De ayer a hoy.

"Esa consulta es ilegal y no va a celebrarse." Rajoy, categórico y rotundo. Y con él, sus mirmidones. La vicepresidenta, en modo chivato, amenazaba a Mas con poner tras sus pasos a la Fiscalía. Ésta, por su cuenta, husmea ahora en los locales de la consulta en busca de delitos. El gobierno azuzaba al Tribunal Constitucional y acababa de hundir su escasísima autoridad. El ministro de Justicia, un Maquiavelo de campanario, perdonaba la vida al President si desertaba de su obligación. Se recurrió a la guerra sucia en todo el espectro, desde la filtración de dossiers a los ataques informáticos, pasando por el secuestro del censo. Los aliados echaron una manita. El socialista Francisco Vázquez quería ver los tanques patrullando las ramblas de Barcelona, en donde hay demasiados libros. Rosa Díez denunciaba la consulta en pleno en el juzgado de guardia y pedía al juez que retirara las urnas, como si fueran explosivos.

Pero la consulta ilegal se celebró. La Fiscalía se quedó con las ganas. Nadie hizo caso al TC. Mas reclamó para sí la responsabilidad del proceso y noqueó al ministro. Pujol fue a votar. La web de la Generalitat aguantó. Lo reconoció El País, que el día anterior, con gran ojo crítico, había calificado la consulta de inútil, admitiendo que el dispositivo de la Generalitat pasa la prueba. Hubo, pues, garantías democráticas de sobra. Votaron más de dos millones de catalan@s. Los tanques faltaron a la cita y los jueces rechazaron por desproporcionada la petición de Rosa Díez

La consulta que se celebró era ilegal. La única conclusión de este hecho es que el gobierno ha faltado a su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, aunque sea lo que él entiende por tal, algo cada vez más misterioso. Y si el gobierno incumple la ley, estaremos de acuerdo, debe dimitir. O haber instado antes un cambio legal para permitir la consulta. Ambas cosas tan ajenas a su espíritu como el respeto por la verdad. La ley solo se cambia cuando interesa al gobierno y dimitir es, como se dice en las redes, un nombre ruso.

Además, ¿por qué dimitir si lo de ayer es algo inútil, según "El País", convertido en asesor aúlico de la Moncloa cuando Rajoy afirma que la consulta es un "inútil ejercicio antidemocrático"? Entre tanto, el diario, que aún no es "La Razón", ha moderado el tono y ahora llama a la consulta "alternativa". Ya no es "inútil"; pero es "antidemocrática", dictamina Rajoy que de democracia sabe más que Pericles. En fin, se trata de una kermesse finisemanal, una chaladura de nazis nacionalistas a quienes ha dado por sacar urnas como el que saca la mascota, algo poco serio para cualquier persona digna con sentido común del que manda Dios. ¿Por qué va a dimitir el estadista monclovita de la Gran Nación por una jamboree de boys scouts?

Si tan de risa era y es, no se entiende porqué se movilizaron casi todos los recursos del Estado para frenarla y por qué no fueron todos. Y menos se entiende que el ministro de Justicia esté dispuesto a proceder disciplinariamente y, es de suponer, abrir expediente a directores de instituto, guardias de tráfico y personal de limpieza de los locales. Y, ya puestos, que expediente a los 2,2 millones de votantes por el antidemocrático hecho de haber ido a votar.

A Rajoy le dará mucha risa pero la consulta que no iba a celebrarse se ha celebrado; él ha quedado como un cantamañanas y la jornada ha sido un triunfo en general de l@s catalan@s, admirado en el mundo entero por su dignidad y civismo y en particular de Artur Mas que, con un liderazgo mosaico, tiene a su pueblo a la vista de la tierra prometida de la independencia o, para los izquierdistas que lo acompañan, al estilo del Mao de la larga marcha ya a la vista de la base de Yenan. Mas representa una victoria política, moral y también jurídica (el derecho a decidir es un derecho, según mi amigo Joan Ridao) de l@s catalanes. Su figura se ha engrandecido en la medida en que la de Rajoy se ha empequeñecido. El Gulliver del país de los enanos ha pasado al país de los gigantes.

Y por si hubiera alguna duda, Mas escenificó un triunfo al estilo de los césares romanos pero en la época de internet. Compareció en directo antiplasma ante una muchedumbre de periodistas de aquí, de allá y de acullá, más de los que presenciaron lo de Escocia; respondió a todas las preguntas sin haberlas pactado de antemano en las lenguas en que se le formulaban y realizó una declaración de intenciones también en cuatro idiomas, catalán, inglés, francés y español de la que probablemente Rajoy se enteró el último.

¿Qué propone Mas? Sentarse a negociar con Rajoy. El gobierno ya ha comenzado a refunfuñar que el asunto está muy crudo, dada la actitud rebelde de la Generalitat. Pero eso será como siempre. En cuanto telefoneen dos o tres dignatarios, todo será afirmar que la mano ha estado siempre tendida al diálogo,  dentro de la ley. Pero eso, ¿qué significa ahora cuando 2,2 millones de personas han participado en una votación ilegal? Ya se irá viendo.

Lo más interesante, creo, es el impacto de la victoria en el campo soberanista. Se ha alcanzado la meta: han votado tantos como los que votaron a los partidos de esta querencia. Y ahora, ¿qué? ¿Negociación con el Estado? ¿DUI? ¿Elecciones anticipadas? ¿Gobierno de concentración? Opciones abiertas a la política que seguiremos en próximos días.

Volveremos igualmente para tratar de explicar cómo la ineptitud del gobierno, al prohibir, pero no impedir, la consulta se ha dado de bruces con el peor escenario posible, uno que exagera la importancia relativa del independentismo. Es imposible hacerlo peor. Claro que no es solo él el culpable. Lo es el conjunto del nacionalismo español cuya ceguera parece ya predestinación.

(La imagen es una foto de Convergents, bajo licencia Creative Commons).

Fort Apache resiste.

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A mitad de la jornada decisiva de hoy, cuando los catalanes han salido por enésima vez al carrer a hacerse respetar, se han enfrentado a este gobierno de incompetentes y corruptos y a su tribunalillo constitucional, y están dando un ejemplo de civismo, democracia y dignidad colectiva que mañana alabará todo el mundo, estoy encantado de compartir el programa que hicimos en Fort Apache, dirigido por Pablo Iglesias, con participación de gente guay. 

La derecha española ha hecho todo cuanto ha podido para impedir esta votación: amenazas, chantajes, guerra sucia, recursos y más recursos. Inútilmente. El referéndum "ilegal" se ha celebrado contra la voluntad del gobierno y su tribunalillo. Y cuando digo "derecha española" incluyo el gobierno, sus espías y agentes provocadores, el PP, sus tertulianos a sueldo (público, claro), los medios de papel, empezando por El País, ya reducido a la siniestra caricatura de lo que fue, la patronal, la banca, la Iglesia y buena parte del PSOE. IU y Podemos apenas salvan la cara a base de ponerse muy de perfil. 

Al no conseguirlo porque, además de reaccionaria y corrupta, la derecha española es incompetente, sale hoy esta indignidad que tenemos de presidente negando valor a la consulta, según la línea argumental facilitada por El País y declarándola "antidemocrática". 

Carece de sentido debatir con esta gente. Vamos a ver qué resultado da la consulta que, seguro estoy, será espectacular y, a continuación a sentarnos a ver si este inútil que tiene su país al borde mismo de la ruptura, además de considerar que los sinvergüenzas y ladrones son "referentes" morales, tiene el mínimo sentido común de irse a su casa, de donde no debió salir nunca. 

Espero que el programa resulte interesante. Se emitió ayer. 

¿Qué se vota hoy?

Hay algo simbólico en la fecha del 9N. Tal día como hoy hace casi un cuarto de siglo caía el muro de Berlín, símbolo de la guerra fría. La República Democrática Alemana llevaba días, semanas, meses, en la incertidumbre, la confusión, el desconcierto que bordearon el caos en las horas anteriores a la caída. Nadie sabía nada, nadie daba órdenes, nadie era responsable y, al final, el comandante del check point de la Bornholmer Strasse ordenó por su cuenta a los vopos que abrieran la puerta. El muro que dividió Berlín durante 30 años acababa de caer. Triunfaba así el movimiento de autoconciencia progresiva de los alemanes orientales que los llevó a decidir por su cuenta bajo la consigna Wir sind das Volk, "somos el pueblo", sin olvidar que, en alemán, el mismo término designa "pueblo" y "nación". Algo parecido a la consigna de una de las diadas que ha desembocado en esta votación de hoy, som una nació, nosaltres decidim. Sí, hay algo simbólico.

En absoluto, tercia el nacionalismo español. Esa comparación es un dislate absoluto. Parece mentira que se comparen procesos radicalmente opuestos. Los alemanes se alzaron para unirse; los catalanes, para separarse. Aquellos querían abolir fronteras; estos, erigirlas. Aquellos querían librarse de la dictadura; estos quieren implantar la dictadura nacionalista. Todo eso es opinable; puede ser o no. Pero lo seguro en ambos casos es que se trata de movilizaciones sociales masivas, pacíficas, democráticas, que cuestionan un ordenamiento jurídico que consideran injusto, opresivo, incluso tiránico. Y que quieren decidir, autodeterminarse. Lo interesante es cómo respondió la autoridad encargada de imponer ese ordenamiento jurídico, cuestionado en sus mismos fundamentos constitucionales. Los alemanes cedieron sin más. Los españoles empezaron prohibiendo no ya que los catalanes se vayan o se queden sino el hecho de que puedan opinar sobre ello.

Desde el principio el gobierno fue taxativo: "la consulta, el referéndum, es ilegal y no va a celebrarse". Ni Quebec, ni Escocia ni mandangas. No y no. Artículo 2 de la Constitución Española de la que Rajoy es fiel custodio. No se sabe si lo de hoy es una consulta, un referéndum, una participación o un sondeo sui generis. Pero lo que, de momento, parece indudable es que va a celebrarse. De ser así, el gobierno tendrá que comerse sus palabras: la consulta se celebra.

