El socialismo madrileño.

El PSM celebró este finde una convención regional en la que han participado Rubalcaba y Lissavetzky, además de Gómez, claro. En su discurso, el secretario general se ha referido a dos tipos de cuestiones, la general de España y la particular de Madrid. Con respecto a la primera, defiende el pacto alcanzado con el PP y lo hace con razones dignas de consideración. La principal es que el pacto incorpora los objetivos socialdemócratas clásicos; no es un pacto huero. Pero sigue sin ser convincente porque ¿qué significa esa incorporación? ¿Que Rajoy va a aplicar las políticas socialdemócratas ad intra? Eso no lo piensa nadie; ni Rubalcaba. ¿Significa que las aplicará ad extra, es decir, que las planteará (pues no se va a más que a plantear) en Bruselas? Es posible, pero inútil porque no será Bruselas quien haga lo que dicte Rajoy sino Rajoy quien obedezca a Bruselas. Por tanto, Palinuro se reafirma, el pacto es inútil.

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Nota bene y actualización.
Va quedando claro que este pacto inútil no es más que una operación para embellecer la imagen del Rey, para que parezca que hace algo en vez de quedar como un gandul parásito y rijoso. Es decir, el Rey solo quiere una operación de marketing y los dos obedientes políticos dinásticos se prestan a representar este pequeño sainete para consumo interno que, al parecer, viene también avalado por consultas con los tres "jarrones chinos". ¡Ah, la alta política! Luego, Rubalcaba lo vende a las bases como un logro de la socialdemocracia. La socialdemocracia al servicio de la Monarquía. En el momento en que todo parece hundirse, en una crisis sistémica que cuestiona el orden político, el PSOE ha escogido campo: el trono y el altar. Es lo de siempre.

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Pero hace bien el secretario general en defender el pacto. A lo hecho, pecho y algo de imagen de político de vuelos se le pegará. Menester es decir que acompaña la defensa de lo indefendible con otros razonamientos muy estimables. Se afana en afirmar que el pacto no significa que el PSOE condone las políticas internas del PP. Algo es algo. Sobre todo en materia de pensiones, es muy de agradecer que sea claro: el PSOE no firmará nada que lleve menos consenso que la anterior reforma y, por tanto, tratará de frenar el último expolio que bancos y aseguradoras quieren para hacer negocios privatizando las pensiones.

Lo más logrado desde el modesto punto de vista de Palinuro es la afirmación de que el PSOE derogará toda la normativa conservadora que haya mermado derechos de la ciudadanía. Dígalo más alto; repítalo; no lo deje para el final de su intervención; llévelo al inicio. Punto primero del programa electoral socialista: derogación inmediata de toda la legislación restrictiva de los derechos de la ciudadanía. Ahí están los votos de los trabajadores, los parados, las mujeres, los usuarios de la seguridad social, los jóvenes, los dependientes y los jubilados. Es más Palinuro sostiene que podía ser el punto primero de un hipotético programa común de la izquierda. 

Porque son derechos y no privilegios como acusa la derecha con el fin de mantener y acrecentar los que ella protege.

La segunda parte del discurso fue para Madrid. Para las perspectivas del socialismo madrileño. El orador empleó formas de mitin, asegurando que ya es hora de poner fin a 25 años de gobierno de la derecha en la región y vaticinando que los madrileños tocaremos de nuevo la justicia y la equidad cuando Tomás Gómez sea presidente. No lo dudo, pero faltan dos años. Un mitin en diferido. Un buen deseo que, para hacerse realidad, debe venir precedido de la capacidad de ver los problemas, de decir la verdad, no de ocultarla. Los buenos modales, la diplomacia de partido hacen que ni se plantee la cuestión candente que está en el ánimo de todos, esto es, ¿por qué lleva la derecha 25 años gobernando en Madrid y, de paso, también en Valencia? ¿Por qué son incapaces los respectivos partidos socialistas de ganar las elecciones? 

No vamos a hablar de Valencia porque aquí tratamos de Madrid pero como el antiguo reino es un ejemplo tan exagerado, merece la pena mencionarlo. El PSPV ha pasado por la vergüenza de que el PP, dirigido por un imputado y literalmente salpicado de fundadas sospechas de corrupción, amplíe incluso su margen de mayoría absoluta. Cuando un empeño colectivo fracasa de modo tan clamoroso, ¿no debiera realizar un trabajo de introspección, de análisis objetivo de los problemas, de revisión de su línea y sus supuestos? 

Algo de eso sucede en Madrid. Y aun peor. El Tamayazo, hoy en su décimo aniversario, probó que la corrupción anidaba en el seno del PSM. La imagen era la de una estructura partidista, basada en la administración de los cargos públicos (escasa y muy reñida por estar el partido en la oposición) y las relaciones de poder entre clanes con intereses distintos aunque con nombres rimbombantes. Tamayo pertenecía a una corriente interna llamada renovadores por la base. Genial. 

La financiación pública de los partidos (buena en principio, pero precisada de afinamiento) posibilita el enquistamiento de estas estructuras partidistas finalmente pobladas por profesionales de la política. El interés de estos, claro, es ganar las elecciones. Pero tampoco pasa nada si se pierden, pues raro será que los muevan de sus puestos. Resultado por la línea del menor esfuerzo: las elecciones se pierden. Los aparatos, sin prurito crítico alguno se reproducen repitiendo los mismos errores. Por ejemplo: un aparato gris y burocratizado presentará de candidato a la presidencia a una persona gris y burocrática. Palinuro profesa gran respeto por los sucesivos candidatos socialistas a la presidencia de Madrid y no mencionará a ninguno en concreto pero no puede pasar por alto que todos comparten una nota de grisura y medianía muy poco apropiada para nuestra época de imagen y espectáculo mediáticos. Ninguno pudo hacer sombra a Alberto Ruiz Gallardón y mucho menos a la neoliberal castiza y chulapa de Esperanza Aguirre. 

Así que aparatos burocratizados, escleróticos, repletos de intereses creados, inmersos en redes clientelares de grupos y clanes representados por líderes grises y anodinos de escasísimo tirón popular, es la explicación del cuarto de siglo de gobierno de la derecha y ¿no es la mejor fórmula para que esta pase otros 25 años campando por sus escasos respetos?

(La imagen, menos la peana, es una foto de Brian Snelson, en Wikimedia Commons).

San Isidro labrador, quita la lluvia y pon el sol.

Nacido en Troya pero criado en Madrid, Palinuro es devoto de su patrón, San Isidro labrador, cuyo 931 natalicio celebramos hoy. Es tal su afición al santo que se atreve a proponérselo a Rajoy si este, natural de Santiago, decide cambiar la advocación. Todo en San Isidro casa con su forma de ser y circunstancia. Su milagro más conocido, que los ángeles araban los campos mientras él rezaba, encaja a la perfección con el modus operandi de Rajoy y sus cofrades. La Virgen del Rocío está encargada de acabar con el paro en España; y de la crisis nos sacarán los ángeles mientras el presidente se encomienda a la divinidad para que no le caigan encima los papeles de Bárcenas.

Son muchas las leyendas de San Isidro y su culto extendidísimo. Se ve en la página de Wikipedia dedicada al santo que es casi como el santo universal porque es patrono de mil sitios. Con su espíritu positivista, Wikipedia relativiza el milagro y cita las actas de canonización según las cuales el milagro fue observado por Iván de Vargas (así, ya hay un testigo), amo de Isidro. Lo que no dice Wikipedia es que este Vargas era antepasado de aquel famoso veedor a quien recurría Isabel la Católica con el ¡averígüelo Vargas!, del que el Iribarren trae la más cumplida noticia. Perfecto para una variante contemporánea en la forma de ¡averígüelo Bárcenas! En todo caso, el asunto va de Vargas pues fue otro de estos, Juan de Vargas (en realidad, siempre Iván), quien en el siglo XVI se encargó de acomodar el cuerpo incorrupto del santo en su correspondiente arcón pues este es otro milagro del santo de no poca enjundia: tirarse casi mil años convertido en una mojama. Y si alguien quiere comprobar cómo está de incorrupto, que lo mire aquí con las partes pudendas cubiertas con el oso y el madroño. Esa reliquia no puede verse nunca al natural salvo en contadísimas y excepcionales circunstancias, situación a la que aspira a llegar Rajoy en sus comparecencias públicas.

El mayor prodigio que se adjudica a Isidro, muy propio de la santería de esta tierra, tan dada a la devoción  guerrera de rezos y mandibles, es haberse aparecido a Alfonso VIII para mostrarle la forma de derrotar a la morisma de Miramamolín en las Navas de Tolosa, en 1212. Lo hizo cuarenta años después de muerto, que era el modo de entonces de aparecerse en plasma. Lo decisivo es que la intervención milagrosa del santo salvó España de la dominación sarracena de los almohades como la providencial de Rajoy la salva del hundimiento en la crisis.

En Torrelaguna, villa de prosapia, maridó Isidro con María de la Cabeza, nacida Maria Toribia, luego santa también, que podría aquí equivaler a María Dolores de Cospedal porque María de la Cabeza era de Uceda, Guadalajara y, por tanto, castellano-machega y tan mozárabe como Isidro. Por eso, la ceremonia que se celebra en la ermita del santo tiene el privilegio del rito hispano. Cosa que también emparenta mucho a San Isidro con Rajoy. Cuando, tras la conquista de Toledo por Alfonso VI se quiere imponer la liturgia gregoriana universal, algunos mozárabes obtienen el privilegio de mantener su rito hispano, igual que Rajoy conserva orgulloso el privilegio de hablar pontevedrés en los concilios europeos en los que se ha impuesto un inglés gregoriano universal.

