El revival franquista del verano alcanza su apogeo. Los zangolotinos de Nuevas Generaciones poblaron las redes de fotos celebrando el fascismo con banderas franquistas, brazo en alto y acudieron en escuadra falangista a arropar a Cospedal en su declaración ante el juez. Porque son franquistas, sí, pero del PP y no parece que sean casos de doble militancia. Los gerifaltes del partido consideran que se trata de "chiquilladas" y no merece la pena tomar medidas disciplinarias. Varios alcaldes del PP, que parecen sacados de un álbum de fotos de la época de Bienvenido Mr. Marshall, también han dado fe de su inquebrantable fidelidad a Franco. Estas, claro es, no son chiquilladas; son alcaldadas seniles y, por lo tanto, tampoco censurables. Un grupo de matones del fascio entre los que hay de todo, incluido un pariente de un miembro del gobierno, asaltan la librería Blanquerna. Actos aislados, insignificantes, dirá el ministro del Interior.
El PP se niega a colaborar en la tarea de hacer justicia con el franquismo. No cumple la ley de la memoria histórica; al contrario, la obstaculiza. Bloquea todo intento de hacer justicia a las víctimas y de eliminar los honores indebidos de los victimarios, nombres de calles, plazas, monumentos, etc. Yo mismo pude ver hace unos días que el nombre de José Antonio Primo de Rivera sigue esculpido en la piedra de la fachada de la catedral de Granada.
En estas condiciones, con los franquistas crecidos, parece lógico ver que la Fundación Nacional Francisco Franco, una entidad privada que hasta hace poco recibía subvenciones públicas, dedicada a honrar la memoria y difundir el conocimiento del dictador, reclame la intervención del ejército en Cataluña. Por supuesto. Absolutamente lógico. Lo ilógico es que haya una Fundación Nacional Francisco Franco. Está presidida por la hija del dictador y a su patronato pertenece el suegro del ministro de Justicia, un falangista ex-ministro de Franco que habrá explicado a su yerno el sentido de la justicia sobre los luceros. Esa Fundación debiera ser declarada ilegal y disuelta y sus responsables, la hija, el suegro y el cuñado del primo y el sobrino de la tía, todos, procesados por apología del presunto genocidio cometido por ese invicto caudillo al que idolatran.
En el revival no podía faltar la fanfarria militar y allá se fue García Margallo a preparar la toma del Peñón de Gibraltar, como en los mejores tiempos. Reapareció la Legión y se escucharon soflamas de diverso tipo, así como de la altura de las de Trillo en Perejil. Entretenidos en estas nostalgias, los gobernantes y sus diversos adláteres no calibraban bien el impacto que el facherío estaba produciendo en el extranjero. Podían haberse enterado en Buenos Aires, cuando casi no los dejaron salir del ascensor. Pero eso es imposible. Uno de los rasgos de la derecha española es su pavoroso parroquialismo. No es que el juicio ajeno le sea indiferente. Es que le es desconocido.
Hasta que un buen día nos dan una bofetada como la de la jueza María Servini de Cubría, que ha dictado orden internacional de detención preventiva con fines de extradición contra cuatro presuntos torturadores de la dictadura, con nombres y apellidos. Así el gobierno se encuentra ahora obligado a responder a una petición de extradición de cuatro supuestos criminales que trabajaban a las órdenes de ese presunto genocida cuya memoria es honrada por una fundación que hasta hace poco se financiaba con fondos públicos.
Seguramente el gobierno hará oídos sordos a la petición; es decir, amparará -una vez más- a los supuestos delincuentes de la dictadura. Pero menudo bochorno internacional. España emparejada con las dictaduras sangrientas del cono sur (en realidad, estas fueron sus discípulas) a los ojos del mundo entero. Si alguno de los cuatro extraditables pone un pie fuera de nuestras fronteras, la Interpol le echará el guante y tendrá que declarar por sus posibles fechorías.
Por cierto, el juez Garzón estará encantado de ver cómo se extiende su doctrina pues la jueza Servini aplica el mismo criterio de justicia penal universal que él aplicó para conseguir la detención de Pinochet en Londres. Algo de lo que hemos de felicitarnos todos porque, si no es por la intervención argentina, en España jamás se haría justicia a las víctimas del franquismo. La prueba reside en el mismo Garzón. Jamás se recuperarían los muertos de las cunetas, jamás se conocerían los nombres de sus asesinos.
Esa decisión de la jueza Servini es una bomba que ha acabado reventando la Marca España, el segundo país del mundo, después de Camboya, con mayor número de asesinados en fosas comunes anónimas. Ahora, la sombra de esos muertos vuelve a alzarse ante el gobierno por una requisitoria transoceánica. Un gobierno compuesto por franquistas, neofranquistas, descendientes de franquistas o emparentados con franquistas. Porque, si se puede -y se debe- llamar a declarar a Billy el Niño, a lo mejor también al suegro de Gallardón, Utrera Molina, que fue ministro de Carrero Blanco, o sea, de Franco.
Y después dicen que España no es diferente.
