Como todos los años, ayer, seis de diciembre, se conmemoró el aniversario (esta vez el trigésimo) de la Constitución Española (CE) en un acto que cada vez resulta más ridículo y vacío, más de símbolo de Corte de los milagros que festeja un texto inoperante y que, por mucho que digan algunos que cabe reformarlo (otros, por ejemplo, el señor Bono, echan las muelas ante la sola idea de la reforma) es, de hecho, irreformable jurídica y políticamente. Véamoslo:
Jurídicamente. Los artículos 166 a 168 que regulan la reforma (del tipo de las llamadas "agravadas") plantean tal cantidad de requisitos que, de hecho, la hacen imposible. Según lo que quiera reformarse, se precisan tres quintos o dos tercios del Congreso, así como un referéndum casi automático pues basta que lo solicite la décima parte de la Cámara. Y eso en la reforma de menor calado. En la de mayor, los dos tercios, disolución de Cortes, nuevas elecciones, nueva aprobación de la propuesta de reforma y referéndum. Prácticamente imposible a no ser que haya acuerdo completo entre los dos grandes partidos nacionales.
Políticamente.La reforma es imposible porque la CE es la clave del arco que cierra la transición española, la depositaria de todas sus miserias, componendas, renuncias y trampas con lo que está claro que quien se arriesgue a una reforma parcial, controlada (como la que pretendía el señor Rodríguez Zapatero) se arriesga a que lo que sea controlado sea la voladura del conjunto del invento. La CE es el producto del "atado y bien atado" de Franco y si alguien pretende desatarlo, lo que hará será replantear todas las cuestiones pendientes de la transición que quedaron congeladas en el bloque intangible del texto. Estos son los pilares del régimen democrático español, constitucionalmente consagrados y que no pueden tocarse:
"La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria", reza el artículo 1, 3. La CE cuela de matute la Monarquía franquista en el sistema democrático sin consulta previa ni referéndum alguno, con la endeble excusa de que ya había sido aprobada en el referéndum de la Ley para la Reforma Política, un texto con el que se chantajeó a los españoles y que de hecho se tramitó como la octava Ley Fundamental de Franco, con el referéndum previsto en la legislación franquista y para el que la izquierda pidió, recuérdese, la abstención, esa misma izquierda que hoy se abraza a la Constitución como si fuera su salvavidas.
El famosísimo artículo 2, en relación con el 8 proclama la unidad de la Patria y encomienda su salvaguardia a las Fuerzas Armadas en lo que no cabe si no ver una forma de Estado tutelada y vigilada por los militares. Asimismo el citado artículo predetermina la doctrina del "café para todos" del llamado Estado de las Autonomías con el único fin de desactivar las pretensiones autonomistas de Cataluña, el País Vasco y Galicia y anegarlas en el charco del Título VIII que deja el modelo territorial español abierto para siempre y hace de España un país territorialmente ingobernable en el que los debates sobre federalismo, autonomía, autodeterminación e independencia seguirán alentando porque el modelo establecido es un fracaso.
En conexión con lo anterior el artículo 69 regula el Senado, una cámara perfectamente inútil e inoperante que no cumple ni por asomo la función asignada de "cámara de representación territorial" ya que ésta la realiza el Congreso de los Diputados. Ello es lógico si se piensa que, cuando se aprueba la CE en 1978, no hay una sola Comunidad Autónoma establecida y nadie sabía cuántas habría en el futuro, así que el legislador acometió la tarea de sacarse una cámara entera de la cabeza como Palas surgió enteramente armade de la de Zeus, para un país cuya organización territorial era inexistente, es decir para un país inexistente.
El bodrio es tan monumental que el Senado y la sucesión al trono de España, son los dos únicos aspectos sobre los que probablemente haya consenso suficiente para la reforma. La tal sucesión, prevista en el artículo 57,1, es inconstitucional por consagrar una discriminación por razón sexo, contraria al artículo 14 de la misma CE, de modo que la Constitución española es la única Constitución inconstitucional del planeta, algo que seguramente sólo puede entender el Mad Hatter de Alicia en el País de las Maravillas. De todas formas, el consenso acabaría en el acuerdo de reformar y, en tratándose del Senado, se rompería a la hora de sustituirlo por otro, con lo cual, tampoco esto puede tocarse.
El artículo 68 consagra el 
sistema electoral proporcional más desproporcional del mundo, más que el de algunos sistemas mayoritarios, como el australiano. En este caso la intención del legislador es trasparente: blindar un sistema electoral injusto que favorece a las derechas sobre las izquierdas y a las zonas rurales sobre las urbanas para que no sea posible cambiarlo. Y voto a tal que no lo es. Todas las muy justificadas peticiones de modificación del sistema electoral tropiezan con el hecho de que, para acometerla, sea precisa una reforma de la Constitución que ya estamos viendo que, salvo en alguna ocasión en que ha sido obligada por la necesidad de recibir en España alguna norma imperativa de la Unión Europea, no es posible.
La cuestión religiosa. El artículo 16,3, que consagra una tibia aconfesionalidad del Estado "aclara" (por no decir que oscurece) a continuación que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones", un texto marrullero del que sólo se saca en limpio que el Estado es aconfesional pero tiene que entenderse con la Iglesia católica, situación que si quiere cambiarse, deberá ir por el procedimiento superagravado de las dos mayorías de dos tercios, disolución, elecciones y referéndum. Con razón se encontraba ayer un cura detrás del Jefe del Estado mientras éste desgranaba sus habituales vaciedades sobre la CE en el solemne acto. Como puede apreciarse más arriba en la foto, copreside un clérigo que, si no lo ha puesto dios ahí milagrosamente lo habrá puesto el Concordato; pero estar está, sin duda para corroborar la aconfesionalidad del Estado. Pura Corte de los milagros.
Ya no hablemos de la Constitución económica que queda sometida al valor absoluto de la economía de libre mercado y la propiedad privada y que hace enunciados vagarosos de derechos como el derecho al trabajo o a una vivienda digna, entre otros, que pueden atropellarse sistemáticamente sin que la CE prevea mecanismo alguno de protección o amparo.
La Constitución que tanto celebramos es el resultado del atado y bien atado de Franco; por eso su edición príncipe luce el águila de San Juan de la Dictadura.
(Las imágenes son una foto de Jaume d'Urgell, y otra de 20 Minutos, ambas bajo licencia de Creative Commons).