¡Y qué decir de las fiestas, la verbena, la romería, la pradera! El entrañable folklore popular. Ahí podría explayarse con mayor frecuencia Rajoy, muy dado a las actividades festivas. Solo tendría que sustituir el pulpo a la gallega por las rosquillas del santo y no solamente por las llamadas tontas. Cospedal y la vicepresidenta pueden lucir atuendos de chulas con mantón de Manila y las faldas de volantes que les sentarán tan requetebién como las peinetas y los velos. Porque en San Isidro ya arranca el casticismo madrileño que llega luego a las fiestas de la Paloma. Ya empieza a bailarse el chotis que, como todo lo castizo, viene de fuera y este año, según dicen, no en un ladrillo sino en medio por culpa de los recortes. 

Y no se olvide el momento cultural, genuinamente nuestro, aquel que el gobierno al mando señaló valientemente desde el primer momento como receptor privilegidado de aliento y subvenciones: las corridas de toros. La Patria vuelve por sus fueros y, donde reduce, merma o cercena los fondos para la investigación científica, abre generosa su próvido seno para alimentar la esencia misma de la españolidad. La Gran Nación desbarata las artimañas extranjerizantes para abolir la Fiesta Nacional, penúltimas manifestaciones de la Leyenda Negra. ¿De qué se habla? De la fiesta de San Isidro, la apertura de la temporada taurina en la Monumental de Las Ventas, plaza de primera categoría.

¿Cómo no va a encomendarse Rajoy a la protección de San Isidro? 

Váyase, señora Botella

Que Botella es de una incompetencia clamorosa lo saben los madrileños por lamentable experiencia propia. Que todo cuanto tiene de incompetente lo tiene de soberbia, creída y cursi, también. Que únicamente se ocupa de su persona y de enchufar a sus amig@s y clientes es un hecho ya comprobado. Que a su incompetencia añade una irresponsabilidad e insensibilidad pétreas que le permiten largarse a un spa de lujo mientras en su ciudad tiene lugar una catástrofe con resultado de cinco muertes es notorio. Que su afán de aferrarse a un cargo no alcanzado por votación directa la lleva a adoptar decisiones inexplicables y arbitrarias con sus subordinados resulta patente. Que su torpeza política la tiene enfrentada a sectores enteros de su propio partido, una realidad incontestable.

Y, no obstante, nada de lo anterior es motivo suficiente para que la dama presente su dimisión, como resulta obligado de los usos y costumbres en países democráticos.

Es preciso, pues, explicarle las pautas de la representación política y el servicio público. Hacerle ver que es derecho de los madrileños tener un/a alcalde/esa que no se dedique en exclusiva a escurrir el bulto, hacer el ridículo en Londres con dinero de todos, buscar chivos expiatorios por su inutilidad y tratar de salvar su pellejo político a cualquier coste. Y no lo tienen.

Madrid es este momento una ciudad desgobernada. Ayer había sobre la capital una nube tóxica densa y negra que probablemente superó todos los índices de contaminación, producto no solo de la actual desatención de la alcaldesa sino de la herencia de su propia inoperancia como concejala que fue de medio ambiente; la circulación es un caos; los servicios funcionan mal y todo es una mezcla de estúpido boato y administración sórdida, con intentos de echar de sus casas a vecinos de pocos posibles para sacar adelante algunas de esas oscuras maquinaciones especulativas a las que tan aficionada es la derecha, y otras vergüenzas.

Es imposible gobernar una ciudad de cuatro millones de habitantes mientras se lucha por sobrevivir y no verse arrastrada a los tribunales por manifiesta deficiencia en la gestión. Lucen poderosos los dos argumentos que suelen esgrimir aquell@s, poc@s, que en el país dimiten en estos trances: tener tiempo para su propia defensa si ya están imputad@s y no perjudicar a su partido. A estos se añade un tercero, primero en orden de importancia: no ser un obstáculo al bienestar de los ciudadanos bajo su jurisdicción. Los madrileños tienen derecho a que su alcalde/esa se ocupe y resuelva los problemas de la ciudad, que para eso la pagan, y regiamente por cierto, y no de los suyos propios.

Váyase, señora Botella.

El € por receta o la doble desobediencia.

¡Quién iba a decirlo! Ignacio González se declara de antemano en desobediencia del Tribunal Constitucional. Sin conocer la decisión de este está decidido -y así lo afirma- a no devolver lo recaudado y eso antes de saber si la sentencia le ordena hacerlo. Es desobediencia civil. Casi rebeldía. Eso:  ¡quién iba a decirlo! Un hombre tan conservador, tan atildado, tan de orden ¡en desobediencia civil! Autoridad no tiene mucha. Ha regalado también de antemano (es un gobernante expeditivo, resuelve los problemas antes de planteados) 1.300 o 1.800 millones de euros de todos los madrileños al gringo de Eurovegas y quiere recaudarlos tacita a tacita, urillo a urillo. Para ello no duda en declararse desobediente civil. Como Martin Luther King.

Lo curioso es cómo esta desobediencia civil se enfrenta a otra multitudinaria, generalizada, la de quienes se niegan a pagar el € por receta. Como esto siga así, González no devolverá lo recaudado porque no habrá recaudado nada. Resulta un pelín ridículo del lado de los dineros. Algo así como el ahorrativo despilfarro del consejero Lasquetty. Además de ridículo es perfectamente necio porque si los madrileños se creen legitimados a desobedecer la norma del pago del €, mucho más y con razón se creerán si quien la dicta anuncia por anticipado que se declara en rebeldía frente a los tribunales. Da así lugar a una desobediencia a la desobediencia o doble desobediencia. En verdad, estos políticos son de desecho de tienta, por utilizar metáfora querida por la cultura patria. ¿Quién le mandaba decir esa machada? ¿Por qué hace algo tan innecesario? ¿Por parecer el gallo del corral?

En fin. También es cosa de maravilla ese recurso al Constitucional del gobierno. Se entiende en el caso de CiU porque es otro partido y de catalanes, siempre fastidiando. Pero frente al propio partido tiene algo de misterioso. Y se basa ¿en qué? No será en términos de derecho a la salud porque el gobierno lo trata igual o peor que la Comunidad Autónoma. Tampoco en cuestiones de competencias porque es competencia de la Comunidad. Menos en cosas de Hacienda, pues el gobierno apremia al cumplimiento del objetivo del déficit autonómico. Entonces ¿en qué? Pues, por increíble que parezca, viene de la pelusa de preeminencia, de aquí mando yo y de la demagogia: yo os obligo a repagar hasta las cataplasmas pero a este socaliñas de González lo meto en cintura.

¿Y los socialistas? Muy bien: van a recurrir invocando el principio irrenunciable de la gratuidad de la sanidad, que es un derecho. Pero han aprovechado para pegarse entre ellos. Speedy Gómez contra Smartie Rubalcaba. El uno es la brigada ligera y el otro la división acorazada. Pero bueno, lo importante es que el recurso llegue y el alto tribunal se pronuncie antes de los JJOO de 2020 en Madrid.

Por cierto, una última observación. Ayer, la capital estaba sumida en una nube negra, densa, claramente tóxica que estará causando más muertes que el Madrid Arena. Pero estas no son tan mediáticas. Sin embargo, revelan la auténtica razón de por qué debe dimitir la alcaldesa Botella: porque, absorbida en la tarea de salvar su pellejo político, tiene la ciudad abandonada y sus millones de habitantes condenados a respirar ponzoña a causa de su desgobierno.

El expolio o el gran pelotazo.

El gobierno de la C.A. de Madrid ha consumado la expropiación del servicio público de salud a favor de la empresa privada. Lo que él mismo embellece con el término "externalizar", otros llaman "privatizar" y otros, más claros, "expoliar". Y lo ha hecho del peor modo posible, a la brava, en mitad de un tremendo conflicto social, sin asomo de consenso, por imposición del rodillo de la mayoría absoluta del PP. Que además haya concurrido el recochineo de unos diputados jugando al scrabble mientras se decidía tan grave asunto es anecdótico. Solo muestra la condición moral de quienes toman esas decisiones.

El atropello carece de toda justificación racional. La privatización no es mejor, ni más eficiente, ni más barata que el mantenimiento del estatus público del servicio, como muy bien se expone en la carta abierta a Ignacio González del Dr. José Luis Pedreira Masa. La Comunidad no ha aportado ni un solo estudio, informe o documento que pruebe lo contrario. Según la citada carta publicada en el Diario progresista ni siquiera el consejero competente en la materia, Fernández-Lasquetty, es competente en la materia. Lo cual prueba que la competencia, tanto en lo médico como en lo económico, es indiferente pues se trata de una decisión puramente política, una cacicada de ingentes proporciones en favor y beneficio de unas empresas privadas.

Es más, si hay pruebas prácticas de algo ya es de la ruina de estas privatizaciones como se prueba fehacientemente con la quiebra del privatizado hospital de Manises y el escándalo del de Collado Villalba que, confiado a la gestión de Capio, cuesta 900.000 euros mensuales a los madrileños y está cerrado. Y no es lo único. Todo cuanto se gestiona con estos criterios privatizadores acaba siendo ruinoso para la administración porque las empresas que se encargan del servicio siguen a rajatabla la conocida máxima de privatizar los beneficios y socializar la pérdidas. Lo que pasará con los hospitales y centros de salud hoy privatizados ya está prefigurado en la ruina de las radiales de Madrid, que descargan sus pérdidas sobre los madrileños y, por ende, todos los españoles. Y antes y a lo grande en la de las cajas de ahorros, gestionadas con objetivo de puro saqueo de lo público, arruinadas por prácticas erróneas cuando no delictivas, que ahora deben ser rescatadas con dineros de todos los ciudadanos.

