El último número de Sistema (Fundación Sistema, nº 205, julio de 2008, Madrid, 143 págs.) aborda algunas de las cuestiones más importantes de nuestro tiempo como la globalización, el cambio climático y la sociedad de la información desde perspectivas distintas y con un nivel razonable de rigor y documentación. El primer trabajo, de Josep Borrell, ¿Hay otras alternativas a la globalización liberal? tiene un arranque prometedor al sostener que la "globalización no es un proceso ideológicamente neutro sino el resultado de una forma de entender las relaciones sociales y económicas" (p. 3) y al enumerar las críticas que pueden hacerse a la globalización liberal: a) no hay tal globalización sino una integración regional; b) es dudoso que se haya reducido la pobreza; c) hay un aumento significativo de la desigualdad en todos los niveles (entre regiones, entre países y dentro de los países mismos); d) hay señales de que aumenta la economía informal y el tráfico de personas; e) no se están tomando suficientes medidas para atajar el cambio climático (pp. 4/5). Tras este acertado diagnóstico Borrell sostiene que la izquierda tiene que buscar sus propuestas propias cuenta habida de que las "terceras vías" no han sido más que adaptaciones al modelo neoliberal dominante (p. 11). Por desgracia ya no está tan claro qué es lo que el autor propone en concreto para dar satisfacción a esa necesidad. Afirma que hay que tender a una cohesión social a nivel mundial pero no cómo pueda lograrse fuera de partir de la Agenda del Trabajo Decente propuesta por la Organización Internacional del Trabajo y que tiene ya sus añitos pues es de 2000. Del mismo modo cabe suscribir que sea necesario regular y hacer más transparente la liberalización financiera así como conseguir que la liberalización del comercio internacional lleve a un comercio más justo. El problema es cómo.
Rafael Caparrós Valderrama, en La esterilidad de la 'soft-governance' neoliberal en las políticas económica y de I+D+i europeo-comunitarias parte de que Europa presenta un retraso de veinte años en relación con los EEUU y el Japón en innovación tecnológica (p. 20). Sostiene que la globalización neoliberal (o "el golpe de Estado neoliberal", como la llama Bauman) en los términos en que la defienden sus partidarios (por ejemplo Guillermo de la Dehesa) no es satisfactoria y que en cambio las políticas socialdemócratas clásicas siguen siendo válidas como sostienen entre otros Gough, Turner, Navarro o Castells (p. 29), igual que es válido el "principio de la diferencia" de Rawls. Si no se avanza en ese sentido en la Unión Europea se debe, a su juicio, a la sistemática negativa de los Estados miembros de aumentar la integración política del continente (p. 31). Únicamente una mayor integración política (que es altamente problemática a mi modesto entender) permitirá una política más dinámica de I+D+i en el continente (p.45). En el caso específico de España que el autor considera singularizadamente cree que, aunque ha habido avances notables con la más reciente normativa, en especial la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios en 2006 (p. 48), todavía queda mucho por hacer. Uno de los puntos que propone es difundir la práctica de lo que Román del Río llama zaraísmo (del éxito de la empresa Zara) (p. 47) que en lo esencial consiste en adaptarse al concepto de Castells de la "sociedad red" y operar en consecuencia (p. 52). Se me ocurre que estas recomendaciones son una prueba más de la dificultad intrínseca de pensar los problemas de políticas públicas (o cualesquiera otros) en términos comunitarios ya que se hacen siempre en la escala nacional.
Eguzki Urteaga publica un interesante trabajo sobre Los electorados políticos en Francia que es una especie de balance de la situación del mapa electoral francés desde las ultimas elecciones presidenciales de mayo de 2007. Singulariza los seis bloques distintivos: 1) extrema izquierda; 2) comunistas; 3) socialistas; 4) verdes; 5) derecha; 6) extrema derecha y hace unas breves y generalmente atinadas observaciones sobre su situación actual y perspectivas, bien basadas en los datos electorales y no sólo los de las elecciones presidenciales. Contiene acertadas observaciones sobre la consolidación de la extrema izquierda, la irremediable decadencia del voto comunista, la inconstancia del socialista, la veleidosidad del verde, la congruencia ideológica de la derecha y el derrumbe de la extrema derecha. Todo ello en un panorama de alta participación y voto concentrado (pp. 66/67).
