Hace tiempo que los soberanistas catalanes hablan de proceso constituyente. Es un nombre que no designa un procedimiento específico, jurídico, a cargo de ningún agente con un mandato concreto. Es un enunciado casi político-filosófico, un lema, una consigna lanzada a la sociedad civil y las instituciones catalanas para configurar lo que, siendo deliberadamente genéricos, llamaríamos un "nuevo orden de cosas".
dilluns, 29 de desembre del 2014
La Constitución de la República Catalana.
Hace tiempo que los soberanistas catalanes hablan de proceso constituyente. Es un nombre que no designa un procedimiento específico, jurídico, a cargo de ningún agente con un mandato concreto. Es un enunciado casi político-filosófico, un lema, una consigna lanzada a la sociedad civil y las instituciones catalanas para configurar lo que, siendo deliberadamente genéricos, llamaríamos un "nuevo orden de cosas".
dissabte, 20 de desembre del 2014
Cataluña según los catalanes ahora mismo.
El Centre d'Estudis d'Opinió. (CEO) ha publicado su Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2014 con trabajo de campo hace unos días. Probablemente la prensa española no le dará mucha relavancia, pues está más pendiente de los barómetros del CIS. Y debiera, in embargo, ya que los trabajos del CEO son tan importantes para Cataluña y, por ende, para España como los del CIS para España y, por ende, para Cataluña. La enquesta catalana da un cuadro que los partidos españoles harían bien en considerar. Porque es un cuadro distinto al español. Repasando las partes del sondeo se echa de ver enseguida que Cataluña es otra cosa. La autoubicación ideológica del electorado no coincide con la de España y hay otros datos no menos significativos. Uno por todos: la intención directa de voto de Podemos en elecciones autonómicas está en un miserable 4,6%, a dos décimas del PSC pero muy por debajo de CiU y ERC. Compárese con la intención de voto en Andalucía, en donde, si no he leído mal, es la primera o la segunda. Sube, sin embargo, a un 14,7% y es la primera, en unas hipotéticas elecciones al Congreso de los diputados, lo cual indica un comportamiento dual del voto, muy digno de tenerse en cuenta. Por lo que hace al PP, si su intención de voto en Andalucía es alta, en Cataluña en las autonómicas está en un ridículo 1,8%, con claro riesgo de quedarse en un partido extraparlamentario y tampoco aumenta mucho en unas generales, pues se quedaría en un 3,4%. Realmente, es otra cosa. Eso se nota en un sistema de partidos más complejo y fragmentado que en el resto de España.
diumenge, 14 de desembre del 2014
El contramotín de La Granja.
Al histórico sitio de La Granja de San Ildefonso se ha llevado el presidente del gobierno a los barones del PP para un acto de afirmación constitucional, nacional, española. Los presidentes territoriales han leído una declaración con la doctrina oficial del partido sobre la reforma de la Constitución que pasará a la historia como La declaración de La Granja por su laconismo y brevedad pues consiste en una sola palabra: "No".
dilluns, 17 de novembre del 2014
La agonía de la Constitución.
La Constitución, dicen, ha amparado el más largo periodo de democracia de la historia de España. La prueba es que el PP gobierna con mayoría absoluta, lo que le permite hacer de su capa un sayo. Por ello está dispuesto a bloquear todo intento de reforma y, por supuesto, toda propuesta de proceso constituyente. A utilizar la Constitución como un freno, una barrera frente a movimientos sociales y políticos masivos que reclaman cambios sustanciales en el ordenamiento jurídico. ¿Cambios? Por supuesto, cuantos se quieran, pero siempre en el marco de las leyes y la Constitución.
La Constitución está muerta y los dos partidos dinásticos tratan de tirar de ella pero, mientras el PP lo hace al modo de Mecencio, atándonos al cadáver, el PSOE da más cuerda y semeja a aquel personaje de Un perro andaluz que arrastra dos curas así como dos pianos de cola sobre los que hay dos burros muertos. O sea, la Constitución con todas sus peplas, sus defectos, insuficiencias y mixtificaciones, más abundantes que las de Silvestre Paradox.
En esta situación Palinuro considera oportuno disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas para afrontar los inminentes cambios legislativos con una representación popular más ajustada a una opinión pública que ya no tiene nada que ver con la de 2011. A continuación, un proceso de reforma constitucional que no excluya la revisión total de la Constitución. Palinuro convocaría asimismo una Convención específica sobre la organización territorial del Estado, con el compromiso de trasladar sus conclusiones, fueran las que fueran, al texto de la nueva Constitución.
