El Estado (presuntamente) delincuente.

España no es propiamente hablando un Estado de derecho. De ponernos estrictos, cabría decir que incluso carece de Constitución. Al menos, según el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789:

Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los Derechos ni determinada la separación de Poderes carece de Constitución.

En España no hay garantía de Derechos ni separación de Poderes. Y tiene Constitución. Formalmente, pero no materialmente. Y esto mismo se aplica a la carencia del Estado de derecho. Tampoco rige el principio del imperio de la ley, ya que hay personas por encima de ella, tanto formal como materialmente.

Por encima de la ley, formal y materialmente se encuentra el Rey, cuya persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sin embargo, su comportamiento -y, con él, la Jefatura del Estado-, deja mucho que desear y está muy por debajo de las expectativas en materia de transparencia y de recto proceder. Su familia en primer grado pareciera estar materialmente por encima de la ley y hay fuerzas institucionales muy poderosas interesadas en que así sea. Sin embargo, sus comportamientos, conocidos por los tribunales, les han valido imputaciones penales que tienen muy mala pinta. ¿Puede una Monarquía tan tocada del ala aguantar una condena a una Infanta de España por un delito contra la Hacienda Pública o la condena de su marido? ¿Se puede reinar habiendo cometido delitos? Empeñarse en que en España no hay una crisis de Estado, en gran medida propiciada por el comportamiento vituperable de la Casa Real es absurdo.

Claro que la Real Casa no parece haber hecho nada muy diferente de lo que llevan años haciendo los gobernantes. El presidente del gobierno puede decir lo que quiera (que habitualmente es muy poco y en una actitud despectiva) pero está bajo sospecha de haber presidido un partido con una contabilidad B y que se financiaba ilegalmente. Está asimismo bajo sospecha -nunca satisfactoriamente despejada- de haber cobrado sobresueldos de problemático origen durante dos décadas. Y eso es él. Tiene luego una ministra, directamente acusada de haber recibido dádivas de todo tipo de la trama delictiva Gürtel, acusaciones que no niega, sino de las que quiere librarse pretextando ignorancia. Otro, el de justicia, un hombre de un rigorismo exacerbado, fue condenado por los tribunales a pagar una indemnización a su casera por haber estado viviendo dos años sin pagar el alquiler. En serio, ¿alguien imagina que se pueda ser ministro en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en cualquier parte, habiendo sido condenado por los tribunales por moroso? ¿Qué tiene esto que ver con un Estado de derecho?

La propia maquinaria en su conjunto del partido del gobierno tiene tal cantidad de imputados en procesos por corrupción que es legítimo pensar que es, en realidad, una asociación con ánimo de delinquir. La lista de presuntos, miembros del partido o directamente relacionados con él es impresionante: Bárcenas, el Bigotes, Correa, Fabra, Matas, Camps, Baltar, Barberá, Castedo, Blasco, Sepúlveda, el Albondiguilla.

Añádase la recua de empresarios y financieros delincuentes que forma la flor y nata del "espíritu emprendedor" de la derecha. Alguno está en prisión preventiva, otros han cumplido condena, otros están imputados o investigados. Esta semana empiezan a desfilar por el juzgado de Ruz los empresarios de la Gürtel, un buen puñado. Y mañana quizá lo haga otro puñado del Consejo de Administración de Caja Madrid cuando esta cumpla la orden de la Audiencia Nacional de revelar los sueldos y gratificaciones que se había autoconcedido y se obstinaba en mantener ocultos. Decenas de personajes en las más sorprendentes peripecias pero todos con un punto en común: enriquecerse a base de saquear los caudales públicos en todas sus formas: privatizando, malversando o llevándoselo crudo a Suiza.

¿Y qué decir de la colusión entre los gobernantes y los delincuentes condenados e indultados acto seguido en clara desviación de la justicia?  ¿Qué si no que España no es un Estado de derecho, sino un Estado (presuntamente) delincuente?

(La imagen es una foto de La Moncloa aquí reproducida según su ”aviso legal”).

La delgada línea negra.

Esta es una entrada de reconocimiento y agradecimiento a jueces como Alaya, Castro, Garzón, Gómez Bermúdez, Pedraz, Ruz, Silva y muchos otros de menor renombre pero similares merecimientos.

La última de defensa del Estado de derecho en España son sus jueces. Sin duda, la administración de Justicia tiene baja valoración en la opinión ciudadana, según los sondeos, y eso afecta a jueces y magistrados, lo cual no es enteramente justo. En la medida en que la "administración de Justicia" tiene una entidad material, su principal defecto es la lentitud, achacable a la escasez de recursos, algo de lo que los profesionales no son responsables porque es cosa de los políticos. En la medida en que la entidad quiere ser institucional, por ejemplo, cuando se habla del Poder Judicial, su rasgo es que no existe. No hay un lugar concreto en el que esté residenciado el poder judicial, compuesto por unos miembros que sean mancomunadamente responsables de las decisiones colectivas, como el gobierno y el parlamento. No hay decisiones colectivas del poder judicial. El poder judicial son sus jueces. Cada uno de ellos al actuar es el poder judicial en su plenitud, sin perjuicio del sistema de recursos.

Por eso es tan importante la fibra moral, la personalidad de los jueces individualmente considerados. Y los justiciables tenemos derecho a decir qué jueces queremos, con cuáles simpatizamos. Para Palinuro son dignos de aplauso y agradecimiento los mencionados más arriba, tanto los nominalmente citados como los que no, porque tienen un rasgo en común, su independencia, su rigor y su entrega desinteresada a la causa de la Justicia. Otros ciudadanos preferirán, quizá, otro tipo de juzgadores. Están en su derecho. Lo pertinente es exponer los respectivos méritos ante la ciudadanía para su información.

Los jueces citados al principio son ciudadanos, funcionarios públicos por cierto, cuya importancia para el funcionamiento del Estado de derecho está en agudo contraste con sus recatadas vidas, sus biografías anodinas, la fragilidad material de sus condiciones de existencia, lo modesto de sus ingresos. Son ciudadanos normales que, sin embargo, en el ejercicio de sus funciones, están sometidos a presiones de todo orden, tan atroces que el resto seguramente no alcanzamos a imaginar. La delgada línea negra formada por los jueces, la última defensa de nuestras libertades públicas, nuestros derechos y garantías, se enfrenta a un formidable aparato con todos los poderes legales e ilegales, materiales e ideológicos, empeñado en doblegarlos, ponerlos a su servicio y conseguir así una "justicia" a la medida de sus intereses políticos, religiosos, económicos. Y se enfrentan solos, valiéndose únicamente de su integridad, su valor, su conciencia cívica; y apoyados por los ciudadanos que queremos jueces justos.

Ese aparato desencadenado en contra de unos jueces independientes en una contienda muy desigual tiene a su vez muchos frentes. La primera oposición la encuentran aquellos -y en términos duros, casi descalificatorios- en el ministerio fiscal y, más en concreto, en la fiscalía anticorrupción que -dependientes como son del gobierno- dan la impresión de actuar como defensas de los imputados o acusados siempre que estos tengan relación directa o indirecta con los poderes públicos, desde los presidentes autonómicos hasta los miembros de la Casa Real.

¿Para qué hablar del gobierno? Sus miembros y presidente repiten la jaculatoria del "respeto a las decisiones judiciales" pero no lo profesan sino todo lo contrario. Su interferencia en la administración de Justicia es permanente. Un ejemplo especialmente detestable: la política de indultos del gobierno del PP es una vergüenza. Indultar es siempre torcer la acción de la Justicia (aunque a veces sean los propios tribunales quienes, por alguna razón, recomienden el indulto a la par que condenan) pero hacerlo de modo reiterado, siempre para los delitos de los allegados política o económicamente y hacerlo de formas que suscitan dudas sobre su legalidad es venir a constituirse en un contrapoder de la justicia. 

Más presiones. El frente mediático es especialmente feroz. Aquí no se guardan ni las apariencias de respeto a la judicatura. Los medios impresos con portadas alucinantes, los audiovisuales, las tertulias en donde se dicen cosas atroces sobre los jueces, viralizadas luego a través de las redes sociales son un martilleo constante, muchas veces injurioso y, en ocasiones, frisando la calumnia. No han sido extraños los casos de jueces que se han visto obligados a pedir el amparo del Consejo General del Poder Judicial.

Y más. Los partidos, singularmente el del gobierno por ser el que reúne mayor cantidad de escándalos, imputados, procesos, (pero sin ignorar a algunos otros, aunque sea en proporción menor, como el PSOE o CiU) llegan a extremos de verdadera hostilidad. La sistemática destrucción de pruebas del PP (registro de entradas, discos duros, papeles, correos electrónicos, etc) define qué se entiende en él por colaboración con la justicia. El símil perfecto lo dio hace unos días Rajoy con su necedad habitual: el PP colabora con la justicia cuando el juez, harto de que no le envíen los documentos que reclama, manda la policía judicial a registrar la sede del partido. La práctica de este de constituirse en acusación en los procedimientos que le afectan directamente con el propósito de reventarlos desde dentro (razón por la cual el juez ha tenido que expulsarlo) es otra acabada muestra de colaboración con la justicia.

