La piel de las autoridades es de paquidermo. Y su moral, de mármol de Carrara. No recuerdo que nadie haya dimitido, nadie haya asumido responsabilidad alguna por casos tan graves como el Prestige, el Yak 42 o el metro de Valencia. Nadie. Y nadie parece que va ahora a sentirse aludido con esta desgracia de Madrid-Arena. Un "nadie" como el de Ulises. Un nadie que es alguien.
Porque hay cosas que claman al cielo. Han muerto cuatro personas, una de ellas, una menor. Está prohibida la presencia de menores en esos eventos. La organización dice que era la única menor, afirmación merecedora de un crédito regulín; sobre todo por cuanto parece que la empresa no tenía las necesarias licencias. Ya solo este hecho debiera dejar encarrilado el caso en la vía penal y en la política. Sin embargo, el asunto cada vez se lía más porque no se sabe qué licencias son o cómo se concedieron o a quién o por parte de quién. Esa fabulosa capacidad que tienen las empresas y la administración para liarlo todo y hacerlo incomprensible.
Como si fuera Alejandro Magno, Ana Botella ha cortado el nudo gordiano: prohibidas las macrofiestas, incluidas las que ya están autorizadas para las próximas fechas navideñas. Eso es algo tan absurdo y arbitrario que no se puede consentir. Que prohíba las corridas de toros cuando uno de estos empitone a un diestro, o las autopistas cuando haya un choque. El temperamento autoritario es así y resulta muy difícil hacer comprender a la alcaldesa que, antes de prohibir, el Ayuntamiento debe vigilar la seguridad de las instalaciones cuyo uso autoriza y debe proceder contra quienes atenten contra ella, incluido él mismo si ha sido negligente o, incluso algo peor, cómplice en alguna ilegalidad.
En lugar de prohibir, Botella debe colaborar activamente en el esclarecimiento de los hechos, pedir responsabilidades a quien las tenga, empezando por ella misma que es la responsable última de que el Ayuntamiento cumpla su propia normativa.
La fiesta continuó unas dos horas más después de que se produjera el desgraciado hecho. A primera vista parece una decisión muy reprobable por indicar falta de sensibilidad. Quizá pueda admitirse el argumento de que fue una decisión tomada de buena fe, en el intento de evitar una catástrofe mayor que podría haberse producido en el caso de interrumpir la fiesta abruptamente. Es algo que nunca se sabrá pues las cosas solo pasan una vez. A la hora, sin embargo, de pronunciar un juicio moral, conviene recordar que, al parecer, la inmensa mayoría de l@s asistentes (una cantidad, por lo demás, que tampoco está clara pues oscila entre l@s 10.000 y l@s 20.000) no se enteró de nada. Solo lo sabían la empresa, los que estaban presentes en los hechos y los servicios de evacuación, empezando por la policía. Estos tomaron la decisión de no interrumpir y es posible que no haya sido mala.
Pero la decisión de autorizar una macrofiesta en un lugar sin las correspondientes licencias es del Ayuntamiento, con la alcaldesa Botella al frente.
