Es patente la alegría con que la vicepresidenta del gobierno ha saltado sobre la noticia del estrambótico auto de la jueza Alaya imputando sin imputar a Chaves y Griñán. Tanta que se ha olvidado de que lleva meses diciendo que ella no habla de asuntos judiciales (si se trata de Bárcenas) y, en dos minutos ha valorado el asunto judicial del PSOE en Andalucia. Cualquier otro ser humano hubiera tratado de disimular tanta desvergüenza. Pero no es el caso con esta aparente mosquita muerta que, como su jefe, miente siempre que habla. Es el enésimo intento de recurrir a la técnica del ventilador, para tapar la mierda propia con la ajena. La corrupción ha existido y existirá siempre, asegura, filosófica, Sáez de Santamaría, antes de invitar hipócritamente al PSOE a reconocer que los dos partidos están en lo mismo, en la corrupción. Falso. El caso Bárcenas no afecta a unos políticos de una comunidad autónoma, y en la gestión de un aspecto específico del presupuesto, sino a toda la cúpula del partido del gobierno, incluido su presidente actual y el anterior, Aznar, y durante veinte años en que ese partido ha estado ganando elecciones amañadas con trampas. Ni color. Tampoco depende de un auto más o menos estrafalario y quién sabe si prevaricador, sino que es un denso procedimiento penal con cientos de actuaciones y sólidas pruebas; no alambicados subterfugios que dejan ver a las claras los entresijos de una justicia partidista.
Porque de esto se trata, ni más ni menos. De cómo la derecha trata de utilizar hoy la judicatura como antes hacía con los militares: en su propio beneficio y en contra del interés público. Como hace con todas las instituciones del Estado: si no puede ponerlas a sus órdenes, las destruye. Así ha sido con el Tribunal Constitucional, al que ha puesto bajo la dirección de un militante cuyo respeto por la legalidad vigente desaparece cuando se trata de sus intereses personales y los de su partido y cuya demagogia y odio a Cataluña debieran ya haberlo apartado del cargo que tan impropiamente ostenta.
Las dos cortinas de humo preparadas para ocultar la corrupción del PP, el gobierno y su presidente Rajoy en el caso Bárcenas, Gibraltar y los juegos olímpicos, han fracasado estrepitosamente en medio del más penoso ridículo. La majadería ilimitada de Ana Botella, exhibiendo a ojos del mundo en un inglés macarrónico su vulgaridad de vendedora de feria, obligaba a sacarse de la manga algún otro espectáculo que distrajera la atención del verdadero problema que es el de un país gobernando por un presunto mangante, a quien en cualquier momento un juez puede llamar a declarar en un procedimiento penal y no mediante sofismas e interpretaciones traídas por los pelos, bordeando la interpretación delictiva de la ley, sino en aplicación de criterios jurídicos transparentes y de puro sentido común.
Aquí están las diferencias que nos llevan a concluir que, en efecto, el PP trata de valerse de los jueces (de los jueces que se dejan, claro) para torcer la justicia y salir beneficiado en sus tropelías. Veámoslas:
1ª) Sin base alguna, sin competencia para hacerlo, como ella misma reconoce, la jueza Alaya imputa de hecho (que no de derecho) a Chaves y Griñán y, por si hubiera alguna duda de qué es lo que espera de su sospechosamente poco equitativo acto, habla del impacto "mediático" de la medida. Así es: lo que busca es el ruido mediático -con grave riesgo para el prestigio de la justicia-para acallar el cachondeo con el ridículo de Ana Botella y el presunto latrocinio del PP en el caso Bárcenas.
2ª) Con toda la base y la competencia del mundo, el juez Ruz todavía no ha citado a declarar a Rajoy ni siquiera como testigo, siendo así que sí lo ha hecho con los otros secretarios generales del PP por ser secretarios generales del PP. Rajoy también lo fue pero, misteriosa e inexplicablemente, aún no se le ha citado sin que medie explicación alguna de por qué este tratamiento favorable.
3ª) En los años ochenta del siglo pasado, el juez Barbero, instructor del caso Filesa, de financiación ilegal del PSOE, ordenó un registro de la sede de este partido que hicieron funcionarios judiciales sin previo aviso, por sorpresa y con carácter exhaustivo, llevándose con ello mucho material incriminatorio.