Y la suprema: el dinero. El dinero en la época de la codicia universal. Todos estos procedimientos son bailes de millones, de cientos, de miles de millones, estafados, evadidos, malversados, indebidamente apropiados, blanqueados, invertidos en opciones opacas, a nombre de testaferros, refugiados en paraísos fiscales. Una asombrosa recua de financieros ladrones, empresarios piratas, políticos comisionistas y sobrecogedores, clérigos logreros, delincuentes de guante blanco y de guante marrón, todos ellos presuntos desde luego, protagonizan una commedia dell'arte de la corrupción tradicionalmente española. Hoy elevada a la enésima potencia por las burbujas financieras en la época de las nuevas tecnologías y la coronación del edificio bajo la forma de una jefatura del Estado, una Corona, que no solamente no está por encima de toda sospecha sino que lo está por debajo de todas ellas. Pues bien, frente a esa degradación de la estima colectiva que amenaza con pulverizar lo poco de Nación que queda a España, solo tenemos esa frágil pero dura línea negra. Nuestra última frontera.

En un país en el que un tesorero, de esos de manguitos y visera, acumula cincuenta millones de euros en una cuenta en Suiza, ¿cuánto pueden algunos empresarios o delincuentes ofrecer a estos jueces por archivar un caso, dejar prescribir un delito, ignorar una prueba? ¿Cuánto a unos funcionarios que cobran unas pagas en nóminas públicas por cuyo monto anual muchos de esos personajes no se levantarían de la cama? Bastantes políticos se venden. Tenemos casos para todos los gustos y todas las cuantías, según el volumen del negocio, desde unos miles de euros en comisiones a millones. ¿Por qué no los jueces? Téngase en cuenta que, además, ya vienen baqueteados, con las costillas brumadas por los medios y su honor pisoteado por auténticos sayones. ¿Por qué no van a razonar como, probablemente, les insinúe el egoísmo en sus horas bajas? ¿Qué necesidad tienen de pasar ese calvario (y, quizá, hacérselo pasar a sus familias) cuando podrían quitarse de líos y disfrutar de una saneada rentita producida por alguna generosa dádiva de uno de esos millonarios delincuentes?

Pues no lo hacen. Y siguen. En esos juececillos que van y vienen afanosos entre focos y micrófonos con sus trajes prêt à porter arrugados y sus corbatas descolocadas, frente a la impecable e implacable elegancia de los mangantes, está nuestra última esperanza de no sentirnos irremediablemente avergonzados de ser españoles. 

Gracias, señorías. Ustedes sí hacen honor al nombre.

La fiebre del oro o Todo por la Pasta.

El dinero, la pasta, la pastuqui. El oro es lo esencial, la razón misma del existir.

La Patria, la Nación, la gran Nación, la Constitución, la democracia, el Estado de derecho, el Parlamento, lo Justicia, la Corona, la dinastía, la unidad de las tierras y los pueblos, la Iglesia, la reevangelización de España, la libre empresa, la competitividad, la productividad, el ahorro, la prosperidad, el bienestar, el lugar de España en el mundo. Palabras lanzadas a diario a los vientos, repetidas sin parar por los publicistas y propagandistas de este pintoresco país mientras quienes las pronuncian se llenan los bolsillos desaforadamente por todos los medios: malversan, estafan, defraudan, se apropian indebidamente, cometen delitos societarios inimaginables y expropian y expolian hasta los sectores más indefensos, por ejemplo a los negratas de Nicaragua.

Hasta 1,8 millones de euros, según parece, estafó el grupo de presuntos corruptos valencianos más o menos orientados por Blasco, que se sentaba -y se sienta, si no me equivoco- en las Cortes valencianas, estando imputado en la causa y con una petición de once años. ¿No dijo hace unos días Rajoy al director de El País que no había un solo imputado con cargo en el PP? Es decir, mintió. Pero eso ya es hábito en el presidente. Imputados, encarcelados, racistas e ignorantes. En Nicaragua la población mayoritaria es blanca o mestiza.

Lo que más gracia me hace es la noticia de que este tal Blasco -factótum del PP valenciano- empezó en política en la extrema izquierda. Como tantos otros. Fascinante esto del transfuguismo. Siempre por pastuqui, por supuesto. ¿Cuánto? Eso ya depende de lo afortunado o lo sinvergüenza que sea el tránsfuga. A algunos de estos elementos de la extrema izquierda o la izquierda, pasados al PP, he escuchado en tiempos condenar a los socialdemócratas como "vendidos al capitalismo". Así que ahora no puedo evitar la curiosidad por saber cuántos izquierdistas de hoy que vociferan contra el PSOE por ser "la misma mierda" que el PP, estarán mañana en las filas de este. Por pastuqui, no se olvide. Por pastuqui.

¿Qué ha movido a Urdangarin y la Infanta a hacer lo que supuestamente han hecho? El desaforado amor a la pastuqui. Un verdadero frenesí que estupidiza. Porque, ¿qué necesidad tenían estos dos de pringarse, si lo han hecho, cuando conseguían lo que querían? Enchufes y empleos fabulosos, casas de ensueño, estancias en donde quisieran. Pero no es bastante. La codicia es una enfermedad del espíritu. Emborracha, ciega, hace perder el mundo de vista y lleva a la perdición.

Porque esa otra recua de presuntos mangantes, todos en la cárcel, pendientes de entrar en ella, paseándose por los pasillos de los juzgados, los Bárcenas, Correa, Díaz Ferrán, Matas, Blesa, Camps, Barberá, Fabra, Baltar (sin olvidar los compadres del PSOE de Andalucía y los de la UGT), son como los extras del mangoneo. Plebeyos, a veces rufianes, advenedizos, empresarios fulleros, todos a forrarse, tarea en la que algunos han mostrado verdadera maestría. La complicada trama de corrupción que, al parecer, montó Correa y estuvo años funcionando es casi una obra de arte del delito: la mezcla de venalidad de los cargos políticos en la administración, la vanidad y codicia de los dirigentes, con la endemoniada habilidad del pillastre, le permitió disponer de un partido y varias administraciones públicas para perpetrar sus presuntos latrocinios, en los que está pringado todo quisque. Su botón de gloria fue la boda del Escorial, una cita de aquelarre de un buen puñado de golfos, un esperpento que algún día tendrá su Valle-Inclán.

Por último, la cerrada defensa de la Infanta en la que forman frente común el ministerio de Hacienda, la fiscalía y todos los medios sin contar, claro está, la Casa Real, que se expresa por oráculos, no pretende salvar a Cristina de Borbón, sino al Rey. Si la Infanta es procesada, obviamente el monarca quedará salpicado. Sin consecuencias penales porque es irresponsable, pero con otras políticas abrumadoras. Consecuencia de esa fiebre del oro.  La sospecha de que las supuestas fechorías de Urdangarin y señora eran conocidas, si no alentadas, por el suegro y amantísimo padre, en un pintoresco affaire de alcoba no es ningún dislate de mente calenturienta. El juez se interesa por el préstamo de 1,2 millones de euros del Rey a su hija. Pero eso son ya cuantías menores. Tras la reiterada promesa real de transparencia ahora corresponde pasar a los hechos.

El Rey debiera haber aclarado ya si es cierto o no que posee una fortuna astronómica, en dónde está y cómo la ha conseguido.  Algo menos que esto no es de recibo.

Mientras tanto, recuérdese, el gobierno ha congelado el salario mínimo en 645,50 euros mensuales. Es decir, lo ha bajado,

Mi amigo Jaime.

Leo en El País una noticia que me indigna como amigo, como ciudadano y como profesional. El alto funcionario Jaime Nicolás Muñiz, del ministerio del Interior, se ha querellado contra su ministro, Fernández Díaz, por acoso laboral. Es la tercera ocasión en que el diario de PRISA saca a relucir el asunto, prueba de que trata bien a Jaime. Esa suerte que tiene, porque a mí me odia. Con la querella, Jaime pretende luchar contra la injusticia y la arbitrariedad de que está siendo objeto por la actual dirección del ministerio, un puñado de chupacirios incompetentes y autoritarios que no saben hacer la o con un canuto porque llevan toda su vida de chupones de la política, a las órdenes del PP.

Soy amigo de Jaime desde tiempo inmemorial y doy fe de que todo cuanto de laudatorio se dice sobre él en el artículo es cierto y la pieza aun se queda corta. Jaime es un funcionario del máximo nivel, 30, obtenido por sus muchos merecimientos: es jurista, politólogo, formado en Alemania, de competencia probada a lo largo de los años, con una experiencia acumulada en diversos destinos, desde el Centro de Investigaciones Sociológicas al Consejo de Estado, pasando por el Tribunal Constitucional o el Centro de Estudios Constitucionales. Es un verdadero tesoro que cualquier empresa medianamente competente ficharía con los ojos cerrados. Sé todo esto porque, como digo, soy amigo suyo. Y dejo constancia de que, en efecto, es traductor de Habermas al castellano; tradujimos juntos una obra suya, La reconstrucción del materialismo histórico. Lo cual apunta a otro de sus rasgos que el diario también señala: es un hombre sólidamente de izquierda; sin adscripción partidista, pero de izquierda. En cuyo dato probablemente esté el origen de su actual aventura. Añado por mi cuenta, que es una gran persona, un hombre educado, afable, de buen trato y modesto, a pesar de su mucho saber y su  historial en la administración del Estado, a cuyo servicio ha dedicado de verdad su vida.

