Miscelánea (II).

Termino la reseña del número 141 de la Revista de Estudios Políticos.

Antonio Barroso Villaescusa (Ideas, tiempo e instituciones: la atribución de competencias al Parlamento Europeo) contiene un análisis de las cuatro últimas modificaciones de los Tratados constitutivos de la UE, el Tratado de Amsterdam, el de Niza, el fallido Tratado de la Constitución Europea y el de Lisboa. El de Amsterdam trajo la extensión de la codecisión a nuevos ámbitos, la reforma del procedimiento y el control de la Comisión Europea a través del procedimiento de designación del ejecutivo (p. 78). El de Niza supuso un aumento del poder del Parlamento Europeo (PE) si bien menor que los anteriores, gracias a la extensión de la codecisión a siete áreas nuevas y al hecho de legitimar al PE para interponer recursos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas igual que otras instituciones. El número máximo de escaños quedaba fijado en 731. El Tratado constitucional manifestaba la voluntad de aumentar la legitimidad democrática de la Unión (p. 87). La elaboración de la Constitución no se hizo según las pautas de otras Conferencias Intergubernamentales (CIGs) sino mediante el nombramiento de una Convenión. Se aumentaban mucho los poderes del PE, en especial al pasar la codecisión a ser el procedimiento legislativo ordinario y modificar el procedimiento presupuestario para dar competencias al PE. A diferencia de otras CIGs el PE participó en los trabajos preparatorios (p. 88). El Tratado de Lisboa fue un intento de rescate de la Constitución (p. 92) en el que no se discutió el aumento de poderes del PE sino solamente el de la cantidad de diputados (p. 95) dejando así al PE configurado como cuasi colegislador (p. 96). Se corrobora la doctrina del institucionalismo histórico y la naturaleza incremental de los cambios institucionales (p. 98).

José Rubio Carracedo (La fuente de la corrupción política: la teoría de Rousseau sobre las tres voluntades del ciudadano) es un interesante trabajo acerca de cómo la teoría democrática que viene de Grecia, Roma y Montesquieu se complementa con la adición que hace Rousseau de la fuente de la corrupción política democrática por la teoría de las tres voluntades del ciudadano y de dos garantías decisivas: la religión civil y la educación cívico-democrática de los ciudadanos (p. 106). La teoría democrática orgánica tradicional de la anacyclosis que se encuentra en Polibio se rompe en Hobbes. Rousseau a su vez mezcla una parte organicista con otra del modelo mecánico de la física (p. 109). Para oponerse a la anacyclosis identifica la fuente de la corrupción en las tres voluntades: la propia, la corporativa y la general (p. 115). De la dialéctica entre la voluntad particular (propia y corporativa) y la general arranca la idea de que Rousseau es un representante de la democracia "totalitaria" cuando no es un comunitarista radical sino liberal (p. 118). Las leyes someten a los hombres para hacerlos libres (p. 119). No suelen coincidir la voluntad general y la de todos. Para evitar que la voluntad general se equivoque y el pueblo se engañe hay que conseguir: a) información suficiente para el pueblo y b) ausencia de comunicaciones secretas entre los ciudadanos reunidos (p. 121). Rubio Carracedo resume así la posición de Rousseau respecto a la teoría de las voluntades del ciudadano: "la particular, por la que busca siempre en sus actos una ventaja privada; la voluntad corporativa propia del gobierno que intenta siempre ampliar su poder; y, por último, como ciudadano posee la voluntad general del estado, respecto de la cual la voluntad corporativa es particular. En el esquema normativo, la primera ha de ser anulada, y la segunda subordinada respecto de la voluntad general, que ha de ser siempre hegemónica 'y la regla única de todas las demás'" (p. 124). La más peligrosa para el Estado es la voluntad corporativa (p. 125). El antítodo contra la corrupción política es la religión civil y la educación cívico-democrática (p. 127). Concluye Rubio Carracedo con una exposición muy crítica respecto de la voluntad corporativa de los partidos políticos al día de hoy que no encuentro especialmente atinada, sobre todo por cuanto parece articularla en la cuestión de las listas abiertas o cerradas en las elecciones acerca de la cual hay abundancia de investigaciones empíricas que demuestran que es irrelevante. Pero menos aceptable me parece su crítica implícita en la siguiente expresión: "el clientelismo electoral patente en casos como la ley de paridad (en busca del muy numeroso voto femenino)" (p. 130) que, francamente, me parece impropia de un autor de su categoría porque, además de que el voto femenino es tan numeroso como el masculino y de que la legislación de paridad tiene suficiente fundamentación moral por sí misma, insiste en considerar a las mujeres como seres inferiores desde el momento en que se las trata como objetos (del "clientelismo electoral", presumiblemente masculino) y no como los sujetos que son, capaces de sacar adelante legislación que remedie su tradicional e injusto estado de postración.

Xavier Coller (El sesgo social de las élites políticas. El caso de la España de las autonomías (1980-2005)) es un análisis de la élite política autonómica, acerca de la cual no se dispone de estudios o bien son fragmentarios (p. 137). Hay dos modos de visualizar las diferencias entre la élite política y la sociedad: el de aglutinación (Lasswell, Kaplan) y el de independencia (Putnam) (p. 143). Para medir el sesgo en la representatividad de las élites utiliza el índice de sesgo electoral, esto es, la proporción de un grupo social determinado (mujeres, etc) en la élite respecto de la población en edad de votar; también llamado índice de desproporción social (p. 147). Se analizan dos legislaturas ( la primera y la sexta) a efectos comparativos (p. 149). Si el índice tiene valor de 1 estaremos cerca del "modelo microcosmos" de representación política; si es mayor que 1 el grupo estará suprarrepresentado y si es menor que 1 estará subrepresentado y el resultado final es el que se observa en el cuadro de la derecha: suprarrepresentación de los abogados y los docentes e infrarrepresentación de los trabajadores, las mujeres y los inmigrantes de otras CCAA. El tipo medio de la élite autonómica es, pues, varón, joven, nativo de la región, universitario, de profesión liberal (especialmente abogado) o educador (p. 154).

Rosario Serra Cristóbal (La presencia de mujeres en los parlamentos autonómicos. La efectividad de las medidas de paridad adoptadas por los partidos políticos y por el legislador) sostiene que la presencia de las mujeres en las asambleas legislativas es un proceso evolutivo (p. 162). Ha habido adelantos normativos pero la autora cree que en la evolución también se han dado otros tres factores: a) el factor natural, esto es, la mayor presencia de la mujer en la sociedad; b) los partidos políticos piensan que la presencia femenina atrae votos; c) el género influye en la decisión del voto (pp. 166/167). Repara Serra en algo en que ya otros han reparado antes: en que los resultados de las cuotas son de dos tipos, según hablemos de cuotas en las listas o en los órganos representativos (p. 167) y de ahí que se hayan impuesto las listas llamadas de cremallera. La normativa permite al legislador autonómico adoptar medidas especiales en igualdad de sexos distintas de las estatales si benefician a las mujeres y en tanto no hay un pronunciamiento al respecto del Tribunal Constitucional (p. 179). Con respecto a la legislación estatal (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) la autora, que es muy reticente, dice que "lo que subyacía (y subyace) era una división dentro de la doctrina y las fuerzas políticas sobre la legitimidad constitucional de adoptar leyes que imponen a los partidos políticos reglas de equilibrio de sexos en la configuración de sus listas electorales. Ello llevó al planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad y a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra los preceptos de la Ley de igualdad relativos a las denominadas "listas paritarias"" (p. 184). Es decir, aunque el artículo de Serra manifiesta ser un estudio sobre la presencia femenina en los parlamentos autonómicos, su intención latente es cuestionar el principio mismo de la igualdad, de lo paritario, impuesto por la ley. Para ello sostiene que este empeño (imponer por ley la igualdad de género) debe pasar lo que la autora llama los tres tests, a saber: el test de idoneidad, esto es, si los resultados de la legislación responden a las expectativas que el legislador se había fijado (p. 187); el test de necesidad, esto es, si debe acudirse a la imposición de unas cuotas electorales en función del género cuando no existe otro medio más moderado de corregir la infrerrepresentación de un sexo en los órganos representativos (p. 192); el test de proporcionalidad en el sentido de si la medida legislativa es proporcional por derivarse de ella más beneficios y ventajas para el interés general que perjuicios para otros bienes o valores en conflicto (p. 192). El grado de reticencia y prevención de la autora frente a estas medidas lo da el hecho de que dictamine que estos tests han sido "superados con dificultad" (p. 193). Pero lo han sido.

Miscelánea (I).

Acaba de salir el número 141 de la Revista de Estudios Políticos (REP) correspondiente a julio-septiembre de 2008 y con un contenido de cierto interés. Pero antes de dar cuenta de él, permítasenme algunas observaciones sobre el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (IEPC) que la edita y sobre la misma revista.

El IEPC, organismo autónomo dependiente del Ministerio de la Presidencia, tiene una larga e ilustrativa historia que el lector atento buscará en vano en la página web de la institución, que prefiere, por lo que (no) se ve, no dar cuenta de su pasado. Sin embargo éste merece la pena: fundado en el decenio de 1940 como Instituto de Estudios Políticos con él se pretendía tener un centro de investigación (un think tank se diría hoy) al servicio del régimen totalitario de Franco y de la Falange. Pero como el hombre propone... etc, el tal Instituto fue derivando hasta convertirse a fines de los años cincuenta y en los sesenta en un refugio de opositores al franquismo, moderados pero opositores. Personas como Carlos Ollero, Elías Díaz, Tierno Galván, Raúl Morodo, Carlos Moya etc. pasaron por allí en algún momento de sus carreras. Curiosamente en los años en que el Instituto editaba el informe del Comité Central del Partido Comunista Checo sobre la toma del poder en Checoslovaquia en 1948 (y titulado muy gráficamente Asalto al Parlamento) el director de la institución era el señor Fraga Iribarne. La justificación para editar un texto comunista era que había que conocer los argumentos de los enemigos.