Han fallado las amenazas directas, como cuando la vicepresidenta avisaba a Mas de que la fiscalía lo vigilaría con especial ahínco, algo que recuerda las admoniciones de los colegios de curas y monjas. También las más belicosas, aunque quedan algunos que, como el socialista Francisco Vázquez, ex-embajador en la Santa Sede, piden sacar los tanques a la calle, una providencia que las tradiciones patrias reservaban al generalato. Fracaso han cosechado las amenazas más sutiles y, en el fondo, más estúpidas, como la de ese ministro de Justicia que, buscando una salida de lo que llaman los expertos en negociaciones win-win, o sea, mutuo beneficio, promete que el Estado no actuará si la Generalitat se desmarca de la consulta y se la confía a la sociedad civil o a los coros y danzas. Tú haces mutis por foro y yo no envío los alguaciles. Ha faltado tiempo a Mas para ofrecerse al martirio responsabilizando a la Generalitat y, por tanto, a sí mismo de la convocatoria.

Ahora el astuto ministro Catalá habrá de mostrar en qué consiste la acción del Estado. Tema escabroso porque a ciencia casi cierta, nadie en este gobierno de gentes incalificables tiene la menor idea. Ni siquiera a quién compete qué, cómo y cuándo, lo que permite colegir el exitazo del cacareado título VIII de la Constitución.

Es tradicional asimismo en España la reacción de ridiculizar aquello que no se puede prohibir. "Los catalanes no van a votar porque eso es ilegal y antidemocrático". Los catalanes votan. ¡Ah, pero esa votación es un remedo, una farsa, un simulacro, un guiñol, carece de toda validez, eficacia y sentido! Es la línea en este momento. El mismo Rajoy que requería la acción del Tribunal Constitucional para prohibir o suspender un referéndum ilegal y lo llamaba así, es el que dice ahora con sorna y desprecio que “Lo de mañana ni es un referéndum ni es una consulta”. Piensa que es una chifladura, una cosa de locos y lo deja ver con su habitual diplomacia al esperar que el lunes"se recupere la cordura". En los fines de semana a los catalanes se les va la olla.

El desprecio que respira esta actitud es compartido por fuerzas sociales relevantes. El País interpreta la noticia para despistados: Cataluña celebra un 9-N inútil para definir su encaje en España. Inútil. En portada. Si para Rajoy los catalanes están locos, para El País son unos necios. Acompaña las baterías de portada con un torpedo en forma de editorial titulado Del 9-N al 10-N en el que, tras abroncar a Mas, la Generalitat, los soberanistas, por convocar un simulacro, una pamema, viene a decir lo mismo que Rajoy, esto es, algo así como "aquí no ha pasado nada, no hemos visto nada, no procederemos contra los responsables, vayamos al 10N, que es lo que importa". Haya cordura, negociación. Más o menos la melodía que interpreta una docena de columnistas de lo que antaño fue un periódico serio.

La táctica de cubrir de ridículo tampoco va a funcionar. La consulta catalana se sigue con gran interés en todo el mundo y la prensa internacional no envía 300 corresponsales a cubrir un simulacro, ni le dedica portadas y editoriales o programas de televisión. Doy fe porque hace dos días me preguntaron de una agencia de noticias sueca, TT. Tampoco van los observadores internacionales a presenciar verbenas.

Cuestionar, ridiculizar la consulta por sus deficiencias en materia de garantías democráticas es un buen golpe, pero tropieza con dos potentes contragolpes. De un lado, los catalanes han dado sobradas muestras de capacidad logística para organizar procesos similares con garantías razonables, pacíficos, muy concurridos, con asistencia de cientos de miles, millones de personas. La colaboración de las instituciones públicas con unas potentes organizaciones sociales, prácticamente desconocidas en el resto de España, lo posibilitan.

El segundo contragolpe funcionará hoy. Depende de la participación. Si votan dos o tres millones será un éxito; si lo hace medio millón, un fracaso. El debate estará entre medias. Y habrá que ver asimismo qué votan, si "no", "sí, sí" o "sí, no". Salga lo que salga, la votación es ya un triunfo. Y, efectivamente, tras el 9N llegará el 10N, a inaugurar una etapa nueva. Pero los mandatos de quienes se sienten eventualmente a negociar tendrán muy distinto valor según hayan sido los resultados de ese simulacro-farsa-pitorreo de la consulta que no es consulta pero sí es consulta.

Y una consulta que es el primer paso de la soberanía catalana puesto que se trata de un acto contrario a la voluntad del Estado y de la suspensión/prohibición del Tribunal Constitucional. No es posible predecir el resultado que dará un referéndum de autodeterminación cuando se haga pero sí está claro ya, en opinión de Palinuro, que no cabe seguir negando a los catalanes la condición de nación. 

No una banda de chiflados, Rajoy, sino una nación, ein Volk. Con todos sus derechos.

De un idiota a otro.

Hace un mes, aprox., Rajoy se vio en la triste obligación de terminar de apuñalar por la espalda a su entonces ministro de Justicia, Gallardón. Era este uno de esos estúpidos engreídos, seguros de sí mismos por lo fácil que lo han tenido todo en la vida, incapaces de entender el mundo en el que viven, insensibles al juicio moral general de la gente, ciegos en su soberbia dogmática, altaneros en sus convicciones más cavernarias. El presidente del gobierno, viéndolo tan necio, sabiondo y meapilas, lo puso en ese ministerio seguro de que así se quitaba de encima la insoportable presión de los curas, con el encargo de hacer una ley contra el aborto que satisficiera a la clerigalla y los sectores más inhumanos, trogloditas y asesinos de los "provida". Jugada maestra: si esa ley contra el aborto y la libertad de las mujeres salía adelante, sería la ley Rajoy; si, como ha pasado, era necesario retirar el adefesio, sería el fracaso Gallardón. Y, ya puestos, además de retirar el proyecto, había llegado el momento de prescindir del proyectista, el idiota altanero que había creído en la palabra de Rajoy quien, como todo el mundo sabe y él mismo reconoce, carece de ella.

Eran momentos delicados. Había que buscar un relevo rápidamente y Rajoy creyó dar con una fórmula feliz: nombraría sucesor a un tal Rafael Catalá. Así conseguía dos objetivos: mostrar que no le duelen prendas de promover a un Catalá, a pesar de su apellido, y poner la Justicia y el asunto de la consulta del 9N en manos de un fino jurista. Lo primero no era muy relevante. Lo segundo, era decisivo. Y lo ha sido. El fino jurista se despachó ayer con una imbecilidad de la que sin duda se sentía muy orgulloso y, probablemente, explicó a Rajoy en privado: cómo, mediante una hábil estratagema había desactivado el 9N, ofreciendo una salida honrosa del laberinto al pobre Mas y evitando la necesidad de una intervención del Estado que nadie, absolutamente nadie y menos que nadie el necio que preside el gobierno, sabe en qué pueda consistir. La inteligente fórmula en la que quizá hayan participado las lumbreras de El País y que este destacaba triunfante era: El Gobierno está dispuesto a permitir el 9-N si la Generalitat no participa.

Cree el fino jurista, cree el idiota, que todos están en la compota. Así que hoy, Artur Mas, quien, al margen de la que cada cual piense de sus opiniones políticas (Palinuro las encuentra detestables) tiene una talla de político y gobernante que Rajoy no alcanzará jamás aunque tenga siete vidas, ha reivindicado la responsabilidad por la consulta, como hacen los hombres honrados, los que tienen palabra, los que afrontan las consecuencias de sus actos, los que no engañan, ni mienten, ni se desdicen u ocultan; o sea, los que no son Rajoy. Cierto que pide el apoyo de la sociedad civil. Pero ese ya lo tenía antes de que el idiota de turno lanzara su estratagema. Y seguirá teniéndolo.

¿Y por qué es idiota le propuesta del ministro Catalá? Sencillamente porque al afirmar que el gobierno no actuará si la Generalitat acepta tal o cual condición, antes de asegurarse de qué haría la Generalitat, no le queda ahora otro remedio que actuar (cosa que todavía estaba en el aire antes de la  artimaña del ministro) si la Generalitat no se aviene. Como ha sucedido. Lo maravilloso y lo que da al ministro Catalá todas las papeletas para completar su título de notario mayor del Reino con otro de idiota mayor del mismo lugar, es que ni él, ni Rajoy ni nadie de este gobierno que es un monumento a la incompetencia más ranciamente española, tienen la menor idea de qué significará en concreto que el gobierno actúe.

Esta situación pide una glosa sobre el exitazo del Estado autonómico del título VIII de la CE a la vista de la hoy ya inevitable consulta. Quédese para mañana o pasado, día D.

El diálogo absoluto.

Rajoy insiste en ofrecer diálogo a Mas si la Generalitat retira la convocatoria de la consulta o acepta la suspensión de la ley pertinente dictada por el Tribunal Constitucional. Mas glosa la exhibición de unidad de las fuerzas soberanistas esperando que Rajoy vea por fin la necesidad de diálogo como Pablo de Tarso vio la luz de la verdad. A Alicia Sánchez Camacho, la inexistencia del imprescindible diálogo, sistemáticamente torpedeado por Mas, le quita el sueño, como si fuera un íncubo. Cayo Lara se sube al vagón de Pedro Sánchez y pide a Rajoy y Mas que se sienten a dialogar. Diálogo piden intelectuales que no hace muchas fechas sostenían que no había nada que dialogar. Diálogo, mucho diálogo, piden empresarios y banqueros. Diálogo aconsejan instancias internacionales y pide la prensa extranjera. Y con cierta irritación: Bloomberg publicaba el otro día un editorial durísimo frente a la intransigencia de Rajoy y poco menos que lo conminaba a coger el AVE y presentarse en Barcelona, a abrir un diálogo con Mas que encauce un conflicto con mala pinta.

