Desalmados obedientes.

Ni nacimiento del Señor, ni amor cristiano, ni espíritu de la Navidad.

La muy pía alcaldesa de Madrid, contertulia habitual de la Virgen de la Almudena y de la Paloma, comienza el año ordenando cinco desahucios. Innecesario recordar lo que significa un desahucio para una familia, esa institución en cuyo favor se manifiestan los obispos en las calles con pancartas. Y no es una familia; son cinco. Y no son cinco; son decenas de miles.

Con un ser humano tratado injustamente ya se colma la medida de lo tolerable. Pero es que, además, no es uno; son, somos, centenares de miles, millones. El castigo, el maltrato, afecta a la mayoría de la población por uno u otro motivo. No es un comportamiento aislado, singular, de especial crueldad. Es una industria; una política.

Los datos referidos a los perjudicados por la racanería oficial con el fármaco de la hepatitis C están también en los cientos de miles. Y, en muchos casos, es perjuicio de vida o muerte. Un gobierno que tiene dinero para dar 11.000.millones de € a la Iglesia, rescatar bancos o autopistas en quiebra, para comprar armamento inútil o pertrechar a la fuerza pública con fines fáciles de imaginar, no tiene dinero para rescatar las vidas de sus gentes.

Claro, porque no son gentes, no son seres humanos o, si lo son, no son iguales a los privilegiados, que vienen de estirpe, según doctrina que profesaba Rajoy de joven y sigue profesando hoy  a juzgar por sus actos. Son números. Y como números los tratan unos gobernantes que carecen de toda idea de eso que dicen profesar y llaman humanismo cristiano. Rajoy no cree que el paro sea un drama humano que atenta contra el principio mismo de la dignidad de la persona; no cree que los contratos basura que su gobierno propicia destruyan esa dignidad y pongan a los trabajadores a merced de los patronos en condiciones de esclavitud. O sí lo cree y le da igual. Lo que le importa en presentar datos estadísticos que corroboren la fábula de la salida de la crisis que, según leo, Sánchez y Mas se han tragado ya. El paro, el paro juvenil, la subcontratación, la precariedad, la emigración, afectan a millones de personas, pero para el presidente del gobierno son cifras con las que sostener que hay tres décimas más de afliaciones a la seguridad social o que el PIB ha aumentado otras dos décimas. Contando, por cierto, que ya es el colmo, el producto de la prostitución y el tráfico de drogas.

Como todo les da igual y carecen de sentimientos, de un mínimo de pundonor y humanidad, dicen lo primero que se les pasa por la cabeza si entienden que puede apuntalar esa leyenda que el servicio de comunicación de La Moncloa está fabricando sobre la salida de la crisis. Aunque sea una monstruosidad. Así, de Guindos sostiene que ya se ha perdido el miedo a perder el puesto de trabajo. Realmente inaudito. Con cinco millones de parados y otros tantos pendientes de contratos basura en condiciones de absoluta precariedad, que no saben si trabajarán o no la semana siguiente, hace falta ser un desalmado para decir algo semejante. O un inconsciente. O ambas cosas, que será lo más probable.

Ciertamente, desalmados. Pero al servicio de alguien o algo. La historia no se agota en el anecdotario personal. Tiene explicaciones que afectan a las instituciones, a la estructura misma del sistema. La clave está en el capitalismo y, para no enfadarme con los puristas que defienden el tipo ideal, diré, de este capitalismo. Dudo mucho de que haya otro, pero no lo niego sin más. En este, las cosas son diabólicamente simples: el poder real lo detentan las grandes corporaciones y entidades financieras que son como dioses todopoderosos invisibles a los mortales, habitantes de un remoto Olimpo al que llamamos mercados. Y desde donde rigen los destinos de aquellos, con una irremediable tendencia a convertirlos en infiernos.

A tales fines los poderes se valen de los gobiernos a través de los partidos políticos institucionales, encargados de convertir en políticas sus decisiones. Verdad que unos lo hacen de buen grado, como los partidos conservadores, y otros rezongan algo, como los socialdemócratas. Pero todos cumplen órdenes porque, aunque algunas (por ejemplo, desahucios en masa, despidos por miles, recortes a cientos de miles) puedan disgustar a alguno, que siempre habrá, no creen que exista alternativa, ni pueden imaginarla o quizá no quieran. También ellos defienden su interés que es una parte congrua del beneficio del expolio al bien común. Porque ese es el contenido esencial del capitalismo: la explotación del común en beneficio privado. Unos dan las órdenes y se quedan la parte del león; otros las cumplen y se quedan la del zorro.

Estos partidos están encargados de poner el Estado, con todos sus aparatos propagandísticos y coercitivos al servicio de quienes mandan. Medios, establecimientos educativos, fundaciones se encargan de adoctrinar a la población en la creencia de que el Estado debe ser neutral, mínimo, desaparecer en favor de esa dinámica angélica según la cual el beneficio privado ilimitado redunda luego en provecho general a través de la famosa teoría del trickle down (las salpicaduras) que es una verdadera burla cuya mejor traducción sería la parábola del rico Epulón. Si las doctrinas y manipulaciones ideológicas no bastan ni siquiera con los Evangelios en la mano, se echa mano de la policía, las fuerzas de seguridad, las redes de espionaje y, en último término, el ejército.

Una prueba evidente de ese espíritu es la Ley Mordaza en tramitación parlamentaria. Una norma que es una vergüenza y debiéramos recurrir en todos los foros políticos y judiciales, nacionales e internacionales porque es una agresión a los derechos y libertades de los ciudadanos a quienes estos desalmados tratan como a siervos de la gleba. Eso sí, entre rezo y rezo.

Quieren estar preparados por si la gente descubre que la fábula de la salida de la crisis es una patraña de gabinete de comunicación. Porque la llamada crisis es, en realidad, la condición permanente que le preparan los que no la padecen. No hay crisis para las grandes fortunas, los beneficios de las empresas, los de la banca; solo la hay para la gran mayoría, los parados, los jubilados, los dependientes, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes. Y aquellos beneficios dependen de que esta crisis se prolongue. La crisis es el capitalismo.

Panorama desde el vídeo.

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Aquí un vídeo con el que estoy de acuerdo y me gusta mucho. Tiene subtítulos en español. La autora, Kanka Kanak, me pide que ayude a difundirlo y así lo hago encantado. Es sencillo, directo e irrefutable.

El gobierno, contra los jueces.

Y van tres. Primero fue Garzón, condenado por prevaricación y apartado de la carrera judicial por su forma de instruir el caso Gürtel. Luego fue el turno del juez Silva, igualmente inhabilitado por su forma de instruir el caso Bankia. Ahora le toca al juez Ruz por el caso Gürtel de nuevo y el de Bárcenas. No se le reprocha ilicitud alguna, pero se le aparta de hecho del caso con un pretexto puramente formal, legalista, contra todo sentido de funcionamiento racional de la administración de justicia y envuelto en explicaciones torticeras y engañosas. Mañana puede ser el juez Castro, instructor del caso Urdangarin y según lo que decida en cuanto a la infanta Cristina.

Ocuparse de los casos en los que el gobierno y su partido tienen un interés directo es una línea de peligro para los jueces. Aunque no para todos sino solamente para los independientes que proceden según criterio propio y no según órdenes de arriba o intereses extrajudiciales. Aquellos otros que exoneran a acusados a quienes tienen que volver a encausar, los que tratan a los corruptos con miramientos y privilegios, dan carpetazo a las causas o favorecen los indultos de los condenados, no padecen problema ni persecución ninguna.

La injerencia del poder político en la justicia es escandalosa. No solamente visible en el modo en que el gobierno y su partido ha poblado de militantes y simpatizantes puestos claves de la magistratura, del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial sino en la forma beligerante en que arremeten contra los jueces incómodos e independientes. Se les busca las vueltas como sea, aprovechando las circunstancias que sean y, entre tanto, se los vapulea en los medios a cargo de tertulianos afines o también militantes, generalmente pagados con dineros públicos.

Todo el mundo sabe que no se respeta la independencia judicial y que el gobierno y su partido presionan a los jueces y los persiguen cuando no se doblegan. De los fiscales no es preciso ni hablar. Es lógico que se sepa porque es exactamente el fin deseado por el gobierno: que se sepa. Si un juez se pone escrupuloso, investiga en serio la corrupción y señala a los responsables en el gobierno y en el partido y al partido mismo como tal, se sabe que, probablemente, tenga los días contados como juez. Los escarmientos tienen un efecto paralizador sobre la voluntad del resto de la judicatura de cumplir con su deber de independencia. Para ello deben ser públicos y debe saberse, cuando menos intuirse, quién los ha impuesto. Basta con la sospecha: si te enfrentas al Príncipe, este, como Herodías, pedirá tu cabeza, juececillo.

Al mismo tiempo, el gobierno, su partido y su aparato de propaganda hablan sin parar de respeto a la ley, a la labor judicial, a la exquisita separación de poderes, a la legalidad escrupulosa de la acción del gobierno, a la transparencia, al principio de inocencia y al resto de piezas que componen ese delicado equilibrio del Estado democrático de derecho. Lo de social, que incluye la aclamada Constitución vigente, lo dejo fuera por pertenecer al reino de la fábula.

La conversión de la justicia en justicia del Príncipe, al servicio del poderoso, y en contra del débil destruye el fundamento mismo del Estado de derecho y la democracia que los gobernantes  dicen defender. Lo dicen y también sin mucha convicción porque no les hace falta. Que Cospedal salga por la televisión afirmando que el PP es el partido que más ha hecho contra la corrupción no puede refutarse en el terreno empírico de los hechos porque la buena señora se  obstina en asegurar que son lo contrario de ellos mismos con la misma cómica seguridad con que el Sombrerero Loco explica a Alicia que allí no se celebra una fiesta de cumpleaños sino de no-cumpleaños.