Óscar Diego Bautista en Los valores en el servicio público hace un Estudio comparativo sobre los códigos de Gobierno de Estados Unidos, Reino Unido, España y México que en realidad tiene poco de comparativo ya que es un análisis de los distintos códigos de normas éticas de las diferentes administraciones públicas pero consecutivo. El de los EEUU fue una respuesta al escándalo de Watergate y el del Reino Unido, resultado de los trabajos de la famosa comisión Nolan contiene un código ético basado en siete principios: desinterés, integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia, humildad y liderazgo (p. 78). En el caso de España el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 2005 y el Estatuto Básico del Empleado Público (2007) recogen los postulados que en su día presentara la filósofa Victoria Camps en unas Jornadas sobre Ética Pública de 1997: 1) servicio al interés general; 2) imparcialidad y transparencia; 3) uso adecuado de los bienes públicos; 4) responsabilidad profesional; 5) lealtad a la Administarción (p. 83). México a su vez dispone también de un Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal (p. 87). Uno tiene la sospecha de que tan abigarrada profusión de normas, dictadas al rebufo de los escándalos de corrupción detectados en la década anterior estén en relación inversamente proporcional a su eficacia real. No es disparatado pensar así. El propio autor reconoce que los países en los que menor es la incidencia de la corrupción, los países escandinavos, carecen de estos códigos de ética (p. 91).
Rosario Solà, Christian Oltra, Roser Sala y Nuria Gamero, en Cambio climático y opinión pública en España: percepción del problema y política energética, presentan una encuesta dentro de un proyecto del Massachussets Institute of Technology administrada en España mediante quinientos cuestionarios telefónicos de la que se deduce que el cambio climático es el primer problema medioambiental para los españoles si bien estos consideran que hay otros problemas sociales y personales más graves. Hay un grado alto de desconocimiento sobre las causas y consecuencias del cambio climático y cierta confusión con otros problemas medioambientales, como la capa de ozono. Los jóvenes aparecen con mayor conciencia que los adultos y todos en general piensan que los gobiernos debieran hacer más por contrarrestarlo, si bien la predisposición a implicarse personalmente en la lucha contra el problema es reducida. Por último no hay acuerdo respecto a las distintas alternativas para hacer frente al cambio climático: un 26% cree que "se desarrollarán nuevas tecnologías", otro 26% piensa que "cambiaremos nuestro estilo de vida para reducir el consumo energético", un 20% sostiene que "nos adaptaremos a un clima más cálido" y un 21% piensa que"el cambio climático es un problema pero España no hará nada" (que no está mal como índice de fatalismo del personal); únicamente un 1% sostiene que no hay que hacer nada ya que "el cambio climático no es un problema" (p. 102), lo que da una idea del apoyo electoral que pueden tener los neocons enfrentados a las políticas de lucha contra este problema.
Por último, casi como fuera de programa, Gaetano Pecora, en Las virtudes del laicismo que es una especie de nota con motivo de la traducción al italiano del libro de Henri Pena-Ruiz Qu'est-ce que la laicité? hace una interesantísima síntesis de las objeciones de los laicistas al punto de vista de los Papas sobre la libertad de conciencia y los derechos de los individuos. Tras coincidir con Gaetano Salvemini en su sólido dictamen de que "una democracia que anula la igualdad de derechos y deberes entre los ciudadanos y reconoce jurídicamente a una parte de ellos el deber de obedecer a una autoridad extraña (se refiere a los casos de Concordatos entre los Estados y el Vaticano) y el privilegio de ser representados y estar protegidos por una autoridad extraña, ya no es democracia" (p. 109) que suscribo de la cruz a la fecha, aborda el problema en su línea filosófica más clara. El Papa Ratzinger se hace lenguas del respeto a la libertad de conciencia y el valor fundamental de los derechoas del individuo. Sigue en ello la doctrina de Juan Pablo II que también exalta la libertad, aunque la vincula "a la aceptación de la verdad". En Centesimus annus, Juan Pablo II decía que "la obediencia a la verdad sobre Dios y sobre el hombre es la condición previa a la libertad" (p. 114). Celebraba así el Papa polaco, maestro del actual, el centenario del Papa León XIII quien en su encíclica Libertas praestantissimum decía que: "la cosas verdaderas y honestas tienen derecho (...) Los errores, peste de la mente, los vicios, contagio de los corazones y de las costumbres, es justo que sean reprimidos diligentemente por la autoridad pública para impedir que se extiendan como daño común" (p. 116). ¿Se ve cuánta razón tenía el gran Salvemini? Un Estado que tiene un Concordato con quien cree que los que no comulguen con sus ideas y se aferren a la "peste de la mente" deben ser reprimidos jurídicamente por la "autoridad pública" no es una democracia porque o incumple este mandato o persigue a los ciudadanos cuyas creencias no coincidan con las de los católicos.