Ese es el contenido del neoliberalismo español: poner el Estado al servicio de los intereses de las grandes empresas privadas. Literalmente.

Y ¿qué hace la izquierda, confrontada con esta agresión sin precedentes a los fundamentos del Estado del bienestar que, en su formulación constitucional de Estado social y democrático de derecho daba ya como una conquista consolidada, inamovible? ¿Qué, frente a la aniquilación del régimen jurídico de las relaciones laborales y la pérdida de los derechos de los trabajadores? ¿Qué, frente a la ruina de la educación pública en favor de la privada? ¿Qué, frente a la manipulación de los medios públicos de comunicación puestos al servicio de los intereses de esta oligarquía político-empresarial?

Muy poco, por no decir nada, lo cual es llamativo, además de lamentable, por cuanto este atropello, perpetrado en sigilo e impuesto por un trágala una vez hecho público, ha suscitado una indignación generalizada en la sociedad. Es lo menos. Recuérdese que este mismo intento de privatización del servicio nacional de salud, incluso bastante menos chapuza que el madrileño, es lo que costó el cargo a Margaret Thatcher.

No se me ocurre si no que la izquierda no tendrá perdón posible si, ante la emergencia de la situación, no se une con un programa común mínimo consistente, quizá, en un solo punto: firme propósito de volver al sector público todo lo que le haya sido arrebatado. Y conviene que lo formule ya con suficiente claridad para que quienes se aprestan a consumar el pelotazo de la privatización se lo piensen dos veces. Querrán blindar su transacción cuanto puedan y creerán que será difícil deshacer lo hecho. Más difícil parecía cumplir la promesa de traer las tropas del Irak y fue la primera medida de Zapatero. Porque si este ganó contra pronóstico las elecciones de 2004 fue, entre otras cosas y de modo decisivo, por aquella promesa.

Retiren ese plan. Dimitan.

España cuenta con uno de los mejores sistemas públicos de salud del mundo. Eso es de conocimiento general. No lo niega nadie. Mejor en todos los sentidos, universalidad, eficacia, rapidez, profesionalidad, modernidad, etc. Sin embargo, el gobierno de la C.A. de Madrid lleva años convertido en punta de lanza de una actitud hostil hacia él, basada en el criterio de su insostenibilidad económica. Algo tremendamente subjetivo porque todo depende de cómo se hagan los cálculos y qué decisiones políticas se adopten de repercusión presupuestaria. En el fondo, una excusa para desmantelar el sistema nacional y entregárselo a las empresas privadas para que los amigos, parientes, deudos y enchufados de la derecha hagan pingües negocios a costa de la salud de los madrileños.

Esa hostilidad se ha manifestado no solamente en el terreno económico sino en muchos otros, con verdaderas campañas de desprestigio de la sanidad pública por ser eso, pública. El bochornoso episodio del intento de linchamiento institucional del doctor Montes, sus consecuencias judiciales, fue absolutamente ilustrativo del espíritu con que los gobernantes autonómicos se relacionaban con el sistema sanitario cuya gestión les estaba encomendada.

Para acelerar el expolio, el triunfo del PP en las pasadas elecciones ha traído una catarata de ataques al sistema público de salud, a través de restricciones, exclusiones del acceso al servicio, cese de la gratuidad de este y diversas fórmulas de repago que pondrán muchas prestaciones fuera del alcance de sus supuestos beneficiarios, dependientes, discapacitados, jubilados.

Amparado en esa actitud asimismo hostil al sistema del ministerio correspondiente, el gobierno autonómico de Madrid se ha sacado un nebuloso plan de privatizaciones de la gestión hospitalaria que prácticamente desmantela el carácter público de la sanidad madrileña y pretende imponer al mejor estilo del trágala, sin debate alguno, sin información previa, sin ninguna fundamentación. Esperanza Aguirre, cuya repentina dimisión sigue sin estar clara, continúa argumentando que no nos podemos permitir el sistema actual de salud. Y, como si fuera la orden de la Kommandantur, su substituto en el cargo, Ignacio González, ha dado las órdenes pertinentes y, de no remediarlo los dioses, ese plan de desmantelamiento de la sanidad pública echará a andar en una semana.

Llamarlo "nebuloso" es caritativo. Se trata de un plan secreto pues todo cuanto se pretende imponer en la realidad sin debatirlo previamente es secreto. Seguramente estará hablado, pactado, acordado con las empresas privadas que resultarán beneficiarias de las adjudicaciones, todas ellas con ánimo de lucro orientadas a la maximización de beneficios. Pero no pactado ni consensuado con nadie más, con la población interesada, los pacientes, el personal médico y hospitalario en general.

Es más, ese plan secreto no se justifica con ningún tipo de documentación mínimamente creible. Insisten en la insostenibilidad económica pero no la prueban. El consejero de Sanidad, Fernández-Lasquetty, no tenía ni idea de cuánto se ahorraría aplicando las políticas por él propugnadas. Sospecho que no sabría si quiera si se ahorraría algo. Solo este dato demuestra el carácter profundamente arbitrario de la medida. No hay un solo estudio independiente que muestre la conveniencia de las privatizaciones desde ningún punto de vista. Lo único claro y evidente es que unas empresas privadas en las que, además, algunos políticos del PP parecen tener intereses, harán un negocio fabuloso a cuenta de las arcas públicas y al coste de deteriorar y encarecer la atención universal de salud, que es un derecho de los ciudadanos.

Se han encontrado, sin embargo, con una resistencia inesperada, fortísima. Todo el sector sanitario madrileño se ha opuesto al plan y lleva ya tres semanas de movilizaciones y huelgas, en una actitud de rechazo frontal. Cuenta, además, con un amplio respaldo de la población que se siente directamente agredida en el ataque a un derecho esencial. En estas condiciones, sorprendidas por la fuerza de la reacción colectiva, las autoridades no se han atrevido a recurrir a sus habituales tácticas de desprestigio. Pero, el enconarse el conflicto y amenazar los responsables de la atención sanitaria con la dimisión, les ha salido la vena autoritaria, despreciativa e Ignacio González, cuyo equipo (o él mismo) tuitea consignas cercanas ya al "Por Dios, España y su Revolución Naconalsindicalista", ningunea a los facultativos en actitud rayana en la chulería que únicamente va a agudizar más el enfrentamiento, sobre todo si Fernández-Lasquetty, en lugar de dimitir, se engalla y llama "irresponsables" a los de la marea blanca.

En estas circunstancias el gobierno central no puede intervenir pues la Comunidad actúa en el marco de sus competencias. Pero el PP, sí. Y debe hacerlo. Por supuesto, las empresas privadas presionan para comenzar ya el negocio porque les urgen los beneficios. Igualmente la Comunidad tiene prisa por culminar la operación para tapar los desastres y las ruinas de los acuerdos anteriores de Aguirre. La Comunidad, o sea, los madrileños, pagan 900.000 euros al mes por el hospital de Collado-Villalba, aunque está cerrado. Es uno de los cuatro hospitales de gestión enteramente privada de la CA de Madrid y está gestionado por Capio, la empresa que quiere más parte del pastel.

Pero, por muy urgido que esté el gobierno autonómico por los negocios, la sociedad española no puede permitirse este foco de conflicto permanente del gobierno madrileño en un momento especialmente duro para el conjunto del país y con otra bronca independentista montada en el Noreste de la Península. Alguien en el PP debe frenar al señor González, cuya concepción descarnadamente patrimonialista del poder político (en donde tiene colocada a casi toda su familia agnada y cognada) es más propio de latitudes sicilianas. Y debe frenarlo en los dos proyectos más simbólicos de su mandato, los dos igualmente oscuros, arbitrarios y, en el fondo, inmorales, esto es, Eurovegas y el sistema público de salud. Lo razonable sería que el gobierno autonómico retirara el plan y, con el plan, se retirara él.

La sanidad pública no se vende. Se defiende.

Propone Tomás Gómez reformar la Constitución para, entre otras cosas (supongo), "blindar el sistema público de pensiones". De acuerdo. Pero también el sistema educativo y el sanitario públicos. Sobre todo el segundo por ser esencial ya que, si las pensiones afectan a los jubilados, la salud pública nos afecta a todos.

El sistema público de salud es un pilar fundamental del Estado del bienestar; los otros son el derecho del trabajo, la educación y las clases pasivas. Atacarlos es atacar el Estado, el modelo mismo de la sociedad del bienestar, relativamente pacificada con algunos atisbos de igualdad. Es volver a la sociedad del conflicto, el enfrentamiento, la desigualdad. Está pasando con las políticas del PP, que ya comenzaron con el PSOE. Del derecho del trabajo casi no queda nada, la educación está sufriendo muy duros golpes y los jubilados pierden capacidad adquisitiva.

Pero el más grave hasta la fecha es el ataque al sistema público de salud, con una ferocidad descomunal, probablemente porque lo perpetran las Comunidades Autónomas, que tienen transferida la competencia. El plan de privatizaciones de Madrid es el mayor golpe que se haya dado hasta la fecha al servicio hospitalario en su conjunto. Llueve, además, sobre mojado, tras los conflictos sectoriales con el profesorado, los estudiantes, los mineros, los funcionarios (incluidos los policías), los desahuciados, los jueces, los trabajadores, etc.