Por supuesto, todo ello sin perjuicio de lo que decidan los catalanes por su cuenta.
divendres, 6 de desembre del 2013
Rigodón constitucional.
diumenge, 24 de febrer del 2013
Golpe de Estado
diumenge, 30 de desembre del 2012
La España oficial y la España real.
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).
dimarts, 25 de desembre del 2012
La aversión al cambio
divendres, 7 de desembre del 2012
La Constitución y el estado de excepción.
- La CE es buena, pero se incumple sistemáticamente. Un argumento muy extendido y erróneo. Si la CE fuera buena no sería posible incumplirla.
- La CE es buena y hay que defenderla reformándola. Vale, pero no será tan buena.
- Es buena, pero hay que adaptarla, dice Rubalcaba, y añade: y cumplirla. O sea, lo de antes, mejorado: que para cumplirla, hay que reformarla.
- La CE fue buena en su tiempo como astuto mecanismo para que los franquistas pasaran por el aro de la democracia, pero se ha quedado obsoleta y hay que reformarla en profundidad, quizá mediante lo que ella misma llama en delicada perífrasis "revisión total" (art. 168, 1).
- La CE es mala y hay que cambiarla por entero mediante un nuevo proceso constituyente. Es lo que dicen los del 15-M. Por supuesto, están en su derecho como Rajoy en el suyo al decir que aquí no se mueve nada. No hace falta que recurran a ese argumento de que más del 50% de los españoles no la votaron. Nadie hoy vivo en los Estados Unidos votó la vigente Constitución y son ínfima minoría quienes quieren cambiarla. Ese no es el problema.
Por cierto, muy bien por ese Congreso Internacional contra la Represión que se celebra en el Ateneo de Madrid en donde se denuncia que las calles de la capital están prácticamente tomadas por la policía en jornadas de manifas y protestas con la finalidad de intimidar a la población e impedir el libre ejercicio de sus derechos.
(La imagen es una foto de Infinauta, bajo licencia Creative Commons).
divendres, 22 de juny del 2012
La justicia de Aguirre.
dilluns, 19 de març del 2012
La teocracia liberal
Se cumplen 200 años de la Constitución de 1812, popularmente conocida como La Pepa, y Cádiz, ciudad en la que esta Constitución se proclamó, anda en fiestas. La Pepa estuvo en vigor en tres breves periodos de la historia patria, en 1812/1814, 1820/1823 y 1836/1837. Pero lo que no alcanzó en términos de norma positiva lo logró en cambio en el orden simbólico. Ha servido siempre -y sigue haciéndolo- como emblema del liberalismo español, como prueba de que la raza no está condenada a sufrir sempiterna tiranía sino que, cuando el pueblo quiere, es capaz de dotarse de instrumentos esclarecidos de gobierno. La Constitución de 1812 influyó mucho en el constitucionalismo europeo del XIX y de hecho estuvo en vigor y más tiempo que en España en el Reino de las dos Sicilias.
¡Loor, pues, al símbolo del liberalismo hispano! El documento que anuncia al mundo la llegada de la nación española. Porque esa es la gran virtud del texto, el ser el acta del nacimiento nacional. ¿Acaso no estaba entonces en ilegítimo vigor la Constitución de Bayona de 1808, la Constitución de José I? En modo alguno, sostenían los patriotas gaditanos: la nación española habla en el texto de 1812, afrancesado por la forma (ya que, al fin y al cabo, es una Constitución) pero reciamente hispánico, castizo, en su contenido.
Resulta así que, efectivamente, por obra de esta interpretación del origen de la nación española, La Pepa es el crisol en el que se se forja y aparece identificada desde el principio con los valores del liberalismo. Será la Constitución de la libertad frente a la tiranía. Así es como surgen también los mitos y las leyendas, sobre todo cuando nadie se preocupa por indagar en la naturaleza exacta del símbolo mismo. Prácticamente ninguno de los que estos días celebran la Constitución de 1812, hablan de ella y la presentan como el ideal al que los liberales y demócratas españoles han dirigido la mirada, la han leído y, por tanto, no saben lo que dice en realidad. El origen de todo suele ser oscuro, pero no sé si tanto que acabe siendo lo que no es.
Personalmente siempre me ha llamado mucho la atención que el liberalismo español sea cosa del clero y que, en el fondo, la Pepa sea una constitución de curas que, en definitiva, establece una teocracia disimulada y no tan disimulada, al extremo de que vincula la condición nacional española con el catolicismo. El artículo 12 retrata el empeño: La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. Por cierto, gustará más o menos a los patriotas pero la odiada Constitución de Bayona (que conocía muy bien al pueblo español) decía ya en su artículo 1ºLa religión Católica, Apostólica y Romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la religión del Rey y de la Nación, y no se permitirá ninguna otra lo que, entre otras cosas, demuestra la tradicional y anfibia habilidad de la iglesia, que apostaba a las dos barajas, la española y la francesa.