4ª) A meses vista de que se conocieran los presuntos delitos del extesorero del PP, Bárcenas, delitos supuestamente cometidos, entre otros lugares, en la sede del partido en la calle Génova, el juez no había ordenado registro alguno y, cuando, por fin, se decidió a reclamar una prueba concreta, los ordenadores del imputado, dio cinco días a quienes estaban en posesión de ellos, por si todavía no habían terminado de inutilizarlos por entero a efectos probatorios.
¿Queda alguna duda sobre el carácter partidista y a favor del PP de la justicia española?
Y, sin embargo, esta vez no les saldrá bien. Con el caso Bárcenas -y la presunta complicidad de Rajoy- la derecha se ha pasado veinte pueblos y el asunto no tiene arreglo, por muchos incondicionales que movilicen en la judicatura, llámense como se llamen.
La pintoresca imputación/no imputación (solo para efectos mediáticos) de Chaves y Griñán pasará sin pena y gloria (y es posible que le cueste un disgusto a la jueza Alaya) y el fantasma de Bárcenas volverá a ensombrecer el horizonte del PP.
¿Por qué? Porque Bárcenas es Rajoy.
Las dos cortinas de humo preparadas para ocultar la corrupción del PP, el gobierno y su presidente Rajoy en el caso Bárcenas, Gibraltar y los juegos olímpicos, han fracasado estrepitosamente en medio del más penoso ridículo. La majadería ilimitada de Ana Botella, exhibiendo a ojos del mundo en un inglés macarrónico su vulgaridad de vendedora de feria, obligaba a sacarse de la manga algún otro espectáculo que distrajera la atención del verdadero problema que es el de un país gobernando por un presunto mangante, a quien en cualquier momento un juez puede llamar a declarar en un procedimiento penal y no mediante sofismas e interpretaciones traídas por los pelos, bordeando la interpretación delictiva de la ley, sino en aplicación de criterios jurídicos transparentes y de puro sentido común.
Aquí están las diferencias que nos llevan a concluir que, en efecto, el PP trata de valerse de los jueces (de los jueces que se dejan, claro) para torcer la justicia y salir beneficiado en sus tropelías. Veámoslas:
1ª) Sin base alguna, sin competencia para hacerlo, como ella misma reconoce, la jueza Alaya imputa de hecho (que no de derecho) a Chaves y Griñán y, por si hubiera alguna duda de qué es lo que espera de su sospechosamente poco equitativo acto, habla del impacto "mediático" de la medida. Así es: lo que busca es el ruido mediático -con grave riesgo para el prestigio de la justicia-para acallar el cachondeo con el ridículo de Ana Botella y el presunto latrocinio del PP en el caso Bárcenas.
2ª) Con toda la base y la competencia del mundo, el juez Ruz todavía no ha citado a declarar a Rajoy ni siquiera como testigo, siendo así que sí lo ha hecho con los otros secretarios generales del PP por ser secretarios generales del PP. Rajoy también lo fue pero, misteriosa e inexplicablemente, aún no se le ha citado sin que medie explicación alguna de por qué este tratamiento favorable.
3ª) En los años ochenta del siglo pasado, el juez Barbero, instructor del caso Filesa, de financiación ilegal del PSOE, ordenó un registro de la sede de este partido que hicieron funcionarios judiciales sin previo aviso, por sorpresa y con carácter exhaustivo, llevándose con ello mucho material incriminatorio.
4ª) A meses vista de que se conocieran los presuntos delitos del extesorero del PP, Bárcenas, delitos supuestamente cometidos, entre otros lugares, en la sede del partido en la calle Génova, el juez no había ordenado registro alguno y, cuando, por fin, se decidió a reclamar una prueba concreta, los ordenadores del imputado, dio cinco días a quienes estaban en posesión de ellos, por si todavía no habían terminado de inutilizarlos por entero a efectos probatorios.
¿Queda alguna duda sobre el carácter partidista y a favor del PP de la justicia española?
Y, sin embargo, esta vez no les saldrá bien. Con el caso Bárcenas -y la presunta complicidad de Rajoy- la derecha se ha pasado veinte pueblos y el asunto no tiene arreglo, por muchos incondicionales que movilicen en la judicatura, llámense como se llamen.
La pintoresca imputación/no imputación (solo para efectos mediáticos) de Chaves y Griñán pasará sin pena y gloria (y es posible que le cueste un disgusto a la jueza Alaya) y el fantasma de Bárcenas volverá a ensombrecer el horizonte del PP.
¿Por qué? Porque Bárcenas es Rajoy.
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).
