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divendres, 8 de setembre del 2017

Santiago y cierra España

Era preciso hacer algo para tranquilizar a la parroquia, muy nerviosa con las noticias de Cataluña. No bastaba con la crispada y desencajada reacción de la vicepresidenta del gobierno que salió calificando de patada a la democracia la aprobación de la Ley del referéndum. Al contrario, el ridículo de Sáenz de Santamaría fuera de sí tenía que compensarse con algo que eliminara la impresión de que el Estado está en manos de auténticos orates.

Así que el gobierno decidió compensar un ridículo con otro: puso a Rajoy a hablar. Faltando a su costumbre de no dar jamás explicaciones por nada, el de los sobresueldos, se decidió a informar en su inimitable estilo al término del consejo de ministros extraordinario. Sentó previamente a todos los ministros en primera fila, como doctrinos, convocó a los medios y les espetó la habitual monserga llena de falsedades y topicazos. Había condescendido a dar cuenta de lo que piensa hacer y no iba a tolerar que nadie pusiera nada en cuestión. El núcleo de su discurso fue una enumeración de los recursos mediante los cuales pretende que el Tribunal Constitucional le saque las castañas del fuego de su propia incompetencia,  y un ataque al bloque independentista y al govern de la Generalitat a los que acusa de "autoritarios" y de ir en contra de la democracia. Sin admitir preguntas, sin observaciones, democráticamente. 

Por supuesto todo ello adobado con las consabidas falacias sobre el respeto a la legalidad y la necesidad de atenerse a los procedimientos de reforma previstos. Es inútil repetir aqui que su concepto de legalidad es tramposo y que los procedimientos de reforma están cegados para quien no pertenezca a uno de los dos partidos dinásticos. Es un modo de actuación, este sí, típicamente autoritario y de raíz franquista: el gobernante se limita a reiterar su criterio sin atendender a ningún matiz, crítica o relativización, sin escuchar nada porque para eso dispone de la fuerza coercitiva del Estado, para acallar la discrepancia si, a pesar de todo, esta se manifiesta.

De hacer algún tipo de recapitulación, de meditar sobre las causas que han llevado a esta situación en que el presidente y la vicepresidenta del gobierno salen amenazando a los ciudadanos, ni flores. Sin embargo, está claro que, si hemos llegado hasta aquí se debe en gran parte a la irresponsabilidad política del que ahora se ofrece como garante de la estabilidad con el apoyo entusiasta de los medios nacional-españoles como El País, que salía con un editorial digno del ABC o La Razón, titulado La dignidad de Cataluña. Es un sarcasmo que este título plagie el que en 2010 publicaron muchos medios catalanes (La dignidad de Catalunya) en defensa del Estatut, a punto de ser dinamitado por la sentencia del Tribunal Constitucional de aquel años.

Esta especie de burla es paralela al hecho de que sea precisamente quien más ha hecho por dinamitar el entendimiento entre Cataluña y España quien dice buscar una solución al conflicto. Porque, como sabe todo el mundo, el independentismo catalán ha subido del 25/30 por ciento de la población hasta el 50 por ciento gracias a la demagogia de Rajoy recogiendo firmas contra el Estatuto en 2006 y recurriéndolo ante el TC y todo para hacer juego sucio contra el Gobierno de Zapatero. El Sobresueldos ha destrozado el sistema del 78 para satisfacer sus ansias de poder. Y llegado a él, siguió con la política anticatalana, perfectamente condensada en el propósito más insultante y estúpido de "españolizar a los niños catalanes" del ex-ministro Wert. 

Los  que fueron contra el Estatuto son los que ahora dicen protegerlo. Por la misma razón por la que los franquistas que se abstuvieron en la votación sobre la CE 78 o votaron en contra son los que se erigen hoy en sus defensores y la usan como baluarte contra las aspiraciones democráticas de la gente.

En cumplimiento de su triste sino de ser seguidor de la derecha, el PSOE reitera su apoyo incondicional a los franquistas del gobierno, dando por bueno su simulacro de democracia. Esto lo legitima, al parecer, para no tomarse el trabajo de buscar un entendimiento en Cataluña sustituido por una etérea llamada a un diálogo que no se ha producido nunca, no se produce ahora y no se producirá jamás por cuanto el nacionalismo español solo entiende una forma de relación de Cataluña con España, la de la sumisión y el silencio ante los abusos.

Es un espectáculo patético el del nacionalismo español dando palos de ciego, superado en todo momento por la Generalitat. Ayer el Parlament aprobó la Ley de Transitoriedad para el caso de que gane el "sí" en el referéndum, cumpliendo así la promesa de Puigdemont de "ir de la ley a la ley", impertérrito el bloque del sí ante las amenazas de las autoridades españolas que no pueden hacer otra cosa que eso, amenazar.

Al propio tiempo, el Parlament pedía investigar judicialmente a Rajoy, Santamaría y Fernández Díaz por los delitos que hubieren podido cometer en la "operación Cataluña". 

Unos presuntos delincuentes encargados de aplicar ley en España.

dijous, 7 de setembre del 2017

"¿Es una algarabía? No, Sire, es una revolución"

El País no anda bien de chispa periodística. Quizá le parezca exagerada la similitud con la famosa información del duque de La Rochefoucauld a Luis XVI, aunque es pertinente. Pero podría haber hecho un juego más de casa, componiendo una portada con el títular: "Golpe del Parlament. El País, con la Constitución". Al fin y al cabo, es el espíritu del titular real: "Los separatistas imponen...".

Claro que es una revolución. Encabezada por el Parlament, cual suele suceder. Y con un pueblo detrás, el que lo ha elegido y le ha mandatado. Los parlamentos se mueven a golpe de gestos simbólicos, hoy magnificados por los medios. La imagen de la jornada es la aprobación de la Ley del referéndum, la que echa a andar el proceso para que los catalanes y catalanas decidan si quieren constituirse en República independiente o seguir como están.

El referéndum no es la independencia. El referéndum es una pregunta, no es una respuesta. No haber entendido algo tan sencillo puede costar a los nacionalistas españoles quedarse sin país. Porque si imponer lo que en otras partes del mundo civilizado se hace negociando sin problema cuesta tanta tensión, tanto conflicto, tanta confrontación, la mayoría acabará concluyendo que, en efecto, lo mejor es romper cuanto antes porque esto no tiene arreglo.

Sí,  es una revolución. La revolución de la República catalana. Los dos partidos dinásticos, cerrados en banda a la posibilidad y la excrecencia de Ciudadanos, también, pues el enfrentamiento con el independentismo venía de cuna, de cuando Rivera se fotografiaba in puribus. Pero ¿y Podemos? Es sarcástico que quienes venían cabalgando a lomos de la revolución no la hayan visto pasar a su vera hasta que han comprobado que ellos cabalgaban en un Clavileño.

