domingo, 5 de julio de 2015

La mar cambiante.

Comparaba ayer Palinuro la opinión pública con el movimiento continuo de la mar. (Por cierto, se me pasó mencionar el nombre de mareas que, muy apropiadamente, han empleado varios movimientos de protesta). Y tan continuo. Hoy trae Público un análisis electoral hecho por el estudio de Jaime Miquel y Asociados que ofrece una interpretación algo distinta de la que se desprende del CEO de ayer, no porque los datos sean muy discrepantes, sino porque lleva intencionalidad. La interpretación recoge la división de CiU y también el apoyo de Ómnium y la ANC a la lista única por la independencia. Luego los datos son valorados con perspicacia y rigor por Carlos Enrique Bayo que empieza y acaba su pieza de modo lapidario. Al inicio: La estrategia de Rajoy para negar los derechos de soberanía y de autodeterminación de Catalunya ha sido un auténtico desastre... para su partido. Al final: Más aun, Rajoy ha conseguido tamaño desastre (para el PP) casi sin hacer nada... o precisamente por ello. Entre medias, la demostración con las cifras en la mano.

Palinuro suscribe el juicio de Bayo con una pequeña precisión. El desgobierno no ha sido solo desastroso para el PP sino, sobre todo, para el país, España, esa que Rajoy no para de llamar gran nación según la empequeñece. Hay una trágica ironía en este desastre del modo de enfocar la cuestión catalana. Los herederos ideológicos de los de antes roja que rota, de los que hicieron una guerra para evitar ambas cosas, no la dejan muy roja, pero sí rota.

Los datos más apabullantes del estudio son que la DUI se queda a un escaño de la mayoría absoluta y que los partidarios del derecho a decidir llegan al 70% de los escaños. Ambas cosas coinciden algo más con el clima que se respira en Cataluña. Ahora considérese la elección en sí misma. Los soberanistas la quieren plebiscitaria; sí o no. Por eso propugnan una lista única por la independencia. Pueden ganar o no. El estudio da ganador seguro al bloque autodeterminista, del que incluso fija números: 96 escaños de 135, un 71%. Aunque sean algunos menos, pues no es claro que todos los de Barcelona en Comú simpaticen con el derecho a decidir, serán más de dos tercios, mayoría más que suficiente para lo que quieran.

En definitiva, el ganador es el bloque independentista porque gana incluso cuando pierde. Quizá la DUI no tenga mayoría absoluta. Pero la tendrá el bloque autodetermista, que es su segunda opción en preferencia. Porque si los partidarios del derecho a decidir son más de dos tercios del Parlamento catalán, ¿qué otra cosa harán sino pedir un referéndum de autodeterminación? Y ya está la situación igual que cuando la cogió Rajoy, ese prodigio de gobernante.

Bueno, igual, no. Mucho peor para el nacionalismo español. Porque al gobierno que salga de las urnas en noviembre va a tocarle enfrentarse a una situación muy complicada. Aunque las elecciones de septiembre no sean plebiscitarias, está claro que los catalanes deciden por amplia mayoría que tienen derecho a decidir. Y lo primero que querrán sus representantes, en efecto, será decidir.

Habrá que ver cómo reacciona un gobierno nuevo, probablemente de coalición, en Madrid. La frecuente invocación de una reforma constitucional de calado, de carácter federal, muy probablemente no contará con las supermayorías que la Constitución exige para tramitarla y mucho menos para sortear todos los obstáculos que la rigidez del texto opone a las posibles revisiones. Es decir, aunque se iniciara alguna de estas, se eternizaría, como se ha eternizado la absurda reforma del Senado.

Visto lo cual, los más animosos, estilo Podemos, invitan a ignorar la vía reformista e ir directamente a un proceso constituyente. La posible confluencia de Podem con el procés constituent de Forcades puede darle votos en Cataluña, sobre todo si, al final, montan otro ómnibus con Catalunya en Comú. Pero en España, el proceso constituyente no despierta pasiones y no es probable que consiga una mayoría parlamentaria capaz de arrastrar a los demás a juramentarse en el jeu de paume.