Con la transición hubo un primer impulso de abolir el Instituto pero, en atención a su gran historia, sus numerosas revistas, sus magníficas ediciones de clásicos, sus fondos bibliográficos y otros méritos, se decidió mantenerlo cambiándole el nombre por el de Centro de Estudios Constitucionales, con lo que se pretendía un claro giro en sus prioridades de investigación y docencia. Y así estuvo funcionando a un ritmo moderado (nada que ver con el frenesí del Centro de Investigaciones Sociológicas, también heredero de un Instituto Español de la Opinión Pública de los tiempos de Franco) hasta tiempos muy recientes, con un trabajo decoroso y sin hacerse notar mucho. Sus dos últimos directores (de la directora actual no puedo opinar pues acaba de estrenarse en el cargo) me da la impresión de que aplicaron en él la política de favorecer a los "amigos" e ignorar a los "enemigos" que es tradicional en la administración pública española desde los tiempos de Godoy. Es posible que esté equivocado pero entiendo que, además de mantener al Centro en su habitual atonía sólo atendieron a sus criterios de "escuela", que es el nombre aceptable que reciben las banderías en la Universidad y a sus propias carreras y proyectos. Tengo para mí que lo único interesante que hizo la Directora anterior a ésta fue volver a cambiar el nombre de Centro de Estudios Constitucionales por el más justo que tiene ahora. Todo lo cual no sería especialmente grave de no ser porque luego tiene uno que escuchar discursos sobre la excelencia y la regeneración de la Universidad. Y por cierto, nada más claro a la hora de ver esta falta de iniciativa en la gestión, este hacer política de afinidades y este acomodarse a los intereses creados que el tratamiento que tiene la REP, probablemente la revista académica de temas políticos más veterana de España.

En efecto, la revista está dirigida desde hace más de veintinco años por dos catedráticos de Derecho Constitucional (como Director y Secretario), ambas personas dignísimas, grandes académicos y amigos míos que espero sigan siéndolo después de esta crítica. Porque crítica es. Carece de sentido que una revista académica tenga la misma dirección durante un cuarto siglo. Estas revistas deben ser algo vivo, fiel reflejo de los debates y del intenso debate entre corrientes científicas; deben proponer vías de investigación, ampliar horizontes, innovar metodológicamente, deben ser semilleros de ideas nuevas, para lo cual deben renovarse. No todos los días, pero sí antes de cada año jubileo. Pero hay más: ambos directivos son de Derecho Constitucional.

El CEPC ya tiene una Revista Española de Derecho Constitucional, también dirigida por dos ilustres constitucionalistas. Ahora bien, la Ciencia Política tiene buenas relaciones con el Derecho Constitucional, pero no se confunde con él ni le está supeditada. Sin embargo, su situación en este terreno de las revistas (de financiación pública) es de clara e injusta subordinación. En un momento como el actual en que la Ciencia Política es un área próspera de conocimientos e innovaciones y en plena expansión, resulta que no dispone de lo que de modo natural debería ser su propio órgano de expresión porque éste está por así decirlo "colonizado" por los constitucionalistas lo que, como es obvio, se nota y mucho en el contenido de la publicación que no es, en sentido propio, ni una revista de Ciencia Política ni una de Derecho Constitucional. Si estuviera dirigida por politólogos, el panorama sería más equitativo. Se dirá que estoy razonando pro domo mea. Pues sí, es cierto, aunque no por un interés directo ya que no aspiro a ocupar puesto ninguno de gestión en parte alguna del planeta ni tengo, repito, pique personal alguno con nadie. Lo hago por un interés puramente académico. Y me gustaría escuchar qué razones pueden contraponerse a éstas, en el mismo territorio académico, para defender el estado actual de cosas que en mi opinión no debiera continuar.

Y como los autores que publican sus brillantes trabajos en este número de la REP no tienen la culpa de lo que los mandos deciden o dejan de decidir, ésta es la reseña del contenido:

Javier Arregui (España en el proceso legislativo de la Unión Europea) se pregunta hasta qué punto las preferencias políticas de España, Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña coinciden con los resultados del proceso político en Bruselas. Y pretende comparar la ratio de éxito de España en el proceso legislativo de la Unión Europea (UE) en relación con los otros cuatro citados Estados miembros (EM). El éxito en la negociación se mide por la distancia entre las posiciones de los EM y los resultados finales. Este éxito depende de dos factores: a) la capacidad para poner en pie coaliciones; y b) el poder formal que se tiene en la UE (p. 14). Hay dos fases en el proceso de adopción de decisiones en la UE que se aprecian muy bien en el esquema que puede verse a la derecha. Entre las tres fases hay dos momentos en que los interesados pueden hacer valer sus posiciones, ejercer presión para conseguir el adelanto de sus intereses y ahí es en dónde se medirá el éxito de la gestión "nacional" de cada cual. Para el análisis, el autor emplea tres criterios: a) el procedimiento legislativo de que se trate en cada caso (si consulta o codecisión); b) la relevancia política de la propuesta legislativa seleccionada; y c) el hecho de que el proceso de negociación y de toma de decisiones haya sido relativamente reciente (p. 20). La técnica que emplea para su estudio es el análisis multidimensional scaling (MDS) que es una técnica multivariante que crea un gráfico a partir de las afinidades en las preferencias políticas de un conjunto de países. (p. 31). El resultado al que llega es que el país que consigue un mayor éxito político a la hora de defender sus preferencias políticas es el Reino Unido, seguido de Alemania, España, Italia y Francia (p. 33). Hasta aquñi los datos empíricos. Concluye luego el autor haciendo unas especulaciones acerca de por qué el éxito de España es superior al de Francia e Italia, pero son de carácter meramente conjetural y el propio Arregui nos advierte frente a la tentación de dar excesivo valor a sus conclusiones a la vista de la escasez de los datos y su carácter reciente. El artículo es muy interesante y únicamente se me ocurre objetar al estilo anglicista del autor que resulta muy chocante. Si en lugar de escribir ratio escribe "razón" no pasa nada. Expresiones como "contribuciones a la literatura existente" olvidan que en español la literatura es una de las bellas artes y el inglés literature debe trasladarse al español como bibliografía. La "literatura" epañola es Fiction en inglés. Y ya no quiero decir nada de cosas como "el estado del arte de la teoría" que carecen de significado propio.

Luis Aurelio González Prieto (La concreción teórica del partido único español franquista) sostiene que la teorización jurídico-política del Movimiento Nacional (MN) como partido único se produce en los primeros años del régimen de Franco que está entonces construyendo la teoría del estado totalitario (p. 44); a esto se habían dedicado antes del fin de la guerra Onésimo Redondo, José Antonio Primo de Rivera y Ramiro Ledesma Ramos (p. 45). El partido único se constituye por el Decreto 255 de 19 de abril de 1937 por el que se creaba la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas (FET y de las JONS) que tenía el carácter de un MN (p. 47). En lo referente al problema de qué posición cupaban el Partido y el Estado el uno respecto del otro había considerable confusión. De un lado, la doctrina italiana veía al Partido como un órgano estatal (p. 54). Para la doctrina alemana, en cambio, tan influyente entonces en España como la italiana o más, para Carl Schmitt en concreto, el Partido es uno de los elementos constitutivos de la tríada pueblo, Estado, Partido (o Movimiento) (p. 55), con lo que postulaba la autonomía del Partido o, incluso, su supraordinación al Estado. Recuérdese la frecuente afirmación de Hitler de que a ellos (a los nazis) el Estado no les daba órdenes sino que eran ellos quienes daban órdenes al Estado (p. 56). En España la relación entre el Estado y el Partido no llegó a cristalizar nunca en norma jurídica alguna (p. 57), lo cual permitía que convivieran varias teorías. Los administrativistas sostenían que el Partido o MN era una corporación de derecho público oficial encuadrada en el Estado y al servicio de sus fines (p. 57). La Falange comulgaba con la doctrina alemana; tal cosa propugnaba Fernández Cuesta, esto es, la independencia del Partido frente al Estado. Ignacio María Lojendio mantenía una actitud ecléctica, sosteniendo que todo intento de fijar la relación entre Estado y Partido en España estaría condenado al fracaso (p. 59). A su vez Luis del Valle llegaba a hablar de "Estado-Movimiento" p. 60) y Luis Legaz Lacambra de "Estado-Iglesia", retomando la tradición imperial del Siglo de Oro y, según él, igual que el instrumento de aquella dualidad originaria Estado-Iglesia era la Compañía de Jesús, en la formulación moderna había de ser el partido único (pp. 61/62).

Para no alargar indebidamente esta entrada, mañana terminaré la reseña de este número de la REP.

Dos publicaciones interesantes.

El Institut de Ciències Politiques i Socials (ICPS) es un organismo autónomo dependiente de la Universidad Autónoma de Barcelona que realiza una intensa y encomiable tarea de investigación y publicaciones en el campo de las ciencias políticas y sociales. Fundado inicialmente por Isidre Molas y dirigido hoy por Joan Marcet, ha publicado ya docenas de monografías bajo la forma de Working Papers en una amplia serie de temas que van desde aspectos históricos de la política y la sociedad hasta los teóricos, pasando por cuestiones de partidos, de grupos de presión, etc y lo ha hecho en diversas lenguas, catalán, español, francés e inglés principalmente. Esa colección es hoy un instrumento precioso de trabajo para politólogos y sociólogos. Además en tiempos recientes el ICPS ha ampliado su radio de acción con algunas publicaciones de mayor empaque en forma de libro, alguna de las cuales ya reseñó Palinuro en su día, por ejemplo el de Carles Castro Relato electoral de España en el post de 8 de abril de 2008 titulado Una historia voto a voto así como otras de carácter periódico como este Anuario Político (ICPS, Barcelona, 2008, 136 págs) que sale por primera vez y es de esperar tenga feliz continuidad.

El anuario se divide en cinco apartados: procesos electorales, parlamento, gobierno, partidos políticos y ámbito local en los que hay artículos de especialistas y un cumplido acopio de material estadístico muy útil.