Pero este conflicto de la sanidad es mucho más grave porque afecta a un derecho que la población tiene muy interiorizado y se vive con mucha más alarma e irritación, después del euro por receta y el repago de los medicamentos. Añádase a ello que el colectivo sanitario español en su conjunto seguramente es el que más prestigio tiene, el más valorado por la población. Y con justicia. Durante años las autoridades han presumido de que teníamos el mejor servicio de salud pública de Europa, con profesionales de renombre mundial y personal auxiliar de entrega absoluta. Un servicio de primer orden. Público. La gente lo sabe y muestra un apoyo cerrado a la huelga de personal sanitario que afecta a todos sus servicios, categorías y estamentos. Esta ha tenido un seguimiento entre el 80 y el 85%, según los organizadores, aunque la consejería correspondiente, en uso de su derecho a contar como la gobernadora Cifuentes cuando cuenta las manifestaciones que no le gustan, la reduce al 26,5%. Hasta le pone un decimal por lo de la verosimilitud.

El gobierno tiene un problema de primer orden por cuanto no es competente y puede chocar con los autonómicos de su propio partido, encontrándose, al final, con varios modelos de servicios sanitarios según comunidades autónomas. Un problema de primer orden con un colectivo de mucho prestigio, muy combativo y muy apoyado por la población que, con razón, se siente esquilmada.

Viene a la memoria que la señora Thatcher cayó en una sublevación interna de su partido a causa de dos propuestas vistas como muy antisociales: un impuesto de capitación y la privatización del Servicio Nacional de Salud. Obviamente, no hay similitud alguna en los otros datos. Thatcher llevaba once años en el poder y Rajoy acaba de estrenarse. Pero es cierto que la situación se contempla con inquietud. De no ser así, el PP de Madrid no hubiera sacado un vídeo justificando la privatización que es un ejemplo perfecto de la reconocida táctica del PP de la proyección, esto es, acusar a los demás de lo que uno hace. Porque el vídeo se llama, tiene narices, que no te engañen. Cuando el engaño es el alma misma de la privatización.

Porque ¿puede el PP, el gobierno de Madrid, Ignacio González o quien sea explicar por qué hay que privatizar el servicio público de salud? Se aducen razones de ahorro y eficiencia. Pero, que yo sepa, el gobierno autonómico no ha mostrado un solo estudio o dictamen que las justifique. Ni siquiera ha consultado la opinión profesional de los colectivos afectados, ni los jefes, ni los médicos, ni los enfermeros, ni, por supuesto, ha preguntado a los pacientes. Es una reforma por privatización de ordeno y mando en función de un proyecto que no se ha mostrado ni mucho menos debatido en público.

Y es que no puede ser de otro modo porque, como es evidente, la privatización implica beneficio, lucro privado de unas empresas, tres o cuatro, especializadas en vivir de las contratas públicas, de su relación de favor con el poder político. Son los mismos que luego te endilgan largas teóricas sobre la necesidad de separación entre el Estado y el mercado. Una separación tan nítida, decía Ayn Rand, como la de la iglesia y el Estado. El mercado tiene sus leyes. La fundamental, la ganancia, el lucro. Lo de menos es que se preste el servicio; lo de más, que deje beneficio. Y así es como se pone la infraestructura pública de la sanidad, financiada con el dinero de todos, al servicio de unos intereses privados que, con una reducida inversión, recogen ganancias fabulosas.

Reiteran las derechas privatizadoras que el servicio público de salud no es sostenible. Pero eso no es cierto. Lo es en todas partes en Europa y aquí si hay voluntad política de que lo sea mediante las correspondientes reformas y la política fiscal.

El conflicto de la salud pública nos afecta a tod@s y si tod@s admitimos perder el derecho a la salud, garantizado por el único que puede hacerlo, que es el sistema público, los poderes públicos, el infierno será el límite.

¿Dimitir? ¡Por favor, alcaldesa, ni se te ocurra!

¿Dimitir tú? ¿Tú,la alcaldesa de Madrid por voluntad de tu marido y de tu amigo Gallardón? ¡Por favor! Y ¿qué tienes tú que ver con lo sucedido en esa noche de Halloween en donde un puñado de inconscientes se empeñó en organizar un quilombo? Tú estabas en Portugal, con tu marido, dedicada a tu vida privada y atendiendo a importantes asuntos de alcance planetario. Solo los enemigos de España pueden hallar relación alguna entre tus responsabilidades de alcaldesa y lo que pasa en las macrofiestas de los jóvenes.

Además, ¿dimitió alguien en el Prestige? Nadie. ¿Alguien en el Yak-42? Nadie, y hubo 62 muertos, o sea, 58 más que en Madrid Arena. ¿Alguien en el metro de Valencia? Nadie, y hubo 42 muertos, 38 más que ahora. ¿Dimitió tu marido cuando puso en marcha una guerra criminal en la que han muerto cientos de miles de personas? Así que ¿por qué tú, precisamente tú, cuando solo ha habido 4 fallecidas? ¿No será porque eres mujer? Claro que sí: quienes piden tu dimisión son machistas descarados que te la tienen jurada por tus grandes méritos como mujer, madre, esposa, política, recopiladora de cuentos, filósofa de andar por casa y alcaldesa; son envidiosos y potenciales delincuentes a quienes Cifuentes deberá incluir en alguna de sus listas de sospechosos habituales.

Ni se te pase por la cabeza, Alcaldesa. Como dices muy bien, tú has cumplido con tu obligación en todo momento, consistente en venir del hotel de lujo en que te encontrabas a decir que, de ahora en adelante, quedará prohibido hacer macrofiestas en donde la gente pueda morir. Solo los rojos, los masones y los mahometanos pueden pensar que sea obligación tuya asegurar que el Ayuntamiento que presides no permita hacer fiestas en locales sin licencia ni autorización o que, ¡habráse visto! lo sea garantizar que los locales no doblen el aforo permitido, que tengan seguridad o que no permitan la entrada a menores. Y menos para que alguien se forre. Ni tú ni nadie a tus órdenes tiene por qué dimitir por asuntos que escapan a vuestras competencias porque son designios del señor y responsabilidad de quienes participan ellos.

¿Dimitir porque, mientras tú cultivabas tu vida privada, hubiera una tragedia en ámbitos de tu responsabilidad? ¿Es que para salvar la vida a la gente vas a tener que renunciar a tu derecho a tener vida privada junto a tu marido en lujosos lugares que este frecuenta para inspirarse en su lucha por salvar la civilización occidental? ¡Por favor, por favor, que cada palo aguante su vela!

Además, ¿no has dicho ya con esa clarividencia y profundidad de concepto que te caracteriza, que ni un instante has dejado de pensar en la tragedia de Madrid-Arena a pesar de que estabas a cientos de kilómetros de ella! ¡Les parecerá poco a los impenitentes regelios y demás chusma que tuvieras que pensar! ¡Pensar! Como si eso fuera cosa que cualquiera pudiera hacer.

¿Dimitir? Ni de broma. Al contrario: alguien debe proponerte para recibir la medalla al trabajo y el premio Príncipe de Asturias a la Solidaridad.

¿No hay responsables?

La piel de las autoridades es de paquidermo. Y su moral, de mármol de Carrara. No recuerdo que nadie haya dimitido, nadie haya asumido responsabilidad alguna por casos tan graves como el Prestige, el Yak 42 o el metro de Valencia. Nadie. Y nadie parece que va ahora a sentirse aludido con esta desgracia de Madrid-Arena. Un "nadie" como el de Ulises. Un nadie que es alguien.

Porque hay cosas que claman al cielo. Han muerto cuatro personas, una de ellas, una menor. Está prohibida la presencia de menores en esos eventos. La organización dice que era la única menor, afirmación merecedora de un crédito regulín; sobre todo por cuanto parece que la empresa no tenía las necesarias licencias. Ya solo este hecho debiera dejar encarrilado el caso en la vía penal y en la política. Sin embargo, el asunto cada vez se lía más porque no se sabe qué licencias son o cómo se concedieron o a quién o por parte de quién. Esa fabulosa capacidad que tienen las empresas y la administración para liarlo todo y hacerlo incomprensible.

Como si fuera Alejandro Magno, Ana Botella ha cortado el nudo gordiano: prohibidas las macrofiestas, incluidas las que ya están autorizadas para las próximas fechas navideñas. Eso es algo tan absurdo y arbitrario que no se puede consentir. Que prohíba las corridas de toros cuando uno de estos empitone a un diestro, o las autopistas cuando haya un choque. El temperamento autoritario es así y resulta muy difícil hacer comprender a la alcaldesa que, antes de prohibir, el Ayuntamiento debe vigilar la seguridad de las instalaciones cuyo uso autoriza y debe proceder contra quienes atenten contra ella, incluido él mismo si ha sido negligente o, incluso algo peor, cómplice en alguna ilegalidad.

En lugar de prohibir, Botella debe colaborar activamente en el esclarecimiento de los hechos, pedir responsabilidades a quien las tenga, empezando por ella misma que es la responsable última de que el Ayuntamiento cumpla su propia normativa.

La fiesta continuó unas dos horas más después de que se produjera el desgraciado hecho. A primera vista parece una decisión muy reprobable por indicar falta de sensibilidad. Quizá pueda admitirse el argumento de que fue una decisión tomada de buena fe, en el intento de evitar una catástrofe mayor que podría haberse producido en el caso de interrumpir la fiesta abruptamente. Es algo que nunca se sabrá pues las cosas solo pasan una vez. A la hora, sin embargo, de pronunciar un juicio moral, conviene recordar que, al parecer, la inmensa mayoría de l@s asistentes (una cantidad, por lo demás, que tampoco está clara pues oscila entre l@s 10.000 y l@s 20.000) no se enteró de nada. Solo lo sabían la empresa, los que estaban presentes en los hechos y los servicios de evacuación, empezando por la policía. Estos tomaron la decisión de no interrumpir y es posible que no haya sido mala.