¿Por qué no entendió el nacionalismo español la diferencia entre referéndum e independencia? Aparte de por pura incapacidad o por la consabida tirria hispana al pragmatismo porque, en el fondo, no es democrático ni cree en el principio democrático sino que se aferra de modo fetichista al principio de legalidad. Ese enunciado que comparten PP y PSOE frente a Cataluña de que sin ley no hay democracia es una tontería. Sin ley no hay democracia. Y con ley, tampoco. Las Leyes de Nürnberg eran leyes y el régimen, una tiranía. Todo depende de la ley y de la democracia.

Solo la ignorancia de aquella diferencia y también del sentido vivo de democracia explica un exabrupto como el de la vicepresidenta del gobierno: hoy hemos vivido una patada a la democracia en el Parlament. Quiere decir puntapié seguramente. El Parlament propinando una "patada" a la democracia. ¿A qué democracia?

"Sí", responden quienes de buena fe en la izquierda se oponen al independentismo "la democracia del PP no es democracia (forma elegante de sintetizar años de saqueos, estafas, ilegalidades, gürteles, Lezos, Bárcenas, leyes mordaza, etc) pero lo suyo no es saltarse la ley, sino reformarla". Quienes dicen esto saben (o debieran saber) que la minoría catalana jamás será mayoría en España, jamás podra reformar las leyes y deberá someterse siempre a la tiranía de la mayoría.

"Bueno", dicen otros seguramente también de buena fe, "en todo caso, no hay que tirar el niño con el agua sucia ni confundir el gobierno del PP (corrupto y profundamente antidemocrático) con el Estado. Alguna vez cambiará el gobierno, regirá la izquierda y el Estado español cambiará".

Eso es falso. Lo niega la experiencia histórica y lo niega la propia concepción de España de la izquierda que, en lo sustancial, es la de la derecha. Véase si no:

La transición fue un proceso hoy muy cuestionado pero que, en todo caso, traía unos compromisos implícitos de carácter incluso lógico. El más evidente era que el franquismo se había acabado y nadie lo resucitaría. Justo lo que la derecha se ha puesto siempre a hacer al llegar al poder y, a partir de su arrollador triunfo electoral de 2011, a marchas forzadas: restaurar el franquismo. De modo vergonzante porque solo los más tontos de ellos se siguen declarando franquistas, pero efectivo. Apenas llegados a La Moncloa en 2011 suprimieron de un plumazo el pluralismo en RTVE, devolvieron la enseñanza a la Iglesia, pretendieron suprimir el aborto, reformaron la justicia para encarecerla y privar de ella a los más necesitados, destruyeron el régimen jurídico laboral, desmantelaron la sanidad pública, promulgaron una ley Mordaza, saquearon el fondo de pensiones y se dedicaron a enriquecerse ilegalmente, ellos y su partido, a cuenta de los contribuyentes que, en España son las clases medias y bajas.

No hay garantía alguna de que esto no vuelva a suceder (de hecho sigue sucediendo hoy día; la Ley Mordaza sigue en vigor y se sigue multando a la gente a capricho de los agentes de la policía), sobre todo por la coincidencia de fondo que hay entre la izquierda y la derecha. La perpetuación del franquismo en todos los órdenes se mantuvo incólume durante los veinte años de gobiernos socialistas (Valle de los Caídos, Fundación Francisco Franco, callejero, honores, símbolos) y solo en tiempos de Zapatero se aprobó una menguada Ley de la Memoria histórica que los franquistas del PP han tirado a la basura.

En realidad, desde que el PP llegó al poder en 2011, en el PSOE había clara conciencia de que estaba desmantelando los pactos implícitos de la transición. En alguna ocasión lo mencionó Rubalcaba. Y era obvio. Como obvio era que se trataba de volver al franquismo sin Franco. Basta con ver el panorama de los medios de comunicación. 

Pero no se hizo nada. En cuatro años de mayoría absoluta de un PP echado al monte no hubo ni una moción de censura, nada digno de considerarse oposición. Al contrario: refugiado el PSOE de Rubalcaba en su política de "pactos de Estado" (que fueron tan dañinos a la izquierda como los "pactos de familia" para España), se complotó una Ley de Seguridad Nacional que se aprobó ya en tiempos de Sánchez y que, según se dijo entonces, no era "contra los catalanes". Esa misma a la que hoy se quiere recurrir contra los catalanes.

No, el Estado español no cambiará nunca. Salvo mediante una revolución.

La catalana.

dijous, 31 d’agost del 2017

Los dos mundos

Con independencia de los muy sesudos o encendidos análisis que nos esperan ante esta flamígera declaración de Jordi Turull a la salida del Consell Executiu, es de ley reconocer que tiene una resonancia fuerte, beligerante, arriesgada. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, exclamaba Danton. Hay un tono heroico en esa intención, un sentido trascendental en ese con todas las consecuencias.

Para calibrar estos aspectos, nada mejor que recordar la filosofía profunda del gobierno de Rajoy: "sensatez, sentido común, nada de ocurrencias". La política como gestión "razonable" de lo cotidiano. Nada de saltos en el vacío. Para Rajoy, Puigdemont y los indepes son un grupo de insensatos con tendencias delictivas que será preciso cortar en su momento.

Para Puigdemont y los indepes Rajoy y, en general, la clase política española son la materialización de la corrupción, el desgobierno, la irresponsabilidad y el maltrato a Cataluña. La lucha contra estos males no se limita al fangoso territorio de las leyes, los reglamentos, los recursos y contrarrecursos, sino que se lleva al terreno político de la movilización popular para obtener un cambio político radical y esto solo es posible hablando de valores, de principios, y dando ejemplo.

Son los dos mundos que se enfrentan aquí y ahora en España. Del resultado dependen muchas cosas.

dilluns, 28 d’agost del 2017

Una dieta de sapos

Los rostros de la imagen lo dicen todo. Ls autoridades españolas pasaron la manifestación entera tragando sapos. Se empeñaron en asistir a un acto en protesta por un atentado que no fue previsto y en cuya solución no tuvieron nada que ver. Al tiempo, esa presencia se concibió, organizó y explicó a la opinión pública como una muestra de unidad contra el terrorismo. La unidad ¿de quién? La presencia del Jefe del Estado, el gobierno y la oposición entera, así como un largo séquito de políticos lo dejaba bien claro: la unidad de la nación española.

Cuando, en los prolegómenos de la manifestación, se criticaba la "politización" de esta por los independentistas y se advertía de que no se llevaran banderas, en realidad, ya estaba "politizada" desde el momento en que se ponía al servicio de una idea de nación sin duda mayoritaria en España, pero quizá no en Cataluña. La CUP, se recordará, bajó las ínfulas al Rey, negándole la presidencia del acto con razones críticas de mucho peso. Y la Corona aceptó, prueba de que su máximo interés era poner al Rey en Cataluña, reconquistar el corazón de los catalanes y reconstituir la mortecina nación española.