Así que, tarde o temprano, el gobierno español tendrá que autorizar la celebración de un referéndum de autodeterminación de los catalanes, como han hecho sin mayores problemas los quebequeses en el Canadá y los escoceses en el Reino Unido. Y tendrá que hacerlo por tres motivos:

Primero, porque los catalanes han demostrado una firme voluntad sostenida de nación y de ser tratada como tal, hasta sus últimas consecuencias. Esto no es una algarabía (según Rajoy), ni un capricho, un acto de demagogia, una manipulación o una conjura identitaria propia de nazis. Es una movilización popular que arrastra al sistema de partidos y a sus dirigentes, especialmente, claro, los nacionalistas. Lo adecuado es calibrar qué alcance tenga esa movilización y actuar en consecuencia.

Segundo, porque el gobierno central no ha sido capaz de resolver el problema ni parece estar en su mano (o interés) hacerlo. Ni un gesto de negociación en cuatro años. Rechazo, altanería y desprecio. Recurso permanente a la represión, agravada con el insulto de que es preciso cumplir las leyes, dicho por alguien que, como Rajoy, las cambia de veinte en veinte cuando le interesa a través de su sumisa mayoría parlamentaria. Ni un gesto de entendimiento. Conflicto abierto, incluso por la vía penal.

Tercero, porque la opinión pública internacional, incluidos gobiernos, parlamentos y hasta el Consejo de Europa presionan para que haya una solución negociada del contencioso catalán y será imposible negociar nada ignorando la voluntad de dos tercios del Parlamento.

Y así nos encontramos como al principio, habiendo perdido años tratando de evitar lo inevitable. Ese referéndum debió hacerse cuando se planteó por primera vez. Todo hubiera sido más fácil. Aun así, tampoco está mal hacerlo ahora. Porque esa consulta sí puede abrir un proceso constituyente en España.

sábado, 4 de julio de 2015

Flujo y reflujo.

La opinion pública es como el mar. Nunca está quieta. Hasta cuando parece inmóvil, como la calma chicha, contiene fuerzas actuando. Llega la pleamar casi inadvertida y se va luego como vino. La opinión se encrespa, recede, se agita, se solivianta, se aplaca.

El resultado de la segunda oleada del CEO, Centre d'Estudis d'Opinió, correspondiente al mes de junio pasado, es un jarro de agua fría sobre los ardores independentistas. La prensa de Madrid ha mandado heraldos con clarines: los partidarios del "no" a la independencia de Cataluña llegan al 50%, mientras que los del "sí" se quedan siete puntos por detrás, en un mísero 42,9%. Con esto, obviamente, no cabe una Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Las intenciones de voto a los partidos son, respectivamente, un 34,2% a favor de los independentistas, CiU, ERC y CUP (en el momento de la encuesta, CiU aún existía) y un 29% a favor de los no independentistas, Podemos, PSC, C's y PP. Los votos de EU-ICV, 3,5% podrían distribuirse a partes iguales, pues la organización se divide por la mitad en achaques de independencia. Convertidos en escaños, esos resultados están lejos de garantizar una mayoría parlamentaria suficiente para la DUI.
 
Calma chicha que pudiera preceder a la tormenta. Suele señalarse que el CEO es un "CIS catalán", pero con eso no está diciéndose nada. Los datos sorprenden por lo negativos que son para la Generalitat. No faltará, sin embargo, quien argumente con algún retorcimiento, que los malos augurios están "cocinados", para enardecer los mustios ánimos independentistas. No parece muy probable, entre otras cosas porque esos ánimos tienen poco de mustios. Entre los resultados del sondeo y el espíritu nacionalista, catalán que los españoles consideran hegemónico, hay cierta disonancia.
 
Por ello, el propio CEO se siente obligado a contextualizar el sondeo, recordando que el trabajo de campo se hizo antes de la escisión de CiU y la consiguiente resurrección de la lista única civil por la independencia que Mas quiere encargar a la Assemblea Nacional Catalana. Es posible que estos movimientos cuenten, pero también pueden ser pura espuma de los días, marejadilla sin consecuencias. Por mucha lista única o lista país o lista patria que se presente, si, como parece, el electorado se inclina por votar más en clave social que nacional en septiembre, el carácter plebiscitario de las elecciones quedará muy deslucido.
 
En definitiva, esto no es un drama. Si la lista única no se presenta o pierde, los soberanistas mantendrán su derecho a seguir exigiendo la consulta de autodeterminación de modo pleno y no de tapadillo, a  través de unas elecciones pensadas para otra cosa. Y, a la hora de negociar con el nacionalismo español, el catalán tendrá una posición quizá no muy sólida, pero sí muy clara.
 