Pero la decisión de autorizar una macrofiesta en un lugar sin las correspondientes licencias es del Ayuntamiento, con la alcaldesa Botella al frente.

La destitución de Cifuentes, una necesidad de higiene democrática.

¿Con qué autoridad moral y competencia jurídica impone la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, 6.000 euros de multa a un ciudadano acusándolo de los desórdenes y violencias de la manifa del 25S, ella, que, al parecer, envió provocadores disfrazados precisamente para que hubiera ese desorden y esa violencia? ¿Cómo puede demostrar que los disturbios fueron causados por el ciudadano en cuestión y no, como es mucho más probable, por sus agentes  infiltrados entre los manifestantes? ¿No es ilegal e incluso delictivo que agentes del orden se hagan pasar por agitadores y provoquen violencia y destrozos sin identificarse en ningún momento como policías? ¿No es delictivo que una responsable como Cifuentes provoque supuestamente violencia en una manifestación ordenando a la fuerza pública saltarse la ley y actuar con manifiesta ilegalidad? ¿No estaría obligada a identificar a los agentes provocadores a sus órdenes y castigarlos como merecen compartiendo de paso parte del castigo por su comportamiento ilegal?

¿Qué garantías tenemos los ciudadanos en el Estado de derecho cuando la autoridad encargada de velar por el orden público recurre a medios ilegales y/o delictivos con el fin de provocar disturbios, culpar de ellos a inocentes y multarlos luego en un evidente cuanto irritante abuso de autoridad? ¿En qué se diferencia el Estado de derecho de una dictadura fascista cuando el orden público está en manos de gente de la condición de Cifuentes?

Y no se crea que se trata de un acto aislado, quizá producido por el aturdimiento o la inexperiencia, no. Es un comportamiento premeditado, madurado, consciente y seguramente alevoso de una persona cuya corta pero intensa trayectoria en un cargo delicado demuestra no solamente que está absolutamente incapacitada para la función sino que ella misma es un peligro público para las libertades democráticas, el Estado de derecho, la seguridad juridica de las personas y la paz civil. En definitiva, que es una gobernadora arbitraria, autoritaria, partidista y sin categoría intelectual alguna.

Desde que se sentó en la poltrona no parece haber hecho otra cosa que mostrar un talante abusivo, rayano en el fascismo. Cabe interpretar que ha utilizado sistemáticamente a la policía como si fuera una banda de matones para hostigar a la población con identificaciones caprichosas, detenciones injustificadas y hostigamiento general de la ciudadanía. Ha pretendido de muy diversas formas amedrentar a la opinión pública con distintos tipos de amenazas y declaraciones inadmisibles, sin contar la elaboración de listas negras de ciudadanos "sospechosos" de las que, en su estolidez, Cifuentes empezó presumiendo para negar acto seguido que existieran cuando alguien le sopló que eso era también delictivo. Ha tratado de restringir ("modular", dice la doña, en un ejercicio de hipocresía) los derechos fundamentales de los ciudadanos según sus caprichos personales, en función de la orientación política de los manifestantes. Y, por último, en una muestra de obvia ignorancia del principio de división de poderes, ha intentado que los jueces actúen sumisos a sus dictados, acusando a los justiciables a voleo de los delitos que ella se inventa en su delirio ordenancista y, como no lo ha conseguido, ha dado en la flor de multar a un ciudadano acusándolo de los desórdenes que pueden haber cometido los agentes provocadores que ella misma ha enviado.

Los policías tienen que pasar pruebas psicotécnicas muy estrictas para vestir un uniforme. ¿Qué pruebas ha pasado esta señora que aparece investida de la capacidad de dar órdenes a esos policías? Obviamente, ninguna. De otro modo, los psicólogos -quizá los psiquiatras- hubieran detectado el infinito narcisismo, la mitomanía galopante, el exhibicionismo profundo de una mujer cuyo único objetivo consiste, al parecer, en hacer méritos ante sus jefes (muy parecidos a ella en cuanto a su concepción del orden público) al precio que sea, incluso al de cometer tropelías sin cuento, abusos de autoridad y arbitrariedades detestables cuya única respuesta debiera ser -y debe ser urgentemente- una destitución fulminante.

Por si acaso, sugiero al 25S que vaya presentando denuncia contra Cifuentes por el empleo de agentes provocadores o policías infiltrados en las manifestaciones.

El momento decisivo

En este momento, Neptuno está así y todavía falta por llegar mucha más gente que está en Sol. Es una foto aérea de El diario.es. Los fascistas del gobierno y, en especial, Cifuentes, están fracasando en su intento de silenciar lo que está sucediendo. Hay miles y miles y miles de gentes rodeando el congreso en Madrid. Y no solo en Madrid; también en otros puntos de España. Es un amanecer de la conciencia democrática de un pueblo que está harto de que lo expolien, lo apaleen y lo detengan.

El fracaso de Cifuentes es obvio: todos los periódicos están dando en streaming lo que pasa. Las televisiones están mudas pero esto solo es la prueba definitiva de que las televisiones son y han sido siempre meros tigres de papel o, para decirlo en recio castellano, una mierda. Lo que vale es la prensa (sobre todo la digital) y la radio.

También los medios extranjeros están dando la noticia de que el gobierno español impide que la cobertura de lo que está pasando. Ya lo he visto en Francia, Alemania e Inglaterra- El asunto es del dominio público.

Aunque Botella ha colaborado como corresponde a su fascismo también intenso, prohibiendo que se instalen medios para dar cuenta de lo que sucede, los fascistas están perplejos y no saben qué hacer. Si estuvieran seguros ya habrían dado la orden de cargar, en el entendimiento de que, antes, habrán dicho a los policías que sean especialmente brutales. Pero no lo están. Son miles, cientos de miles los ojos mirando. El secreto al garete. Y cada minuto que pasa hay más gentío y es más imposible despejar el patio.

Si, por fin, la orden llega, ¿qué pasará? Lo más fácil es que sea un espectáculo dantesco y que haya heridos quizá algún muerto.

¿Y luego? ¿Y mañana?

La revolución está en marcha y no serán las porras de unos gorilas a las órdenes de unos imbéciles fascistas los que la detengan.

La pequeña dimisión de una Grande de España.

Transcribo aquí el articulo que he publicado hoy en MásPúblico.es sobre la dimisión de Aguirre y aprovecho para hacer publicidad de este nuevo proyecto de la izquierda en el que colaboro y que tiene la forma de una cooperativa de trabajadores/as.

No queremos jefes.

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El artículo:


La dimisión

En España nadie dimite cuando se espera, pero algunos lo hacen cuando no se espera. Esperanza Aguirre tiene la experiencia suficiente para saber que, por su momento, forma y fondo, su decisión provocaría un alud de comentarios; que iba a suscitar mil preguntas, alimentar mil interrogantes. Posee el dominio y la capacidad bastantes para escenificar su resignación a su gusto y, si lo ha hecho así, sus razones tendrá y será raro que no acaben sabiéndose, una vez se sosieguen los ánimos entre alborozados y entristecidos (pero ninguno indiferente) que han acogido su inesperada decisión.

Hay que empezar por la explicación oficial a la que debe otorgarse el beneficio de la veracidad. Si la dimisión se produce a resultas de su lucha contra el cáncer de mama, detectado en su día en una revisión rutinaria, tendrá el respeto y la simpatía de todo el mundo; aunque no faltará quien le recuerde que, gracias a ella y los que son como ella, esas revisiones rutinarias han pasado a ser excepcionales y casi milagrosas para la gente del común. Sin embargo la duda asoma en la segunda motivación esgrimida, ese “otras causas” innominadas que pudieran tener la clave de su dimisión. Y aquí la especulación recorre los mentideros como la pólvora.

El carácter imprevisto de la retirada, que contrasta claramente con la determinación y agresividad de Aguirre en el Debate sobre el Estado de la Región hace escasas fechas, alimenta todo tipo de conjeturas, desde quien la sitúa en el contexto del enfrentamiento en el PP a causa de la excarcelación de Uribetxebarria hasta quien da por supuesta la creación de un “Partido del té” hispánico, dirigido por una lideresa que es Grande de España y Dama del Imperio Británico, lo que quizá haya fascinado al magnate Adelson y le haya aflojado la bolsa. La imaginación es libre y Aguirre sabe cómo impulsarla.

La opinión más compartida es que la clave de la dimisión se encuentra bajo las alfombras de una Comunidad tan afectada por la corrupción (Gürtel, FUDESCAM, “Gestapillo”, Canal YII, etc) como blindada frente a toda indagación por una mayoría aboluta, absolutamente opaca, que durante años ha permitido a la presidencia de la Comunidad hacer y deshacer a su antojo, sin rendir cuentas a nadie. Suele añadirse, asimismo, que esta situación de deterioro de la gobernanza viene alimentada por una de abandono y dejación de la principal fuerza de la oposición, de forma que la mayoría absoluta del PP venía reforzada por la inoperancia de quien tendría que enarbolar una alternativa creíble. En todo caso, de ser así, la verdad se conocerá en días.