 

Desde que esta asociación de presuntos malhechores ganó las elecciones en 2011, Jaime fue sometido a una situación de ostracismo laboral, "en expectativa de destino", como suele decirse en la jerga burocrática, sin cometido concreto que realizar, mano sobre mano, cobrando todos los meses su sueldo, pero sin hacer nada. Una típica actitud jesuítica de estos sectarios que trata de minar la autoestima de la víctima, humillarla, forzarla a pedir el traslado o la jubilación más o menos anticipada y todo eso sin que parezca represalia por motivos políticos, sin que medie explicación o razón alguna: simplemente, entras en la lista negra de los desafectos y se te somete a esta arbitrariedad silenciosa.  Es el expediente típico de Rajoy, de los fascistas clericales: ignorar lo que molesta, no hablar de ello, hacerlo a un lado. En manos, además de estos dementes de Interior (los hacedores de la Ley Mordaza)¨, el asunto llega al ilícito penal del mobbing, previsto en la normativa vigente que Jaime esgrime en pro de sus derechos. Una actitud digna y valiente que no solo defiende sus intereses sino los de muchos otros funcionarios, profesionales competentes en diversos ministerios (singularmente, Exteriores), ninguneados ahora por esta banda de profesionales del trinque, sin otro oficio ni beneficio que el arribismo y el peloteo político.

 

Porque el asunto de Jaime no empieza y acaba en él. Yo sé que, si así fuera, no le gustaría nada esta entrada. Pero no es así y de ahí la entrada. El caso de Jaime simboliza un modo de proceder en la administración pública propio de los partidos políticos que son todos (si bien unos más que otros) verdaderas oligarquías, cortijos donde los barandas reparten los puestos de la Administración entre los fieles, los pelotas, tiralevitas y palanganeros, con ignorancia de los principios de mérito y capacidad que la Constitución pregona. Singularmente el PP, acostumbrado a nombrar a dedo enchufados a cientos con sueldos de cine a cambio de fidelidad canina o carromera, en detrimento de la eficacia y la racionalidad de la administración pública. Estos son los que vienen luego dando lecciones de eficacia en la gestión, eficiencia de resultados, rigor, productividad; son los que vilipendian lo público por ineficiente y ruinoso cuando son ellos, su falta de escrúpulos y mínima competencia, los causantes de la ruina, y los que ensalzan la gloria de lo privado. En román paladino: caballos de Troya del robo privado, se hacen con los puestos de la administración pública, la desmantelan, la gestionan con criterios de pura secta de sicarios, malversan y expolian los caudales públicos, luego dicen que hay que privatizar los servicios para ahorrar y, cuando cesan, los nombran directivos de las empresas privadas en cuyo beneficio trabajaron. Recompensa por los servicios prestados a los sinvergüenzas del PP o del PSOE o de quien tenga el morro de esta desfachatez.

Si el sectario Fernández Díaz, en claro abuso de poder, quiere darse el gusto personal de amargar la vida a Jaime, al que tiene envidia por ser mejor que él y ojeriza porque es demócrata y de izquierdas, que le pague él la nómina de su bolsillo, no con el dinero de los contribuyentes. Los ciudadanos  queremos que los gestores públicos empleen nuestros dineros en administrar racionalmente lo de todos y no en darse caprichos personales, pagarse cruceros a las Bahamas o tener en un pasillo, mano sobre mano, a un funcionario que cobra del erario público. Funcionario que, como es el caso, vale mil veces más que los politiquillos, pelotas profesionales que lo persiguen en clara contravención de la ley.

El cortijo.

En uno de sus inenarrables correos Miguel Blesa comunica a un hijo de Aznar, mediador en pro de una operación casi seguro lesiva para los intereses generales pero muy lucrativa para algún amigo suyo o quizá él mismo, que Caja Madrid no era su cortijo. Según la prensa filtra emails cada uno más escandaloso que el anterior, va quedando claro que no solamente era su cortijo sino también su patio trasero, su bodega, su escudería y los placeres de Capua. La entidad sirvió a este enchufado por Aznar para vivir una vida de lujo, boato y molicie, cuyos detalles dejan estupefacto al personal de un país hundido en el paro, la precariedad, la pobreza y la emigración. Coches de medio millón de euros, vinos exquisitos, caviar a cientos de miles de pesetas el kilo, cacerías en lugares exóticos, cruceros de ensueño. Un tren de vida de locura del que el cortijero hacía generosamente partícipes a sus colaboradores (por llamarlos de algún modo), consejeros de la entidad en nombre del PP pero también del PSOE, de IU, de CCOO o UGT, garantizándose así su vergonzante lealtad. Y aun sobraba para repartir con verdadera prodigalidad en forma de créditos a los amigos, alguno de los cuales está en la cárcel, sin garantías suficientes, operaciones financieras de riesgo como favores, reparto de prebendas, enchufes, mediaciones. ¿Cómo no iba a quebrar una empresa gestionada con estos criterios durante trece años?

Recuérdese aquella imagen tradicional del banquero de espíritu calvinista, dedicado a su quehacer con la seriedad, la entrega, de un sacerdocio, bajo el lema de Benjamin Franklin de el tiempo es oro, sobre el que Max Weber construyó su aguda interpretación de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Recuérdese y olvídese al mismo tiempo. Aquí no somos protestantes, somos de la Contrarreforma. Aquí reina el catolicismo, el amor por la ostentación, el lujo, el consumo y el odio al trabajo, a la austeridad y el ahorro. Allí, los banqueros; aquí, los ladrones. Allí, la probidad; aquí, la picaresca.

Y no es solo la Caja, sino todo el país. El país entero es administrado como un cortijo por un partido convertido en una asociación al servicio del enriquecimiento de la casta por los procedimientos que sean, incluso los supuestamente ilegales y hasta delictivos. La señora Aguirre declaraba ayer ante el juez (es un decir, pues lo hacía por escrito desde su despacho en el PP) sobre su conocimiento de la Gürtel y muy ufana afirmaba ser la primera interesada en aclarar el asunto. Encomiable actitud de fondo que encaja poco con la forma. Además, la declarante debiera estar igualmente presta a aclarar cuanto tiene que ver con el tamayazo, con la FUNDESCAM, la gestapillo y la presunta financiación ilegal de todos los actos de relumbrón e infinitas inauguraciones que protagonizó en su mandato. Si, además, se quiere investigar en el menudeo de las inauguraciones, esto es, los aspectos económicos de las adjudicaciones, contratas, etc., se verá que lo del cortijo se queda corto.

Por si el chorreo de los Fabra, Baltar, Matas, Bárcenas, Crespo, Urdangarin, la infanta, Barberá, Pons y los meritorios de segunda fila, acusados de llevárselo crudo de mil formas distintas fuera poco, ayer la jueza imputó a la esposa del presidente de la Comunidad de Madrid por blanqueo de capitales. Es el cortijo en sus más pintorescas estilos: un baile de millones en forma de apropiaciones indebidas, cohechos, malversaciones, mordidas. Jauja. Es la apoteosis del capitalismo nacional-católico con un ropaje neoliberal. Vive de lo que siempre ha vivido el capitalismo español: el favoritismo, el compadreo, los enchufes, la corrupción, el trasvase de la empresa al poder político (eso que se llama la puerta giratoria), la información privilegiada y el chanchullo. Pero predica el dogma liberal del individualismo, el libre mercado, el emprendimiento, la competencia, la superioridad y mayor eficiencia de lo privado sobre lo público. Lo público no debe intervenir en lo privado, salvo si se trata de cuestiones morales como el derecho al aborto, a la educación, o las libertades como la de manifestación, reunión, expresión o creencias religiosas. Aquí, sí; aquí intervención a tope, a ver qué se ha creido el personal, aficionado a la promiscuidad; contundencia y cañones de agua para enfriar lo ánimos algo exaltados por la obscena exhibición de los cortijeros.

Pero en todo lo demás, exquisita abstención y respeto por las libertades. Las del libre mercado, se entiende. A quien Dios se la dé..., etc. Bueno, en el discurso. La práctica es otra cosa. Exactamente la contraria. Utilización de las instituciones públicas para beneficios privados de todo tipo. Elaboración de políticas públicas en interés de empresas que privatizan los beneficios y socializan las pérdidas. Expolio de los dineros de todos. Injerencias inadmisibles en el funcionamiento del mercado, como el de la venta de Iberia a British Airways. Inversiones millonarias en proyectos para beneficio privado con dineros públicos y asegurando que son en interés de la colectividad.

Añádase el agravante, típicamente español, de que, en los casos más notorios, los proyectos han fracasado. La costosísima enésima candidatura olímpica de Madrid, ahogada en un ridículo planetario a base de una clase de pichinglish hispánico. Y el inmundo plan de Eurovegas en un fiasco de las autoridades, dispuestas a cambiar hasta el código civil si el andoba gringo de los millones se dignaba sentar sus posaderas en Alcorcón.

Es el capitalismo, sin duda, pero a la española. Con sus peculiaridades, que son temibles. Porque a esta caterva de ineptos, incapaz de administrar el cortijo con un mínimo de eficiencia, justicia y decoro, se le está sublevando parte del país. Ha conseguido crear una crisis para la que no tiene respuesta ni prácticamente margen de maniobra porque Europa entera está pendiente del cortijo español.

¡Qué alto hablan los muertos!

Los muertos. Los asesinados, paseados, fusilados, desaparecidos y enterrados en las innumerables fosas comunes a lo largo y ancho de España.

Durante los cuarenta años de la dictadura se decretó el silencio sobre esta tragedia. Nadie podía hablar de ella. Un silencio sostenido en el miedo de una población aterrorizada que había comprobado en sus carnes cómo los vencedores de la guerra actuaban en la posguerra sin misericordia alguna con los vencidos, asesinándolos, amedrentando a los familiares y allegados supervivientes, represaliándolos de modos arbitrarios, robándoles los hijos.

