El aborto es sagrado.

Hace unos meses, las bravas activistas de Femen irrumpieron en el Congreso de los diputados al grito de el aborto es sagrado. Hubo un desbarajuste, un rifirrafe y un notable desconcierto entre los diputados. Solo se escucharon algunos tímidos aplausos mientras la mayoría guardaba un incómodo silencio, incluso las mujeres. Algunas, las más reaccionarias, manifestaron luego su reprobación, mientras las demás callaban en una muestra de cobardía.

La reacción más típica vino más tarde en improvisada declaración a la prensa de ese prodigio de hipocresía que es el ministro de Justicia. Dijo Gallardón que no podía entender, que le resultaba incomprensible, la expresión de "aborto sagrado". Por supuesto; es una de tantas cosas que este hombre, bloqueado por su fanatismo religioso, no entiende ni podrá entender jamás. La reclamación era provocativa. Para poner en evidencia que el ministro solo considera sagrado lo que a él le place. Lo demás no puede serlo. La idea de que alguien tenga algo por sagrado con el mismo derecho con que él considera lo contrario ni se le pasa por la cabeza. La de que él tiene tanto derecho a imponer sus opiniones sobre lo sagrado como el que tienen los demás a obligar a lo contrario, esto es, ninguno, todavía menos. Es la base de la intolerancia, la intransigencia, el fanatismo, el nacionalcatolicismo y, por supuesto, el fascismo. Es el meollo ideológico de este político profesional a las órdenes de los clérigos.

Si los dioses no lo impiden hoy aprobará el consejo de ministros la reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, inspirada en las peticiones de la jerarquía católica, aunque no a su entera satisfacción. Los curas querrían la prohibición absoluta, acompañada de duras penas. Pero ya no están los tiempos para andar quemando gente; está mal visto. Han pactado, pues, con su monaguillo civil la eliminación de la ley de plazos vigente, la negación del derecho al aborto, el retorno a la ley de 1985, que se ha quedado obsoleta por menoscabar la condición de las mujeres y seguir tratándolas como menores de edad.

Es una involución, a tono con las que impone el gobierno en otros ámbitos, el educativo, el acceso a la justicia, los derechos de manifestación, expresión y reunión, el orden público, etc. Pero es especialmente repugnante porque, aparte de la represión ideológica y de clase, esta prohibición tiene un tinte de género, es una prueba más de que, en la contienda política, cuando se trata de los derechos de las mujeres (como cuando se trata de los de las minorías nacionales) aumenta el consenso interpartidista de carácter patriarcal y reaccionario. Los curas (todos hombres), el ministro (hombre) un comité de expertos sobre el aborto o algo así que constituyó el gobierno (compuesto exclusivamente por quince hombres) lo que ya es en verdad ridículo legislan sobre los derechos de las mujeres sin escucharlas siquiera y tratando, como siempre, de sojuzgarlas, reprimirlas, humillarlas. Como siempre. Repito, como siempre.

Las leyes, el poder, el aparato del Estado, los tribunales, el sistema penal, toda la parafernalia represiva se moviliza contra un avance en un proceso de emancipación de más de la mitad del género humano que ya habría de ser incuestionable. Y no solo el aparato represivo. También el ideológico. Esta legislatura precisamente se inició con unos sofismas enunciados por el ministro en sede judicial hablando de la "realización" de las mujeres y la lucha contra la "violencia estructural", en una cantinflería conceptual con la que pretendía engañar a la opinión acerca de sus verdaderas intenciones, creyendo, sin duda, que la ciudadanía tiene un nivel mental inferior al suyo. Lo cual es materialmente imposible.

Si las falacias del ministro y su demagogia seudoemancipadora no merecen refutación, menos aun los especiosos argumentos que siguen manejando los antiabortistas cuando les da por hablar y no por atentar a bombazos contra quienes defienden el derecho a la libre interrupción del embarazo dentro de los límites razonables que marca la ciencia, que es el único criterio aquí admisible. Mientras la ciencia no diga lo contrario, la interrupción del embarazo hasta cierto tiempo de la gestación no implica crimen alguno y, por tanto, pertenece al irrestricto campo de la libre voluntad de las mujeres.

Lo demás es perder el tiempo con los trolls antifeministas, entre los cuales, por cierto, hay muchas mujeres sumisas, incluidas algunas supuestamente "progres" y tan sumisas como las otras. Perder el tiempo, porque ya está todo dicho. Los partidarios del derecho al aborto no obligamos a los antiabortistas a abortar. Hagan ellos lo mismo y no arrebaten un derecho en nombre de sus convicciones privadas. Si hay restricción del derecho al aborto será por vía coactiva, represiva, no discursiva. Y frente a esto, la consigna de Femen es lo más contundente.

Sí, señoras, señores, curas, ministros y carcundas de todo pelaje machista, el aborto es sagrado. Y los hombres, los hombres feministas, tenemos que estar con las mujeres, movilizarnos con ellas en la lucha por sus derechos porque solo cuando ellas alcancen la plena propiedad y disposición sobre sus cuerpos, que los hombres llevamos siglos negándoles mientras consagramos las nuestras, recuperaremos una dignidad que ahora no tenemos (pues somos cómplices de esta injusticia) y estaremos en el camino hacia la igualdad entre los sexos. 

(La imagen es una captura de un vídeo de El País).

Cuando solo queda la desobediencia

"Cuando un gobierno encarcela a la gente injustamente, el verdadero lugar de un hombre justo es la cárcel." Eso decía Henry David Thoreau, teórico de la desobediencia civil, hace más de ciento sesenta años. Y así sigue siendo a día de hoy.

Cuando un gobierno injusto, tiránico y arbitrario reprime a la población, coarta sus libertades, la castiga con leyes desproporcionadas, confiscatorias e inicuas, cuando persigue la disidencia, trata de silenciar la protesta y de acallar las críticas, cuando ciega todo cauce de manifestación pacífica y suprime la libertad de expresión e información, a los ciudadanos no nos queda más remedio que recurrir a la desobediencia civil.

Cuando ese gobierno comete las iniquidades a fin silenciar toda manifestación de disconformidad frente a sus políticas rapaces, ladronas, esquilmadoras, que empobrecen a la ciudadanía, la despojan de sus medios de vida, la cargan con exacciones ficales abusivas e injustas, privan a la gente de su sustento diario, le arrebatan su vivienda y en no pocas ocasiones también la vida, los ciudadanos no tenemos otra salida que la resistencia pacífica, entre otras cosas porque este poder tiránico está armado hasta los dientes con los medios represivos que adquiere con el dinero de todos los contribuyentes. Probablemente no haya espectáculo más repugnante que esos policías antidisturbios pateando bestialmente a ciudadanos indefensos que son quienes, con sus impuestos, pagan los salarios de esos animales coceadores.

Además de tantas iniquidades el gobierno es ilegítimo de origen y ejercicio, carece de todo crédito y autoridad moral al estar dirigido por un embustero compulsivo y sospechoso de corrupción y compuesto por ministros posiblemente tan corruptos como su jefe así como apoyado en un partido que, según los papeles a disposición del juez, es más una banda de malhechores que un verdadero partido. Por todo ello, la desobediencia a esta iniquidad es, además de una actitud ética, también estética. Que no se nos confunda a los ciudadanos con una banda de truhanes.

El ministro del Interior, miembro del Opus Dei, y más atento a los delirios de esta secta siniestra que al bien común de los ciudadanos, dice, con esa desfachatez que caracteriza a esta banda que su Ley Mordaza, pensada para amedrentar a la población, silenciarla e imponerle multas absolutamente desproporcionadas, confiscatorias mejora el derecho de manifestación. Es el mismo criterio, la misma falta desvergonzada de sinceridad y honradez que lleva a lo lacayos del diario ABC a sostener que, con su censura férrea y su trato de favor a los lameculos, La Moncloa ha devuelto la libertad de expresión a las ruedas de prensa.

Todo pura neohabla de esta asociación de presuntos malhechores que mienten cada vez que abren la boca. Mienten en el Parlamento (y al Parlamento), mienten a los jueces, mienten en los medios de comunicación, engañan y mienten sistemáticamente en sus declaraciones, a la par que agreden a insultan a los discrepantes.

En esas condiciones, ¿qué sentido tiene que los demás hagan como si el país no estuviera dominado por esta banda que lleva años robando y cumplan la función que les correspondería en el caso de que todo funcionara normalmente? ¿Qué sentido tiene que la prensa acuda a unas ruedas protagonizadas por un trilero que decide quién hace las preguntas e incluso las pacta de antemano para llevar las respuestas escritas pues él es incapaz de hablar sin chuleta? Ninguno, salvo que los periodistas quieran que se rían de ellos.

¿Qué sentido tiene que la oposición acuda a un parlamento que es un cuartel de obediencia cerrada al gobierno y en el que no le dejan cumplir función alguna en defensa de los intereses de los ciudadanos y, al contrario, se les convierte en objeto de injuria, cuando no de amenaza de agresión física, como ya ha intentado alguno de ellos, especialmente matonil y chulo? Ninguno, salvo justificar este remedo de democracia que no es sino una dictadura de hecho.

¿Qué sentido tiene que los ciudadanos cumplamos nuestras obligaciones cuando los gobernantes no cumplen las suyas? Y no solamente que no cumplan las ya mencionadas, sino ninguna.

Hemos de mantener nuestra dignidad ciudadana frente a los desmanes de un poder tiránico y arbitrario que, no teniendo suficiente con emplear a la fuerza pública como una partida de la porra al servicio de sus intereses, ahora se propone enrolar mercenarios privados, probablemente para "ajustar las cuentas" a los ciudadanos más críticos o díscolos. O sea, a los que tienen dignidad.