Paralizar el proceso de la Gürtel hasta después de las elecciones, como interesa al gobierno y su partido, presupone la idea de que, de aquí al día de la votación, la gente se olvidará de la corrupción y del hecho verdaderamente escandaloso de que sean sus responsables quienes le soliciten el voto. Suena absurdo, ¿verdad? Pero también suena absurdo que alguna vez haya podido oírse el grito de ¡vivan las caenas! Y se oyó. Él y alguna variante todavía más aleccionadora sobre la mentalidad del pueblo español como el de ¡Vivan las caenas y muera la Nación!

Vuelve Gran Hermano.

No basta con que esté todo petado de cámaras de vídeo, fisgando los menores movimientos del personal en cualquier parte, incluidas las excusadas. Los gobernantes no se conforman con vernos hasta en cueros como un ubicuo panopticón benthamiano, sin duda por nuestro bien. Ahora quieren también escucharnos, saber qué decimos, a quién, por qué. Reforman la normativa vigente para ampliarla y, de paso, permitir al ministro y al ministro del ministro escuchar conversaciones privadas sin previa autorización de un juez. Eso ya puede hacerse en casos de terrorismo y la nueva demasía se refiere ahora a los delitos de especial gravedad. Esta calificación queda al arbitrio del ministro y el ministro del ministro, dos personalidades compulsivamente autoritarias con tendencia a considerar delito toda manifestación de disconformidad, aunque sea en susurro.

Es una decisión contraria a varios derechos como la libertad de expresión y el carácter secreto, reservado, de las comunicaciones privadas que solo puede romperse por decisión judicial. Eso es obvio y hay que ponerlo en perspectiva de una política de orden público de tono fuertemente represivo. Espiar impunemente a los ciudadanos es otra actividad típica de un Estado policía como el que lleva armándose en España en los últimos tres años. Se comenzó obstaculizando el acceso a la justicia a base de subir las tasas judiciales, de forma que la gente de medios escasos no pueda defenderse. Se siguió con una interpretación restrictiva de las normas de orden público y la adopción de tácticas de control policial preventivo que, en la práctica, sirven para hostigar y amedrentar a la ciudadanía. Se persigue y castiga toda manifestación pública con sanciones administrativas que la policía reparte por las calles casi a la pedrea. Se coartan otros derechos como el de información, a través de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, verdadera Ley Mordaza, que prohibe y pena fotografiar o grabar a los policías durante las actuaciones en caso de manifestción. Y se arrebatan competencias a los jueces para dárselas a la policía. En este clima autoritario de represión, acudir a la escuchas subrepticias es lo más lógico del mundo.

La represión, la vigilancia, la persecución, la criminalización son las pautas más consistentemente seguidas por la derecha gobernante. Su reiterada voluntad de proceder a una regeneración democrática que nunca se ha materializado en nada deja paso a una contrapartida cara a todo temperamento autoritario: tener preparadas las fuerzas represivas. La represión parece ser el único recurso del gobierno frente al descontento y la protesta sociales a causa de la corrupción y las políticas antisociales, así como frente al proceso soberanista catalán. Un ejemplo simple: si al ministro le da por decir que el supuesto delito de desobediencia que, según parece, la fiscalía achaca a Mas reviste especial gravedad, la policía escuchará las conversas de este con Junqueras, por ejemplo.

 

Son prácticas represivas, policiales, arbitrarias, intolerables en una sociedad democrática. Hay que impedir que prosperen porque encanallan la vida social. Y no perder de vista que, en el ámbito digital, estas prácticas represivas están a la orden del día. La policía rastrea las redes y extrae la información que juzga relevante por varios motivos, entre ellos los políticos. Ahora se apresta a dar un salto cualitativo. Igual que quiere escuchar las comunicaciones de la gente entre sí, pretende también espiar lo que cada cual se cuenta a sí mismo en la reserva de su ordenador. Los mecanismos de control remoto permiten a la policía entrar en los archivos de los particulares sin el permiso de estos, incluso sin su conocimiento y apropiarse de su información, de sus claves, de sus textos.

 

El Gran Hermano quiere vigilarlo todo otra vez, así que cuidado con lo que se dice al vecino, incluso por guasap.

Gürtel noquea al gobierno.

El auto del juez Ruz de apertura de fase de juicio oral equivale a la ruptura del séptimo sello en el Apocalipsis de San Juan cuando se hizo el silencio en el cielo durante media hora. Su lectura despliega a nuestros atónitos ojos un mundo de hampones de lujo, bien trajeados, bien comidos y bebidos, con trenes de vida fastuosos, bien relacionados en distintos niveles de gobierno, prácticamente entrelazados con la estructura del PP; un mundo de mordidas, comisiones, cohechos, malversaciones, apropiaciones indebidas, en un tejemaneje de sinvergüenzas, casi todos con cargo público. Y todos en torno al PP. O en su misma médula.

Nuestra sociedad mediática ha singularizado el caso de Ana Mato, el más vistoso por tratarse del cargo institucional más alto indicado por su nombre y apellido. Tiene también un elemento de morbo por la tentación de contraponer la acusación concreta a Mato en sede judicial con sus peripecias dialécticas a lo largo de los años, que han dejado huellas en las redes: jaguares invisibles, confetti, fiestas infantiles, viajes de vacaciones. Pero lo grave de esto no son los episodios bufos que se convierten en chirigotas en las redes, aunque sean los más llamativos. Tampoco lo es el hecho de que, sabedora de sus propias andanzas, la ministra sostuviera la figura y se aferrara al cargo frente a arremetidas periódicas de la oposición y los medios, convertida en la némesis de la sanidad pública, universal y gratuita. Que quien obliga a los viejos a pagar por los medicamentos se gastara el dinero de esos mismos viejos en llevar a sus hijos a Disneylandia es repugnante.

Y aun así, tampoco es lo más grave. Lo más grave está también en el auto del juez Ruz en el párrafo siguiente al de Ana Mato, en que aquel acuerda mantener en igual situación de partícipe a título lucrativo al PP, esto es, al partido del gobierno. Esto se resalta menos mediáticamente, pero tiene más calado. Ana Mato ha dimitido de ministra. ¿Qué hará el PP?

De momento, su presidente, que es el presidente del gobierno, comparece hoy en el Congreso de los diputados a explicar a estos y a la opinión pública las medidas que va a tomar para impedir que se repitan hechos en cuya comisión está él mismo implicado y de cuyos resultados bien pudiera haberse beneficiado. Se trata de lucha contra la corrupción, sí, a la española. Una lucha abanderada por el responsable político último de toda la corrupción en el partido que preside y que, para iniciarse con buenos augurios hace desaparecer a la ministra Mato para no descubrir la añagaza, al modo en que Stalin borraba a Trotsky de las fotos con Lenin.

Eso se llamaría dimisión ipso facto en cualquier lugar del mundo y Palinuro lleva mucho señalándolo. Por eso es importante que Pablo Iglesias pida la dimisión de Rajoy y elecciones anticipadas tras la salida de Ana Mato. Luego se extrañan de que Podemos suba en los sondeos. Cuando es el único que dice lo que hay que decir.

Quizá con esas acertadas declaraciones se decidan los portavoces del PSOE e IU en el Congreso a pedir la dimisión del principal fautor de este desastre, en lugar de prestarse como comparsas a un esperpento en el que el reponsable político último de la presunta corrupción del PP se presente en sede parlamentaria a iniciar la lucha contra sí mismo.

Sería de chiste de no ser porque esta banda de corruptos ha endeudado el país para varias generaciones y ha arruinado el presente so pretexto de no hipotecar el futuro, siendo así que ha duplicado la deuda que heredó gracias a su incompetencia y su política de rapiña.

Cuatro motivos para destituir fulminantemente al ministro del Interior.

Primero. Su proyecto astro, su Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, es inconstitucional. Palinuro lleva meses diciéndolo. Pero ahora es el Consejo General del Poder Judicial el que se pronunciará sobre un informe elaborado por dos consejeros que consideran "de dudosa constitucionalidad" muchos de los artículos de su proyecto, todos los que amplían los poderes de la policía para reprimir ciudadanos en ejercicio de sus derechos y libertades y para involucrar en tareas de orden público a vigilantes de empresas privadas. Y de eso de constitucionalidad el Poder Judicial sabe bastante más que el ministro. Ya la anterior Ley de Seguridad Ciudadana, hoy vigente, llamada "Ley Corcuera", del nombre del entonces ministro socialista del Interior, fue cuestionada por el Tribunal Constitucional que, en sentencia 341 de 18 de noviembre de 1993 declaró nulo el apartado 2º del artículo 21, razón por la cual el mentado ministro dimitió.  La Ley es hoy conocida como Ley de la patada en la puerta. La agresividad del ministerio se ha intensificado y, en consecuencia, esta ley de Fernández Díaz puede acabar conociéndose como Ley de la patada en la boca. Y, por supuesto, debiera llevar aparejada la dimisión de su máximo responsable.

Segundo. Ha mentido reiteradamente en sede parlamentaria en sus declaraciones sobre la actuación de la guardia civil en el terrible asunto de Ceuta, que ha costado la vida a quince seres humanos. A medida que el ministro enhebraba sus "explicaciones", estas eran desmentidas por los vídeos que la propia guardia civil había grabado y que el ministerio se negaba a hacer públicos. Mentiras, pues, adobadas de ocultación de pruebas. Toda una marca para un miembro del Opus Dei, secta cuyos sectarios tienen a gala no mentir jamás.

