La Hacienda de Sant Esteve de les Roures

Primero fue rebelión; luego, sedición; ahora, malversación. En un par de semanas, una multa de tráfico. Es poco el lío organizado en el exterior y completan con uno interior tan típico que dan ganas de reír. 

El juez Llarena es hombre de recursos. La parte sorprendentemente declarada secreta de la instrucción versaba sobre dineros. Cosa imprescindible cuando se quiere acusar a alguien de malversación. Hay que aportar las cuentas, cifrar los caudales malversados, aunque sean unas perrillas. El juez sabe de buena y secreta tinta que los indepes se gastaron dineros públicos en organizar el referéndum. La base documental es un informe de la Guardia Civil detallando los gastos por partidas al céntimo (en total 1.947.697,84 euros, ni uno más ni uno menos), aunque ninguna es fehaciente ni está comprobada y son meras estimaciones y suposiciones. 

Aun así, el informe de la benemérita resulta bastante prudencial. En uno anterior comunicaba todos los datos pertinentes de un acto de violencia en un pueblo inexistente, Sant Esteve de les Roures. La aparición de este nuevo topónimo ha sacado lo mejor de las redes y, a estas alturas, el pueblo tiene todos los servicios, vecinos ilustres, un claustro románico y hasta un ayuntamiento, con cuya cuenta en tuiter se ha relacionado la propia Guardia Civil. Figura literaria conocida: la del autor que dialoga con sus personajes.

Así que las cifras secretas de Llarena son las de la malversación en Sant Esteve de les Roures. Suficientes, según parece, para que el juez se cargue de razón. Sorprendido de que el ministro de Hacienda afirme que la Generalitat no pagó un solo euro para el referéndum le pide pruebas documentales de sus palabras. El informe de la Guardia Civil de Sant Esteve de les Roures contra los expedientes de control del gasto de Hacienda. Algo insólito. 

Otro contencioso con ribetes de ridículo. El juez pone en cuestión la eficacia del ministerio de Hacienda en su labor y eso si no le da por sospechar que no se trata de ineficacia bienintencionada sino de colaboración con el independentismo. El ministro ya queda como incompetente o como cómplice. Y, mientras ambos personajes, juez y ministro, dirimen sus diferencias, merece la pena recordar que la petición de extradición se basa en tres presuntos delitos de los que dos no califican y el tercero, la malversación, no se puede probar, ni siquiera indiciariamente. 

Los informes de Hacienda siempre tendrán más fuerza que los de la Guardia Civil de Sant Esteve de les Roures. Si no en España, sí en el extranjero. 

El camino recto es el más corto

Aquí mi artículo de ayer en elMón.cat, titulado Contraatac. Tiempo nuevo. Nuevas esperanzas.

Un orgullo escuchar y leer a los presos y presas políticas catalanas afirmar alto y claro ante el juez Llarena sus convicciones independentistas, su compromiso con la República Catalana, su propósito de seguir luchando por ella en el ejercicio de sus derechos. Un orgullo y un alivio.

Han sido meses tragando, disimulando, haciendo de tripas corazón a causa de una táctica procesal de defensa errónea. Meses diciendo que unas gentes injustamente encarceladas por sus convicciones políticas tienen sus derechos intactos, esos que los jueces injustos no les respetan, aunque no haya sentencia firme. Todos. Intactos. Incluso el derecho a desdecirse, a retraerse, a negarse. ¿Y qué? decíamos con cierta amargura de fondo. ¿No negó Pedro tres veces al Señor? Y aun así, fue cabeza de su iglesia.

Pero había un fondo de amargura que no se exteriorizaba por no intensificar los sufrimientos de las víctimas. Esta revolución es tan nueva y original que no quiere víctimas. Ni siquiera entre los revolucionarios. Pero había amargura porque se seguía una táctica de defensa procesal sin duda muy honesta y bienintencionada, pero errónea. Partía de la idea falsa de que todas las partes en el conflicto van de buena fe. Grave error. Con Catalunya, el Estado no ha jugado limpio nunca. Y con el independentismo, menos. A golpe de mala fe, juego sucio, chantaje, amenaza y represión. Quienes llegan a gloriarse de haber destrozado el sistema sanitario a otros (¡y un ministro!) no han ido de buena fe jamás en su vida en lo político, en lo judicial, en lo económico, en lo educativo y hasta en lo religioso. Pero esto último con su pan se lo coma la banda de fariseos y mangantes.

Cero buena fe cabía esperar en los tribunales de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Y desde el principio. Este proceso es una evidente causa general política contra el independentismo movida desde el gobierno e implementada por la judicatura. Se añade el ataque por vía lateral del Tribunal Constitucional que mejor se llamara "gabinete de alguaciles del gobierno" pieza esencial en este vergonzoso espectáculo de una persecución política disfrada de proceso judicial. Algo que tiene a los europeos -alemanes, suizos, escoceses, finlandeses, belgas- estupefactos. Sobre todo cuando estos jueces se envalentonan y leen la cartilla a los tribunales extranjeros.

La táctica de apaciguar al fascismo no dio resultado en los años treinta del siglo pasado. Y siguió sin darlo en todas las ocasiones en que algo así ha vuelto a plantearse. No dio resultado con el franquismo. No lo da nunca con la tiranía y la dictadura como la que ahora se perfila al amparo del 155, legitimada por una actuación judicial de manifiesta mala fe. Cuanto más se acepta el marco de referencia del tirano (esa ley que el gobierno de la Gürtel invoca de continuo) y más concesiones se le hacen, más concesiones exige y cuantas más renuncias, más renuncias pide. Y mayor es la arbitrariedad que se aplica al caso. 

Solo la denuncia de ser víctimas de un abuso de poder y de un atropello político disfrazado de procedimiento judicial y la reafirmación de las convicciones, los principios y los propósitos, claros, diáfanos, da la base para una deslegitimación política y jurídica de esta causa general.  El acertado cambio de táctica, sin duda también un alivio para los propios interesados, insufla nueva energía al movimiento indepe y le remoza la estructura trinitaria: los/as presas, las instituciones aquí o en el exilio y la gente. 

Y además, caramba, es la forma más rápida, por ser la más recta, de sacar a los presos/as de la cárcel. 

El caso de Mireia Boya lo había dejado muy claro.

Aquí, la versión castellana:

Contraataque

Hay un evidente cambio de táctica procesal de defensa en el caso del proceso político que el régimen neofranquista está siguiendo contra el independentismo catalán. Los presos y rehenes políticos han abandonado las habituales técnicas defensivas de perfil bajo, de no provocar las iras de los inquisidores, de ceder en unos puntos u otros, de guardar las formas para suavizar las consecuencias.

Ya era hora. Nada de lo anterior sirve ante el ánimo vindicativo de unos jueces movidos no por el deseo de justicia, sino por el odio y la venganza en un contexto represivo que aplica a Catalunya el castigo penitenciario añadido del injusto alejamiento de los presos. Es decir, la criminalización del independentismo catalán, el intento de presentarlo como terrorismo por analogía con el País Vasco es política de gobierno desde el comienzo y a él se han plegado gustosos los jueces que no son verdaderamente tales sino agentes del poder político y de su partido, el PP.

Y no solo se han plegado, sino que han endurecido las condiciones penitenciarias de los rehenes hasta un punto sádico (casos de los presos con hijos pequeños, como Junqueras o Forn) o las han llevado más allá, impulsados por sus convicciones franquistas. Así en la desgraciada ejecutoria de la instrucción de Llarena que algún día le pesará sobre la conciencia, si la tiene, resaltan en especial las inquisitoriales exigencias de arrepentimiento y abandono de las convicciones personales de los acusados a cambio de promesas de libertad que luego se cumplían o no, según le daba al juez.

Una vez más se ha demostrado que en situaciones de injusticia, iniquidad y arbitrariedad, la táctica de apaciguamiento de la víctima es un grave error. El victimario se crece y, cuanto más cede y concede aquella, más tiene que ceder y conceder, hasta negarse a sí misma. Afortunadamente, esta errónea estrategia de defensa procesal que, además, tiene un efecto demoledor sobre la moral de quienes apoyan y secundan el movimiento, parece haberse terminado y ha sido sustituida por lo que se debe: la firme defensa de los presos de sus convicciones independentistas y la negación de que el movimiento independentista pacífico sea un delito. El delito, a nuestro entender, están cometiéndolo quienes se enfrentan a él con la fuerza arbitraria del Estado y un torcido código penal en la mano.

Al fascismo no se le derrota nunca haciéndole concesiones. Ni una. Cediendo se han perdido seis meses.

