La complejidad de la política catalana está poniendo a dura prueba las mesetarias cabezas. A tres frentes han de atender estas, hombre, por Dios: el exterior, el parlamentario institucional y el extraparlamentario del bloque indepe. Para volver loco a cualquiera.
De un lado, los partidos independentistas siguen en sus prolijas negociaciones sobre las personas, los compromisos y los mecanismos de seguridad como una cuestión de confianza a mitad de la legislatura. Refinamientos casi florentinos de los que acabará saliendo un nombre propuesto para la investidura.
De otro lado, la mesa del Parlament pone en marcha el procedimiento para modificar la normativa vigente y posibilitar la investidura telemática o, en general, no presencial. Es este territorio que el Tribunal Constitucional considera predio exclusivo. O sea, vamos rumbo a otra confrontación antes o después, sazonada con el 155.
Finalmente, de otro, la representación exterior de la República Catalana sigue haciendo visible el conflicto, internacionalizándolo y demandando mediación. Los analistas españoles tienden a reducir la cuestión catalana a la formación de gobierno y el funcionamiento de las instituciones, ignorando la repercusión externa del proceso republicano. La visibilidad internacional de este es la principal garantía de su continuidad pues el Estado no podrá acudir a los procedimientos dictatoriales a los que acudió en ocasiones anteriores.
