Aquí todo el mundo pide "grandeza" a los demás. Siempre a los demás. Rara vez a uno mismo. Desde el lejano Kazajistán, gobernado hoy por el antiguo primer secretario del Partido Comunista de la entonces República de la Unión Soviética, Nursultán Nazarbayev, pide Rajoy "grandeza" a Mas para renunciar a la independencia y Mas le devuelve la pelota sosteniendo que la "grandeza" sería dejar votar a los catalanes en la famosa consulta del dret a decidir.
A sus vez, los enviados de la ONU, pertenecientes al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias que llevan una semana en Madrid haciendo averiguaciones sobre las desapariciones forzosas del franquismo, instan al gobierno a tomar medidas para hacer justicia a las víctimas. Ignoro si utilizan también el término grandeza pero es claro que encajaría y podrían hacerlo. Al fin y al cabo se dirigen a un gobierno y un partido cuyas relaciones con el franquismo son, por decirlo con suavidad, estrechas. Condenó de boquilla en cierta ocasión la dictadura, pero se negó a hacerlo en el Parlamento Europeo, se niega a aplicar la Ley de la Memoria Histórica en lo que hace a los símbolos y otros restos del franquismo y no ayuda en absoluto a que los familiares de los asesinados y enterrados en fosas comunes y anónimas por todo el país, sean resarcidos y obtengan justicia. Un partido y un gobierno que justifican su actitud con el argumento de que no hay que reabrir heridas cerradas, siendo evidente que las heridas no están cerradas, como se demuestra por la permanente presión de los familiares y descendientes de las víctimas para que se haga justicia, aunque para ello hayan de acudir a la Argentina o a la ONU. Un partido que, al menor descuido homenajea a los franquistas como vencedores de la guerra civil.
El gobierno, la fiscalía, la derecha en general argumentan que, por si los presuntos delitos no hubieren prescrito, la Ley de Amnistía de 1977 cierra el paso a su averiguación. Los teóricos de la derecha suelen añadir que la guerra civil conoció demasías por ambas partes y que conviene olvidarlo, pues tal es el espíritu de la reconciliación que animó la transición.
El grupo de trabajo de la ONU viene a decir que los delitos de desapariciones forzosas no prescriben y que, el parlamento español debe derogar la Ley de Amnistía que es una Ley de punto final y proceder a hacer justicia con los desaparecidos del franquismo.
Ciertamente, si el gobierno se pusiera manos a la obra a cumplir las recomendaciones de los comisionados de la ONU demostraría grandeza. Es obvio que el asunto de la justicia a las víctimas del franquismo es una de las diversas partes por las que la transición hace aguas. Aquella Ley de Amnistía con la que los responsables de la dictadura se blindaban jurídicamente respondía al temor de que, cambiando la situación política, ellos pudieran sufrir represalias a manos de unas izquierdas que, precisamente para garantizar lo contrario, aceptaron la Ley de Amnistía en detrimento de los derechos de las víctimas. 35 años más tarde, siendo ya obvio que la Dictadura no acarreó consecuencias negativas para quienes la sirvieron, y habiendo cambiando mucho la conciencia moral y jurídica de los pueblos en relación a este tipo de crímenes, el mantenimiento de este criterio no es justo.
La transición se hizo con olvido de las víctimas del franquismo. Los derrotados de la guerra tuvieron que aceptar la segunda derrota de la memoria: a los cuarenta años del fin de la contienda, seguirían sin existir. Pero ahora han pasado casi otros tantos y es claro que los efectos negativos que para la reconciliación pudieran haberse temido en 1978 (que jamás fueron reales) ya no pueden invocarse.
El reconocimiento del carácter criminal de la dictadura y la garantía de justicia a las víctimas sería en verdad el acto de grandeza de la derecha que cristalizaría en la auténtica reconciliación de los españoles. Mientras eso no se haga, las heridas continuarán abiertas, entre otras cosas porque los descendientes o herederos políticos de quienes las infligieron consideran que las víctimas se lo merecían.
Ese es el problema.
La transición se hizo con olvido de las víctimas del franquismo. Los derrotados de la guerra tuvieron que aceptar la segunda derrota de la memoria: a los cuarenta años del fin de la contienda, seguirían sin existir. Pero ahora han pasado casi otros tantos y es claro que los efectos negativos que para la reconciliación pudieran haberse temido en 1978 (que jamás fueron reales) ya no pueden invocarse.
El reconocimiento del carácter criminal de la dictadura y la garantía de justicia a las víctimas sería en verdad el acto de grandeza de la derecha que cristalizaría en la auténtica reconciliación de los españoles. Mientras eso no se haga, las heridas continuarán abiertas, entre otras cosas porque los descendientes o herederos políticos de quienes las infligieron consideran que las víctimas se lo merecían.
Ese es el problema.
(La imagen es una foto de El reñidero, bajo licencia Creative Commons).