Las últimas declaraciones de los presos políticos ante el citado juez son lo que debieron ser en un principio: reivindicación del derecho de autodeterminación del pueblo catalán, defensa de las convicciones independentistas de los presos, compromiso firme, pacífico y democrático con la república y la emancipación del pueblo catalán. Afirmación del derecho de los injustamente presos a las convicciones independentistas, guste o no guste a estos jueces franquistas y monárquicos.

Es obvio que unos jueces, cuya inclinación por la justicia está sometida a un ideario nacional-católico, jamás admitirán que el derecho de los catalanes a la independencia nacional es igual al de los españoles. No mayor. Pero tampoco menor. Jamás tampoco que no son nadie para juzgar en un pleito político en el que lo que está en juego no es la legalidad, sino la legitimidad. Confiar en que rebajando las aspiraciones de los rehenes y ocultando sus convicciones se ablandará el propósito de unos jueces era iluso y contraproducente. Los presos son rehenes de la arbitrariedad represiva; su destino es ejemplificador e intimidatorio; no tiene nada que ver con la justicia; trata de desmovilizar a la población castigando con crueldad a sus representantes democráticamente elegidos.

La única vía de acabar con la vergüenza de esta causa general contra el independentismo es la que, por fin, se ha tomado en los últimos días: una unidad firme del movimiento en todos sus aspectos: firme defensa del derecho de Catalunya a la independencia ante los jueces inquisitoriales del Estado español; firme y masivo apoyo de la sociedad catalana a sus representantes encarcelados y en el exilio; y firme voluntad de los dirigentes legítimos en el exilio de proseguir la construcción de una República Catalana en los foros internacionales.

La única forma de acabar con la represión de un Estado fallido es obligarla a mostrarse como es a los ojos del mundo entero.

"Masacre"

Dislate tras dislate. Esto empieza a ser alarmante. El desprestigio de las instancias judiciales supremas españolas es galopante. Si anteayer parecían autoritarias y ayer incoherentes, hoy resultan ser pueriles. 

El último auto de la sala de lo penal del Supremo, con un motivo colateral, se permite enjuiciar la decisión del tribunal alemán de dejar en libertad a Puigdemont. Lo hace ex abundantia cordis, no porque deba o a ello tenga derecho. Su juicio, por supuesto, negativo, hosco y hasta paternalista: el tribunal alemán se ha precipitado, no ha reflexionado bien ni ha calibrado las pruebas. Así mismo. Cabe imaginar la respuesta: ¿qué pruebas? Si han tenido que ir los fiscales españoles hace unos días a llevárselas a los alemanes, fuera de tiempo, claro, y sin más garantía que los "informes" de la guardia civil. 

Pero no es esta arrogante mpertinencia lo peor. Lo peor está en el meollo del argumento de por qué los teutones yerran al negar que hubiera una violencia de la intensidad suficiente para doblegar la voluntad del Estado a la hora de aceptar el delito de rebelión. En este terreno, las razones jurídicas que aduce el alto tribunal no pueden ser tales porque padecen uno de los peores vicios de la lógica, esto es, el anacronismo. Y algo que no es lógico, no puede ser jurídico. Razonan los jueces la obviedad de aquella violencia de intensidad suficiente ante el aplastante dato de dos millones de votantes. Si no se llegó a ese extremo, si se evitó una masacre  (sic), fue precisamente porque no se dispusieron todos los medios necesarios para enfrentarse a dos millones de personas. 

Patente, ¿verdad? ¿Cuándo se toma la decisión de asignar efectivos a una jornada que se sabe problemática? ¿Antes o después de los hechos? Da algo de vergüenza seguir. El Estado no se esperaba los dos millones porque creyó que, desplegando 10.000 efectivos sin límites en las cargas, la población se amilanaría y no sería necesario llegar a masacre alguna; o, en todo caso se evitaría una masacre provocando otra por la misma razón por la que cabe apagar un fuego con una explosión. 

Pero la gente no se amilanó y fue necesario suspender el asalto por el efecto demoledor para el prestigio de España que las imágenes estaban teniendo en el extranjero. La primera orden a los efectivos de emplearse violentamente a fondo provocó una reacción de defensa pacífica masiva que mostraba cómo la única violencia que había en Catalunya era la del Estado. 

El razonamiento del Supremo es pueril por anacrónico. No se tomó la decisión de evitar la masacre a la vista de los dos millones de votantes (que lo fueron a lo largo de la jornada), sino que los dos millones de votantes surgieron para parar la masacre que se pretendía provocar con la desaforada violencia de aquella mañana de un 1º de octubre que dejó unos mil heridos en el curso de cuatro horas de intervención policial. 

El terreno para esta desgraciada decisión se preparó cuatro días antes, cuando pueblos enteros del sur despidieron a dotaciones de la guardia civil destinadas a Catalunya al grito de "¡Apor ellos!".

Repito. No hay rebelión, no hay sedición, no hay terrorismo. No hay causa judicial.

Error 404

La guardia civil no se caracteriza por su sentido del humor. Los jueces tampoco mucho y, al parecer, menos El País. A ninguno se le ha ocurrido que ese informe del benemérito cuerpo, de probable deliciosa lectura, cuando menos podía haber inventado o documentado una cantidad distinta de actos violentos menos chistosa. Porque ese 404 es el símbolo www para lo no encontrado, lo inexistente. 

Tan inexistente como la violencia que tratan todas las instancias de encasquetarle al procés con ánimo de extirparlo a sangre y fuego. Todas son las fuerzas de seguridad, el gobierno, los tribunales, los partidos políticos españoles, los medios. A veces se les dispara la escopeta, como cuando tratan de colgar terrorismo a actos de desobediencia civil pacífica. De momento reculan, pero acabarán haciéndolo porque no tienen otra salida. 

El peso de este informe de la guardia civil obviamente, será el que cada cual quiera darle y él mismo pruebe. Va por delante que, con declaraciones como las del jefe político del cuerpo, Zoido, según las cuales el 1 O la violencia fue obra de los votantes y no de los que los aporreaban, el informe será inenarrable. Y, al tiempo, inútil en la era del vídeo universal. En uno de esos 404 episodios de violencia, según la guardia civil, un señor mayor tropezó y cayó al suelo. Según un par de vídeos desde ángulos distintos, el señor mayor, un alcalde, cae porque es golpeado por el escudo de un agente. 

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Necesitan que haya violencia para aplicar la plantilla represiva del País Vasco porque no se les ocurre nada más. La manifestación del domingo es la prueba de que el encarcelamiento, el exilio, el embargo de los dirigentes independentistas mantiene movilizada a una sociedad hace meses en una actitud masiva, democrática, pacífica, que se ha desplegado a los ojos de todos el mundo. Intentar "batasunizar" el independentismo catalán es algo tan repugnante como estúpido. 

Porque todo el mundo ve que no hay más violencia que la que aplica el Estado en sus innumerables variantes: aporreamiento con uniforme o sin uniforme, medidas arbitrarias, procesamientos, encarcelamientos, intervención económica, prohibiciones caprichosas, restricciones de todo tipo. El movimiento es unitario y pacífico y, por mucho que fabulen los medios unionistas, seguirá siéndolo. 

No hay rebelión, no hay sedición, no hay terrorismo. No hay causa judicial. Falta y faltará la violencia que los medios no podrán inventarse ni los jueces fabular.

Los CDR no son violentos. Son una respuesta de la autoorganización popular al incremento de la represión del Estado. Se orientan hacia la desobediencia civil pacífica. Sin duda toda desobediencia civil implica incumplimiento de alguna ley y llevará el correspondiente castigo. El desobediente civil no lo rehúye porque su acción tiene un valor ejemplificador, para conseguir un cambio del legislador. Se desobedece la ley por razones de conciencia como se ha hecho tantas veces antes, cuando los insumisos en el ejército español o la oposición a la guerra del Vietnam en los EEUU.

Llamar terrorismo a eso es lo verdaderamente terrorista,

La calle, los presos y el eco berlinés

Bueno, pues jornada de alfa y omega. Empezamos el día en la calle, en la mani por la libertad de los presos políticos y lo terminamos tragándonos íntegra la entrevista que le hacía después Vicent Sanchis, el director de TV3,  a Puigdemont en Berlín pasmados ante el arrojo del entrevistador sobre quien pesa un 155 mediático que ahora se recrudecerá vía tribunales.

La avenida del Paralelo presentaba este aspecto, más o menos hacia su mitad, quizá en Poble Sec. Hacia delante, el puerto. Hacia atrás, desde aquí, en dirección a la Plaça d'Espanya, otro tanto. En realidad, la foto está tomada a la altura de la cabecera, de la que acompaño también una imagen más abajo. La multitud era impresionante. Por la cantidad y la civilidad. Las papeleras a rebosar al final, pero ni un papel en el suelo.