Diálogo es la panacea. Lo dice el saber popular tradicional. Hablando se entiende la gente. Y hay que entenderse en lugar de pegarse. El romper barreras, dialogar, hablar es la base de la convivencia. Por eso las cámaras representativas del mundo entero se llaman Parlamento, porque son lugares en los que se va a hablar. Muchos dicen que no sirven para nada porque precisamente lo único que hacen es hablar. Otros, al contrario, creen que el hablar es ya un hacer. Hablar, contrastar opiniones distintas, llegar a acuerdos es la esencia del diálogo.

El diálogo no es solo la vía, la única vía, para entenderse y ponerse de acuerdo. También es la forma que en muchos casos toma el conocimiento. Media historia de la filosofía está escrita en forma de diálogos, y una parte importante de los avances científicos y de la literatura. Casi todas las obras utópicas son dialogadas. El saber que el diálogo genera es dialéctico, por oposición, se mueve, avanza, permite vivir porque aporta luz y permite deshacerse de lo viejo y caduco. Igualmente, algunas de las obras satíricas más demoledoras tienen forma de diálogo, incluyendo el género epistolar que es una especie de diálogo narrado. No estoy seguro de si un diálogo, hoy inalcanzable por cuanto se ve, ayudaría a Rajoy a conocer algo de la realidad sobre la que opina a diario a base de topicazos sin enjundia, pero intentarlo no le vendría mal.

El diálogo tiene una aureola de sacralidad, una connotación tan positiva que, a veces, se ha dado por bueno que las partes se hayan sentado a dialogar no por voluntad propia sino obligadas por un poder superior. Se atribuye al diálogo una fuerza taumatúrgica. El milagro de la paz salida de la guerra. Pero ¿valen todos los diálogos? ¿No tienen precondiciones, condiciones, contextos? ¿No son abordados con espíritus distintos? A veces los diálogos son imposibles porque los dialogantes hablan lenguajes diferentes, aunque la lengua sea la misma. A veces no se entienden porque falta la voluntad de entenderse y de lo que se trata es de simular espíritu de diálogo cuando no se tiene sino el contrario, la derrota incondicional del otro.

¿Cómo quiere dialogar la Generalitat? Lo ha mostrado en varias ocasiones: en términos de peticiones o reivindicaciones que el gobierno central ha rechazado; han ido creciendo y siempre cosechando la misma negativa; y han culminado por ahora en la convocatoria de la consulta, asimismo denegada. En todas las ocasiones el presidente del gobierno ha explicado que está dispuesto a dialogar sobre lo que sea excepto sobre la reivindicación concreta de que se trate porque la ley no lo permite. Pasó con el concierto económico, siguió con las 23 peticiones de Mas y se corona ahora con la consulta.

Mas justifica sus actos como respuesta a una petición popular manifiesta en movilizaciones sociales sin precedentes, incluido el casi unánime apoyo municipal a la consulta y articulada en la forma de una unidad de acción de las fuerzas soberanistas que, en la práctica y a estos efectos, actúa ya como una especie de gobierno de concentración a la sombra. ¿Hasta dónde puede llegar un líder emergente que puede chocar con la legalidad del Estado? Es imposible predecirlo porque no depende de él solo. La vicepresidenta del gobierno ha anunciado en tono poco amable que la Fiscalía estará muy pendiente de lo que haga Mas. O sea, una amenaza, cosa casi inevitable en estos gobernantes tan autoritarios.

Pero la cuestión es si el gobierno español puede hacer algo más que amenazar. Que no quiere diálogo alguno, pues prefiere la confrontación, es patente. Lo repite Mas: no es un problema jurídico o legal; es un problema de falta de voluntad. De falta de voluntad de dialogar, haciendo ver que la hay a raudales. Y de otra falta más grave, falta de ideas, de razones, de propuestas. No se quiere el diálogo porque no hay nada que aportar a él. La última condición impuesta, esto es, que Mas retire la consulta y luego hablaremos, equivale a un rotundo "diálogo, no".  Pedir a la otra parte que renuncie a la posición que le da la fuerza para dialogar antes de empezar a hacerlo es como pedirle que salgan de uno en uno y con las manos en alto. No sirve para nada porque, aparte del peligro de aureolar a Mas de mártir con cualquier medida represiva, no tiene en cuenta la complejidad del nacionalismo catalán y la relación de fuerzas en su seno.

El único guión que el nacionalismo español gobernante acepta es el ataque al proyecto soberanista en la vía jurídica, con exclusión de debate político alguno, así como en el terreno de las presiones, las maniobras, el juego sucio y la intoxicación mediática. Su objetivo es el desmoronamiento de la unidad política soberanista, sometida a muchas presiones. La reciente dimisión de un vocal del consejo para la consulta argumentando que esta no ofrece garantías democráticas, puede apuntar en esa dirección. Si la unidad no aguanta hasta el 9N, quizá haya elecciones anticipadas. Si la unidad aguanta, según lo que suceda ese día, al siguiente puede empezar por fin un diálogo.

En lo demás, todo está abierto, todos pueden meter la gamba de aquí al 9N. Pero algo queda claro: el límite de legalidad invocado siempre por Rajoy para cerrarse al diálogo se da también en un contexto de uso. Según el presidente, las leyes pueden cambiarse, pero no violarse. Para cambiar las leyes, por supuesto, consenso y diálogo. Ese espíritu de legalidad tiene sus peculiaridades. Pongo un ejemplo muy ilustrativo por el tema de que se trata y los momentos en que se plasma, al inicio mismo de la legislatura y ahora, hace un par de días. Lo primero que hizo el gobierno de Rajoy fue valerse de su mayoría absoluta en el Congreso para cambiar la Ley de Radio Televisión de Zapatero que obligaba a elegir un director del ente por una mayoría supercualificada y consenso. Así nombró por mayoría absoluta al hombre más leal y fiel a sus designios con encargo de convertir RTVE en un órgano de agitprop. Diálogo, cero. Hace unos días, dimitido ese mismo director, que ha hundido el ente, el PP ha ofrecido diálogo al PSOE para ponerse de acuerdo en uno nuevo. En menos de veinticuatro horas lo ha roto y propuesto al comisario político de su preferencia.

Son formas distintas de entender el diálogo. Está es la llamada "absoluta".

Proceso al proceso.

Los catalanistas que, a fuer de nacionalistas, son proclives al romanticismo, suelen referirse al movimiento soberanista como un proceso, el proceso. Es la idea de un discurrir, de un progresar, de un avanzar hacia un objetivo; la imagen es un río, el río heracliteano, el río que nos lleva hacia la mar que no es el morir, sino el amanecer nacional. Ese proceso se quiere histórico, fragmentario, disperso, perdido entre tradiciones culturales, obras literarias, hechos históricos, fábulas, instituciones propias, reencontrado en movilizaciones populares muy diversas, a veces contradictorias y siempre libre. Es su autoconciencia. Se siente protagonista de la historia y se asimila implícitamente a la vieja leyenda del moisés conduciendo a su pueblo a la libertad, sacándolo de la tiranía del faraón. El proceso, hecho de imponderables, conflictos, maquinaciones y decisiones arriesgadas, es la tarea y la escuela del héroe al mismo tiempo. Ahí está ese nuevo Moisés, dispuesto a desafiar las iras del faraón. Ya no con un bastón capaz de convertirse en culebras sino con un planteamiento jurídico-político del derecho de autodeterminación que el poder central no acepta.

Ese poder opone al proceso soberanista otro proceso unionista. Ignora el fundamento político de aquel y le contrapone uno jurídico. El proceso es ahora judicial y llegado el caso, penal. El nacionalismo español no tiene nada que discutir con el catalán mientras esté convocada la consulta ya que es ilegal. No hay, se dice, una negativa de raíz, sino condicionada a la cesación de la ilegalidad. Es el mismo argumento que se empleaba para rechazar toda negociación con el nacionalismo vasco mientras ETA siguiera matando y que Palinuro compartió en su día. En donde hablan las pistolas, no valen razones. Pero ahora es diferente. En Cataluña no hay pistolas y, sin embargo, también se hurta el debate político so pretexto de la existencia de una ilegalidad, cuestión siempre interpretable y sumamente discutible. Entran fuertes sospechas sobre la buena fe de quienes así argumentan.

El gobierno excluye expresamente todo debate político en y sobre Cataluña, mientras otee la consulta en lontananza. Va directamente por lo judicial y también lo policial. Rajoy se felicita del apoyo sin fisuras del PSOE en su cerrada opción de negativa y represión. La decisión sobre Cataluña compete a todos los españoles, dicen Rajoy y Sánchez al unísono. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución, responden de igual modo. Al margen de que pretextar como límite y barrera algo que uno mismo se ha saltado limpiamente no sea propio de caballeros, el problema reside en que la consulta, como está planteada, no afecta en nada a la soberanía del pueblo español. Tiene solo carácter consultivo, no es vinculante.

Naranjas de la China, rezongan los unionistas, es un referéndum de autodeterminación taimadamente oculto, pero real. Aunque lo fuera, está por ver que los catalanes no tengan derecho a él como lo tienen los escoceses. Pero no lo es. Es una consulta para conocer su opinión sobre algo sobre lo que mucha gente, al parecer el 80 por ciento de la población, quiere que se le pregunte. Conocer es un buen comienzo para hacer pero no necesariamente coincidente con ello, salvo que uno tenga presciencia. Reprimir algo asegurando que es lo que no es resulta francamente cuestionable.

