Hace tiempo que los soberanistas catalanes hablan de proceso constituyente. Es un nombre que no designa un procedimiento específico, jurídico, a cargo de ningún agente con un mandato concreto. Es un enunciado casi político-filosófico, un lema, una consigna lanzada a la sociedad civil y las instituciones catalanas para configurar lo que, siendo deliberadamente genéricos, llamaríamos un "nuevo orden de cosas".
Ayer se filtraron a la prensa dos anteproyectos de Constitución de la República Catalana, a cargo uno de un grupo de expertos coordinado por el juez Vidal y el otro de cuatro ciudadanos anónimos. Y todavía se espera un tercero proveniente, al parecer, de expertos de la ANC. Tres propuestas. El proceso constituyente tiene base documental suficiente sobre la que debatir. Cómo se articulen luego tales debates ya será cosa del curso que sigan los acontecimientos en Cataluña. De momento y en espera de que esta primera filtración se substancie, cabe hacer algunas consideraciones.
A pesar de los diferencias, hay algo claro en los tres casos (a falta de conocer el tercero) en cuanto ninguno considera la posibilidad de que Cataluña no sea independiente. Las tres presuponen la independencia, y dado que esta está todavía por articularse siquiera como proyecto, las tres son puros futuribles, por no decir utopías. De momento. Son asimismo Repúblicas.
El proyecto del juez Vidal es el que parece más detallado. Configura una república parlamentaria frente al de los cuatro ciudadanos que la prefieren presidencialista. Parlamentarismo frente a presidencialismo es uno de los grandes debates políticos. Toda América continental, excepto el Canadá, es presidencialista y casi toda Europa es parlamentaria. Eso tampoco es grave. Hay ejemplos mixtos, como el semipresidencialismo francés. Tiene las virtudes de ambos sistemas. Y sus vicios.
El proyecto del juez quiere prescindir del ejército en medio de declaraciones de un pacifismo casi ditirámbico. No está mal si se recuerda que eso quiere decir que Cataluña saldrá de la OTAN, salvo si esta destina recursos a la defensa de un territorio que no contribuye. No suena muy factible.
La constitución quiere limitar el número de mandatos y establecer la revocación. Todo dirigido a fortalecer el control popular de los representantes. La revocación me parece imprescindible. La limitación del número de mandatos, no tanto. Si los cargos se renuevan en elecciones libres, ¿por qué no se va a permitir que la gente elija a quien quiera las veces que quiera? En todo caso, es un debate abierto.
En el asunto de las relaciones con España, la Constitución prevé la cooficialidad universal del español y reconoce a los ciudadanos la posibilidad de optar por la doble nacionalidad, catalana y española, en el primer año de vigencia del texto. Es, pues, una disposición transitoria. Es claro que la oferta se dirige a los ciudadanos residentes en Cataluña pero un alma maliciosa podría preguntar si se extiende asimismo al resto de los ciudadanos españoles.
Se elimina el Tribunal Constitucional, del que los catalanes tienen áspera memoria, y la jurisdicción constitucional se residencia en una sala especial del Tribunal Supremo con una composición asimismo especial. Eso es básicamente correcto para no incurrir en esa dualidad jurisdiccional tan molesta, pero no es asunto decisivo. Lo decisivo es el régimen de reforma de la Constitución que la propia Constitución establezca.
En todo caso, piensen los soberanistas en que desde el Estado se aprestan ya acciones que quizá obliguen a plantear la cuestión en otros términos. El País , que quiere ser buque insignia de la nueva Invencible en Cataluña ante la evidente inoperancia e incompetencia de Rajoy, editorializa enviando expresamente al Rey a resolver la cuestión catalana. Es casi una orden titulada La hora de Felipe VI. O sea, su bautismo de fuego. Si el Rey Felipe quiere ganarse el trono debe retornar victorioso de Cataluña, lugar en donde quizá no le lean la cartilla, sino la Constitución.