Lo que ya es del dominio público es el nombre del ungido para sucederla: su vicepresidente, Ignacio González. Esta práctica de dejar en el cargo a un segundón (o segundona) mientras el (la) cabeza de lista hace mutis hacia otros lados ilustra sobre el modo en que el PP entiende la política. Poco más o menos como los movimientos del escalafón de las administraciones públicas, en donde unos piden el traslado y otros van de interinos, cosa que tiene poco que ver con la legitimidad que otorgan las urnas. Que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid estén gobernados por dos sobrevenidos da la auténtica medida del valor que la derecha concede a la democracia representativa.

Al margen de lo que haya de cierto en la enfermedad aducida –y que, insisto, merece todo el respeto- es imposible eliminar el olor a chamusquina de esta sorprendente dimisión cuando se observa que, aún en estos momentos, Aguirre no puede evitar recurrir a su demagogia de chulapa retrechera cuando dice que siempre ha creído que la política es una actividad transitoria y provisional. Ella, que lleva treinta años sin bajarse del coche oficial.

Estampas del verano. Esperanza, en donde el fuego no la alcanza.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, como el ministro del Medio Ambiente, Arias Cañete, es alérgica al humo de los incendios y jamás se ha acercado a menos de diez kilómetros de alguno de ellos porque le salen pecas. Por eso, con el peor incendio en décadas en Robledo de Chavela, con más de 2.000 desplazados, el monte ardiendo fuera de control, 600 brigadistas peleando contra las llamas sin los medios necesarios, esta locuaz pizpireta está callada como botijo, escondida en algún lugar del planeta y esperando que nadie se acuerde de ella.

No es un comportamiento gallardo, propio de una noble y mucho menos de una responsable política democrática que se supone visita los lugares de su jurisdicción afligidos por la desgracia. Pero, cuando menos, es más discreto, no tan necio y chillón como el del lustroso y regordete ministro haciendo el lila al lado del otro gandul del Reino en una tarde inolvidable de toros mientras media España se achicharraba.

Pero, desde otro punto de vista, sin ser tan chabacana e insultante como la de su colega el ministro, la conducta de Aguirre es más grave e indignante porque, si bien aquel gestionó los incendios con su habitual incompetencia, los fuegos no le eran directamente achacables como en cambio si lo son en parte a Esperanza Aguirre. Los fuegos de Valencia, Cataluña, León, La Gomera no estuvieron causados directa ni indirectamente por la actividad de Arias pero el de Robledo de Chavela sí le es imputable en buena medida a la política de Aguirre quien, en su frenesí por recortar gasto público, privatizar y desmantelar la administración pública, suprimió en junio el retén de bomberos de Robledo de Chavela, derivando la posible intervención en caso de urgencia al de otro pueblo a más de 20 km. Resultado: cuando el fuego se declaró no fue posible atajarlo en su inicio, como se hubiera hecho, si hubiera habido bomberos en Robledo.

La historia del enfrentamiento entre Aguirre y los bomberos viene de antiguo. En su condición de servicio público gratuito y útil a la ciudadanía, el cuerpo concentra el odio de la política del PP, como la educación y la sanidad. Estos tres servicios han sufrido no solo desmesurados recortes presupuestarios, despidos y empeoramiento de condiciones laborales sino también campañas de desprestigio, insultos y agresiones ideológicas encabezados por la propia Aguirre que necesita el dinero de todos para subvencionar los colegios privados de curas y entregárselo a las empresas privadas de sanidad para que hagan negocio con la salud de los madrileños. Ese odio se ha agudizado desde el momento en que los trabajadores de los tres servicios mostraron especial combatividad y se enfrentaron a la política de desmantelamiento de la presidenta. Recientemente, Aguirre unió sus fuerzas a las de la alcaldesa digital de Madrid, la de las peras y las manzanas, para insultar más a los bomberos que, según ellas, disfrutan de condiciones laborables envidiables.

Es razonable ver en los recortes de Aguirre y el fuego de Robledo una relación de causa-efecto. O sea que cuando, como buena política reaccionaria, Aguirre exige mayor dureza penal contra los pirómanos, habría que empezar por ella misma, que es la primera pirómana intelectual de la Comunidad. Es posible, aunque ojalá no se dé, que haya alguna desgracia personal que lamentar. Si tal cosa sucede, no tengo duda de que Aguirre, como Cañete en su momento, no perderá un minuto en ir a fotografiarse junto al posible héroe fallecido por la incompetencia de sus gobernantes y a imponerle una medalla a título póstumo.

Solo le sugiero que se cerciore antes de que su equipo ha dejado alguna medalla en los cajones porque da la impresión de haber arramblado con todo, medallas incluidas.

(La imagen es una foto de PP de Madrid, bajo licencia Creative Commons).

Madrid resiste.

Es posible que haya sido el "¡Que se jodan!" de la imbécil de Fabra o la noticia de que Telefónica renueva contrato con el presunto Urdangarin por 1,5 millones de euros o la de que los Aznar acaban de enchufar a su enémiso pariente en una de esas empresas públicas que parasitan y de las que hablan tan mal. Cualquiera de estas noticias o cualquier otra de este jaez puede haber sido la gota que haya colmado el vaso de la paciencia popular.

Hace ya mucho tiempo que, confiados en la hegemonía ideológica de la derecha, los privilegiados, los caciques, los enchufados, los mercenarios, los especuladores, los intermediarios, los banqueros ladrones y demás gentuza, han perdido el decoro elemental y pasean sus lujos, fastos, privilegios desmesurados a la vista del todo el mundo, mientras el conjunto de la sociedad pasa estrecheces y miseria. Y nada hay más lacerante que el sentimiento de estar siendo víctima de una injusticia y, encima, con recochineo.

O puede que el detonante haya sido el brutal ataque perpetrado el pasado viernes al Estado del bienestar por un gobierno carente de toda legitimidad y encabezado por un embustero compulsivo, un cobarde y, en espera que se aclare lo de sus ingresos en el registro de la propiedad de Santa Pola, quizá un corrupto. En todo caso, parece que la gente se ha plantado y la protesta se está generalizando en Madrid y en todo el país. En Madrid discurren varias manifestaciones que interrumpen de nuevo la circulación en varios puntos, pero las protestas se dan también en otros lugares, en Asturias, en Valencia, en Barcelona.

El gobierno no ha dicho nada aún, salvo una vergonzosa rueda de prensa de Cospedal en la que esta ha pedido el apoyo de todos para que España no sea intervenida y, como es una mujer tan mala y tan venenosa, ha añadido que algún partido (el PSOE, claro) quiere que haya intervención de España, siendo así que el único que quiso e hizo todo lo posible porque esa intervención se produjera en tiempos del PSOE fue el PP quien, por boca del hoy ministro Montoro, soltó la canallada de "que se hunda España, que ya la levantará el PP." Este canalla es hoy ministro de Hacienda.

En cuanto a la izquierda y los sindicatos, el asunto pinta muy raro. Los sindicatos no se dan por enterados de que tienen un revuelta, quizá una revolución, ante sus narices y siguen haciendo planes para septiembre. El PSOE todavía no ha reaccionado y, por lo que parece, no lo hará, confiado en que el movimiento se apague y muera por sí solo. Un grave error que le costará muy caro. Todavía está a tiempo de romper esa imagen tan dañina e injusta del PPPSOE o las dos patas del régimen bipartidista de la transición, de desligarse del atropello neoliberal y retornar a su posición socialdemócrata de izquierda, hoy más necesaria que nunca. Pero la actual dirección no se hace cargo de la gravedad del momento, encerrada como está en la política de exclusivo horizonte parlamentario.

La otra izquierda, IU y otros grupos sí están con el movimiento, identificados con él y apoyándolo. Si, como es de desear, el movimiento se consolida y triunfa, si consigue la convocatoria de un referéndum sobre los recortes o la caída del gobierno de Rajoy, esta izquierda sabrá sacar partido de su actitud con toda lógica y motivo.

El PP y la represión de los derechos.

Artículo aparecido hoy en "Público".

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La deriva autoritaria.

                                                Ramón Cotarelo

El gobierno del PP ha dado suficientes pruebas de un talante estricto, incluso autoritario en el modo de enfrentarse a las manifestaciones públicas que los ciudadanos hacen en ejercicio de sus derechos constitucionales, sean manifestaciones, concentraciones, huelgas o deliberaciones. Asimismo ha manifestado en diversas ocasiones una voluntad de endurecer el tratamiento legislativo de estos actos a fin de castigar con mayor contundencia las conductas que puedan considerarse ilegales a raíz, precisamente, de esos cambios legislativos. La tendencia es a simplificar, a tratar como cuestiones de orden público las manifestaciones de la conflictividad política y social que se da siempre en toda sociedad compleja, sin mayores distingos ni miramientos. Es la vieja idea conservadora de que la paz social solo se consigue mediante una política represiva, sin pararse a pensar si pueden tomarse otras medidas que desactiven los conflictos sin necesidad de abrir la cabeza a la gente.

Esta ya prolongada crisis a la que no se ve final ha sido un cataclismo económico y social. Ha empobrecido al conjunto de la sociedad, ha abocado al paro a una quinta parte de población activa, incide negativamente sobre la estabilidad y la formación de familias, aniquila las expectativas de futuro de la juventud, despoja a sectores enteros de prestaciones que les son vitales, profundiza las desigualdades a extremos clamorosos, etc. Todo ello, no es de extrañar, genera una conciencia colectiva de desánimo, nerviosismo, resistencia, protesta, indignación que es perfectamente comprensible. Las autoridades no pueden ignorar que no es lo mismo policiar una sociedad tranquila, integrada, satisfecha que otra en turbulencia, polarizada y muy tensa.