La manifestación estaba politizada por el nacionalismo español desde su inicio. Desde el comienzo mismo del acto aparecieron algunas banderas rojigualdas, casi todas sin crespón, que aspiraban a ser un mar de oro y fuego. Para ello se había destacado a algunos nacionales que regalaban banderas españolas de plástico y no las cogía nadie. El mar se quedó en charco. El fracaso en la politización de la derecha nacional española fue patente durante todo el recorrido de la manifestación, con abucheos y pitos al Rey y letreros muy críticos hacia él.

A su vez, la proliferación de señeras y esteladas, además de ser tan legítima como la española, pone de relieve que en Cataluña hay una opinión muy sólida a favor de la independencia y muy crítica con el modo en que se ha administrado y se administra el país. En realidad, Cataluña es la única oposición real al gobierno del PP porque lo es también al Estado del que emana. La izquierda española podría distinguir ambos momentos, oponiéndose al gobierno, aunque no a su Estado, pero lo cierto es que no ejerce apreciablemente como tal oposición en ninguno de los momentos. La cuestión catalana prevalece en la política y, en ella, el punto fuerte es la unidad nacional española.

Rajoy señala que estamos orgullosos de haber ido a Barcelona. Las afrentas no las escuchamos. La traducción con un embustero sistemático nunca falla: no están orgullosos de haber io a Barcelona sino muy irritados y todavía les zumban los oídos con los pitos, los abucheos, las imprecaciones y los letreros.

Son los sapos que han de tragarse quienes gobiernan en provecho propio e interés de los suyos y en detrimento de la mayoría de la población. Es verdad que les vota una mayoría, pero también lo es que se trata de una mayoría relativa exigua, de una tercera parte; que muchos de quienes les votan lo hacen manipulados por unos medios de comunicación al servicio del PP; y que, además, ganan con todo tipo de trampas e ilegalidades. Más sapos por tragar.

Ahora tienen un problema real. Por mucha que sea su capacidad de tragar sapos, no están en condiciones de detener el referéndum del 1/10. A la desesperada la prensa especula con la posibilidad de dividir el bloque independentista de JxS mediante un entendimiento entre ERC, Podemos y los Comunes con vistas a unas elecciones autonómicas, dando por inviable el referéndum. Y se advierte que algo así haría trizas al PSOE. Asoma la vieja querencia.

Lo anterior es posible, cómo no, tratándose de intereses políticos. Pero mucho más posible y probable será la destrucción de ERC si esta aparece como directa o indirectamente responsable del fracaso del referéndum. Todo lo que vaya contra el referéndum tiene mala prensa en Cataluña. Subsiguientemente, también quedaría tocado Podemos por adoptar decisiones prácticamente en secreto. 

El independentismo es un río de no retorno.

dijous, 24 d’agost del 2017

Objetivo prioritario, Cataluña

La Operación Cataluña que forzó comisiones de investigación en el Congreso y en el Parlament tenía ramificaciones y raíces. Se han descubierto con el desastre de la gestión del atentado de la Rambla a cargo del gobierno central y la contundente acción de los mossos catalanes.

A estas alturas, lo de menos son las minucias y los detalles secundarios, a los que suele darse una importancia desmesurada para tapar debates de mayor trascendencia. Se entiende la preocupación de El País por cargar contra los mossos, desmerecer algo su trabajo y ocultar la ridícula incompetencia del ministerio del Interior y el gobierno. Ha sido todo demasiado llamativo. Sin embargo, es indiferente llegar a una conclusión respecto a estos asuntos específicos, sobre si la comunicación llegó o no llegó, si unos fueron y otros no, y quién hizo qué y cuándo. Probablemente nunca quedarán las cosas claras del todo. Ni falta que hace.

La evidente descoordinación (incluso enfrentamiento) entre las fuerzas de seguridad es el verdadero problema de fondo. Y mucho más lo es que se demuestre haber sido  política deliberada del gobierno torpedear la acción de los mossos así como negar a estos información y recursos que les eran vitales. Que esto es política deliberada se ve en las mentiras de la vicepresidenta quien justifica la falta de acceso de los mossos a la información de europol en una decisión de este órgano. Tiempo ha faltado al tal para desmentirla, asegurando que la cuestión de los mossos es un asunto interno de España como se ve por el hecho de que la Ertzaintza sí tiene acceso a Europol. Y la Ertzainza tiene ese acceso porque el PNV apoyó los presupuestos del gobierno. 

Los mossos, en cambio, no porque la Generalitat está en una actitud díscola. Así que la Ratita Hacendosa los castiga a no entrar en el club de los informados. Dos facetas denota esta actitud. Una, de patrimonialismo casi infantil por cuanto la vicepresidenta gestiona con caprichos de favoritismo político. Otra una irresponsabilidad sin límite puesto que esos caprichos afectan de forma directa a la seguridad de la ciudadanía.

Es el Estado, es el gobierno, quien actúa en contra de los mossos, boicotea su actuación, la cuestiona, la debilita. Y esto no es reciente. Viene del comienzo del mandato de Fernández Díaz. Un hombre que, además de condecorar vírgenes, puede ver con regocijo que alguien destroce la sanidad catalana seguramente hará lo inimaginable por destrozar también la seguridad colectiva. De hecho, para eso parece haber montado una especie de "policía política" no al servicio del Estado, sino del gobierno del PP, o sea, del PP. Una policía de partido, igual que hay jueces de partido que actúan como tales a cara descubierta. 

El proceso independentista catalán está poniendo de manifiesto la incompetencia del Estado español en los aspectos político, judicial y policial. Añádase la corrupción estructural y calíbrese la autoridad y legitimidad de este Estado y este gobiernoa la hora de enfrentarse al independentismo catalán.

diumenge, 20 d’agost del 2017

Las reacciones

Dudo de que haya otro lugar del planeta en que un atentado como el de la Rambla provoque tal alud de respuestas inhumanas, crueles, inmorales, estúpidas o ruines. Algo deben de tener Cataluña y los catalanes para suscitar reacciones tan repugnantes y sacar lo más bajo que muchas personas llevan dentro.

Y no es nuevo. Es motivo permanente. Cada vez que hay un accidente o desgracia con víctimas catalanas aparecen en la redes comentarios catalanófobos generalmente delictivos. No, no es nuevo. Cuando algún mal castiga Cataluña, mucha gente en España -que envidia y odia a los catalanes- se alegra y hace chistes sobre ello. Muchos, supongo, son los que luego se lamentan de que los catalanes quieran independizarse, están en contra de la idea y, si les dejaran, matarían a todos los independentistas con el sacro fin de preservar la unidad de esta patria en la que da asco vivir con gente como ellos.