Tercero. Malversa los caudales públicos en ceremonias y supersticiones propias de su religión y ajenas a su normal cometido de gobernante y administrador. Ayer, su ministerio concedió la Medalla de Oro al Mérito Policial a la virgen María del Amor. Ya el año anterior había concedido otro galardón a la Virgen del Pilar. El ministro es muy libre de adorar y venerar las imágenes, ídolos, iconos, reliquias o tótems que estime pertinentes, hacerles sacrificios y vestirlos de oro si quiere. Pero con su dinero, no con el de todos, y sin poner en marcha la maquinaria del Estado, no ya solamente por razones de responsabilidad administrativa, sino por no seguir haciendo el ridículo. ¿Qué pasaría si, en lugar de ser fervoroso católico, fuera adorador de Kali, una esposa de Siva,  que, según leyendas, otorga favores a cambio de sacrificios humanos?

Cuarto. También despilfarra caudales públicos en satisfacer sus inquinas personales. No lo dice Palinuro, sino la juez del juzgado número cinco de lo contencioso quien ha resuelto la demanda presentada en octubre por el funcionario de Interior, Jaime Nicolás Muñiz contra el ministro por "acoso laboral" y de la que Palinuro dio cuenta hace casi dos meses en una entrada titulada Mi amigo Jaime. La juez no considera que se trate de un caso de mobbing o acoso laboral, como sostenía Jaime quien, probablemente, apelará, pero sí sentencia que ha habido despilfarro de dinero público. Es evidente que un cargo público de quien los jueces dicen que despilfarra el dinero público no puede ejercer de  ministro de nada. Por muy creyente que sea.

Las tres eses negras.

La desafección, la hostilidad de la ciudadanía hacia los políticos se extiende, según los expertos, a la política en su conjunto. Y también a la misma democracia, avisan los más agoreros entre ellos. Es el caldo de cultivo en el que engordan las tendencias extremistas, sobre todo de derechas, los populismos, la xenofobia, el fascismo siempre latente en Europa. La causa de esta actitud suele ir a buscarse a la mezcla de corrupción e incompetencia que caracteriza a los gobernantes. "Son todos iguales". "Van a lo suyo". "Dan la espalda a la sociedad". "Son incapaces de resolver los problemas." "Pero aprovechan para enriquecerse." Son expresiones habituales, generalizadas. Solo con esto, el asunto es ya muy grave.

Pero hay más, mucho más. No se trata solo del rechazo que provocan las actitudes de los gobernantes respecto a los asuntos prácticos y cotidianos de la vida: las corruptelas, las arbitrariedades, las insensateces, la incompetencia en la gestión. La irritación ciudadana viene movida por escándalos de mayor calado, que afectan a cuestiones de principios, de valores, de convicciones que se predican y se desprecian en el mismo acto. De estas cuestiones se habla, sí, pero en tono menor, como si diera miedo tratarlas abiertamente. Y, sin embargo, son las verdaderamente graves, las que deslegitiman el sistema político e incluso el orden de convivencia. Son las tres eses negras de esta crisis.

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Silencio.

Se dice que somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. La sabiduría manda callar. ¿Siempre? A lo mejor es prudente moderar esa afición a los principios con unas gotas de desprestigiada casuística. Callar puede no ser siempre lo mejor. La insólita declaración de la Infanta es un monumento al silencio. Siendo toda palabra potencialmente incriminatoria, de sus labios solo salió una monodia de no sé-no recuerdo-no me consta-no-no-no. Es dudoso que ese inverosímil y cerrado silencio vaya a ir en su beneficio. Al contrario, hace su posición más insostenible. ¿Por qué, pues, lo mantuvo? No mejora su circunstancia personal  y empeora la de su marido. Lo verdaderamente grave es que apunta a su padre. El silencio de la Infanta -ya lo han señalado muy reputados analistas- sirve de cortafuegos al Rey, pretende protegerlo. Lo que el silencio quiere callar es el grado de conocimiento del monarca de unos presuntos delitos cometidos durante años por sus más directos y cercanos parientes. Un grado de conocimiento que necesariamente tiene que haber sido elevado. Los cortafuegos sirven si paran los incendios pero, a veces, cuando hay viento, estos los saltan y prenden en el otro lado del monte. Ahora es la fortuna del Rey la que aparece en el punto de mira de las peticiones de información de la ciudadanía. La Casa Real ha querido adelantarse tomando algunas tímidas medidas de transparencia que resultan insuficientes. El Monarca debe hacer lo que los ingleses llaman una full disclosure una full monty de su fortuna personal, de su origen y ubicación. Algo sobre lo que había caído un manto de espeso silencio acordado por los medios, los grandes partidos dinástico y los sectores poderosos de la sociedad, la banca, la Iglesia, la patronal. Silencio sobre la honorabilidad de la más alta magistratura del Reino. Primera ese negra.

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Secreto.

Una de las garantías de la libertad de voto es el secreto. No hay elección popular legítima si el secreto no está garantizado. Excepto, curiosamente, en el Parlamento. El debate sobre si el voto de los diputados debe ser público o no es larguísimo y está lleno de matices. No seremos nosotros quienes lo resolvamos. Pero sí advertimos que suele pasar por alto la disciplina de voto, porque es algo molesto. La evidencia de que, en el noventa y nueve por ciento de los casos, los diputados no votan en conciencia sino según las directrices partidistas, destruye la teoría de la democracia representativa, según la cual los parlamentarios representan a toda la nación. Los partidos se saben tan alguaciles de la situación que tienen establecidas penas pecuniarias (¡ahí les duele!) para los diputados díscolos. La disciplina de voto es una causa del desprestigio de la institución parlamentaria entre la ciudadanía. Cosa que se agrava cuando, como ayer, se impone una votación secreta porque se trata de dirimir un asunto en el que las convicciones profundas están en juego. ¿Resultado? Sus señorías, pudiendo votar según su conciencia y no según su conveniencia, descubren que su conveniencia es su sola conciencia. Todos. Como un solo hombre. Lo expresó con característico desparpajo la diputada Villalobos: no iba a traicionar a su partido pues lo que a ella le gusta es dar la cara. Y, para dar la cara, la oculta. Con ese voto secreto, voto en libertad, voto en conciencia, sus señorías han demostrado ser los esclavos felices. Teniendo en cuenta que el ochenta por ciento de la ciudadanía y hasta el sesenta por ciento de los votantes de la derecha rechazan la ley contra las mujeres a cuyo favor han votado libremente y en conciencia sus representantes, ¿cómo quieren que los representados los respeten? Secreto. Segunda ese negra.

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Sumisión.

El gobierno se ha cargado de un plumazo, por el procedimiento de urgencia, valiéndose de su guardia pretoriana parlamentaria -con la simbólica ayuda de sus píos socios de Unió Democràtica de Catalunya- el principio de la jurisdicción universal, la justicia penal internacional que los tribunales españoles, adelantados en esto, venían practicando. Otra vez una cuestión de principios. Y uno muy tocado porque, si ya la fe en el de la justicia nacional es casi inexistente a la vista de los sonados casos como la Gürtel, Bárcenas y, sobre todo, la Infanta, la que se depositaba en la jurisdicción universal ha recibido un golpe de muerte. Los jueces españoles tenían de los nervios a una decena de tiranos distribuidos por medio mundo. Pero la cuestión se plantea -y a toda pastilla, literalmente perdiendo el trasero- cuando afecta a los poderosos. Ya los Estados Unidos respondieron hace unos años con una típica chulería del Far West ante la petición española de que compareciera ante la justicia el oficial gringo que dio la orden de disparar contra el cámara español Couso en la guerra del Irak. "Helará en el infierno", dijo un mandamás estadounidense, "antes de que un militar nortamericano comparezca ante un juez español." Y colorín, colorado.

Pero la Justicia no sabe de infiernos ni amenazas. Solo sabe de principios, así que sigue pidiendo la comparecencia de los militares y, acelerándose, también la detención de unos ex-gobernantes chinos, a cuenta del presunto genocidio del Tibet. Los chinos, en lugar de responder a lo gringo, muy irritados, amenazan en serio y recuerdan que tienen el veinte por ciento de la deuda española. Así que el gobierno, en efecto, ha dado un bote y ha rendido completa pleitesía a los barandas del momento. Este mismo gobierno se niega a extraditar a presuntos torturadores de la dictadura para su procesamiento en la Argentina. Menos mal que los chinos parecen darse por contentos con que España se olvide para siempre de la jurisdicción penal universal y no pide que le extraditen a los juececillos que han osado acusar a sus geniales timoneles. Porque, dados el terror y la sumisión de nuestro gobierno, no sé lo que haría. Sumisión, tercera ese negra de este sistema que hace aguas.

El sobresueldos manda callar.

Le ha salido del fondo del alma. Ya no solo quiere que su gente no hable, que se calle. Ahora también quiere que se calle la oposición. Dentro de poco, en su delirio por ocultar sus fechorías, querrá que se calle el rumor de las olas.

Rajoy ha cerrado el cónclave de lo que algún juez tiene como una presunta asociación de delincuentes leyendo, como siempre, un discurso que es incapaz de pronunciar sin papeles porque no solamente no sabe hablar inglés sino tampoco castellano. Y lo ha hecho mandando callar a Rubalcaba en ese tono despectivo, faltón, tan propio de los señoritos fascistas y los mangantes a los que se dirigía. Un personaje que no sabe hablar en público sin leer ni caer en el ridículo mandando callar otro.Tiene chiste.