Los curas están presentes en la gobernación del país pues cuatro de ellos (dos necesariamente obispos) forman parte del Consejo de Estado (cuarenta personas, art. 232), del que se asesora el Rey para gobernar. Y no solamente gobierna, sino que se reproduce en el sistema educativo en términos que la jerarquía siempre ha visto con buenos ojos, pues es negocio de almas y de dineros, idénticos para la iglesia. Según el artículo 366: En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles. Es decir, en la Pepa la educación para la ciudadanía competía a los curas. A esto llaman las buenas gentes de hoy liberalismo; y lo será, pero en los términos de Esperanza Aguirre.
También los otros motivos de enternecedora simpatía de la Pepa tienen sus más y sus menos. Es cierto que reputa españoles a todos los hombres libres nacidos en los dominios de la Españas de ambos hemisferios. Pero ello mismo lo dice, hombre libres. Los esclavos no son españoles. El espíritu doceañero acepta la esclavitud. Es también una determinación racista, aunque esta no se explicite: los españoles nacidos en el África no son ciudadanos salvo que se lo ganen "por la virtud y el merecimiento" (art. 22).
Entre los habituales temas hagiográficos que señalan la bendita ingenuidad de los constituyentes suele señalarse que se ordena a los españoles que sean "justos y benéficos" (art. 6) y que se considere que el fin del gobierno sea la felicidad de la nación. Menos se conoce que da como forma de gobierno una fórmula ideológica que también huele a eclesiástica, una Monarquía moderada hereditaria (art.14) en la persona de un Rey que es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad (art. 168), condición que prácticamente reproduce la Constitución vigente de 1978 al decir que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56, 3).
Pero lo mejor de todo y lo que definitivamente sitúa a los constituyentes de 1812 no ya solo en la ingenuidad sino directamente en Babia es el hecho de proclamar que el Rey de las Españas es el Señor Don Fernando VII de Borbón, que actualmente reina. Esto es, si el liberalismo de la Pepa tiene un tufo eclesiástico evidente, la capacidad de los constituyentes para entender el momento en que vivían y las gentes que lo hacían era tan inexistente como la de prever el futuro más inmediato.
No está mal celebrar un hecho histórico, pero conviene saber qué se celebra en concreto y no darle más alcance del que tenía en realidad. La Pepa no es otra cosa que el primer hito del nacional-catolicismo e inaugura una idea de nación con la que Palinuro no está ni estará jamás de acuerdo.
Las prisas de esta desenfrenada época de torbellino tecnológico me hicieron olvidarme de la Inquisición, que los doceañistas mantuvieron incólume -prueba de su intenso espíritu liberal- hasta 1821. Me la ha recordado Juan Domingo Sánchez Estop, con quien tengo abundantes afinidades electivas. Gracias, Juan.
(La imagen es una foto de zugaldia, bajo licencia de Creative Commons).
dilluns, 29 d’agost del 2011
La reforma de la Constitución y el referéndum.
A semejanza de los viejos partidos socialdemócratas europeos, Palinuro tiene un programa máximo y un programa mínimo en lo referente a la reforma constitucional, lo que también afecta el uso del referéndum. El programa máximo consiste en reformar la Constitución Española (CE) en los asuntos que entiende tienen verdadera enjundia, a saber, la forma de Estado (Palinuro es republicano), el sistema electoral (Palinuro es partidario de un sistema verdaderamente proporcional) y la organización territorial del Estado (Palinuro es federalista y partidario del reconocimiento del derecho de autodeterminación), mudanzas todas ellas que requerirían, entre otras cosas, un referéndum de ratificación. Pero esta reforma de programa máximo no tiene prácticamente apoyos; al contrario, hay un consenso abrumadoramente mayoritario para dejar las cosas como están si bien la reforma del sistema electoral parece ir ganando adeptos en el PSOE, a juzgar por lo que dice Rubalcaba. De los otros dos puntos casi nadie quiere oir hablar salvo minorías puramente testimoniales.