Tres observaciones sobre tres tipos de reacciones, sin ánimo de ser exhaustivo entre los cientos de declaraciones, gestos y actitudes que se han prodigado en las últimas horas.

La hipocresía oficial. Tanto el Rey como el Sobresueldos y la Ratita Hacendosa y el pintoresco ministro del Interior, tardaron horas y horas en comparecer, dejando así bien claro que España y Cataluña son dos países distintos y sin grandes relaciones entre sí. El de Exteriores no se dignó interrumpir sus vacaciones en la embajada del Ecuador, sufragadas por partida doble por todos los españoles. El Rey, que estaba en otro país, no ha aclarado en cuá, y el Sobresueldos compareció finalmente a balbucear las habituales vaciedades mientras no podía evitar que fueran filtrándose noticias sobre el boicot a que el gobierno de España viene sometiendo a la consejería de interior de Cataluña por razones políticas poniendo en peligro la seguridad de los catalanes. Todos a una clamaron por una unidad que no existe, que se han inventado y que ellos han roto siempre que han podido cuando dicha unidad podía beneficiar a Cataluña.

Una reserva a este respecto. Habrá que exigir responsabilidades y estudiar cuáles hayan sido los fallos, los errores o las medidas de sabotaje mal intencionadas. Pero, mientras no haya pruebas fehacientes, nada, absolutamente nada autoriza a culpar del crimen a ideas o personas distintas de los autores materiales. Por eso los fascistas que pasan por periodistas y demócratas en los lamentables medios españoles y que acusaban ya desde el primer momento al proceso independentista o a la CUP lo único que están haciendo es justificar que otros culpabilicen directamente a la guerra sucia del gobierno y lo hagan responsable de lo que se llama un "atentado de falsa bandera" para buscar un pretexto que le permita intervenir y militarizar Cataluña. ¿Sacado de quicio? Es posible, pero, que yo sepa, la "operación Cataluña" de las cloacas del Estado no la organizó la CUP sino el ministro meapilas entre virgen y virgen.

La canalla de derechas. Las redes se llenaron de comentarios delirantes en los que los periodistas a sueldo de la derecha vertían ignorancia y odio contra todo lo que les molesta en un intento de criminalizarlo. Isabel San Sebastián relacionaba el atentado con el cuento de la reconquista  que siempre ha servido a la derecha para falsificar la historia de España con sus patrañas nacionalcatólicas y atizaba el odio contra el islam con un hediondo hálito de cruzada. Alfonso Rojo se metía con los "progres" por su manía de distinguir entre una confesiones y otras cuando a él, probablemente, lo único sensato debe de parecerle meterlas a todas en el mismo barco y hundirlo, ya que la sola religión que debe de aceptar este elemento es la de la pastuqui por programa . El inefable Tertsch hacía una amalgama juntando en un solo tuit la Rambla, Podemos, la CUP, el Gulag, etc., en el mejor estilo estalinista que, en realidad, es el suyo. Escenificación de esta farsa cavernaria,  un editorial de El País y un artículo de Lluís Bassets en el mismo medio relacionando el terrorismo islamista con el independentismo. Por no hablar de la velocidad de todos los fantoches de la tele -Quintana, Griso, Ferreras- en interrumpir sus vacaciones para darse un baño de morbo y pujar el share, que es lo que importa.

La canalla de izquierdas. Cuando se trata del independentismo catalán, ya sabe, las tenues diferencias entre la izquierda y la derecha española se difuminan y todo es derecha; derecha patriótica, nacional. Así que toda la sedicente "izquierda" española murmuró unas atribuladas jaculatorias unitarias, copiando, como siempre,  a la derecha, y en algún caso, hizo el habitual alarde de catalanofobia de rigor. Sirva como ejemplo la viñeta de Peridis ayer en El País en la que se insinua fariseamente una relación causal entre el independentismo catalán y el atentado. Ese dibujo es un juicio moral innoble que necesariamente tiene que provocar indignación en quien sepa dos cosas: a) el atentado no tiene nada que ver con el proceso; b) el proceso parecerá bien o mal a distintos públicos, según sus objetivos, pero es pacífico, democrático y mucho antes víctima (ya lo está siendo, perseguido por los amigos de Peridis) que victimario.

Ante  la oleada de reacciones contrarias a esta mala baba del dibujante, su jefe en el periódico, Antonio Caño, sacó un tuit defendiéndolo con una arrogancia tan extrema y necia que uno se pregunta si el hombre está en sus cabales y sabe de lo que habla. Decía Caño: Con todos los respetos, no voy a permitir que se denigre de forma tan ruin una ejemplar trayectoria profesional. No se sabe con qué medios materiales cuenta Caño para conseguir su objetivo, aparte de la manipulación y la censura, sus favoritos. No se sabe cómo impedirá que el propio Peridis destruya esa "trayectoria profesional" demostrando lo que es en el fondo. Por último, ¿acaso cree él que su propia trayectoria profesional al servicio del PP, la caverna y los intereses personales de Cebrián, le dan autoridad para defender a alguien?

Y si Caño, periodista del régimen, lanzaba sus bravatas en defensa de su obediente plumilla, el genio del socialismo que entretiene sus ocios en el Parlamento Europeo, Elena Valenciano, coincidía con el sucio espíritu de Peridis y se deshacía en elogios: Del maestro . Inteligente, agudo y -sobre todo- humano. y no

Que los dioses nos libren de estas lumbreras que ven inteligencia, agudeza y humanidad donde no hay más que estulticia, bastedad e inhumanidad.

¿Se entiende por qué el independentismo catalán es tan fuerte? 

Y más que será.

dissabte, 19 d’agost del 2017

Un plan para Cataluña

Tal cosa promete el PSOE para el próximo 28 de agosto, festividad de San Agustín de Hipona, el autor de La ciudad de Dios contra los paganos. Ya puede ser bueno un plan para Cataluña que bajo tal advocación amanece.

De antemano debe reconocerse a la iniciativa socialista el valor de procurar una solución dentro del marco institucional de legalidad en el que quiere moverse. No es mucho, pero es infinitamente más que la inoperancia del gobierno durante todos estos años, producida por un complejo de indolencia, incompetencia, indiferencia e ignorancia. A lo que debe añadirse una actitud de desprecio y agresividad.

Admitir que Cataluña es sobre todo un problema español y el principal, como lo fue en su día el País Vasco es un gran avance, aunque parezca mentira. Reconocer, al mismo tiempo que lo de Cataluña, siendo más grave para España que fue lo del País Vasco, no puede resolverse por los procedimientos que allí se emplearon es un avance sobre el avance. Pero no tendrá efectos positivos de no venir coronado el reconocimiento por un plan para Cataluña que no solo acepte el Parlamento español, sino tambien el catalán. Y esto es muy problemático.

