Leo dos noticias en Público que me interesan, me afectan personalmente, me conmueven y me llevan a reflejarlas en la entrada de hoy. Una es la de que las víctimas de la dictadura, las asociaciones de la memoria histórica, juristas, defensores de los derechos humanos, periodistas y personajes del mundo de la cultura ponen en marcha la Plataforma por la Comisión de la Verdad para hacer justicia a las víctimas del genocidio franquista. La otra: la plataforma Date cuenta, que ha elaborado un documental Vencidxs, ha lanzado una campaña de crowdfunding para financiar la conversión del documental en un libro en el que se recojan las voces de los vencidos en la guerra civil antes de que desaparezcan. Las dos noticias, muy buenas, son complementarias.
La constitución de la plataforma en pro de una Comisión de la verdad que acabe con la impunidad del franquismo es un paso decisivo en el logro de un objetivo de justicia que hubo de darse hace muchos años, al comienzo de la transición. No se hizo entonces por razones sobre las que seguiremos discutiendo largos años, sin duda. Una plataforma similar a las que han actuado en otros países salidos de dictaduras terroristas como la española. Su tarea, a la que en nada afecta que hayan pasado casi cuarenta años desde el fin de la dictadura, ya que los presuntos crímenes de esta, siendo de genocidio, no prescriben, es derogar la Ley de Amnistía de 1977, ampliar la memoria histórica, hacer justicia a las víctimas del franquismo, compensar a sus allegados y herederos de todas las formas posibles pero muy especialmente entregándoles los restos de sus familiares asesinados y que aún yacen en las cunetas y las fosas comunes, rehabilitar sus nombres y echar por fin las bases de una reconciliación asentada no sobre la mentira y el olvido, sino sobre el recuerdo y la verdad. Esa comisión se personará en todos los foros nacionales e internacionales y en todos los procesos en que se reclame la memoria histórica y el derecho de las víctimas a la justicia.
La Ley de la Memoria histórica socialista ha sido insuficiente, ha quedado pronto arrinconada por la falta de voluntad de las autoridades de ponerla en práctica y su único resultado es la condena e inhabilitación del único juez que se atrevió a ponerla en práctica. Por ello esa comisión recoge el testigo en donde la demediada ley socialista lo dejó y lo llevará hasta el final, impidiendo que triunfe la deliberada política del olvido propugnada por la derecha y una parte de la izquierda sumisa, que equivale a infligir un nuevo castigo a las víctimas de aquel horror. No dudo de que habrá razones de mucho peso, pero todas son livianas como plumas ante el incontestable, imperecedero, derecho de toda víctima a que se le haga justicia. En nuestro caso reside esta en exhumar los restos de los asesinados, paseados, ejecutados sumariamente, entregárselos a sus allegados y rehabilitar su memoria, en un país en el que una parte importante de la opinión sigue empeñada en silenciar los hechos, ocultarlos, embellecerlos o mentir descaradamente sobre ellos.
La Comisión tendrá que actuar fundamentalmente en los organismos internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, en todos los foros mediante los cuales pueda hacerse presión sobre el Estado español para que este acepte poner en marcha las medidas legislativas que hagan posible el restablecimiento de la verdad. Su tarea no será menuda en un momento en el que el país está gobernado por mayoría absoluta por un partido que incluso se niega a condenar el franquismo. Pero que haya de ser prolongada no quiere decir que sea imposible sobre todo si recordamos que su fuerza moral radica en que ni quienes se oponen a su logro se atreven a decirlo claramente en público.
La segunda noticia tiene una carga humana explosiva. El documental Vencidxs, de Aitor Fernández recoge en vivo y directo los recuerdos de los hijos y familiares de las víctimas (luego, víctimas ellos también), hombres y mujeres ya octogenarios, muchas veces represaliados a su vez, que buscan los restos de sus allegados asesinados. Son 104 testimonios valiosísimos de una memoria oral a punto de desaparecer, la de l@s vencid@s en la guerra, silenciada durante estos decenios, que no podido materializarse en forma alguna, sin monumentos, efigies, recordatorios, privada, incluso del conocimiento del lugar en que yacían los suyos. O, lo que quizá sea peor, sabiéndolo pero no pudiendo hacer nada, ni siquiera darse por enterada porque quienes los habían asesinado y enterrado, estaban presentes, eran vecinos, autoridades incluso, civiles, militares, eclesiásticas. Ese documento tiene el valor de una shoah hispánica, salvando todas las distancias.
Ahora los autores se proponen plasmar el documental en un libro de igual título para lo cual han puesto en marcha una iniciativa de Crowdfundig con el objetivo de sufragar los costes de edición. En el momento de redactar esto llevaban recaudados 6708 euros, equivalentes al 86 % del total presupuestado y aún les quedan veinte días. Me parece que lo van a conseguir y eso es para felicitarse sobremanera. El papel impreso está, sí, condenado a la práctica desaparición pero, de momento, sigue siendo irrefutable y actuando como un fedatario poderoso. Lo que consta en él, permanece.
Es muy importante que estas historias permanezcan, que no se las lleven las aguas del Leteo. Es muy importante que la víctima nos cuente en primera persona cómo entre los seis y los dieciséis años fue vejada, humillada, maltratada, purgada con aceite de ricino y guindilla. Es muy importante comprobar que no se trató de casos aislados, incontrolados, sino de una política deliberada de represión, castigo, humillación, un plan rigurosamente seguido a lo largo de los años. Un plan de exterminio en unos casos y sujuzgamiento sin contemplaciones en todos los demás. Porque, nos dice Aitor Fernández "En España no hubo una Guerra Civil. Aquí hubo una de guerra de los ricos contra los pobres para conservar sus privilegios".
Y ese es el misterio de esta insensata ocultación de decenas de miles de cuerpos, el hecho de que los herederos físicos e ideológicos de quienes perpetraron aquel crimen no puedan mirar de frente el pasado porque saben que tendrían que pedir perdón y no quieren. Ganaron la guerra, ganaron la paz, los vencidos no tienen derechos. La cuestión es, sin embargo, que esto no se puede sostener en ningún foro internacional civilizado. Resulta sarcástico que España, quien tanto ha hecho por los procesos de pacificación y de restablecimiento de la verdad en tantos otros paises, sea incapaz de hacerlo consigo misma.
Así como parece imposible hacer comprender a la jerarquía católica que su religión no puede gobernar la sociedad, lo parece que la derecha entienda que la verdadera reconciliación de los españoles solo puede darse sobre la base de la justicia y la verdad y, por tanto, sobre la aceptación de sus responsabilidades.