Los previstos actos de mañana, 12-M, convocados por el movimiento 15-M, se han encontrado en la delegación del gobierno con un muro no ya de falta de comprensión o simpatía, sino de clara dureza y hasta hostilidad. Casi da la impresión de que las restricciones al derecho de manifestación impuestas por Cifuentes sean una especie de provocación para que el 15-M desborde los cauces pacíficos y se pueda justificar la represión para la cual ya se han hecho abundantes y públicas provisiones, con miles de agentes sobre el terreno.

Es absurdo proceder de este modo. Lleva a la confrontación. Pero no hay duda de que es lo que se busca. Así se entiende la afirmación de Aguirre que condena el “tomalaplaza” con el argumento de que se trata de una “privatización” de un espacio público. Debe de ser lo único a cuya privatización se oponga la presidenta de la Comunidad.

Además del derecho de manifestación, en la deriva autoritaria general, el gobierno de la Comunidad restringe o suprime el de libertad de expresión. El cierre de la plataforma que permite emitir a “TeleK” y dos o tres canales críticos más es un atentado también contra el derecho a la información y a la pluralidad informativa. Lo que la derecha quiere son canales como Telemadrid, literalmente al servicio del gobierno autonómico y de su partido con el dinero de todos los contribuyentes. Esta situación, por cierto, no tiene nada que ver con el liberalismo.

Por todos estos motivos, entre otros, es necesario que publico.es sobreviva y se estabilice como plataforma de un pensamiento y una información críticos. Solo la pluralidad de fuentes garantiza la libertad de elección del público que, como los liberales de verdad saben bien, es el requisito de la libertad a secas.

El ataque a la libertad de expresión.

El gobierno fasciberal o liberofascista de Aguirre no tolera más medios de comunicación que los que le rinden abyecta pleitesía. Por ejemplo, Telemadrid, remedo de televisión en el que unas docenas de paniaguados regiamente pagados con dineros públicos cantan diariamente las excelencias de Aguirre y sus secuaces mientras denigran, insultan e injurian a quienes tengan opiniones no coincidentes con el mando cuartelario del seudoliberalismo de que se disfraza actualmente el nacionalcatolicismo más rancio.

Si las fuerzas democráticas y progresistas del país no hacen frente a esta nueva agresión a la libertad de expresión, los fascioliberales se crecerán y mañana repetirán, irán por otro medio crítico y así hasta llegar a El País, al que se la tienen jurada. No es exageración alguna. Ya lo intentaron hacer en 1996 Aznar, Cascos y otros gobernantes de la misma cuerda que Aguirre. Con la ayuda de un puñado de periodistas corruptos, jueces prevaricadores y simples delincuentes, intentaron cerrar el periódico y encarcelar a sus responsables. Entonces no lo consiguieron. Pero su émula Aguirre seguirá intentándolo. El ataque a TeleK es el primer paso.

Los fascioliberales no pueden soportar la democracia ni las libertades.

Cielo negro botella.

Muy ufano, el PP difundió ayer por twitter está increíble imagen bajo el lema de empieza el cambio. Lo del cambio fue lema del PSOE en las elecciones de 1982, de forma que aquí está pirateado. Pero eso es lo de menos. Es patente la suciedad del cielo de Madrid que la concejala responsable de Medio Ambiente, Ana Botella, niega con la misma pasión con que Schopenhauer negaba el espíritu hegeliano. Y menos mal que Rajoy no ha acudido a una de esas felices expresiones suyas del tipo de "lo que Gallardón (en la foto, junto a Soraya Sáenz de Santamaría) ha hecho en Madrid es lo que quiero hacer en toda España". Porque dentro de poco los madrileños tendremos que salir a la calle con máscara antigás. A propósito, ¿cuánto cobran los asesores del PP? Porque si uno de ellos produce una foto así para una empresa privada, digamos un banco, presentando a la cúpula corporativa bajo un cielo de Mad Max, lo rebajan a botones.

La impudicia de Aguirre.

Como madrileño tengo que reconocer que Esperanza Aguirre es mi presidenta de Comunidad Autónoma por voluntad mayoritaria de mis convecinos libremente expresada. Como analista político con cierta experiencia no puedo dejar de admirarme de que alguien que basa sus títulos al gobierno en tal nivel de impudicia obtenga lo que se propone. Al extremo de que he de concluir que los madrileños no sólo tienen la presidenta que se merecen sino la que les gusta, cuanto más retrechera, echá p'alante, chulapa y desvergonzada, mejor. Como en las zarzuelas, ese subgénero que es a la ópera lo que el gato al tigre.

Cuando Aguirre decía que los profesores trabajan veinte horas por semana mentía bellacamente pero lo hacía esperando desprestigiarlos a los ojos de los demás madrileños. Una mentira bastante sucia, por cierto, a cuyo paso estaba moralmente obligada a salir su consejera de Educación, Figar, esa dama que pretende que los colegios madrileños queden en manos de la Iglesia para que haga negocio y los niños en las de los curas para que hagan con ellos lo que suelen hacer.

Al ver Aguirre que el embuste, en contra de lo que le sucede otras veces gracias a la cohorte de periodistas pelotas dedicados a propagar sus trolas e infundios como si fueran verdades luminosas, se le ha vuelto en contra, reconoce públicamente que ha errado, que los profesores trabajan el doble de esa cantidad y pide perdón por el yerro, al tiempo que apela a la responsabilidad de los docentes. Unos docentes a quienes ha intentado insultar tachándolos de vagos. Muchos comentaristas aplauden el gesto y sostienen que Aguirre, al fin y al cabo, no es tan embustera como parece. Puro síndrome de Estocolmo. Si la presidenta retiró el infundio contra los docentes sólo ha sido para mentir y difamar más por otro lado, al sostener que en la manifa en contra de los recortes en la enseñanza pública no había profesores sino "liberados sindicales". Siempre que habla miente y vitupera; si no es por un lado, por otro.

A todo esto convendría advertir a la concejala Botella, la subaguirre municipal, que le falta clase para alcanzar el nivel de impudicia de su modelo. Se sumó a la infamia aguirresca sólo por imitación servil tildando de vagos a los profesores y ningún alma caritativa la ha advertido que aquella la ha dejado por embustera. Suponiendo que le importe. Suponiendo que importe a cualquiera de las dos, que piensan que gobernar consiste en insultar a los gobernados cuando no se pliegan a sus caprichos.

Las mentiras dibujan un modo de entender la administración de la cosa pública. Y se complementan con otro dato que, aunque conocido, asombrosamente no suscita la indignada reacción que debiera: Aguirre ha gastado 620 millones de euros en publicidad institucional desde que empezó la crisis y este año 2011 gastará 111 millones. Y nadie dice nada. Y nadie denuncia cuando se trata claramente de un desvergonzado expolio. Porque ¿qué quiere quiere decir "publicidad institucional"? Simplemente que, con el dinero de los contribuyentes, no con el de su bolsillo, Aguirre encarga campañas de propaganda (y estaría bien saber a quién) a su mayor gloria, para explicar a esos mismos contribuyentes lo que ha hecho con su dinero y darse pote de partido. Una verdadera tomadura de pelo. Los contribuyentes no pagamos impuestos para que los políticos se los gasten en autobombo sino para hacer las cosas que necesitamos. ¿Publicidad las administraciones públicas? Cero. La mejor publicidad son sus actos. Las administraciones no son empresas privadas que tengan que vender productos (aunque en la idea de Aguirre esto es así sobre todo porque le sale gratis) sino gestoras de los dineros colectivos para los fines que los ciudadanos queremos y entre los cuales no está que nos convenzan de palabra e imagen de qué guapos y eficaces son unos gobernantes que dicen ser liberales y abogan por la no intervención pública en los mercados pero la emplean en favor de sus intereses particulares.

Aguirre dice que va a enviar una carta a los profesores preguntándoles en qué puede ahorrarse. Que envíe otra a todos los madrileños preguntándoles si les parece que deben destinarse 111 millones de euros a cantar las excelencias de su gestión. A ver qué contestamos.

La de Palinuro puede ahorrársela pues ya la contesta desde aquí: un abuso, prácticamente una malversación de fondos, (¿cuántos profesores pueden contratarse con 111 millones de euros?), una impudicia y una desvergüenza propagandística que debiera estar penada por ley.

(La imagen es una foto de Esperanza Aguirre, bajo licencia de Creative Commons).

Los agujeros del arte.

Quien ande por Madrid en estos días posteriores a los desposorios entre la divina gracia y el becerro de oro, y se aventure por ese maravilloso triángulo, al socaire de la Gran Vía, entre la calle del Pez, la de Hortaleza y la histórica plaza del Dos de Mayo (dosde para los que la queremos) tiene hasta el 31 de agosto creo para visitar la exposición a la que se refiere la imagen en la calle Loreto y Chicote. Como madrileño, encuentro maravillosos muchos otros barrios en mi ciudad; pero este es más cercano porque lo conozco de chaval así que, ya de entrada, me parece de perlas que Cecilia Bergamín exponga una retrospectiva de su obra en medio de tanto encanto. Corre el peligro de que la concurrencia se le entretenga por la Telefónica, la Red de San Luis, la portada del antiguo Hospicio o la calle de la Ballesta, lugar de perdición demoníaca desde los años más lúgubres de la dictadura. Mundo, demonio y carne; sobre todo carne era lo que allí imperaba.