Proceso contra proceso, el soberanista, que sigue llevando la iniciativa y abre día a día frentes nuevos, se despliega en dos ámbitos, el social y el judicial. En el social no solo se apunta esa movilización ciudadana de acampadas y ocupaciones que se parece a la de Hong Kong, sino también el hecho de que el 95 por ciento (creo, no estoy seguro) de los ayuntamientos catalanes ha apoyado expresamente la consulta. Los movimientos sociales de base local han sido siempre muy importantes en España por la tradición del municipio romano. En el proceso judicial, el Parlamento catalán recusa dos magistrados del Tribunal Constitucional, el presidente y un vocal. Tiene pocas esperanzas porque ya el Tribunal rechazó similares recusaciones en el pasado y al mismo presidente. Pero, si no nos dejamos llevar por la pasión o el interés político, reconoceremos que es muy dificil, por no decir imposible, admitir que pueda ser imparcial un presidente de un Tribunal Constitucional que ha de decidir sobre una cuestión que le plantea como parte el gobierno del partido del que ha sido militante cotizante no hace dos telediarios.  Me atrevería a decir que en ningún país civilizado del mundo se daría por buena esta situación. Aquí sí. Y eso mismo nos da la medida de qué valor tiene la invocación a la legalidad que comparten los dos partidos dinásticos.

Los dos procesos siguen su curso pero en algún momento chocarán. El proceso soberanista, con su fuerza social transversal, su orientación básicamente política, su aspiración constituyente, tiende a desbordar los cauces legales, sobre todo si se interpretan con criterios autoritarios. A su vez, el proceso judicial sigue su propia lógica y solo se atiene a ella, con expresa ignorancia de consideraciones políticas. La crítica de que, en estas materias, toda decisión judicial es en el fondo política no es especialmente bien recibida. Si, en un determinado momento, un órgano judicial recibe una querella contra el presidente Mas por prevaricación o contra los diputados catalanes por sedición, se pondrá en marcha en aplicación del procedimiento. Y en un giro de este, el proceso soberanista o su máximo dirigente, pueden encontrarse en un proceso penal. No sería la primera vez que el mundo viera a un presidente de la Generalitat entre rejas. Pero la cuestión es si España puede llegar hasta ahí.

 

No si quiere, sino si puede.

Del referéndum al no-referéndum.

La democracia no se improvisa. La cultura política democrática no viene del cielo. La personalidad democrática no se aprende en una hora. El talante autoritario no se pierde en otra. El Reino Unido ha dado una lección de democracia al mundo, a Europa y muy especialmente a España, país en el que un conflicto del todo similar se afronta de modo radicalmente distinto. Al reconocimiento del otro, el respeto a sus derechos, el diálogo, la negociación, la libre elección y decisión de los ciudadanos, criterios aplicados en Gran Bretaña, se opone en España la falta de reconocimiento del otro, la de respeto de sus derechos, el rechazo del diálogo, la ausencia de negociación, la prohibición de que los ciudadanos elijan o decidan nada. El Reino Unido es una democracia consolidada, de solera, secular; su última dictadura, y civil, se dio hace más de trescientos cincuenta años. España es una democracia reciente, enteca, procedente de una tradición autoritaria; su última dictadura, y militar, fue hace menos de cuarenta años.

La democracia no reside en revestir de discursos liberales una práctica autoritaria, como hacen los políticos españoles, sino en tener una práctica de libertades y derechos con un discurso de muchos matices en intercambio civilizado. Eso se nota en el comportamiento de los políticos. A los españoles les sale el talante rígido y autoritario hasta respirando. Los extranjeros se comportan con naturalidad democrática, en ruedas de prensa abiertas a todo tipo de preguntas. Cameron por un lado y el ya dimisionario Salmond por el otro han aportado su opinión o criterio sobre el referéndum escocés al debate público en su país. Habría que incluir aquí a Mas y algún gracioso dirá que es en verdad un político extranjero. ¿Qué presidente de gobierno español desde la dictadura ha dado una rueda de prensa abierta y respondido las preguntas en cuatro lenguas, español, catalán, francés e inglés?

Frente a estos intercambios con preguntas libres, sin pactos previos, ni cupos, ni demás triquiñuelas, Rajoy ha vuelto a hacer un ridículo apoteósico largando al respetable un discurso leído en teleprompter a través de una pantalla de plasma. La performance del hombre tiene cierta comicidad en su gesticulación y en sus evidentes esfuerzos por leer el texto sin farfullar demasiado. La aparición plasmática del que prometía dar la cara cuando estaba en la oposición, remite a una iconografía de Gran Hermano. Pero no es una prueba de control férreo del poder sino del pánico cerval, del miedo escénico de Rajoy a hacer el ridículo enredándose en alguna de sus divertidas expresiones, "ya tal", "salvo alguna cosa". El temor a decir cualquier disparate cuando el asunto es sencillo. "Queridos españoles: en Escocia ha pasado esto y esto, que significa esto otro porque lo digo yo". Y se acabó. Quien no esté de acuerdo, que lo diga en Twitter.

Y ¿en qué consiste ese discurso que Rajoy quiere colocar a la concurrencia? En decir que está muy contento porque los escoceses han elegido y han decidido de la forma que a él le gusta, manteniendo la unidad del país. Ni menciona el hecho de que los escoceses puedan elegir y decidir pero los catalanes no. De eso se encargan los intelectuales del partido. Así, la vicepresidenta del gobierno, famosa por la densidad de su conceptos, dice que en Cataluña no corresponde hacer lo que en Escocia porque Escocia y Cataluña son casos distintos. Que sea precisamente la prohibición a los catalanes de votar la que los hace distintos tampoco le parece digno de mención; probablemente ni se le ocurre. La falta de sensibilidad democrática de los herederos ideológicos de la dictadura es algo normal. Pudiera parecer que sería mayor en quienes se opusieran a ella, pero no es así. Rodríguez Zapatero critica con dureza el referéndum escocés, asegurando que ha sido un salto en el vacío pues lo pertinente fuera llegar previamente a un pacto y someterlo luego a refrendo de la ciudadanía. Entre la negación de la libertad y la libertad hay siempre una tercera vía, consistente en administrarla, gestionarla para que, dándose, no haga saltar todo por los aires. 

Nada que ver con la forma de afrontar la cuestión en el Reino Unido. El nacionalismo español de derecha y de izquierda se encara con el catalán blandiendo la Ley y la Constitución como el que blande una maza y amenazando al independentismo con poner en marcha procedimientos represivos de todo tipo. Izquierda y derecha se diferencian en la solución que proponen, pero no en el diagnóstico que hacen: el independentismo no es legal y, por tanto, no se puede permitir. Y aquí se entra ya en la más feroz y aburrida de las casuísticas sobre qué se hace, qué no se hace, sobre qué bases. Todo por no recurrir a algo tan sencillo como lo de los británicos: votar. ¿Por qué ese empecinamiento en frustar la voluntad de la inmensa mayoría de la sociedad catalana, pretextando de mala fe unos límites legales que interpretados abiertamente no lo serían? Por puro miedo. Por miedo a que el resultado de una consulta en Cataluña fuera muy distinto al de Escocia. 

En realidad, los defensores de la unidad de la nación española no creen en ella. Si creyeran, no les importaría ponerla a prueba. Cameron ha hablado de que los escoceses han votado a favor de la unidad de su país de cuatro naciones. En España, el Tribunal Constitucional deja reducido el concepto de nación no española al ámbito cultural y folklórico y no se acepta el carácter plurinacional del Estado. 

Es decir, no se trata solamente de que el orden legal que se invoca esté muy dañado pues pivota sobre el pronunciamiento de una Tribunal Constitucional con evidente carencia de autoridad moral para decidir. Hay mucho más. Hay que, en el fondo, con el ejemplo de Escocia, el nacionalismo español y su Estado han perdido toda legitimidad para oponerse, prohibir una consulta mucho más inocua que la de Escocia y amenazar con reprimir y represaliar a quienes la pongan en marcha. 

Ayer, el Parlamento catalán aprobó la ley de la consulta. Mas firmará el decreto si no lo ha hecho ya y quedará oficialmente convocada la consulta para el nueve de noviembre próximo. Lo inmediato será la reunión de urgencia del gobierno para remitir la norma al Tribunal Constitucional. De este modo se habrán dado pasos decisivos en la práctica de lo que en teoría de juegos se conoce con el nombre de juego del gallina, en el que pierde el primero que se aparta en un curso de colisión.

Con el ánimo constructivo que lo caracteriza, Palinuro propone la siguiente solución transitoria al conflicto en los pasos siguientes: 1) el gobierno central propone a la Generalitat aplazar la consulta a cambio de reconocerla y negociar su celebración; 2) la Generalitat solicita poderes de negociación del Parlament y los obtiene; 3) ambas partes negocian el calendario de la consulta, para que haya tiempo para la campaña, y el contenido de la pregunta, en la línea de la Ley de claridad canadiense. 

Lo que venga después podrá afrontarse en un clima menos crispado, menos tenso, más abierto y dialogante, lo cual redundará en beneficio de todos. 

Pero no ha lugar. Tal cosa no sucederá porque, como ya ha explicado la vicepresidenta del gobierno, Escocia no es Cataluña, una aclaración tan profunda como la de su correligionaria Botella advirtiendo de que las peras no son  manzanas.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

Referéndum.

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Por un referéndum sobre la República.

Las dinastías pasan. Los pueblos permanecen.

La dignidad de las personas reside en su autonomía y su derecho a decidir como individuos y como pueblos. El derecho a decidir es la base moral de la civilización en libertad.

Lo más importante que las personas deben decidir es su orden de convivencia y su forma de gobierno.

Nadie puede arrogarse el derecho a decidir por la mayoría si no es por determinación expresa de esta. El derecho a decidir individual y colectivamente es originario y se actualiza cuando circunstancias extraordinarias lo exigen. La única forma de averiguar la voluntad de la mayoría es consultándola en un referéndum sobre la forma de gobierno y/o sobre la organización territorial del Estado.