La desobediencia general y universal frente a la tiranía es la única salida.

(La imagen es una foto de Insumissia, con licencia Creative Commons).

Contra la ley mordaza

Nunca jamás ha servido de nada intensificar la represión para acallar las protestas cuando estas son justas por ir contra los poderes tiránicos como el actual español. Nunca. La experiencia debiera servir de algo, pero no será el caso con este gobierno reaccionario, anclado en el franquismo y menos con los psicópatas que dirigen el ministerio del interior, unos hipócritas fascistas y meapilas que tratan de aterrorizar a la población con normas inicuas y actuaciones brutales de la policía en violación de los derechos políticos de la gente.

Cuando la Ley Mordaza que estos orates del ministerio han preparado entre en vigor, difundir imágenes como la de la ilustración (por cierto tomada de Twitter) puede suponer 600.000 o 30.000 euros de multa. Se considera falta muy grave por haber grabado a los policías haciendo lo que los granujas que han redactado este texto legal consideran que es el trabajo de la policía: patear ciudadanos indefensos de modo bestial y con abuso de autoridad, de tres, cuatro agentes (que ya debieran estar expedientados) contra un viandante al que después, sin duda, detendrán y acusarán de insultarlos y de resistencia a la autoridad. 

Frente a la tiranía de este gobierno corrupto, apoyado en un partido que es una banda de malhechores, los ciudadanos hemos de resistirnos y hacerlo por nuestra cuenta porque, como puede observarse, la oposición parlamentaria no sirve para nada.

Hay que convocar huelga indefinida y desobediencia general para parar el fascismo de estos delincuentes.

Santiago y cierra España.

A ver. ¿Qué se han creído esos extranjeros? Sobre todo esos ingleses, ¿qué se han creído? ¿Que pueden meter sus narices en los asuntos internos españoles? Esos sempiternos enemigos de España, propietarios de Gibraltar solo por fastidiar, debaten en la Cámara de los Lores sobre la formación de una Comisión de la Verdad para hacer justicia a las víctimas del franquismo e indagar en los crímenes de la Dictadura de Franco. Pero, bueno, y ¿quién es la Cámara de los Lores para hurgar en asuntos internos españoles? Y asuntos del pasado, de los que Rajoy dice que ya está harto, de la República y el franquismo. ¿Que quién es la Cámara de los Lores? Pregunten a Esperanza Aguirre, que es Dama del Imperio Británico. Ella lo sabrá.

En todo caso, alguien y algo es. Incluso después de la inconclusa reforma de Blair. Su voz suele ser escuchada. Tiene autoridad. Y es literalmente una vergüenza que sea un parlamento extranjero quien recuerde a los españoles un deber de justicia que llevan 35 años incumpliendo. Un bochorno, vamos. Y tampoco es nuevo. Ya debatía a comienzos del XIX la Cámara de los Comunes sobre el absolutismo de Fernando VII y su modo de tratar a los prisioneros políticos. La cosa viene de muy atrás. En esta decisión de la cámara alta británica sin duda ha pesado la experiencia habida con general Pinochet, cuando los tribunales españoles exigieron su extradición a España, apelando a la jurisdicción penal internacional. Entonces fueron los británicos quienes actuaron con criterios políticos, de razón de Estado y no jurídicos. Pero -¡oh, pérfida Albión!- se la guardaron y la devuelven ahora siendo ellos quienes invocan los criterios jurídicos de justicia universal y los españoles quienes responderán con razones políticas, por la vía del hecho o el no hecho, vergonzantemente.

Santiago y cierra España, dirán los recios patriotas españoles, los beneficiarios de la Dictadura de Franco, los nacionalcatólicos, los enemigos del libertinaje progresista, los partidarios de la Ley Fernández Mordaza. Además, ¿a qué vienen estos británicos a dar lecciones de nada o meterse en donde no les llaman cuando hasta los chinos les han recordado (a propósito de la visita de Cameron a la China) que ya no pintan nada, que son "un país de la vieja Europa, adecuado para el turismo y los estudios en el exterior." (Palinuro se maravilla de que sean los chinos quienes acusen a los demás de "viejos". Los chinos; en fin). Pero al grano: tienen razón los asiáticos. Hay que demostrar de una vez por todas a estos valetudinarios ingleses cómo las gasta la furia española. Llamad a la Legión y que tome el Peñón.

Por cierto, ¿qué hace el embajador español en Londres, ese fino Maquiavelo del foro? Ya debería haber llamado al secretario del Foreign Office a expresar su disgusto. ¡Qué digo! Al mismo Lord Speaker por esa humillante extralimitación. Y, ya puestos, a la Reina en persona. Con nadie menos debe dignarse tratar el héroe de Perejil.

Lo fastidioso: no son solamente esos protestantes ladinos quienen resucitan la Antiespaña. También se ha sumado el Consejo de Europa, con sus 47 miembros que expresa su grave preocupación por la Ley Fernández Mordaza y eso que seguramente no se la ha leido a fondo. Esa ley es la consagración del Estado de excepción en España como situación ordinaria. Es un abuso de poder gubernativo incompatible con cualquier idea de imperio de la ley y Estado de derecho.

Nada, nada, otra intolerable injerencia extranjera en los asuntos internos soberanos de España. Otra vez la conjura masónica, anticatólica, antiespañola. Porque, veamos, ¿quién o qué es ese Consejo de Europa? ¿Forma parte de él el Vaticano? No. ¿Por qué? Porque su forma de Estado es contraria a los principios del Estado de derecho y la democracia liberal que el Consejo dice defender. ¡Ajá! ¿Lo ven? Un organismo contrario al catolicismo y, por tanto, a la misma esencial nacional española.

Nosotros, a lo nuestro: orden, obediencia, jerarquía, disciplina y a reconquistar esta Patria zaherida y ofendida por sus enemigos internos; los peores de todos. Deberíamos marcharnos del euro y de la Unión Europea y de la OTAN, y del Consejo de Europa. Debiéramos marcharnos de Europa. Quedarnos solos con nuestros fantasmas.

(La imagen es una foto de La Moncloa aquí reproducida según su aviso legal).

¿Por qué no nos quieren, madre?

Esto no hay comunicador que lo arregle. Ni los magos de Obama, capaces de volver a la gente del revés. El 75% de la ciudadanía desaprueba la gestión de Rajoy a los dos años de legislatura. Y su gobierno en conjunto y sus ministr@s un@ a un@ siguen cosechando un rechazo generalizado. No caen simpáticos prácticamente a nadie. Ni siquiera a sí mismos. Es un muro de antipatía y hostilidad. Do quiera que van los pitan, los abuchean, los insultan. "No", concluyen expeditivos, "esto no tiene arreglo; no es cosa de declaraciones, explicaciones o comunicación. Es cosa de palo, tentetiso y calabozo."

Dicho y hecho. Ahí está la Ley Mordaza, llamada con típica hipocresía clerical de seguridad ciudadana, en la que se atropellan todos los derechos de los ciudadanos. Con una ingeniosa novedad que el ministro vende como progresista: el calabozo es substituido por multas confiscatorias con embargo ejecutivo. Puesto que el ministro está tan preocupado por la seguridad de los ciudadanos, le sugiero rescate otra figura jurídica, injustamente olvidada: la prisión por deudas. De esa manera se hace complementario el calabozo con la pena pecuniaria. Y puede completar la seguridad del ciudadano cobrándole por la estancia en la mazmorra. Así ganará puntos entre los neoliberales de su partido. ¿Qué es eso de vivir de gorra del Estado? Y renta alta, nada de simbólica, pues, ¿en dónde estarán más seguros los ciudadanos que en la cárcel?

Puede parecer de orates, pero la ley de marras es de orates. Si un policía se cabrea contigo por la razón que sea, te acusa de haberlo insultado y te astilla 30.000e de multa pagaderos en el acto. De orates.

¿Y no entienden por qué la gente no los quiere? Es bien sencillo: porque son como son, autoritarios, despóticos, intolerantes, sectarios y más cosas que todo el mundo ve menos, al parecer, ellos.

Rajoy ganó las elecciones mintiendo sobre su programa electoral y luego se puso a hacer lo contrario de lo prometido. La doctrina del shock funcionaba y la gente estaba dispuesta a aguantar lo que le echaran en forma de medidas contra la crisis. Y así sucedió. ¿Qué necesidad había de acompañar al programa de austeridad una batería de medidas inútiles, represivas, ideológicas, en materia de justicia, de educación, de libertades ciudadanas? Ni el aborto, ni la religión en las escuelas, ni los derechos de las minorías, ni las normas de orden público eran urgentes. ¿Por qué tener a sectores de la población en permanente protesta en contra del retorno al nacionalcatolicismo?

Porque son como son, autoritarios. Lo suyo es el programa máximo impuesto por el rodillo de la mayoría absoluta. Ningún respeto por las convenciones democráticas. Gobierno por decreto ley y sin perder el tiempo en consensos. Y si la gente protesta, se la calla a mamporros. O arruinándola, penándola por faltas de absoluta discrecionalidad interpretativa (y por lo tanto, de arbitrariedad) como las "ofensas" a "símbolos" o los "insultos" a la policía.

Y esto lo hace un gobierno bajo consistente sospecha de corrupción sistemática actualmente en conocimiento de los tribunales, con un presidente acusado en sede judicial de prácticas supuestamente ilegales e inmorales. ¿De qué se asombran?

En realidad no se asombran de nada. Somos los ciudadanos los asombrados. Ellos ya lo dan por descontado. Por eso presentan esa ley, para que nunca más pueda faltárseles al respeto. Estos son muy del respeto. 