Claro que Rubalcaba, el PSOE en su conjunto, quizá toda la oposición, tengan merecida esta impertinencia por su excesiva buena fe. ¿A quién se le ocurre tomarse en serio, como si fuera un partido político, una asociación de presuntos delincuentes, encabezada por un embustero compulsivo que lleva veinte años cobrando sobresueldos y lo que se tercie junto con sus amigotes más fieles? ¿A quién se le ocurre escuchar a un individuo cuya única preocupación es evitar que los tribunales esclarezcan la historia de expolio, latrocinio, corrupción y sirvengozonería de la que lleva supuestamente veinte años lucrándose? ¿Por qué dan oídos a las mentiras, los embustes, la sistemática ocultación de la realidad de este sospechoso de corrupción, amigo y amparador de corruptos? ¿Qué tiene esto que ver con la política? España no está hoy gobernada por políticos más o menos de derechas o de centro sino por una asociación de presuntos malhechores que tiene a sus órdenes todos los aparatos ideológicos y represivos del Estado.

Todo menos la razón y la verdad.

Sostiene el sobresueldos que los españoles nos hemos rescatado solos, más o menos como el Barón de Münchhausen, supongo. Y esta no es sino una de sus llamativas mentiras. El resto viene siempre en cascada como un rosario porque cree que los españoles (no su auditorio, claro, tan corrupto como su jefe) son imbéciles y cabe engañarlos agitando el espantajo de un futuro anuncio de una futura -e inconcreta- bajada de impuestos, mientras el BOE trae una real y concreta subida del 18% del precio del coste fijo de la luz.

Del paro de seis millones de personas, de la bajada de las pensiones, de la precariedad, de la ley mordaza, la ley contra las mujeres, la ley contra la educación pública, la ruina del país, la falta de crédito, no se habla. Y, si se habla, es para decir con todo el morro lo contrario de lo que se está haciendo a la vista de todo el mundo: Hemos logrado preservar los grandes servicios públicos como la educación y la sanidad, que siguen siendo y seguirán siendo universales, públicos y gratuitos. Pura táctica chapapote.

En el PP están a bofetada limpia; España se deshace territorialmente; el paro sigue aumentando; la industria en la ruina; la gente tiene que emigrar o buscarse la vida en los contenedores de basura; las clases medias están desapareciendo. Todo resultado de haber entregado la gobernación de un país a una asociación de presuntos delincuentes, solo especialistas en el trinque, en llevárselo crudo, esquilmar las arcas públicas y robar a la gente. Lo imperdonble es seguir equivocándose con ellos, cuando ya los jueces están poniéndolos en su sitio.

No insulta quien quiere, sino quien puede. Rubalcaba debiera responder por alusiones si no quiere pasar por un conejo y hacerlo como se debe en estas circunstancias: "Usted no tiene nada que decir en política, señor sobresueldos. Antes dé cuentas de sus fechorías ante los tribunales. Luego, ya veremos."

Salvar a la Infanta y hundir la Monarquía.

Corren todos, cortesanos y obsequiosos, a proteger a la infanta Cristina. Los ciega el servilismo, disfrazado de preocupación por la salud del Estado. Y van en tropel, probos funcionarios, ilustres abogados, fiscales, ministros, el presidente del gobierno y el augusto padre de la imputada. Este último podría quedar exonerado en vista de su condición paterna. Tengo para mí que un rey no puede anteponer el interés de su familia al de la justicia y el Estado. O quizá no deba. Pero el Pater familias es una institución sacrosanta y la paternidad, una condición inconmensurable. La biológica, desde luego, porque, como se ve en lo que hace el padre de la Constitución, Roca Junyent, la metafórica es de otra naturaleza, mucho más elástica.

Pero los demás, ¿qué pintan acorralando, acogotando al juez Castro? Es un espectáculo bochornoso. Creen estos consocios que el interés de la Infanta es superior al del Estado y dan por supuesto que todos pensamos como ellos. Invocan la razón de Estado, se sienten importantes y no reparan en el absurdo de una razón que se somete a la suerte procesal de una imputada por el hecho de ser de sangre real. Demuestran que para ellos en España hay dos justicias: la del príncipe y la del pueblo. "No, no", dicen escandalizados, "al revés. Queremos que la Infanta tenga las mismas garantías que un ciudadano común y no se la penalice por ser quien es". Dejemos de lado la inepcia del argumento, al parecer del fiscal Horrach. O no es penalizar (en el sentido de penalizar en exceso) o el "ser quien es" es irrelevante. ¿O quiere decir Horrach que no se la puede penalizar (en el sentido de penalizar con justicia) precisamente por ser quien es? El problema no es quién sea, sino qué ha hecho. A eso se atiene, como debe, el juez Castro y nadie tiene derecho a enmendarle la plana. Se le puede recusar en persona o recurrir sus decisiones; pero no se puede interferir, decirle lo que tiene que hacer; no cabe glosar o interpretar sus preguntas ni imponerle cómo debe decidir. Eso es ir contra la independencia del poder judicial.

Si fueran menos obtusos se darían cuenta de que, procesalmente hablando, la verdadera garantía de la infanta Cristina es el juez Castro que le da la oportunidad de explicarse en público, para que brille esa inocencia de la que tan convencido está el presidente del gobierno. Y hasta ha tenido el gentil detalle (que no todos le han aplaudido) de no grabar en vídeo la declaración sino solamente en audio. La feroz presión en torno al instructor (que llega, incluso, a sembrar rumores, claramente conminatorios, sobre su posible substitución) solo demuestra el temor, por decirlo suavemente de que la interesada no sea inocente. Y, entonces, ¿qué?

Entonces a ver cómo se evita que la Infanta arrastre en su caída la institución monárquica, ya muy tocada del ala por múltiples razones, unas conocidas y otras atisbadas y protegidas por los restos del acuerdo del establecimiento de dejar al margen la Corona. Precisamente por eso, argumenta el bloque pro-infanta, es preciso evitar que se la procese, dado que es inocente, como bien sabemos de antemano. Y ello sin contar con que no cabe aplicarle el procedimiento redentorista que emplea el gobierno cuando los condenados también son de su querencia pero plebeyos: se los indulta. ¡Ah! Es impensable verse obligados a indultar a la Infanta.

¿No se dan cuenta de que la segunda opción es más dañina aun para la Corona? Liberada la Infanta mediante cualquier artimaña procesal de alguno de los cerebros que en este momento trabajan a contrarreloj por dar con ella, la opinión pública la declarará unánimente culpable. Las dos opciones son destructivas de la institución, pónganse vuecencias como se pongan. Pero la primera tiene algún elemento más a su favor: la Infanta da la cara, la Monarquía da la cara y cumple la ley que impone a todos los demás.  Seguiría siendo cierto aquello del Rey abajo, ninguno.

¡Qué cosas tiene este Palinuro! Claro, es republicano. 

(La imagen es del muro de FB de Mi vida es ser un mamón o del partido que ustedes quieran. @mividaesserunmamon

El Estado (presuntamente) delincuente.

España no es propiamente hablando un Estado de derecho. De ponernos estrictos, cabría decir que incluso carece de Constitución. Al menos, según el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789:

Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los Derechos ni determinada la separación de Poderes carece de Constitución.

En España no hay garantía de Derechos ni separación de Poderes. Y tiene Constitución. Formalmente, pero no materialmente. Y esto mismo se aplica a la carencia del Estado de derecho. Tampoco rige el principio del imperio de la ley, ya que hay personas por encima de ella, tanto formal como materialmente.

Por encima de la ley, formal y materialmente se encuentra el Rey, cuya persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sin embargo, su comportamiento -y, con él, la Jefatura del Estado-, deja mucho que desear y está muy por debajo de las expectativas en materia de transparencia y de recto proceder. Su familia en primer grado pareciera estar materialmente por encima de la ley y hay fuerzas institucionales muy poderosas interesadas en que así sea. Sin embargo, sus comportamientos, conocidos por los tribunales, les han valido imputaciones penales que tienen muy mala pinta. ¿Puede una Monarquía tan tocada del ala aguantar una condena a una Infanta de España por un delito contra la Hacienda Pública o la condena de su marido? ¿Se puede reinar habiendo cometido delitos? Empeñarse en que en España no hay una crisis de Estado, en gran medida propiciada por el comportamiento vituperable de la Casa Real es absurdo.

Claro que la Real Casa no parece haber hecho nada muy diferente de lo que llevan años haciendo los gobernantes. El presidente del gobierno puede decir lo que quiera (que habitualmente es muy poco y en una actitud despectiva) pero está bajo sospecha de haber presidido un partido con una contabilidad B y que se financiaba ilegalmente. Está asimismo bajo sospecha -nunca satisfactoriamente despejada- de haber cobrado sobresueldos de problemático origen durante dos décadas. Y eso es él. Tiene luego una ministra, directamente acusada de haber recibido dádivas de todo tipo de la trama delictiva Gürtel, acusaciones que no niega, sino de las que quiere librarse pretextando ignorancia. Otro, el de justicia, un hombre de un rigorismo exacerbado, fue condenado por los tribunales a pagar una indemnización a su casera por haber estado viviendo dos años sin pagar el alquiler. En serio, ¿alguien imagina que se pueda ser ministro en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en cualquier parte, habiendo sido condenado por los tribunales por moroso? ¿Qué tiene esto que ver con un Estado de derecho?