Este Parlamento fue elegido para asuntos ordinarios y sostener que la sucesión es uno de ellos cuando es fuerza aprobar una ley orgánica por vía de urgencia, quebrantar normas de procedimiento y modificar de hecho la Constitución es un evidente abuso. De tratarse como asunto ordinario, la sucesión será legal pero no legítima y la monarquía, último legado de la Dictadura, seguirá siendo ilegítima. El relevo es la oportunidad de reconsiderar o validar la decisión que se tomó en el pasado en otro momento de excepcionalidad. No hay razón para aceptar sin más una forma de gobierno impuesta por circunstancias que ya no están vigentes.

Desde el momento en que la democracia es la igualdad de todos ante la ley, el concepto mismo de “monarquía democrática” es una contradicción en los términos. Cuando las personas son libres, nadie es más ni menos que nadie.

Esta monarquía hereditaria, basada en un principio sucesorio patriarcal, es una afrenta al sentido de la libertad, la igualdad y la dignidad de la conciencia contemporánea.

La República, en cambio, es la negación de todo privilegio y la garante de la igualdad ante la ley.

Ramón Cotarelo.

El problema español.

Los frentes están cada vez más claros y los puentes van rompiéndose. El País considera llegada la hora de la lucha por la unidad nacional y toma posiciones. Da la noticia y la interpreta al mismo tiempo. La decisión del Parlamento catalán no tiene salida. Adelanta incluso la respuesta del Parlamento español: no. Vale. La cuestión ahora es: ¿cuál es la salida? Para muchos, esta pregunta carece de sentido. Responden con otra: ¿por qué hay que buscar una salida? Las cosas deben seguir como están; los catalanes tienen que ajustarse a la Constitución y ya está. Por lo demás, cabe negociar.

Es un enroque. Frente a él los soberanistas catalanes probablemente mantendrán alto el nivel de hostigamiento institucional por todas las vías posibles, compatible con un clima de creciente desobediencia civil, a veces mayor, a veces menor, pero permanente. ¿Puede el sistema político español soportar esta continua tensión estructural? ¿O habrá que buscar una solución a pesar de todo? Piénsese en que, paralelamente a la cuestión catalana, se plantea la vasca y otros problemas de calado. No siendo el menor la agresividad del gobierno hacia el bienestar de la población en general, que lo ha deslegitimado para otros asuntos.

Frente a una probada ineptitud en el tratamiento de la cuestión nacional de los dos genios que rigen los destinos de los partidos dinásticos, mayoritarios, el sistema político sí reacciona poco a poco a los nuevos planteamientos. El aumento de la cantidad de los partidos se orienta por estos aires. UPyD y Vox comparten un postulado: la animadversión a las comunidades autónomas.

A su vez, el voto del Parlamento catalán ha sido fatal para el PSC y un golpe duro para el PSOE que, si no es con respaldo catalán, no tiene expectativas razonables de llegar al gobierno.

Es decir, los dirigentes no se enteran, pero está claro que el sistema español responde ante todo a la cuestión catalana; justo aquella frente a la que los dos partidos dinásticos carecen de propuestas porque no respeta los límites impuestos por el relato oficial de la oligarquía dominante Autodesignados administradores únicos de una realidad que no entienden, ambos partidos se obstinan en negar la realidad plurinacional de España, cuyo reconocimiento podría obligar a abrir  un proceso constituyente nuevo, una vez que el ciclo de la transición ha desembocado en la inoperancia.

No es una cuestión que puedan gestionar los dos dirigentes actuales que no están ni de lejos a la altura de las circunstancias, como se prueba por las valoraciones ridículamente bajas que les otorgan los ciudadanos. Y aun así resultan demasiado altas para lo que en realidad hacen, que es nada. Pero, eso sí, tampoco se apartan y dejan que otros con más empuje tomen el relevo. La rutina es una bendición. Los españoles tienen una extraña sensación de vértigo de estar quedándose sin país, que se les va de las manos a estos dos burócratas del poder, carentes de cualquier idea o propuesta con alguna perspectiva o iniciativa políticas. Y es que para esto no basta con llevar treinta años subido a un coche oficial y cuidando la imagen. Es algo para lo que se requiere lo que se llamaba estadistas, o sea, líderes, capaces de formular proyectos que susciten el apoyo de la mayoría de los habitantes de España, incluidos los catalanes, voluntariamente, por supuesto.

Pero, ¿en dónde están?

Toda pregunta es una ofensa a España.

¡Qué dura es la política! La guerra por otros medios y, como en las guerras, nadie puede prever en dónde ni cómo se dará la próxima batalla, ni quién la ganará. Estaban los dos partidos mayoritarios absortos en sus quisicosas, los socialistas en sus juegos sucesorios y los conservadores en sus tribulaciones penales a causa de la corrupción y su endurecimiento de la política represiva, cuando los nacionalistas catalanes les lanzaron el órdago de las preguntas del referéndum, poniendo el Estado patas arriba y sembrando el desconcierto en las filas españolas.

El momento no puede ser más propicio para los catalanistas porque la gobernación de España se encuentra en manos de los dos políticos (los líderes del gobierno y la oposición) más incompetentes que ha visto el país en muchos años. Dos profesionales del ámbito público, burocratizados, rutinarios, sin ideas ni visión, con unas valoraciones populares tan bajas que rayan en el ridículo; dos personajes que rechaza el ochenta por ciento de la población. Y con sobrados motivos. Ninguno de los dos se había tomado en serio la cuestión catalana porque no la comprenden y, en consecuencia, por más que se les ha avisado desde hace meses, no tenían respuesta alguna. 

Los socialistas, que sí habían barruntado algo (sobre todo porque han estado a punto de escindirse) se sacaron del baúl de la abuela una propuesta federal que jamás propusieron en sus largos años de gobierno y en la que, en el fondo, no creen. Rubalcaba se limitó a usar dos veces el twitter, una para decir que CiU lleva a Cataluña a un callejón sin salida y otra para asegurar que las preguntas son la actualización del derecho de autodeterminación, que los socialistas rechazan. Lo del callejón sin salida suena amenazador y será mejor darlo por no enunciado. La negación del derecho de autodeterminación tiene más enjundia. ¿Quiere acaso decir que todo lo que los socialistas rechazan (si es verdad que lo rechazan) es imposible e irrealizable? Será solo si depende de ellos porque, en principio, los socialistas también rechazan el capitalismo y conviven tan ricamente con él. 

La reacción del gobierno, el otro protagonista de tan exaltada jornada, no pudo ser más lamentable. Tampoco tenía nada preparado porque no cabe llamar preparación a esa bobada que lleva meses repitiendo Rajoy de que "España es la nación más antigua de Europa" que, sobre no ser verdad, tampoco quiere decir nada. Es obvio para cualquiera excepto para Rajoy que el hecho de ser el más antiguo de un baile no te garantiza que vayas a seguir bailando. Más antiguo era el Imperio Bizantino y sucumbió. 

Ignoro si el peculiar ministro del Interior puede considerar las preguntas propuestas para el referéndum como una ofensa a España pero, visto su comportamiento hasta la fecha, no sería extraño que mandara una compañía de antidisturbios a la Generalitat a identificar a los consellers e imponerles sendas multas de 30.000 uracos. 

Rajoy compareció en rueda de prensa con Van Rompuy y leyó una declaración institucional anunciando la firme voluntad de impedir la consulta catalana. La leyó porque este hombre es incapaz de decir nada de importancia sin leerlo y, aun así, no es infrecuente que se equivoque o que, queriendo improvisar, se desdiga de lo que acaba de decir. Dicha declaración descansaba sobre tres pilares, otras tantas falsedades que Rajoy pronuncia como verdades, como suele, pues está acostumbrado a que nadie lo contradiga:

Primera falsedad: el gobierno (este o cualquier otro) no puede negociar lo que pertenece a la soberanía nacional cuyo titular es el pueblo español. No es verdad. Lo hace continuamente y, a veces, consulta al pueblo (como en el referéndum sobre la Constitución europea en 2005) y, a veces, no (como en la reforma constitucional del art. 135 CE), según le dé y le interese.

Segunda falsedad: el gobierno ha hecho todo lo posible por fortalecer los lazos de cariño etc., etc., con Cataluña. No es cierto. Desde las recogidas de firmas contra el estatuto catalán y el boicot a los productos catalanes hasta las injerencias del ministerio de Educación en la enseñanza catalana, pasando por el dislate de la sentencia del Tribunal Constitucional, el gobierno y su partido no han hecho otra cosa que alimentar la división, el enfrentamiento y la hostilidad a Cataluña.

Tercera falsedad: Hay que obedecer la Constitución y las leyes. Una Constitución que el propio gobierno reforma cuando le place e incumple sistemáticamente y unas leyes que cambia a su antojo, cuando le da la gana, en defensa de sus intereses de partido o, incluso, de prácticas faccionales o corruptas. El gobierno carece de autoridad moral para exigir el cumplimiento de las leyes.

En general, carece de toda autoridad moral a causa del cáncer nacional de la corrupción en el que está metido de hoz y coz. Quiera o no. El caso Blesa, literalmente, hiede. Es esa conciencia de falta de legitimidad la que lo lleva a dictar leyes represivas, arbitrarias, injustas, leyes probablemente anticonstitucionales, que tratan de criminalizar el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas. Como la vergonzosa Ley Mordaza.

A tono con ese espíritu dictatorial, autoritario, represivo, franquista, la rueda de prensa deparó otra desagradable sorpresa: de ahora en adelante será el propio Rajoy quien diga cuáles periodistas preguntan y cuáles no. Las preguntas, ya se sabe, son ofensas. Y antes de que, además, diga qué es lo que pueden preguntar, por fin, los periodistas han empezado a plantarse. Leo que en eldiario.es han decidido no acudir a las ruedas de prensa del presidente. Ya era hora. El ejemplo debe extenderse. Y no solo a los periodistas, que no pueden permitir esta humillación. También deben plantarse los partidos de la oposición en el Parlamento y negar la colaboración a lo que ya está siendo una burla.