Así, el respeto que la gente no les tiene voluntariamente, van a imponerlo por ley. Como Franco.

La escala F.

En 1948 Adorno, que llevaba unos años exiliado en los EEUU huyendo de la tiranía nazi en su país, publicó un grueso trabajo de investigación redactado con otros colegas, sobre la Personalidad autoritaria. Habían tomado el concepto propuesto por Erich Fromm, otro alemán exiliado del círculo de Frankfurt, y que tenía sus raíces en el psicoanálisis. En último término, para Adorno, el carácter autoritario procedía de una infancia presidida por algún superego tan dominador que solo permitía el desarrollo de un ego inseguro y vacilante, necesitado ya a lo largo de su vida de algún otro superyo aplastante, un padre, una religión, un dios, una institución, un mito. Es decir, el autoritario es un neurótico, lleno de complejos e inseguridad, que luego la tomará con otros grupos, a ser posible débiles y marginales, para machacarlos y así afirmarse él, proyectando en ellos sus miedos y sus fobias: judíos, gitanos, negros, manifestantes ante el Congreso, plataformas antidesahucio, perroflautas. Adorno miraba la Alemania nazi. Si viviera, podría mirar la España del PP.

Como siempre se le había acusado de ser excesivamente teórico, Adorno diseñó un test empírico para medir el grado de autoritarismo de las personas y lo llamó Escala F. "F" de Fascismo. Lo que la escala -que fue siempre muy discutida científicamente- pretendía medir era el grado de fascismo de una personalidad. Perfectamente aplicable al ministro español del Interior, cuyo grado de fascismo santurrón está fuera de duda.

La Ley Mordaza del ministro, aparte de sus aspectos políticos y jurídicos (casi todos delirantes), es un ejemplo de manual de la personalidad autoritaria. Esta se origina, en efecto, en la infancia, pero también por una especie de regresión, según Freud, cuando en el desarrollo de la líbido, se produce una inversión de sentido y el sujeto retorna a la etapa del erotismo anal, en donde queda ya anclado con una neurosis compulsiva, una coraza caracteriológica, que diría Reich, hecha de rigidez, sentido de la jerarquía, obediencia al mando, bajo la figura del padre castrador, sea mortal o divino. De ahí salen esas personalidades amantes del orden, de la disciplina, fanáticas de la limpieza, la puntualidad, sádicas en los castigos que imponen por la mínima transgresión.

Que el ego vacilante, infantil, aterrorizado, del ministro no le permita tener una vida normal sino es refugiándose en el oscuro seno de una secta cerrada, semisecreta; si no puede ser un adulto equilibrado y normal, libre de fantasías sádico-anales, que deje de ser ministro.  Pero no pretenda imponer sus delirios y locuras al resto de la sociedad.

Esa ley es una aberración, producto de un espíritu enfermo.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

La dictadura de hecho y la izquierda.

El Consejo de ministros ha aprobado el proyecto de Ley Mordaza, impropiamente llamado de seguridad ciudadana, cuando debiera llamarse de inseguridad ciudadana, de amedrentamiento ciudadano, si no de terror de Estado. La ley es obviamente anticonstitucional, contraria a los principios más elementales del Estado de derecho. Por supuesto, en los próximos días los medios se llenarán de sesudos análisis criticando sus demasias y su carácter más dictatorial. Cosas todas ellas patentes. Se denunciará que viola libertades y derechos civiles y políticos, reunión, manifestación, expresión, información, etc. Se expondrá cómo se excluye la intervención de los jueces y se amplia la actividad sancionadora de la administración, convirtiendo a las fuerzas de orden público en jueces de los conflictos en los que son parte. Cómo se consagra la impunidad y la arbitrariedad de la policía. Como se establece un Estado policiaco. Cómo la ley normaliza el estado de excepción. Crea faltas subjetivas caprichosas, como la ofensa a España, sus símbolos y otros entes de razón, los insultos a la policía y deja a esta la capacidad para interpretarlos y sancionarlos con dureza confiscatoria. Todo eso es evidente. El proyecto no lo oculta sino que lo proclama. Muchos lo consideran un golpe de Estado legal, aunque parezca contradictorio. No obstante, abundarán los dichos sesudos análisis poniendo de manifiesto lo que de manifiesto está.

Dejémoslos en esos lucimientos y vayamos a algo de más enjundia: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Básicamente perdiendo unas elecciones y dando mayoría absoluta a un partido que, sobre estar bajo sospecha de corrupción estructural, no es ni ha sido nunca leal a la Constitución que, por lo demás, tampoco votó a favor unánimemente cuando se trató de hacerlo. Un partido que no condena la dictadura de Franco, ni hace justicia a sus víctimas, no tiene apego a la democracia y no quiere correr riesgo alguno de perder de nuevo unas elecciones como en 2004.

Sigamos preguntando: ¿por qué perdió la izquierda las elecciones de 2011? Por ir desunida y por hacer las cosas mal. La desunión de la izquierda es suicida. Aquella consigna de PSOE, PP la misma mierda es pasará a la historia de la estupidez humana. Por muy "socialcapitalista", "socialneoliberal" que sea el PSOE, jamás podría aprobar algo como la Ley Mordaza. Eso es evidente ahora y lo era en 2011. Pero convenía decirlo para seguir con el enfrentamiento interno. Mucha gente en IU piensa que el PSOE es más enemigo que el PP. Agudeza visual. La derecha no comete ese error garrafal. Está unida. En su seno hay quien piensa que la dirección no es suficientemente de derechas y se dan fricciones, roces y alguna que otra espantada. Pero prevalece el interés unitario. En la izquierda, no. La parte de esta que se considera más pura no quiere saber nada de la "contaminada". Nada de nada. En Andalucía se desdice esto; pero en Extremadura se reafirma. Resultado, cero. Error tremendo. Y eso suponiendo sea un error y no el resultado de ese narcisismo propio de esta corriente política, en la que abundan las figuras señeras que claman por la unidad de todos en torno a cada una de ellas. Mientras tanto, claro, gobierna la derecha que, en el fondo, es lo que prefieren bastantes "izquierdas". Así ellas no se manchan.

A su vez, esa contumacia en el error está motivada en gran parte porque la otra izquierda, la mayoritaria, ha hecho y hace las cosas rematadamente mal. Hasta el punto de que en muchos asuntos, y no irrelevantes, en efecto, el PSOE coincide con el PP. Los más obvios, la planta territorial del Estado (con matices) y la Monarquía (sin matices). Pero hay otras.

Las dos legislaturas de Zapatero fueron un solo desastre continuado. La substitución repentina del alegre keynesianismo por las políticas neoliberales debería haberse explicado, incluyendo la parte de culpa del gobierno por no haber sido capaz de prever la crisis ni de actuar con diligencia. Aun así, podría haberse explicado. La gente no es tonta. Lo que no tiene perdón de los dioses es la reforma del artículo 135 de la CE que Zapatero anda estos días justificando por el ágora. Aquí juega ya a lo contrafáctico, al susto: "era eso o un gobierno de técnicos, como en Italia". Eso es una hipótesis y, aun así, ¿no hubiera sido mejor un gobierno de técnicos que otro de la derecha nacionalcatólica que ha tardado dos años en cargarse el Estado del bienestar y va a invertir los dos siguientes en cargarse el Estado de derecho? Por supuesto que sí, a ojos cerrados. En Italia no están peor que nosotros. Al contrario, están mejor. Por lo menos pueden manifestarse sin que los breen a palos y, encima, les roben sus ahorros a base de multas arbitrarias. 

De la primera legislatura se alaban las cotas en materia de derechos de las minorías, la igualdad de las mujeres y el espíritu cívico. Nada que objetar, aunque a uno le surja la duda de si ese espíritu tenía tanta relación con la realidad como el de Azaña cuando decía que España había dejado de ser católica. Tiene uno casi la certidumbre de que ese espíritu cívico procedía de la mujer del presidente. Al respecto, la primera legislatura es una legislatura de Sonsoles Espinosa. Ella debió ser la presidenta. Al menos quizá no hubiera cometido las pifias de su marido. La política de nombramientos de este fue un continuo dislate, ejemplificado en el del presidente del Tribunal Supremo, miembro del Opus Dei y dimisionario en el oprobio. Sus pundonorosos y alambicados equilibrios institucionales, como el de la Ley de RTVE, le duraron menos de veinticuatro horas al PP. Al final de su mandato, no solo no se había avanzado en la separación de la iglesia y el Estado sino que se había retrocedido. La iglesia estaba más fuerte que nunca, su asignación vía IRPF había aumentado y el gobierno había dado carpetazo a la Ley de Libertad Religiosa. De lo sucedido con el Estatuto catalán no hace falta hablar.

No se pudieron hacer peor las cosas. Y así seguimos in aprender. Si este gobierno y este partido ganan las próximas elecciones, la culpa será de la izquierda. De toda.

El fascismo del sectario y la elegancia del demócrata.

Pocas veces podrá verse mejor la abismal diferencia entre los fascistas y los demócratas como en este vídeo de la intervención en el Congreso del ministro del Interior, Fernández Díaz, y el diputado del PSOE, Madina, sobre la Ley Mordaza con la que el PP pretende volver al régimen que añora: la dictadura.

Frente a la chulería y los insultos de un sectario del Opus que apenas sabe hablar, el diputado Madina tiene una intervención memorable: digna, valiente, clara y sensata en la que, con razones y argumentos, anuncia lo que, a juicio de Palinuro, debiera ser el norte del PSOE: que ese bodrio de Ley Mordaza será derogado. Como deben derogarse todas las tropelías que lleva dos años cometiendo este gobierno caracterizado por la mentira, la arbitrariedad, el abuso de poder y la corrupción.