En la parte de "procesos electorales", un artículo de Lucía Medina (Les eleccions municipals de 2007 a Catalunya) da cuenta del enunciado del título. Como aspectos más destacados señala que sigue aumentando la abstención que comenzó en 1991 y así una abstención del 39% en 2003 llega en 2007 al 46% si bien está localizada en los municipios grandes por cuanto los pequeños, menores de 5.000 habitantes han tenido un aumento de la participación. Alguna relación tendrá esto con el hecho de que aunque Convergència i Unió (CiU) haya obtenido peores resultados en 2007 (25% del voto) que en 2003 (33%), siga siendo la primera fuerza municipalista, con 419 alcaldes y 3.384 concejales. El Partido Socialista de Cataluña (PSC) mantiene su representación en torno al 33% y acorta distancias con CiU al obtener 277 alcaldes y 2570 concejales, y lo mismo sucede con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que sigue subiendo lentamente en votación desde el 3% en 1991 al 12% en 2007 obteniendo 169 alcaldes y 1584 concejales. El PP e Iniciativa per Catalunya-Els Verts (ICV) se mantienen en torno al 10% del voto. El gráfico de la derecha es ilustrativo.

En el mismo apartado Tània Verge (Impacte de la Llei d'Igualtat en la feminització de la vida política local) prolonga un trabajo publicado en el penúltimo número de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, también reseñado en Palinuro el 15 de septiembre de 2008 en un post titulado Cuestiones de género. Lo centra en los gobiernos locales y sus conclusiones vienen a ser las mismas (y por los mismos procedimientos, más o menos): "la paritat legal no ha aconseguit esborrar l'empremta masculina de la vida política" (p. 16) y como la feminización de la vida pública depende de la voluntad de los actores, no ha avanzado cuanto sería de desear.

En la sección sobre el Parlamento, Ismael E. Pitarch (L'incidència del nou Reglament en el procediment legislatiu) toma nota de la norma al amparo del nuevo Estatuto que redefine la labor parlamentaria en Cataluña y dedica su atención a dos innovaciones: la figura del Relator y la introducción del decreto-ley, hasta ahora reservado al Gobierno de España. Por lo demás el Anuario trae una muy útil relación de datos sobre el Parlamento catalán: su organización, funciones, estructura, representación y actividad legislativa con dieciocho leyes aprobadas (clasificadas por su temática) así como los debates habidos. Llama la atención que, tras el debate llamado de "Política General", un sondeo del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat reveló que sólo el 35% de los encuestados sabía que se había producido. Parece poco, pero habría que compararlo con los datos de otras comunidades autónomas si existieran.

El apartado dedicado al Gobierno incluye un artículo de Jordi Matas (Objectiu de govern: estabilitat i desplegament de l'Estatut) en el que lo más significativo es el hecho de que el Gobierno de la Generalitat tuviera que realizar su labor en régimen de coalición demostrando, según dice Matas que "com en la majoria dels països europeus democràticament més avançats, tambén es pot governar en coalició de manera estable, que vol dire governar amb comoditat..." (p. 60), cosa, digo yo, que aún no ha demostrado el Gobierno de España. El anuario incluye datos interesantes como el organigrama del Gobierno. Al respecto, según puede verse en la imagen de la derecha, el Govern todavía tiene un camino que recorrer para hacer realidad el principio de igualdad de género en la administración ya que la proporción de mujeres está entre un 20% y un 33%. También se exponen las líneas de actuación del ejecutivo, el presupuesto de ingresos y gastos por capítulos (es de reseñar que los capítulos de sanidad y educación se lleven más del 61% del presupuesto, 40% para sanidad y 21% para educación) así como los acuerdos de gobierno y unos gráficos acerca de la valoración ciudadana de la acción de gobierno tanto al día de hoy (molt bona y bona: 34,5%; dolenta y molt dolenta: 22,5% y normal: 41%) como en serie histórica desde 1991 en la que puede apreciarse que la valoración molt bona + bona ha bajado unos 10 a 12% puntos porcentuales desde 1991.

En el apartado de partidos políticos, un artículo de Marta Luque (Els partits polítics catalans: entre la reestructuració, la contestació interna i la redefinició ideològica) pasa revista pormenorizada a los acontecimientos que han marcado a los partidos catalanes con bastante buen sentido. Se complementa el artículo con una información de fondo de cada uno de los partidos, su origen, evolución, estructura organizativa, composición actual y series históricas de resultados electorales partido por partido. Echo de menos datos de afiliación, aunque ya sé que es asunto muy difícil. Hay abundancia de información gráfica muy conveniente. Obsérvese el gráfico histórico de la simpatía hacia los partidos catalanes; se verá la clara hegemonía del PSC en torno al 30% prácticamente desde el comienzo lo que, naturalmente, no quiere decir que esa simpatía se traduzca en votos en las elecciones autonómicas, aunque sí en las generales.

El último apartado sobre ámbito local trae un interesante artículo de Jaume Magre (Reformes legals i retorn a l'equilibri sistèmic amb les eleccions municipals de 2007) que da cuenta de cómo ha influido en la organización del gobierno local catalán la reforma del Estatuto. No hace falta decir que el aspecto más interesante con respecto al de 1979 es la aparición de las veguerías, la vieja aspiración territorial catalanista en detrimento de las provincias que se mantendrán como formas organizativas "zombies" (el calificativo es mío) mientras la Constitución siga diciendo que son las circunscripciones electorales.

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La otra publicación interesante es el número siete del Observatorio Político Autonómico, una edición conjunta de la Universidad Autónoma de Barcelona, la de Granada, la del País Vasco y la de Santiago de Compostela, bajo la dirección de Joan Marcet, Juan Montabes, Nieves Lagares y Francisco Llera, que contiene un sondeo de opinión en las cuatro comunidades con un cuestionario único que permite hacer comparaciones muy útiles entre las cuatro. Los sondeos se centran en: 1) opiniones sobre la situación política y social de España y de la Comunidad Autónoma; 2) el grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España; 3) la valoración que se hace de los gobiernos central y autonómico así como de los principales dirigentes políticos; y 4) algunas de las actitudes políticas básicas. Y los cuadros traen la información pertinente para el año 2007 así como las series históricas de las respuestas a las preguntas desde 2003. Incluyo tan sólo una de las numerosas tablas y gráficos del estudio que encuentro especialmente significativa. Se verá que así como los porcentajes de ciudadanos "muy satisfechos" con el funcionamiento de la democracia en España es más o menos el mismo en Andalucía, Euskadi y Galicia, baja en dos puntos en Cataluña. Cataluña, en cambio, ofrece el mayor porcentaje de "bastante" satisfechos, con un 55,8%, mientras que Euskadi tiene con mucho el más bajo (29,7%). En cambio los "poco" satisfechos en Euskadi representan unos 10 pountos porcentuales más que en Andalucía y Cataluña y lo llamativo es que los "nada satisfechos" con la democracia en España en Euskadi triplican a los de las demás comunidades autónomas. En conjunto, los "poco" y "nada" satisfechos con la democracia española en Euskadi son algo más del 60%, aproximadamente veinte puntos porcentuales por encima de las otras comunidades del observatorio. A los vascos no parece gustarles la democracia española, no sé si por déficit democrático o por ser española ya que en las tablas en que se pregunta por los sentimientos nacionales Euskadi da con mucho el mayor porcentaje de independentistas.

Puntos de interés.

El último número de la revista Sistema (Madrid, septiembre de 2008, 143 págs) abarca temas muy variados por su naturaleza y el modo de abordarlos de los autores.

Ulrich Beck (Las raíces cosmopolitas de la democracia: el caso de la Unión Europea) sostiene que hoy se dan dos diagnósticos sobre la democracia. Según el primero ésta es un típico concepto zombi. Según el segundo, la democracia sigue siendo categoria existente pero debe formularse a la luz de la globalización como democracia cosmopolita. En otro lugar aclara Beck que los conceptos zombi son aquellos que seguimos empleando pero que ya no significan nada: familia, empresa, capitalismo, clase... Un poco fuerte me parece la pretensión pues estos conceptos siempre han sido polisémicos pero ello no los hacía, ni los hace, inútiles. Tanto más la democracia a la que parece quizá algo apresurado enterrar sin más como intenta hacer Colin Crouch con su concepto de "postdemocracias". En todo caso, lo que interesa a Beck es fundamentar la democracia cosmopolita: "EL cosmopolitismo combina la apreciación de la diferencia y la diversidad con el esfuerzo para concebir nuevas formas democráticas de dirección política más allá el Estado-Nación" (p. 11). No hace falta decir que la manifestación más satisfactoria de esto es la Unión Europea (UE) primera organización política que no se fundamenta en la violencia sino en el acuerdo y mutuo beneficio de las partes. La UE es en realidad el resultado de lo que Beck llama la "segunda etapa de la modernidad". En la primera fue el Estado-Nación el que desarrolló las instituciones de la política y el gobierno. En la segunda "el poder está siendo extrapolado y distribuido en parte al ciberespacio, en el mercado y el capital móvil, y en parte a la vida política de personas individualizadas que ahora tienen que sobrellevar los riesgos que se están produciendo" (p. 16). Sostiene el autor que la UE puede convertirse en una democracia participativa con la que se identifique la población a través de cuatro pasos: 1) crítica del autoengaño neoliberal (esto es, la idea de que basta la integración económica; no la política); 2) la misión y la visión social de la UE; 3) su misión y visión democrática; 4) la misión y visión ecológica.