En esas condiciones, funciona el programa mínimo y éste dice que, con todos sus defectos, esta es la mejor Constitución que hemos tenido los españoles (salva la Constitución de 1931) y, por tanto, es bueno no tocarla. Y, si hay que tocarla, que se haga rápida, legal y tranquilamente, sin provocar más tratorno que el imprescindible. El modelo de la mini-reforma de 1992 (derecho de sufragio pasivo de los extranjeros residentes en elecciones locales y bajo principio de reciprocidad) es el más adecuado. Cualquier otro puede dar lugar a consecuencias no deseadas, por ejemplo el de solicitar que haya un referéndum con el cual sus partidarios parecen creer que conseguirían impedir la reforma que prevé constitucionalizar el límite del déficit. Además, y ello es esencial, no tiene posibilidades reales de prosperar por más peticiones y manifestaciones que se hagan. No tiene posibilidades reales por dos tipos de razones: las de fondo y las de forma.
En cuanto a las de fondo, debe recordarse que el tope del déficit ya existe, se fijó en el Tratado del Maastricht en un tres por ciento del PIB y se mantuvo en el de Lisboa. Lo que se nos está pidiendo ahora es que lo constitucionalicemos para darle mayor eficacia ya que, con un déficit en torno al diez por ciento, es evidente que no hemos sido capaces de respetarlo. No es una petición disparatada sobre todo si se evitan los efectos desastrosos para el Estado del bienestar si el tope se cuantifica y se hace rígido. Pero una vez que se ha pactado un texto con un nuevo artículo 135 que recoge todas las peticiones de flexibilizar el tope, no fijar una cantidad y remitir a una posterior ley orgánica su regulación, no hay razones para oponerse.
Se dice que es una imposición de los alemanes. No sería de extrañar pero, antes de volverse germanófobo, conviene pensar en dos cosas: la primera es que están en su derecho de pedir garantías a los socios que recurrimos a ellos para que nos saquen del atolladero y que sean la locomotora económica de Europa. Eso tiene unos costes y no es legítimo pedir que los soporten sin poner nosotros garantías de nuestra parte. La segunda razón es que los alemanes predican con el ejemplo pues ellos ya reformaron su Constitución en el sentido de limitar el déficit. En realidad la reforma propuesta española se inspira mucho en la alemana que, siendo flexible, no ha afectado a su Estado del bienestar.
Por si estos asuntos no hicieran mella, hay que advertir que las razones de forma son contundentes. El referéndum sólo es posible si lo pide un diez por ciento de diputados (treinta y cinco) o de senadores (veintiséis). Para que esas cantidades se alcancen es imprescindible que algunos diputados o senadores del PSOE y/o del PP rompan la disciplina de voto. Una posibilidad no enteramente descabellada (pues varios diputados o senadores del PSOE muestran proclividades referendarias por distintas razones) pero sí muy improbable. Tanto que algún diputado catalanista juega con la idea de votar a favor del referéndum... en la seguridad de que no va a salir, lo que le permitirá sentar plaza de avanzado pero dejando las cosas como están. La política tiene estas triquiñuelas. Si no se rompe la disciplina de voto, no hay reférendum, aunque lluevan peticiones o se multipliquen las manifas.
Y no es solamente que la CE esté blindada por obra del acuerdo entre los dos grandes partidos sino que, además, las razones de los partidarios del referéndum no son convincentes en absoluto. Las razones referidas al contenido, esto es, la indeseabilidad del techo de déficit no se pueden invocar por lo que se ha dicho más arriba.
Hay otra razón que se esgrime mucho, sobre todo por los indignados y los jóvenes en general y es el hecho de que ellos no votaron la CE y que ahora quieren votar en un asunto tan importante porque mantienen la idea de que la Constitución que los vincule debe haber sido votada por ellos. Esta actitud revela un adanismo asombroso. Las constituciones, como todas las leyes, tienen voluntad de permanencia a lo largo del tiempo y no existe un derecho generacional (supuesto que quepa fijar las generaciones) a renovar su voto a la legislación como el que renueva un juramento. En otro caso, ¿por qué limitarse a la Constitución y no exigir votar asimismo la ley de aguas, la de sociedades mercantiles o las ordenanzas municipales? Ya sé que cuesta entender que la sociedad en la que nacemos no comienza con cada uno de nosotros, que somos lo más importante del mundo, sino que la heredamos bastante hecha. Cuesta, sí, pero conviene ir acostumbrándose a una realidad que hace posible la convivencia. La última generación que votó la Constitución de los Estados Unidos murió en el siglo XVIII y, desde entonces, con sus veintisiete enmiendas, a nadie se le ha ocurrido que haya que votarla de nuevo.