Que la ley es inconstitucional salta a la vista a cualquiera que la hojee. Como es inconstitucional la LOMCE y demás adefesios jurídicos perpetrados por este partido más parecido a una banda de malhechores. Además, en el caso de la Ley Mordaza, junto a su carácter dictatorial y antijurídico, se mezcla otro rasgo también muy preocupante: se trata de la obra de un demente con acusados delirios persecutorios. La salud democrática del país exige no solamente que se destituya a los principales responsables de este atentado contra el Estado de derecho y las libertades de los ciudadanos (básicamente Fernández Díaz e Ignacio Cosidó) sino que, por su propio bien, se los interne en algún frenopático.

Además - y ello no es asunto menor- este increíble debate ha servido para mostrar que Eduardo Madina tiene una solidez y claridad de ideas que vendrían muy bien al PSOE si, como es de desear, abandona ya la ambigüedad, la marrullería y los embustes rubalcabianos que amenazan con hundirlo del todo. Porque Palinuro no está muy seguro de haber entendido en su exacto alcance el gesto de Tomás Gómez, pero sí ha calibrado en toda su miseria moral y su falta de principios e integridad ese vergonzoso pacto PSOE-PP en el Consejo General del Poder Judicial, después de que los socialistas engañaran a todo el mundo, afirmando que ya no  habría más pactos con un partido corrupto como el PP y (añade Palinuro), enemigo de la democracia y profascista.

Curso de anticomunicación política.

La próxima vez que alguien elabore una teoría de la comunicación, tómese la molestia de contrastar empíricamente sus hipotesis en España. Si saca una teoría, será a prueba de bomba, una teoría pegada a la tierra. Ya está bien de filosofías y logomaquias. Verdades como puños, lógica, precisión, qué se sepa a qué atenerse.

En España hay un criterio de certidumbre absoluta. Si Rajoy niega algo, por ejemplo, que este año se haya destruido empleo, es porque se ha destruido. Y, a la inversa, sabemos que algo no se da cuando Rajoy afirma que se da; por ejemplo, los brotes verdes, la luz al final del túnel, el fin de la crisis. Se trata de un criterio simple, por cierto, pero tan válido como su contrario (incluso más), según el cual, si la autoridad se pronuncia sobre algo, dice la verdad o algo aproximado. Aquí es al revés: un modo de entender la comunicación que tiene tres etapas: 1ª) bajo ningún concepto se dice nada; 2ª) si, por casualidad (por ejemplo, la siempre fastidiosa presencia de algún mandatario extranjero) hay que decir algo, sea ello cualquier cosa lo más alejada posible del asunto en trato; 3ª) si hay que referirse al asunto por imperativo legal, bajo ningún concepto se dice la verdad.

Una buena teoría de la comunicación es flexible, capaz de adaptarse con agilidad a las reacciones del auditorio. Ha de tener todas las opciones abiertas, incluso la del ridículo. La cúpula de orates enemigos de las libertades públicas que ha ocupado el ministerio del Interior, pasó la semana agitando sádicamente el espantajo de una ley monstruosa que multa con 600.000€ (casi tanto como la media de sobresueldos presuntamente pillados por los dirigentes del PP) el hecho de manifestarse frente al Parlamento. Vista la indignación generalizada, propone ahora rebajar la multa a 30.000€. Del programa máximo, al programa mínimo, como en los tiempos de la socialdemocracia revolucionaria. 30.000 € sigue siendo una cantidad absurda, desmesurada. Pero es bueno que se discuta de la cartera, así el personal no repara en que lo más intolerable de la ley mordaza, lo más anticonstitucional, es la prohibición de que los ciudadanos puedan grabar la actuación de la policía cuando hace su trabajo. Porque su trabajo bien puede ser matar a otro ciudadano indefenso a patadas y puñetazos como, al parecer, acaban de hacer los mossos catalanes y de lo que la opinión se ha enterado gracias a las grabaciones de los vecinos. Máxima de la nueva teoría de la comunicación: no se pueden difundir las pruebas de posibles delitos cometidos por la autoridad. El éxito de la anticomunicación es aquí total, prueba de la demencia absoluta de los redactores de este bodrio, porque lo que se está haciendo con esa prohibición es obligar a los ciudadanos a no cumplir con el deber de denunciar los posibles delitos de que fueran testigos, un deber de alcance discutido pero indudable en sí mismo.

La calidad de la nueva teoría de la comunicación se mide por su impacto directo, completo, fulminante. El mensaje se coloca de inmediato y obtiene un resultado indiscutible. Apenas propone el ministro de Educación, Cultura y Deporte otorgar una distinción a un importante músico catalán que este la rechaza y se la devuelve apuntándole al cogote. Es un triunfo rotundo de la empatía y la sensibilidad. Siendo el agraciado catalán, razonaba sin duda el ministro con su modestia habitual, se sentirá agradecido con una distinción española, de esas que españolizan. Así que, ¿para qué molestarse en sondear antes si la medalla sería bien recibida? ¿Cabía alguna duda? Y no se crea que se trata de un caso aislado. Ni hablar. Este es ya el ministro al que más feos han hecho en público los estamentos bajo su mando, al que más saludos se han negado, más se ha abucheado y pitado, más espaldas se han vuelto, más veces se le ha dicho a la cara que no es persona grata; el que más actos ha tenido que interrumpir y más veces se ha visto obligado a entrar o salir por la puerta de servicio. Un éxito universal de la anticomunicación. Todos los dichos estamentos lo detestan, alumnos, profesores, padres, investigadores, becarios, artistas, cineastas, actores, bibliotecarios, archiveros. El mensaje ha calado desde el primer momento. Así ha conseguido también ser el ministro peor valorado por la opinión pública de la historia de España desde los tiempos de Calomarde, como diría don Jacinto Benavente. 

¿La comunicación en España? Un éxito rotundo que nos envidian las naciones civilizadas de la tierra. 

(La imagen es una foto de La Moncloa aquí reproducida según su aviso legal).

Voces y silencios.

Por primera vez estaba guapa esa chata mole del edificio España. Greenpeace colgó un cartel gigante, muy en su estilo, en contra de la Ley Antiprotesta, que es hashtag (#LeyAntiProtesta). De ese modo daba rostro a las masivas manifestaciones de ayer en toda España en contra de los recortes del gobierno y de sus numerosas tropelías. Las mareas, los colectivos, las asociaciones, la base social, paradójicamente representada por la Cumbre Social, se movilizó a la voz de No, de basta ya.

De las tres famosas opciones abiertas según Hirschman a los ciudadanos ante el poder, salida, voz y lealtad, muchos, cientos de miles (los jóvenes, los mejores) se han decidido ya por la primera; muchos otros (los que no pueden irse) por la segunda. Las voces clamaron en 55 ciudades de España en contra de la agresiva política de recortes de derechos políticos, sociales, económicos. Pero el gobierno dirá que prefiere escuchar a la mayoría silenciosa, lo cual vuelve a reputarlo de vago pues, siendo silenciosa la mayoría, nada hay que escuchar. Solo el silencio que Rajoy, ladinamente, pretende atribuir a la tercera opción de Hirschman, lealtad. Cosa irrisoria por cuanto, como bien se ve, la mayoría solo es leal a Belén Esteban.

Greenpeace, además, define perfectamente ese bodrio antijurídico, semifascista de ley que el gobierno quiere perpetrar. No es una ley de seguridad ciudadana sino una de inseguridad ciudadana, arbitrariedad administrativa e impunidad policial. En resumen, una #LeyAntiProtestas que parece específicamente pensada para criminalizar la forma de acción pacífica de Greenpeace hace ya años. Y, con Greenpeace, a todo el que pretenda hacer uso de sus derechos de reunión, manifestación, expresión e información. Es una ley profundamente antidemocrática, que pretende juridificar una política autoritaria, represiva y arbitraria con un concepto del orden público típicamente fascista.

Una ley mordaza. Una ley del silencio. Una ley hecha por quien, acusado de todo tipo de corrupciones, menos autoridad moral tiene para ello. Una ley para sofocar, reprimir, silenciar. Una ley de un demente.

Silencio como el que guarda el gobierno después de hacerse público el demoledor auto del juez Ruz sobre la financión ilegal del PP durante casi veinte años. Un silencio espeso como el betún. Y del mismo color. Por cierto, ejemplo práctico de la parábola de los sepulcros blanqueados: cuando el PP se echaba las manos partidistas a su colectiva cabeza y pedía a gritos castigo por el caso Filesa del PSOE, estaba haciendo lo mismo.

Frente al clamor de la gente en la calle, el silencio de un gobierno sin legitimidad y sin crédito alguno, presidido por un hombre que ha mentido en sede parlamentaria sobre un asunto que afecta a su partido y a él y su honradez personal. Silencio ante la comprobación judicial de la veracidad de los papeles de Bárcenas y del carácter general y sostenido de la corrupción en el PP. Ocultos en sus guaridas los prebostes, una vez más ha tocado a un monosabio balbucear algo parecido a una explicación. González Pons afirmaba que el PP y sus dirigentes son 'tan honrados como todos'. No da para más.  Como están las cosas, tampoco es decir mucho. Al contrario, equivale a aceptar la imputación.

Se pide nueva comparencia de Rajoy. No debiera ser necesaria pues tendría que haber dimitido ya. Un tipo que cobraba sobresueldos a las escondidas mientras pedía sacrificios a la población y luego se los imponía. Un embustero autoritario, un corrupto sin escrúpulos, un hombre sin integridad, dignidad ni crédito. Un presidente que nunca debió ser presidente.

Un golpe de Estado en los Cárpatos.