Por supuesto, el resultado también puede ser muy diferente al previsto por el sondeo. Hay fuerzas ocultas en el fondo que mantienen en tensión la opinión independentista. Los partidarios de la independencia (37,9%) no son mayoría absoluta pero sí una potente mayoría simple. Y apoyada en un sentimiento más amplio puesto que el 63% de la población cree que Cataluña no ha conseguido un grado suficiente de autonomía.
 
Terminado el tiempo de la ambigüedades, Podemos aparece firmemente anclado en el campo español de rechazo al Estado catalán independiente. Un 70,4% de sus votantes no lo quiere. Son menos que en el PSC (85,5%) y que en C's (94%) o el PP (97,8%), pero son más de dos tercios de sus apoyos. El bloque españolista en Cataluña, a su vez, compite en el eje izquierda/derecha, de forma que, ya lo dijimos, Podemos riñe el lugar al PSC, como al PSOE en España, y como en España, parece estancado, mientras asiste a la recuperación del PSC.
 
La más curiosa es la disonancia que se produce entre la intención del voto en las elecciones autonómicas y en las generales. Ha sido siempre un rasgo de Cataluña, pero ahora parece hacerse más visible. Así como el electorado vota mayoritariamente por opciones nacionalistas en la Comunidad, al Congreso manda un nutrido frente de izquierdas, con Podemos en primer lugar, ERC en segundo y el PSC en tercero, relegando a los burgueses de CiU a un cuarto puesto. Se denota aquí una intencionalidad diferenciada. Los analistas políticos hablarán de la sabiduría del electorado catalán, que prima el nacionalismo en su casa y la izquierda en la de todos. Hasta en eso van a parecerse el PSOE y Podemos, en que los dos derivarán del contingente catalán buena parte de la fuerza de sus grupos parlamentarios en el Congreso, que auguran ser numerosos.
 
Para los nacionalistas más exaltados, cualquier cosa que no sea la independencia será un fracaso. Para los posibilistas, que son un buen puñado, la situación es halagüeña pues el haber llevado la iniciativa política los ha puesto en posición  ganadora suceda lo que suceda ya que solo es previsible el triunfo de su programa máximo, la independencia, o del mínimo, una reforma constitucional de carácter federal.  
 
Ambas opciones son, en principio, posibles. Pero la independentista pasa por reflujo. La necesidad de articularla ahora como lista patriótica, al haber desaparecido CiU, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja principal -y también su mayor inconveniente- es dar a Mas una base política de acción interpartidista, transversal, incluso aunque él mismo decida quitarse del primer plano. Eso da al voto un carácter caudillista que suele inspirar miedo en los sectores más conservadores de la opinión que no tienen por qué ser necesariamente los de la derecha burguesa.
 
Además, esos sectores no carecen de opciones alternativas que les mitiguen la mala conciencia nacional. Podem y el PSC son el puente de plata del reformismo que todavía puede tener a Cataluña unida a España, la última esperanza, el último tren en el que muchos querrán acomodarse. Con ERC en el parlamento, habrá un bloque catalán de izquierda que velará por el respeto a la condición nacional de Cataluña dentro de una España reformada. O eso se dice.
 
Suena a previsible. De hecho, Errejón lo ha formulado con su habitual contundencia gracianesca que saca a muchos de quicio pero es cristalina:  "Cuando aparece la posibilidad de reformar el Estado, se reduce la voluntad de construir otras repúblicas”. Obvio, ¿no? Una vez construido el Pueblo, ¿quién va a querer independizarse?
 
Oriol Junqueras suele explicarse igualmente como un libro abierto y avisa de lo improbable de que, pasadas las elecciones de noviembre, haya una mayoría en las Cortes para acometer reforma alguna de la Constitución. Y no se hable ya del proceso constituyente, una figura que comparten hasta las monjas.

Lectura veraniega y refrescante.