Por lo demás, si los periodistas quieren ser más eficaces en su lucha por sus derechos (que, al fin y al cabo, son los de todos), además de no prestarse a ese atropello deben hacer algo más: informar a los mandatarios extranjeros antes de las ruedas de prensa qué odiosa práctica censora están justificando. Porque muchos de ellos no lo sabrán y, si se les informa, algunos, seguramente, se negarán a comparecer con un trilero de ese jaez que no hace ruedas de prensa sino que las escenifica como lo que son, farsas.

Del increíble follón de Blesa y el juez Elpidio Silva hablamos mañana.

(La imagen es una foto de La Moncloa aquí reproducida según su aviso legal).

Por la República.

La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria, dice la Constitución española en su artículo 1, 3. Esta lapidaria afirmación consagra solemnemente una de las historias más rocambolescas de los últimos años por la que se produce, no la segunda restauración de los Borbones, como suele decirse, sino la tercera. La primera se ignora por un prurito de orgullo patrio, visto el comportamiento traidor de Carlos IV y su hijo Fernando. Al restituir a este como Fernando VII en el trono de sus antepasados, las Cortes aceptaban como Rey a quien unos años antes había entregado la Corona de España y sus posesiones a Napoleón. Que este felón arbitrario y despótico fuera llamado el Deseado dice mucho del masoquismo sarcástico de los españoles. La segunda restauración fue en la persona de otro hijo, Alfonso XII, tras el destierro de la Reina madre, la valleinclanesca y sin par Isabel. Entre medias, una pintoresca instauración de la casa de Saboya que no prosperó. La tercera restauración, la actual, se la sacó del magín Franco quien, con su habitual zorrería, marginó al legítimo (desde el punto de vista dinástico) pretendiente, Juan, hijo de Alfonso XIII, se entretuvo en enfrentar entre sí las distintas corrientes dinásticas y, por último, nombró sucesor a título de Rey a Juan Carlos quien previamente había jurado fidelidad a los principios del Movimiento Nacional, el remedo de constitución que se dio la dictadura.

En puridad de los términos, Juan Carlos no es el sucesor de su padre sino del general Franco. Empezó su reinado solo con la legitimidad que le daba ese juramento. Luego, faltó a él, es decir, cometió perjurio. (En el Elogio de la traición: sobre el arte de gobernar por medio de la negación, un tratadillo de política, los autores, Denis Jeambar e Yves Roucaute, analizan expresamente el caso de Juan Carlos como un ejemplo de la conveniencia de la traición en política). De esa forma, perdió aquella legitimidad, la vergonzosamente llamada del 18 de julio, fecha del golpe de Estado fascista contra la República, lo cual, obviamente, era bastante recomendable. Más tarde, se hizo con la legitimidad dinástica, al forzar una renuncia de su padre a sus legítimos derechos. No fue muy elegante ni muy filial, pero fue.

La legitimidad popular es la que no fue nunca pues la tal forma política jamás se sometió a consulta de los españoles. Sus partidarios dicen que se votó en la Ley para la Reforma Política de 1976 (que ya incluía la monarquía) y, desde luego, en la Constitución. Pero este argumento es falaz. En ambos casos lo que se consultaba era la democracia y la Constitución y la Monarquía se metió de matute. Votar "no" por no votar la Monarquía hubiera sido votar "no" a la democracia. Lo curioso es que, al final, la Constitución consagra una forma política impuesta por Franco. El dictador no solo nombraba reyes (ese a título de Rey es sublime) sino que dictaba constituciones póstumas. El ejemplar de la Constitución quese conserva en el Congreso de los Diputados lleva el águila del escudo de la dictadura. Y el Rey sigue sin legitimación popular directa.

La Monarquía fue el coste de transacción de la Transición. Un acomodo entre los franquistas llamados "evolucionistas" y la oposición de izquierda. Ese pacto o acuerdo recibe todo tipo de calificativos a día de hoy, desde modélico a traidor. Pero, en todo caso, existió. Sin embargo, no tiene por qué ser eterno. Esa es una ilusión muy peligrosa. Los pactos deben revisarse siempre y, si hay motivos para romperlos e interés de una de las partes y hasta de las dos, debe romperse. Es absurdo atarse a un cadáver. Admitida la necesidad de la revisión, lo primero que se plantea es la cuestión de Monarquía o República.

Los monárquicos argumentan en un crescendo de pasión: la monarquía ha sido funcional para el desarrollo de la democracia y el Estado de derecho. No hay modo de probarlo y ni siquiera está clara la actuación del Monarca durante el Tejerazo. Además, el desprestigio en picado de la Casa Real en los últimos años, verdadera farsa de las borbonadas más tradicionales, emparentadas ahora con el mundo de la delincuencia de guante blanco, ha conducido a una valoración bajísima de la Corona en la opinión pública y eso no es nunca funcional. Señalan igualmente los cortesanos que la monarquía es la forma de los Estados más avanzados de Europa. Falso. El más avanzado es una república y repúblicas algunos de los siguientes. En todo caso, responden los dinásticos (tanto los conservadores como los socialistas), el asunto no es urgente; hay otros más perentorios que preocupan más a la gente y reclaman nuestra acción colectiva. Pero esa es una mera opinión, un punto de vista particular, no contrastado con el parecer de la ciudadanía, a la que no se consulta jamás para nada, ni siquiera para reformar la Constitución (esa que, luego resulta ser intocable) sino solo para pronunciarse cada cuatro años sobre cuál de los dos partidos dinásticos gobernará y cómo lo hará, si pactando con los nacionalistas o amargándoles la existencia. Por último, afirman los monárquicos, la experiencia histórica de las dos Repúblicas ha sido catastrófica: revoluciones, guerra civil y desintegración de España. También falso. Esas son experiencias de la Monarquía que, al ser mucho más longeva, ha traido revoluciones, algaradas, pronunciamientos, dos de las tres guerras carlistas y una dictadura; también cabe atribuirle mediatamente la guerra civil del 36 y la dictadura de Franco. La Monarquía actual ha convivido con la mayor ofensiva secesionista del siglo XX y lo que va del XXI. Primero fueron los independentistas vascos con la violencia de ETA y ahora ha tomado el relevo el nacionalismo democrático y pacífico catalán, mucho más peligroso para la unidad de España, vía a la que también se ha sumado el reciclado nacionalismo euskérico.

La conveniencia de la República no solo se prueba a contrario, sino por sus propias virtudes. Su naturaleza electiva hasta la más alta magistratura es más acorde con el principio de igualdad, base de la dignidad del individuo como ciudadano titular de derechos. Es un asunto de principios y, por eso, tiene importancia. No es lo mismo ser ciudadano que súbdito, aunque las almas flexibles nos digan que los nombres no son importantes.

La recuperación de la República es un horizonte político noble que simboliza la de la plena soberanía de los españoles, distinta de esa demediada que se esgrime en la Constitución. Cuando, hace unos años, unas almas benditas quisieron importar el concepto de patriotismo constitucional, estaban confesando implícitamente su deseo de encontrar una nación que no fuera necesariamente la España impuesta a la fuerza por la dictadura. Así, la nación de la que andaba huérfana la izquierda española era la Constitución. El PP entendió el mensaje e incorporó a su ideario el patriotismo constitucional como consagración de esta Constitución. Y, claro, el concepto reventó en España. La Constitución producto de un pacto de mínimos, de un acomodo en una situación de amenaza, de concesiones y componendas, no suscita patriotismo alguno.

La República, sí, porque está incontaminada. Es la víctima del atropello del golpe de Estado de 1936, para ella no ha habido perdón (ni lo necesita) y con sus defensores no se ha hecho justicia todavía y esos sí la necesitan. Es una causa, hasta la fecha perdida, pero legítima;  un horizonte político muy nítido en tiempos de zozobra y confusión por el impacto de la crisis no solo en lo económico sino también en lo político.

Al respecto. la izquierda, y en concreto el PCE, parece retornar más y más decididamente al republicanismo. Pasa página de la concesión de Carrillo, al aceptar la bandera y la Monarquía y se desvincula del pacto, pidiendo el restablecimiento de la República, última forma de gobierno legítima en España desde el punto de vista popular, la que la Monarquía ha tratado de ganarse sin conseguirlo.

La posición del PSOE en cambio es más de mantenella y no enmendalla. Según su secretario general, el partido, aun siendo republicano, apoya la Monarquía. Eso es una falacia insostenible. Hay, sin embargo, dicen los socialistas monárquicos de conveniencia, dos poderosas razones para justificar este oportunismo. Una: estamos atados por el pacto de la transición. Dos: cuestionar la monarquía ahora es peligroso pues significa acumular turbulencia sobre turbulencia. Las dos falsas: no queda nada del tal pacto pues la derecha lo ha roto flagrantemente en casi todos sus puntos con su involución y, sobre todo, con su cruel, inhumana, decisión de no hacer justicia a las víctimas de la dictadura de Franco. La turbulencia la provoca la obstinación en mantener un sistema fracasado, hundido en el caciquismo, la corrupción, la incompetencia, la quiebra económica, la ruptura social y la fractura territorial.

La conversión del PSOE en un partido dinástico, alimentado por un sentido nacional español similar al de la derecha con la salvedad de una vagarosa promesa federal que ni él mismo sabe cómo articular, resta mucho crédito a sus demás propuestas reformistas. Esa petición de reforma limitada de la Constitución (que tampoco sabe cómo impondrá) demuestra que el PSOE ha renunciado a dar forma a un creciente espíritu de regeneración democrática que no puede agotarse en unos cuantos parches; ha renunciado a dibujar un horizonte de renovación política. Esas timoratas e inciertas reformas constitucionales son los balbuceos de quien no se atreve a hablar de proceso constituyente, una petición perfectamente legítima en una sociedad democrática que podría articularse mediante una Convención constitucional que replanteara todas las posibilidades de organizacióndel Estado, centralismo, autonomía, federación, confederación, independeencia.