Esta es una historia imaginaria, situada en un lejano principado de los Cárpatos, gobernado por una banda de ladrones que se había hecho fuerte en un castillo sobre una escarpada roca. Desde su baluarte, la banda saqueaba la comarca, explotaba y oprimía a sus habitantes, les robaba sus posesiones y derechos ancestrales y los ponía a trabajar en sus predios en condiciones de esclavitud.

La banda se valía del clero, al que hacía partícipe en sus latrocinios, para mantener embaucada a la población a la que robaba y de la que se reía, ocultando con invocaciones divinas la falta de principios, de dignidad y de vergüenza de los bandoleros.

Estaba dirigida por un jefe de una cuadrilla provincial que había escalado el mando por su habilidad para el fingimiento sin dejar por ello de reservar para sí gran parte del botín, repartiendo el resto entre sus más directos seguidores. Bajo su mando, la banda arreció en la tarea de esquilmar a los habitantes a los que cobraban por estar sanos, por estar enfermos y ser viejos, inútiles y hasta por morirse.

Cuando, hartos de verse vilipendiados, expoliados con exacciones injustas y vendidos al extranjero como esclavos, los súbditos del principado protestaban en las calles, la banda ordenaba a sus alguaciles, matones à gages que tenía acuartelados por todo el país, que los apalearan, los mutilaran y, si necesario fuera, los mataran. Nadíe debía preocuparse por las consecuencias judiciales dado que la banda había creado un cuerpo de veedores públicos cuya función consistía en ignorar, ocultar o exonerar los delitos cometidos por los suyos, incluidos los del Príncipe.

Para explicar estos hechos la banda mantenía un cuerpo de predicadores y copleros también a sueldo que iban por los pueblos y ciudades aclarando a los robados y apaleados cómo todo era por su bien, para garantizar su seguridad y tranquilidad. Pero, aunque estos pregoneros, algunos muy ilustres, ponían todo su empeño, no conseguían neutralizar el veneno de la rebeldía entre la población, especialmente la más joven que, habiéndolo perdido todo, estaba perdiendo asimismo el miedo.

La banda de ladrones, por tanto, pensó en renovar la legislación del Principado, especialmente la penal para castigar con mayor dureza las protestas de los súbditos. Además lo hizo con la picardía del oficio: visto que los malos tratos físicos, las heridas, las palizas, las mutilaciones, las torturas, los encarcelamientos y las muertes no eran suficientemente disuasorios y suponían además gastos indeseados (hay que arreglar a los estropeados, enterrar a los muertos), decidió imponer penas pecuniarias desmesuradas, multas a todo trapo, hasta por mirar atravesadamente a un corchete. De esta forma, no solo se castigaba a los díscolos sino que se aumentaba el alijo del que robar.

Empezaron por reformar la ley criminal general para impedir que los súbditos tuvieran acceso a la justicia del Príncipe (que, por lo demás, tampoco existía) y despojarlos de todos sus derechos a la defensa. Luego dictaron un pregón para garantizar la impunidad de sus matarifes por el que imponían penas monetarías gigantescas a quienes fueran sorprendidos mirándolos en plena faena represiva y se lo contaran a otro, y aunque no se lo contaran; solo por mirar con ánimo de ver. Lo llamaron el PIM o Pregón de la Impunidad del Matarife.

Aquellos súbditos que tuvieran la osadía de protestar ante las puertas del castillo verían confiscados sus bienes y los de sus descendientes hasta la tercera generación.

La consigna era garantizar la seguridad y la productividad del robo y la ocupación del castillo de los Cárpatos por los siglos de los siglos. En  aquel remoto principado la banda había perpetrado un golpe de Estado que llevaba preparando veinte años. Bien es verdad que sin grandes sufrimientos, pues en tal período sus miembros vivieron opíparamente de las coimas, los cohechos, los asaltos camineros. Pero era una vida incómoda e incierta. Por eso, cuando tomaron el castillo, decidieron que ya nunca saldrían de él.

(La imagen es una foto de Martin Odehnal, bajo licencia Creative Commons).

Contra el olvido.

Aitor Fernández (2013) Vencidxs (359 págs.). Barcelona: Date cuenta.

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Merodeando por la red, hace unas semanas encontré un crowdfunding en donde se pedía dinero para un proyecto de recuperación de memoria histórica. Debí de dar lo que se pedía porque hace dos días me llegó el foto-libro Vencidxs llamándome "mecenas", seguramente una categoría de clasificación de quienes contribuyen económicamente al proyecto.

Lo importante es el proyecto, ahora hecho realidad además de con el libro, con un vídeo y una página web. Cuatro años costó al fotoperiodista Aitor Fernández y un equipo de colaboradores que trabajaron altruistamente para recoger cien testimonios directos de otras tantas víctimas de las represión franquista, bien en la retaguardia durante la guerra, bien en toda España al concluir aquella. Son todas gentes muy mayores, actogenarios, nonagenarios, algún centenario. Varios han fallecido desde que se inició este proyecto de rescate de la memoria de uno de los episodios más siniestros de la historia de España, lo cual solo testimonia la urgencia de emprenderlo y el mérito de quienes lo han hecho sin subvenciones públicas o privadas, simplemente con sus medios y lo recaudado a través del crowdfunding. 

El libro tiene una parte gráfica y otra de relato. La gráfica es una serie de excelentes fotografías tipificadas: primeros planos de rostros muy ancianos y, muchas veces, también primeros planos de sus manos, ocasionalmente otras fotos relacionadas con el tema (huesos en fosas, por ejemplo) y fotografías de época, aportadas por los entrevistados, imágenes de hace setenta, ochenta años, jóvenes sonrientes, milicianos, padres, madres, hermanos, abuelos. A su vera, como colgados de las imágenes los relatos, las narraciones en primera persona de este centenar de hombres y mujeres, la mayoría de los cuales tiene padres, madres, tíos, hermanos asesinados y enterrados en las cunetas. Son gentes sencillas, procedentes de pueblos de toda España, gentes que han vivido tragedias, auténticos infiernos, y han pasado su vida calladas hasta que por fin han superado el miedo y han hablado. Algunos de ellos, bastantes, por cierto, ya habían publicado sus memorias, sus testimonios, a veces a su propia costa. Uno la tiene colgada en la red. Tal era su conciencia de haber sido testigos de algo atroz, tan espantoso que no podían permitir que cayera en el olvido.

Porque los relatos tienen estremecedoras coincidencias, una extraña uniformidad que delata cómo las represalias de los vencedores sobre los vencidos, sus sevicias, crueldades y crímenes, no eran hechos ocasionales, fortuitos, inconexos. Al contrario, respondían a un plan fríamente elaborado (tenemos las notas del general Mola para probarlo) de terror y exterminio de los adversarios políticos, entendiendo por tales todos quienes estuvieran a la izquierda de la Falange y la Comunión tradicionalista. O sea, un genocidio. Ese es el inmenso valor de este trabajo, documentar fehacientemente un genocidio.

Los elementos comunes a los relatos son: denuncias anónimas, por odio o por envidia; detenciones arbitrarias; humillaciones públicas (pelo al cero a las mujeres, aceite de ricino), violaciones, palizas, torturas, "sacas", "paseos", fusilamientos. En muchos casos queda constancia de cómo los curas señalaban a las víctimas e, incluso, participaban en su asesinato. Tratamiento inmisericorde de los vencidos, a los que había que dar un escarmiento que durara generaciones (como dura, de hecho), un régimen de terror del que no escapaban las mujeres ni los niños.

Una de las cuestiones irresueltas de la transición es qué hacer con las víctimas del franquismo, las únicas que no tienen reconocimiento ni reparación; las únicas a las que no se hace justicia. Confrontada con su responsabilidad, a título de herencia, la derecha se obstina en ignorar el pasado, sosteniendo que removerlo es reabrir "viejas heridas". En realidad es su procedencia franquista la que se lo impide. La iglesia tampoco reconoce su culpabilidad en los crímenes y, como si quisiera aturdirse, sigue consagrando mártires de su bando a cientos, con espíritu de guerra civil nuevo.

El gobierno de Rajoy hace saber a la ONU que no tiene por qué investigar los crímenes del franquismo ya que, sobre estar prescritos, han sido amnistiados por la Ley de Amnistía de 1977. Precisamente es el argumento que emplea para explicar por qué no se adhiere a la Convención de la ONU de 1968 sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Está mal que el gobierno no se adhiera a ese texto pero no puede olvidarse que los socialistas tuvieron veinte años para hacerlo y no lo hicieron.

Para cuando llegue el momento de que tales hechos puedan verse en un tribunal de justicia (como parece está pasando en la Argentina) este libro será una pieza acusatoria clave. Ya es un baluarte contra el olvido con su tupida red de historias de gentes del campo, peones, albañiles, maestras, dependientes, sirvientes, costureras, jornaleros, anarquistas, comunistas, socialistas, republicanos; suena como una coral del agravio silencioso, largos años contenido, un lamento colectivo de vivos y muertos, que no debe caer en el olvido. Que no caerá en él. 

Es nuestro pasado. Son nuestras raíces, regadas con sangre.

¿Qué hacer frente a la tiranía?

En homenaje a Jorge Arsuaga, de Bilbao, en huelga de hambre por considerar que el gobierno es ilegítimo; y a quienes la hacen y hagan con él.

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La ilegitimidad del gobierno es, en efecto, clamorosa. Lo sabemos todos. Empezando por el mismo gobierno. Se trata de una ilegitimidad de origen porque su partido ganó las elecciones engañando y mintiendo sobre sus verdaderas intenciones, traducidas luego en lo contrario de su programa electoral y porque, además, las ha ganado presuntamente con trampas, con juego sucio, mediante financiación ilegal, en una situación de vergonzoso ventajismo quizá delictivo.

