Dislate tras dislate. Esto empieza a ser alarmante. El desprestigio de las instancias judiciales supremas españolas es galopante. Si anteayer parecían autoritarias y ayer incoherentes, hoy resultan ser pueriles.
El último auto de la sala de lo penal del Supremo, con un motivo colateral, se permite enjuiciar la decisión del tribunal alemán de dejar en libertad a Puigdemont. Lo hace ex abundantia cordis, no porque deba o a ello tenga derecho. Su juicio, por supuesto, negativo, hosco y hasta paternalista: el tribunal alemán se ha precipitado, no ha reflexionado bien ni ha calibrado las pruebas. Así mismo. Cabe imaginar la respuesta: ¿qué pruebas? Si han tenido que ir los fiscales españoles hace unos días a llevárselas a los alemanes, fuera de tiempo, claro, y sin más garantía que los "informes" de la guardia civil.
Pero no es esta arrogante mpertinencia lo peor. Lo peor está en el meollo del argumento de por qué los teutones yerran al negar que hubiera una violencia de la intensidad suficiente para doblegar la voluntad del Estado a la hora de aceptar el delito de rebelión. En este terreno, las razones jurídicas que aduce el alto tribunal no pueden ser tales porque padecen uno de los peores vicios de la lógica, esto es, el anacronismo. Y algo que no es lógico, no puede ser jurídico. Razonan los jueces la obviedad de aquella violencia de intensidad suficiente ante el aplastante dato de dos millones de votantes. Si no se llegó a ese extremo, si se evitó una masacre (sic), fue precisamente porque no se dispusieron todos los medios necesarios para enfrentarse a dos millones de personas.
Patente, ¿verdad? ¿Cuándo se toma la decisión de asignar efectivos a una jornada que se sabe problemática? ¿Antes o después de los hechos? Da algo de vergüenza seguir. El Estado no se esperaba los dos millones porque creyó que, desplegando 10.000 efectivos sin límites en las cargas, la población se amilanaría y no sería necesario llegar a masacre alguna; o, en todo caso se evitaría una masacre provocando otra por la misma razón por la que cabe apagar un fuego con una explosión.
Pero la gente no se amilanó y fue necesario suspender el asalto por el efecto demoledor para el prestigio de España que las imágenes estaban teniendo en el extranjero. La primera orden a los efectivos de emplearse violentamente a fondo provocó una reacción de defensa pacífica masiva que mostraba cómo la única violencia que había en Catalunya era la del Estado.
El razonamiento del Supremo es pueril por anacrónico. No se tomó la decisión de evitar la masacre a la vista de los dos millones de votantes (que lo fueron a lo largo de la jornada), sino que los dos millones de votantes surgieron para parar la masacre que se pretendía provocar con la desaforada violencia de aquella mañana de un 1º de octubre que dejó unos mil heridos en el curso de cuatro horas de intervención policial.
El terreno para esta desgraciada decisión se preparó cuatro días antes, cuando pueblos enteros del sur despidieron a dotaciones de la guardia civil destinadas a Catalunya al grito de "¡Apor ellos!".
Repito. No hay rebelión, no hay sedición, no hay terrorismo. No hay causa judicial.