La guerra de cifras acostumbrada se mueve en una gama de 315.000 según la guardia urbana y 910.000 según el CEEC, Centro de Estdudios Estratégicos de Catalunya. Tómese la cantidad que más plazca. En todo caso, cientos de miles. Cientos de miles de ciudadanos se echan a la calle un domingo por la mañana y la tiñen de amarillo para reclamar la libertad de sus presos políticos. Ya tiene mérito y es una prueba de fuerza pacífica y democrática. El amarillo ese que, en forma de lazo, parece ofensivo a no sé qué ministro. Pues ahí iba una ofensa casi como un dragón chino con un lazo a modo de veneranda imagen.

La cabecera es un programa: Por los derechos, las libertades, la democracia y la cohesión. Os queremos en casa. Vertiente política y vertiente humana de una formidable acción colectiva que ha tenido amplia cobertura internacional. Una movilización en masa coordinada por las asociaciones, ANC, Ómnium, los CDR, que el Estado pretende criminalizar convirtiendo la desobediencia civil en terrorismo y por la voluntad de auto-organización de la gente, patente a nada que se miren las redes virtuales en conexión con las materiales. 

Si el Estado cree contener y menos reprimir o extirpar este movimiento considerándolo como un problema de orden público reservado a la policía, los jueces y las cárceles, vive en otra realidad paralela. 

Por la noche, la entrevista de Sanchis a Puigdemont, absolutamente recomendable. Una hora y cuarto de un recorrido exhaustivo de la cuestión España-Cataluña en serio. Entre la multiplicidad de asuntos tratados que iban de lo general a lo concreto, de lo teórico a lo práctico, cabe trazar una distinción: los ideológicos, estratégicos y los tácticos, de cálculo. Estos últimos, muy variados (si elecciones sí o no, govern y 155, relaciones internas al bloque indepe, etc) son, por naturaleza, opinables, unos más convincentes que otros y no hacen aquí al caso.

Lo esencial de la entrevista afecta al terreno más declarativo, ideológico, estratégico, que se formula entreverado a lo largo del discurso presidencial. En concreto en manifestaciones consecutivas: el principio de legitimidad y el toque gaullista. Puigdemont deja claro repetidas veces que es el presidente legítimo de la Generalitat, ratificado por el Parlament. Esa legitimidad le viene dada, a su juicio, por el mandato popular formulado el 1-O y el 21 de diciembre e interpreta varias veces la manifestación por la libertad de los presos políticos como una reafirmación de dicha voluntad. La legitimidad tiene una base popular que sus adversarios tachan de populista con escasa razón.

Esa legitimidad adquiere un tono gaullista cuando se especifica el sistema dual de la Vª República francesa organizada según quería el general De Gaulle: una jefatura de Estado, aquí llamada Consejo para la República, obviamente presidido por Puigdemont, y un govern  para los asuntos internos en el arco estatutario... hasta donde se pueda. En realidad, el toque gaullista brotó ya en el momento en que, siendo Catalunya invadida por el 155, Puigdemont y su gobierno se exiliaron. Luego no ha hecho sino consolidarse. Hasta el punto de que sus enemigos lo acusan de bonapartismo, algo en la tradición gaullista. Por la vía metafórica, esa riada pacífica, democrática, cívica, viene a ser como los poderes de esa legitimidad. Puigdemont la personifica, pero no la agota porque emana de un entramado común y unitario de acción de organizaciones sociales, partidos políticos, instituciones, sectores profesionales, todo tipo de asociaciones.  

Por eso insiste el entrevistado en que siendo el movimiento unitario pero plural en su interior, así lo será el Consejo para la República. 

Porque esto va de República. 

Libertad de los/as presas/os políticas/os

Mi tocayo, Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882), madrileño como yo, además de muy estimable escritor, era un tipo inquieto y por eso firmaba a veces como el curioso parlante. Anduvo curioseando por muchas partes para escribir sus interesantísimas Escenas y tipos matritenses, fuente de documentación sobre cómo eran Madrid y los madrileños a mediados del XIX y como son ahora en buena medida. Algo parecido me pasa con Barcelona. Pero confieso que, si hubiera de escribir unas Escenas barcelonesas, lo tendría más fácil que Mesonero porque hace años que Barcelona ha sustituido a Madrid como manifestódromo. Si no en cantidad, sí en calidad. No porque las barcelonesas sean mejores que las otras en ningún sentido sino porque son las más reiteradas y frecuentes en el ámbito político decisivo hoy en España: independencia de Catalunya sí o no. Manifestaciones, movilizaciones, concentraciones en favor y en contra de la independencia con evidente frecuencia. 

Un juego interesante luego es comparar las manifestaciones pro y contra la independencia respecto a varios asuntos: cantidad de asistentes, organizaciones convocantes, violencia sí o no, agresiones a viandantes sí o no, limpieza y cuidado del mobiliario urbano sí o no, agresividad y amenazas en los discursos sí o no, tratamiento equilibrado en los medios sí o no. Y, con eso, cada cual saca luego sus conclusiones.

Hoy hay una enésima manifestación independentista en Barcelona específicamente dedicada a reclamar la libertad de los presos, los exiliados y los embargados por razones políticas. Promete ser un acto de enorme asistencia y seguro que es de muy civilizado recorrido y sin incidentes, salvo los que puedan seguirse de provocaciones externas. Es una manifestación con un doble mensaje: al interior y al exterior. Al interior va directamente a Bassa, Forcadell, Junqueras, Forn, Turull, Rull, Romeva, Sánchez y Cuixart, sobrevolando los cientos de kms que los separan de su casa y haciéndoles sentir al cariño y el aliento de un pueblo. Al exterior se dirige a Gabriel, Rovira, Puigdemont, Ponsatí, Borrás, Comín, Serret y Puig con el mismo significado y también a la comunidad internacional. Es una manifestación para hacer ver al mundo la falta de libertades en una España que dice ser Estado de derecho pero funciona como una dictadura de hecho.

Una manifestación gigantesca, probablemente como no la haya habido hasta ahora, con dos consecuencias una dependiente de la otra. La primera la unidad del movimiento independentista es tan fuerte como siempre y eso se observa en que no hay diferencias entre detenidos y represaliados: son gentes de PDeCat, JxC, ERC y CUP. Todos. Unidad que hace gala de un apoyo social inmenso, un grado de implicación de la sociedad civil (la de verdad) nunca antes visto y un compromiso que garantiza la solidez del movimiento (incluso económica porque funcionan a todo meter las cajas de resistencia) y su reproducción en la medida en que cada lugar que quede vacante por procesamiento será cubierto por otra persona hasta que el Estado acabe negociando una solución a la desobediencia civil que no sea acusarla de terrorismo. Cosa que ya ha visto que no puede hacer.

La segunda consecuencia: el fracaso rotundo del plan gubernativo de represión. El bloque del 155 aplicó este artículo ilegalmente y convocó elecciones creyendo que las ganaría los llamados "constitucionalistas", o sea, unionistas. Las perdieron. No quieren reconocerlo ninguno, ni PP ni C's ni PSOE; pero las perdieron y, mientras no lo reconozcan, la situación no tendrá arreglo. 

Además de este fracaso se da el mucho más sonoro del plan de sofocar el independentismo a sangre y fuego, aplicando aquí la plantilla del País Vasco. Dijeron (lo dijo Sáez de Santamaría) que, encarcelando a las "cabezas" del independentismo, no pasaría nada: un par de semanas de algaradas y luego tranquilidad, como en el País Vasco. Llevamos cinco meses y la presión y movilización sociales no solo no disminuye sino que aumenta. Fracaso absoluto.

Tan absoluto que ahora lo han intensificado, aplicando a Catalunya la plantilla País Vasco/ETA y por eso el fiscal empezó la tirada pidiendo imputación de terrorismo para Tamara Carrasco, miembro de un CDR. El intento de criminalizar a los CDR e imputar al conjunto del movimiento una violencia inexistente pero que necesitan todos como agua de mayo, sobre todo los jueces, para poder construir unos imaginarios delitos de rebelión y disfrazar de judicial una decisión puramente política: encarcelar a los adversarios del gobierno.

Tampoco van a conseguirlo, como se verá por la manifestación de hoy en Barcelona, masiva y pacífica y su eco en el extranjero.

Hoy, día de la República, Palinuro en Gavà

Los republicanos tenemos, cómo no en un país tan beato, un día sagrado, el 14 de abril. Por este motivo, Palinuro aceptó la amable invitación de la ANC y Óminum (las dos organizaciones judeomasónicoplutocráticoseparatistas) y la CUP (los terribles terroristas levantapeajes) para hablar sobre la República en el Parc de la Torre Lluc en Gavà a las 19:30. Bien es verdad que sobre la República Catalana que es es la única que se ha materializado en el Estado español. Para hablar de la República española será preciso esperar a que haya algún atisbo, cosa hoy por hoy impensable. El PSOE es un partido cuyos militantes republicanos se sienten representados en la monarquía parlamentaria, según dice el chisgarabís de secretario general que tiene. Es decir, el PSOE es un partido dinástico o de republicanos de chicha y nabo.