Ramón Cotarelo y José Manuel Roca (2015), La antitransición. La derecha neofranquista y el saqueo de España. Valencia: Tirant Lo Blanch.
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La antitransición es un balance crítico de la legislatura de Rajoy desde noviembre de 2011 a su conclusión de hecho en el verano de 2015. En estos casi cuatro años, España ha vivido una involución en todos los terrenos y se ha visto anegada por una oleada de corrupción protagonizada por el partido del gobierno, al que los jueces consideran una presunta asociación criminal organizada para enriquecer a sus miembros. El empobrecimiento de la población en general, condenada a pagar injustamente los costes de la crisis, el aumento de la emigración de los jóvenes, sin trabajo en el país, la pérdida de derechos y libertades ciudadanos, el aumento de la explotación de los trabajadores y la expansión de los privilegios de la Iglesia, que vuelve a ser un puntal del sistema político tan importante como en tiempos de Franco o más, permiten a los autores hablar de la derecha neofranquista, pues los gobernantes son herederos ideológico y biológicos de la dictadura, a la par que del saqueo de España por ella perpetrado. No se trata de una “segunda transición”, sino de una negación evidente del espíritu de la primera, de un intento de aniquilarla y retornar a los tiempos del franquismo. Con abundancia de datos y referencias y en un estilo ameno, los autores concluyen que esta legislatura es una Antitransición.

El libro se encuentra aquí.
 
 

viernes, 3 de julio de 2015

El frente (constitucionalista) del Ebro.

Los almuerzos en La Moncloa a raíz de las elecciones del 24 de mayo demuestran que Rivera es un político veloz. Su objetivo, según parece, era forjar un frente constitucionalista en Cataluña, eso que los soberanistas llamarán indefectiblemente frente unionista o españolista. Su visión estaba puesta en las elecciones autonómicas catalanas de septiembre. No habiendo obtenido ningún alcalde en Cataluña, C's pretende volcar sobre la Comunidad el notable apoyo de que goza en España. Quiere consolidarse en el Principado. El gobierno no se entusiasma con la idea porque ve que C's absorbe su apoyo electoral. Pero, al mismo tiempo, no puede rechazar una alianza nacional-española. Conclusión: da el caso por perdido, deja la cuestión a las escasas habilidades de Sánchez Camacho y se concentra en ganar las elecciones de noviembre. Pero puede suceder que el resultado de estas esté condicionado por el de las catalanas en medida que no le agrade,

Esa idea del "frente constitucionalista", que trae efluvios del que se articuló en el País Vasco hace años, tropieza, sin embargo, con el rechazo del PSC. Habiendo este renunciado previamente al dret a decidir, su marchamo español está fuera de toda duda. Si hubo un "frente constitucionalista" en Euskadi fue porque ETA asesinaba. Pero el independentismo catalán es pacífico y, por tanto, se responde con una oferta de reforma constitucional. Esa opción del PSC de reforma constitucional con modelo federal que reconozca el carácter nacional de Cataluña es tan legítima como cualquier otra. Lo importante es ver cuánta gente la apoya. Y cuánta gente apoya las demás. Lo importante es que haya elecciones y todo el mundo acepte el resultado.

Luego lo interpretaremos sin duda de formas diversas. De momento, hay un dato llamativo: tanto C's como el PSC y Podemos se han visto obligados a acompasar sus discursos con la peculiaridad catalana. El PP se deja por imposible.  El PSC es quien parece haberlo hecho de modo más claro y sin alteraciones: es la versión catalana de un partido socialdemócrata español con un avanzado programa federalizante pero no independentista. Si esta actitud tiene mayor o menor apoyo electoral se sabrá en septiembre. Pero algo queda claro ya: sea cual sea el resultado, tendrá un efecto beneficioso en el empeño del PSOE de presentarse a su vez como partido consecuentemente español en España.

Cataluña es una china en el zapato de Podemos. Su deserción del frente del Ebro es lógica ya que resulta impensable alianza alguna con el PP. Pero también parece serlo con Convèrgencia. Iglesias tiene tan mala opinión de Rajoy como de Mas. Quizá peor, porque abarca incluso a quienes lo abrazan. Así se ve obligado a encontrar una equidistancia entre el nacionalismo español y el catalán. Las equidistancias son malas y, en la medida en que presentan algún rasgo positivo, alabando la centralidad, el carácter de puente, ya está el PSC con su dorada oferta federal-nacional. Nada de extraño que Podemos no dé con el discurso propio en Cataluña. En especial porque descubre que su pelea es, como la que tiene en España, con la socialdemocracia.

