Las dos cortinas de humo preparadas para ocultar la corrupción del PP, el gobierno y su presidente Rajoy en el caso Bárcenas, Gibraltar y los juegos olímpicos, han fracasado estrepitosamente en medio del más penoso ridículo. La majadería ilimitada de Ana Botella, exhibiendo a ojos del mundo en un inglés macarrónico su vulgaridad de vendedora de feria, obligaba a sacarse de la manga algún otro espectáculo que distrajera la atención del verdadero problema que es el de un país gobernando por un presunto mangante, a quien en cualquier momento un juez puede llamar a declarar en un procedimiento penal y no mediante sofismas e interpretaciones traídas por los pelos, bordeando la interpretación delictiva de la ley, sino en aplicación de criterios jurídicos transparentes y de puro sentido común.
Aquí están las diferencias que nos llevan a concluir que, en efecto, el PP trata de valerse de los jueces (de los jueces que se dejan, claro) para torcer la justicia y salir beneficiado en sus tropelías. Veámoslas:
1ª) Sin base alguna, sin competencia para hacerlo, como ella misma reconoce, la jueza Alaya imputa de hecho (que no de derecho) a Chaves y Griñán y, por si hubiera alguna duda de qué es lo que espera de su sospechosamente poco equitativo acto, habla del impacto "mediático" de la medida. Así es: lo que busca es el ruido mediático -con grave riesgo para el prestigio de la justicia-para acallar el cachondeo con el ridículo de Ana Botella y el presunto latrocinio del PP en el caso Bárcenas.
2ª) Con toda la base y la competencia del mundo, el juez Ruz todavía no ha citado a declarar a Rajoy ni siquiera como testigo, siendo así que sí lo ha hecho con los otros secretarios generales del PP por ser secretarios generales del PP. Rajoy también lo fue pero, misteriosa e inexplicablemente, aún no se le ha citado sin que medie explicación alguna de por qué este tratamiento favorable.
3ª) En los años ochenta del siglo pasado, el juez Barbero, instructor del caso Filesa, de financiación ilegal del PSOE, ordenó un registro de la sede de este partido que hicieron funcionarios judiciales sin previo aviso, por sorpresa y con carácter exhaustivo, llevándose con ello mucho material incriminatorio.
4ª) A meses vista de que se conocieran los presuntos delitos del extesorero del PP, Bárcenas, delitos supuestamente cometidos, entre otros lugares, en la sede del partido en la calle Génova, el juez no había ordenado registro alguno y, cuando, por fin, se decidió a reclamar una prueba concreta, los ordenadores del imputado, dio cinco días a quienes estaban en posesión de ellos, por si todavía no habían terminado de inutilizarlos por entero a efectos probatorios.
¿Queda alguna duda sobre el carácter partidista y a favor del PP de la justicia española?
Y, sin embargo, esta vez no les saldrá bien. Con el caso Bárcenas -y la presunta complicidad de Rajoy- la derecha se ha pasado veinte pueblos y el asunto no tiene arreglo, por muchos incondicionales que movilicen en la judicatura, llámense como se llamen.
La pintoresca imputación/no imputación (solo para efectos mediáticos) de Chaves y Griñán pasará sin pena y gloria (y es posible que le cueste un disgusto a la jueza Alaya) y el fantasma de Bárcenas volverá a ensombrecer el horizonte del PP.
¿Por qué? Porque Bárcenas es Rajoy.