En cuanto a Podemos, algo parecido. De vez en cuando dicen con la boca chica que este reyezuelo debiera someter su corona a referéndum con la misma sinceridad y fuerza de convicción con que abogan por un referéndum de autodeterminación en Cataluña pactado con los franquistas del B155 (PP, PSOE y C's). Si los socialistas son dinásticos orgullosos de sus libreas, los de Podemos también lo son, orgullosos de sus camisas. Pero todos iguales de cortesanos. En realidad, los de Podemos han pedido la República en España con la misma frecuencia con que se han opuesto a la política de represión fascista en Catalunya: ninguna.

Nos vemos en Gavà. Feliz día de la República.

Fin de trayecto

Ayer se lo maliciaba Palinuro, perro viejo conocedor de las gentes: el juez Llarena no dejaría salir a Sánchez a su investidura diciendo que la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no le vincula. Sin duda. Ni ese comité ni ningún otro comité terrenal. Solo le vincula la voluntad divina, y en cosas celestiales. En todo lo demás, él decide omnímodamente. El Comité dirá lo que quiera pero a él le consta que, si Sánchez sale, hay gran riesgo de reiteración de la actividad delictiva que se le supone, porque aún está por probar. Pero eso no importa. A fuer de agudo, el juez es zahorí. Aunque quizá poco pragmático. Si tanto le consta que el pérfido Sánchez proseguirá su hasta ahora inexistente actividad delictiva, su interés, sin duda, es dejarlo salir por si, en efecto, cumple su premonición y delinque y así quizá pueda él acusarlo por el segundo delito si no lo consigue por el primero. 

No todo han de ser noticias ridículas de los tribunales. También las hay serenas. El juez que ha tomado declaración a la temible terrorista detenida el día anterior y llevada a su presencia como si fuera una comando suicida, la ha puesto en libertad bajo fianza y ha descartado imputarle delito de terrorismo como pedía el ministerio público, dejándolo en desórdenes públicos. No es tan imaginativo como el del bombástico fiscal. Parece ser tradición en el oficio emplear prosas flamígeras para aliviar la sequedad judicial. Terrorismo llamaba el fiscal a un corte de autopista o cosa similar. Estoy esperando a ver cómo califica un atentado con muertos. 

La fiscalía no se anda por las ramas. El gobierno necesita probar que en Catalunya hay violencia, terrorismo, atracos a la luz del día, atentados y bombazos para aplicarle la plantilla País Vasco que tan buen resultado dio a los de su cuerda a finales de los años 90. El por entonces superjuez Garzón, hoy dirigente de la izquierda desperdigada, instruyó una macrocausa contra el independentismo vasco al grito judicial de todo es ETA. Se detuvo y procesó a decenas de personas, se ilegalizaron asociaciones y partidos, se encarceló a sus dirigentes, se cerraron dos periódicos, Egin y Egunkaria y se mandó al trullo a quienes los hacían. Todo para que los tribunales reconocieran muchos años después que aquello había sido ilícito, que los periódicos no debieron cerrarse ni la gente ir a la cárcel. Años después también se acababa ETA  que, sin embargo, no se ha acabado. Éxito, pensaron los estrategas políticos y judiciales de la hazaña. Lo mismo pasará en Catalunya. El independentismo es terrorismo y, por tanto, todos a la cárcel. Y, cuando estén todos en la cárcel, ya verás cómo se callan.

Todos, en Catalunya, son más de dos millones. 

Falla un poco lo de rebajar a desórdenes públicos. Pero es más congruente con una idea menos disparatada de cómo habérselas con la muy previsible desobediencia civil masiva que se dará en Catalunya. El juego está exactamente aquí: si el independentismo pone en pie un movimiento de desobediencia civil (que solo puede tener una represión judicial de "baja intensidad") al Estado le será muy difícil combatirlo e imposible hacerlo con la absurda acusación de terrorismo. Si esta se mantuviera, en realidad, el terrorista sería el Estado.  

Así las cosas, Torrent ha reaccionado a la previsible negativa de Llarena como suele: aplazando y amenazando con querellas contra el Tribunal Supremo, por decir algo y pasar el rato. Sabían que la propuesta no prosperaría. Igual que la querella y cualquier otro procedimiento en el marco de la legalidad del 155. Pero así van pasando los días, camino del agotamiento del plazo y la convocatoria de nuevas elecciones. 

Al final, aquí solo parece haber dos posibles soluciones: o el Parlament propone a Puigdemont y el Estado le permite tomar posesión o hay nuevas elecciones en las que obviamente, habría una lista de país encabezada por Puigdemont e incorporando a todos los consejeros presos y exiliados. 

Es curioso cómo este gobierno de franquistas impenitentes no comprende que no tiene medio alguno de resolver el contencioso con Cataluña como no sea al estilo "bombardeo cincuentenario". 

Y eso no van a permitírselo en Europa. 

Investir y resistir

Aquí, mi artículo de elMon.cat de ayer, titulado La investidura com a pedra de toc y en el que se consideran las posibilidades de la jornada de investidura de Sánchez mañana en el Parlament. No estoy nada seguro de que el juez Llarena permita que Jordi Sánchez salga de prisión a tomar posesión. No hay que olvidar que la política de la banda de ladrones franquistas en el gobierno es provocar cuanto pueda en Cataluña en espera de que haya una reacción violenta para justificar la dictadura del 155 y demás barbaridades. Y a esa política se ciñen todos: gobierno, ministros, jueces, curas, periodistas, sobre todo si, como suele pasar, están a sueldo de aquella.

Por si hubiera alguna duda, ahí viene el Tribunal de Orden Público de Franco (hoy llamado Audiencia Nacional) escuchando a los fiscales que califican de terrorismo y rebeldía actos de resistencia y desobediencia civil de los CDR. La intención es transparente: inventarse los delitos, como ya hicieron con la política garzoniana en el País Vasco de "lucha contra el entorno de ETA" o, más simplemente, todo es ETA. La intención es patente: hablar de terrorismo en Catalunya para criminalizar los CDR y el movimiento independentista catalán. Por supuesto rompiendo no solo los principios del Estado de derecho (que molesta a estos franquistas) sino cualquier concepcion medianamente demorática y humanista de la acción política.

La banda de ladrones peperos, constituida en gobierno franquista pretende retornar a la dictadura y abolir la escasa pátina de democracia que todavía queda en España. Si lo consiguen en Catalunya, lo conseguirán en todo el Estado.

Por fortuna, no será así. Catalunya no es el País Vasco. La República Catalana es ya un hecho con apoyo mayoritario en Catalunya y crecientes simpatías en el ámbito internacional.

Tendrán que acusar de terroristas a dos millones de personas. Son capaces, desde luego, dado su acendrado fascismo y profunda estupidez. Pero Europa no lo permitirá.

Aquí la versión castellana:

La investidura como piedra de toque

El bloque independentista ha alcanzado un acuerdo para investir a Sánchez en segunda vuelta. Se entiende que mediante la abstención de la CUP. Una forma en que esta plantea su objeción, pero no bloquea. Bloquear es cosa que queda para el Estado. Suponiendo que la otra cuestión del voto delegado quede resuelta en sentido positivo, está por ver si el juez Llarena autoriza la salida de prisión del candidato. A la vista del pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas parecería lógica la autorización. Pero en este procedimiento la lógica no es condición asegurada. El juez puede decidir que la recomendación del Comité no lo vincula y mantener a prisión a Sánchez.

Esta hipótesis, ya formulada en el campo independentista, no actúa como criterio disuasorio de la propuesta de investidura. Al contrario, es especial interés de aquel agotar todas las existencias de propuestas conciliadoras antes de retornar a la que exige un puro criterio de legitimidad: proponer al MHP Carles Puigdemont.

La propuesta de Puigdemont –que ya ha sido expresamente rechazado como interlocutor por el presidente M. Rajoy- será inevitable, incluso aunque Llarena autorice el desplazamiento de Sánchez. La autorización es provisional y no paraliza el proceso, de forma que el mismo juez puede proponer la inhabilitación posterior de quien ha autorizado ahora a desplazarse. Sería de nuevo un presidente de la Generalitat encarcelado e inhabilitado.

Así las cosas, la inevitable propuesta de Puigdemont situará el proceso exactamente en el momento en que ahora está (y siempre ha estado, aunque no se haya reconocido), esto es, en el momento político. La disparatada judicialización del conflicto está siendo desmontada pieza por pieza en distintas instancias judiciales europeas. La acusación de rebelión en el caso de Puigdemont no se acepta y la de malversación lleva el mismo camino. Lo más probable es que Puigdemont quede en libertad en Alemania y sea ya patente para todo el mundo que aquí no hay causa judicial y sí, en cambio, un profundo problema político, una crisis constitucional española.