Fernando Gil Alonso (La complementariedad de la ocupación de españoles y extranjeros: análisis sectorial y diferencias territoriales) publica un interesante trabajo sobre el papel de la inmigración extranjera en la promoción social de la población española que permite clarificar de modo empírico qué hay de realidad en el saber convencional acerca de qué puestos de trabajo ocupan los inmigrantes. Para hacerlo recurre a la Encuesta de Población Activa (EPA) para obtener datos de la fuerza de trabajo y sus componentes (ocupados/parados) y por sectores. A efectos comparativos emplea dos oleadas de la EPA: el segundo trimestre de 2000 y el segundo trimestre de 2007. Según la EPA los 15,5 millones de trabajadores de 2000 pasaron a 20,4 millones en 2007. Un aumento de 4,9 millones que se desglosó en 2,6 millones de españoles y 2,3 millones de extranjeros. El impacto de esta masa de mano de obrera extranjera se hizo además en un periodo caracterizado por tres rasgos: a) envejecimiento relativo de la población española; b) alta feminización del mercado laboral; c) mejores niveles educativos. Para poder comparar los datos de nacionales y extranjeros elabora un Índice de Segregación Sectorial (ISS) consistente en aplicar a los trabajadores españoles y extranjeros en cada sector de actividad en el año 2000 la tasa de empleo total de cada uno de los colectivos entre 2000 y 2007. Los sectores son: 1) Agricultura, silvicultura y pesca; 2) industria y transporte; 3) construcción; 4) comercio y hostelería; 5) intermediación financiera y actividades inmobiliarias; 6) administración pública, educación y salud; 7) otros servicios. El resultado que obtiene se da en tres posibilidades: a) sustitución de trabajadores nacionales por extranjeros; b) concurrencia de unos y otros; c) sectores casi exclusivamente reservados a trabajadores nacionales. Se puede hablar de complementariedad, sin duda, pero, según los datos, el empleo inmigrante se ha concentrado en las categorías más bajas de las ocupaciones. Por sectores: el de la construcción es el único que ha crecido (hasta ahora) con mucha fuerza tanto en trabajadores nacionales como extranjeros; los sectores agrario y el de industria y transporte presentan la mayor sustitución de mano de obra nacional por la inmigrada. El sector financiero inmobiliario y la administración pública tienen la mayor concentración de trabajadores nacionales, son los más impermeables a los extranjeros y constituyen nichos de empleo de mano de obra nacional, sobre todo femenina. Comercio y hosteleria y "otros servicios" tienen un crecimiento más equilibrado, en concurrencia. Estos datos se validan también cuando se cruzan con las Comunidades Autónomas según su desarrollo. En las más desarrolladas, los españoles se concentran en los sectores mejor remunerados (financiero y administración pública) y se dan dinámicas de sustitución en todos los demás, mientras que en las menos desarrolladas sólo se da sustitución en los sectores agrario e industrial que parecen ser los primeros que abandonan los españoles.

M. Cecilia Añaños Meza (El Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Un avance en el desarrollo institucional de los derechos humanos?) hace un análisis detallado del nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que por resolución de la Asamblea General (AG) del 15 de marzo de 2006 vino a substituir a la antigua Comisión de Derechos Humanos dependiente del ECOSOC y como parte del proceso general de reforma de la ONU. La autora hace un repaso a la historia de la Comisión, su valor como agencia codificadora su muy elevada politización y su liquidación a raíz de las acerbas críticas vertidas contra ella en el correspondiente informe que por encargo de la AG presentó en su día el Secretario General, señor Kofi Annan. Añaños repasa después el nuevo órgano analizando su fin, sus objetivos (contribuir al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, promover el respeto a los derechos humanos, contribuir prevenir sus violaciones, contribuir a reforzar y racionalizar el sistema de derechos humanos de la ONU), sus principios (universalidad, imparcialidad, objetividad, no-selectividad, diálogo internacional constructivo y cooperación internacional) y su estructura (composición, eleccion, reelección, etc) y los mecanismos de apoyo del Consejo, con especial atención a: el examen periódico universal, los procedimientos especiales y el procedimiento de denuncia, sin olvidar el aspecto financiero y el problema -nada baladí- de cómo encajará el Consejo dentro del complicado sistema de derechos humanos de la ONU que cuenta con los órganos subsidiarios de derechos humanos del ECOSOC, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y los siete comités creados por los tratados de derechos humanos. Esto es, un panorama para que abunden las duplicaciones y solapamientos. La autora es escéptica respecto a la necesidad de crear el Consejo que no difiere gran cosa de la Comisión y justifica su escepticismo enumerando sus críticas: a) falta de credibilidad; b) politización; c) selectividad al reaccionar a las violaciones de derechos humanos; d) problema de racionalización; e) desproporción entre la función y la institución. Más o menos las que cabía hacer a la Comisión.

Carmen Castilla (Regreso al pasado: el movimiento neocatecumenal como paradigma del catolicismo conservador en la España actual) publica un curioso trabajo de investigación sobre esa secta tan pintoresca de los llamados "kikos", esto es el movimiento neocatecumenal puesto en marcha en 1964 en Palomeras Altas (Madrid) por Kiko Argüello, pintor de profesión. Según Castilla se trata de un buen ejemplo de que, al contrario de lo que pensaban Weber o Durkheim, la religión tiene una presencia social cada día más activa. Estos neocatecúmenos son una secta aprobada por Roma que tiene unas 5.000 comunidades cada una de las cuales con 25 a 30 miembros en más de dos mil parroquias de todos los continentes. El trío directivo son el dicho Kiko Argüello, Carmen Hernández, antigua misionera que pasó un tiempo en Israel y es autora de la liturgia y el presbítero italiano Mario Pezzi. Las actividades esenciales de los neocatecúmenos (así llamados por aferrarse a los modos de los primitivos cristianos) son las prédicas a través de lo que llaman el "trípode de la evangelización": catequistas itinerantes, familias en misión y los presbíteros. El modus operandi viene a ser como sigue: un matrimonio se desplaza a una parroquia nueva, habla con el párraco, pide permiso para predicar, lo obtiene y al cabo de un tiempo constituye una comunidad parroquial que tiene ya su propia dinámica con su presbítero y sus actividades. Los sacerdotes salen de una seminarios de la propia comunidad, los llamados seminarios Redemptoris Mater que tienen una proyección misionera. En las comunidades se realizan ritos iniciáticos y lo que, para mi perplejidad califica la autora como experiencias y conocimientos herméticos, para formar lo que llaman "verdaderos cristianos". Los miembros generalmente rompen con su vida anterior. Hay un antes y un después en el neocatecumenismo. En un principio las relaciones de los neocatecúmenos con el Vaticano no fueron buenas pues la Congregación para la Doctrina de la Fe (presidida por el cardenal Ratzinger) creía que no estaba cumpliendo con la ortodoxia. Por último, en el año 2002 el papa Juan Pablo II aprobó los estatutos del camino neocatecumenal. Sin duda al ver el carácter reaccionario de sus prédicas. Según el camino (o sea, la secta) la sociedad hoy sufre tres grandes crisis: de sentido, de valores y de identidad. Para resolverlas los neocatecúmenos son militantes contra las políticas de laicidad del Estado democrático y sus posiciones son radicales en asuntos como la familia, el matrimonio, la sexualidad o la educación. Son los llamados teocons que tanto animaron las manifestaciones en contra del gobierno del PSOE el año pasado, especialmente la muy sonada del dos de diciembre en la que Kiko Argüello anunció que "Europa necesita que ayudemos a la familia".

Francisco Arenas-Dolz (Retórica aristotélica y democracia deliberativa) parte de dos tesis: 1ª) el modelo actual de democracia deliberativa en sus versiones rawlsiana y habermasiana no es incompatible necesariamente con la teoría aristotélica de la deliberación; y 2ª) el modelo retórico deliberativo aristotélico nos proporciona unas bases más plausibles que otro modelos para establecer un panorama deliberativo de democracia. El trabajo está muy bien y es sistemático y claro. Presenta la teoría de la democracia deliberativa como una alternativa a la teoría liberal y las "exageraciones" comunitaristas (MacIntyre, Sandel, Taylor, Walzer, etc) que arranca de la idea kantiana de ilustración, tanto en Rawls como en Habermas, coincidentes en que el consenso racional alcanzado a través de la discusión debe servir como guía normativa de una democracia deliberativa. Las reglas que rigen aquí son: a) respeto mutuo; b) integridad cívica; c) magnanimidad cívica (pp. 96/97). Se entiende por qué siempre me ha parecido que esta formulación de la democracia deliberativa tiene mucho de quimérico. La última concreción de esta idea es el republicanismo, a su vez empeñado en encontrar una salida entre el liberalismo y el comunitarismo. La deliberación pública es central, esencial en una sociedad democrática, algo en lo que, como señalan muchos autores, insiste Aristóteles como cosa necesaria para el ejercicio de la razón práctica fundamentado en el discurso deliberativo. Según el autor, el modelo retórico deliberativo aristotélico se sustenta en "unos principios críticos, no esencialistas ni normativos, capaces de fomentar el compromiso, la colaboración y el empoderamiento de la ciudadanía, desde donde se articula cualquier deliberación." (p. 101) y demuestra su posición analizando la Retórica, la Política y la Etica nicomáquea principalmente. Especial interés tiene su precisión de que el concepto aristotélico del zoon politikon debe traducirse en el sentido de que el hombre es el más social de los animales, no que sea el único. Este error da origen a otros dos. Uno presenta a Aristóteles como partidario de la idea de la política como un fin en sí mismo, en ignorancia de su predilección por el bíos theoretikós frente al bíos politikós; el otro lo presenta como un determinista biológico (el impulso de vivir juntos está biológicamente heredado) siendo así que el fin de la política no es la vida en común, sino el vivir bien. Enumera luego el autor los objetivos de la buena retórica, la retórica ética que Aristóteles defendió frente a Platón, sin la que no hay educación moral. La retórica deliberativa aristotélica es el discurso sobre lo bueno y lo malo, lo útil y lo inútil, lo justo y lo injusto (p. 108). El hombre bueno y el buen ciudadano caminan juntos y la democracia es comunicación y se funda en la comunicación.