Es también abrumadora la ilegitimidad de ejercicio. Rajoy gobierna autoritariamente, por decreto, sin someterse al control parlamentario ni rendir cuentas a la opinión pública a la que oculta todo cuanto es relevante y tiene que ver con él y sus políticas que, sin embargo, explicita en términos crudos en el extranjero. Se vale para ello de un control total, asfixiante de los medios de comunicación, la inmensa mayoría de los privados y todos los públicos bajo su dominio, con la misión de censurar la información, escamotearla, embellecer la acción del gobierno y denigrar la de la oposición. No hay diferencia entre los tertulianos mercenarios de la derecha en los medios privados y los de los públicos, que suelen ser los mismos.

Correspondientemente, tiene bloqueado el Parlamento, dedicado por mayoría a silenciar y ningunear la oposición y aplaudir todo lo que haga o diga el gobierno. De igual modo interfiere permanentemente en la acción del poder judicial, ya sea manipulando la composición de sus órganos u obstruyendo de muy diversos modos la acción de la justicia.

Su relación con la ciudadanía es despreciativa, arrogante, autoritaria, casi fascista. Tanto el presidente como sus ministros o cargos del partido se niegan a hablar, a dar explicaciones o mienten sin sonrojo y se niegan a retractarse de sus mentiras o, simplemente, difaman. Al mismo tiempo reprimen con mano dura -cada vez más dura- toda manifestación de descontento, crítica o disenso, bien por la vía penal (Gallardón acaba dejando el código en un tiempo anterior a Beccaria) o por la vía policial. La política de orden público está sesgada en la represión ideológica de la protesta de la izquierda por medios violentos, hostigadores, intimidatorios, mientras tolera (si no ampara) las provocaciones fascistas callejeras o de sus propios alcaldes.

La invocación de la mayoría, el único recurso -mecánico- del gobierno frente a la crítica es falaz. Ya no hay tal mayoría. La ha perdido. La obtuvo para otra cosa; no la ha hecho y la ha perdido. Y aunque la conservara, ¿no es posible a la par que odiosa una tiranía de la mayoría? Y no es el caso, insisto. Si se invoca la mayoría, convóquense elecciones anticipadas, ahora que ya se sabe qué pretende cada cual y veamos si la mentira, el engaño, obtienen mayoría.

Este gobierno ilegítimo no deja resquicio al discurso, ni lo respeta; no dialoga; impone sus criterios -a los que el mismo Rajoy llama radicales- a la fuerza; insulta y amenaza. Así las cosas, la huelga de hambre de Jorge Arsuaga no solo es respetable sino encomiable. Cuando un poder tiránico no deja salida alguna fuerza es recurrir a lo único que nos queda, nuestra dignidad y nuestra vida misma. Somos, quiero creer, muchos quienes simpatizamos con el gesto de Jorge, impresionados por las consecuencias que pueda tener para él, y que lo secundaríamos. Si no lo hacemos es por una serie de razones comprensibles y también respetables: somos mayores, o tenemos familia, o estamos enfermos, o sencillamente, no nos atrevemos.

Pero todos aquellos que decimos simpatizar con Jorge estamos obligados a manifestarlo y hacer algo por apoyarlo (y, de paso, a nosotros mismos) en su línea. No todos podemos ir a una huelga de hambre pero si cada cual busca en su vida, en sus condiciones de existencia, seguro que puede hacer (o dejar de hacer) algo para evidenciar su crítica, su oposición a esta tiranía de forma activa, pacífica y legal; al menos de momento. Es un acto individual, pero convoca a millones. Carece de sentido criticarlo porque pueda distraer de la acción colectiva. En absoluto. Cada una va por su cauce y la acción colectiva bien puede tomar ejemplo de la de Jorge. Tenemos que defendernos y, con nosotros, la dignidad de la democracia, pues no hay tal en un gobierno tiránico, oligárquico, bajo fuerte sospecha y acusación en sede judicial de organizarse al margen de la ley durante veinte años. Un gobierno con un sonsonete: que la ley se cumple; pero solo cuando la hace él.

Es palmario a la vista de la bochornosa sesión parlamentaria de ayer. La vicepresidenta no solo no se retractó de su triple infamia sobre los parados sino que añadió otra falsa acusación al ex-ministro Valeriano Gómez. Y luego llevó su arrogancia, su desprecio al Parlamento y su chulería al extremo de ausentarse en el turno de réplica, cuando dicho ministro pudo por fin defenderse y dar un claro mentís, tras forcejear dialécticamente con la presidencia de la Cámara que quería acallarlo.

¿Cuántos desplantes y atropellos, cuantos desprecios, abucheos y ninguneos está la oposición dispuesta a soportar en un Parlamento en el que se la bloquea y silencia, antes de realizar un acto como el de Jorge? ¿Cuánto tiempo más va a estar haciendo el juego a una derecha que instrumentaliza el Parlamento para sus fines autocráticos antes de denunciar la situación y retirarse al Aventino?

Como Dios manda.

Está la Patria enhorabuena. Ayer, en un acto de magnanimidad, Cospedal perdonó a los funcionarios hora y media de laburo a cambio de que fueran a no sé qué iglesia, a participar en los ritos por la festividad de San Francisco de Asís. Algo muy oportuno. Corre por ahí la desatentada idea de que el Estado no es confesional y estas cosas no deben hacerse. Los izquierdistas siguen siendo azañistas. No quieren reconocer que España es católica con la misma necesidad con que el sol calienta y la lluvia moja. España es naturalmente católica, igual que otros pueblos son naturalmente negros o tienen los ojos naturalmente rasgados. No hay que dejarse amilanar por el trasnochado anticlericalismo de la izquierda. Los funcionarios, a misa; los cargos, a las procesiones y curas por todas partes. Como Dios manda.

Los curas están especialmente contentos. Les han quitado de encima el íncubo diabólico de la educación para la ciudadanía, un catón ideológico radical que trata de apartar a los chavales del recto camino de la fe. Y la religión se impone en la educación como asignatura evaluable. Ahora solo queda eliminar las alternativas, cosa que se hace ya colegio por colegio. Con un poco de suerte, la iglesia acaba consiguiendo la vuelta de la religión a los universidades, a todas las facultades. Como Dios manda.

Dios manda igualmente celebrar las nostalgias de la dictadura, recordar las glorias de la guerra de liberación o cruzada. Así que ayer se concentraron también los fachas para conmemorar la batalla de Belchite. Pendones falangistas y del requeté. Se reúnen, supongo, en el Belchite nuevo, el que construyeron los presos republicanos, como represalia por el hecho de que su ejército destruyó el otro durante la batalla y destruido sigue. Luego de la misa, al parecer, profanaron una tumba común republicana. No vayan los rojos a creer que, pues ganaron la batalla de Belchite, ganaron la guerra. Como Dios manda.

Ganas tenían los patriotas (cada vez mejor organizados) de ir a aplaudir al general Rodríguez Galindo que ayer accedió asimismo a la libertad condicional. Pero las autoridades les aconsejaron no hacerlo, víctimas de esa pacatería gazmoña que les hace pretextar la sensibilidad de la chusma roja a la hora de celebrar los fastos nacionales.  Tuvieron que limitarse a cantar en las redes las excelencias del mártir de Inchaurrondo, sin poder ir a vitorearlo, como merece y  Dios manda.

Pero este año, habrá un 12 de octubre  como Dios manda. Los camaradas van a fletar una columna de autocares para ir a Barcelona, a celebrar el día de la Raza, la unidad de España y, si se tercia, abrir algunas cabezas de separatistas. Se han creído estos catalufos que la España conquistada un 18 de julio por nuestros abuelos se puede trocear como si fuera butifarra. Allí estará lo mejor de la estirpe, cantando el Cara al sol.Siempre como Dios manda.

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Unos intelectuales piden pasar a la acción para combatir la hegemonía neoliberal. Vale. El neoliberalismo es un enemigo del pueblo. Pero el fascismo no lo es menos. Van juntos. Y, por lo demás, ¿qué significa "pasar a la acción"? 

Buscadlos, desenterradlos, hacedles justicia.

Aquí todo el mundo pide "grandeza" a los demás. Siempre a los demás. Rara vez a uno mismo. Desde el lejano Kazajistán, gobernado hoy por el antiguo primer secretario del Partido Comunista de la entonces República de la Unión Soviética, Nursultán Nazarbayev, pide Rajoy "grandeza" a Mas para renunciar a la independencia y Mas le devuelve la pelota sosteniendo que la "grandeza" sería dejar votar a los catalanes en la famosa consulta del dret a decidir.

A sus vez, los enviados de la ONU, pertenecientes al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias que llevan una semana en Madrid haciendo averiguaciones sobre las desapariciones forzosas del franquismo, instan al gobierno a tomar medidas para hacer justicia a las víctimas. Ignoro si utilizan también el término grandeza pero es claro que encajaría y podrían hacerlo. Al fin y al cabo se dirigen a un gobierno y un partido cuyas relaciones con el franquismo son, por decirlo con suavidad, estrechas. Condenó de boquilla en cierta ocasión la dictadura, pero se negó a hacerlo en el Parlamento Europeo, se niega a aplicar la Ley de la Memoria Histórica en lo que hace a los símbolos y otros restos del franquismo y no ayuda en absoluto a que los familiares de los asesinados y enterrados en fosas comunes y anónimas por todo el país, sean resarcidos y obtengan justicia. Un partido y un gobierno que justifican su actitud con el argumento de que no hay que reabrir heridas cerradas, siendo evidente que las heridas no están cerradas, como se demuestra por la permanente presión de los familiares y descendientes de las víctimas para que se haga justicia, aunque para ello hayan de acudir a la Argentina o a la ONU. Un partido que, al menor descuido homenajea a los franquistas como vencedores de la guerra civil.