Estoy especialmente interesado en señalar que, con esto, no vengo a decir que el pueblo soberano no pueda cambiar de Constitución, derogar la anterior y darse una nueva o ninguna. Lo que estoy diciendo es que no se puede entender en términos de un derecho legal que nos asista y que los poderes sólo pueden ignorar prevaricando. Es, sí, un derecho, pero no es legal, no está reconocido, no se pide permiso para ejercerlo: se toma. Es un derecho a la revolución que, de ser algo, es moral o, si se quiere para quienes gusten de otra terminología, "natural." Pero, según parece, no se trata aquí de eso que en definitiva requiere pasar a los hechos, sino de pedir que se reconozca un derecho que no está previsto. Cierto que puede argumentarse que negarse a hacerlo implica un déficit de legitimidad democrática. Es posible, según de qué concepto de democracia se parta; si es del de la democracia directa, hay déficit; si es del de democracia representativa, no lo hay. Pero, además, es perfectamente legal y constitucional. Esta reforma no es un nuevo golpe de Estado financiero, como dice melodramáticamente Democracia Real Ya. Es competencia del Parlamento representativo (a través de ese diez por ciento de parlamentarios) decidir cuándo debe y cuándo no debe haber referéndum en la reforma digamos "liviana". De "golpe de Estado", nada de nada.
Entiendo, sin embargo, que la izquierda no socialista insista en pedir el referéndum. Prácticamente lo ha convertido en caballo de batalla porque piensa que el PSOE saldrá aun más debilitado para las ya muy cercanas elecciones generales. Dado que lo más probable es que no haya referéndum, IU tendrá cartel electoral presentando el acuerdo PP-PSOE como la verdadera pinza, por fin descubierta. Es de nuevo un cálculo similar al del diputado catalanista mencionado: propugnar algo a sabiendas de que no va a salir porque, si saliera, sería perjudicial para el que propugna que, de este modo, nada y guarda la ropa. En efecto si, por la razón que fuera, hubiese referéndum, lo más seguro es que ganara el "sí" por abrumadora mayoría e IU quedaría derrotada una vez más, lo que no ayudaría en absoluto a su reconstitución.
divendres, 26 d’agost del 2011
El valor simbólico de la reforma de la Constitución.
La propuesta de reforma constitucional puede verse de muchas maneras. Una de ellas, distinguiendo entre su contenido material (qué se quiere reformar) y su valor simbólico, al que el presidente Zapatero parece haber prestado poca atención. Si añadimos que el contenido material ha provocado un estallido de indignación en la izquierda, es lógico que apenas se hable del segundo.
Y, sin embargo, puede ser más importante que el del contenido material. No todos los sistemas políticos son iguales, aunque se denominen "democracias parlamentarias". Tienen culturas políticas disímiles. Por ejemplo, en lo relativo a la función que cumple la Constitución. Hay países en donde ésta se reforma con cierta frecuencia; por ejemplo, Alemania, que tiene una constitución rígida pero flexible o, como dijo un estudioso con sentido del humor, "flexiblemente rígida o rígidamente flexible". En otros, en cambio, no se reforma nunca; por ejemplo, España, cuya Constitución es súper-rígida y sólo se ha reformado una vez en 1992 para un asunto menor del sufragio pasivo de extranjeros residentes en elecciones locales. Una vez por aunto menor en 33 años de vigencia .
España es un país con un sistema político cuestionado en cuanto a su legitimidad por la forma en que se hizo la transición y el modo en que se han articulado los nacionalismos. Sectores mayores o menores de la sociedad suelen pedir un referéndum sobre la Monarquía o la República o el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Otros piden la reforma del sistema electoral. En todos estos casos las peticiones sólo pueden avanzar mediante reforma constitucional. Pero la mera mención de ésta pone en contra cerrada a los dos partidos mayoritarios, al menos hasta ahora, en que Rubalcaba admite que habría que cambiar el sistema electoral. Nadie quiere hablar de la reforma constitucional porque se considera terreno peligroso. La Constitución es intangible, sacrosanta.
Sin embargo, de la noche a la mañana, ambos partidos deciden revertir su oposición acotando la reforma al asunto del techo del déficit. Pueden hacerlo porque entre los dos cuentan con más del 92 por ciento de los escaños, aunque sólo con el 66,5 de los sufragios del total del electorado, que tampoco es baja cantidad puesto que equivale al 82 por ciento de los votantes. Ese aplastante predominio bipartidista explica que los dos partidos puedan bloquear toda reforma de la Constitución y puedan hacer lo contrario sin explicación alguna, imponiendo una reforma en los términos que quieran. Pueden, pero dejan una desagradable sensación de arbitrariedad. Van a aprobar una reforma constitucional con un apoyo electoral real inferior al que obtuvo el texto en referéndum (88 por ciento de votantes de síes) lo que es significativo. ¿Por qué hay que reformar la Constitución no solamente cuando el bloque mayoritario quiera sino en los términos que quiera?
