Los muertos. Los asesinados, paseados, fusilados, desaparecidos y enterrados en las innumerables fosas comunes a lo largo y ancho de España.
Durante los cuarenta años de la dictadura se decretó el silencio sobre esta tragedia. Nadie podía hablar de ella. Un silencio sostenido en el miedo de una población aterrorizada que había comprobado en sus carnes cómo los vencedores de la guerra actuaban en la posguerra sin misericordia alguna con los vencidos, asesinándolos, amedrentando a los familiares y allegados supervivientes, represaliándolos de modos arbitrarios, robándoles los hijos.
Un silencio denso, sostenido en el terror del Estado y con la complicidad de la iglesia católica que había declarado Cruzada el golpe de Estado de 1936 y la subsiguiente guerra civil. Complicidad que, en muchos casos, derivaba en colaboración activa en las denuncias, persecuciones y asesinatos. Esa misma iglesia que beatifica a sus quinientos mártires, mientras olvida a las decenas de miles asesinados por los de su bando, muchos de ellos, católicos y algunos, sacerdotes. Sacerdotes asesinados y sacerdotes asesinos. Esa es la realidad.
Un silencio que sobrevivió al franquismo y se impuso a la transición. Aquella política de “reconciliación nacional” del PCE, probablemente animada de nobles intenciones, degeneró en un olvido de los muertos que quedó torticeramente consagrado en una ley de punto final, norma antijurídica, que se llamó la Ley de Amnistía, por la que los asesinos decretaron su impunidad.
La transición arrancó con una mácula que ha acabado devorándola. Quienes sellaron aquel pacto creyeron que con él consagraban la reconciliación y quienes lo contemplamos, no supimos o no pudimos o no quisimos elevar la voz y creímos –o quisimos creer- que aquel pacto era la esperada y siempre dilatada reconciliación de los españoles que, tras reconocer noblemente sus culpas, todas, recuperarían esa unidad entre el hoy el ayer en que se basan las naciones.
Así, el silencio de la dictadura prosiguió durante la democracia, incluso con gobiernos socialistas. ¿No era cierto que la transición había traído la reconciliación?
No, no era cierto. La derecha española sigue siendo lo que era, viéndose como la vencedora de la contienda y negando toda justicia a las víctimas del franquismo. El gobierno de Zapatero aprobó una tímida, alicorta, Ley de la Memoria Histórica, que el PP en el poder incumple y ha anulado de hecho. El presidente del gobierno comenta a veces con displicencia que está harto de oír hablar del franquismo y la República.
Pero la palma de la iniquidad se la lleva ese diputado y portavoz del PP, Hernando, quien sostiene que los familiares de los asesinados solo se movilizan en busca de los suyos cuando hay subvenciones, una expresión indigna que califica a quien la profiere como un ser despreciable y sin escrúpulos. Teniendo en cuenta, además, que precisamente es su gobierno quien ha suprimido las subvenciones
Sin embargo, los muertos se han alzado y están haciendo oír su voz. Un sonido que ha cruzado el océano y ha encontrado audiencia en la Argentina, en donde una jueza que aplica la doctrina de la jurisdicción penal internacional, acuñada entre otros, por Garzón, ha puesto en marcha un procedimiento para hacer justicia a las víctimas del franquismo. Algunas de estas, valiéndose de sus propios escasos medios -y no de ninguna inexistente subvención- emprenden un viaje de 10.000 kilómetros a edades muy avanzadas para buscar allende los mares la justicia que los tribunales españoles debieron brindarles. Es el caso de esa anciana de 88 años, Ascensión Mendieta que, por fin, ha podido relatar ante un tribunal lo que lleva setenta y cuatro años callando: cómo su padre, dirigente de UGT, fue fusilado en 1939 -bajo la acusación de un vecino- por "auxilio a la rebelión", tras un juicio sumarísimo de guerra, sin derecho a defensa; una farsa. Fusilado y enterrado en secreto. Y toda la ambición de Ascensión es llevarse a la tumba cuando menos un hueso de su padre. Es imposible que los Hernandos de este mundo entiendan esto.
Y los muertos hablan cada vez más alto y más recio. Es la voz del derecho, de la justicia, de la reparación. La que el gobierno y la iglesia se obstinan en desoír, aunque ya se escucha en el mundo entero. La ONU pide al gobierno justicia para las víctimas del franquismo. Contra dos torturadores de la dictadura hay ya una petición de extradición. Y a estas, seguirán otras.
Esa voz no se puede acallar porque ya no es posible volver a matar a los muertos. Esa voz mueve a los vivos que han perdido el miedo y ven cómo crece la solidaridad hacia ellos, dentro y fuera de nuestro país. Cómo se pide (¿a qué espera la oposición para sumarse?) la constitución de una Comisión de la Verdad, que haga justicia a las víctimas y exponga a la luz pública a los victimarios.
Es una voz potente la de los muertos. La única que puede traer la verdadera reconciliación entre los españoles.
(La imagen es una foto de Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de El Bierzo, con licencia GNU documentación libre).
