La Operación Cataluña que forzó comisiones de investigación en el Congreso y en el Parlament tenía ramificaciones y raíces. Se han descubierto con el desastre de la gestión del atentado de la Rambla a cargo del gobierno central y la contundente acción de los mossos catalanes.
A estas alturas, lo de menos son las minucias y los detalles secundarios, a los que suele darse una importancia desmesurada para tapar debates de mayor trascendencia. Se entiende la preocupación de El País por cargar contra los mossos, desmerecer algo su trabajo y ocultar la ridícula incompetencia del ministerio del Interior y el gobierno. Ha sido todo demasiado llamativo. Sin embargo, es indiferente llegar a una conclusión respecto a estos asuntos específicos, sobre si la comunicación llegó o no llegó, si unos fueron y otros no, y quién hizo qué y cuándo. Probablemente nunca quedarán las cosas claras del todo. Ni falta que hace.
La evidente descoordinación (incluso enfrentamiento) entre las fuerzas de seguridad es el verdadero problema de fondo. Y mucho más lo es que se demuestre haber sido política deliberada del gobierno torpedear la acción de los mossos así como negar a estos información y recursos que les eran vitales. Que esto es política deliberada se ve en las mentiras de la vicepresidenta quien justifica la falta de acceso de los mossos a la información de europol en una decisión de este órgano. Tiempo ha faltado al tal para desmentirla, asegurando que la cuestión de los mossos es un asunto interno de España como se ve por el hecho de que la Ertzaintza sí tiene acceso a Europol. Y la Ertzainza tiene ese acceso porque el PNV apoyó los presupuestos del gobierno.
Los mossos, en cambio, no porque la Generalitat está en una actitud díscola. Así que la Ratita Hacendosa los castiga a no entrar en el club de los informados. Dos facetas denota esta actitud. Una, de patrimonialismo casi infantil por cuanto la vicepresidenta gestiona con caprichos de favoritismo político. Otra una irresponsabilidad sin límite puesto que esos caprichos afectan de forma directa a la seguridad de la ciudadanía.
Es el Estado, es el gobierno, quien actúa en contra de los mossos, boicotea su actuación, la cuestiona, la debilita. Y esto no es reciente. Viene del comienzo del mandato de Fernández Díaz. Un hombre que, además de condecorar vírgenes, puede ver con regocijo que alguien destroce la sanidad catalana seguramente hará lo inimaginable por destrozar también la seguridad colectiva. De hecho, para eso parece haber montado una especie de "policía política" no al servicio del Estado, sino del gobierno del PP, o sea, del PP. Una policía de partido, igual que hay jueces de partido que actúan como tales a cara descubierta.
El proceso independentista catalán está poniendo de manifiesto la incompetencia del Estado español en los aspectos político, judicial y policial. Añádase la corrupción estructural y calíbrese la autoridad y legitimidad de este Estado y este gobiernoa la hora de enfrentarse al independentismo catalán.