En lugar de esto, el discurso se formula en clave de prudencia, de cautela, continuidad, inmovilismo, también llamado "estabilidad". En clave de miedo. El miedo que alumbró la Transición y reaparece ahora. El miedo de quien no quiere participar en proyectos democráticos si no puede controlar el resultado de antemano.

Sin embargo, solo la República garantizará la regeneración democrática y el restablecimiento de una virtud cívica que el país ha perdido en el lodazal del caciquismo y la corrupción. En las zahúrdas de la tercera restauración.

(La imagen es una foto de Miguel, bajo licencia Creative Commons).

El sentimiento nacional.

Nadie sabe con exactitud qué sea la nación; pero todo el mundo se siente parte de una, algunas veces de dos o más. La nación es un sentimiento, no un concepto racional y el nacionalismo, su forma de manifestarse. El nacionalismo, la última ideología política, superviviente de la época del fin de las ideologías, según se dice por ahí, pero extraordinariamente potente y universal. Forma parte de la construcción de las identidades de los seres humanos. El ser español, o catalán, o sueco o marroquí, es sentirse español y no razonarse español, catalán, sueco, etc. El punto de fusión colectiva de la identidad individual, allí donde la persona se ve reflejada en otras que son como ella, pues todas comparten ese imaginario colectivo de formar un grupo distinto de los demás grupos, culturalmente hablando. Se trata de naciones; no de razas. Todo el mundo tiene una nación, la siente como suya y, en consecuencia, es nacionalista.

En su forma más benigna, el nacionalismo es un sentimiento de pertenencia que habitualmente gusta de presentarse como patriotismo. La patria, el lugar de los padres, al que se quiere y con el que uno se identifica, sintiéndose orgulloso de él. La tierra de los antepasados, circunstancia que, según Kant, caracteriza a los españoles. España es tierra de antepasados. Y todos los demás países. En su forma más maligna este sentimiento roza lo delictivo porque exige que el individuo supedite su juicio moral a los intereses de la patria. La expresión es conocida: My country, right or wrong. Lo primero es mi país (esto es, lo que yo creo que es mi país) con razón o sin ella, como reza el "espíritu 4º" del Credo legionario de Millán Astray: A la voz de ¡A mí La Legión!, sea donde sea, acudirán todos y, con razón o sin ella, defenderán al legionario que pida auxilio. Con razón o sin ella. Me niego a actuar sin razón, sea en nombre de lo que sea. No seré nunca, pues, un nacionalista maligno, uno de esos dispuesto  a matar en defensa de lo que ellos, y quienes son como ellos, juzgan que es la nación. Lo de  morir ya es otro asunto.

Con estos antecedentes, ¿qué puede decirse del choque de nacionalismos hoy a la orden del día en España? El nacionalismo español -que suele presentarse como no nacionalista-, se niega a admitir en España otra nación que no sea la española. Por qué se obstina  en presentarse como no nacionalista tiene dos causas: a) el nacionalismo español tiene mala fama incluso entre muchos nacionalistas españoles, en concreto los liberales y de izquierda que no se reconocen en la tradición nacionalista dominante de la derecha, de carácter autoritario, dictatorial, católico, excluyente, tradicionalista y clasista; b) el nacionalismo español se enfrenta a nacionalismos no españoles que le riñen el territorio, razón por la cual tiene que reprobarlos como nacionalismos; pero es muy difícil reprobar un nacionalismo en interés de otro. Por eso se afirma que los catalanes son nacionalistas (o los vascos, o los gallegos) pero los españoles, no.

La identificación que la derecha más reaccionaria y nacionalcatólica hace de la nación con su idea de la nación, que apenas cubre a sus votantes, ha desacreditado el nacionalismo español y le resta legitimidad para enfrentarse a los nacionalismos que lo cuestionan. Es entonces cuando surge el nacionalismo ilustrado, liberal, de izquierda que ha estado tradicionalmente preterido y perseguido en España. Ve llegado su momento ante el fracaso del nacionalismo cuartelario: España como nación en sentido moderno y abierto del término: un espacio liberal, laico de ciudadanos con iguales derechos, orientados por un espíritu de moral civíca de esencia republicana. Un ideario que jamás ha encarnado en España salvos los breves años de la II República, destruida a sangre y fuego por los depositarios de la esencia de la verdadera España, padres ideológicos (incluso biológicos) de la caterva reaccionaria que hoy desgobierna el país.

Ese nacionalismo de izquierda es un proyecto que pretende reconocer en los catalanes (y en quien se apunte) un elemento diferencial pero que cuenta con mantener integrada a Cataluña en la nación española, dada la fuerza de convicción de su propuesta. ¿Cómo no van a ver los catalanes y demás desafectos que hay otra España no torva, no reaccionaria, carcunda, centralista ni facha? ¿Cómo no van a sentirse solidarios y comprometidos con esa concepción liberal y tolerante de una nación española, madre de todos sus hijos y no solo de los militares, los curas, las tonadilleras y los fascistas del secarral?  Sin embargo,el mero hecho de que este nacionalismo de izquierda no admita el derecho de autodeterminación de otras naciones (pues ni admite que haya otras naciones) ya da una idea de la escasa fe que tiene en su proyecto, la nula confianza en la fuerza atractiva de esa nación que dice defender.

En resumen, ninguno de los dos nacionalismos españoles parece entender que es imposible decretar sentimientos. No se puede convencer a nadie de que cambie de sentir. El nacionalismo español tiene tanto derecho a imponerse al catalán como el catalán al español. Ninguno. Pretender frenar el nacionalismo catalán afirmando que hay una idea de España que, caso de imponerse, traería de nuevo los secesionistas voluntariamente al seno de la Patria común es legítimo, pero se convierte en algo injusto cuando esa propuesta excluye el derecho de los catalanes a no aceptarla. Porque entonces la idea ya no es tan noble: te quiero nacional español por la belleza de mi conciencia; pero, si no lo aceptas, bueno, entonces artículo 2 de la Constitución en conexión con el 8.

Y no solo son los catalanes (vascos, etc) quienen tienen derecho a no aceptar tan exquisitos como inanes discursos. Por extraño que parezca también lo reclamamos algunos españoles, como Palinuro, cuya falta de  respeto por el relato de la nación española liberal, progresista, tolerante es tan grande como la aversión que siente hacia el nacionalcatolicismo del hispánico rebuzno. El PSOE recurre a una propuesta federal que tenía abandonada. También es legítimo, si cree que con ella se resolverá el actual contencioso de España. Pero la cuestión palinuresca sigue siendo la misma: ¿está el PSOE dispuesto a admitir que los independentistas catalanes no quieran federarse con nadie sino, simplemente, independizarse? Ese es el punto crucial en tan enmarañada cuestión.

(La imagen es una reproducción de un cuadro de Friedrich Overbeck, titulado Italia e Germania (1815-1822) en la Neue Pinakothek de Munich, en el que Alemania es un autorretrato del propio Overbeck.

Por la República

14 de abril. Con manifa incluida que espero sea multitudinaria. Ojalá. Al establecimiento político la cosa no le hace la menor gracia. La Corona la detesta y finge ignorarla, porque será su Némesis. El gobierno y su partido la aborrecen y, a través de sus medios de comunicación e intelectuales orgánicos, la llenan de improperios. El principal partido de la oposición, con el paso cambiado y dando una imagen lamentable. La dirección, en actitud de lealtad dinástica, se llama andana mientras su militancia y sus votantes andan por ahí pidiendo la República.

La pobre República carga con críticas e infundios sin límites. Esperanza Aguirre considera que fue un desastre. Se supone como el del 98. Desastre fue el modo bestial de acabar con ella, el golpe militar ilegal, delictivo que, tras tres años de guerra civil, inauguró un régimen aun más ilegal, más delictivo, genocida, que duró cuarenta años. Ese sí que fue un verdadero desastre cuyas consecuencias todavía se notan. Otra de las calumnias que se manejan atribuyen el fin de la República no a la sublevación militar de 18 de julio de 1936 sino a la insurrección revolucionaria de octubre de 1934. Si de eso va, que poco es, esa responsabilidad recae sobre la sublevación militar de agosto de 1932 en Sevilla, más conocida como la Sanjurjada. Vienen después en cascada los relatos de las checas, Paracuellos, las quemas de iglesias, etc. Pero nada de eso empaña el hecho de que la IIª República sea el último régimen legítimo de España, puesto que emana de la voluntad popular soberana. Hay quien dice que esta viene asimismo manifestándose desde 1979 pero eso no es estrictamente cierto ya que la voluntad popular que aquí se expresa lo hace en el marco de la legitimidad del régimen anterior.

Esa legitimidad es la única que, en puridad de las cosas, ostenta la Monarquía española. Las otras dos son harto dudosas o, simplemente, no le corresponden. No hay una legitimidad dinástica pues se ha dado solución de continuidad en la sucesión. Cierto que el padre, don Juan, abdicó (o cualquiera sea la fórmula que se empleó) sus derechos en su hijo. Pero lo hizo a la fuerza, no tenía elección pues el hijo ya se había proclamado Rey según las previsiones sucesorias de Franco y lo había enfrentado con un hecho consumado. Don Juan cedió sus derechos invocando muchas veces el interés de España. Pero eso no restaña la ruptura del principio dinástico.

Lo mismo sucede con la legitimidad popular. En ningún momento se sometió a decisión colectiva la elección entre Monarquía o República. Aquella se incluyó en los dos textos que se sometieron a consulta referendaria (la Ley Para la Reforma Política de 1976 y la Constitución de 1978) junto a una serie de otras disposiciones e instituciones imprescindibles en una sociedad moderna y democrática, como el sufragio universal, los derechos y libertades, etc. Pero esa ficción no va lejos. Es obvio que no todos quienes votan a favor de la libertad de expresión, la sanidad pública o las garantías procesales serán monárquicos. Muchos serán republicanos, pero quedan invisibilizados en el texto.