A este almiar del rechazo a la extradición de Puigdemont se unen otras decisiones menores pero muy significativas: la libertad sin fianza de las personas exiliadas en Bruselas y la muy probable de Ponsatí en Escocia. Realmente, no hay causa judicial.

Hay persecución política que Europa parece cada vez menos dispuesta a tolerar. Toda la peripecia de la detención y trámite de extradición del presidente Puigdemont en Alemania denota una creciente presión exterior sobre el gobierno español que este no está en condiciones de resistir sin deponer su actitud intransigente basada en la represión y la negativa a todo tipo de negociación.

El éxito de la internacionalización del conflicto ha sido rotundo. En política interior y en mitad del guirigay que M. Rajoy tiene montado en su partido y en el país en general, le venía muy bien el recurso al art. 155 con el aval del PSOE, hasta constituir el frente nacional español de PP-PSOE-C’s. Sin embargo, el asunto no está hoy tan claro. El 155 es una norma de plenos poderes sin límite material ni temporal y solo implícitamente territorial. El único control que conoce a un posible abuso de poder del gobierno es la fiscalización del Senado que aquí no existe porque el partido de M. Rajoy tiene en él mayoría absoluta. En realidad, a efectos internos, el gobierno puede hacer en Catalunya lo que quiera invocando el 155.

De ahí que la mayor insistencia del bloque independentista sea la retirada del 155, cosa de la que no hay garantía alguna tratándose de M. Rajoy. Y muy improbable porque el mismo Rajoy avisa de que el presidente deberá “cumplir la ley”, la suya. Y, si no lo hace, 155 otra vez.

En realidad el límite más eficaz hoy al abuso del 155 es la internacionalización del proceso y la atención que ahora le prestan los gobiernos, exteriores, las cancillerías, los partidos políticos y los medios de comunicación. No es un buen criterio proveerse de unas armas tan mortíferas que no se puedan usar. Está claro que, con el 155 como se ha aplicado hasta hoy, puede cerrarse el Parlament y suspender la autonomía catalana. Son posibles estas y otras medidas represivas al amparo, por ejemplo, de la injustificable Ley de Seguridad Nacional de 2015, pensada básicamente contra Catalunya y perpetrada al alimón por Rajoy y Rubalcaba. O llegado el caso, al abrigo de un estado de excepción declarado; no como el 155, que lo es vergonzante. Son medidas posibles, desde luego. Pero no probables por no ser verosímiles en el contexto de la UE.

Y todavía no se ha hablado de la situación que se crearía si los sectores más decididamente independentistas se salen con la suya de responder al aumento de la represión con una convocatoria de huelga general.

La intransigencia represiva del Estado es un camino sin salida. La opción independentista de negociarla de igual a igual y con mediación internacional apunta hacia ella.

La desmesura

En 1854, un joven Antonio Cánovas del Castillo publicaba un libro titulado Historia de la decadencia de España. Con el tiempo, aquel joven llegó a primer ministro del país que consideraba en decadencia. Y en decadencia lo dejó al morir un año antes del mítico 98. Y en decadencia siguió. Y siguió incluso cuando, tras una cruel guerra civil, una dictadura pretendió devolverlo a la senda imperial, hundiéndolo aun más. Y en decadencia continuó; hasta hoy. La decadencia es sinónimo de España hace siglos. Explicaciones y propuestas de soluciones hay para dar y tomar. Pero una parece incuestionable por ser de carácter mercantil: una clase dominante tradicional, una oligarquía de elementos nobiliarios, militares, eclesiásticos consiguió destruir uno de los imperios mayores y más ricos del mundo por pura incompetencia. Hasta el punto de dejar a la metrópoli arruinada. Fantástica ineptitud consistente en que los gobernantes (de los austrias y los borbones) jamás tomaban las medidas necesarias para resolver los problemas de la forma más provechosa para el país. Ni siquiera los entendían porque el país (eso que luego fue "nación") no le importaba nada y su pueblo, menos.

Una vez más la fabulosa incompetencia de la oligarquía española se hace patente. Desde el comienzo de la actual etapa del procés estuvo claro que el independentismo llevaba la iniciativa política. También lo estuvo que el nacionalismo español no comprendía la naturaleza y el alcance del movimiento catalán. Básicamente a causa de su habitual arrogancia que lo lleva a pensar que lo que no se dice y no se hace en castellano, no existe y menos si no es en Madrid. 

En resumen, desde el principio ha estado claro que, al adoptar una actitud de intransigencia y represión el bloque del 155 no sabía en dónde se estaba metiendo. Traía en la memoria el plan de acción antiterrorista del País Vasco. Y es el que pretende imponer a la fuerza en Catalunya en donde, si no hay violencia, se inventa; y, si tampoco hay terrorismo, también se inventa.

La "batasunización" del independentismo catalán es una maniobra propagandística del B155 (PP, PSOE, C's), una forma de criminalización de aquel. Una prueba más de que la causa por rebelión del juez Llarena es un juicio político por ideas, una persecución de los adversarios políticos instrumentalizando el poder judicial. La ampliación del concepto de rebelión hasta los cortes de tráfico o la supresión de los peajes convierte en punible por vía penal el ejercicio de derechos fundamentales. 

El objetivo de estas desmesuras del Estado es buscar la violencia que los jueces necesitan para construir sus imputaciones de rebelión allí en donde no la hay. Si no la encuentran está dispuesto a sembrarla en provocaciones. 

El Estado necesita violentos y terroristas, aunque sean inventados, para justificar su cerrada actitud represiva.

Y con todo tanta desmesura es inútil. Las recetas del País Vasco no funcionan en Catalunya. El grado de compromiso de la población con un objetivo independentista es muy alto, como también lo es la relación entre el movimiento y sus diversos centros de dirección. Uno de ellos es precisamente la cárcel y el exilio. Algo nada infrecuente en el Estado español. Pero no hay cárceles suficientes para más de dos millones de personas.

El B155 es la nave capitana de la decadencia de España.

Vuelve el momento gaullista

La peripecia de Puigdemont desde que, al marchar al exilio, internacionalizara el conflicto España-Catalunya, no solamente ha conseguido un éxito muy notable hacia fuera, pues ha puesto la cuestión en el orden del día de la política Europea, sino también hacia dentro. A pesar de las campañas descrédito de los publicistas a sueldo de la derecha insultando al MHP, tildándolo de "prófugo", "cobarde" o "traidor", su figura se ha ido agrandando poco a poco, se ha ganado una amplia audiencia en Europa y, lo que también tiene su importancia, ha funcionado como un referente, como un ejemplo que ha galvanizado a otros sectores del independentismo y ha animado a personas tan valiosas como Anna Gabriel y Marta Rovira a escoger el camino del exilio. Esta función de Puigdemont como un símbolo para la resistencia y el combate, vuelve a aureolarlo con el prestigio del líder gaullista que ya mencionamos en otros posts anteriores. Al igual que De Gaulle, Puigdemont fija su residencia en el extranjero (el general francés lo hizo en Londres), desde donde seguirá animando la lucha por la independencia de la República Catalana y el cese de la intervención española, como De Gaulle había luchado por la liberación de Francia.

El acuerdo de la mesa del Parlement con la aquiescencia de la CUP era proponer la investidura de Puigdemont una vez que el Estado había frustrado las dos alternativas de Sánchez y Turull a base de mantener al primero en la cárcel y encarcelar sin más al segundo. En el caso de Turull, la CUP se desvinculó del acuerdo y se abstuvo en la votación de investidura con lo que esta no se produjo en primera vuelta y el Supremo lo encarceló y tampoco hubo segunda votación. Turull no sería presidente, como no lo sería Sánchez porque al juez Llarena no le da la gana, porque razones de peso no hay. 

Se planteaba así un retorno a la posición original. El B155 no estaba dispuesto a permitir investidura alguna que no le gustara. En consecuencia, volvía a estar activa la primera opción, esto es, investir a Puigdemont, sobre quien recaía la legitimidad de la presidencia de la República Catalana. Renacía el momento De Gaulle. 

En el ínterin, el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la ONU exigió que se respetaran los derechos políticos de Sánchez, entre ellos, los de sufragio activo y pasivo. Sánchez se declaró dispuesto a renunciar a su acta para facilitar las cosas, pero la decisión del CDH venía a cambiarlas sustancialmente. 