La propia maquinaria en su conjunto del partido del gobierno tiene tal cantidad de imputados en procesos por corrupción que es legítimo pensar que es, en realidad, una asociación con ánimo de delinquir. La lista de presuntos, miembros del partido o directamente relacionados con él es impresionante: Bárcenas, el Bigotes, Correa, Fabra, Matas, Camps, Baltar, Barberá, Castedo, Blasco, Sepúlveda, el Albondiguilla.

Añádase la recua de empresarios y financieros delincuentes que forma la flor y nata del "espíritu emprendedor" de la derecha. Alguno está en prisión preventiva, otros han cumplido condena, otros están imputados o investigados. Esta semana empiezan a desfilar por el juzgado de Ruz los empresarios de la Gürtel, un buen puñado. Y mañana quizá lo haga otro puñado del Consejo de Administración de Caja Madrid cuando esta cumpla la orden de la Audiencia Nacional de revelar los sueldos y gratificaciones que se había autoconcedido y se obstinaba en mantener ocultos. Decenas de personajes en las más sorprendentes peripecias pero todos con un punto en común: enriquecerse a base de saquear los caudales públicos en todas sus formas: privatizando, malversando o llevándoselo crudo a Suiza.

¿Y qué decir de la colusión entre los gobernantes y los delincuentes condenados e indultados acto seguido en clara desviación de la justicia?  ¿Qué si no que España no es un Estado de derecho, sino un Estado (presuntamente) delincuente?

(La imagen es una foto de La Moncloa aquí reproducida según su ”aviso legal”).

La delgada línea negra.

Esta es una entrada de reconocimiento y agradecimiento a jueces como Alaya, Castro, Garzón, Gómez Bermúdez, Pedraz, Ruz, Silva y muchos otros de menor renombre pero similares merecimientos.

La última de defensa del Estado de derecho en España son sus jueces. Sin duda, la administración de Justicia tiene baja valoración en la opinión ciudadana, según los sondeos, y eso afecta a jueces y magistrados, lo cual no es enteramente justo. En la medida en que la "administración de Justicia" tiene una entidad material, su principal defecto es la lentitud, achacable a la escasez de recursos, algo de lo que los profesionales no son responsables porque es cosa de los políticos. En la medida en que la entidad quiere ser institucional, por ejemplo, cuando se habla del Poder Judicial, su rasgo es que no existe. No hay un lugar concreto en el que esté residenciado el poder judicial, compuesto por unos miembros que sean mancomunadamente responsables de las decisiones colectivas, como el gobierno y el parlamento. No hay decisiones colectivas del poder judicial. El poder judicial son sus jueces. Cada uno de ellos al actuar es el poder judicial en su plenitud, sin perjuicio del sistema de recursos.

Por eso es tan importante la fibra moral, la personalidad de los jueces individualmente considerados. Y los justiciables tenemos derecho a decir qué jueces queremos, con cuáles simpatizamos. Para Palinuro son dignos de aplauso y agradecimiento los mencionados más arriba, tanto los nominalmente citados como los que no, porque tienen un rasgo en común, su independencia, su rigor y su entrega desinteresada a la causa de la Justicia. Otros ciudadanos preferirán, quizá, otro tipo de juzgadores. Están en su derecho. Lo pertinente es exponer los respectivos méritos ante la ciudadanía para su información.

Los jueces citados al principio son ciudadanos, funcionarios públicos por cierto, cuya importancia para el funcionamiento del Estado de derecho está en agudo contraste con sus recatadas vidas, sus biografías anodinas, la fragilidad material de sus condiciones de existencia, lo modesto de sus ingresos. Son ciudadanos normales que, sin embargo, en el ejercicio de sus funciones, están sometidos a presiones de todo orden, tan atroces que el resto seguramente no alcanzamos a imaginar. La delgada línea negra formada por los jueces, la última defensa de nuestras libertades públicas, nuestros derechos y garantías, se enfrenta a un formidable aparato con todos los poderes legales e ilegales, materiales e ideológicos, empeñado en doblegarlos, ponerlos a su servicio y conseguir así una "justicia" a la medida de sus intereses políticos, religiosos, económicos. Y se enfrentan solos, valiéndose únicamente de su integridad, su valor, su conciencia cívica; y apoyados por los ciudadanos que queremos jueces justos.

Ese aparato desencadenado en contra de unos jueces independientes en una contienda muy desigual tiene a su vez muchos frentes. La primera oposición la encuentran aquellos -y en términos duros, casi descalificatorios- en el ministerio fiscal y, más en concreto, en la fiscalía anticorrupción que -dependientes como son del gobierno- dan la impresión de actuar como defensas de los imputados o acusados siempre que estos tengan relación directa o indirecta con los poderes públicos, desde los presidentes autonómicos hasta los miembros de la Casa Real.

¿Para qué hablar del gobierno? Sus miembros y presidente repiten la jaculatoria del "respeto a las decisiones judiciales" pero no lo profesan sino todo lo contrario. Su interferencia en la administración de Justicia es permanente. Un ejemplo especialmente detestable: la política de indultos del gobierno del PP es una vergüenza. Indultar es siempre torcer la acción de la Justicia (aunque a veces sean los propios tribunales quienes, por alguna razón, recomienden el indulto a la par que condenan) pero hacerlo de modo reiterado, siempre para los delitos de los allegados política o económicamente y hacerlo de formas que suscitan dudas sobre su legalidad es venir a constituirse en un contrapoder de la justicia. 

Más presiones. El frente mediático es especialmente feroz. Aquí no se guardan ni las apariencias de respeto a la judicatura. Los medios impresos con portadas alucinantes, los audiovisuales, las tertulias en donde se dicen cosas atroces sobre los jueces, viralizadas luego a través de las redes sociales son un martilleo constante, muchas veces injurioso y, en ocasiones, frisando la calumnia. No han sido extraños los casos de jueces que se han visto obligados a pedir el amparo del Consejo General del Poder Judicial.

Y más. Los partidos, singularmente el del gobierno por ser el que reúne mayor cantidad de escándalos, imputados, procesos, (pero sin ignorar a algunos otros, aunque sea en proporción menor, como el PSOE o CiU) llegan a extremos de verdadera hostilidad. La sistemática destrucción de pruebas del PP (registro de entradas, discos duros, papeles, correos electrónicos, etc) define qué se entiende en él por colaboración con la justicia. El símil perfecto lo dio hace unos días Rajoy con su necedad habitual: el PP colabora con la justicia cuando el juez, harto de que no le envíen los documentos que reclama, manda la policía judicial a registrar la sede del partido. La práctica de este de constituirse en acusación en los procedimientos que le afectan directamente con el propósito de reventarlos desde dentro (razón por la cual el juez ha tenido que expulsarlo) es otra acabada muestra de colaboración con la justicia.

Y la suprema: el dinero. El dinero en la época de la codicia universal. Todos estos procedimientos son bailes de millones, de cientos, de miles de millones, estafados, evadidos, malversados, indebidamente apropiados, blanqueados, invertidos en opciones opacas, a nombre de testaferros, refugiados en paraísos fiscales. Una asombrosa recua de financieros ladrones, empresarios piratas, políticos comisionistas y sobrecogedores, clérigos logreros, delincuentes de guante blanco y de guante marrón, todos ellos presuntos desde luego, protagonizan una commedia dell'arte de la corrupción tradicionalmente española. Hoy elevada a la enésima potencia por las burbujas financieras en la época de las nuevas tecnologías y la coronación del edificio bajo la forma de una jefatura del Estado, una Corona, que no solamente no está por encima de toda sospecha sino que lo está por debajo de todas ellas. Pues bien, frente a esa degradación de la estima colectiva que amenaza con pulverizar lo poco de Nación que queda a España, solo tenemos esa frágil pero dura línea negra. Nuestra última frontera.

En un país en el que un tesorero, de esos de manguitos y visera, acumula cincuenta millones de euros en una cuenta en Suiza, ¿cuánto pueden algunos empresarios o delincuentes ofrecer a estos jueces por archivar un caso, dejar prescribir un delito, ignorar una prueba? ¿Cuánto a unos funcionarios que cobran unas pagas en nóminas públicas por cuyo monto anual muchos de esos personajes no se levantarían de la cama? Bastantes políticos se venden. Tenemos casos para todos los gustos y todas las cuantías, según el volumen del negocio, desde unos miles de euros en comisiones a millones. ¿Por qué no los jueces? Téngase en cuenta que, además, ya vienen baqueteados, con las costillas brumadas por los medios y su honor pisoteado por auténticos sayones. ¿Por qué no van a razonar como, probablemente, les insinúe el egoísmo en sus horas bajas? ¿Qué necesidad tienen de pasar ese calvario (y, quizá, hacérselo pasar a sus familias) cuando podrían quitarse de líos y disfrutar de una saneada rentita producida por alguna generosa dádiva de uno de esos millonarios delincuentes?

Pues no lo hacen. Y siguen. En esos juececillos que van y vienen afanosos entre focos y micrófonos con sus trajes prêt à porter arrugados y sus corbatas descolocadas, frente a la impecable e implacable elegancia de los mangantes, está nuestra última esperanza de no sentirnos irremediablemente avergonzados de ser españoles. 

Gracias, señorías. Ustedes sí hacen honor al nombre.

La fiebre del oro o Todo por la Pasta.

El dinero, la pasta, la pastuqui. El oro es lo esencial, la razón misma del existir.