José María Villarías Zugazagoitia (Zugazagoitia: los hombres y sus trabajos) publica un estudio valorando la obra novelesca, biográfica y, sobre todo, de ensayo estético del que juzgo que fuera su pariente, el periodista y escritor socialista Julián Zugazagoitia, refugiado en Francia al término de la guerra civil española, entregado por los alemanes a Franco y fusilado por éste sin mayores contemplaciones en 1940. Zugazagoitia, que escribía sus obras al modo de Baroja en trilogías, había publicado tres biografías de famosos socialistas: Pablo Iglesias (Una vida heroica), Tomás Meabe (Una vida humilde) y Emilio Beni (Un vida anónima), como trilogía fueron sus novelas, El botín, El asalto y Los trabajos clandestinos, literatura en buena parte también biográfica. En medio de las actividades de la República y la guerra, sus trabajos periodísticos, su diario, sus otras tareas literarias, Zuga encontró tiempo para planear otra trilogía sobre tres artistas: Van Gogh, Chopin y Oscar Wilde de la que sólo llegó a acabar la de Van Gogh, llamada Sorrow. El autor sostiene que Zugazagoitia parte de una idea exaltada del arte como actividad independiente y que se concentró en los tres artistas citados (un pintor, un músico y un escritor) porque los tres conocieron el sufrimiento, el manicomio, el exilio, la cárcel, con lo que trataba de hacer una crítica a la sociedad contemporánea. Villarías cree, y parece razonable, que había afinidades electivas personales entre Zugazagoitia y sus biografiados.

Cuestiones de género.

El número de verano (julio-septiembre de 2008) de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, (CIS, Madrid, 2008, 295 págs) de obligada lectura para el conocimiento de los avances de la disciplina y las características de la sociedad española, trae una fuerte carga temática de perspectiva de género básicamente empírica, sin descuidar cuestiones teóricas de importancia.

Enrique Martín Criado en El concepto de campo como herramienta metodológica repasa la famosa aportación de Pierre Bourdieu a la sociología y levanta constancia de que su mismo éxito, su vis expansiva, amenaza con restarle efectividad. El campo de Bourdieu es una propuesta para el análisis sociológico con dinámica propia no reductible a otros procesos sociales. Bourdieu lo construye al estudiar los profesionales de la producción simbólica (los especialistas en bienes de salvación y en producción artística y cultural) esto es básicamente los curas y los intelectuales, y Martín Criado lo ilustra perfectamente estudiando la evolución de la pintura como arte desde el Quattrocento, cuando los pintores eran miembros de los gremios (el gremio de San Lucas por cierto) y tenían el tratamiento social de aprendices, oficiales, maestros o sea, obreros y nada de artistas, hasta la emancipación en el siglo XIX. Suenan aquí los ecos de las ideas de Arnold Hauser acerca de la relación entre creación artística, mecenazgo y mercado. La teoría general de los campos es una potente herramienta metodológica que se ha extendido a otros territorios como la burocracia, la política, la universidad, el clero, el derecho, etc´, con el consiguiente peligro de difuminarse. Para devolverle su precisión Martín Criado la pone en conexión con las investigaciones de Michael Mann sobre el Estado (su "teoría del embrollo" , p. 20) y Michel Dobry sobre los "sectores" (más o menos derivado del concepto de "entramado" de Norbert Elias) todo lo cual permite aplicar el concepto de campo a las organizaciones estatales a través de la "multi-integración" (p. 23) y haciéndolo a dos niveles: a) el más general para todo tipo de fenómeno social en que cree son preferibles los conceptos de "configuración" o "entramado" y b) el más específico que, a su vez, abarca dos territorios: 1) el campo de la producción simbólica y 2) lo que Dobry llama "sectores", esto es, instituciones estatales con cierta autonomía o entramados de grupos y organizaciones en competencia entre sí.

Josep Picó y Juan Pecourt (de quien ya reseñamos un libro reciente en dos posts seguidos Los intelectuales, el franquismo y la transición I y Los intelectuales..., etc. II, en El estudio de los intelectuales: una reflexión abordan este siempre sugestivo territorio con una clara voluntad sistematizadora que revela conocimiento de causa y bastante audacia. Citan la bibliografía reciente más relevante (Rémy Rieffel, Pierre Bourdieu, Anna Boschetti) y declaran mezclar las dos perspectivas que tradicionalmente se han adoptado aquí: la historiográfica y la sociológica. Pero predomina la primera. En lo historiográfico sitúan el origen de los intelectuales en la Ilustración (citan las luces francesas, el Sturm und Drang alemán y la Intelligentsia rusa), su primera protesta en el conocido caso Dreyfus que dividió a los intelectuales en los dos campos en que seguimos encontrándolos hoy día, los universalistas/cosmopolitas y los nacionalistas. Hacen breve parada en las reflexiones de la entreguerra con las obras de Benda, Mannheim, Gramsci y Nizan. Por cierto aplausos por rescatar al autor de Aden Arabie, generalmente eclipsado por Gramsci y los gramscianos. Las etapas siguientes del desarrollo del intelectual son la guerra fría (y la división en campos ideológicos) y los fenómenos concomitantes del estalinismo, la Sociología estadounidense y el funcionalismo. El aspecto sociológico de su estudio queda reducido al inicio y al final de su exposición. En cuanto al inicio recogen las razones que según Zygmunt Bauman explican el nacimiento de los intelectuales: a) la importancia del conocimiento en la sociedad; b) el declive de la nobleza en la opinión pública; c) el nacimiento del Estado moderno que redefine las relaciones entre lo público y lo privado; d) la creación de espacios autónomos, libres de lealtades; e) la secularización de la sociedad y la separación entre ciencia y moral; f) y los firmes propósitos de los intelectuales de defender la verdad, la razón y las libertades (p. 42). He reproducido estos rasgos porque se vea la ingenuidad de un viejo pensador ex-marxista. En cuanto al final de la exposición, los autores recuerdan que Bourdieu afirma que existe un "campo" intelectual y, al hablar de los intelectuales posmodernos, ponen de relieve su claro perfil mediático. Es una buena síntesis.

Juan Ignacio Martínez Pastor en Cada vez menos y más tarde: un análisis de la nupcialidad masculina durante los últimos treinta años en España da cuenta del hecho de que entre 1980 y 2006 se haya retrasado la edad media en que los españoles contraen matrimonio: 26,2 años en 1980 y 31,8 en 2006 para los varones y 23,9 en 1980 y 29,6 en 2006 para las mujeres. Las teorías que el autor pretende contrastar, explicativas de la nupcialidad retrasada, son las de Valerie K. Oppenheimer y Gary Becker. La primera señala tres causas de retraso: tendencia a la profesionalización de las sociedades con mayores tiempos educativos; cambio de rol de las mujeres; tardía consolidación laboral de los jóvenes (p. 69) Para el caso español, Pastor añade la precariedad laboral y el problema de la vivienda. En cuanto a la conocida teoría de Gary Becker se centra en el postulado de que la incorporación de la mujer al mercado laboral produce el retraso de la nupcialidad masculina. La fuente de datos que utiliza es la Encuesta de Población Activa (EPA) porque, aun no teniendo mucho información restrospectiva, es una encuesta periódica (trimestral), es exhaustiva y tiene una amplísima muestra. La técnica que utiliza es la regresión logística por cuanto la variable dependiente que se va a tratar (casamiento o soltería) es dicotómica. Su conclusión es que el aumento de la inestabilidad laboral se ha concentrado en España en los jóvenes y junto a la carestía de la vivienda ha generado un proceso de formación familiar cada vez más tardío. A cambio cree (y esto ya me parece más problemático) que, como los jóvenes han prolongado la estancia en el hogar paterno y las jóvenes tienen horizontes laborales inimaginables para sus madres "no se puede decir que los jóvenes de hoy, pese a que tarden más en formar una familia, estén viviendo una peor juventud que la de sus padres" (p. 82).

Marta Ibáñez Pascual en La segregación ocupacional por sexo a examen. Características personales, de los puestos y de las empresas asociadas a las ocupaciones masculinas y femeninas cree que la segregación laboral horizontal "es uno más de los elementos que conforman la nueva lógica semipatriarcal de proveedor principal y proveedora secundaria (frente al modelo de varón proveedor y mujer cuidadora)" (p. 89) . La teorías explicativas de la segregación que pretende someter a contraste son la del capital humano, la teoría de la segmentación del mercado de trabajo, el comportamiento de los sectores público y privado y el empleo a tiempo parcial. El trabajo consiste en explotar los datos de la EPA y la Encuesta de Estructuras Salariales (EES) y la técnica del análisis la regresión logística multinomial que permite ver la influencia de las características de las personas y los puestos de trabajo a la hora de predecir en qué ocupaciones se incardinarán. Sus conclusiones son claras: "la segregación laboral es la manifestación en el mercado de trabajo de los estereotipos asociados a cada uno de los géneros y por ello a la división del trabajo por sexo" (p. 109) El género es pues el elemento estructurante del mercado de trabajo y la segregación ocupacional por sexo es explicativa de la discriminación laboral (p. 119). Nada del otro mundo. La investigación sin embargo refuta dos ideas muy extendidas: 1ª) la discriminación indirecta no depende de la estabilidad en el empleo dado que las ocupaciones femeninas están más asociadas a los contratros indefinidos que las neutras; 2ª) la menor retribucion de las mujeres no depende del grado de cualificación de sus puestos de trabajo, dado que los puestos femeninos presentan mayor cualificación media que los masculinos (p. 118), si bien en este último caso me he quedado con la duda de si esa mayor cualificación es una cuestión de hecho (mujeres cualificadas subempleadas) o deriva del catálogo de puestos de trabajo.