Quizá sea esa la razón por la que algunos no han desistido del acuerdo de investir a Puigdemont y  decidido volver a proponer a Sánchez. Entre ellos, el mismo Puigdemont. El nuevo giro produce algún desconcierto y tengo idea de que, si no es propuesto Puigdemont, la CUP retornará a su actitud de abstención. Esta vez, el asunto podría ser distinto dado que, en principio, Sánchez podría ser investido en segunda vuelta.

Pero eso solo será si, haciendo caso a la exigencia del CDH, el juez Llarena permite que el presidente de la ANC salga de la cárcel, que no está nada claro pues ya parece que los jueces españoles, siempre partidarios del sostenella y no enmendalla, están dispuestos a continuar con sus arbitrariedades en el seno de la causa general contra el independentismo que han puesto en marcha.

En ese caso, habría que proponer sin más rodeos a Puigdemont. 

Palinuro, como la CUP, cree que el presidente legítimo es Puigdemont y él quien debe ser investido. A su vez, a diferencia de la CUP, escucha al MHP recomendar que se vote por Sánchez es de suponer que, sobre todo, para demostrar una vez más la voluntad de entendimiento. A lo mejor el gobierno se digna dialogar con Sánchez ya que reitera (no enmendalla) no tener intención alguna de hacerlo con Puigdemont. Probablemente tampoco lo hará y eso si el propuesto consigue salir de la cárcel. Se cumplirá así una vez más la experiencia de que cuantas más concesiones se hacen, más hay que hacer.

Aun así, la propuesta de investir a Sánchez es admisible con dos reservas: 1ª) si Llarena no suelta a Sánchez, se producirá de inmediato la propuesta de investidura de Puigdemont; 2ª) esta se hará en cualquier caso cuando la situación judicial del MHP así lo permita.

Palinuro en Segovia

Antes de la conferencia de ayer en Segovia, el digital acueducto.com entrevistó a Palinuro. Quien lea el texto observará la insistencia del entrevistador en subrayar el carácter poco frecuente, hasta extravagante, de las convicciones e ideas de Palinuro en lo referente al proceso catalán. Y también cómo, de sus palabras se sigue que los organizadores del acto (Republicanos de Segovia, Círculo republicano Antonio Machado y Segovianos por el derecho a decidir) hubieron de vencer todo tipo de obstáculos e inconvenientes para organizarlo. Bien es cierto que esto no llegó a forzar un cambio de local en la celebración, como yo había creído entender. Sin duda un malentendido por el que pido disculpas a quien se pueda haber sentido ofendido.

En España la censura de la discrepancia, el boicot a quienes propugnan algo distinto a las doctrinas imperantes, se sigue al pie de la letra en la derecha y en la izquierda. Son iguales hasta en eso, en intentar acallar la crítica. Es importante que se sepa para que esa "izquierda" que empezó quejándose de no acceder a los medios deje de mentir y engañar al personal: ahora es ella la que boicotea y trata de silenciar a quienes piensan de otro modo por los habituales sucios medios.

La Gran Guerra Sioux

Entre los misterios de Udolpho de la URJC a cuenta de doña Cristina Cifuentes y el gran robo del siglo según el calendario gurteliano, se nos había olvidado que otra idea de esta banda de presuntos malhechores había sido la de disfrazarse de partido político. Olvido imperdonable dado que es la clave de su negocio: una banda dispuesta a esquilmar España bajo la forma de un partido político, de un gobierno, una mayoría parlamentaria (relativa pero, de hecho, absoluta), unos jueces y otras mesnadas. Imposible hacerle frente porque esa banda dicta las leyes, tan omnímodamente que las cumple cuando quiere y, cuando no, las cambia; como cambia de juez cuando el juicio no le agrada, según observa agudamente Ignacio Escolar.

Un partido político tiene ritos. De vez en cuando, un congreso, una conferencia, una convención, o sea una reunión para verse, contarse y hablar... ¿de qué? El PP no tiene programa, sino argumentarios que reparte entre sus voceros mediáticos; no tiene ideario, salvas las sinsorgadas que balbucea su presidente; no tiene proyecto, salvo el de salir bien parados en sus procesos judiciales. ¿De qué van a hablar? De nada que no sea cómo salvar el pellejo en este escándalo, aquel pufo, tal estafa o esta otra querella.

Y la fórmula empleada con gallarda donosura por la dama manchega Dolores (a) Cipollino es la del cierre defensivo de filas en torno a "los nuestros", haya hecho lo que hayan hecho. San Agustín dice con tino que hasta las bandas de ladrones están interesadas en que haya legalidad, al menos en su interior, para no estar robándose también entre sí. Se adelantaba en muchos siglos a la omertá mafiosa. En el caso del PP, este principio de paz interna se postula con la habitual energía de Cospedal.

Energía de espíritu legionario, que Cospedal ha bebido en las procesiones de la SS. El punto cuarto del credo legionario, redactado por Millán Astray, el de ¡Viva la muerte!": el Espíritu de unión y socorro:  a la voz de ¡A mí La Legión!, sea donde sea, acudirán todos y, con razón o sin ella, defenderán al legionario que pida auxilio. Con razón o sin ella. ¿Queda claro? Todos los estamentos del país pueden esperar la dimisión de Cifuentes, pero no se producirá porque desde el gobierno con M. Rajoy, el de los sobresueldos, hasta el último concejal de la Púnica o la Médica o la Bética o la Délfica, protegen a la presidenta con razón o sin ella.

Espíritu más que legionario. Cospedal levanta "amarga" constancia de que los del 7º de caballería están solos y aislados. Rodeado por las tribus indias de los Lakota, Cheyenne y Arapaho, el general Custer/Cospedal avisa de que no se dejarán avasallar. Last stand en la batalla de Little Bighorn donde los yanquies perecieron a manos de los guerreros de Caballo Loco y Toro Sentado, entre otros. 

Los jueces siguen haciendo de las suyas, metiéndose en camisas de una vara (con eso ya se pierden) a trompicones con las normas, los usos, las convenciones de la justicia europea y dejando cada vez más en ridículo a la justicia española que Cristina Cifuentes a su alma mater. La prensa alemana está pidiendo a gritos una mediación o intervención internacional en España. Y es lo más sensato que cabe hacer.

Esta banda de corruptos e incompetentes va a morir con las botas puestas, título que llevaba la peli de Raoul Walsh sobre la batalla de Little Bighorn, con Errol Flynn como Custer/Cospedal. Los jueces españoles calibran si inhabilitan o no a un puñado de políticos catalanes. Más les valiera inhabilitar cuanto antes a toda la clase política española, especialmente al B155 antes de que del país quede lo que quedó del templo de Salomón. Claro que entonces tendrían que inhabilitarse a sí mismos.

Hagan lo que quieran. En Europa han perdido ustedes todo crédito. 

En la República Catalana corresponde investir presidente a Carles Puigdemont, legítimo representante de Catalunya en las negociaciones que habrán de celebrarse bajo patrocinio y vigilancia europeas.

Ara, res; Puigdemont president

Menuda jornada la de ayer. Dos frentes mediáticos en pleno zafarrancho de combate. El inenarrable episodio del master de Cifuentes y el mazazo que la justicia alemana dio sobre la calva del juez Llarena.

 El B155 recibió una tras otra. Los políticos enmudecieron o susurraron algo sobre lo mucho que respetan las decisiones judiciales. Los creadores de opinión, habitualmente parlanchines, callados como ostras. Lo más radical del gentío pidiendo en las redes la salida de la UE. La afrenta a la arrogancia española era gavísima.

Los jueces alemanes niegan que haya rebelión y dejan en libertad bajo fianza al MHP en espera de resolución definitiva. Más, si no hay rebelión, menos hay "malversación", el otro delito imputado, cuenta habida de que existen testimonios fehacientes (incluida una declaración de M. Rajoy en sede parlamentaria) de que la Generalitat no empleó un solo euro público en financiar el referéndum del 1-O. No hay causa.

Esto obliga a reconocer que la justicia alemana marca las lindes de la española, como es obvio de hecho en este caso y por exclusiva responsabilidad de los tribunales españoles que han iniciado un proceso anulado por los alemanes. Eso ya subleva a los fervorosos patriotas habituales. Pero hay más. La demarcación alemana afecta también al resto del proceso. ¿O es de recibo que Junqueras, los Jordis, etc sean condenados por rebelión cuando su jefe ni siquiera es procesado por ello? Se dirá que es debido a la no extradición, pero lo cierto es que los alemanes no reconocen la doble incriminación en este caso. Es arduo sostener que lo que no es rebelión en Alemania lo sea en España. Y fácilmente recurrible en órganos internacionales.