El plan ideal, para Palinuro, especie de "programa máximo" de la oposición, sería un referéndum pactado que permitiera aplazar prudencialmente el del 1/10. La garantía habría de contar con el voto favorable cuando menos del PSOE, el PP y Podemos.

Esa posibilidad suena inverosímil en principio porque los mismos proponentes la excluyen al afirmar que su propuesta tiene la finalidad de desconvocar el referéndum del 1/10 al que consideran ilegal. Bien. En sentido estricto, la objeción es a la ilegalidad, no al referéndum en sí mismo. Es decir, efectivamente bien podría el PSOE presentar un plan para Cataluña consistente en desconvocar el referéndum del 1/10, convocándolo para uno o dos meses más tarde como referéndum pactado. Con lo cual ya no sería ilegal, que era el gran obstáculo.

Aun así, es poco probable que el PSOE la formule y el Congreso la apruebe. Por eso, el PSOE se remite a la sabiduría agustiniana y quiere formular un proyecto de convivencia tan sugestivo y prometedor para los indepes catalanes que les haga olvidar su precioso referéndum como si bebieran las aguas del Leteo. Es difícil imaginar qué propuestas puedan los socialistas presentar para que, en el análisis de costes/beneficios de los indepes, los beneficios de aceptar sean superiores a la celebración del referéndum.

En realidad no es difícil; es imposible. Se echa de ver no en el fondo del proyecto de un plan para Cataluña, sino en su forma: como debate y decisión del Congreso español que podría, incluso imponerse (es imaginable) en contra de la voluntad de los diputados indepes. Estos no aceptarán una fórmula impuesta por el Parlamento español (adoptada, además, como resultado de una muy improbable reforma constitucional) y el Parlamento español, probablemente, no aceptará debatir la fórmula de acuerdo catalán en una negociación bipartita de igual a igual.

Así que el plan para Cataluña se antoja poco viable. De momento.

dijous, 10 d’agost del 2017

Sentido común y sensatez

Es el lema invariable de Rajoy en lo que le interesa. Los demás son siempre unos insensatos, faltos de sentido común y sobrados de ocurrencias. La sensatez y el sentido común son su patrimonio. Basta con ver la increíble saga de la corrupción bajo su gobierno. Puro sentido común. En donde todos roban, lo sensato es robar. Sensatez y sentido común pide el presidente en Cataluña. Nadie le ha sugerido mentar el socorrido seny con el que es fama se derriten los corazones catalanes. A lo mejor no sabe pronunciarlo.

“Sentido común y sensatez". Los dos pilares sobre los que se alzará la nueva Cataluña española, rescatada de los radicales. Los grandes momentos piden estos sublimes binomios: “Orden y progreso”, “electricidad y soviets”, “Patria o muerte”, “tierra y libertad”. Lo de Rajoy es más burgués, más pantouflard. Nada de aventuras. Su alegato no va solamente contra la independencia de Cataluña (hipótesis que se niega a mencionar, como el nombre de Bárcenas) sino contra la realización del referéndum. 

Referéndum e independencia son momentos distintos. Puede haber referéndum y el resultado ser “no” a la independencia. Por supuesto, desde un punto de vista trascendental, aunque salga “no”, la independencia habrá ganado porque la celebración misma del referéndum es un acto de soberanía y bajo fuego enemigo. Pero habrá salido “no” y se abrirá una nueva incertidumbre en el contexto de unas elecciones.

Por eso, el problema no está en la independencia, sino en el referéndum, en el derecho a decidir o derecho de autodeterminación, sea cual sea el resultado. Eso es lo que Rajoy ha dicho al Rey para tranquilizarlo: que el referéndum no va a celebrarse. No sé si antes o después de que el Monarca perdiera su propia copa en una competición de veleros a manos de un catalán. Un pontífice romano lo interpretaría como un mal augurio. No habrá referéndum porque así lo mandan la sensatez y el sentido común.

En Cataluña el llamado al sentido común se hace pensando en los viejos dorados tiempos de Convergència i Unió, dos fantasmas del pasado. Pero a cambio pueden comprárselo los Comunes, que ya llevan un título medio apropiado. Las recientes declaraciones de Ada Colau negando ser o haber sido nunca independentista han provocado encendidas iras y mucha frustración entre los indepes. Pero hay un punto de ingenuidad o fanatismo en ello. Colau nunca se ha declarado independentista claramente, que yo sepa. El asunto no es nuevo. Otra cosa es que haya jugado a la ambigüedad y su formación, ahora los Comunes, también lo haya hecho o lo haya parecido pues entre ellos hay indepes y no indepes. Colau se cuenta entre los del “no”. Correcto e irreprochable. Está en su derecho.

Pero, ya lo hemos dicho, la cuestión no es la independencia, sino el referéndum, el derecho de autodeterminación. Ese sí es un compromiso expreso de los Comunes y de la alcaldesa. El sentido común que Rajoy quiere de los Comunes es que se opongan a todo referéndum. Dado que, en principio hay dos, el pactado y el no pactado, sería de ley que los Comunes aclararan si apoyan los dos o uno y cuál. Para que no haya ambigüedad. Al fin y el cabo, el lío que tienen montado los de Podemos con Albano Dante Fachín atañe a esta ambigüedad. La dirección nacional quiere que Podem se integre en los Comunes en especial en la cuestión del referéndum. Referéndum sí, pero pactado; no al no pactado. Dante Fachín sostiene que deben apoyarse los dos, ganándose así un furioso rapapolvo de sus instancias superiores, parecido a la “autocrítica” que la jefatura soviética hacía a los disidentes, antes de pasar a métodos más expeditivos. 

Y en el ínterin, la hoja de ruta sigue su marcha en una situación abierta en la que todas las hipótesis son plausibles y nadie sabe qué pueda pasar. En esta situación de calma agosteña, como siempre, el independentismo lleva la iniciativa política y del Estado solo cabe esperar medidas reactivas. ¿Qué haría cualquier estratega ante un enemigo a la defensiva? Obviamente, seguir atacando lo imprescindible y destinar recursos a fortalecer la propia posición, la retaguardia y el apoyo logístico. Aplicarse el viejo proverbio árabe: “primero ata tu camello y luego confía en Alá”. Porque, antes del temido “choque de trenes”, hay una prueba de fuerza de gran importancia mediática y simbólica, el 11 de septiembre. Ahí es donde el independentismo se volcará porque la Diada será la víspera del Referéndum, cuando se vislumbra finalmente la realización del “donec perficiam”.

