Hoy ha comparecido Carlos Dívar para dar explicaciones sobre los viajes de fines de semana caribeños, denunciados por un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como presunta malversación de fondos. Asegura haberlo hecho a petición propia, pero todo el undo sabe que se debe a la presión de la opinión y, sobre todo, de sus colegas, poco propicios a que los salpique este ambiguo asunto. No ha aceptado culpabilidad alguna, asegura tener la conciencia "absolutamente tranquila", sostiene que no ha hecho nada que no hagan otros presidentes de órganos del Estado y afirma contundentemente que no ha cometido "ninguna irregularidad jurídica, ni moral, ni política". Preguntado si ha considerado la posibilidad de dimitir, afirma que nunca ha pensado en la posibilidad de dimitir, como si eso fuera una prueba de algo.
La comparecencia, cuidadosamente preparada, con palabras medidas al milímetro, con razonamientos que quieren ser contundentes y no pasan de ser circunloquios, deja una extraña impresión; como si Dívar no estuviera hablando, sino recitando una lección aprendida. Una parte de la declaración era leída y, por lo tanto, cuenta poco pues lo escrito estaba cocinado antes y, al someterse a las preguntas en donde las respuestas deben ser espontáneas el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo se ajustaba a un guión de exculpación que es evidente le habían preparado y que, aunque quisiera disimularlo, no evitaba el permanente choque entre lo que es y lo que se quiere que sea. De ese modo entreveraba las explicaciones y justificaciones sobre un comportamiento que sostenía era intachable con el anuncio de que el órgano que preside va a tomar medidas para hacer que nunca más pueda repetirse ese intachable comportamiento, lo cual es verdaderamente divertido. Sin duda consciente de la contradicción de todo el acto Dívar estaba muy tenso, tropezaba con algunas palabras, llegaba a equivocar el tiempo de algún verbo (un "habría" por un "hubiera") y venía a insinuar que sus viajes están protegidos por una especie de secreto o confidencialidad del cargo, como si fuera de los servicios secretos, pero sin decirlo claramente ya que tal cosa no es cierta.
En definitiva, la comparecencia es un típico acto fallido porque no solo no disipa las sospechas sino que las acrecienta. El propio Dívar, como magistrado, está harto de saber que las declaraciones exculpatorias de los acusados carecen de todo valor. De qué sirve que asegure (eso sí, con mucho énfasis y prosopopeya) que no ha "cometido ninguna irregularidad juridida, ni moral ni política". ¿Acaso le corresponde a él decidirlo? Lo mismo dirían, si los dejaran, todos los delincuentes que en el mundo han sido. ¿Y qué valor puede tener esta afirmación sin valor alguno teniendo en cuenta que se presenta como un sustituto de una franca explicación con rendición de cuentas completa incluida la identidad de quien o quienes le acompañaba(n) en los viajes?
Si Dívar quería, en efecto, ser transparente, le bastaba con serlo, sin escenificar ese pintoresco escenario concebido para impresionar a ingenuos. Y si, por razones efectivas y reales, no pudiera serlo, le hubiera bastado con pedir la constitución de una comisión en el seno del CGPJ o del propio parlamento que se comprometiera a escuchar su explicación con obligación de guardar silencio.
Pero no ha hecho nada de eso sino que se ha limitado a afirmar su buena voluntad y su cumplimiento de una norma que él mismo reconoce que estaba "desfasada", razón por la cual será cambiada precisamente para hacer imposible que Dívar pueda seguir con sus fines de semana caribeños. En resumen, Dívar no ha comparecido para justificar sus actos sino para justificar su negativa a justificar sus actos.
La imagen es una captura del vídeo de la comparecencia de Dívar publicado por el diario El País