Algo similar con C's. Si el frente constitucionalista no incorpora al PSC, el partido de Rivera quizá considere menos interesante la formación de una aliana a solas con el PP. Si C's no obtuvo ningún alcalde en Cataluña en las pasadas municipales, el PP consiguió uno. No suena a coalición de vencedores. El Partido Popular no es popular en Cataluña y, verlo del brazo de C's puede redundar en un mal juicio sobre estos especialmente a cuenta de la lucha contra la corrupción.

Si, al final, el PP se hunde en la marca catalana, como vaticinan las encuestas más solventes y lo hace a favor de un robusto C's, como vaticinan otras encuestas, aunque no tan solventes, es ingenuo pensar que ello no se hará sentir en el resultado de las elecciones de noviembre. La lectura obvia será que trae más cuenta una derecha neoliberal pero civilizada y decente que otra ultramontana, cerril, que no conoce más medios que los autoritarios y represivos. Y de ahí se seguirá un poderoso trasvase de votos del PP a C's. Ese trasvase se dará probablemente si, como también es muy posible, los dos partidos de la derecha españolista, PP y C's se dan el batacazo. De todas formas, la valoración de Rivera es muy alta, incluso como candidato a la presidencia del gobierno, mucho más que la de Rajoy. Claro que eso tampoco tiene mérito. Mejor valoración que Rajoy tendría la momia de Tutankamon que, encima, es más comunicativa que él.

Héroe y villano.


Por fin se presenta en la palestra el campeón del PP, el héroe de La Moncloa, presto a dar la batalla en las elecciones de noviembre. Viene esgrimiendo el arma que mejor maneja: su fabulosa capacidad para no decir nada. Adelanta la reforma del IRPF de 2016 a este año. Dado que acabamos de hacer la declaración de la renta, la rebaja se materializará dentro de otro año. Es decir, no es una realidad tangible, sino una promesa. De Rajoy. Igualmente ha decidido elevar la previsión de crecimiento unas décimas. Dado que lo que se eleva son sus previsiones, pero no el crecimiento, resulta insólitamente moderado. Por elevar podría hacerlo dos o tres enteros.

La sola presencia del héroe cambia nuestra percepción de la realidad. Bajar el IRPF dentro de un año y elevar a placer la previsión de crecimiento sirven, entre otras cosas benéficas, para que no se hable de que los datos del paro son malos cuando, por la estación, debían ser buenos y que, para pagar la deuda, el gobierno ha vuelto a meter la mano en el fondo de reserva de las pensiones. Y no en un futuro incierto sino aquí y ahora. Decir que eso contrasta con la promesa con la que Rajoy engañó a la gente en televisión para ganar las elecciones de 2011, asegurando que no tocaría las pensiones, es aburrir al lector.

La otra cara de este héroe tan cómico es la del villano. Bárcenas insiste por escrito en el proceso que se le sigue en que el PP se financió ilegalmente desde 1982, con Fraga, Aznar y Rajoy y acusa específicamente a Rajoy de haber recibido donativos de empresarios, entre otras barbaridades. Realmente, de la lectura de la deposición del extesorero se sigue no que Rajoy sea un villano, sino que es el jefe de una partida de villanos. Cuando Rivera afrma que, si los papeles de Bárcenas son ciertos, Rajoy queda inhabilitado como candidato a la presidencia del gobierno se queda muy corto. Está inhabilitado para ser ahora presidente del gobierno de España. Eso debió pasar hace mucho, de haber sido España un país normal. Así como hace mucho que la oposición debió haber presentado una moción de censura, de ser verdadera oposición.

jueves, 2 de julio de 2015

El PSOE, camino de La Moncloa

Las campanas repican en Cataluña, pero suenan con alegría en toda España. Fin de la ambigüedad. Se acabó el oportunismo y la indecisión. Decidido queda que no se decide. El PSC renuncia al derecho a decidir y se alinea con la propuesta del partido nodriza de una reforma de la Constitución, seguramente federalista. Además, irá a las elecciones con sus siglas; nada de convergencias. Ahora vendrán los cálculos de cuánto voto unionista o españolista absorberá la clarificación. Porque se orienta a esa franja del electorado y puede recoger parte del voto unionista que, por unos u otros motivos, era para Podemos o alguna forma de Catalunya en comú. Esos son los que van a pagar el precio de la ambigüedad, algo inconveniente en un escenario polarizado. Y puede ser una merma importante porque el voto unionista al PSC es ahora una forma nueva de "voto útil" pues, aunque no vaya a ganar en Cataluña, contribuirá a afianzar la victoria en España que, en definitiva y, de momento, es donde se parte el bacalao.