El gobierno, la fiscalía, la derecha en general argumentan que, por si los presuntos delitos no hubieren prescrito, la Ley de Amnistía de 1977 cierra el paso a su averiguación. Los teóricos de la derecha suelen añadir que la guerra civil conoció demasías por ambas partes y que conviene olvidarlo, pues tal es el espíritu de la reconciliación que animó la transición.

El grupo de trabajo de la ONU viene a decir que los delitos de desapariciones forzosas no prescriben y que, el parlamento español debe derogar la Ley de Amnistía que es una Ley de punto final y proceder a hacer justicia con los desaparecidos del franquismo. 

Ciertamente, si el gobierno se pusiera manos a la obra a cumplir las recomendaciones de los comisionados de la ONU demostraría grandeza. Es obvio que el asunto de la justicia a las víctimas del franquismo es una de las diversas partes por las que la transición hace aguas. Aquella Ley de Amnistía con la que los responsables de la dictadura se blindaban jurídicamente respondía al temor de que, cambiando la situación política, ellos pudieran sufrir represalias a manos de unas izquierdas que, precisamente para garantizar lo contrario, aceptaron la Ley de Amnistía en detrimento de los derechos de las víctimas. 35 años más tarde, siendo ya obvio que la Dictadura no acarreó consecuencias negativas para quienes la sirvieron, y habiendo cambiando mucho la conciencia moral y jurídica de los pueblos en relación a este tipo de crímenes, el mantenimiento de este criterio no es justo.

La transición se hizo con olvido de las víctimas del franquismo. Los derrotados de la guerra tuvieron que aceptar la segunda derrota de la memoria: a los cuarenta años del fin de la contienda, seguirían sin existir. Pero ahora han pasado casi otros tantos y es claro que los efectos negativos que para la reconciliación pudieran haberse temido en 1978 (que jamás fueron reales) ya no pueden invocarse.

El reconocimiento del carácter criminal de la dictadura y la garantía de justicia a las víctimas sería en verdad el acto de grandeza de la derecha  que cristalizaría en la auténtica reconciliación de los españoles. Mientras eso no se haga, las heridas continuarán abiertas, entre otras cosas porque los descendientes o herederos políticos de quienes las infligieron  consideran que las víctimas se lo merecían.

Ese es el problema.

(La imagen es una foto de El reñidero, bajo licencia Creative Commons).

España ya es una dictadura de hecho.

La banda de ladrones bajo apariencia de partido político que detenta el poder en España ya ha cerrado el círculo de convertir una democracia de derecho en una dictadura de hecho. Y una dictadura de corte cada vez más fascista. Estos son los datos:

1º) El presidente del gobierno miente siempre que habla; miente siempre: en el parlamento, en el extranjero; miente a todos y sobre todo. No hace otra cosa que mentir. Ha prostituido el debate público que ya no significa nada pues todo el mundo sabe que miente; él sabe que todo el mundo sabe que miente; pero le da igual. Todas sus mentiras pretenden siempre lo mismo: impedir que la justicia actúe y lo impute por sus evidentes responsabilidades políticas y penales en la mayor trama de corrupción de la historia del país.

2º) La asociación de presuntos malhechores tiene bloqueado el Parlamento, cerradas a cal y canto las posibilidades de debate. El Congreso español, como el Reichstag alemán de Hitler o las Cortes del genocida Franco, está para aplaudir las mentiras del Jefe y convalidar bovinamente todos los decretos que su arbitrariedad y carcunda le dicten.

3º) No existe opinión pública crítica articulada alguna. Los medios públicos de comunicación son puras oficinas de propaganda dirigidas por esbirros; los privados, en su inmensa mayoría, son de empresarios estrechamente unidos al gobierno, partes de ese estamento patronal que lleva veinte años financiando ilegalmente a la banda a cambio de contratas públicas choriceadas a los dineros del común. Igualmente tiene a sueldo decenas de periodistas e intelectuales dedicados a alabarlo e injuriar y calumniar a la oposición o a escribir memeces.

4º) Los fascistas que controlan el orden público en el país aplican una política represiva a ultranza. Emplean a la policía -a la que pagan también sobresueldos por apalear a la gente- como matones para intimidar, aterrorizar, hostigar, perseguir a la gente a fin de que no se manifieste y apalearla cuando lo hace. Identifican al azar a los ciudadanos, los multan arbitrariamente, los vejan en la calle, como escuadras de delincuentes armados.

5º) Se cierra el círculo intimidando también a los observadores extranjeros, amenazándolos, forzándolos a que se vayan del país. No quieren testigos de su brutalidad para poder después mentir mejor cuando se vean sus fechorías ante órganos de investigación. Quieren eliminar de cuajo la única posibilidad que nos queda a los españoles de mantener un resquicio de libertades: la vigilancia de los extranjeros, la presencia de Europa. Nuestra única garantía, hoy como ayer, frente a la barbarie de los fascistas sean de los de porra, como Fernández Díaz; de rosario, como Gallardón; o de engolada petulancia como Wert. 

Es fascismo. Es fascismo rampante. Es dictadura. 

Vuelve Franco.

El revival franquista del verano alcanza su apogeo. Los zangolotinos de Nuevas Generaciones poblaron las redes de fotos celebrando el fascismo con banderas franquistas, brazo en alto y acudieron en escuadra falangista a arropar a Cospedal en su declaración ante el juez. Porque son franquistas, sí, pero del PP y no parece que sean casos de doble militancia. Los gerifaltes del partido consideran que se trata de "chiquilladas" y no merece la pena tomar medidas disciplinarias. Varios alcaldes del PP, que parecen sacados de un álbum de fotos de la época de Bienvenido Mr. Marshall, también han dado fe de su inquebrantable fidelidad a Franco. Estas, claro es, no son chiquilladas; son alcaldadas seniles y, por lo tanto, tampoco censurables. Un grupo de matones del fascio entre los que hay de todo, incluido un pariente de un miembro del gobierno, asaltan la librería Blanquerna. Actos aislados, insignificantes, dirá el ministro del Interior.

El PP se niega a colaborar en la tarea de hacer justicia con el franquismo. No cumple la ley de la memoria histórica; al contrario, la obstaculiza. Bloquea todo intento de hacer justicia a las víctimas y de eliminar los honores indebidos de los victimarios, nombres de calles, plazas, monumentos, etc. Yo mismo pude ver hace unos días que el nombre de José Antonio Primo de Rivera sigue esculpido en la piedra de la fachada de la catedral de Granada.

En estas condiciones, con los franquistas crecidos, parece lógico ver que la Fundación Nacional Francisco Franco, una entidad privada que hasta hace poco recibía subvenciones públicas, dedicada a honrar la memoria y difundir el conocimiento del dictador, reclame la intervención del ejército en Cataluña. Por supuesto. Absolutamente lógico. Lo ilógico es que haya una Fundación Nacional Francisco Franco. Está presidida por la hija del dictador y a su patronato pertenece el suegro del ministro de Justicia, un falangista ex-ministro de Franco que habrá explicado a su yerno el sentido de la justicia sobre los luceros. Esa Fundación debiera ser declarada ilegal y disuelta y sus responsables, la hija, el suegro y el cuñado del primo y el sobrino de la tía, todos, procesados por apología del presunto genocidio cometido por ese invicto caudillo al que idolatran.

En el revival no podía faltar la fanfarria militar y allá se fue García Margallo a preparar la toma del Peñón de Gibraltar, como en los mejores tiempos. Reapareció la Legión y se escucharon soflamas de diverso tipo, así como de la altura de las de Trillo en Perejil. Entretenidos en estas nostalgias, los gobernantes y sus diversos adláteres no calibraban bien el impacto que el facherío estaba produciendo en el extranjero. Podían haberse enterado en Buenos Aires, cuando casi no los dejaron salir del ascensor. Pero eso es imposible. Uno de los rasgos de la derecha española es su pavoroso parroquialismo. No es que el juicio ajeno le sea indiferente. Es que le es desconocido.

Hasta que un buen día nos dan una bofetada como la de la jueza María Servini de Cubría, que ha dictado orden internacional de detención preventiva con fines de extradición contra cuatro presuntos torturadores de la dictadura, con nombres y apellidos. Así el gobierno se encuentra ahora obligado a responder a una petición de extradición de cuatro supuestos criminales que trabajaban a las órdenes de ese presunto genocida cuya memoria es honrada por una fundación que hasta hace poco se financiaba con fondos públicos.

Seguramente el gobierno hará oídos sordos a la petición; es decir, amparará -una vez más- a los supuestos delincuentes de la dictadura. Pero menudo bochorno internacional. España emparejada con las dictaduras sangrientas del cono sur (en realidad, estas fueron sus discípulas) a los ojos del mundo entero. Si alguno de los cuatro extraditables pone un pie fuera de nuestras fronteras, la Interpol le echará el guante y tendrá que declarar por sus posibles fechorías.

Por cierto, el juez Garzón estará encantado de ver cómo se extiende su doctrina pues la jueza Servini aplica el mismo criterio de justicia penal universal que él aplicó para conseguir la detención de Pinochet en Londres. Algo de lo que hemos de felicitarnos todos porque, si no es por la intervención argentina, en España jamás se haría justicia a las víctimas del franquismo. La prueba reside en el mismo Garzón. Jamás se recuperarían los muertos de las cunetas, jamás se conocerían los nombres de sus asesinos.