Un silencio denso, sostenido en el terror del Estado y con la complicidad de la iglesia católica que había declarado Cruzada el golpe de Estado de 1936 y la subsiguiente guerra civil. Complicidad que, en muchos casos, derivaba en colaboración activa en las denuncias, persecuciones y asesinatos. Esa misma iglesia que beatifica a sus quinientos mártires, mientras olvida a las decenas de miles asesinados por los de su bando, muchos de ellos, católicos y algunos, sacerdotes. Sacerdotes asesinados y sacerdotes asesinos. Esa es la realidad.

Un silencio que sobrevivió al franquismo y se impuso a la transición. Aquella política de “reconciliación nacional” del PCE, probablemente animada de nobles intenciones, degeneró en un olvido de los muertos que quedó torticeramente consagrado en una ley de punto final, norma antijurídica, que se llamó la Ley de Amnistía, por la que los asesinos decretaron su impunidad.

La transición arrancó con una mácula que ha acabado devorándola. Quienes sellaron aquel pacto creyeron que con él consagraban la reconciliación y quienes lo contemplamos, no supimos o no pudimos o no quisimos elevar la voz y creímos –o quisimos creer- que aquel pacto era la esperada y siempre dilatada reconciliación de los españoles que, tras reconocer noblemente sus culpas, todas, recuperarían esa unidad entre el hoy el ayer en que se basan las naciones.

Así, el silencio de la dictadura prosiguió durante la democracia, incluso con gobiernos socialistas. ¿No era cierto que la transición había traído la reconciliación?

No, no era cierto. La derecha española sigue siendo lo que era, viéndose como la vencedora de la contienda y negando toda justicia a las víctimas del franquismo. El gobierno de Zapatero aprobó una tímida, alicorta, Ley de la Memoria Histórica, que el PP en el poder incumple y ha anulado de hecho. El presidente del gobierno comenta a veces con displicencia que está harto de oír hablar del franquismo y la República.

Pero la palma de la iniquidad se la lleva ese diputado y portavoz del PP, Hernando, quien sostiene que los familiares de los asesinados solo se movilizan en busca de los suyos cuando hay subvenciones, una expresión indigna que califica a quien la profiere como un ser despreciable y sin escrúpulos. Teniendo en cuenta, además, que precisamente es su gobierno quien ha suprimido las subvenciones

Sin embargo, los muertos se han alzado y están haciendo oír su voz. Un sonido que ha cruzado el océano y ha encontrado audiencia en la Argentina, en donde una jueza que aplica la doctrina de la jurisdicción penal internacional, acuñada entre otros, por Garzón, ha puesto en marcha un procedimiento para hacer justicia a las víctimas del franquismo. Algunas de estas, valiéndose de sus propios escasos medios -y no de ninguna inexistente subvención- emprenden un viaje de 10.000 kilómetros a edades muy avanzadas para buscar allende los mares la justicia que los tribunales españoles debieron brindarles. Es el caso de esa anciana de 88 años, Ascensión Mendieta que, por fin, ha podido relatar ante un tribunal lo que lleva setenta y cuatro años callando: cómo su padre, dirigente de UGT, fue fusilado en 1939 -bajo la acusación de un vecino- por "auxilio a la rebelión", tras un juicio sumarísimo de guerra, sin derecho a defensa; una farsa. Fusilado y enterrado en secreto. Y toda la ambición de Ascensión es llevarse a la tumba cuando menos un hueso de su padre. Es imposible que los Hernandos de este mundo entiendan esto.

Y los muertos hablan cada vez más alto y más recio. Es la voz del derecho, de la justicia, de la reparación. La que el gobierno y la iglesia se obstinan en desoír, aunque ya se escucha en el mundo entero. La ONU pide al gobierno justicia para las víctimas del franquismo. Contra dos torturadores de la dictadura hay ya una petición de extradición. Y a estas, seguirán otras.

Esa voz no se puede acallar porque ya no es posible volver a matar a los muertos. Esa voz mueve a los vivos que han perdido el miedo y ven cómo crece la solidaridad hacia ellos, dentro y fuera de nuestro país. Cómo se pide (¿a qué espera la oposición para sumarse?) la constitución de una Comisión de la Verdad, que haga justicia a las víctimas y exponga a la luz pública a los victimarios.

Es una voz potente la de los muertos. La única que puede traer la verdadera reconciliación entre los españoles. 

(La imagen es una foto de Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de El Bierzo, con licencia GNU documentación libre).

La Cina è vicina.

Esto va a estallar por algún sitio. Estábamos acostumbrados a las etiquetas de made in China, en Taiwan, en India, en Bangladesh. Tranquilizaban nuestras no muy inquietas conciencias. Anunciaban condiciones laborales infrahumanas, explotación, salarios de hambre. Pero lejos, muy lejos, a miles de kilómetros del civilizado y cristiano Occidente. Además, eran asiáticos, extranjeros, otros.  Ahora las etiquetas dicen made in Italy. Pero anuncian las mismas condiciones de explotación y esclavitud. Aquí. Ahora. Bueno, pero siguen siendo extranjeros. Chinos, para más señas y, probablemente, "ilegales". (Seguro que algún neoliberal dice que estos chinos han elegido entre ser explotados en China o en Europa. Y prefieren Europa. Libertad de elección). En fin, siguen sin ser de los nuestros.

¿Seguro? Incluso olvidándonos de que los chinos son exactamente igual que nosotros y tienen la misma dignidad, no es cierto que sigan siendo otros. Veamos. La prensa habla de esclavitud. Vale, pero, ¿qué es la esclavitud? ¿En qué se distingue de una reforma laboral que deja a los trabajadores a merced del capricho de los empresarios? Esos chinos que han muerto achicharrados en Italia vivían en condiciones inhumanas, sin ningún tipo de seguridad laboral. Pero eso pasa entre nosotros y, sin duda, en más países de la próspera Europa: inmigrantes de todo tipo, gentes reducidas a la más extrema necesidad, dependientes de la arbitrariedad de mafias (recuérdese otra forma de esclavitud como la sexual) o de empresarios sin escrúpulos.

¿Será en la jornada laboral? Siete días a 16 horas diarias. Vale. ¿No dicen los empresarios que hay que trabajar más y ganar menos, abolir las vacaciones pagadas, suprimir el descanso dominical? La diferencia es meramente cuantitativa y camino llevamos de reducirla a cero.

¿Será en la paga? ¿Un euro la hora es esclavitud? ¿Y cuatro euros la hora? ¿O dos?

La globalización provocó la llamada deslocalización de las empresas, en busca de mano de obra barata. Ahora los países receptores, a su vez, deslocalizan aquello que les rinde más beneficio: mano de obra esclava. De esta forma, los empresarios que producían en el exterior explotando mano de obra nativa, pueden ahorrarse los costes del transporte. Tienen mano de obra esclava que acabará contagiando al conjunto de la fuerza de trabajo.

La tendencia a la esclavización del trabajo es inherente al capitalismo. A no ser que se le ponga freno mediante una política de justicia social que parece haber abandonado el escenario, substituida por un cálculo de beneficio propio en el contexto de sálvese quien pueda.

Cuesta abajo.

Sosiéguense vuesas Mercedes, que diría Felipe II. No cunda el pánico en el cuarto de máquinas. Viene brava la mar, sí, pero no pierdan los papeles, que están ustedes empezando a delirar, cuando no a dictar normas draconianas, como esa #LeyAntiProtesta que parece pensada por un demente, un paranoico.

Buena la ha armado la ministra Mato pidiendo la retirada (o sea, el secuestro de la edición) del libro Cásate y sé sumisa. Ha conseguido enfrentar al gobierno con la jerarquía católica, editora del tomito de Costanza Miriano. Es la modernidad. Dentro de poco, la guerra de las investiduras. La derecha ciega. ¿Nadie ha explicado a la señora Mato que en democracia no se pueden secuestrar libros a no ser que sean delictivos por el continente o el contenido? Por eso, Miriano va diciendo que quieren censurarla. Todo lo cual, obviamente, acabará convirtiendo el ensayo, panfleto o lo que sea eso, en un éxito de superventas. Bueno, a lo mejor Mato se ha sentido personalmente agraviada porque, habiéndose casado, no ha sido sumisa a su marido, del que pasaba olímpicamente, hasta el punto de no saber qué coche conducía. A lo mejor se ha hecho feminista en función del atinado criterio de que lo personal es político y ella, de sumisa, nada.  Una feminista con razones de la derecha: el libro está mal porque "falta al respeto a las mujeres". Eso de "faltar al respeto" es muy de derechas, ¿verdad?  Por lo demás, ella sigue mostrando fidelidad a la causa de expoliar España, habiendo adjudicado, según parece, la decisión sobre privatizar o no dos hospitales en Ceuta y Melilla a una empresa del ex-consejero del PP Lamela, más conocido como privatizator. Para que todo quede en la cosa nostra.

¿Y pues Fabra, el hombre de los aeropuertos para peatones, presidente sempiterno de la Diputación provincial, eximio cacique, hijo y nieto de caciques, referente en todo del PP y de su presidente Rajoy que, con su acostumbrado tino, lo calificó de "ciudadano ejemplar"? El Fabra al que tocaba la lotería con la regularidad de las mareas y que prometía sacarse la minga y mear en la sede de IU si volvía a tocarle; el que llamaba hijo de puta a un diputado de la oposición, aprovechando quizá que la palabra contiene las letras; el padre de la diputada del PP del ¡que se jodan!; el suegro del archidimisionario Güemes, que, siendo tan listo, no consigue salir de la puerta giratoria. Encantado que está el ciudadano ejemplar porque solo le han caido cuatro años por mangante. Y, como es pundonoroso, se ha dado de baja en el PP, por no contaminar. En el PP aseguran que ya lo dieron de baja hace mucho; pero también habían dado de baja a Bárcenas. Bajas en diferido.