Tania Verge Mestre Cuotas voluntarias y legales en España. La paridad a examen hace un repaso ilustrativo de la evolución de las cuotas femeninas en los distintos partidos en España y se concentra luego en la aplicación de lo previsto en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en concreto en las elecciones municipales de 27 de mayo de 2007, que ya hubieron de hacerse con dicha normativa. Se limita a los municipios de más de 5.000 habitantes en Cataluña, lo que la obligó a estudiar 1295 candidaturas a 197 localidades, equivalentes al 20% de los municipios catalanes y el 80% de la población. Sus hallazgos muestran que todos los partidos favorables a la reforma de la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General) introdujeron excepciones en las elecciones locales porque no creían poder cumplir el criterio de paridad. Aunque la ley dice que la paridad es del 40%-60% no especifica sexo, pero la práctica muestra que casi siempre el 40% es para las mujeres. En el análisis de los cinco primeros puestos de las listas, en un 86,2% de las veces, la proporción era de tres hombres y dos mujeres. Ello quiere decir que la normativa vigente no es aun suficiente para implantar una paridad efectiva, que las mujeres siguen discriminadas y que serán precisas medidas complementarias como las "listas cremallera" entre otras.

Manuel Ignacio Martínez Espinoza en Democracia para la dignidad. Movimientos políticos sociales y ciudadanía como aportes a las reflexiones sobre la democracia en América Latina. El caso del movimiento zapatista presenta un trabajo fuertemente ideológico que trata de demostrar a base de comentarios de textos y declaraciones del movimiento zapatista las bondades de las llamadas Juntas de Buen Gobierno (JBG) zapatistas para la democracia en América Latina. El trabajo hace un breve repaso a la procelosa cuestión de la democracia en la teoría política y se centra en señalar la coincidencia de procesos democráticos con índices altos de pobreza en los países de la región, asunto venerable que ya había suscitado Seymour Martin Lipset en los años setenta. El autor cita con aprobación el Informe sobre el desarrollo humano 2002. Profundizar la democracia en un mundo fragmentado del PNUD cuando señala que, a pesar de su pobreza, la participación electoral media en América Latina (62,7%) es superior a la de los Estados Unidos (43,3%) y, dice, cercana a la de Europa (73,6%), datos que no quieren decir nada desde el momento en que el voto en América Latina es obligatorio en todos los países, excepto Colombia y Nicaragua y que los requisitos del censo electoral en los EEUU son claramente desmovilizadores. El ideal de democracia que el autor abraza, más o menos derivado de las benéficas recomendaciones del PNUD se ve a su entender plasmado en las JBG zapatistas que: 1) reducen las potenciales arbitrariedades del poder político; 2) conciben a sus integrantes (de la democracia) como seres capaces de autogobernarse; 3) buscan el ejercicio efctivo de los derechos políticos, civiles y sociales (p. 174). Supongo que estas aseveraciones tienen interés para quienes participen de los supuestos ideológicos del autor. Al resto de los mortales pueden sonarle a música étnica.

Problemas de hoy.

El último número de Sistema (Fundación Sistema, nº 205, julio de 2008, Madrid, 143 págs.) aborda algunas de las cuestiones más importantes de nuestro tiempo como la globalización, el cambio climático y la sociedad de la información desde perspectivas distintas y con un nivel razonable de rigor y documentación. El primer trabajo, de Josep Borrell, ¿Hay otras alternativas a la globalización liberal? tiene un arranque prometedor al sostener que la "globalización no es un proceso ideológicamente neutro sino el resultado de una forma de entender las relaciones sociales y económicas" (p. 3) y al enumerar las críticas que pueden hacerse a la globalización liberal: a) no hay tal globalización sino una integración regional; b) es dudoso que se haya reducido la pobreza; c) hay un aumento significativo de la desigualdad en todos los niveles (entre regiones, entre países y dentro de los países mismos); d) hay señales de que aumenta la economía informal y el tráfico de personas; e) no se están tomando suficientes medidas para atajar el cambio climático (pp. 4/5). Tras este acertado diagnóstico Borrell sostiene que la izquierda tiene que buscar sus propuestas propias cuenta habida de que las "terceras vías" no han sido más que adaptaciones al modelo neoliberal dominante (p. 11). Por desgracia ya no está tan claro qué es lo que el autor propone en concreto para dar satisfacción a esa necesidad. Afirma que hay que tender a una cohesión social a nivel mundial pero no cómo pueda lograrse fuera de partir de la Agenda del Trabajo Decente propuesta por la Organización Internacional del Trabajo y que tiene ya sus añitos pues es de 2000. Del mismo modo cabe suscribir que sea necesario regular y hacer más transparente la liberalización financiera así como conseguir que la liberalización del comercio internacional lleve a un comercio más justo. El problema es cómo.

Rafael Caparrós Valderrama, en La esterilidad de la 'soft-governance' neoliberal en las políticas económica y de I+D+i europeo-comunitarias parte de que Europa presenta un retraso de veinte años en relación con los EEUU y el Japón en innovación tecnológica (p. 20). Sostiene que la globalización neoliberal (o "el golpe de Estado neoliberal", como la llama Bauman) en los términos en que la defienden sus partidarios (por ejemplo Guillermo de la Dehesa) no es satisfactoria y que en cambio las políticas socialdemócratas clásicas siguen siendo válidas como sostienen entre otros Gough, Turner, Navarro o Castells (p. 29), igual que es válido el "principio de la diferencia" de Rawls. Si no se avanza en ese sentido en la Unión Europea se debe, a su juicio, a la sistemática negativa de los Estados miembros de aumentar la integración política del continente (p. 31). Únicamente una mayor integración política (que es altamente problemática a mi modesto entender) permitirá una política más dinámica de I+D+i en el continente (p.45). En el caso específico de España que el autor considera singularizadamente cree que, aunque ha habido avances notables con la más reciente normativa, en especial la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios en 2006 (p. 48), todavía queda mucho por hacer. Uno de los puntos que propone es difundir la práctica de lo que Román del Río llama zaraísmo (del éxito de la empresa Zara) (p. 47) que en lo esencial consiste en adaptarse al concepto de Castells de la "sociedad red" y operar en consecuencia (p. 52). Se me ocurre que estas recomendaciones son una prueba más de la dificultad intrínseca de pensar los problemas de políticas públicas (o cualesquiera otros) en términos comunitarios ya que se hacen siempre en la escala nacional.

Eguzki Urteaga publica un interesante trabajo sobre Los electorados políticos en Francia que es una especie de balance de la situación del mapa electoral francés desde las ultimas elecciones presidenciales de mayo de 2007. Singulariza los seis bloques distintivos: 1) extrema izquierda; 2) comunistas; 3) socialistas; 4) verdes; 5) derecha; 6) extrema derecha y hace unas breves y generalmente atinadas observaciones sobre su situación actual y perspectivas, bien basadas en los datos electorales y no sólo los de las elecciones presidenciales. Contiene acertadas observaciones sobre la consolidación de la extrema izquierda, la irremediable decadencia del voto comunista, la inconstancia del socialista, la veleidosidad del verde, la congruencia ideológica de la derecha y el derrumbe de la extrema derecha. Todo ello en un panorama de alta participación y voto concentrado (pp. 66/67).

Óscar Diego Bautista en Los valores en el servicio público hace un Estudio comparativo sobre los códigos de Gobierno de Estados Unidos, Reino Unido, España y México que en realidad tiene poco de comparativo ya que es un análisis de los distintos códigos de normas éticas de las diferentes administraciones públicas pero consecutivo. El de los EEUU fue una respuesta al escándalo de Watergate y el del Reino Unido, resultado de los trabajos de la famosa comisión Nolan contiene un código ético basado en siete principios: desinterés, integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia, humildad y liderazgo (p. 78). En el caso de España el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 2005 y el Estatuto Básico del Empleado Público (2007) recogen los postulados que en su día presentara la filósofa Victoria Camps en unas Jornadas sobre Ética Pública de 1997: 1) servicio al interés general; 2) imparcialidad y transparencia; 3) uso adecuado de los bienes públicos; 4) responsabilidad profesional; 5) lealtad a la Administarción (p. 83). México a su vez dispone también de un Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal (p. 87). Uno tiene la sospecha de que tan abigarrada profusión de normas, dictadas al rebufo de los escándalos de corrupción detectados en la década anterior estén en relación inversamente proporcional a su eficacia real. No es disparatado pensar así. El propio autor reconoce que los países en los que menor es la incidencia de la corrupción, los países escandinavos, carecen de estos códigos de ética (p. 91).

Rosario Solà, Christian Oltra, Roser Sala y Nuria Gamero, en Cambio climático y opinión pública en España: percepción del problema y política energética, presentan una encuesta dentro de un proyecto del Massachussets Institute of Technology administrada en España mediante quinientos cuestionarios telefónicos de la que se deduce que el cambio climático es el primer problema medioambiental para los españoles si bien estos consideran que hay otros problemas sociales y personales más graves. Hay un grado alto de desconocimiento sobre las causas y consecuencias del cambio climático y cierta confusión con otros problemas medioambientales, como la capa de ozono. Los jóvenes aparecen con mayor conciencia que los adultos y todos en general piensan que los gobiernos debieran hacer más por contrarrestarlo, si bien la predisposición a implicarse personalmente en la lucha contra el problema es reducida. Por último no hay acuerdo respecto a las distintas alternativas para hacer frente al cambio climático: un 26% cree que "se desarrollarán nuevas tecnologías", otro 26% piensa que "cambiaremos nuestro estilo de vida para reducir el consumo energético", un 20% sostiene que "nos adaptaremos a un clima más cálido" y un 21% piensa que"el cambio climático es un problema pero España no hará nada" (que no está mal como índice de fatalismo del personal); únicamente un 1% sostiene que no hay que hacer nada ya que "el cambio climático no es un problema" (p. 102), lo que da una idea del apoyo electoral que pueden tener los neocons enfrentados a las políticas de lucha contra este problema.