La Patria, la Nación, la gran Nación, la Constitución, la democracia, el Estado de derecho, el Parlamento, lo Justicia, la Corona, la dinastía, la unidad de las tierras y los pueblos, la Iglesia, la reevangelización de España, la libre empresa, la competitividad, la productividad, el ahorro, la prosperidad, el bienestar, el lugar de España en el mundo. Palabras lanzadas a diario a los vientos, repetidas sin parar por los publicistas y propagandistas de este pintoresco país mientras quienes las pronuncian se llenan los bolsillos desaforadamente por todos los medios: malversan, estafan, defraudan, se apropian indebidamente, cometen delitos societarios inimaginables y expropian y expolian hasta los sectores más indefensos, por ejemplo a los negratas de Nicaragua.

Hasta 1,8 millones de euros, según parece, estafó el grupo de presuntos corruptos valencianos más o menos orientados por Blasco, que se sentaba -y se sienta, si no me equivoco- en las Cortes valencianas, estando imputado en la causa y con una petición de once años. ¿No dijo hace unos días Rajoy al director de El País que no había un solo imputado con cargo en el PP? Es decir, mintió. Pero eso ya es hábito en el presidente. Imputados, encarcelados, racistas e ignorantes. En Nicaragua la población mayoritaria es blanca o mestiza.

Lo que más gracia me hace es la noticia de que este tal Blasco -factótum del PP valenciano- empezó en política en la extrema izquierda. Como tantos otros. Fascinante esto del transfuguismo. Siempre por pastuqui, por supuesto. ¿Cuánto? Eso ya depende de lo afortunado o lo sinvergüenza que sea el tránsfuga. A algunos de estos elementos de la extrema izquierda o la izquierda, pasados al PP, he escuchado en tiempos condenar a los socialdemócratas como "vendidos al capitalismo". Así que ahora no puedo evitar la curiosidad por saber cuántos izquierdistas de hoy que vociferan contra el PSOE por ser "la misma mierda" que el PP, estarán mañana en las filas de este. Por pastuqui, no se olvide. Por pastuqui.

¿Qué ha movido a Urdangarin y la Infanta a hacer lo que supuestamente han hecho? El desaforado amor a la pastuqui. Un verdadero frenesí que estupidiza. Porque, ¿qué necesidad tenían estos dos de pringarse, si lo han hecho, cuando conseguían lo que querían? Enchufes y empleos fabulosos, casas de ensueño, estancias en donde quisieran. Pero no es bastante. La codicia es una enfermedad del espíritu. Emborracha, ciega, hace perder el mundo de vista y lleva a la perdición.

Porque esa otra recua de presuntos mangantes, todos en la cárcel, pendientes de entrar en ella, paseándose por los pasillos de los juzgados, los Bárcenas, Correa, Díaz Ferrán, Matas, Blesa, Camps, Barberá, Fabra, Baltar (sin olvidar los compadres del PSOE de Andalucía y los de la UGT), son como los extras del mangoneo. Plebeyos, a veces rufianes, advenedizos, empresarios fulleros, todos a forrarse, tarea en la que algunos han mostrado verdadera maestría. La complicada trama de corrupción que, al parecer, montó Correa y estuvo años funcionando es casi una obra de arte del delito: la mezcla de venalidad de los cargos políticos en la administración, la vanidad y codicia de los dirigentes, con la endemoniada habilidad del pillastre, le permitió disponer de un partido y varias administraciones públicas para perpetrar sus presuntos latrocinios, en los que está pringado todo quisque. Su botón de gloria fue la boda del Escorial, una cita de aquelarre de un buen puñado de golfos, un esperpento que algún día tendrá su Valle-Inclán.

Por último, la cerrada defensa de la Infanta en la que forman frente común el ministerio de Hacienda, la fiscalía y todos los medios sin contar, claro está, la Casa Real, que se expresa por oráculos, no pretende salvar a Cristina de Borbón, sino al Rey. Si la Infanta es procesada, obviamente el monarca quedará salpicado. Sin consecuencias penales porque es irresponsable, pero con otras políticas abrumadoras. Consecuencia de esa fiebre del oro.  La sospecha de que las supuestas fechorías de Urdangarin y señora eran conocidas, si no alentadas, por el suegro y amantísimo padre, en un pintoresco affaire de alcoba no es ningún dislate de mente calenturienta. El juez se interesa por el préstamo de 1,2 millones de euros del Rey a su hija. Pero eso son ya cuantías menores. Tras la reiterada promesa real de transparencia ahora corresponde pasar a los hechos.

El Rey debiera haber aclarado ya si es cierto o no que posee una fortuna astronómica, en dónde está y cómo la ha conseguido.  Algo menos que esto no es de recibo.

Mientras tanto, recuérdese, el gobierno ha congelado el salario mínimo en 645,50 euros mensuales. Es decir, lo ha bajado,

Mi amigo Jaime.

Leo en El País una noticia que me indigna como amigo, como ciudadano y como profesional. El alto funcionario Jaime Nicolás Muñiz, del ministerio del Interior, se ha querellado contra su ministro, Fernández Díaz, por acoso laboral. Es la tercera ocasión en que el diario de PRISA saca a relucir el asunto, prueba de que trata bien a Jaime. Esa suerte que tiene, porque a mí me odia. Con la querella, Jaime pretende luchar contra la injusticia y la arbitrariedad de que está siendo objeto por la actual dirección del ministerio, un puñado de chupacirios incompetentes y autoritarios que no saben hacer la o con un canuto porque llevan toda su vida de chupones de la política, a las órdenes del PP.

Soy amigo de Jaime desde tiempo inmemorial y doy fe de que todo cuanto de laudatorio se dice sobre él en el artículo es cierto y la pieza aun se queda corta. Jaime es un funcionario del máximo nivel, 30, obtenido por sus muchos merecimientos: es jurista, politólogo, formado en Alemania, de competencia probada a lo largo de los años, con una experiencia acumulada en diversos destinos, desde el Centro de Investigaciones Sociológicas al Consejo de Estado, pasando por el Tribunal Constitucional o el Centro de Estudios Constitucionales. Es un verdadero tesoro que cualquier empresa medianamente competente ficharía con los ojos cerrados. Sé todo esto porque, como digo, soy amigo suyo. Y dejo constancia de que, en efecto, es traductor de Habermas al castellano; tradujimos juntos una obra suya, La reconstrucción del materialismo histórico. Lo cual apunta a otro de sus rasgos que el diario también señala: es un hombre sólidamente de izquierda; sin adscripción partidista, pero de izquierda. En cuyo dato probablemente esté el origen de su actual aventura. Añado por mi cuenta, que es una gran persona, un hombre educado, afable, de buen trato y modesto, a pesar de su mucho saber y su  historial en la administración del Estado, a cuyo servicio ha dedicado de verdad su vida.

 

Desde que esta asociación de presuntos malhechores ganó las elecciones en 2011, Jaime fue sometido a una situación de ostracismo laboral, "en expectativa de destino", como suele decirse en la jerga burocrática, sin cometido concreto que realizar, mano sobre mano, cobrando todos los meses su sueldo, pero sin hacer nada. Una típica actitud jesuítica de estos sectarios que trata de minar la autoestima de la víctima, humillarla, forzarla a pedir el traslado o la jubilación más o menos anticipada y todo eso sin que parezca represalia por motivos políticos, sin que medie explicación o razón alguna: simplemente, entras en la lista negra de los desafectos y se te somete a esta arbitrariedad silenciosa.  Es el expediente típico de Rajoy, de los fascistas clericales: ignorar lo que molesta, no hablar de ello, hacerlo a un lado. En manos, además de estos dementes de Interior (los hacedores de la Ley Mordaza)¨, el asunto llega al ilícito penal del mobbing, previsto en la normativa vigente que Jaime esgrime en pro de sus derechos. Una actitud digna y valiente que no solo defiende sus intereses sino los de muchos otros funcionarios, profesionales competentes en diversos ministerios (singularmente, Exteriores), ninguneados ahora por esta banda de profesionales del trinque, sin otro oficio ni beneficio que el arribismo y el peloteo político.

 

Porque el asunto de Jaime no empieza y acaba en él. Yo sé que, si así fuera, no le gustaría nada esta entrada. Pero no es así y de ahí la entrada. El caso de Jaime simboliza un modo de proceder en la administración pública propio de los partidos políticos que son todos (si bien unos más que otros) verdaderas oligarquías, cortijos donde los barandas reparten los puestos de la Administración entre los fieles, los pelotas, tiralevitas y palanganeros, con ignorancia de los principios de mérito y capacidad que la Constitución pregona. Singularmente el PP, acostumbrado a nombrar a dedo enchufados a cientos con sueldos de cine a cambio de fidelidad canina o carromera, en detrimento de la eficacia y la racionalidad de la administración pública. Estos son los que vienen luego dando lecciones de eficacia en la gestión, eficiencia de resultados, rigor, productividad; son los que vilipendian lo público por ineficiente y ruinoso cuando son ellos, su falta de escrúpulos y mínima competencia, los causantes de la ruina, y los que ensalzan la gloria de lo privado. En román paladino: caballos de Troya del robo privado, se hacen con los puestos de la administración pública, la desmantelan, la gestionan con criterios de pura secta de sicarios, malversan y expolian los caudales públicos, luego dicen que hay que privatizar los servicios para ahorrar y, cuando cesan, los nombran directivos de las empresas privadas en cuyo beneficio trabajaron. Recompensa por los servicios prestados a los sinvergüenzas del PP o del PSOE o de quien tenga el morro de esta desfachatez.