Tapando agujeros titula Cecilia su exposición. No hay duda de que trasmite el espíritu de su abuelo, el fundador de Cruz y raya, con su paradójico ingenio. El gerundio es más al uso de los modernos, pero la idea de que lo que ella hace sirva para tapar agujeros peca de orgullosa modestia. Aunque es verdad que tapa agujeros, pero no los que haya en la pared sino los que tenemos nosotros en la cabeza. Eso es propiedad de los artistas. No sé si buena o mala porque, la verdad, muchos agujeros sin tapar son fascinantes. Un agujero es una apertura a lo desconocido y eso siempre atrae, aunque sólo sea porque permite a uno creer que ha encontrado una vía de escape.

La exposición consta de collages, montajes, dibujos, acrílicos, textos, secuenciales o no, aislados, distantes y parecidos; hasta se encuentra una versión de la Gioconda que, a estas alturas, es el emblema de la orden de la falta de respetos, alma de la expresión artística. Es decir, no hay pautas, unidad y, por ende, monotonía o lo que los espíritus caritativos llaman "estilo". Algunas de las obras dejan ver una Cecilia; otras, otra. Como sólo conozco una, supongo que las otras se llevarán bien con ella.

El local de la exposición merece visita por sí mismo y la terraza en la calle de la noche de agosto, patrimonio inmarcesible de los pueblos mediterráneos, esponja el ánimo. El nombre del lugar, Microteatro por dinero suena un poco crudo para las mentalidades puritanas que sacralizan el oro aunque lo llaman el vil metal. Pero es porque somos hipócritas ya hasta sin saberlo. Es tradición de la profesión goliarda conseguir que la gente pague porque se rían de ella en sus narices. Esa fue la inmensa grandeza del teatro de siempre que empezó a decaer, no cuando se inventó el cine como dice todo el mundo, sino cuando se generalizó el psicoanálisis. El microteatro se refiere aquí a que dos o tres actores escenifican una piececilla ante tres o cuatro espectadores en una habitación durante un cuarto de ahora; esas actuaciones se encadenan hasta seis veces, lo que da la hora y media de la función burguesa y el pago aproximado de un teatro comercial. Y la gente sale encantada porque, en la inmediatez del contacto personal, el teatro riñe aquí el terreno al psicoanálisis.

A la salida de esta especie de utopía urbana quien tenga ganas, pille la Corredera Baja y se acerque al dosde a ver la puerta del antiguo cuartel de artillería de Monteleón ante la que se exaltan mutuamente Daoíz y Velarde (al tercero, el teniente Ruiz, le han dejado una calle) figurados como dos heroicos oficiales en el más puro estilo napoleónico vía David. Esa es la paradoja bergaminesca de la guerra de la independencia en la que, según algunos, se forja la conciencia nacional española: los españoles luchan contra los franceses con las armas espirituales que los franceses les han traído.

El corredor de fondo.

¡Qué gran acierto el de los sociatas madrileños con sus primarias! Es incomprensible que siga habiendo gente en contra, especialmente en el PSOE. Si lo que quiero es ganar unas elecciones, que son como las carreras, será avisado proponer al que ya ha ganado algunas... y darle un espaldarazo haciéndole ganar otras. De forma que Esperanza Aguirre, triunfadora incuestionada, se enfrenta ahora a un ganador también incuestionado, un corredor de fondo que ha ganado siempre que se ha presentado. Precisamente por eso lo propuso como Secretario General del PSM el mismo que luego, en una especie de iluminación repentina, como la de Saulo camino de Damasco, quiso que se retirara. Será pues un duelo de triunfadores.

La alternativa, la victoria de Trinidad Jiménez, hubiera puesto frente a Aguirre a una triunfadora asimismo, pero que sólo había ganado esa elección y sin poder quitarse de encima el juicio de que lo hizo por ser la protegida del mando. Y aunque en un principio también en el PP pensaron que Jiménez era un peligro, parece que, al final, el entorno de Aguirre intuyó que el peligro real no era la paracaidista sino el corredor de fondo que, además, se conoce la Comunidad Autónoma porque se la ha trabajado.

Unas primarias limpias, bastante correctas, hasta elegantes en ocasiones y que han terminado con un espectáculo de unidad, todos juntos tras el ganador, al estilo Partido Demócrata de los Estados Unidos. Hasta parecía un poco almibarado para la rancia pelambre hispánica. Pero ese espectáculo ha hecho más por el PSM-PSOE que todos los afanes de Gómez durante estos tres años de paciente y discreta labor tratando de recomponer un partido que semejaba un campo de batalla. La abstención ha sido la habitual en las elecciones generales pero unos diez puntos inferior a la media de las elecciones autonómicas. Prueba de que había interés y de que el PSM ha encontrado un líder. Para eso sirven las primarias.

Aprovecho para sostener mi propuesta de que las primarias, además, sean abiertas, esto es, que pueda votar en ellas el electorado en general. Precisamente el juicio antagónico que había en el PP acerca de cuál de los dos era el candidato más peligroso demuestra la inconsistencia del argumento contra las primarias abiertas que avisa del peligro de que voten también los electores de otro partido y lo hagan a favor del peor candidato... para el PSOE. Es obvio, los electores del PP tienen tanta idea acerca de cuál sea el peor candidato del PSOE como los electores de éste acerca de cuál sea el mejor. Con las primarias abiertas seguramente el resultado hubiera sido más contundente a favor de Gómez. Por una sencilla razón, porque el Gobierno tiene sometida a su control una proporción de madrileños muy inferior a la de socialistas.

Porque aquí hay un elemento esencial de estas primarias que, negado una y otra vez, ha sido evidente en todo el proceso: Trinidad Jiménez era la candidata de La Moncloa y, en consecuencia, de la dirección federal y el aparato del partido. Se le añadieron públicamente personalidades relevantes, ministros, trajo en tándem a otro miembro del Gobierno para la alcaldía, como si fuera un ticket yanqui. Era también la candidata de la prensa progresista. El País la apoyó con alguna encuesta que, en cierto modo, venía a corroborar el mítico sondeo que esgrimía La Moncloa para pedir la retirada de Gómez. No es de extrañar, Jiménez da el tipo de El País, de dama bien aisée que gusta mucho en Prisa. Gómez, no; tiene el origen proletario demasiado cerca. Público andaba con el alma dividida: oficialmente estaba por Jiménez, pero la redacción respiraba más por Gómez, que parece más de izquierda.

Y luego está, la contumaz injerencia de La Moncloa en las elecciones madrileñas. Porque una cosa es que la dirección nacional del partido proponga los candidatos y otra que los imponga. Me extraña que ningún socialista, henchido de patriotismo de partido, haya comparado estas primarias con un nuevo dos de mayo. Los madrileños se sublevan contra el invasor. Esa figura de rebeldía ha favorecido mucho a Gómez y reviste al PSM de una legitimidad impensada. Los electores madrileños (y no sólo los militantes socialistas) gustan de tener un presidente/a que se las tenga tiesas al jefe de su partido porque Madrid es rompeolas de las Españas. De ahí viene parte de la simpatía que despierta Aguirre. De ahí viene también, y con más razón porque su rebeldía es más clara, la que despierta Gómez.

Las interpretaciones del resultado ya están siendo muy simpáticas. El titular de El País, un monumento al disimulo: Gómez gana a Zapatero en Madrid. A Zapatero y al grupo Prisa, aunque ahora quiera olvidarlo. Más incluso al grupo Prisa porque Zapatero, al admitir las primarias, se limitó a señalar que Jiménez era su candidata y se hizo a un lado. El grupo Prisa, en cambio, se empleó a fondo a su favor.

En realidad ese argumento de que, ganando Gómez, pierde Zapatero, que se oye mucho, no parece muy sólido. ¿Por qué va a perder Zapatero? Sólo en un sentido técnico. Desde el momento en que aceptó las primarias, el Presidente tenía que descontar la posibilidad de que su candidata las perdiera. Las elecciones son como las batallas: se sabe cómo se entra en ellas, pero no cómo se sale. Pero perder una batalla no es perder la guerra sobre todo si, además, se pierde por candidata interpuesta.

Más perdería, en el fondo, si su partido en Madrid dejara caer a su Secretario General para seguir mansamente la voluntad del jefe máximo, porque mostraría que eso no es un partido sino un rebaño. ¿O quiere decirse que pierde Zapatero porque en Gómez se perfila ya un rival a la presidencia del Gobierno? Para eso tiene éste que ganar las próximas autonómicas pero precisamente por esa posibilidad, Gómez subirá en intención de voto de los madrileños a quienes gustará ver a uno de los suyos en tan alta magistratura; además, su presidente. Pero, aunque esto fuera así, Zapatero no tiene nada que perder ya que, si decide presentarse de nuevo al cargo, que aún no se sabe, Gómez no se lo discutirá. Él mismo se ha encargado de decir que es "zapaterista", como demuestra oponiéndose a una decisión de Zapatero. En el fondo es un gesto para probar que una cosa es la lealtad (al fin y al cabo, fue Zapatero quien lo propuso en primer lugar) y otra el servilismo.

Las primarias socialistas han dado la señal de partida en la carrera a la Comunidad de Madrid y Gómez que, como buen corredor de fondo, venía trotando desde el principio hace tres años, llega ahora en buena condición para lanzar el sprint final. Es mucho más conocido que antes y no hay excusa para que no se pida su parecer cada vez que la Presidenta tome alguna decisión, con lo que estará en los medios no tanto tiempo pero sí tantas veces como ella. Porque ya es oficiosamente el candidato del PSOE a la Comunidad, aunque aún no lo haya proclamado así el órgano correspondiente.

Pues nada: enhorabuena a Tomás Gómez y a los gomecistas que ahora, supongo, serán todos, incluido Pedro Castro.

(La imagen es una foto de Secretario General del PSM-PSOE, bajo licencia de Creative Commons).