Por último, casi como fuera de programa, Gaetano Pecora, en Las virtudes del laicismo que es una especie de nota con motivo de la traducción al italiano del libro de Henri Pena-Ruiz Qu'est-ce que la laicité? hace una interesantísima síntesis de las objeciones de los laicistas al punto de vista de los Papas sobre la libertad de conciencia y los derechos de los individuos. Tras coincidir con Gaetano Salvemini en su sólido dictamen de que "una democracia que anula la igualdad de derechos y deberes entre los ciudadanos y reconoce jurídicamente a una parte de ellos el deber de obedecer a una autoridad extraña (se refiere a los casos de Concordatos entre los Estados y el Vaticano) y el privilegio de ser representados y estar protegidos por una autoridad extraña, ya no es democracia" (p. 109) que suscribo de la cruz a la fecha, aborda el problema en su línea filosófica más clara. El Papa Ratzinger se hace lenguas del respeto a la libertad de conciencia y el valor fundamental de los derechoas del individuo. Sigue en ello la doctrina de Juan Pablo II que también exalta la libertad, aunque la vincula "a la aceptación de la verdad". En Centesimus annus, Juan Pablo II decía que "la obediencia a la verdad sobre Dios y sobre el hombre es la condición previa a la libertad" (p. 114). Celebraba así el Papa polaco, maestro del actual, el centenario del Papa León XIII quien en su encíclica Libertas praestantissimum decía que: "la cosas verdaderas y honestas tienen derecho (...) Los errores, peste de la mente, los vicios, contagio de los corazones y de las costumbres, es justo que sean reprimidos diligentemente por la autoridad pública para impedir que se extiendan como daño común" (p. 116). ¿Se ve cuánta razón tenía el gran Salvemini? Un Estado que tiene un Concordato con quien cree que los que no comulguen con sus ideas y se aferren a la "peste de la mente" deben ser reprimidos jurídicamente por la "autoridad pública" no es una democracia porque o incumple este mandato o persigue a los ciudadanos cuyas creencias no coincidan con las de los católicos.

Cultura de guerra.

El último número de la revista Historia social vol II, nº 61, 2008, FIHS, UNED de Alzira-Valencia, 174 págs.) es semimonográfico dedicado a la cuestión de la cultura de guerra, un territorio relativamente nuevo de la historiografía consagrado al estudio de las pautas culturales en tiempo de guerra o, por decirlo con términos más definitorios de Annete Becker y Stéphane Audoin-Rouzeau, citados por Eduardo González Calleja en su trabajo introductorio, La cultura de guerra como propuesta historiográfica: una reflexión general desde el contemporaneísmo español, "el modo en que los contemporáneos del conflicto han representado y se han representado la guerra, como conjunto de prácticas, actitudes, expectativas, creaciones artísticas y literarias" (p. 71). Está claro, la forma en que la gente habla y se habla de la guerra; o sea el viejo concepto de cultura en sentido antropológico aplicado a los conflictos armados. Para el caso de los países europeos el asunto es extraordinariamente relevante en las dos guerras de 1914/1918 y 1939/1945. Basta con recordar su impacto en la producción literaria, artística, cinematográfica. Es abrumador. El caso de España, sin embargo, por su neutralidad en ambas (más clara en la primera, menos en la segunda) presenta perfiles propios. No obstante, González Calleja echa mano de la propuesta de José Álvarez Junco para señalar la importancia de cuatro períodos bélicos en la historia de España para ver nada menos que el proceso de construcción de la identidad española: la guerra de la independencia, el expansionismo militar de la Unión LIberal a mediados del XIX, la derrota de 1898 y la guerra civil de 1936/39 (p. 75), aunque no sé yo si tomada así, en un arco de ciento cincuenta años, no se desdibuja la propuesta del impacto de la "cultura de guerra" para pasar a hablar simplemente de la "historia de España" que, como la de todos los países, tiene sus guerras y sus paces. Me parece más interesante -y es lo que hace el número de la revista- centrarse en la cultura de la guerra civil del 36/39, a la que González Calleja propone aplicar el concepto de brutalización, prestado de la obra del alemám George Mosse acerca de las dos guerras europeas y que da cuenta de los fenómenos de diabolización y deshumanización del enemigo y de agresión sin límites a la población civil (p. 81), todo para dar cuenta de la extraordinaria crueldad de la contienda que Sebastian Balfour, por su lado, atribuye a la herencia de la tradición de las guerras coloniales de Marruecos (p. 83).

A este terreno concreto se orienta el muy interesante trabajo de Maud Joly Las violencias sexuadas de la guerra civil española: paradigma para una lectura cultural del conflicto, en el que se aborda un asunto que apenas está empezando a despuntar incluso en la crónica de los conflictos armados de ahora mismo: el empleo del cuerpo de la mujer como territorio de combate para humillar y doblegar al adversario mediante la mutilación, la violación y el escarnio. La práctica del rapado de mujeres (que luego reaparecería después de la liberación en Francia con las acusadas de colaboracionistas), la administración de aceite de ricino, la exposición pública, el desnudo, la marcación de los cuerpos (también practicada en ambos sexos en los campos nazis) y las violaciones, todo lo considerado como "arma falangista" (p. 95) fue moneda corriente durante la guerra y en la inmediata posguerra. Cierto que hubo casos de brutalización de mujeres en la zona republicana pero en la facciosa este recurso tuvo (como lo tiene hoy en muchos conflictos en los Balcanes, en África, etc) carácter de táctica deliberada de combate. Tiene su importacia que Joly mencione, aunque no se extienda sobre ello, cosa que podemos hacer los lectores, el hecho de que la práctica del rapado de las mujeres reapareciera en los primeros años sesenta en tiempos de las huelgas de mineros asturianos como represalia contra estos.

De mucho interés también el estudio de Mercedes Yusta Rodrigo, Una guerra que no dice su nombre: los usos de la violencia en el contexto de la guerrilla antifranquista (1939-1953), un enfoque novedoso en la aproximación al fenómeno guerrillero en el que se hace hincapié en la heterogeneidad de las guerrillas, su mezcla de combatientes venidos del extranjero y "huidos" de la represión en España, las complejas relaciones con la población civil que las apoyaba y la espiral de represión-respuesta guerrillera-represión incrementada. Revelador el último párrafo de Yuste: la guerrilla antifranquista "es un fenómeno violento surgido de una sociedad "brutalizada" desde la guerra civil, inmersa en una guerra de las fuerzas represivas contra un sector importante de la población civil, víctima de una cultura de la represión que impregnaba insidiosamente todos los aspectos de la vida cotidiana" (p. 126). Lo suscribo en principio porque refleja lo que para mí ha sido siempre el aspecto más imperdonable del régimen franquista en toda su existencia, esto es, el hecho de que tratara al país entero como territorio ocupado y no mostrara jamás no ya clemencia hacia los vencidos, a los que tuvo siempre a su (falta de) merced, sino el menor atisbo de reconciliación. Mi única salvedad a la cita de Yuste es que no se trataba de "un sector importante de la población civil" sino de toda ella; de toda. Incluso la que apoyó siempre al franquismo porque, si no lo hizo por miedo, fue cómplice del crimen general, permanente y obvio del genocidio y la represión; es decir, se encenagó en la miseria moral en la que sigue. Porque si malo es asesinar y torturar, no menos lo es beneficiarse de ello, aplaudirlo o condonarlo. Y eso es lo que explica que en buena medida la derecha española actual no pueda saldar su responsabilidad con ese infame pasado.

El último trabajo del semimonográfico es el de Francisco Sevilla Calero, Cultura de guerra y políticas conmemorativas en España del Franquismo a la transición, en el que hace un buen análisis de la administración política del calendario y las festividades, mostrando cómo el franquismo barrió el republicano e impuso sus festividades, las religiosas, las propias suyas y las mezclas: el "año triunfal", la "Fiesta nacional del Caudillo" el primero de octubre, el "Día de la Raza", (que ya venía de antes) el doce del mismo mes, el día de Santiago como día de la "santa cruzada" (una cruzada, por cierto, en la que los moros luchaban con los cristianos contra otros cristianos) el veinticinco de julio, el día del "Alzamiento Nacional", el dieciocho de julio, el "día de la unificación" (de FET y de las JONS) el diecinueve de abril, entre los más señalados. Frente a esta política de festividades y recuerdos avasalladora Sevilla sostiene que la transición y subsiguiente democracia ha sido olvidadiza y poco contundente. Bueno, se ha restaurado el primero de mayo, se ha suprimido el dieciocho de julio, el veinticinco de ese mes tiene un estatuto algo vergonzante, se mantiene el 12 de octubre como "Fiesta Nacional de España" por aquello de América, se conserva casi todo el calendario religioso y se ha añadido un día de la Constitución. No está del todo mal. Yo restauraría la fiesta del dos de mayo, después de que tanto se habla de la nación española vinculándola a esta insurrección, pero sólo por razones biográficas personales: de mozo viví enfrente de la calle de Daoíz, cabe la plaza del Dos de mayo y lo pasaba muy bien en las festividades.

Los otros artículos de este número de Historia social son más desparejos, pero tienen mucho interés. Especialmente el primero de Antonio Gil Ambrona, La violencia contra las mujeres: discursos normativos y realidad, que centra su investigación en los procesos de divorcio entablados ante los tribunales eclesiásticos en algunas partes de España (como Barcelona) en los siglos XVI y XVII. No es que fueran muy copiosos (entre 1565 y 1654 el tribunal diocesano de Barcelona entendió de 191 procesos de este tipo, 177 entablados por mujeres y 14 por hombres) (p. 11), pero sí muy interesantes porque se prueba que las mujeres acudían a los tribunales en busca de protección acusando a los maridos de malos tratos y aquella se dispensaba en dos momentos: en el primero procediendo al "secuestro" de la esposa en casa de algún familiar o en un convento (lo que equivalía a una separación de facto o alejamiento) y en segundo lugar pero en contadas ocasiones anulando el contrato y concediendo el divorcio. Para examinar estas circunstancias, el autor se basa en los trabajos del jurista de la época Tomás Sánchez y contrapone estos hechos a la doctrina acrisolada entonces acerca del ideal de la mujer casada y cómo ésta debía sobrellevar los malos tratos maritales que se encuentra entre otras en la obra de Luis Vives De institutione feminae christianae. No me parece que haya extraído todas las consecuencias posibles de esta contraposición pero ello no empece el gran interés que tiene el trabajo en cuanto documentación acerca de la longevidad de una detestable práctica que muchos creen sea reciente. De hecho, ¿acaso no es violencia doméstica, de sexo, de género, machista o como quiera llamársela la que se glorifica en un subgénero de literatura occidental habitualmente muy celebrado hasta el día de hoy con nombres como La doma de la bravía o La fierecilla domada?