Si el sectario Fernández Díaz, en claro abuso de poder, quiere darse el gusto personal de amargar la vida a Jaime, al que tiene envidia por ser mejor que él y ojeriza porque es demócrata y de izquierdas, que le pague él la nómina de su bolsillo, no con el dinero de los contribuyentes. Los ciudadanos  queremos que los gestores públicos empleen nuestros dineros en administrar racionalmente lo de todos y no en darse caprichos personales, pagarse cruceros a las Bahamas o tener en un pasillo, mano sobre mano, a un funcionario que cobra del erario público. Funcionario que, como es el caso, vale mil veces más que los politiquillos, pelotas profesionales que lo persiguen en clara contravención de la ley.

El cortijo.

En uno de sus inenarrables correos Miguel Blesa comunica a un hijo de Aznar, mediador en pro de una operación casi seguro lesiva para los intereses generales pero muy lucrativa para algún amigo suyo o quizá él mismo, que Caja Madrid no era su cortijo. Según la prensa filtra emails cada uno más escandaloso que el anterior, va quedando claro que no solamente era su cortijo sino también su patio trasero, su bodega, su escudería y los placeres de Capua. La entidad sirvió a este enchufado por Aznar para vivir una vida de lujo, boato y molicie, cuyos detalles dejan estupefacto al personal de un país hundido en el paro, la precariedad, la pobreza y la emigración. Coches de medio millón de euros, vinos exquisitos, caviar a cientos de miles de pesetas el kilo, cacerías en lugares exóticos, cruceros de ensueño. Un tren de vida de locura del que el cortijero hacía generosamente partícipes a sus colaboradores (por llamarlos de algún modo), consejeros de la entidad en nombre del PP pero también del PSOE, de IU, de CCOO o UGT, garantizándose así su vergonzante lealtad. Y aun sobraba para repartir con verdadera prodigalidad en forma de créditos a los amigos, alguno de los cuales está en la cárcel, sin garantías suficientes, operaciones financieras de riesgo como favores, reparto de prebendas, enchufes, mediaciones. ¿Cómo no iba a quebrar una empresa gestionada con estos criterios durante trece años?

Recuérdese aquella imagen tradicional del banquero de espíritu calvinista, dedicado a su quehacer con la seriedad, la entrega, de un sacerdocio, bajo el lema de Benjamin Franklin de el tiempo es oro, sobre el que Max Weber construyó su aguda interpretación de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Recuérdese y olvídese al mismo tiempo. Aquí no somos protestantes, somos de la Contrarreforma. Aquí reina el catolicismo, el amor por la ostentación, el lujo, el consumo y el odio al trabajo, a la austeridad y el ahorro. Allí, los banqueros; aquí, los ladrones. Allí, la probidad; aquí, la picaresca.

Y no es solo la Caja, sino todo el país. El país entero es administrado como un cortijo por un partido convertido en una asociación al servicio del enriquecimiento de la casta por los procedimientos que sean, incluso los supuestamente ilegales y hasta delictivos. La señora Aguirre declaraba ayer ante el juez (es un decir, pues lo hacía por escrito desde su despacho en el PP) sobre su conocimiento de la Gürtel y muy ufana afirmaba ser la primera interesada en aclarar el asunto. Encomiable actitud de fondo que encaja poco con la forma. Además, la declarante debiera estar igualmente presta a aclarar cuanto tiene que ver con el tamayazo, con la FUNDESCAM, la gestapillo y la presunta financiación ilegal de todos los actos de relumbrón e infinitas inauguraciones que protagonizó en su mandato. Si, además, se quiere investigar en el menudeo de las inauguraciones, esto es, los aspectos económicos de las adjudicaciones, contratas, etc., se verá que lo del cortijo se queda corto.

Por si el chorreo de los Fabra, Baltar, Matas, Bárcenas, Crespo, Urdangarin, la infanta, Barberá, Pons y los meritorios de segunda fila, acusados de llevárselo crudo de mil formas distintas fuera poco, ayer la jueza imputó a la esposa del presidente de la Comunidad de Madrid por blanqueo de capitales. Es el cortijo en sus más pintorescas estilos: un baile de millones en forma de apropiaciones indebidas, cohechos, malversaciones, mordidas. Jauja. Es la apoteosis del capitalismo nacional-católico con un ropaje neoliberal. Vive de lo que siempre ha vivido el capitalismo español: el favoritismo, el compadreo, los enchufes, la corrupción, el trasvase de la empresa al poder político (eso que se llama la puerta giratoria), la información privilegiada y el chanchullo. Pero predica el dogma liberal del individualismo, el libre mercado, el emprendimiento, la competencia, la superioridad y mayor eficiencia de lo privado sobre lo público. Lo público no debe intervenir en lo privado, salvo si se trata de cuestiones morales como el derecho al aborto, a la educación, o las libertades como la de manifestación, reunión, expresión o creencias religiosas. Aquí, sí; aquí intervención a tope, a ver qué se ha creido el personal, aficionado a la promiscuidad; contundencia y cañones de agua para enfriar lo ánimos algo exaltados por la obscena exhibición de los cortijeros.

Pero en todo lo demás, exquisita abstención y respeto por las libertades. Las del libre mercado, se entiende. A quien Dios se la dé..., etc. Bueno, en el discurso. La práctica es otra cosa. Exactamente la contraria. Utilización de las instituciones públicas para beneficios privados de todo tipo. Elaboración de políticas públicas en interés de empresas que privatizan los beneficios y socializan las pérdidas. Expolio de los dineros de todos. Injerencias inadmisibles en el funcionamiento del mercado, como el de la venta de Iberia a British Airways. Inversiones millonarias en proyectos para beneficio privado con dineros públicos y asegurando que son en interés de la colectividad.

Añádase el agravante, típicamente español, de que, en los casos más notorios, los proyectos han fracasado. La costosísima enésima candidatura olímpica de Madrid, ahogada en un ridículo planetario a base de una clase de pichinglish hispánico. Y el inmundo plan de Eurovegas en un fiasco de las autoridades, dispuestas a cambiar hasta el código civil si el andoba gringo de los millones se dignaba sentar sus posaderas en Alcorcón.

Es el capitalismo, sin duda, pero a la española. Con sus peculiaridades, que son temibles. Porque a esta caterva de ineptos, incapaz de administrar el cortijo con un mínimo de eficiencia, justicia y decoro, se le está sublevando parte del país. Ha conseguido crear una crisis para la que no tiene respuesta ni prácticamente margen de maniobra porque Europa entera está pendiente del cortijo español.

¡Qué alto hablan los muertos!

Los muertos. Los asesinados, paseados, fusilados, desaparecidos y enterrados en las innumerables fosas comunes a lo largo y ancho de España.

Durante los cuarenta años de la dictadura se decretó el silencio sobre esta tragedia. Nadie podía hablar de ella. Un silencio sostenido en el miedo de una población aterrorizada que había comprobado en sus carnes cómo los vencedores de la guerra actuaban en la posguerra sin misericordia alguna con los vencidos, asesinándolos, amedrentando a los familiares y allegados supervivientes, represaliándolos de modos arbitrarios, robándoles los hijos.

Un silencio denso, sostenido en el terror del Estado y con la complicidad de la iglesia católica que había declarado Cruzada el golpe de Estado de 1936 y la subsiguiente guerra civil. Complicidad que, en muchos casos, derivaba en colaboración activa en las denuncias, persecuciones y asesinatos. Esa misma iglesia que beatifica a sus quinientos mártires, mientras olvida a las decenas de miles asesinados por los de su bando, muchos de ellos, católicos y algunos, sacerdotes. Sacerdotes asesinados y sacerdotes asesinos. Esa es la realidad.

Un silencio que sobrevivió al franquismo y se impuso a la transición. Aquella política de “reconciliación nacional” del PCE, probablemente animada de nobles intenciones, degeneró en un olvido de los muertos que quedó torticeramente consagrado en una ley de punto final, norma antijurídica, que se llamó la Ley de Amnistía, por la que los asesinos decretaron su impunidad.

La transición arrancó con una mácula que ha acabado devorándola. Quienes sellaron aquel pacto creyeron que con él consagraban la reconciliación y quienes lo contemplamos, no supimos o no pudimos o no quisimos elevar la voz y creímos –o quisimos creer- que aquel pacto era la esperada y siempre dilatada reconciliación de los españoles que, tras reconocer noblemente sus culpas, todas, recuperarían esa unidad entre el hoy el ayer en que se basan las naciones.

Así, el silencio de la dictadura prosiguió durante la democracia, incluso con gobiernos socialistas. ¿No era cierto que la transición había traído la reconciliación?

No, no era cierto. La derecha española sigue siendo lo que era, viéndose como la vencedora de la contienda y negando toda justicia a las víctimas del franquismo. El gobierno de Zapatero aprobó una tímida, alicorta, Ley de la Memoria Histórica, que el PP en el poder incumple y ha anulado de hecho. El presidente del gobierno comenta a veces con displicencia que está harto de oír hablar del franquismo y la República.