¿Y qué decir de la dueña manchega que tanto domina el diferido como el recortado? Celebróse el Comité Ejecutivo Nacional, presidido por Rajoy con cara de velorio y Cospedal enmendó la plana al fiscal, pidiéndole que revise mejor sus papeles porque en el PP no hay ni ha habido nunca caja B. Otro enfrentamiento, no ya con la iglesia sino con la Justicia que, por cierto, tienen poco que ver. Porque, además del fiscal, también el juez habla de caja B. Es decir, quien debe revisar sus papeles es el juez, forma coloquial de traducir el solemne propósito de que el PP colabora siempre con la Justicia. Por lo demás, que las afirmaciones sobre la contabilidad del PP estén solo sostenidas por la problemática palabra de Cospedal pues todas las empresas externas de auditoría se han negado a auditar al PP es asunto irrelevante.

La guinda del despropósito y la enajenación vino de Esperanza Aguirre, quien preguntó a Gallardón cómo no se había destituido ya al juez español del TEDH tras la sentencia del caso Parot. Sin duda es lo que ella hubiera hecho pues lo tiene como proceder habitual: si un subordinado saca los pies del tiesto, se le manda un motorista con el cese. Un juez es para la política neoliberal a lo español un subordinado. Igual que un responsable de telediarios, o un consejerillo de tres al cuarto. Su argumento es que, en realidad, no son jueces, sino políticos nombrados por políticos. Es verdad, pero tienen el estatuto de jueces, como lo tiene el presidente del Tribunal Constitucional, militante de su partido y político hasta la médula.

El exabrupto de Aguirre puede achacarse a su temperamento, su atolondramiento y su deseo de estar siempre en el proscenio, pero ¿qué me dicen de la respuesta del ministro de Justicia, fiscal de carrera él mismo? No afea a su conmilitona su ataque a la independencia de los jueces, no la amonesta haciéndole ver que lo que propone es más propio del absolutismo que del liberalismo y no digamos ya del neoliberalismo. Nada de eso. Invoca la ley para decir que no puede hacerlo. No que no quiera sino que no puede.

Sosiéguense vuesas Mercedes y retiren ese proyecto demente, paranoico, de ley mordaza. ¿No han oído hablar del abuso de poder?

(La imagen es una portada de la revista El Jueves, legal de momento, encontrada en la red. La red, esa mar océana llena de piratas a los que hay que meter en cintura).

Dimitir como Dios manda.

Nada es como debiera ser. Todo es una farsa, una pantomima. Rajoy ha ido a ver al Rey a su residencia habitual en la planta del hospital Quirón. Pero no, como parece lógico, a presentarle su dimisión, sino a pasar la tarde del domingo de charleta. Como si en el país que tiene la desgracia de verse bajo su gobierno, no pasara nada.

El silencio espeso ha seguido dominando el finde. Los móviles, seguro, estarán echando humo. Pero en el ágora, en la esfera pública, silencio frente al auto del juez Ruz dando por sentado el carácter ilegal del PP de arriba abajo, del comienzo al final, de la cruz a la fecha. Un auto como un ariete que derriba un muro de engaños, trapicheos, sobresueldos, financiación ilegal, caja B, erigido a lo largo de los años. Dieciocho exactamente. Con Aznar, con Rajoy. Silencio.

Solo se oyó el extraño balbuceo de González Pons que pretendía exculpar al PP y, en realidad, lo inculpaba más, al decir, que el PP y sus dirigentes son 'tan honrados como todos', lo cual equivale a tratar de quitarse de encima la ñorda esparciéndola. Luego salió un oscuro portavoz de Justicia (sic) del PP en el Congreso, afirmando que lo revelado hasta la fecha carece de la más mínima relevancia procesal. Bien pudiera ser y estoy seguro de que todos nos alegraríamos de ello pues a nadie gusta ver a otro camino del trullo. Pero es que el problema no es la relevancia procesal sino la política. Déjese a los tribunales decidir si, al cobrar sobresueldos de la caja B Rajoy delinquió o no. Lo que está claro ya es que cobró sobresueldos y eso es, moral y políticamente, inaceptable. Que hubo una caja B. (¿Quizá sigue habiéndola?). Que el presidente mintió al Parlamento al afirmar que no la había.

Asuntos de la máxima relevancia política cuya única respuesta razonable en el espíritu de las democracias es la dimisión. Una dimisión como Dios manda. Dimisión de todos los directamente implicados en los papeles de Bárcenas, Rajoy, varios de sus ministros, Cospedal, en fin, el sursum corda. Dimisión de la cúpula del PP, incluidos, me consta que con especial insistencia divina, sus insufribles portavoces, voceros y correveidiles.

Se quiera o no, la vida política española gira en torno a Bárcenas y, en la segunda parte de la legislatura lo hará aun más por dos razones: 1ª) porque el propio proceso contiene ya la suficiente metralla para ponerlo todo patas arriba; 2ª) porque está en la estrategia de Bárcenas reservarse las peores andanadas para más adelante.

Las cortinas de humo del gobierno mudo no han servido de nada. Gibraltar se ha desinflado como globo de feria y está claro que de la crisis no se sale, diga lo que diga la propaganda del gobierno, y los únicos brotes verdes que este puede mostrar es ese kilo de marihuana que ha pillado la policía a dos concejales del PP de León.

La verdadera cortina de humo, con la que Rajoy el taciturno está jugando irresponsablemente, es Cataluña. Con Mas en la India, convertido en Gandhi por metempsicosis, el porcentaje de partidarios de la independencia superior al cincuenta por ciento y la ANC (Assemblea Nacional Catalana), que cuenta con más afiliados que todos los partidos catalanes juntos, pidiendo al Parlament que fije fecha y pregunta de la consulta, es evidente que España tiene un problema serio. Un problema de envergadura constitucional.

Y ¿está el gobierno de Rajoy, quien debiera haber dimitido ya, en condiciones de hacer frente a ese problema? Con Bárcenas mordiéndole los tobillos, la respuesta es "no".

Según los realistas no conviene pedir la dimisión porque la perspectiva de elecciones anticipadas (para las que nadie está preparado) supone un factor de distorsión e inestabilidad a cuyo socaire lo más probable es que la "cuestión catalana" explotara. Nada de elecciones, nada de dimisión, nada de inestabilidad. El nacionalismo catalán tiene que encontrar un interlocutor firme en el gobierno central, legítimo, con prestigio, con autoridad. Y esa es exactamente la cuestión: no lo hay.

Cabría pensar que, de tener Rajoy una cintura política de la que carece, se intentara un gobierno de gran coalición, incluso (¿por qué no?) con más de dos partidos para gestionar una situación excepcional, esto es, un gobierno que abriera el camino a una reforma de la Constitución que replanteara la organización territorial del Estado bajo la forma, por ejemplo, de una Convención.

Tal cosa podría hacerse a condición de que el gobierno paralizara su proceso de fascistización y retirara la reforma del Código Penal y la #LeyAntiProtestas, una ley pensada por un demente para garantizar la impunidad de la policía a la hora de machacar ciudadanos en cumplimiento de la obsesión represiva de la autoridad. Y, de paso, detuviera las privatizaciones de la sanidad y la educación, enviando la LOMCE al baúl de los malos recuerdos. Es decir, que reconociera que no ha sabido gobernar como Dios manda y que, si no quiere verse obligado a dimitir como Dios manda, debe enmendar sus  yerros

Rajoy no puede atar el país a su destino procesal. 


(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

Asociación para delinquir.

La pasarela judicial por la que desfilan a puñados los dirigentes del PP (casos Gürtel, Bárcenas, Matas, Barberá/Camps, Fabra) pone otra vez de actualidad la cuestión de si cabe considerar el partido como una asociación para delinquir o asociación de malhechores. Por supuesto, todos ellos están encantados y felices de colaborar con la justicia. Pero un breve repaso a las vicisitudes procesales más recientes demuestra que esa felicidad, ese encantamiento, van acompañados de una risa sardónica, la que enmascara el sufrimiento.

Hace unas fechas, Cospedal estaba encantada de colaborar con la justicia y así negar que hubiera recibido dineros negros de Bárcenas. Ahora el encantamiento pasa a Esperanza Aguirre, citada como testigo a fin de aclarar si ordenó o no a su mano derecha en la Comunidad de Madrid hacer mangas capirotes con las adjudicaciones públicas con el objeto de forrarse. Seguramente aprovechará para remachar que fue ella quien destapó el caso Gürtel y adoptó contundentes medidas, destituyendo a dos consejeros por estar aparentemente pringados hasta las orejas. Pero ella, a su vez, tendrá que declarar por el oscuro asunto de la fundación FUNDESCAM a través de la cual, supuestamente, financiaba ilegalmente muchas de sus campañas públicas. ¿Y quién no recuerda fastuosas campañas de Aguirre inaugurando hospitales que los madrileños estarán pagando hasta el fin de los tiempos?

Como testigos igualmente ha sido llamada la inefable pareja Barberá/Camps, fraternalmente unidos en la ímproba tarea de entregar presuntamente la pasta pública de bóbilis a Urdangarin. Sospechosos de malversación a favor de ese mozo cuyo perfil comienza a desdibujarse detrás de los firmes trazos de su esposa quien ha pasado de ser una lela que no se enteraba de nada a un ingenio maligno, capaz de urdir tretas como la de alquilarse a sí misma un inmueble con el fin, según parece, de eludir pagos a Hacienda. Estos dos, no obstante, no pertenecen a la asociación de supuestos malhechores, al menos directamente. Pero lo son indirectamente. En este momento la cuestión, dicho crudamente, es si hay agallas para imputar a la infanta Cristina.