Y hay una pregunta aun más peliaguda: ¿por qué ahora? Zapatero viene dando a entender desde mayo de 2010 que las medidas que toma son obligadas y no hay alternativa. Dicho en forma algo más rotunda, que no gobierna sino que lo gobiernan. ¿Quién? Hasta ahora se decía que "los mercados", pero la decisión de la reforma parece provenir del Banco Central Europeo (BCE) o la señora Merkel, lo que es igual porque el BCE es la señora Merkel. Para los alemanes, ya se ha visto, la reforma constitucional es cuestión menos trascendente que para los españoles y los españoles no han sabido explicar que en España el asunto no es lo mismo.
En cuanto al contenido, el techo del gasto, que ha incendiado a la izquierda, es más sencillo de tratar. Obviamnte, la protesta no está en el techo en sí (puesto que ya lo hay en el 3 por ciento del PIB, según el tratado de Maastricht) sino en su constitucionalización. Los dos argumentos que utiliza la izquierda para oponerse tienen fallos: de un lado se dice que el techo termina con el Estado del bienestar pero eso sólo será cierto si ese techo es rígido y, además, se abandona la política de ingresos por vía fiscal que es lo que se viene haciendo dsde los años 90.
El segundo argumento de la izquierda señala que la constitucionalización del techo de gasto no solamente maniata a los parlamentos sucesivos sino que supone una dejación lamentable de soberanía ya ahora mismo. Lo de los parlamentos posteriores es un futurible y tiene un valor relativo. Lo de la dejación es más interesante puesto que se esgrime en una situación en la que todo avance que se da en la Unión Europea sólo puede hacerse a costa de mermar soberanía de los Estados miembros. Otra cosa es que la merma de soberanía no la imponga la Unión sino los miembros más poderosos de ella. Eso obliga a una revisión del funcionamiento de la organización.
Por último la petición de referéndum no parece que vaya a cumplirse salvo que algunos diputados de los dos partidos mayoritarios, singularmente el PSOE, rompan la disciplia de voto y se sumen a los de la oposición minoritaria hsta llegar a los 35 necesarios en el Congreso y 26 en el Senado. Solicitar algo que seguramente no va a producirse y que, si se produce, probablemente se perderá no es táctica ganadora. Claro que puede ser que su finalidad no sea ganar un referéndum improbable sino debilitar al PSOE y fortalecer las opciones a su izquierda. Es el síndrome del referéndum de la OTAN en 1986. Es posible que, en efecto, el PSOE quede en mala situación. En realidad ya lo está. Pero no es exagerado decir que no sólo el PSOE sino toda la izquierda está en mala situación. La insistencia en la petición de referéndum la empeorará.
(La imagen es una foto de Chesi - Fotos CC, bajo licencia de Creative Commons).
dissabte, 14 de maig del 2011
El Tribunal Constitucional.
Algunos amigos me han reprochado que en mi artículo de Público, Lo más sagrado, a mi vez sacralizo el Tribunal Constitucional como requisito esencial e intangible del Estado de derecho y de la democracia. Nada menos cierto. Sé de sobra que hay Estados de derecho y democracias antiguas y sólidas que carecen de Tribunal Constitucional bien porque es el mismo Tribunal Supremo, como en los Estados Unidos (lo cual, dicho sea de paso, ahorra muchos disgustos), bien porque simple y llanamente, no existe, como es el caso de los Países Bajos o de Dinamarca, entre otros. Los tribunales constitucionales se abren paso en algunos países europeos por influencia germánica y, allí en donde existen, su función es crucial para el imperio de la ley y la democracia. En donde no existen, obviamente, no.
Lo que sucede es que si hago estos matices se me acaba el artículo que iba sobre si se puede o debe cuestionar las motivaciones de los magistrados del Constitucional. No criticar sino sugerir que los magistrados actúan por razones políticas antes que jurídicas. Eso equivale a deslegitimar el Tribunal Constitucional que tenemos, el máximo intérprete de la Constitución que es una fórmula política bajo la forma de una ley.
(La imagen es una foto de Invisgoth (Own work), en el dominio público vía de Wikimedia Commons).
dilluns, 26 de gener del 2009
El referéndum de Bolivia.
