Aquí mi artículo de ayer en elMón.cat, titulado Contraatac. Tiempo nuevo. Nuevas esperanzas.
Un orgullo escuchar y leer a los presos y presas políticas catalanas afirmar alto y claro ante el juez Llarena sus convicciones independentistas, su compromiso con la República Catalana, su propósito de seguir luchando por ella en el ejercicio de sus derechos. Un orgullo y un alivio.
Han sido meses tragando, disimulando, haciendo de tripas corazón a causa de una táctica procesal de defensa errónea. Meses diciendo que unas gentes injustamente encarceladas por sus convicciones políticas tienen sus derechos intactos, esos que los jueces injustos no les respetan, aunque no haya sentencia firme. Todos. Intactos. Incluso el derecho a desdecirse, a retraerse, a negarse. ¿Y qué? decíamos con cierta amargura de fondo. ¿No negó Pedro tres veces al Señor? Y aun así, fue cabeza de su iglesia.
Pero había un fondo de amargura que no se exteriorizaba por no intensificar los sufrimientos de las víctimas. Esta revolución es tan nueva y original que no quiere víctimas. Ni siquiera entre los revolucionarios. Pero había amargura porque se seguía una táctica de defensa procesal sin duda muy honesta y bienintencionada, pero errónea. Partía de la idea falsa de que todas las partes en el conflicto van de buena fe. Grave error. Con Catalunya, el Estado no ha jugado limpio nunca. Y con el independentismo, menos. A golpe de mala fe, juego sucio, chantaje, amenaza y represión. Quienes llegan a gloriarse de haber destrozado el sistema sanitario a otros (¡y un ministro!) no han ido de buena fe jamás en su vida en lo político, en lo judicial, en lo económico, en lo educativo y hasta en lo religioso. Pero esto último con su pan se lo coma la banda de fariseos y mangantes.
Cero buena fe cabía esperar en los tribunales de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Y desde el principio. Este proceso es una evidente causa general política contra el independentismo movida desde el gobierno e implementada por la judicatura. Se añade el ataque por vía lateral del Tribunal Constitucional que mejor se llamara "gabinete de alguaciles del gobierno" pieza esencial en este vergonzoso espectáculo de una persecución política disfrada de proceso judicial. Algo que tiene a los europeos -alemanes, suizos, escoceses, finlandeses, belgas- estupefactos. Sobre todo cuando estos jueces se envalentonan y leen la cartilla a los tribunales extranjeros.
La táctica de apaciguar al fascismo no dio resultado en los años treinta del siglo pasado. Y siguió sin darlo en todas las ocasiones en que algo así ha vuelto a plantearse. No dio resultado con el franquismo. No lo da nunca con la tiranía y la dictadura como la que ahora se perfila al amparo del 155, legitimada por una actuación judicial de manifiesta mala fe. Cuanto más se acepta el marco de referencia del tirano (esa ley que el gobierno de la Gürtel invoca de continuo) y más concesiones se le hacen, más concesiones exige y cuantas más renuncias, más renuncias pide. Y mayor es la arbitrariedad que se aplica al caso.
Solo la denuncia de ser víctimas de un abuso de poder y de un atropello político disfrazado de procedimiento judicial y la reafirmación de las convicciones, los principios y los propósitos, claros, diáfanos, da la base para una deslegitimación política y jurídica de esta causa general. El acertado cambio de táctica, sin duda también un alivio para los propios interesados, insufla nueva energía al movimiento indepe y le remoza la estructura trinitaria: los/as presas, las instituciones aquí o en el exilio y la gente.
Y además, caramba, es la forma más rápida, por ser la más recta, de sacar a los presos/as de la cárcel.
El caso de Mireia Boya lo había dejado muy claro.
Aquí, la versión castellana:
Contraataque
Hay un evidente cambio de táctica procesal de defensa en el caso del proceso político que el régimen neofranquista está siguiendo contra el independentismo catalán. Los presos y rehenes políticos han abandonado las habituales técnicas defensivas de perfil bajo, de no provocar las iras de los inquisidores, de ceder en unos puntos u otros, de guardar las formas para suavizar las consecuencias.