Citados asimismo a declarar ante el juez pero no como testigos sino como imputados, Lamela y Güemes, los dos consejeros que pusieron en marcha los procesos privatizadores de la sanidad pública hoy proseguidos con todo entusiasmo por el gobierno autonómico. Tienen que responder de diversos delitos que, en lo esencial, giran en torno al hecho de que, para ellos, la gestión pública parece ser un asunto de enriquecimiento personal. La política de privatizaciones empieza con la privatización de la política a cargo de estos mendas, artistas de la mamandurria que su jefa Aguirre condenaba con su habitual desparpajo. 

Fabra ha hecho las delicias de chicos y grandes, mostrando sus habilidades para apalear millones salidos de la nada. El conjunto de su proceso podría ponerse como caso práctico del funcionamiento de la oligarquía y el caciquismo como formas de gobierno  etc., de Costa. Un venero inagotable del que se benefician con ahínco otras autoridades autonómicas del PP (como Baltar) o alcaldes del partido de la gente de orden como ese de Cogolludo (Guadalajara), que suprime una calle de un plumazo para reunificar la finca de su hermano. 

Las Nuevas Generaciones también hacen méritos denodados para acabar ante el juez, como sus mayores. De momento, solo están los bravi que asaltaron la librería Blanquerna pero en poco tiempo habrá más, ya que la juventud es fogosa, y con otro tipo de hazañas. 

Para hazañas, la del presidente del gobierno que sigue siéndolo en mitad de un escándalo de corrupción y sobresueldos en B que lo apunta directamente como responsable y presunto beneficiado. La continuidad del presidente en un cargo que en cualquier país de Europa estaría ya vacante por dimisión expresa con toda claridad una vez más la sospecha de que España sigue sin ser verdaderamente europea. 

En Europa la gente no se deja gobernar por una asociación de presuntos malhechores.

(La imagen es una foto de Tim Evanson, bajo licencia Creative Commons).

¡Despierta, hierro! Vencedores y vencidos.

Regresando por la A-4 desde Chiclana, se pasa por Santa Elena, Jaén, a cuya vera la Junta edificó en los años 90 un Museo de la batalla de las Navas de Tolosa que es más bien un centro informativo de aquel decisivo hecho de la Reconquista española. Cuando se llevan 400 kms de monótona autovía, viene bien detenerse y sumergirse un momento en una lucha de hace ochocientos años que enfrentó una coalición de ejércitos cristianos (unos 70.000 hombres) al mando de Alfonso VIII de Castilla con otro muy superior de musulmanes almohades y confederados (unos 120.000), a su vez encabezado por el califa Muhammad An-Nasir, más conocido como Miramamolín. Tiene cierta gracia que el lugar esté a unos 30 kms de Bailén, lugar de otra batalla unos 600 años después tan decisiva para echar a los franceses de España como la de las Navas lo fue para acabar echando a los agarenos. El lugar es modesto, austero y relata el episodio a base de reproducciones de tapices y diversos objetos de los dos bandos: espadas, cascos, ballestas, arcos, lorigas, arzones y diversos tipos de utensilios. Porque la explicación de la batalla y su contexto, no solamente es objetiva (en cuanto no se incurre en alharacas propagandísticas), sino minuciosa. Se nos informa hasta de lo que comían las caballerías, solo para que nos hagamos una idea del prodigio de logística que supuso para los cristianos organizar las líneas de avituallamiento de aquella tropa en territorio enemigo. El centro tiene también una torre, llamada "Mirador" desde la que puede contemplarse el campo de batalla, cosa que hace uno dejando libertad a la imaginación para ver aquellos parajes de olivos y monte bajo las zonas de los ataques y contraataques, los avances de los peones y las infanterías, las maniobras de las caballerías, sobre todo la de la almohade, terrible heredera de los jinetes númidas. En fin, aunque parezca mentira, una distracción y un descanso para el espíritu.

Los dos bandos habían declarado la guerra santa. Inocencio III proclamó la Cruzada, una de verdad y no como la de la sublevación de Franco, proclamada tal por los obispos españoles pero no por el Papa de Roma, como lo fue esta del siglo XIII. Los musulmanes también habían proclamado la Yihad. Querían liberar de infieles Al-Andalus. Igual que los cristianos trataban de liberar de infieles la Hispania que había sido romana en sus tiempos. Guerra santa en ambos bandos. Algo que dejaría huella.

En el ejército cristiano, entre las tropas de Pedro II de Aragón, había un fuerte contingente de almogávares, catalanes y aragoneses, guerreros profesionales que no hacían prisioneros y atacaban al grito de ¡Despierta, hierro! y ¡Matad, matad! aunque en catalán, pues no hablaban castellano.

Esa exigencia de la manifa de la AVT de una paz con vencedores y vencidos me ha traído a la memoria el despierta, hierro de los almogávares. Indica el mismo tipo de extremosidad. El ánimo de los manifestantes era muy exaltado y, en su rabia, tiraba contra el Tribunal de Estrasburgo y contra el gobierno español, tildado de "traidor", exactamente lo mismo que Rajoy llamó en su día a Zapatero en sede parlamentaria al acusarlo de traicionar a los muertos. Así, los altos cargos del PP presentes en la manifa tuvieron que abandonarla escoltados por la policía entre insultos y abucheos. Poco después sonarían los acordes del himno nacional y muchos asistentes alzarían el brazo fascista en su mejor estilo fascista. Quizá todo esto haga ver a Rajoy los frutos de la demagogia de jugar con los sentimientos de las víctimas por intereses partidistas. Quizá.

Pero la extremosidad es aun mayor. El deseo de que haya, y sea manifiesto, vencedores y vencidos (cosa que contradice el saber convencional de que, para restañar heridas es mejor que no haya vencedores ni vencidos o se haga como si no los hubiera) está lejos de ser un ex-abrupto motivado por la indignación que se moderará así pasen unos días. Ni hablar. Es una actitud ante la vida. Es la actitud de quienes siguen considerando que en la guerra civil hubo vencedores y vencidos y conviene que así siga siendo, razón por la cual beatifican a cientos a sus mártires mientras se niegan a desenterrar de las fosas anónimas en las cunetas a las decenas de miles de asesinados. Esos brazos en alto, como las banderas franquistas, son el lazo que une el pasado con el presente con un fuerte elemento de venganza.

La exigencia de la AVT de que el gobierno no acate la sentencia del TEDH es inviable. Lo que se está pidiendo es que aquel incumpla un convenio internacional, en el que es parte sin reserva alguna, de protección de los derechos humanos. Porque por muy sanguinarios que sean los etarras, no se les puede negar un principio básico, universal como es el de la no retroactividad de las normas penales. Tampoco es avisada solución desprestigiar el TEDH como hace Esperanza Aguirre al sostener que no se trata de jueces sino de "políticos" por la muy elemental razón de que las reglas de juego se cuestionan antes de jugar, y revela bastante baja estofa cuestionarlas cuando se pierde.

En el terreno jurídico las habas están contadas. Se acata la sentencia del TEDH y se aplica a todos los casos como el de Inés del Río. Si ello suscita rechazo, como lo hace, la respuesta ha de articularse en el terreno político, en el legislativo. ¿De qué tipo? Deberán ser quienes solicitan la decisión quienes lo determinen. Aznar no asistió a la manifa. Pero es evidente que tampoco ve el mundo con los ojos del gobierno. Muchos -quienes le piden que vuelva y quienes están esperando a ver qué dice- confían en algún tipo de pronunciamiento del presidente del honor del PP que les aclare el camino.

Pero, entre tanto, ni la AVT ni todas las víctimas del mundo pueden imponer sus pretensiones y sentimientos, por profundos que sean, a la voluntad del legislador, que ha de atender al bien común y no al de una parte. Y el gobierno que envía a destacados miembros de su partido a manifestarse contra sí mismo y pedirse en la calle lo que de ningún modo puede hacer, jugando a un doble juego para tratar de evadir la responsabilidad que contrajo por su demagogia cuando estaba en la oposición, simplemente incurre en una mezcla de falsedad, hipocresía y estupidez. Como acostumbra.

(La foto está tomada de Twitter).

El veneno de la "doctrina Parot"

El escándalo montado con motivo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), dando la razón a la etarra Inés del Río en su recurso contra la aplicación en su caso de la "doctrina Parot" es un fiel indicador del estado moral de nuestra sociedad. Apenas conocido el hecho, un miembro de Nuevas Generaciones tuiteó su furia insultando al diputado Alberto Garzón, quien había celebrado el fallo del TEDH por entenderlo ajustado a derecho y respetuoso de los derechos humanos que, por lo demás, es para lo que está el Tribunal de Estrasburgo. El cachorro de NNGG llamaba de todo al diputado de IU (payaso, gilipollas, hijo de puta) y, finalmente, lo amenazaba de muerte. NNGG salía al paso rápidamente, censurando a su miembro y abriéndole un procedimiento de expulsión. El propio insultón, habiéndose enfriado un tanto, presentaba acto seguido su dimisión.