Como, por otro lado, tampoco pueden haber cometido delito de malversación pues el mismo gobierno la niega, solo queda el de sedición. El Tribunal Supremo parece inclinado a considerarla como una rebelión en tono menor o rebelioncilla, pero adolece del mismo vicio que la acusación de rebelión, la que objeta la justicia alemana: la violencia. No hubo violencia el 1-O ni ningún otro día. Es imposible demostrarla; ni mayor, ni menor. Lo que se pueda construir a partir de ahora a base de guerra sucia, inmfiltrados, provocaciones y provocadores, ya es otro cantar. Pero en lo actuado hasta la fecha, violencia, cero.

No hay causa. No hay causa jurídica, sino política, la posible vulneración de derechos fundamentales a porrillo por la actuación de las instituciones, incluidas las judiciales. Estas pueden decidir seguir actuando por la vía penal, dictando inhabilitaciones del personal. Pero tendrán que justificarlas invocando alguna causa que no sean las convicciones independentistas de los inhabilitados. Entre tanto, el presidente legítimo de la generalitat es Carles Puigdemont. 

A estas alturas, es patente a ojos de todo el mundo que se trta de una causa general contra el independentismo catalán. Algo en lo que ya están interviniendo factores exteriores de distinta factura.

En Bélgica se ha abierto una investigación sobre la posible actuación de agentes secretos españoles que podrían haber puesto un geolocalizador en el coche de Puigdemont. Otro asunto que explica por qué la justicia belga ha puesto en libertad a los otros exiliados en Bruselas y, según parece, hará la justicia escocesa con Clara Ponsatí. Ya se sabe que, rascas un poco en Bélgica, y sale la leyenda negra.

Lo de Suiza tiene una pinta similar. Las autoridades suizas han desmentido que hayan solicitado la detención de Falciani, condenado en su país. Es decir, el gobierno español (porque es el gobierno del 155 el que toma aquí las decisiones, todas) detiene a Falciani por propia iniciativa. No importa que haya colaborado con la policía, que España haya negado su extradición. Ahora, al parecer se le detiene para dar a entender un intercambio de rehenes: Falciani contra Rovira. Como en los tiempos bárbaros. Es difícil calificar el nivel moral de esta actitud. Como la de filtrar a la prensa hace un par de días que España pensaba comprar 50 aviones a Alemania. Puigdemont contra 50 aviones. Además de inmunda, la insinuación es falsa, porque no se trata de una compraventa directa sino de ua compra en común. Pero la bajeza de la filtración es chocante. 

Sobre el máster de Cifuentes Palinuro no escribe porque apenas da crédito a lo que lee.

No hay más cera...

Mi artículo de ayer en elMón.cat, titulado Puigdemont, presidente de la República Catalana. Según voluntad popular expresada en dos ocasiones en menos de un mes, el presidente legítimo de la Generalitat es el M.H. Carles Puigdemont,  hoy en cautiverio y mañana, es de esperar, en libertad para asumir el cargo. Que no es menudo.

En los dos últimos meses se ha intentado todo tipo de soluciones transaccionales, pactistas, para encontrar una fórmula de acomodo a la que pudieran avenirse, al menos transitoriamente, el independentismo y el B155. Ha sido imposible. Ninguna propuesta se ha aceptado y uno de los propuestos, Turull, ha acabado también en la cárcel. Al otro, Sánchez, no hacia falta encarcelarlo porque ya lo estaba y bastaba con no dejarlo salir. Se demostraba que cuanto más se aceptan los términos del adversario, más hay que aceptar. Solo quedaba volver a la casilla de salida. El presidente propuesto será conforme a las elecciones del 21 de diciembre, Puigdemont.

En el último meandro de estas revirivueltas judiciales, el juez aprovechó para mandar a prisión a una nueva remesa de líderes independentistas, Forcadell, Bassa, Romeva y Rull, además de Turull que, sin duda, andaban por ahí convirtiendo la libertad en libertinaje, como decía el Caudillísimo. En total hay hoy en prisión nueve políticos independentistas. Como para seguir diciendo que no son presos políticos. Y rehenes por añadidura. A ellos se suma como décimo el solitario de Neumünster, lugar, por cierto, comparativamente cerca de Helsingør,la Elsinore de Hamlet. En toda esta peripecia independentista catalana hay una dimensión trágica y heroica que sus enemigos tratan de ridiculizar y humillar hablando de "prófugos", "cobardía", "traición", etc.

Solo una pregunta: ¿cuántos políticos españoles con mando en plaza estarían dispuestas/as a defender sus ideas (no su dinero, bien o mal conseguido) al precio de la cárcel, el exilio o la confiscación de sus bienes?

Puigdemont es el presidente de la Generalitat; es de esperar que en libertad en Alemania. Pero si los jueces alemanes extraditaran, sería el presidente de la Generalitat preso en España, una figura que no es nueva en la historia de la institución y a cuya altura está Puigdemont. Como lo están las demás presos y presas. La Generalitat entre barrotes es una foto familiar.

Aquí la versión castellana:

Puigdemont, presidente de la República Catalana

La confusión de los últimos tiempos dificulta un juicio sereno sobre el proceso independentista y la reacción española. El primero se mantiene en condiciones muy difíciles de inseguridad jurídica, hostilidad política, coacción económica y linchamiento mediático. Puede parecer un milagro y mucha gente se sorprende de que aún no haya perdido fuerza, no se haya desmoronado y sus dirigentes sigan unidos en la tarea de implementar la República Catalana que fue votada un 1 de octubre y solemnemente proclamada el 27 del mismo mes. Y de que sigan unidos a pesar de la inicua e ilegal represión de que son objeto.

La reacción española está dentro de la estricta tradición reaccionaria, oligárquica y nacionalcatólica, que ya no se limita a los neofranquistas del PP y C’s sino que acoge también al PSOE de todo corazón y medio Podemos que será entero cuando se trate de Catalunya no en unas elecciones catalanas sino en unas legislativas españolas. Todos a una Fuenteovejuna frente a Catalunya. Catalunya ha hecho realidad el sueño de la seudoizquierda claudicante española de cerrar la transición. El PSOE suma sus votos a los del PP y C’s para impedir que se investiguen los crímenes del franquismo, el más señalado de todos, el genocidio. Un partido socialista protegiendo y amparando a quienes asesinaron a decenas de miles de los suyos.

España no tiene remedio ni su clase política el menor interés en encontrarlo. Le va bien como está y, a cambio de ignorar a Catalunya y avalar la dictadura del 155 de la banda de ladrones tolera y apoya que un gobierno en minoría parlamentaria siga robando a su propio pueblo, los parados, los jóvenes, los dependientes, las mujeres, los pensionistas. Se convive así con un régimen de corrupción y delincuencia organizada y se hace causa común con sus beneficiarios a cuenta de Catalunya. España es hoy un oligopolio reaccionario y una teocracia tercermundista, apoyada por tres cuartas partes de la clase política, como ha demostrado la inundación de beaterío que ha sufrido el país en la semana de Pascua. Lo de siempre.

Y, como siempre, están dispuestos a todo. Pero hoy hay una importante diferencia. Catalunya no está sola a merced del fascismo español (variante pepera o socialista), del ejército español, del poder económico español, del pueblo español del “a por ellos”. España está en Europa y, con Europa, la oligarquía reaccionaria ha de tener cuidado. Ya no se puede bombardear Barcelona cada 50 años. Hoy hay muchas quejas en Catalunya sobre la pasividad europea ante el atropello español, pero basta imaginar qué hubiera pasado si España no estuviera en la UE. Solo con su presencia, la UE obliga a los franquistas del gobierno y la oposición a disimular.

Pero ni eso saben. Creían que, con la dictadura del 155, conseguirían lo que no han logrado: la desunión, la claudicación del independentismo. El gobierno y sus servidores en el PSOE, en los medios, en la empresa, en la judicatura, etc. Están también asombrados de que el proceso catalán no se haya roto. Creen que todo el mundo es como ellos, que hubieran abandonado la empresa porque no creen en ninguna.

No saben en dónde se han metido. Su desprecio por el pueblo español al que tiranizan sin problemas los ciega al extremo de no dejarles ver las diferencias abismales con el pueblo catalán. El proceso no puede detenerse porque no depende de los políticos, ni de los partidos, ni de las instituciones, ni siquiera de las organizaciones sociales. Depende de la voluntad del pueblo catalán que, al ver a sus representantes electos secuestrados por unos jueces prevaricadores al servicio de unos políticos delincuentes, encabeza ahora el movimiento. Es el pueblo que ha dado el paso definitivo adelante en la autoorganización espontánea de los CDR y la coordinación de la resistencia pacífica a la dictadura del 155, el neofranquismo colonial de la oligarquía de siempre y sus sirvientes socialistas.

De ahí que el bloque del 155 esté intentando a toda costa criminalizar la acción de los CDR a fin de atribuirles una violencia que no está en sus actos (sino, en todo caso, en la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de uniforme o como agentes provocadores infiltrados de paisano) ni en su proyecto ni en su misma constitución porque no son otra cosa que formas de autoorganización pacífica de los barrios para resistir a la invasión española.

