Por primera vez estaba guapa esa chata mole del edificio España. Greenpeace colgó un cartel gigante, muy en su estilo, en contra de la Ley Antiprotesta, que es hashtag (#LeyAntiProtesta). De ese modo daba rostro a las masivas manifestaciones de ayer en toda España en contra de los recortes del gobierno y de sus numerosas tropelías. Las mareas, los colectivos, las asociaciones, la base social, paradójicamente representada por la Cumbre Social, se movilizó a la voz de No, de basta ya.De las tres famosas opciones abiertas según Hirschman a los ciudadanos ante el poder, salida, voz y lealtad, muchos, cientos de miles (los jóvenes, los mejores) se han decidido ya por la primera; muchos otros (los que no pueden irse) por la segunda. Las voces clamaron en 55 ciudades de España en contra de la agresiva política de recortes de derechos políticos, sociales, económicos. Pero el gobierno dirá que prefiere escuchar a la mayoría silenciosa, lo cual vuelve a reputarlo de vago pues, siendo silenciosa la mayoría, nada hay que escuchar. Solo el silencio que Rajoy, ladinamente, pretende atribuir a la tercera opción de Hirschman, lealtad. Cosa irrisoria por cuanto, como bien se ve, la mayoría solo es leal a Belén Esteban.
Greenpeace, además, define perfectamente ese bodrio antijurídico, semifascista de ley que el gobierno quiere perpetrar. No es una ley de seguridad ciudadana sino una de inseguridad ciudadana, arbitrariedad administrativa e impunidad policial. En resumen, una #LeyAntiProtestas que parece específicamente pensada para criminalizar la forma de acción pacífica de Greenpeace hace ya años. Y, con Greenpeace, a todo el que pretenda hacer uso de sus derechos de reunión, manifestación, expresión e información. Es una ley profundamente antidemocrática, que pretende juridificar una política autoritaria, represiva y arbitraria con un concepto del orden público típicamente fascista.
Una ley mordaza. Una ley del silencio. Una ley hecha por quien, acusado de todo tipo de corrupciones, menos autoridad moral tiene para ello. Una ley para sofocar, reprimir, silenciar. Una ley de un demente.
Silencio como el que guarda el gobierno después de hacerse público el demoledor auto del juez Ruz sobre la financión ilegal del PP durante casi veinte años. Un silencio espeso como el betún. Y del mismo color. Por cierto, ejemplo práctico de la parábola de los sepulcros blanqueados: cuando el PP se echaba las manos partidistas a su colectiva cabeza y pedía a gritos castigo por el caso Filesa del PSOE, estaba haciendo lo mismo.
Frente al clamor de la gente en la calle, el silencio de un gobierno sin legitimidad y sin crédito alguno, presidido por un hombre que ha mentido en sede parlamentaria sobre un asunto que afecta a su partido y a él y su honradez personal. Silencio ante la comprobación judicial de la veracidad de los papeles de Bárcenas y del carácter general y sostenido de la corrupción en el PP. Ocultos en sus guaridas los prebostes, una vez más ha tocado a un monosabio balbucear algo parecido a una explicación. González Pons afirmaba que el PP y sus dirigentes son 'tan honrados como todos'. No da para más. Como están las cosas, tampoco es decir mucho. Al contrario, equivale a aceptar la imputación.
Se pide nueva comparencia de Rajoy. No debiera ser necesaria pues tendría que haber dimitido ya. Un tipo que cobraba sobresueldos a las escondidas mientras pedía sacrificios a la población y luego se los imponía. Un embustero autoritario, un corrupto sin escrúpulos, un hombre sin integridad, dignidad ni crédito. Un presidente que nunca debió ser presidente.