Es solo una muestra del estallido de indignación que la sentencia produjo en mucha gente, especialmente las víctimas del terrorismo, quienes hablan en su nombre, la opinión pública derechista y conservadora y una buena parte de la de izquierda, incluida IU. Era muy de ver cómo algunos izquierdistas se ponían estupendos, argumentando unas insospechadas complejidades técnicas de la cuestión con el objetivo implícito pero muy habitual, de desautorizar a quienes como Garzón y, desde luego, Palinuro, consideran que la sentencia es justa, arguyendo falta de competencia específica en el asunto. Es un viejo truco de leguleyos: tratar de llevarse la razón aduciendo profundidades misteriosas que, no estando al alcance del común de los mortales, deben ser suficientes para que estos se callen.

Y no ha lugar porque, afortunadamente, el TEDH no está en manos de rábulas sino de jueces capaces de hacer justicia en un lenguaje llano comprensible para todo el mundo. Según su sentencia, el Estado español ha vulnerado los artículos 5 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que él mismo firmó y se comprometió a acatar en todos sus términos. El artículo 5 habla del derecho de toda persona a un proceso justo y el 7, prohíbe algo que también prohíbe el ordenamiento jurídico español, esto es, la retroactividad de las normas sancionadoras y penales. Pero hay más, la segunda parte del art. 7,1 del citado convenio dice: Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida, que es exactamente lo que hace la llamada "doctrina Parot" que el Tribunal Supremo se sacó de la manga en el caso Parot en 2006: prolongar injustamente una pena de prisión más allá de la aplicable en el momento del delito. Así que el TEDH ha hecho justicia y eso es para alegrarse.

Las gentes de mala ralea -muchas-, siempre retorciendo las cosas, inquieren escandalizadas: ¿se alegran ustedes de que los asesinos etarras salgan en libertad? En modo alguno. Nos alegramos de que se haga justicia porque vivimos en un Estado de derecho bajo el imperio de la ley y odiamos que sea ese mismo Estado quien la infrinja porque eso es una especie de terrorismo. Si por cumplir la ley se beneficia a personas que, según las convicciones morales imperantes en el momento, no debieran beneficiarse, será la ley quien deba resolver la situación y no una decisión de un tribunal adoptada, según se ve, contra el mismo derecho que, como tribunal, está obligado a defender.

No hay mucha diferencia entre los GAL y la doctrina Parot. Ambos son veneno para el Estado de derecho. La única es que mientras los primeros fueron una chapuza de terroristas y criminales más bien toscos, la segunda tiene el refinamiento de saberse amparada por tan altos tribunales como el Supremo y el Constitucional que, evidentemente, cuando establecieron esa "doctrina", no estaban en su mejor día o quizá lo hicieron dejándose arrastrar por las pasiones del momento. Algo que un juez no debe hacer jamás. 

Nadie se alegra de que los asesinos salgan en libertad antes de tiempo. Pero es que no salen antes de tiempo sino, según establece la sentencia del TEDH, después de tiempo a tal extremo que hemos llevado nuestra ignominia a tener que pagar una indemnización de 30.000 € más intereses, impuestos, costas, etc a la terrorista Inés del Río. En verdad, una vergüenza.

Es comprensible la indignación de las víctimas del terrorismo y sus allegados, pero no es necesariamente justificable. Las víctimas (en el fondo, todos, pues todos somos, directa o indirectamente, víctimas de los crímenes terroristas) están en su derecho de protestar, mostrar su disgusto, hasta su rabia. Pero no pueden obligar al Estado a desacatar una sentencia firme de un tribunal cuya jurisdicción ha aceptado voluntariamente; no pueden obligar a las instituciones a ir contra la ley del Estado de derecho. No pueden dictar su voluntad al resto de la sociedad porque, en el momento en que intenten hacerlo, su indignación se troca en odio y venganza y ninguna sociedad puede sobrevivir sobre el odio y la venganza.

Si las víctimas del terrorismo creen que los terroristas convictos deben padecer mayores castigos que los previstos en la ley, si quieren imponer la cadena perpetua o la pena de muerte, por ejemplo, que lo propongan abiertamente y será la colectividad la que decida. Pero, a falta de eso, carecen de todo derecho a exigir de esta y de sus autoridades comportamientos ilegales. 

Porque lo que ha hecho el TEDH ha sido algo muy sencillo: obligar al Estado español (o sea, a todos nosotros) a cumplir la ley que nos hemos dado y que excluye taxativamente la retroactividad, como hace el art. 25, 1 de la Constitución española: "Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento". Alguien podría decir que esta prohibición no afecta a los cálculos o cómputos sobre aplicación de beneficios penitenciarios hechos por los tribunales, que es de lo que va la doctrina Parot . Es absurdo y además no merece la pena detenerse en esto. Lo que el TEDH sentencia es que España ha infringido no su Constitución sino el vigente Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 5, 1, más arriba citado, y que repito aquí como colofón:Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. A nadie, incluida la terrorista más sanguinaria.

La mano que entrega el sobre.

Notable pieza teatral en un acto ayer en Toledo. La venganza del cautivo, magistralmente interpretada por dos veteranos de las tablas que hicieron juntos parte de sus carreras: Dolores de Cospedal en el papel de la Dueña ultrajada en su virtud y Luis Bárcenas en el del ex-Tesorero agraviado en su lealtad. Ambos estuvieron sublimes. La actuación de Bárcenas, simulando la espectral aparición de un habitante de otro mundo (el de las almas en pena), fue magistral en todo momento y dejó a la Dueña vapuleada y maltrecha. Pero Cospedal dio una notable réplica, erigiéndose en digno símbolo de la inocencia atropellada por la calumnia, al modo de Desdémona. Tanta fue su pasión que, al salir, a punto estuvo de comerse un árbol.

En la cruda realidad de la calle, sin embargo, quien estaba en cuestión no era la Dueña manchega dolorida, sino la secretaria general del partido del gobierno, la segunda en este después de Rajoy, cuyo espíritu flotaba ayer en la sala en la simbología del plasma. Cospedal acudía como secretaria general a dar un mentís a la acusación de Bárcenas de haberla untado, por decirlo un poco a la pata la llana. Y ha organizado un cisco tan monumental que hasta la vicepresidenta no sabía qué decir en la rueda de prensa del consejo de ministros y no le dio tiempo a hilar alguna de esas perogrulladas con las que cree salir airosa de los compromisos. Hasta en su partido -en el que no abundan los linces- se han dado cuenta de que la estrategia de Cospedal es suicida, producto de su carácter altanero y algo bravucón. Dicen sus abogados que ella va a la defensa de su honor -lo único que le importa- y este ha salido impoluto. Pero la verdad es que el honor de la dama está bastante maltrecho por muy diversos conceptos: aparte de los supuestos sobresueldos, los dobles o triples sueldos, los olvidos en las declaraciones de bienes, las compras inmobiliarias fastuosas o las comisiones de cientos de miles de euros que no dejan rastro en su partido. Los asuntos de dineros son siempre muy resbaladizos y más cuando saltan por todas partes en donde aparece Cospedal de un modo u otro. Y eso resta mucho crédito.

El destrozo de esta hispánica cuestión de honor es considerable. Cospedal lanzó una variante del que cada palo aguante su vela al decir que ella no sabe si los demás cobraron sobresueldos; que preguntó y se lo negaron. Aquí ya nadie se fía de nadie. Por supuesto, la trabajada y obstinada estrategia de Rajoy, a su vez, barrida por las ondas furiosas. Bárcenas en todos los telediarios soltando cieno sobre el partido, el gobierno, sobre él mismo. La política del mutismo coronada por el éxito. Cosa absolutamente previsible. Hace falta ser un verdadero negado para no darse cuenta de que en la sociedad de la información, la desinformación no funciona.

En el extranjero deben de estar perplejos. Si esto fuera un país normal, Cospedal, en lugar de tropezar con un árbol, debería dar cumplida cuenta de su gestión en una rueda de prensa abierta con libertad de preguntas y, acto seguido, presentar su dimisión irrevocable. 

El caso Bárcenas es más que nunca el caso Rajoy. Habiendo el juez rechazado la petición de comparecencia del presidente a petición de la fiscalía, una de las acusaciones recurre y vuelve a solicitar dicha comparecencia por considerarla procesalmente imprescindible. El recurso está muy sólidamente argumentado. Responde al juicio de intenciones que hicieron la fiscalía y el juez al presumir que la petición de comparecencia obedecía a motivos extraprocesales diciendo, en el mismo terreno que, de haberse tratado de un ciudadano ordinario, la comparecencia no se hubiera rechazado. ¿Lo duda alguien? Añade el recurso tres argumentos muy sólidos: a) Rajoy era el responsable último de esta trapacería y daba el visto bueno a las cuentas barcénigas; estuvo asimismo en la reunión en que se acordó el pintoresco despido de Bárcenas, más parecido a un chantaje; b) aparece acusado directamente de haber cobrado suculentas sumas en sobresueldos; c) también fue secretario general de forma que, pues se ha citado a todos los secretarios generales anteriores y posteriores, no hay modo de justificar su exclusión como no sea por razones no jurídicas. No se me alcanza cómo se pueda negar este recurso, pero será preciso estar atentos y ver en qué queda.

Mientras tanto, el pensamiento es libre. ¿Puede el país permitirse una comparecencia del presidente del gobierno? Las fotos darían la vuelta al mundo y la Marca España tendría que cambiar de nombre. Y nada más. Si Cospedal no dimite, tampoco dimitirá Rajoy. Porque en España no dimite nadie, salvo los pagafantas del PSOE. Nunca. Pase lo que pase. 

El gobierno sigue batiendo tambores de cómo en 2016 estaremos creciendo a ritmos chinos en la esperanza de que este trile nos distraiga de los crímenes del franquismo y los sobresueldos del PP. Pero lo tiene muy crudo porque, al mismo tiempo, impone un hachazo de 15.000 millones de euros a los gastos sociales de ayuntamientos y autonomías que va a empeorar notablemente la vida de la gente.