Así lo viven los dirigentes independentistas y quienes los apoyan, como una ocasión histórica en sus vidas. El discurso del "sentido común y la sensatez” demuestra que el presidente no entiende nada de la situación en que se encuentra. Siendo el encargado, por voluntad propia, de encontrar una solución.

dissabte, 5 d’agost del 2017

Una real propuesta

Pues señor, estábame el otro día pensando de qué manera podría hacer alguna aportación constructiva y original al actual galimatías patrio y no daba con ninguna. Hasta que me acordé del Rey que, parece, anda a sus asuntos. La Constitución encomienda al Monarca una función de arbitraje y moderación de las instituciones y, pardiez, como están las cosas, no parece descabellado pedir que la ejerza. A ver qué se le ocurre. De hecho, me extraña no leer artículos sesudos sobre la institución de la Corona y la figura del Rey en un momento de aguda crisis constitucional. No deben estar claras las cosas cuando legistas, escribas y otros palmeros no hagan acto de grave presencia.

Directos al grano. Quienes aseguran firmemente respetar y querer a los catalanes, considerarlos nación y miembros voluntarios a la vez de la supernación española, estarán dispuestos a hacerles justicia. Para ello, ¿qué tal si Felipe VI se presenta en la próxima Diada en la ofrenda floral a Rafael Casanova, reconoce la nación catalana y anula los Decretos de Nueva Planta?

Resulta estrambótico, ¿verdad? Pero a los políticos, dirigentes y estadistas no se los puede medir por las pautas y usos de los probos y diligentes funcionarios del mero sentido común y la rutina (aunque casi todos ellos se limiten a eso) sino por decisiones audaces, de gran alcance, por actos simbólicos que cambian la forma de vida de la gente y dejan huella. Felipe VI arrastra un problema originario de legitimidad. A falta de someter su trono a referéndum, que sería lo más acorde con el espíritu de los tiempos, cuando menos podría tener el gesto de reparar una injusticia histórica con los catalanes (y, por supuesto, països catalans) y devolverles sus libertades, prometiendo, además un Estado compuesto con una monarquía bicéfala, como los Austrias. Si le sale, le sale.

De inmediato se recordará al Rey que entre sus inexistentes atribuciones tampoco está la de dejar sin efecto la Constitución española en una ofrenda floral. Y mira que no es mala idea por tratarse de una Constitución que nunca ha sido tal, sino un instrumento primero de dos partidos y, luego, solo de uno.

Para no frustrar la regia y humana voluntad de pedir perdón por la injusticia de hace 300 años (nacimiento verdadero de la “nación española” a sangre y fuego), el Parlamento, en debate plenario, quizá a petición de los indepes catalanes, podría autorizar al Rey a ese acto de reparación histórica. 

Con esto no se quiere decir que los republicanos fuéramos menos republicanos ni los independentistas menos independentistas, pero sí que ofreceríamos al adversario juego limpio en un referéndum sobre la República en toda España y en Cataluña, además, sobre la independencia. La idea es estupenda y solo me protege de las críticas por dar ideas al adversario el hecho de que este es tan cerrado de mollera que algo así no se le pasa por su colectiva y huera cabeza.

La imagen es una foto de la Cancillería del Ecuador bajo licencia CC

dissabte, 22 de juliol del 2017

La bolsa o la patria

El gobierno solo gobierna para (contra) el independentismo. Bueno, y también para sobrevivir procesalmente. Pero eso es ahora menos importante. La nueva política, la policy en el sentido inglés, que recuerda más a la policía de la llamada Ciencia de la policía del reino de los clásicos, apunta directamente al bolsillo de los precitos catalanistas. Colectiva y preventivamente a base de dejarlos sin dinero cuando se apresten a cometer alguna fechoría o personalmente cuando la hayan cometido, a base de confiscar sus patrimonios, de ellos y de sus familias.

De hecho, esta medida de política pública, como la llaman los especialistas, al abreviar a una semana los plazos de rendición de informes presupuestarios de la Generalitat, equivale a una intervención, una forma de aplicación subrepticia del 155. En el doble sentido financiero y político que, evidentemente, depende del primero. Se trata de una decisión de asfixiar a un órgano legal autonómico democráticamente constituido para que no pueda aplicar el programa que se le ha encomendado. Es una médida típica de burócrata, de astuto leguleyo, experto en lances sobre si las subvenciones son finalistas, graciables, discrecionales, etc. Hasta es posible que sea legal. Eso se dilucidará en la correspondiente batalla jurídica en puertas y que, probablemente, perderá la Generalitat si no es de una forma, de otra.

Pero políticamente es un dislate. Deja a las autoridades autonómicas en pleno uso de sus competencias pero les imposibilita la acción. Es decir, les facilita un discurso de persecución y martirio que tiene mucha fuerza movilizadora social. Esta puede convertirse en indignación generalizada si las restricciones financieras se hacen sentir en la vida cotidiana. Y acelerar el proceso de confrontacion si, a la vista de la asfixia del gobierno, el Parlament declara una DUI o si, las medidas incendian la calle, cosa nada absurda, vistos como están los ánimos. El País vaticina, encuesta en ristre, que el apoyo popular al independentismo sigue bajando. Aguante el diario un tanto el aliento y observe cuánta gente saldrá a la calle en la próxima Diada, preludio del referéndum que, a lo mejor, no puede realizarse por impedirlo el gobierno por la fuerza. Los avatares judiciales de las autoridades catalanas que puedan seguirse de esta confusa dinámica, añadirán más leña al fuego que para entonces ya será una hoguera en la que arderá el escaso prestigio de España como Estado de derecho, respetuoso con los de sus ciudadanos, sean de la nación que sean..

El PSOE/PSC muestra sus reservas respecto a la política de la caja aunque, como de costumbre, no propone gran cosa a cambio. Al menos, podía entender que respaldar al PP en la mano dura con el referéndum y coadyuvar a impedirlo solo deja como solución una elecciones autonómicas adelantadas en un clima de mucha conflictividad cuyo resultado puede ser aun peor para sus propósitos (sin duda muy nobles e hispánicos)  que el de un referéndum. ¿Qué haría el gobierno central con una mayoría absoluta independentista renovada, incluso ampliada?¿Intervenir de nuevo? ¿Disolver? ¿Convocar elecciones una y otra vez hasta que estos catalanes tozudamente alzados voten correctamente?

Porque supongo que a nadie se le habrá pasado por la cabeza no solamente impedir el referéndum, sino suspender las elecciones. Supongo.

dissabte, 8 de juliol del 2017

El desconcierto

Menos mal que esto del referéndum catalán (el llamado desafío independentista de la prensa, dada a titulares fuertes) era un asunto que no interesaba a nadie y del que nadie se preocupaba, salvo dos o tres agoreros; menos mal que era la periódica pataleta victimista de los catalanes, siempre tratando de rebañar para casa; que era un asunto de cuatro corruptos del clan Pujol para tapar sus vergüenzas; una pelea interna entre los partidos nacionalistas por la hegemonía; una especie de chantaje de las elites nacionalistas; algo de iluminados y minorías radicales que se disolvería en el seny. Menos mal que no iba a ninguna parte, estaba condenado al fracaso y no merecía la atención de las personas sensatas.

