Carne de perro.

Rajoy rechaza la idea de una comparecencia de los responsables (por llamarlos de algún modo) pasados y presentes de Bankia en el Parlamento. Según Ruiz Gallardón, exalcalde de Madrid devenido ministro de Justicia, dicha comparecencia se producirá "cuando sea oportuno", de donde se sigue que ahora no lo es. Se oponen los dos a una petición generalizada y a todas luces bien fundada. Una importante institución financiera, la cuarta del país, que ayer afirmaba ser sólida, próspera y haber obtenido 300 millones de beneficios en 2011 en carta de despedida de su presidente, Rodrigo Rato, y hoy revela que los beneficios eran pérdidas de 3.300 millones está pidiendo a gritos no solo una investigación parlamentaria sino penal. Máxime si todo cuanto la rodea es una extraña lluvia de miles de millones de euros que afectan a unas u otras actividades, a unas u otras partes de este alambicado consorcio del escamoteo y el trinque. ¿Pueden los dos mandatarios anteriores aducir una sola razón por la que no convenga al interés público conocer qué ha sucedido en una entidad de la envergadura de Caja Madrid, con diez millones de impositores y centenas de miles de accionistas? No, no pueden porque no la hay. Quien sufre un daño, merma o perjuicio por la acción de otro tiene derecho a saberlo todo sobre el daño que se le ha causado. Negarlo así como así, por mandato de gobernante, no es compatible con la democracia. El argumento de que no debe salir a la luz lo que haya sucedido porque puede armarse un lío es, justamente, un argumento a favor de la comparecencia de los citados responsables en sede parlamentaria. El parlamento es representante de los ciudadanos y debe hacer valer sus derechos, en especial el de información veraz. El secreto en asuntos de interés público en beneficio de terceros no es admisible. Y es lo que el Parlamento está haciendo, esto es, pedir la comparecencia de Rato, Goirigolzarri, Fernández Ordóñez y quienes más sean precisos hasta aclarar la situación. Al menos lo hace con decisión IU. El PSOE parece ir a remolque, como con desgana. Vincula cualquier ayuda posterior a Bankia a que se den explicaciones, pero no la ya acordada. Y se limita a pedir explicaciones lo cual parece incluir alguna comparecencia aislada, aunque no una comisión de investigación. En el fondo da la impresión de que el PSOE tampoco ve con buenos ojos una investigación minuciosa de Bankia. La santabárbara de esta era Caja Madrid y, mientras no se den las condignas y convincentes explicaciones, el personal está autorizado a pensar que esta, controlada por los partidos políticos, se gestionó con criterios de amiguismo, de enchufismo y clientelismo, un lugar de colocación de parientes y allegados, una fuente de recursos baratos en forma de créditos muy favorables para los más diversos caprichos y esto sin contar la corruptelas relacionadas con la financión de los partidos a base de créditos a fondo perdido. Y en ese contexto de caciquismo y corrupción cuyos desatinos llevaron la entidad a su situación actual están implicados los partidos políticos con representación en los órganos de la entidad, el PP, el PSOE e IU. Por supuesto, con grados de responsabilidad muy distintos.

Hay una tendencia de los partidos a cerrar filas en causa común siempre que se plantean problemas y el pueblo se alza pidiendo cuentas. Es el efecto del viejo dicho de que perro no come carne de perro, aunque sea de suponer que en esto, como en todo, mandarán las circunstancias.

Y las actuales son turbulentas. Cada vez se generaliza más la idea de que esta crisis es en realidad una estafa con unos estafadores y unos estafados, siempre los mismos. Crece la indignación ciudadana al contemplar maniobras de ingeniería financiera por miles de millones de euros que contrastan con el veloz empobrecimiento del conjunto de la población. En este clima se revela que Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha venido cargando al erario público gastos privados en escapadas tan desconocidas por la ciudadanía como conocidas por sus compañeros de tareas que las habían bautizado con cierto cinismo como "semanas caribeñas". ¿Qué ha movido a siete miembros del CGPJ a pedir la dimisión del que denunció a Dívar? La vieja costumbre canina de no hincar el diente a uno de la familia. Pero la ciudadanía ha salido a la calle, a pedir la dimisión de Dívar a las puertas del Tribunal Supremo, lo que puede acabar cambiando la vieja costumbre y admitiendo que, según las circunstancias, los perros se maten entre sí a dentelladas.
Y por si sí o por si no es necesario que quienes hayan perpetrado el desastre de Bankia comparezcan en el Parlamento y donde sea necesario a dar las obligadas explicaciones a una opinión pública cada vez más indignada. Solo así empezará la tarea de poner coto a los abusos de los partidos en general y de este gobierno en particular que ha confundido la mayoría absoluta con el derecho a engañar, expoliar, maltratar a los ciudadanos y reírse de ellos.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).