Necesitan que haya violencia en las calles de Cataluña para que así el juez Llarena deje de inventársela y pueda condenar por rebelión a unos inocentes y, de paso, llevarse por delante a la cárcel a decenas, centenares, quizá miles de miembros de los CDR. No se dan cuenta de que es un proyecto imposible.

La violencia viene descaradamente del lado español. Legal, ilegal, política, policial, mediática, económica, de todo tipo. Y todo inútil.

España no puede sujetar a Cataluña sin excluirse (ya del todo) del seno de las naciones civilizadas. La República Catalana, aunque en circunstancias difíciles, es ya un hecho y Carles Puigdemont, también en circunstancias muy difíciles, su legítimo presidente.

Cómo se hace un presidente

Así, persiguiéndolo sin descanso, pretendiendo encarcelarlo, como ya tiene a sus compañeros de gobierno e ideología; y quizá consiguiéndolo. Encerrándolo en alguna prisión de la ancha Castilla. Incomunicándolo. Un sueño de los represores que recuerda a aquel fiscal fascista italiano, Isgró, que quería encerrar a Gramsci para evitar que su cerebro  funcionara en los siguientes veinte años.

La idea de que reprimir, perseguir, encarcelar a la gente sirve para detener un movimiento social masivo, democrático y pacífico como el catalán es típica del autoritarismo en general y español en concreto. Se cree que con la policía, los jueces y las cárceles se acabará con opción política legítima sostenida pertinazmente, durante años, por millones de personas. En concreto, más de dos millones en las últimas elecciones cuyo resultado se niega a reconocer el B155 contra toda razón y derecho. 

Y eso es falso. Esos diez presos políticos (y el resto de los represaliados y encausados en otros niveles que se acerca ya a mil) son un símbolo del movimiento independentista, un elemento de movilización continua que, contra lo que cree el gobierno no va a cejar. No hace falta ser un lince para vaticinar que la situación catalana no se normalizará mientras haya presos políticos. Cuando deje de haberlos, probablemente tampoco, pero ese es otro asunto. 

El presidente Puigdemont ha delegado el voto y la mesa del Parlament, es de suponer, se mantendrá en el cumplimiento del acuerdo de proponerlo candidato. Casus belli para el gobierno. A partir de aquí, todo son conjeturas. De hacer lo que gustan las derechas del B155 (PSOE incluido), se entra a saco en Catalunya, se suspende el autogobierno, se declara el estado de excepción y, si hay que ir más lejos, se va. Truculencia hispánica típica que no podrá mantenerse cara al exerior porque tampoco se mantendrá cara al interior.

De ir por otra vía, las partes se enredarían en lo que cabe llamar, una interfaz en bucle o una especie de ping-pong simbólico en los próximos meses. Algo parecido al delicioso epistolario entre M. Rajoy y Puigdemont para esclarecer si cuando este había declarado la independencia, había declarado la independencia, como aquello tan manido de Gertrude Stein, "una rosa es una rosa es una rosa" y así hasta la convocatoria de unas elecciones en Catalunya a las primeras de cambio.

Esas elecciones serán la quinta versión del referéndum que el gobierno y el B155 llevan diez años tratando de evitar. Los otros cuatro fueron: la consulta del 9N de 2014, las elecciones autonómicas de diciembre de 2015, el referéndum del 1 de octubre de 2017 y las elecciones de 21 del mismo mes y año. Su punto central será la libertad de los presos y eso se va a notar mucho en los resultados. 

Por supuesto, dada la situación, no cabe descartar que haya cruces entre las dos opciones, la más previsible que la campaña electoral se vea distorsionada por la actividad represiva del Estado. Para esto será importante que la convocatoria electoral incluya la presencia de observadores extranjeros.

Todos rebeldes; todos a la cárcel

El problema del B155 es que, para justificar el procesamiento de los indepes por el delito de rebelión, se necesita que haya habido violencia. Hasta ahora no la han encontrado, aunque han tratado de inventársela. Ese auto del juez Llarena en que compara los actos pacíficos de los encausados con un asalto con toma de rehenes mediante disparos al aire y con el 23F es una fantasía literaria con torcida intencionalidad política. Igual que las declaraciones del ministro Zoido culpando de la violencia el 1-O a Puigdemont, a los mossos y a los votantes. Puras fábulas que desmienten los hechos a la vista de todos en innumerables vídeos. La violencia sigue sin aparecer. Y los acusados de rebelión siguen en la cárcel y en el exilio a todas luces injustificadamente (esos sí que son rehenes) y en una situación cada vez más crispada.

Dado que la violencia no aparece y las instancias judiciales no pueden sino fantasearla, el resto del B155 se ha puesto a la tarea de crearla, sacarla de la nada. Así ayudan a que se pueda acusar de rebelión a Puigdemont, Junqueras y otros líderes pacíficos, aunque, según parece, a costa de acusar de lo mismo a mucha más gente.

Empezó Ábalos (del PSOE) tildando a los CDR directamente de germen de kale borroka. Se sumó de inmediato Javier Maroto (del PP) con la misma igualdad CDR = kale borroka. El PSC afina y habla de "actos insurreccionales". Añádase a ello la presencia de agentes provocadores infiltrados en los actos de los CDR, algunos de los cuales han sido ya identificados. Una ayuda de los medios de comunicación y, a estas alturas, todo el mundo está al cabo de la calle de que los CDR, órganos que coordinan la resistencia pacífica de ciudadanos normales, son unos comités de vándalos que destrozan cuanto encuentran, a pesar de que no hay pruebas de ello. Lo suficiente por lo demás para que la fiscalía entienda que aquí puede encontrarse, por fin, la violencia que los jueces necesitan para procesar por rebelión. Y para traer a Puigdemont vencido y cargado de cadenas, como un nuevo Vercingétorix .

Ilusiones de represores muy cortos de miras. Aunque se pudiera demostrar que los CDR son violentos, cosa de momento imposible, esa violencia no sería retroactiva ni convertiría en violentos los actos de Junqueras, Sánchez, Cuixart, etc. Pero es que, además, por muchas campañas que se hagan, provocadores que se infiltren, dirigentes del B155 dispuestos a declarar lo que sea que haya, los CDR, con su considerable seguimiento, seguirán siendo pacíficos. De haber violencia, será excepcional, aislada, extemporánea o provocada por infiltrados a las órdenes del Estado. Enfocar el asunto por la vía del juicio político aumentará la cantidad de acusados de rebeldía, llenará las cárceles, pero no resolverá el problema. Lo agravará.

Aun así, la resistencia pacífica, la no colaboración o no obediencia no violentas, tienen sus zonas grises. Fue uno de los puntos de debate en la desobediencia civil de los años 60. Esta era no violenta. Pero había una controversia sobre si la ocupación de espacios públicos, al impedir el acceso a ellos, no es una forma de violencia que se hace a terceros. El asunto queda pendiente al día de hoy porque entonces se dio todo tipo de respuestas, algunas contradictorias. No obstante, sea cual sea la de hoy, está claro que la violencia que pueda seguirse de la ocupación pacífica de un espacio público no es la que exige el legislador a la hora de calificar un comportamiento de "rebelión". Rebelión es lo que hizo el general Franco en 1936, el mismo que luego juzgó y condenó a sus enemigos, los defensores de la legalidad, en causa general por.... rebelión. Con los mismos motivos y pruebas que tienen estos.

Aun así, estamos donde estamos y ya hay experiencia de que el concepto de "violencia" que los jueces del Supremo parecen dispuestos a blandir es como un vaporizador, que todo lo impregna. El concepto de violencia que serviría, parece, para acusar de rebeldía a Junqueras, Puigdemont, Forn, etc es tan amplio que la polémica de los 60 está ya zanjada: toda ocupación pacífica de un espacio público es violencia del código penal. La fiscalía, con su ojo de lince, ya lo ha afinado: los CDR son rebeldes. Los miles de personas que se movilizan para hacer sentadas u otros actos de protesta por la libertad de los presos políticos, todas rebeldes. 

Están a un paso de acusar de rebeldes a todos los independentistas. 

Aparentemente, esto es ceguera. Pero tanta obstinación hace sospechar algo peor. La existencia de un posible cálculo del B155 en el sentido de aumentar la represión, el castigo hasta un extremo (como en una especie de experimento de Milgram) en el que el independentismo juzgara aceptable una oferta de retirar todas las causas y volver a la normalidad a cambio de "la renuncia a la unilateralidad" o, sea de aceptar el marco autonómico con unas u otras variables. La libertad a cambio de la renuncia al proyecto. Aquí y ahora, eso no es posible. Pero es bueno mencionarlo porque quede claro que no son solamente ciegos sino también mala gente.