Miguel Cabo Villaverde publica un interesante trabajo Leyendo entre líneas las elecciones de la restauración: la aplicación de la la ley electoral de 1907 en Galicia, en el que sostiene la muy innovadora tesis de que el famoso artículo veintinueve de esta ley, generalmente considerado como el epítome de las prácticas electorales corruptas, caciquiles y de consagración del dominio de los dos partidos dinásticos también tuvo la funcionalidad contraria: "...si bien en la mayor parte de los casos el 29 venía a sellar efectivamente un dominio claro sobre el distrito o un pacto entre notables dinásticos, en un porcentaje difícil de precisar pero en todo caso significativo representa exactamente lo contrario de lo que se asume automáticamente, es decir, la debilidad del grupo de poder dominante hasta el punto de reconocer a los opositores (en el caso gallego siempre de matiz agrarista) como interlocutores legítimos y firmar un acuerdo sobre la base del reparto de esferas de influencia." (p. 41) En su justa medida. No se sabe cuánto de significativo fue pero no conviene olvidar que no hay regla sin excepción.

Carlos Arenas Posadas publica un estudio sobre Concepto y teoría del capital social: una aplicación a la sociedad sevillana del primer tercio del siglo XX. El "capital social" es, efectivamente, un concepto muy útil y prometedor de las ciencias sociales, aunque de compleja cuantificación y el autor hace una presentación satisfactoria de él en su escisión entre una perspectiva "micro" (las relaciones sociales, las influencias que tienen los agentes sociales individualmente considerados) y la "macro" (la densidad del asociacionismo, las redes existentes en una sociedad y su funcionamiento) que, a su vez, son complementarias. La aplica después en concreto al caso de Sevilla en los treinta primeros años del siglo y aceptando la idea de que el capital social es el "eslabón perdido" en la teoría del desarrollo, especialmente el económico, diagnostica que la pérdida de posiciones de Sevilla en la ordenación de riqueza de las ciudades españolas se debe a la endeblez de su capital social y al hecho de que éste estuviera monopolizado por la oligarquía terrateniente que no permitía que se abriera a sectores sociales más dinámicos y emprendedores.

Finalmente el número de la revista trae un último trabajo de Roberto Ceamanos, De la ruptura a la convergencia. La historiografía social obrera española y francesa (1939-1982) que es como una especie de estado comparativo de la cuestión. Útil para quienes pretendemos orientarnos en un campo que no es estrictamente el nuestro. Ceamano divide el periodo en dos subperiodos: en el primero, después del erial en que quedó la investigación historiográfica española tras el triunfo de los sublevados en 1939, el intento de recuperación en los años sesenta y setenta del terreno perdido frente a los avances muy notorios de la historiografía francesa que, a su vez se había renovado notablemente. Es decir, una especie de reelaboración del sempiterno atraso español, pieza fundamental de nuestro "excepcionalismo"; el segundo cuando, una vez, por así decirlo, homologados nuestros estudios, nos encontramos con que vuelve a haber un décalage (la expresión es suya) con la producción foránea, que ha vuelto a pegar un salto incorporando nuevos enfoques y una perspectiva multidisciplinar que obligan a la historiografia patria a seguir tratando de recuperar el terreno perdido. Mientras no se trate de un ejemplo de la aporía de Aquiles y la tortuga...

Las imágenes son: la primera de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Portada de Atila en Galicia (1937) (Museo de Pontevedra, Pontevedra); la segunda, José Gutiérrez Solana, Recogiendo a los muertos (1937) (Blog Urban Idade); la tercera, Eduardo de Vicente, Pasaron los fascistas (1937) (Dibujos de guerra, Ciudad de la Pintura).

La izquierda y los derechos.

Ya está en la calle el número de verano de la revista Trasversales que viene dedicada a los derechos, los de los inmigrantes y los de las mujeres y las minorías de una u otra orientación sexual. Francamente oportuno.

El artículo que más me ha interesado esta vez es el de Luis M. Sáez quien, bajo el título de ¿Quién ganó las elecciones del 9 de marzo? dice, y estoy de acuerdo, que la segunda legislatura del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero se ha escorado tanto a la derecha que parece estar rivalizando con el PP, como se prueba por el frenazo a las reformas en materia de aborto, eutanasia o reforma religiosa. Por no hablar del vergonzoso palmarés en el Parlamento Europeo. y del feísimo asunto Taguas. Sáez dice que si no hay rectificación en la "directiva de la vergüenza" ni él ni otros cientos de miles de ciudadanos votarán al PSOE en las elecciones europeas del año que viene. No sé si serán tantos pero sí sé que eso también lo he dicho yo, con lo que ya somos dos que no votaremos al PSOE si no hay rectificación que no la habrá porque han decidido que los españoles y los latinoamericanos somos idiotas y se nos puede vender cualquier moto. ¿O no se ha visto a la vicepresidenta del Gobierno diciendo en el Nuevo Mundo que la directiva no se aplicará nunca en España? Eso quiere decir que piensan gobernar eternamente y que, además, valoran la bondad de una norma por el hecho de que no se aplique, lo que es pintoresco.

En el capítulo de derechos de mujeres y minorías, Manuela Cárdaba et al., (Nosotras decidimos) abogan por una ley de plazos y por sacar del todo el aborto del código penal; yo también pero díganselo al Gobierno que hasta hace poco sostenía que no hay "demanda social". Sonia Tridente (Custodia compartida...desde el nacimiento) aborda una cuestión de interés: eso de que muchos padres pidan la custodia compartida durante el divorcio y consideren una discriminación que los jueces la otorguen mayoritariamente a las mujeres. Si el cuidado de los hijos fuera compartido desde el nacimiento, dice la autora, eso no se produciría. Por último me ha parecido muy brillante un artículo de Beatriz Gimeno titulado El armario como coartada. El caso de las lesbianas. Brillante y muy cierto. Su argumento es que así como los gays han salido del armario (esto es, han conseguido invertir la pseudotolerancia liberal que permitía la homosexualidad siempre que fuera asunto privado, íntimo, secreto) a la luz pública, las lesbianas siguen encerradas en él, invisibilizadas y con la complicidad de ellas mismas, esto es, de aquellas lesbianas que,temerosas de la reacción social encuentran más cómodo "armarizarse" que romper el tabú de lo privado y conquistar su derecho a parecer lo que son. Es también un artículo valiente porque señala como cómplices de la situación a las feministas lesbianas que siguen en el armario.

En lo tocante a la inmigración hay un artículo de Esteban Ibarra (Las mentiras de la xenofobia) que señala cinco prejuicios de esos que sirven para atizar las pasiones en contra de los inmigrantes. Son muy conocidos pero está bien que los sistematice y demuestre que son falsos: a) sufrimos una invasión de inmigrantes; b) perdemos nuestros puestos de trabajo; c) consumen nuestra seguridad social; d) no quieren integrarse en nuestra cultura; d) son delincuentes. Que sean mentiras quiere decir que son falsos pero no con el mismo orden de falsedad; por ejemplo: no es verdad que consuman más servicios sociales que los nativos pero si no quieren integrarse en nuestra cultura eso no es verdad ni mentira; simplemente tienen el derecho a no hacerlo. Sobre inmigración versa también un largo y académico ensayo de Sandro Mezzada (Capitalismo, migraciones y luchas sociales) en el que se postula el principio de la autonomía de las migraciones, se repasan las teorías clásicas de la integración y se afirma que la integración contemporánea se hace a través de la clandestinización. Tiene una interesante reflexión sobre el valor de las aportaciones comunitaristas (de Martin Walzer) a la cuestión migratoria así como un juicio perspicaz sobre la perspectiva de género en las migraciones. El principal problema que plantean éstas es que ponen en tela de juicio las teorías recibidas de la democracia.

Fuera de programación, como si dijéramos, hay dos artículos más. Uno de Alain Lipiertz, eurodiputado verde francés, sobre La catástrofe irlandesa en el que, si lo he entendido bien, pone a bajar de un burro a los irlandeses por carcundas y manipulados por lo más reaccionario de la iglesia (cuestión del aborto), se escandaliza (literal) de que el 53% del 45% del 1% de los votantes europeos (o sea, 840.000) fastidien a quinientos millones, habla maravillas del Tratado de Lisboa y por último sugiere que los irlandeses vayan a hacer compañía a los noruegos mientras el resto de Europa sigue adelante con el proceso. La pieza me parece un exabrupto y una pasada que sólo demuestra lo cierto del viejo dicho según el cual "hay más parecido entre dos parlamentarios uno de los cuales es un revolucionario que entre dos revolucionarios uno de los cuales es un parlamentario." Este europarlamentario verde me parece un poco verde en otro sentido del color y un mucho gris.

Juan M. Roca escribe un artículo sobre el 68 que quiere hacer justicia al movimiento sesentayochero en los EEUU (El largo 68 norteamericano), más o menos diciendo que los franceses se llevaron las candilejas en el mayo del 68 pero que el trabajo de fondo lo hicieron los yankies a lo largo de todo el decenio. No veo que se puedan contraponer ambos términos, pues son muy disímiles. A lo largo del decenio lo hicimos todos: estadounidenses, alemanes, japoneses, españoles incluso (milagroso fue en las condiciones de la dictadura), franceses, ingleses, italianos , etc; pero el estallido que sintetizó lo que Hegel hubiera llamado la "manifestación del espíritu" tuvo lugar en Francia; y no en Francia, sino en París; y no en París, sino en el Quartier Latin. Y eso ya no hay quien lo mueva.

El número se complementa con unos poemas de Raimon cuyo valor es sobre todo sentimental y una magnífica crónica de Lois Valsa sobre Photoespaña 08 en algunas de sus diversas manifestaciones.

(Las imágenes son el anverso y el reverso de la revista Trasversales.