Se entiende el drama del PSOE. Fue co-protagonista de la Transición, pero se ve hoy obligado a criticar, si no repudiar, su propia obra. De ahí que las explicaciones de Adriana Lastra sean tan confusas. Cuestión de "seguridad jurídica" e importancia de la Ley de Amnistía como base del relato de la transición . Con las dos había tropezado Rodríguez Zapatero (González ni se planteó la cuestión en catorce años) cuando se vio obligado a abrir paso a la memoria histórica y la justicia postransicional, sobre la que tan atinadamente escribe Paloma Aguilar. Lo que le salió fue la enteca norma conocida como Ley de la Memoria Histórica, de reducidísimo alcance y actualmente en el limbo fuera del presupuesto.
La seguridad jurídica que el PSOE no se atreve a especificar es, sin embargo, muy sencilla: cuestionar el franquismo es cuestionar el fundamento jurídico mismo de la España de hoy porque el rasgo esencial de la dictadura es que, en cuarenta años, conformó la sociedad a su imagen. La sociedad se hizo franquista y, muerto el dictador, siguió siéndolo. Estructuralmente franquista y administrada por franquistas o sucesores de franquistas (como los de ahora) en todos los poderes, estamentos y recovecos del sistema en su conjunto.
Por eso no puede el PP condenar el franquismo, porque es condenarse a sí mismo. Y por eso el PSOE no se atreve a condenar ni no condenar lo que equivale a no condenar.
La cuestión última de la falta de legitimidad del franquismo afecta a la transición y la postransición como continuidades de aquella ilegitimidad primera, que no ha sido remediada (lo del referéndum de la Ley para la Reforma Política no pasa de ser una argucia) y afecta de pleno a la Monarquía, directa heredera de la dictadura.
Ese es el problema de fondo del sistema de la III Restauración, que no parece tener solución si no es con la apertura de un proceso constituyente, posibilidad tan remota como la segunda venida del Mesías.