Pero la palma de la iniquidad se la lleva ese diputado y portavoz del PP, Hernando, quien sostiene que los familiares de los asesinados solo se movilizan en busca de los suyos cuando hay subvenciones, una expresión indigna que califica a quien la profiere como un ser despreciable y sin escrúpulos. Teniendo en cuenta, además, que precisamente es su gobierno quien ha suprimido las subvenciones

Sin embargo, los muertos se han alzado y están haciendo oír su voz. Un sonido que ha cruzado el océano y ha encontrado audiencia en la Argentina, en donde una jueza que aplica la doctrina de la jurisdicción penal internacional, acuñada entre otros, por Garzón, ha puesto en marcha un procedimiento para hacer justicia a las víctimas del franquismo. Algunas de estas, valiéndose de sus propios escasos medios -y no de ninguna inexistente subvención- emprenden un viaje de 10.000 kilómetros a edades muy avanzadas para buscar allende los mares la justicia que los tribunales españoles debieron brindarles. Es el caso de esa anciana de 88 años, Ascensión Mendieta que, por fin, ha podido relatar ante un tribunal lo que lleva setenta y cuatro años callando: cómo su padre, dirigente de UGT, fue fusilado en 1939 -bajo la acusación de un vecino- por "auxilio a la rebelión", tras un juicio sumarísimo de guerra, sin derecho a defensa; una farsa. Fusilado y enterrado en secreto. Y toda la ambición de Ascensión es llevarse a la tumba cuando menos un hueso de su padre. Es imposible que los Hernandos de este mundo entiendan esto.

Y los muertos hablan cada vez más alto y más recio. Es la voz del derecho, de la justicia, de la reparación. La que el gobierno y la iglesia se obstinan en desoír, aunque ya se escucha en el mundo entero. La ONU pide al gobierno justicia para las víctimas del franquismo. Contra dos torturadores de la dictadura hay ya una petición de extradición. Y a estas, seguirán otras.

Esa voz no se puede acallar porque ya no es posible volver a matar a los muertos. Esa voz mueve a los vivos que han perdido el miedo y ven cómo crece la solidaridad hacia ellos, dentro y fuera de nuestro país. Cómo se pide (¿a qué espera la oposición para sumarse?) la constitución de una Comisión de la Verdad, que haga justicia a las víctimas y exponga a la luz pública a los victimarios.

Es una voz potente la de los muertos. La única que puede traer la verdadera reconciliación entre los españoles. 

(La imagen es una foto de Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de El Bierzo, con licencia GNU documentación libre).

La Cina è vicina.

Esto va a estallar por algún sitio. Estábamos acostumbrados a las etiquetas de made in China, en Taiwan, en India, en Bangladesh. Tranquilizaban nuestras no muy inquietas conciencias. Anunciaban condiciones laborales infrahumanas, explotación, salarios de hambre. Pero lejos, muy lejos, a miles de kilómetros del civilizado y cristiano Occidente. Además, eran asiáticos, extranjeros, otros.  Ahora las etiquetas dicen made in Italy. Pero anuncian las mismas condiciones de explotación y esclavitud. Aquí. Ahora. Bueno, pero siguen siendo extranjeros. Chinos, para más señas y, probablemente, "ilegales". (Seguro que algún neoliberal dice que estos chinos han elegido entre ser explotados en China o en Europa. Y prefieren Europa. Libertad de elección). En fin, siguen sin ser de los nuestros.

¿Seguro? Incluso olvidándonos de que los chinos son exactamente igual que nosotros y tienen la misma dignidad, no es cierto que sigan siendo otros. Veamos. La prensa habla de esclavitud. Vale, pero, ¿qué es la esclavitud? ¿En qué se distingue de una reforma laboral que deja a los trabajadores a merced del capricho de los empresarios? Esos chinos que han muerto achicharrados en Italia vivían en condiciones inhumanas, sin ningún tipo de seguridad laboral. Pero eso pasa entre nosotros y, sin duda, en más países de la próspera Europa: inmigrantes de todo tipo, gentes reducidas a la más extrema necesidad, dependientes de la arbitrariedad de mafias (recuérdese otra forma de esclavitud como la sexual) o de empresarios sin escrúpulos.

¿Será en la jornada laboral? Siete días a 16 horas diarias. Vale. ¿No dicen los empresarios que hay que trabajar más y ganar menos, abolir las vacaciones pagadas, suprimir el descanso dominical? La diferencia es meramente cuantitativa y camino llevamos de reducirla a cero.

¿Será en la paga? ¿Un euro la hora es esclavitud? ¿Y cuatro euros la hora? ¿O dos?

La globalización provocó la llamada deslocalización de las empresas, en busca de mano de obra barata. Ahora los países receptores, a su vez, deslocalizan aquello que les rinde más beneficio: mano de obra esclava. De esta forma, los empresarios que producían en el exterior explotando mano de obra nativa, pueden ahorrarse los costes del transporte. Tienen mano de obra esclava que acabará contagiando al conjunto de la fuerza de trabajo.

La tendencia a la esclavización del trabajo es inherente al capitalismo. A no ser que se le ponga freno mediante una política de justicia social que parece haber abandonado el escenario, substituida por un cálculo de beneficio propio en el contexto de sálvese quien pueda.

Cuesta abajo.

Sosiéguense vuesas Mercedes, que diría Felipe II. No cunda el pánico en el cuarto de máquinas. Viene brava la mar, sí, pero no pierdan los papeles, que están ustedes empezando a delirar, cuando no a dictar normas draconianas, como esa #LeyAntiProtesta que parece pensada por un demente, un paranoico.

Buena la ha armado la ministra Mato pidiendo la retirada (o sea, el secuestro de la edición) del libro Cásate y sé sumisa. Ha conseguido enfrentar al gobierno con la jerarquía católica, editora del tomito de Costanza Miriano. Es la modernidad. Dentro de poco, la guerra de las investiduras. La derecha ciega. ¿Nadie ha explicado a la señora Mato que en democracia no se pueden secuestrar libros a no ser que sean delictivos por el continente o el contenido? Por eso, Miriano va diciendo que quieren censurarla. Todo lo cual, obviamente, acabará convirtiendo el ensayo, panfleto o lo que sea eso, en un éxito de superventas. Bueno, a lo mejor Mato se ha sentido personalmente agraviada porque, habiéndose casado, no ha sido sumisa a su marido, del que pasaba olímpicamente, hasta el punto de no saber qué coche conducía. A lo mejor se ha hecho feminista en función del atinado criterio de que lo personal es político y ella, de sumisa, nada.  Una feminista con razones de la derecha: el libro está mal porque "falta al respeto a las mujeres". Eso de "faltar al respeto" es muy de derechas, ¿verdad?  Por lo demás, ella sigue mostrando fidelidad a la causa de expoliar España, habiendo adjudicado, según parece, la decisión sobre privatizar o no dos hospitales en Ceuta y Melilla a una empresa del ex-consejero del PP Lamela, más conocido como privatizator. Para que todo quede en la cosa nostra.

¿Y pues Fabra, el hombre de los aeropuertos para peatones, presidente sempiterno de la Diputación provincial, eximio cacique, hijo y nieto de caciques, referente en todo del PP y de su presidente Rajoy que, con su acostumbrado tino, lo calificó de "ciudadano ejemplar"? El Fabra al que tocaba la lotería con la regularidad de las mareas y que prometía sacarse la minga y mear en la sede de IU si volvía a tocarle; el que llamaba hijo de puta a un diputado de la oposición, aprovechando quizá que la palabra contiene las letras; el padre de la diputada del PP del ¡que se jodan!; el suegro del archidimisionario Güemes, que, siendo tan listo, no consigue salir de la puerta giratoria. Encantado que está el ciudadano ejemplar porque solo le han caido cuatro años por mangante. Y, como es pundonoroso, se ha dado de baja en el PP, por no contaminar. En el PP aseguran que ya lo dieron de baja hace mucho; pero también habían dado de baja a Bárcenas. Bajas en diferido.

¿Y qué decir de la dueña manchega que tanto domina el diferido como el recortado? Celebróse el Comité Ejecutivo Nacional, presidido por Rajoy con cara de velorio y Cospedal enmendó la plana al fiscal, pidiéndole que revise mejor sus papeles porque en el PP no hay ni ha habido nunca caja B. Otro enfrentamiento, no ya con la iglesia sino con la Justicia que, por cierto, tienen poco que ver. Porque, además del fiscal, también el juez habla de caja B. Es decir, quien debe revisar sus papeles es el juez, forma coloquial de traducir el solemne propósito de que el PP colabora siempre con la Justicia. Por lo demás, que las afirmaciones sobre la contabilidad del PP estén solo sostenidas por la problemática palabra de Cospedal pues todas las empresas externas de auditoría se han negado a auditar al PP es asunto irrelevante.

La guinda del despropósito y la enajenación vino de Esperanza Aguirre, quien preguntó a Gallardón cómo no se había destituido ya al juez español del TEDH tras la sentencia del caso Parot. Sin duda es lo que ella hubiera hecho pues lo tiene como proceder habitual: si un subordinado saca los pies del tiesto, se le manda un motorista con el cese. Un juez es para la política neoliberal a lo español un subordinado. Igual que un responsable de telediarios, o un consejerillo de tres al cuarto. Su argumento es que, en realidad, no son jueces, sino políticos nombrados por políticos. Es verdad, pero tienen el estatuto de jueces, como lo tiene el presidente del Tribunal Constitucional, militante de su partido y político hasta la médula.

El exabrupto de Aguirre puede achacarse a su temperamento, su atolondramiento y su deseo de estar siempre en el proscenio, pero ¿qué me dicen de la respuesta del ministro de Justicia, fiscal de carrera él mismo? No afea a su conmilitona su ataque a la independencia de los jueces, no la amonesta haciéndole ver que lo que propone es más propio del absolutismo que del liberalismo y no digamos ya del neoliberalismo. Nada de eso. Invoca la ley para decir que no puede hacerlo. No que no quiera sino que no puede.

Sosiéguense vuesas Mercedes y retiren ese proyecto demente, paranoico, de ley mordaza. ¿No han oído hablar del abuso de poder?

(La imagen es una portada de la revista El Jueves, legal de momento, encontrada en la red. La red, esa mar océana llena de piratas a los que hay que meter en cintura).