Cospedal mete la pata.

Ahí se ha pasado la mañana del viernes la dueña dolorida, trasmutada en dueña ofendida, sentada en mitad de la sala de audiencia, teniendo que escuchar cómo Bárcenas la acusaba ante el juez y los periodistas de mangante, cobradora de sobresueldos ilegales. Su gesto de indignada virtud superpuesta a su avinagrado rostro habitual era todo un cuadro que mostrará a las generacioness venideras -como se lo mostraría a ella de tener algunas luces, que no es el caso- lo que jamás debe hacerse cuando tiene uno la reputación en el alero, a los pies de las bestias, en bocas maledicentes, en coplas de ciegos, crónicas de tribunales y tiradas de plumillas malévolos. Ni haber contratado con el dinero de todos al máximo tiralevitas y pelota del Reino, Nacho Villa, como jefe de agit-prop pepero de la telemancha puede mitigar el bochorno que cualquier persona normal sentiría al verse acusada en sede judicial de ser una corrupta.

Y el caso es que la dueña hoy juzgada se ve en estos malos trances exclusivamente por culpa suya. Su arrogancia la llevó a responder con demandas y querellas frente a las acusaciones de Bárcenas y esas machadas la han traído a la penosa situación en que se encuentra. Tan penosa que, si se activa el vídeo de la imagen, podrá verse cómo la dama, sumida en sus cuitas, está a punto de escalfarse los morros contra un árbol. Va la muy necia por lana y sale trasquilada.

Y mira que era sencillo no meter la pata de esta forma. Bastaba con ver qué hacía su mucho más espabilado jefe, Rajoy, en similar circunstancia a la suya ya que Bárcenas también lo acusa de haber trincado pastuqui en B, en negro, en cajas, en sobres y a la pata coja pues, por lo que va viéndose, todos estos ciudadanos tan dignos del PP forman una corporación de presuntos trincones al estilo de la Opera de tres (mil) euros. En efecto, ¿que hizo Rajoy, acusado de lo mismo que Cospedal? Callarse como una momia, no responder, no abrir el pico, no querellarse ni demandar a nadie y esperar que la tormenta pase confiando, como le dijo a una perpleja periodista de Bloomberg en que hay cosas que no pueden demostrarse. Tan cierto como que el pontevedrés completa un viejo apotegma bíblico: "Hay tres cosas que no pueden probarse: el surco del pez en el agua, el del ave en el cielo y la caricia del hombre en la mujer", añadiendo una cuarta: "la mano de Rajoy y los suyos en la caja B".

En efecto y ¿por qué estando en la misma situación, la dueña está enjaretada en los tribunales y el otro trisca en libertad, largando embustes si parar? Sencillamente, porque Cospedal, cegada por su orgullo y su necedad, no calibra el resultado de sus actos. Ahora, algo mejor avisada, ha retirado su demanda contra El País como la han retirado sus secuaces y amigos, Teófila Martínez, Arenas, etc, antes de verse pringados en el mismo cúmulo de mentiras, contramentiras, cuentos, trolas de esta señora con el despido de Bárcenas, el diferido y la general mangancia en que están todos hasta las orejas. Porque, bien se ha visto hasta la fecha, los fiscales y los jueces no quieren ni oír hablar de llamar a estos presuntos sobrecogedores (Rajoy, la propia Cospedal, Aznar, Cascos, etc) a declarar, prueba evidente del vigor y la independencia de la justicia en España. Ha sido ella misma la que ha metido la gamba, ella misma quien, tirándose del ronzal, se encuentra en mitad del fregado

Según el abogado de Cospedal es Bárcenas quien tiene que probar que su clienta se embolsó la pastuqui. Bueno. Tratándose de una señora que no sabe ni cuántos sueldos cobra, ni cuántos sobresueldos,  ni por qué suele olvidarse picos de consideración en sus declaraciones de ingresos, ni aclara de dónde saca la pasta para comprarse una casa de 2,5 millones de euros, ni da cuenta de presuntas mordidas de 200.000 euros, ni tiene claro en cuántos abrevaderos cobra sus dineros su marido, no parece asunto muy relevante, a la hora de aconsejarle con todo cariño que, en lugar de seguir calentando sillas en salas de juicios y embistiendo árboles, presente su dimisión y se pierda en el caritativo olvido de las gentes.

NB: el caso Bárcenas es tan claramente el caso Rajoy que el tesorero declara por plasma, como su amigo Plasmariano.

(La imagen es una captura del vídeo de 20 Minutos).

Vuelve Franco.

El revival franquista del verano alcanza su apogeo. Los zangolotinos de Nuevas Generaciones poblaron las redes de fotos celebrando el fascismo con banderas franquistas, brazo en alto y acudieron en escuadra falangista a arropar a Cospedal en su declaración ante el juez. Porque son franquistas, sí, pero del PP y no parece que sean casos de doble militancia. Los gerifaltes del partido consideran que se trata de "chiquilladas" y no merece la pena tomar medidas disciplinarias. Varios alcaldes del PP, que parecen sacados de un álbum de fotos de la época de Bienvenido Mr. Marshall, también han dado fe de su inquebrantable fidelidad a Franco. Estas, claro es, no son chiquilladas; son alcaldadas seniles y, por lo tanto, tampoco censurables. Un grupo de matones del fascio entre los que hay de todo, incluido un pariente de un miembro del gobierno, asaltan la librería Blanquerna. Actos aislados, insignificantes, dirá el ministro del Interior.

El PP se niega a colaborar en la tarea de hacer justicia con el franquismo. No cumple la ley de la memoria histórica; al contrario, la obstaculiza. Bloquea todo intento de hacer justicia a las víctimas y de eliminar los honores indebidos de los victimarios, nombres de calles, plazas, monumentos, etc. Yo mismo pude ver hace unos días que el nombre de José Antonio Primo de Rivera sigue esculpido en la piedra de la fachada de la catedral de Granada.

En estas condiciones, con los franquistas crecidos, parece lógico ver que la Fundación Nacional Francisco Franco, una entidad privada que hasta hace poco recibía subvenciones públicas, dedicada a honrar la memoria y difundir el conocimiento del dictador, reclame la intervención del ejército en Cataluña. Por supuesto. Absolutamente lógico. Lo ilógico es que haya una Fundación Nacional Francisco Franco. Está presidida por la hija del dictador y a su patronato pertenece el suegro del ministro de Justicia, un falangista ex-ministro de Franco que habrá explicado a su yerno el sentido de la justicia sobre los luceros. Esa Fundación debiera ser declarada ilegal y disuelta y sus responsables, la hija, el suegro y el cuñado del primo y el sobrino de la tía, todos, procesados por apología del presunto genocidio cometido por ese invicto caudillo al que idolatran.

En el revival no podía faltar la fanfarria militar y allá se fue García Margallo a preparar la toma del Peñón de Gibraltar, como en los mejores tiempos. Reapareció la Legión y se escucharon soflamas de diverso tipo, así como de la altura de las de Trillo en Perejil. Entretenidos en estas nostalgias, los gobernantes y sus diversos adláteres no calibraban bien el impacto que el facherío estaba produciendo en el extranjero. Podían haberse enterado en Buenos Aires, cuando casi no los dejaron salir del ascensor. Pero eso es imposible. Uno de los rasgos de la derecha española es su pavoroso parroquialismo. No es que el juicio ajeno le sea indiferente. Es que le es desconocido.

Hasta que un buen día nos dan una bofetada como la de la jueza María Servini de Cubría, que ha dictado orden internacional de detención preventiva con fines de extradición contra cuatro presuntos torturadores de la dictadura, con nombres y apellidos. Así el gobierno se encuentra ahora obligado a responder a una petición de extradición de cuatro supuestos criminales que trabajaban a las órdenes de ese presunto genocida cuya memoria es honrada por una fundación que hasta hace poco se financiaba con fondos públicos.

Seguramente el gobierno hará oídos sordos a la petición; es decir, amparará -una vez más- a los supuestos delincuentes de la dictadura. Pero menudo bochorno internacional. España emparejada con las dictaduras sangrientas del cono sur (en realidad, estas fueron sus discípulas) a los ojos del mundo entero. Si alguno de los cuatro extraditables pone un pie fuera de nuestras fronteras, la Interpol le echará el guante y tendrá que declarar por sus posibles fechorías.

Por cierto, el juez Garzón estará encantado de ver cómo se extiende su doctrina pues la jueza Servini aplica el mismo criterio de justicia penal universal que él aplicó para conseguir la detención de Pinochet en Londres. Algo de lo que hemos de felicitarnos todos porque, si no es por la intervención argentina, en España jamás se haría justicia a las víctimas del franquismo. La prueba reside en el mismo Garzón. Jamás se recuperarían los muertos de las cunetas, jamás se conocerían los nombres de sus asesinos.

Esa decisión de la jueza Servini es una bomba que ha acabado reventando la Marca España, el segundo país del mundo, después de Camboya, con mayor número de asesinados en fosas comunes anónimas. Ahora, la sombra de esos muertos vuelve a alzarse ante el gobierno por una requisitoria transoceánica. Un gobierno compuesto por franquistas, neofranquistas, descendientes de franquistas o emparentados con franquistas. Porque, si se puede -y se debe- llamar a declarar a Billy el Niño, a lo mejor también al suegro de Gallardón, Utrera Molina, que fue ministro de Carrero Blanco, o sea, de Franco.

 

Y después dicen que España no es diferente.