La victoria del PSOE en el escenario nacional español fue evidente en el fogonazo patriótico del acto de la banderaza rojigualda. Tampoco aquí haya ambigüedad ni duda alguna. El lema de la campaña será Más España. Ahorro los chistes fáciles con el apellido del Molt Honorable. Esa curiosa y taxativa exigencia suscita perplejidad. Cuando se pide más suele ser de algo concreto, tangible o, en todo caso, factible. Como quien pide más dinero, o más cañones, o más sacrificios, o más paciencia. Pero España es una entidad territorial que, en principio, no puede aumentar ni disminuir. Es un ente abstracto y absoluto que tampoco puede crecer o engordar. Es la Patria, una en esencia y potencia. "Más España" solo puede significar "más una España". En el fondo, algo no muy lejano al propósito de "españolizar a los niños catalanes", pero dicho de forma mas dinámica y sutil, y menos cuartelera. "Más España" por la vía civilizada, dentro de la lógica del poder suave, es algo bien visto por los españoles. Héteme aquí que el PSOE ha robado un discurso ideológico de la derecha, ha socialdemocratizado la ambición nacional española. Frente a ello, la reciente conversión de Podemos a la socialdemocracia (la auténtica, claro) no compensa la desconfianza que su ambigüedad nacional despierta en el electorado español. Eso de la nación de naciones es sugestiva metáfora, como la de asaltar los cielos, el régimen del 78 y su candado, la casta, los referentes, etc., pero no acaba de convencer a los votantes. Y con razón. Teóricamente parece resolver con energía el viejo contencioso aceptando que en la nación española coexisten varias naciones reconocidas sin ambages como tales. Pero solo lo parece porque subsiste la pregunta de si la entidad "nación española" es distinta a todas o solo a algunas, esto es, la pregunta de si la nación castellana (por llamarla de alguna forma) coexiste con la catalana, la vasca, la gallega en pie de igualdad o si es coincidente con  la española que engloba a las otras en su seno.
 
El paso del PSOE a la unión nacional, integrada también por el PP y C's, pero formando gobiernos por doquier con Podemos, dibuja una ingeniosa balanza en la que los socialistas ocupan la centralidad simbólica y práctica. Son los abanderados de la Patria. Las acusaciones de radicalidad y entrega a los separatismos no se compadecen con el tremolar de la bandera nacional española, incluso en Cataluña, y la unidad de mando. Enfrente Podemos no consigue trasmitir una imagen de unidad de propósito y, al contrario, aparece asendereado por discrepancias internas y críticas y reclamaciones externas de las otras fuerzas de la izquierda con las que mantiene relaciones de amor/odio, las más difíciles de conllevar. La doctrina del partido instrumento para ganar choca con la correosa realidad de una democracia de base que pusieron en marcha los mismos a quienes ahora molesta.
 
El último favor que los dioses hacen al PSOE en su triunfal camino a La Moncloa es el estado casi cataléptico del PP. Ahogado en la corrupción, destartalado y desconcertado en los temas de su discurso, abroncado en el capítulo doctrinal por su presidente de honor, a punto de que le caiga encima otra oleada de corrupción según los nuevos gobiernos empiecen a abrir cajones, examinar archivos de los discos duros, levantar alfombras y auditar, realmente no está para encarar una campaña electoral en la que, encima, no podrá disponer de financión ilegal.
 
En el PP comienza a abrirse paso la sospecha de que el problema principal es el propio Rajoy. Resulta inverosímil que, quien ha ocasionado este desastre (ayer mismo pegaron otro mordisco al fondo de reserva de las pensiones), el presidente peor valorado de la historia de la democracia, con una intención de voto ridícula, desprestigiado y sin crédito alguno, pueda ganar unas elecciones. Quizá por eso -así como por su proverbial necesidad de hacerse notar- Esperanza Aguirre pide adelantarlas y hacerlas coincidir con las autonómicas catalanas de septiembre.
 
Sí, en efecto, suena a último y desesperado intento de salvar los muebles y, en todo caso, acortar la agonía. Pero tropieza con un fenómeno de la naturaleza, un elemento ctónico, algo inconmensurable: la capacidad de Rajoy para ignorar la realidad y, por ello mismo negarla. Afirma estar muy a gusto en el liderazgo del PP y no se siente cuestionado.
 