Esa decisión de la jueza Servini es una bomba que ha acabado reventando la Marca España, el segundo país del mundo, después de Camboya, con mayor número de asesinados en fosas comunes anónimas. Ahora, la sombra de esos muertos vuelve a alzarse ante el gobierno por una requisitoria transoceánica. Un gobierno compuesto por franquistas, neofranquistas, descendientes de franquistas o emparentados con franquistas. Porque, si se puede -y se debe- llamar a declarar a Billy el Niño, a lo mejor también al suegro de Gallardón, Utrera Molina, que fue ministro de Carrero Blanco, o sea, de Franco.

 

Y después dicen que España no es diferente. 

Si esto es un hombre.

Tomo prestado el título a la espléndida y terrible novela de Primo Levi con intención bien diferente como verá quien lea lo que sigue:

El que prometió dar la cara lleva dos años escondido.

El que dijo que llamaría al pan, pan y al vino, vino, no pronuncia el nombre Bárcenas.

Quien aseguró mantendría su espíritu de diálogo no habla con nadie, no responde las preguntas de los periodistas, no contesta las interpelaciones parlamentarias y da orden a su partido de mantener un silencio cerrado de omertà.

Quien se preciaba de hablar claramente lleva dos años mintiendo e incluso lo reconoce públicamente al admitir que no ha cumplido su palabra.

Quien aseguró que diría siempre la verdad se niega a decir cuánto dinero público se ha embolsado en los últimos veinte años, tanto el legal como el presuntamente ilegal.

El que dijo que obligaría a dimitir a los cargos imputados no solo no lo hace sino que no piensa ni en dimitir él si llegan a imputarlo.

Quien aseguró que daría al Parlamento la importancia que tiene, no se digna pisarlo y lo ha reducido a una cámara de bloqueo de la oposición.

Quien dijo que velaría por la imparcialidad de los medios públicos de comunicación los ha puesto en manos de un grupo de esbirros ideológicos que los han convertido en un aparato de propaganda.

El que afirmó que no tocaría el Estado del bienestar lo ha desmantelado.

El que prometió que no abarataría el despido lo ha hecho libre y gratuito.

Quien dijo que, cuando gobernase, descendería el paro, lo ha incrementado y sigue haciéndolo.

Quien aseguró que bajaría los impuestos los ha subido. Y los ha subido injustamente, para que paguen más quienes tienen menos.

Quien afirmó que no daría dinero público para rescatar bancos les ha entregado 120.000 millones de euros prácticamente a fondo perdido.

El que dijo que metería la tijera a todo excepto la sanidad, la educación y las pensiones, ha vendido la sanidad pública a empresas privadas, bastantes de ellas regidas por granujas; ha liquidado la educación pública y gratuita a favor de la privada de los curas; y ha liquidado el sistema público de pensiones.

Y todo esto no lo ha hecho con el paso del tiempo, a lo largo de los años; no. Lo ha hecho de inmediato, apenas tomada posesión porque ya lo tenía todo preparado de antemano. Hizo una plataforma repleta de mentiras para ganar las elecciones y aplicar su verdadero programa, que es el que consta más arriba.

Cuando un gobernante comete tantas iniquidades pierde la escasa legitimidad que pueda haber tenido. Deja de ser un gobernante legítimo. Se convierte en un déspota. Deja de ser un hombre. Es un granuja.

Vencedores y vencidos.

Leo dos noticias en Público que me interesan, me afectan personalmente, me conmueven y me llevan a reflejarlas en la entrada de hoy. Una es la de que las víctimas de la dictadura, las asociaciones de la memoria histórica, juristas, defensores de los derechos humanos, periodistas y personajes del mundo de la cultura ponen en marcha la Plataforma por la Comisión de la Verdad para hacer justicia a las víctimas del genocidio franquista. La otra: la plataforma Date cuenta, que ha elaborado un documental Vencidxs, ha lanzado una campaña de crowdfunding para financiar la conversión del documental en un libro en el que se recojan las voces de los vencidos en la guerra civil antes de que desaparezcan. Las dos noticias, muy buenas, son complementarias.

La constitución de la plataforma en pro de una Comisión de la verdad que acabe con la impunidad del franquismo es un paso decisivo en el logro de un objetivo de justicia que hubo de darse hace muchos años, al comienzo de la transición. No se hizo entonces por razones sobre las que seguiremos discutiendo largos años, sin duda. Una plataforma similar a las que han actuado en otros países salidos de dictaduras terroristas como la española. Su tarea, a la que en nada afecta que hayan pasado casi cuarenta años desde el fin de la dictadura, ya que los presuntos crímenes de esta, siendo de genocidio, no prescriben, es  derogar la Ley de Amnistía de 1977, ampliar la memoria histórica, hacer justicia a las víctimas del franquismo, compensar a sus allegados y herederos de todas las formas posibles pero muy especialmente entregándoles los restos de sus familiares asesinados y que aún yacen en las cunetas y las fosas comunes, rehabilitar sus nombres y echar por fin las bases de una reconciliación asentada no sobre la mentira y el olvido, sino sobre el recuerdo y la verdad. Esa comisión se personará en todos los foros nacionales e internacionales y en todos los procesos en que se reclame la memoria histórica y el derecho de las víctimas a la justicia.

La Ley de la Memoria histórica socialista ha sido insuficiente, ha quedado pronto arrinconada por la falta de voluntad de las autoridades de ponerla en práctica y su único resultado es la condena e inhabilitación del único juez que se atrevió a ponerla en práctica. Por ello esa comisión recoge el testigo en donde la demediada ley socialista lo dejó y lo llevará hasta el final, impidiendo que triunfe la deliberada política del olvido propugnada por la derecha y una parte de la izquierda sumisa, que equivale a infligir un nuevo castigo a las víctimas de aquel horror. No dudo de que habrá razones de mucho peso, pero todas son livianas como plumas ante el incontestable, imperecedero, derecho de toda víctima a que se le haga justicia. En nuestro caso reside esta en exhumar los restos de los asesinados, paseados, ejecutados sumariamente, entregárselos a sus allegados y rehabilitar su memoria, en un país en el que una parte importante de la opinión sigue empeñada en silenciar los hechos, ocultarlos, embellecerlos o mentir descaradamente sobre ellos.

La Comisión tendrá que actuar fundamentalmente en los organismos internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, en todos los foros mediante los cuales pueda hacerse presión sobre el Estado español para que este acepte poner en marcha las medidas legislativas que hagan posible el restablecimiento de la verdad. Su tarea no será menuda en un momento en el que el país está gobernado por mayoría absoluta por un partido que incluso se niega a condenar el franquismo. Pero que haya de ser prolongada no quiere decir que sea imposible sobre todo si recordamos que su fuerza moral radica en que ni quienes se oponen a su logro se atreven a decirlo claramente en público.

La segunda noticia tiene una carga humana explosiva. El documental Vencidxs, de Aitor Fernández recoge en vivo y directo los recuerdos de los hijos y familiares de las víctimas (luego, víctimas ellos también), hombres y mujeres ya octogenarios, muchas veces represaliados a su vez, que buscan los restos de sus allegados asesinados. Son 104 testimonios valiosísimos de una memoria oral a punto de desaparecer, la de l@s vencid@s en la guerra, silenciada durante estos decenios, que no podido materializarse en forma alguna, sin monumentos, efigies, recordatorios, privada, incluso del conocimiento del lugar en que yacían los suyos. O, lo que quizá sea peor, sabiéndolo pero no pudiendo hacer nada, ni siquiera darse por enterada porque quienes los habían asesinado y enterrado, estaban presentes, eran vecinos, autoridades incluso, civiles, militares, eclesiásticas. Ese documento tiene el valor de una shoah hispánica, salvando todas las distancias.

Ahora los autores se proponen plasmar el documental en un libro de igual título para lo cual han puesto en marcha una iniciativa de Crowdfundig con el objetivo de sufragar los costes de edición. En el momento de redactar esto llevaban recaudados 6708 euros, equivalentes al 86 % del total presupuestado y aún les quedan veinte días. Me parece que lo van a conseguir y eso es para felicitarse sobremanera. El papel impreso está, sí, condenado a la práctica desaparición pero, de momento, sigue siendo irrefutable y actuando como un fedatario poderoso. Lo que consta en él, permanece.

Es muy importante que estas historias permanezcan, que no se las lleven las aguas del Leteo. Es muy importante que la víctima nos cuente en primera persona cómo entre los seis y los dieciséis años fue vejada, humillada, maltratada, purgada con aceite de ricino y guindilla. Es muy importante comprobar que no se trató de casos aislados, incontrolados, sino de una política deliberada de represión, castigo, humillación, un plan rigurosamente seguido a lo largo de los años. Un plan de exterminio en unos casos y sujuzgamiento sin contemplaciones en todos los demás. Porque, nos dice Aitor Fernández "En España no hubo una Guerra Civil. Aquí hubo una de guerra de los ricos contra los pobres para conservar sus privilegios".

Y ese es el misterio de esta insensata ocultación de decenas de miles de cuerpos, el hecho de que los herederos físicos e ideológicos de quienes perpetraron aquel crimen no puedan mirar de frente el pasado porque saben que tendrían que pedir perdón y no quieren. Ganaron la guerra, ganaron la paz, los vencidos no tienen derechos. La cuestión es, sin embargo, que esto no se puede sostener en ningún foro internacional civilizado. Resulta sarcástico que España, quien tanto ha hecho por los procesos de pacificación y de restablecimiento de la verdad en tantos otros paises, sea incapaz de hacerlo consigo misma.

Así como parece imposible hacer comprender a la jerarquía católica que su religión no puede gobernar la sociedad, lo parece que la derecha entienda que la verdadera reconciliación de los españoles solo puede darse sobre la base de la justicia y la verdad y, por tanto, sobre la aceptación de sus responsabilidades.