A los republicanos nos gusta pensar que somos mayoría en España. Los monárquicos (o sea, los dos partidos dinásticos, el gobierno y el Rey) dicen que solo somos un puñado de nostálgicos. ¿Por qué no salir de dudas? Un referéndum lo solucionaría todo. La afirmación sin más de que la Corona cuenta con amplio respaldo popular es falsa, como han venido demostrando los barómetros del CIS hasta octubre de 2011. A partir de ese momento, el CIS ya no pregunta por el Rey. Por supuesto, orden política y perfectamente estúpida porque: a) no puede hacerse extensiva a los barómetros que hagan las empresas privadas de sondeos (que ahora preguntan todos por la valoración del Rey) y b) destroza el prestigio del CIS como actividad independiente de los intereses del gobierno de turno.

Se pongan como se pongan el PP (y su batería mediática) y la dirección del PSOE, el debate sobre si Monarquía o República está a la orden del día y se puede llevar adelante de modo civilizado, evitando intransigencias. Es más, ese debate es imprescindible como contexto o pareado con el otro, el de la autodeterminación de los catalanes, que los dos partidos tratan igualmente de sofocar.

Que el debate es actual se verá, es de esperar, este 14 de abril. Queda por ver si también es oportuno. Los monárquicos, tanto los "cristianos viejos" como los conversos, vienen aduciendo sistemáticamente que el debate Monarquía/República es inoportuno. Ya se sabe, se le achaca ser generador de inestabilidad. Esto supone que el sistema actual es estable. La Monarquía está en una pendiente de desprestigio imparable a causa del comportamiento de sus distintos miembros que, en muchos casos, parecen cruzar la raya de la ley y en casi todos resultan reprobables. El Rey, que tiene supuestas cuentas en Suiza y una amiga entrañable a la puerta de su choza, no da razón de la inmensa fortuna que Forbes le atribuye y no sabe si abdicar o no por lo que pueda pasar con su inviolabilidad.

Las aventuras de la infanta Cristina y su cónyuge, aparentemente un relato de golfería de guante blanco y restaurantes de cinco estrellas, no son dañinas para la Corona en sí mismas sino porque son la prueba de que no se trata de comportamientos excepcionales sino, al contrario, la forma normal de vivir y hacer de la Casa Real y sus aledaños.

La institución no tiene siquiera garantizada su reproducción. Los Príncipes de Asturias se han metido en un berenjenal a cuenta del supuesto aborto de Leticia. Es intrigante saber cómo reaccionarán los distintos sectores que componen la política española ante una información de ese calibre. Lo primero que habrá de verse es si la afectada acepta la veracidad del hecho o no. Si lo hace la situación se pone complicada. A los ojos de la ley, probablemente, Leticia no hizo nada reprochable. Pero a los ojos de la Iglesia, por la cual la Princesa se casó, está automáticamente excomulgada. Puede parecer crudo, pero el argumento es irrefutable: si una mujer que ha abortado puede ser Reina de España, la Monarquía habrá dado el paso decisivo en la separación entre la Iglesia y el Estado. Pero esa separación rompe el principio del nacionalcatolicismo que, nos guste o no, sigue imperando en España.

¿Cómo que no es oportuno el debate Monarquía/República? Más oportuno que nunca. A sus muchas y muy conocidas virtudes una la República la garantía de que casi con total seguridad, de haber problemas, no vendrán de los hijos, yernos, nueras o sobrinos segundos del presidente. Al estar basada en el principio dinástico de primogenitura, la Monarquía es un régimen familiar, a diferencia de la República, que es un régimen de magistratura. Y ya sabemos de sobra que en las familias nunca se sabe lo que va a pasar.

(La imagen es una foto de Jgaray en el en el dominio público).

El derecho autodeterminación.

Hoy se debate en el Congreso una propuesta de resolución presentada por CiU, IC y ERC en favor del derecho a decidir de los catalanes que Palinuro llama derecho de autodeterminación (DA) en honor a la claridad, la brevedad y la realidad última de la cosa y porque no se debe a consigna de partido alguno. La propuesta, por supuesto, no saldrá adelante y las alineaciones parecen claras. Frente del no: PP, PSOE, UPyD; Frente del sí: CiU, IC, ERC, PSC, PNV, Amaiur, BNG, Geroabai. Algunos otros no tengo claro qué harán (y eso si no me he equivocado en los anteriores), por ejemplo, IU, CC, Compromís, aunque tiendo a situarlos en el sí.

De todas formas, la cuestión llevará poco tiempo y se pretenderá que pase sin alharacas, en aplicación de la tradicional actitud española de infravalorar el conflicto de naciones en España. La abrumadora mayoría del Congreso, los votos del PP y del PSOE, dejará claro una vez más que no hay una cuestión catalana y mucho menos, como pretenden algunos radicales, una cuestión española. No, señor. España es una nación, y punto. Eso no se discute. Es indiscutible, piensan al alimón Rajoy y Rubalcaba.

Sin embargo, la cuestión existe y se encona con el tiempo. Cierto, ciertísimo, España tiene problemas perentorios, que no admiten aplazamiento. El más evidente, cómo salir de la crisis. Pero el de su forma de Estado también lo es. Para los nacionalistas españoles esto es falso y se niegan siquiera a debatir sobre el DA. Para los nacionalistas catalanes y vascos esto es cierto y plantean de continuo la cuestión autodeterminista. En política, como en la guerra, es vital escoger el campo de batalla, es decir, llevar la iniciativa. En estos momentos, la iniciativa es del nacionalismo no español, pues el español está encastillado en un no rotundo sin horizonte posible de negociación.

Eso es el nacionalismo español en su mejor conciencia organicista. La Patria es un cuerpo y ninguna parte de ningún cuerpo puede autodeterminarse. Punto de nuevo. El problema, sin embargo, lo tiene la izquierda dentro del nacionalismo español. Y no por ser la izquierda. Un estudio del modo en que esta ha tratado la cuestión nacional a lo largo de la historia demuestra, creo, la suficiente confusión para sostener todas las asociaciones posibles, desde el internacionalismo más cosmopolita al más acendrado patriotismo del terruño. No, el problema no le viene a la izquierda por ser izquierda sino porque parece ser la corriente en la que se concentran las gentes con mayores inquietudes socio-políticas y más conciencia crítica.

Porque esto de la nación es cosa muy complicada, bastante irracional y que, por lo tanto, requiere mayor capacidad de distanciamiento y objetividad, condiciones imprescindibles si se quiere debatir civilizadamente y no insultarse. Tómese el DA. En principio hay tantas y tan válidas razones a favor como en contra, es decir, ninguna en contra ni a favor. La autodeterminación es una voluntad política de una colectividad que comparte el imaginario colectivo de ser una nación. ¿Cómo negarlo? En nombre de una nación más poderosa. Pero ¿es el poder la base de la razón? Los cínicos dirán que sí, los otros, que no. En realidad, no hay derecho a negar el derecho de autodeterminación.

Muy complicado. El grupo parlamentario socialista se partirá hoy en la votación. Nadie sabe si esto será o no el comienzo de una andadura que termine en la escisión ni, en realidad, importa mucho. Antes bien, la cuestión es ¿por qué motivo rechaza hoy el PSOE el DA? Porque lo rechaza de plano. Otra cosa es si todo el PSOE o solo la dirección o mitad y mitad. El rechazo oficial es total, sin fisuras. No. Pero ¿por qué? No se invocará, espero, el carácter esencial, ahistórico, predeterminado, sempiterno de la nación española. Me consta que en el PSOE hay mucha gente que ve España como una realidad histórica, cambiante y que puede desaparecer, como ha sucedido antes con otras naciones y Estados. No, no es este el razonamiento.

Tampoco creo que sea ese argumento simplificador y falaz según el cual reconocer el DA es aceptar la independencia de la población que lo ejerza. El DA es una opción, no un resultado; no está predeterminado. Implica la libertad de elección de un pueblo que lo es porque tiene conciencia de tal. Reconocerlo no es fácil pero la nación que lo haga tendrá el legítimo orgullo de decir que sus partes componentes lo son por voluntad propia y no a la fuerza que, por cierto, es el elemento generador de esa otra nación, la española, que ahora se arroga el derecho a reconocer o no derechos a las demás, con una incoherencia verdaderamente pasmosa.

No. El móvil real del PSOE es electoral. Lo afirma él mismo, aunque en términos más edulcorados, cuando habla de recuperar la confianza de la mayoría de hacer realidad su naturaleza de partido de gobierno. Y para ser gobierno, fuerza es contar con el apoyo de la mayoría. Por lo menos, diez u once millones de votos. Por eso, se piensa, los españoles no votarán a favor de un partido que contemporice con el separatismo. Sin embargo, si el voto en el Congreso se divide hoy se habrá dado paso a esa imagen: el PSOE convive con un fuerte sector catalanista al que no controla parlamentariamente.

Rubalcaba y Rajoy rivalizan en españolidad. Ambos coinciden en que no hay más sujeto político en España que el pueblo español como ellos lo conciben, esto es, intensamente patriótico y fiero enemigo de toda veleidad separatista. Si tan seguros están, ¿por qué no admiten un referéndum a escala del Estado en que se pregunte a la gente si estaría o no a favor del DA de las naciones en España y si, aun no estándolo, se lo reconocería a aquellas zonas del país en que la población se hubiera mostrado mayoritariamente a su favor? Puestos a recuperar la iniciativa, a determinar el campo de batalla, esta es la solución: una proposición diferente y superior a la de la consulta en el ámbito estrictamente catalán, que engloba esta y, al tiempo, la respeta.

¿Está seguro el PSOE de que perdería las elecciones con esta propuesta? Seguro, en todo caso, parece que sucumbirá si se obstina en la hostilidad cerrada al DA, porque perderá Cataluña y es muy difícil para los socialistas ganar en España si no lo hacen en Cataluña.

(La imagen es una foto de Paco Rivière, bajo licencia Creative Commons).