Si nada se tuerce, el PSOE parece ir a toda máquina a La Moncloa en noviembre.

miércoles, 1 de julio de 2015

La Ley Mordaza.

La enmienda primera de la Constitución de los Estados Unidos (la que encabeza su declaración de derechos) dice: "el congreso no aprobará ley alguna para imponer o prohibir ninguna religión; ni para restringir la libertad de expresión o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y pedir al gobierno que atienda a sus agravios" (Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances).
 
A tenor de esa Constitución vigente en los Estados Unidos, la Ley Mordaza que entra hoy en vigor en la gran nación española, sería nula por inconstitucional. Aquí, no se sabe, porque dependerá de la decisión de un Tribunal Constitucional presidido por un militante (o exmilitante) del partido del ministro que la ha hecho aprobar. Esta norma retrotrae el Reino de España no a los tiempos del franquismo, como suele decirse con razón, sino al siglo XVIII, antes de las revoluciones burguesas; al siglo XVII, antes de la llamada "gloriosa" británica. Es una ley que consagra la arbitrariedad del poder despótico frente a los derechos de los ciudadanos.
 
En la neohabla del autoritarismo gubernamental, la ley se llama de seguridad ciudadana, pero, en realidad, produce inseguridad desde el momento en que arrebata a los jueces la competencia para sancionar determinados comportamientos. Se la otorga a las autoridades administrativas y, en realidad, a las fuerzas de orden público, que actúan como juez y parte y aparecen protegidas no por la presunción de legalidad sino por la de infalibilidad e impunidad. Cosa que se ve por  cuanto se considera punible la demostración gráfica de su comportamiento. ¿Por qué motivo se prohíben las fotos de los agentes de la autoridad en sus actuaciones públicas si no es porque se pretende garantizarles impunidad?
 
Esa ley no protege a los ciudadanos sino que trata de amedrentarlos e impedir, con sanciones arbitrarias y abusivas, que hagan uso de sus derechos. Es una ley tiránica que ampara el hostigamiento de la ciudadanía para yugular todo intento de crítica o protesta por los medios que sean. Con esta ley, de contenido franquista, como sostiene el New York Times, pretende despedirse este gobierno nacionalcatólico, autoritario y acosado por la corrupción, o sea, neofranquista. 
 
Una ley de este alcance, aprobada con los votos de un solo partido, habrá de ser derogada en su integridad por cualquier otro gobierno sin duda con los votos de los demás partidos.

Sobre la vejez II.- Las bocas inútiles.


(Continúa la serie sobre la vejez, que empezó con Molon Labe.)

Hay que proponer una segunda Ley de Godwin. Si la clásica dice que "a medida que se alarga un debate online, la probabilidad de una comparación con los nazis o con Hitler tiende a 1", la nueva diría: "a medida que se alarga un debate online en el que haya algún viejo la posibilidad de que se le llame senil tiende a 1". La primera fórmula se usa para explicar cuándo una discusión ha alcanzado un momento en que es inútil proseguirla. Lo  mismo pasa con la segunda.
 
Es muy frecuente que, allí donde jóvenes o adultos maduros discuten con gente mayor, traten de zanjar las diferencias hablando de los años, de que el adversario chochea o está gagá. Esta generalización, como todas, tiene su punto cierto: con la edad suelen darse manifestaciones diversas de pérdida de facultades mentales que, de modo precipitado, abusivo y por lo común insultante, se resumen como senilidad. Es un abuso que solo podría admitirse si quien invoca la condición posee pruebas empíricas de que se da en el caso invocado. De no ser así, no pasa de ser un exceso, un insulto, parecido al que emplean a veces los viejos tachando a los jóvenes de ilusos, precipitados o inexpertos, si bien esta actitud no es tan injusta ni denigrante.
 
En realidad, el trato a la vejez en la sociedad, habiendo mejorado mucho desde las costumbres nómadas de sacrificar a los ancianos que ya no podían desplazarse o eran un estorbo, sigue siendo cruel y, a veces, inhumano. El gran fallo del Estado del bienestar, suelen decir muchos responsables políticos, es el aumento de la esperanza de vida. En otros téminos más llanos, dichos por la señora Lagarde, baranda del FMI, que los viejos viven demasiado y son muy caros. Con igual carga de desvergüenza y estupidez, una alto cargo del gobierno del PP se preguntaba en público si tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema. Obviamente, aunque esta señora no lo crea, eso dependerá de qué sentido se dé al término "sentido".
 