El 19 de diciembre de 2007 subí un comentario sobre el proyecto de Constitución que acababa de aprobar el Parlamento boliviano titulado Las dos Bolivias así que ahora puedo ahorrarme reiterarlo y vale con que resuma diciendo que la Constitución que ayer se aprobó en referéndum en el país andino es una de las las más avanzadas y radicales del mundo, si no la que más, amén de las más luengas, prolijas y normativas. Desconfío del exceso de normatividad y regulación. Normalmente oculta la intención de dejar que la letra sepulte a la letra y nada cambie en la realidad. En este caso puede ser muestra de un intento genuino de hacer justicia a la mayoría de la población boliviana, descendiente de aborígenes y tradicionalmente explotada y preterida. Esa será cuestión que zanje el tiempo. Pero habrá dificultades.
El texto consagra la oficialidad del español y treinta y seis lenguas indígenas en sus correspondientes territorios. Más lenguas que en Europa. Se me hace difícil ver cómo funcionará la administración del Estado en esta Babel. El de las lenguas es uno de los rasgos sobresalientes de las dificultades del nuevo ordenamiento constitucional. En lo básico éste consagra una descentralización territorial considerable con otra de carácter lingüístico-cultural pues reconoce los ordenamientos jurídicos indígenas consuetudinarios en el general boliviano manteniendo la autonomía de los primeros e integrándolos en la jerarquía de la administración de justicia hasta llegar al Tribunal Constitucional que estará compuesto paritariamente por magistrados de la administración ordinaria y los de la jurisdicción indígena campesina. Traza, pues, la Constitución un mosaico complicado de relaciones territoriales y culturales que se parece a la planta actual de Bélgica pero más enrevesada.
En todo caso, es la Constitución más progresista en la actualidad. Su parte declarativa en materia de derechos casi parece salida de un laboratorio del pensamiento más avanzado pues reconoce los de los indígenas, los discapacitados, etc y se amplía de los políticos, económicos y sociales a los culturales y medioambientales. Asimismo reconoce derechos colectivos a las comunidades indígenas.
En la entrada del 19 de diciembre de 2007 señalaba que una Constitución tan avanzada debería ser aprobada con sustanciosa mayoría. Desde entonces, como se sabe, Bolivia ha vivido momentos tumultuosos, con amenaza incluso de secesión de los departamentos orientales, los ricos en los que se concentra la oligarquía pero, al final, el referéndum se ha celebrado y, en el momento de redactar estas líneas, los sondeos dan una victoria del 60 por ciento en todo el país lo que probablemente quiere decir que será mayor en los departamentos occidentales de mayoría indígena que en los orientales. Lógico, además, si se tiene en cuenta que, con la Constitución también se ha aprobado una medida histórica que reduce la extensión máxima de los latifundios de las actuales 10.000 Ha. a 5.000, cosa que no gusta nada en la oligarquía.
Es decir, de hecho, la Constitución divide al país en dos y no es un buen comienzo. Pero ¿quién ha dicho que las causas justas tengan comienzos fáciles?
(La imagen es una foto de Jaume d'Urgell, con licencia de Creative Commons).
diumenge, 7 de desembre del 2008
La imposible reforma de la Constitución española.
Como todos los años, ayer, seis de diciembre, se conmemoró el aniversario (esta vez el trigésimo) de la Constitución Española (CE) en un acto que cada vez resulta más ridículo y vacío, más de símbolo de Corte de los milagros que festeja un texto inoperante y que, por mucho que digan algunos que cabe reformarlo (otros, por ejemplo, el señor Bono, echan las muelas ante la sola idea de la reforma) es, de hecho, irreformable jurídica y políticamente. Véamoslo:
Jurídicamente. Los artículos 166 a 168 que regulan la reforma (del tipo de las llamadas "agravadas") plantean tal cantidad de requisitos que, de hecho, la hacen imposible. Según lo que quiera reformarse, se precisan tres quintos o dos tercios del Congreso, así como un referéndum casi automático pues basta que lo solicite la décima parte de la Cámara. Y eso en la reforma de menor calado. En la de mayor, los dos tercios, disolución de Cortes, nuevas elecciones, nueva aprobación de la propuesta de reforma y referéndum. Prácticamente imposible a no ser que haya acuerdo completo entre los dos grandes partidos nacionales.
Políticamente.La reforma es imposible porque la CE es la clave del arco que cierra la transición española, la depositaria de todas sus miserias, componendas, renuncias y trampas con lo que está claro que quien se arriesgue a una reforma parcial, controlada (como la que pretendía el señor Rodríguez Zapatero) se arriesga a que lo que sea controlado sea la voladura del conjunto del invento. La CE es el producto del "atado y bien atado" de Franco y si alguien pretende desatarlo, lo que hará será replantear todas las cuestiones pendientes de la transición que quedaron congeladas en el bloque intangible del texto. Estos son los pilares del régimen democrático español, constitucionalmente consagrados y que no pueden tocarse:
"La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria", reza el artículo 1, 3. La CE cuela de matute la Monarquía franquista en el sistema democrático sin consulta previa ni referéndum alguno, con la endeble excusa de que ya había sido aprobada en el referéndum de la Ley para la Reforma Política, un texto con el que se chantajeó a los españoles y que de hecho se tramitó como la octava Ley Fundamental de Franco, con el referéndum previsto en la legislación franquista y para el que la izquierda pidió, recuérdese, la abstención, esa misma izquierda que hoy se abraza a la Constitución como si fuera su salvavidas.
