miércoles, 14 de marzo de 2018

La República, como el camino, se hace andando, companys

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Las instituciones y las conviciones. Sí, una paráfrasis de la dualidad de Francesco Alberoni, Movimiento e institución, con más sentido político y menos histórico. El resumen resumidísimo, azoriniano y gracianesco al tiempo del artículo es sencillo: las instituciones de la Monarquía española no aguantan el movimiento independentista. Le crujen las cuadernas y en cualquier momento se irá a pique con toda su tripulación de ratas diputadas con sus estratosféricos sueldos de seis, siete, ocho mil euros al mes (más canonjías, privilegios, subsidios, enchufes y regalos) en un país en el que muchos niños y viejos pasan hambre, los jóvenes no pueden siquiera emanciparse y una clase política de ladrones y sinvergüenzas parasita los recursos de todos, los roban y se los entregan a la banca. Y he dicho el movimiento independentista, el único capaz de hacerlo. Los demás, todos los demás, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) viven de un sistema corrupto que los ha alzado en donde están por su insuperable incompetencia y colaboran con él, unos porque son él mismo y otros porque no saben nada mejor que hacer. 

Ayer, la podrida nao de la monarquía borbónica (esa que entusiasma al "republicano" Pedro Sánchez), chocó con el escollo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que decidió que quemar la bandera del propio país no es delito y está amparado por la libertad de expresión. Eso ya lo había dicho en 1989 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso Texas v. Johnson. La enmienda primera de la Constitución (free speech) entre otras cosas, protege el derecho de los ciudadanos estadounidenses a quemar la bandera nacional en público. 

En Estados Unidos. En 1989. Hace casi 30 años. Y en Europa, ayer.

Pero no importa: la gran nación española de Emepuntorajoy, Neoprimo de Rivera y el repunárquico Sánchez, prodigio de modernidad y libertades, sigue sosteniendo que insultar a esto, aquello, lo otro o lo de más allá que estos tres cantamañanas respetan es un delito. 

Así que en España sigue siendo delito decir lo que se piensa, como en tiempos de Quevedo y la Inquisición, con jueces siervos del poder despótico y políticos que, si no son ladrones o macarras, son franquistas, o las tres cosas a la vez.

En fin, aquí la versión castellana de la pieza. Y perdón por el desahogo. Espero se entienda que un país que encarcela a Valtonyc, Pablo Hasel, Junqueras, los Jordis, Forn, etc (todos presos políticos) y deja en libertad a Urdangarin, Rato, la Borbona, Albiol, Villalobos, Hernando, etc es basura. 


Las instituciones y las convicciones
                                                                                                              
Las instituciones tienen una dinámica; las convicciones, otra. La República Catalana carece de instituciones y se ve obligada a desarrollarse en el marco institucional del Estado. Por eso, parecida a la crisálida, no se mueve, no se agita, acepta las imposiciones institucionales del 155 y aplaza sus convocatorias, en tanto va adquiriendo los caracteres de la imago adulta a golpe de convicciones.

El independentismo, el movimiento del que surge esa república, cuyos representantes más eximios están en el exilio o en la cárcel, es el campo de las convicciones. Son estas las que están en juego frente a las instituciones del Estado. Por eso, al no poder ir este en contra de unas instituciones republicanas inexistentes, persigue las convicciones, las ideas. Por más que quiera disimularse, los presos independentistas son presos políticos porque son presos de conciencia.  

Pedir que acate la legalidad y la Constitución de un Estado alguien que cuestiona la base misma de legitimidad de esa Constitución, es pedir lo excusado si todo el mundo se atiene a su palabra. Se puede decir que si, en verdad, objetar a la legitimidad de una norma es cosa seria, no puede considerarse como un derecho y menos de una persona o grupo de personas. Ningún ordenamiento jurídico sobreviviría si los ciudadanos pudieran decidir libremente si obedecen o no a la ley, según sus convicciones.

Se recuerda entonces que el cuestionamiento de la legitimidad del orden constitucional no es una manía de una persona, un grupo o un partido (que podrían serlo) sino una reivindicación de millones de personas, en Catalunya, prácticamente la mitad de la población y una mayoría absoluta en el Parlamento. Por eso se ha dicho siempre que la cuestión no era judicial ni de orden público sino de naturaleza política y de crisis constitucional, siendo necesario resolverla por la vía de la negociación política.

No hay otra salida. Si la mayoría del Parlament rechaza los supuestos básicos institucionales sobre los cuales está constituido ese Parlament, todos sus actos serán contrarios a la legalidad vigente e impugnables por naturaleza. La mayoría del Parlament rechaza la legitimidad de las instituciones españolas porque la mayoría de la población hace lo mismo. Si los tribunales de esas instituciones piden a los dirigentes acatamiento a una Constitución que rechazan, habrán de pedírsela a todos los independentistas y, si encarcelan a aquellos por razón de sus convicciones, tendrán que encarcelar a todos los que las compartan.

Condenar unas convicciones no puede hacerse en nombre del derecho y de la justicia, sino en nombre de otras convicciones. ¿Cuáles? En este caso, las de los gobernantes, los jueces del Supremo y la mayoría de la oposición parlamentaria, esto es, las de una idea de España que todos estos han heredado del franquismo y consagrado legalmente. No son jueces. Son comisarios políticos a las órdenes del mando. Y comisarios muy poco duchos en sus tareas judiciales.

Si organizar un referéndum como el del 1-0 es un delito, votar en él es otro y, salvo negligencia culpable, los tribunales españoles tendrán que abrir una causa general contra el independentismo, como hizo Franco con los republicanos. El independentismo es un delito, como el arrianismo era una herejía. Ese es el nivel de las instituciones franquistas al que se oponen las convicciones de los independentistas catalanes que son independentistas, entre otras cosas, por respeto a la democracia.

Frente a la convicción democrática del independentismo se da el cerrado franquismo de las instituciones españolas que heredan –y ejercen- el espíritu de la dictadura, ayer gracias al alzamiento militar de unos delincuentes; hoy gracias al art- 155 impuesto por otro. En realidad, la única diferencia entre el franquismo del 18 de julio y el del 155 es que este último también está apoyado por un partido, el PSOE que, en tiempos de la dictadura, decía estar en la oposición.

No es fantasía, aunque pueda parecerlo. La respuesta de los partidos dinásticos del régimen (PP, C’s y PSOE) a la reciente sentencia del TEDH sobre la quema de retratos del rey deja claro el interés de estos por reconstruir el franquismo en toda su extensión. Y, de paso, deja claro que, agotada la vía del acatamiento a unas instituciones tiránicas, solo queda desarrollar las republicanas con la fuerza de las convicciones independentistas, basada n la democracia y el Estado de derecho frente a la dictadura del 155.