Se trata de una actitud muy extendida, producto de los prejuicios y de la ceguera pues parece partir del principio de que quien considera a los viejos un estorbo o bocas inútiles, no lo será a su vez, llegado su momento. Todas las formas de discriminación son crueles, inhumanas y estúpidas. Pero la discriminación por razón de la edad es la más estúpida de todas. En efecto, el blanco que discrimina al negro, el machista que lo hace con la mujer, etc., saben que, salvo milagro, nunca serán víctimas de esa discriminación mientras que quien maltrata a un anciano es un imbécil que piensa que él no lo será.
 
Porque de discriminación se trata. Y aceptada y legal. ¿Cómo? ¿Acaso no prohíbe la Constitución toda discriminación por cualesquiera razones? Sí, cierto. ¿Y no incluyen estas la edad? También cierto. Pero no lo es menos que existe algo también legal que se llama la jubilación forzosa, allí en donde se da. Y ¿acaso no es la jubilación forzosa una discriminación por razón de edad para quienes, estando en posesión de sus facultades físicas y mentales, quieran seguir trabajando? Evidentemente lo es. Transcurridos determinados años -algo de lo que la persona directamente interesada no es responsable- el individuo en ciertas situaciones (en la función pública, por ejemplo) se ve obligado a retirarse, quiera o no y a cambiar el conjunto de sus existencia en contra de su voluntad. Es una obvia discriminación por razón de edad y carece de toda justificación.
 
Por supuesto, no se está diciendo aquí que la jubilación deba desaparecer o alargarse. Se está diciendo solamente que, llegada la edad determinada, se jubile quien quiera hacerlo y quien no quiera, pueda seguir en su quehacer como sucede de hecho en las profesiones liberales. Que nadie pueda obligar a otro a trabajar más allá de la fecha límite, pero que nadie tampoco pueda obligar a otro a dejar de trabajar si no quiere y está en condiciones físicas y mentales de hacerlo.
 
Ahora que se eliminan muchas formas de discriminación tradicionales, emboscadas en los pliegues más profundos de los prejuicios y estereotipos sociales, sigue dándose una discriminación odiosa e imbécil. Odiosa porque afecta negativamente a una colectividad de personas que tiene una capacidad de respuesta y rechazo muy limitada e imbécil porque la sociedad prescinde de sectores enteros de gentes que poseen la sabiduría, la experiencia y, cuando así lo quieren, la capacidad para ser útiles a la colectividad.
 
Esto tiene que cambiar. Los ancianos, los jubilados son un potencial político numérico considerable en nuestra sociedad. Pero, por el sistemático abandono, la ignorancia y el desinterés de los demás sectores, no disponen de la influencia que les corresponde. Si los más de ocho millones de jubilados que hay en España se organizaran políticamente, tendrían un potencial tremendo. En una época en que los discursos políticos apuntan al "empoderamiento" (o sea, en castellano, la "habilitación") de los sectores más perjudicados, proceder así con los jubilados, sin duda, cambiaría el panorama español. Por ejemplo, consiguiendo que, quienes toman decisiones sobre la cuantía, duración y circunstancias de las pensiones en el sistema público, no sean los pájaros de mediana edad que creen que con ellos no va a rezar.
 
Dada la base de solidaridad intergeneracional del sistema público de jubilaciones en España, es obvio para todos -excepto para quienes quieren reventarlo a fin de favorecer los muy dudosos planes privados de los bancos- que las pensiones no son mercedes o gracias que el Estado otorga a los jubilados sino que estos se las han ganado como un derecho a lo largo de su vida activa. Los jubilados son los únicos que carecen de opción a defender sus derechos.
 
Y el asunto es, además, más grave cuando se recuerda que, en condiciones de crisis como las actuales, en una infinidad de casos, las pensiones no solo sirven para mantener a los jubilados sino también a sus familiares en el paro o a los dependientes a su cargo y eso sin contar que también mueven demanda que tira de la economía. 
 
Los viejos no son bocas inútiles sino que deben ser bocas que hablen y, si es necesario, que muerdan. Por eso seguiremos con la serie sobre la vejez.
 
(La imagen es una foto de Wikimedia Commons, con licencia Creative Commons).