarios ordinarios de los cargos públicos. La excusa del "plus de productividad" empresarial solo podía ocurrírsele a Rajoy y la idea del pago de compensación suscita la pregunta inmediata: compensación ¿por qué? Suele decirse que por la renuncia obligada a los ingresos privados. Pero, al margen de que esto sea cierto o no -que no suele serlo- tropieza con el inconveniente de que la representación política es voluntaria. Quienes quieran ejercerla deberán informarse sobre las remuneraciones antes de dar el paso y, si lo hacen ya saben lo que tienen.
Recuérdese que, si los diputados consideran demasiado bajas sus diversas retribuciones (salario, gastos de esto y lo otro, compensaciones legales, subvenciones), siempre pueden valerse de su privilegio y subírselas, insisto legalmente. Otra cosa es el impacto que esto suele tener en la opinión pública, razón por la que los representantes prefieren trocear sus remuneraciones para que la cantidad final resulte menos escandalosa.
Por tanto, ¿a qué se deben los sobresueldos? A un plan de generar una clase de políticos profesionales que hacen de su militancia en un partido un medio de vida. Esto que, por desgracia, afecta a otros partidos (y genera en ellos una especie de "funcionarios" que tergiversan la autenticidad de todo debate político) se hace insoportable cuando se produce por medios ilegales, causando perjuicio al erario y daño al interés público, como sucede con la financiación ilegal del PP durante más de veinte años. Así se ha corrompido de arriba abajo el sistema político de la tercera restauración, entronizando la mentira como forma de relacionarse con la ciudadanía. Corría el año de 2007 cuando, a preguntas de un interesado sobre cuánto ganaba al mes, Rajoy no dio la cifra, pero dijo "Miro mi cuenta al final de mes porque lo necesito, lo necesito y muchísimo, y además mi mujer también trabaja, y entonces tengo los problemas que tienen todos los ciudadanos. No estoy en política por dinero". Por entonces sus compañeros de partido le calculaban unos 12.000 euros al mes, entre sueldos y sobresueldos. Mentía como un bellaco
Esta subclase de vividores del partido tiene que corromperse necesariamente porque, al entender que su actividad política debe ser lucrativa, acaban por romper todos los límites dedicándose al saqueo de los fondos públicos en cualquier momento y circunstancia. Y eso es lo que ha pasado.
La comparecencia de hoy, centrada en la cuestión de la Gürtel/financiación ilegal y la declaración supuestamente falsa de Rajoy en sede judicial debe hacerse teniendo en cuenta el telón de fondo de los sobresueldos. Están en la base de este desbarajuste. A la política "para forrarse", a pillarlo todo a robar sin más. Y, claro, el PP tiene en estos momentos 700 imputados que no son casos aislados, sino agentes en una estructura partidista de delito organizado en donde cada uno saca su tajada mientras el país se hunde, los dependientes no cobran, los parados tampoco, no hay dinero para la educación pública pero sí para la privada y esta marca el camino para la privatización (nombre técnico del expolio de siempre) de todo lo público.
Hay un propósito, según parece, de preguntar al presidente de los sobresueldos las incómodas cuestiones que se le plantearon en su declaración pero un juez atento impidió que se formulasen. De todos modos, la más destructiva afecta al conjunto de la declaración: ¿por qué dijo que no sabía nada de los aspectos económicos de las campañas electorales cuando era él quien las dirigía, siendo así que hay un vídeo en el que ofrece todo lujo de detalles sobre la financiación de una campaña concreta? Ese hecho ¿puede calificarse de mentira o no? Si su pretextada ignorancia es falsa, esa mentira ¿sería un delito?
¿Podría España seguir gobernada por un hombre al que se hubiera imputado un delito?
Me temo que sí.