Sí, menos mal, porque si llega a estar presente y hacerse ver en la vida pública española la monopolizaría al extremo de que no se hablaría de otra cosa. 

En realidad, más o menos, así ha acabado sucediendo. El desafío ha trastornado el conjunto del sistema político, tiene al gobierno paralizado y a los partidos, singularmente los de la izquierda, sumidos en el desconcierto y en crisis. La fractura que hay en Podemos entre el partido español y su pseudópodo catalán, Podem, es una manifestación más de cómo el referéndum divide a la izquierda española, entendiendo por tal también el conglomerado de los comuns.

Por el momento y a reserva de que la nueva mediación de Sánchez dé algún resultado tangible, tenemos un gobierno inmóvil, comprometido a evitar la celebración del referéndum, pero sin explicar qué medidas tomará y con qué medios. Frente a él una Generalitat, tozudamente alzada, dispuesta a realizar el referéndum el 1º de octubre, a darle carácter vinculante y actuar en consecuencia.

Con el "no" descontado del gobierno y a reserva, insisto, de que la intervención de Sánchez dé algún resultado, son dos las posibilidades: a) el referéndum no se celebra porque el gobierno central lo impide por la fuerza; b) el referéndum se celebra en condiciones similares a las del 9N y el gobierno se apresura a declarar que el resultado carece de eficacia jurídica.

En cualquiera de los dos casos, las consecuencias van a agravar y prolongar el conflicto. Este es el principal motivo por el que lo más razonable es permitir y organizar la celebración de ese referéndum. Porque no hay otra propuesta mejor. 

dijous, 6 de juliol del 2017

Arreglando el mundo

Los convoca Vocentro a una mesa redonda para recordar las elecciones de 1977, 40 aniversario, y se pasan el rato hablando de Cataluña y lo que la prensa llama "el desafío independentista". Qué afortunados los españoles de haber tenido a estos tres linces de presidentes. Linces lentos. Hace cinco años ninguno creía que el ascenso del independentismo catalán fuera asunto relevante en la política española. Rajoy calificaba las Diadas de asistencia millonaria de algarabías. Y ahora es de lo único de que hablan. En contra, naturalmente. Con lo que les gusta rememorar las elecciones del 1977 y los gloriosos momentos posteriores. Pues nada, a darle a la matraca del independentismo, según expresión castiza de la vicepresidenta a quien no hacen caso ni los suyos.

Los dos socialistas se enredan en difusos arbitrismos que se condensan en la vaga propuesta de la reforma constitucional. Piensan que el mero hecho de que los amos del cotarro admitan que cabe reformarlo debe ser suficiente para que los indepes se den por satisfechos y depongan su ilegal actitud. Luego ya se verá qué y cómo se reforma. Un federalismo por aquí, una vuelta al Estatuto de 2006, previo al cepillado de Guerra y el emasculado del TC y tan contentos. Zapatero se lía de tal modo que no hay modo de saber si se refiere a los españoles o a nuestros hermanos del otro hemisferio. Y González, más dado a lo especulativo, se maravilla de que nadie dude de la identidad de Cataluña pero sí de la identidad de España. ¿A qué creerá que pueda deberse tan sorprendente circunstancia? No está muy seguro pero afirma que no hay un problema de España-Cataluña, sino uno de Cataluña consigo misma.

Y dos huevos duros más, por supuesto, a cargo de Aznar, con ese estilo de la frontera que le caracteriza. No solamente no hay un problema entre España y Cataluña sino que "antes de romperse España, se romperá Cataluña", lo cual hace patente la lógica patafísica de la derecha. Porque, si Cataluña es España sin sombra de duda, ¿cómo puede romperse Cataluña sin que, por eso mismo, se rompa España? Pues muy sencillo: porque, en el fondo, no creen que Cataluña sea España.

Sí, es un problema de Cataluña con España porque es un problema de España consigo misma.

Mientras tanto, Cospedal tiene ya presto el ademán y la orden por si las fuerzas armadas han de intervenir en defensa de la Constitución, bárbaramente atacada por unas urnas.

En el frente judicial, el Tribunal Constitucional ha anulado la disposición de que la Generalitat habilite créditos para el referéndum. El País lo celebra con alborozo: Puigdemont se queda sin dinero para el referéndum. Me da que estos independentistas hacen una emisión de bonos de la independencia, reembolsables con intereses por el futuro Estado catalán. Sería una forma contundente de comprobar la solidez del apoyo social al independentismo.

dimecres, 5 de juliol del 2017

Auto de terminación

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat que no puede llamarse "Auto de terminació" porque el catalán no admite ese juego de palabras, como sí lo permite el castellano.

La idea es clara y no requiere mayor comentario: la Ley de Autodeterminación de Cataluña es, en realidad, un auto de terminación de este conflicto que nunca debió haberse producido.

A continuación, la versión castellana:

Auto de terminación.

El proyecto de ley presentado por el Govern en el Parlamento y explicado luego por el presidente Puigdemont es un paso decisivo en el proceso catalán. Será aprobado en agosto y vendrá acompañado de una ley de transitoriedad que, paradójicamente, vendrá a poner fin a una situación transitoria que ya se prolonga demasiado tiempo.

Demasiado tiempo hablando del “derecho a decidir”, eufemismo para no herir susceptibilidades unionistas (siempre a flor de piel) para acabar por donde habría que haber empezado: proclamando el derecho de autodeterminación de los catalanes, como nación que son. Y eso, diga lo que diga el Tribunal Constitucional español (TCE), que no es tribunal ni constitucional sino solo un órgano político y represivo más del Estado y cuya competencia para determinar si una colectividad es una nación o no es inexistente.

El proyecto de Ley de Autodeterminación de Cataluña, en realidad, incorpora una especie de auto de terminación porque viene a poner fin a un conflicto cuyos rasgos pueden resumirse en tres momentos: a) el pasado, desde los orígenes hasta la inepta sentencia del TCE de 2010; b) el presente, el auge del independentismo en el último decenio provocado por la creciente convicción de que no hay posible encaje de Cataluña en el Estado, salvo que acepte su desaparición como nación; c) el futuro, cuando los catalanes, habiendo tomado la iniciativa, deciden constituirse como Estado, ignorando los obstáculos que opone el español, deslegitimado, corrupto, autoritario, fracasado e incapaz de encontrar una solución democrática y satisfactoria al conflicto.

