La versión castellana
Doble responsabilidad
Muy buena la decisión de Torrent de iniciar el proceso de reforma de la Ley de la Presidencia, según la proposición presentada por JxC hace mes y medio. Se trata de abrir la posibilidad de investidura telemática de modo expreso para contrarrestar la base de la prohibición del Tribunal Constitucional (TC). Es bueno, desde luego, agotar todas las posibilidades; sobre todo si son pocas. El TC mantendrá su negativa , aunque la norma permita la investidura y hasta la ordene. Si es preciso, la base de la prohibición pasará del orden jurídico al filosófico y al metafísico. No se puede investir a un presidente en ausencia porque la nada no puede materializarse.
La evolución de la situación en Catalunya marca la política española. El gobierno y el bloque del 155 esperan que la formación de un gobierno “aceptable” para Madrid permita el retorno a la normalidad y el levantamiento del 155. Pero se reservan el derecho a decidir qué sea y qué no sea un gobierno “aceptable” de la Generalitat; ellos, que son incapaces de tener un gobierno aceptable en Madrid.
Aparte de aceptable para el bloque del 155, el gobierno debe ser “eficaz” para el independentismo. Es obvio que este tiene un contenido político que desborda el marco legal de un gobierno que el bloque del 155 pueda admitir. Y también lo es que intentará ejecutar al completo el mandato que ha recibido. A los efectos, la mayor “eficacia” del gobierno consistirá en dividirse en cierto modo, desdoblarse en una especie de poder dual: la gestión legal ordinaria del govern de la Generalitat y los pronunciamientos políticos a cargo de la acción exterior de la República, un desdoblamiento en una presidencia política y un consejo de ministros.
Por supuesto, desde el punto de vista del Estado esta doble responsabilidad del poder es absolutamente inaceptable. Guárdese el legislador catalán de darle forma jurídica, pues será inmediatamente recurrida al TC. Habrá entonces que darle forma política, vía que el Estado no puede cuestionar, fuera de reiterar que, sea lo que sea, carecerá de efectos jurídicos. Pero eso no pasa de ser una ilusión: si hay una voluntad política se convertirá en jurídica tarde o temprano.
La dualidad de la autoridad tampoco precisa mucha determinación normativa. Se va realizando sobre la marcha del funcionamiento de unas instituciones republicanas, aunque en situación de excepcionalidad es de esperar que transitoria. Esta República que el nacionalismo español niega y trata de reprimir a cualquier precio avanza en muy diversos ámbitos: el primero, el exterior, con una presidencia sumamente activa que ha puesto la cuestión en la agenda mediática europea e internacional, mostrando al mundo la cara represiva del Estado español. El segundo, una actividad parlamentaria institucional que mantiene el compromiso de consolidar estructuras republicanas en presencia de un Estado monárquico incapaz de reaccionar. El tercero unos presos, exiliados y embargados políticos que han pasado de ser rehenes del aparato represivo español a convertirse en símbolos movilizadores de la lucha, hasta el extremo que los carceleros, habiéndose dado cuenta, están buscando excusas para, cuando menos, excarcelar a los presos políticos. El cuarto, un movimiento independentista popular, unido, coordinado, muy eficaz y coordinado con los otros tres.
No obstante, esta doble vía “eficaz” de la acción del gobierno tampoco tiene garantizado largo recorrido. En algún momento, el Parlament tendrá que debatir sobre la propuesta de un referéndum pactado que afecte a la estructura constitucional del Estado. Y ahí habrá un veto del Estado. Este no considera la posibilidad de iniciar por su cuenta tal reforma y mucho menos reconoce a una parte de él mismo la facultad de iniciarla. Y, si hay que desandar el camino del país “más descentralizado del mundo”, se desanda.
Ese será el momento en el que, con los presos, los exiliados y los embargados muy presentes, habrá un recurso a la desobediencia civil y la resistencia pacífica. Las posibilidades de estas dependen en gran media de la reacción represiva que provoquen en el Estado. Esta reacción, a su vez, estará muy condicionada por el grado de atención con que la comunidad internacional siga el desarrollo del conflicto entre España y Catalunya.
Por eso es tan esencial que el gobierno “eficaz” actúe coordinadamente en todos los ámbitos, el interior y el exterior, el institucional y el social, el material y el simbólico. Los dos elementos esenciales para el triunfo del movimiento independentista son la unidad en el interior y su proyección exterior.