El famosísimo artículo 2, en relación con el 8 proclama la unidad de la Patria y encomienda su salvaguardia a las Fuerzas Armadas en lo que no cabe si no ver una forma de Estado tutelada y vigilada por los militares. Asimismo el citado artículo predetermina la doctrina del "café para todos" del llamado Estado de las Autonomías con el único fin de desactivar las pretensiones autonomistas de Cataluña, el País Vasco y Galicia y anegarlas en el charco del Título VIII que deja el modelo territorial español abierto para siempre y hace de España un país territorialmente ingobernable en el que los debates sobre federalismo, autonomía, autodeterminación e independencia seguirán alentando porque el modelo establecido es un fracaso.
En conexión con lo anterior el artículo 69 regula el Senado, una cámara perfectamente inútil e inoperante que no cumple ni por asomo la función asignada de "cámara de representación territorial" ya que ésta la realiza el Congreso de los Diputados. Ello es lógico si se piensa que, cuando se aprueba la CE en 1978, no hay una sola Comunidad Autónoma establecida y nadie sabía cuántas habría en el futuro, así que el legislador acometió la tarea de sacarse una cámara entera de la cabeza como Palas surgió enteramente armade de la de Zeus, para un país cuya organización territorial era inexistente, es decir para un país inexistente.
El bodrio es tan monumental que el Senado y la sucesión al trono de España, son los dos únicos aspectos sobre los que probablemente haya consenso suficiente para la reforma. La tal sucesión, prevista en el artículo 57,1, es inconstitucional por consagrar una discriminación por razón sexo, contraria al artículo 14 de la misma CE, de modo que la Constitución española es la única Constitución inconstitucional del planeta, algo que seguramente sólo puede entender el Mad Hatter de Alicia en el País de las Maravillas. De todas formas, el consenso acabaría en el acuerdo de reformar y, en tratándose del Senado, se rompería a la hora de sustituirlo por otro, con lo cual, tampoco esto puede tocarse.
El artículo 68 consagra el sistema electoral proporcional más desproporcional del mundo, más que el de algunos sistemas mayoritarios, como el australiano. En este caso la intención del legislador es trasparente: blindar un sistema electoral injusto que favorece a las derechas sobre las izquierdas y a las zonas rurales sobre las urbanas para que no sea posible cambiarlo. Y voto a tal que no lo es. Todas las muy justificadas peticiones de modificación del sistema electoral tropiezan con el hecho de que, para acometerla, sea precisa una reforma de la Constitución que ya estamos viendo que, salvo en alguna ocasión en que ha sido obligada por la necesidad de recibir en España alguna norma imperativa de la Unión Europea, no es posible.
La cuestión religiosa. El artículo 16,3, que consagra una tibia aconfesionalidad del Estado "aclara" (por no decir que oscurece) a continuación que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones", un texto marrullero del que sólo se saca en limpio que el Estado es aconfesional pero tiene que entenderse con la Iglesia católica, situación que si quiere cambiarse, deberá ir por el procedimiento superagravado de las dos mayorías de dos tercios, disolución, elecciones y referéndum. Con razón se encontraba ayer un cura detrás del Jefe del Estado mientras éste desgranaba sus habituales vaciedades sobre la CE en el solemne acto. Como puede apreciarse más arriba en la foto, copreside un clérigo que, si no lo ha puesto dios ahí milagrosamente lo habrá puesto el Concordato; pero estar está, sin duda para corroborar la aconfesionalidad del Estado. Pura Corte de los milagros.
Ya no hablemos de la Constitución económica que queda sometida al valor absoluto de la economía de libre mercado y la propiedad privada y que hace enunciados vagarosos de derechos como el derecho al trabajo o a una vivienda digna, entre otros, que pueden atropellarse sistemáticamente sin que la CE prevea mecanismo alguno de protección o amparo.
La Constitución que tanto celebramos es el resultado del atado y bien atado de Franco; por eso su edición príncipe luce el águila de San Juan de la Dictadura.
(Las imágenes son una foto de Jaume d'Urgell, y otra de 20 Minutos, ambas bajo licencia de Creative Commons).