Aquí, mi artículo de elMon.cat de ayer, titulado La investidura com a pedra de toc y en el que se consideran las posibilidades de la jornada de investidura de Sánchez mañana en el Parlament. No estoy nada seguro de que el juez Llarena permita que Jordi Sánchez salga de prisión a tomar posesión. No hay que olvidar que la política de la banda de ladrones franquistas en el gobierno es provocar cuanto pueda en Cataluña en espera de que haya una reacción violenta para justificar la dictadura del 155 y demás barbaridades. Y a esa política se ciñen todos: gobierno, ministros, jueces, curas, periodistas, sobre todo si, como suele pasar, están a sueldo de aquella.
Por si hubiera alguna duda, ahí viene el Tribunal de Orden Público de Franco (hoy llamado Audiencia Nacional) escuchando a los fiscales que califican de terrorismo y rebeldía actos de resistencia y desobediencia civil de los CDR. La intención es transparente: inventarse los delitos, como ya hicieron con la política garzoniana en el País Vasco de "lucha contra el entorno de ETA" o, más simplemente, todo es ETA. La intención es patente: hablar de terrorismo en Catalunya para criminalizar los CDR y el movimiento independentista catalán. Por supuesto rompiendo no solo los principios del Estado de derecho (que molesta a estos franquistas) sino cualquier concepcion medianamente demorática y humanista de la acción política.
La banda de ladrones peperos, constituida en gobierno franquista pretende retornar a la dictadura y abolir la escasa pátina de democracia que todavía queda en España. Si lo consiguen en Catalunya, lo conseguirán en todo el Estado.
Por fortuna, no será así. Catalunya no es el País Vasco. La República Catalana es ya un hecho con apoyo mayoritario en Catalunya y crecientes simpatías en el ámbito internacional.
Tendrán que acusar de terroristas a dos millones de personas. Son capaces, desde luego, dado su acendrado fascismo y profunda estupidez. Pero Europa no lo permitirá.
Aquí la versión castellana:
La investidura como piedra de toque
El bloque independentista ha alcanzado un acuerdo para investir a Sánchez en segunda vuelta. Se entiende que mediante la abstención de la CUP. Una forma en que esta plantea su objeción, pero no bloquea. Bloquear es cosa que queda para el Estado. Suponiendo que la otra cuestión del voto delegado quede resuelta en sentido positivo, está por ver si el juez Llarena autoriza la salida de prisión del candidato. A la vista del pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas parecería lógica la autorización. Pero en este procedimiento la lógica no es condición asegurada. El juez puede decidir que la recomendación del Comité no lo vincula y mantener a prisión a Sánchez.
Esta hipótesis, ya formulada en el campo independentista, no actúa como criterio disuasorio de la propuesta de investidura. Al contrario, es especial interés de aquel agotar todas las existencias de propuestas conciliadoras antes de retornar a la que exige un puro criterio de legitimidad: proponer al MHP Carles Puigdemont.
La propuesta de Puigdemont –que ya ha sido expresamente rechazado como interlocutor por el presidente M. Rajoy- será inevitable, incluso aunque Llarena autorice el desplazamiento de Sánchez. La autorización es provisional y no paraliza el proceso, de forma que el mismo juez puede proponer la inhabilitación posterior de quien ha autorizado ahora a desplazarse. Sería de nuevo un presidente de la Generalitat encarcelado e inhabilitado.
Así las cosas, la inevitable propuesta de Puigdemont situará el proceso exactamente en el momento en que ahora está (y siempre ha estado, aunque no se haya reconocido), esto es, en el momento político. La disparatada judicialización del conflicto está siendo desmontada pieza por pieza en distintas instancias judiciales europeas. La acusación de rebelión en el caso de Puigdemont no se acepta y la de malversación lleva el mismo camino. Lo más probable es que Puigdemont quede en libertad en Alemania y sea ya patente para todo el mundo que aquí no hay causa judicial y sí, en cambio, un profundo problema político, una crisis constitucional española.
A este almiar del rechazo a la extradición de Puigdemont se unen otras decisiones menores pero muy significativas: la libertad sin fianza de las personas exiliadas en Bruselas y la muy probable de Ponsatí en Escocia. Realmente, no hay causa judicial.
Hay persecución política que Europa parece cada vez menos dispuesta a tolerar. Toda la peripecia de la detención y trámite de extradición del presidente Puigdemont en Alemania denota una creciente presión exterior sobre el gobierno español que este no está en condiciones de resistir sin deponer su actitud intransigente basada en la represión y la negativa a todo tipo de negociación.
El éxito de la internacionalización del conflicto ha sido rotundo. En política interior y en mitad del guirigay que M. Rajoy tiene montado en su partido y en el país en general, le venía muy bien el recurso al art. 155 con el aval del PSOE, hasta constituir el frente nacional español de PP-PSOE-C’s. Sin embargo, el asunto no está hoy tan claro. El 155 es una norma de plenos poderes sin límite material ni temporal y solo implícitamente territorial. El único control que conoce a un posible abuso de poder del gobierno es la fiscalización del Senado que aquí no existe porque el partido de M. Rajoy tiene en él mayoría absoluta. En realidad, a efectos internos, el gobierno puede hacer en Catalunya lo que quiera invocando el 155.
De ahí que la mayor insistencia del bloque independentista sea la retirada del 155, cosa de la que no hay garantía alguna tratándose de M. Rajoy. Y muy improbable porque el mismo Rajoy avisa de que el presidente deberá “cumplir la ley”, la suya. Y, si no lo hace, 155 otra vez.
En realidad el límite más eficaz hoy al abuso del 155 es la internacionalización del proceso y la atención que ahora le prestan los gobiernos, exteriores, las cancillerías, los partidos políticos y los medios de comunicación. No es un buen criterio proveerse de unas armas tan mortíferas que no se puedan usar. Está claro que, con el 155 como se ha aplicado hasta hoy, puede cerrarse el Parlament y suspender la autonomía catalana. Son posibles estas y otras medidas represivas al amparo, por ejemplo, de la injustificable Ley de Seguridad Nacional de 2015, pensada básicamente contra Catalunya y perpetrada al alimón por Rajoy y Rubalcaba. O llegado el caso, al abrigo de un estado de excepción declarado; no como el 155, que lo es vergonzante. Son medidas posibles, desde luego. Pero no probables por no ser verosímiles en el contexto de la UE.
Y todavía no se ha hablado de la situación que se crearía si los sectores más decididamente independentistas se salen con la suya de responder al aumento de la represión con una convocatoria de huelga general.
La intransigencia represiva del Estado es un camino sin salida. La opción independentista de negociarla de igual a igual y con mediación internacional apunta hacia ella.