Ya era hora. Nada de lo anterior sirve ante el ánimo vindicativo de unos jueces movidos no por el deseo de justicia, sino por el odio y la venganza en un contexto represivo que aplica a Catalunya el castigo penitenciario añadido del injusto alejamiento de los presos. Es decir, la criminalización del independentismo catalán, el intento de presentarlo como terrorismo por analogía con el País Vasco es política de gobierno desde el comienzo y a él se han plegado gustosos los jueces que no son verdaderamente tales sino agentes del poder político y de su partido, el PP.
Y no solo se han plegado, sino que han endurecido las condiciones penitenciarias de los rehenes hasta un punto sádico (casos de los presos con hijos pequeños, como Junqueras o Forn) o las han llevado más allá, impulsados por sus convicciones franquistas. Así en la desgraciada ejecutoria de la instrucción de Llarena que algún día le pesará sobre la conciencia, si la tiene, resaltan en especial las inquisitoriales exigencias de arrepentimiento y abandono de las convicciones personales de los acusados a cambio de promesas de libertad que luego se cumplían o no, según le daba al juez.
Una vez más se ha demostrado que en situaciones de injusticia, iniquidad y arbitrariedad, la táctica de apaciguamiento de la víctima es un grave error. El victimario se crece y, cuanto más cede y concede aquella, más tiene que ceder y conceder, hasta negarse a sí misma. Afortunadamente, esta errónea estrategia de defensa procesal que, además, tiene un efecto demoledor sobre la moral de quienes apoyan y secundan el movimiento, parece haberse terminado y ha sido sustituida por lo que se debe: la firme defensa de los presos de sus convicciones independentistas y la negación de que el movimiento independentista pacífico sea un delito. El delito, a nuestro entender, están cometiéndolo quienes se enfrentan a él con la fuerza arbitraria del Estado y un torcido código penal en la mano.
Al fascismo no se le derrota nunca haciéndole concesiones. Ni una. Cediendo se han perdido seis meses.
Las últimas declaraciones de los presos políticos ante el citado juez son lo que debieron ser en un principio: reivindicación del derecho de autodeterminación del pueblo catalán, defensa de las convicciones independentistas de los presos, compromiso firme, pacífico y democrático con la república y la emancipación del pueblo catalán. Afirmación del derecho de los injustamente presos a las convicciones independentistas, guste o no guste a estos jueces franquistas y monárquicos.
Es obvio que unos jueces, cuya inclinación por la justicia está sometida a un ideario nacional-católico, jamás admitirán que el derecho de los catalanes a la independencia nacional es igual al de los españoles. No mayor. Pero tampoco menor. Jamás tampoco que no son nadie para juzgar en un pleito político en el que lo que está en juego no es la legalidad, sino la legitimidad. Confiar en que rebajando las aspiraciones de los rehenes y ocultando sus convicciones se ablandará el propósito de unos jueces era iluso y contraproducente. Los presos son rehenes de la arbitrariedad represiva; su destino es ejemplificador e intimidatorio; no tiene nada que ver con la justicia; trata de desmovilizar a la población castigando con crueldad a sus representantes democráticamente elegidos.
La única vía de acabar con la vergüenza de esta causa general contra el independentismo es la que, por fin, se ha tomado en los últimos días: una unidad firme del movimiento en todos sus aspectos: firme defensa del derecho de Catalunya a la independencia ante los jueces inquisitoriales del Estado español; firme y masivo apoyo de la sociedad catalana a sus representantes encarcelados y en el exilio; y firme voluntad de los dirigentes legítimos en el exilio de proseguir la construcción de una República Catalana en los foros internacionales.
La única forma de acabar con la represión de un Estado fallido es obligarla a mostrarse como es a los ojos del mundo entero.