Por eso, el proyecto de Ley de Autodeterminación es, además, un auto de terminación de una situación absurda e insostenible. Un gobierno y un partido corruptos, infestados de ladrones, reaccionarios, clasistas y meapilas, capitaneados por el responsable político (y, en buena medida también penal) del desaguisado carece de toda autoridad moral para imponer el cumplimiento de la ley que ellos mismos violan cuando les interesa. Un gobierno y un partido que han arruinado el país, esquilmando a los pensionistas en favor de los banqueros, pretenden ahora que los catalanes acepten resignadamente el saqueo de que son objeto, renuncien a sus derechos y se sometan a la tutela de una clase política española neofranquista, tan estúpida y centralista como inmoral.

Para ello cuenta con la ayuda del principal partido de la oposición, el PSOE, cuyo nacionalismo español es tan de cuarto de banderas y tan ignorantemente imperial como el de las derechas. Sánchez, la fracasada esperanza de un punto de vista nuevo en este conflicto, sale de su entrevista-pleitesía con el Borbón diciendo que lo nota “muy preocupado con Cataluña”. Va a resultar que el que parecía tonto lo es mucho menos que sus cortesanos. ¿O es que a Sánchez no le preocupa Cataluña y cree que Felipe VI exagera?

Por si acaso, la ministra Secretaria General del Movimiento pepero traduce a términos castrenses las sordas amenazas a los catalanes que soltó el otro día el Borbón, tras reconocer que el régimen al que él debe el trono era una dictadura. Una dictadura sobre la que, según sus propias palabras, no podía construirse porvenir alguno de España, por ejemplo, su trono, sostenido sobre más de cien mil fosas anónimas con otros tantos asesinados por el dictador que nombró rey a su padre, como podía haberlo nombrado chambelán de retretes. Recuerda la ministra Cospedal lo innecesario: que la última ratio de esta banda de presuntos delincuentes que ha destrozado España es el ejército, un ejército que lleva trescientos años sin ganar una guerra internacional y las únicas que ha ganado han sido civiles, contra su propio pueblo y si no estaba bien armado.

Tal es la legitimidad y autoridad de la monarquía española sostenida por una oligarquía tradicional nacionalcatólica y corrupta, con el apoyo de una izquierda sumisa, sin proyecto propio, asustada ante las sempiternas baladronadas de una derecha que monopoliza el nombre de un país que nunca tuvo clara su viabilidad pero al que ella, heredera de Franco y el propio Franco, han destruido para siempre.

Así que el proyecto de Ley de Autodeterminación de Cataluña es, también, el auto de terminación de una nación que ya se ha convencido de que no tiene posibilidades dentro del Estado español.

Otro día hablaremos de las ridículas jeremiadas de la prensa madrileña sobre si el proyecto catalán tiene más o menos garantías, prevé unas u otras mayorías o minorías, porcentajes de participación, etc. Tuvieron todo el tiempo del mundo para negociar los términos de la consulta y, en su típica soberbia de señoritos se negaron a hacerlo. ¿De qué se quejan ahora?

dijous, 22 de juny del 2017

El coste del "no" al referéndum

Según parece la primera propuesta de Carles Puigdemont de celebrar una sesión de debate en el Congreso sobre el referéndum ha quedado reducida a una moción presentada ayer por el PDeCat de que la Cámara admita la consulta. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ya había advertido que el Parlamento no es lugar de conferencias y que, si Puigdemont presentaba la propuesta referendaria, la Cámara votaría. Votaría que no, innecesario recordarlo. El presidente de la Generalitat renunció a su comparecencia.

De una u otra forma, las dos cámaras parlamentarias españolas se han negado a escuchar las razones y propósitos del independentismo catalán. Hoy, además, el Congreso votará "no" por apabullante mayoría de más del 72 por ciento, aduciendo que el referéndum no busca diálogo sino fractura

Para diálogo, el que ha ofrecido el gobierno del PP en estos años: ninguno. Rajoy se ha visto varias veces con Mas primero y Puigdemont después, siempre para decir que "no" a todo. Finalmente abrió un periodo llamado pomposamente de "diálogo", para lo cual, envió a la vicepresidenta a Barcelona como plenipotenciaria para gestionar eso, un "diálogo". La gestión duró un par de meses y terminó con una sentencia de Sáenz de Santamaría de alto contenido teórico y doctrinal: no se puede estar tantos años con la matraca independentista. Basta de este rollo. El independentismo es una matraca y un rollo. Toma diálogo.

En cuanto a la fractura conviene recordar lo que es ya saber popular. Cada vez que hablan Rajoy o Sáenz de Santamaría sobre Cataluña hay mil independentistas más. Y no hablemos de un obstinado separador como García Margallo. Con él caen diez mil, como la Anábasis. 

El "no" del Parlamento afronta el escenario del "choque de trenes", esto es, una escalada del conflicto. Sin que nadie sepa qué dimensiones vaya este a tomar. El Estado, en principio, puede impedir la celebración del referéndum, pero tendrá que calibrar a qué coste y este es muy dificil de determinar porque a su vez depende de un imponderable: la voluntad política de la Generalitat de cumplir su mandato y el apoyo popular con que cuente en caso de represión. En los conflictos, al igual que en las guerras, se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. 

Y, en cualquier caso, impedir la celebración del referéndum abrirá un periodo indeterminado de ingobernabilidad en Cataluña y en España. Probablemente como lo haría su celebración. Pero en este caso el culpable no sería el sector negacionista.

Lo que chirría en la posición del Parlamento es el cierre de filas del PSOE con la derecha. El discurso del interés de Estado (tan caro a la derecha socialista) no obliga a que ese Estado haya de ser el de la oligarquía nacionalcatólica y ahora neoliberal. Los socialistas están obligados a dar carta de naturaleza a la cuestión catalana y hacer propuestas distintas de la derecha, consistente en mantener el estatu quo del agravio comparativo de Cataluña hasta el fin de los tiempos.

El PSOE trae en la mochila la famosa reforma federal de la Constitución. Probablemente es tarde, suena inverosímil y casi como un pretexto. Y lo es. Agárrese pues a él para marcar distancias con las medidas represivas del PP. El PSOE no puede aparecer como cómplice de unas soluciones autoritarias a problemas en cuya génesis no participó; al menos, no directamente. Por lo demás, la propuesta federal es irremediablemente extemporánea, dado que requiere un prolongado trámite de reforma, siendo así que en tres meses es obligado afrontar una situación de grave conflicto.

En verdad no se entiende por qué el PSOE no apoya la realización de un referéndum pactado, como hace Podemos. Teniendo además en cuenta que frustrar el deseo del 80 por ciento de la población catalana solo aumentará el respaldo al independentismo.   

dissabte, 17 de juny del 2017

Hoy, Palinuro en Manresa

A las siete de la tarda, en la Plana de l'Om, en Manresa, mantendrá Palinuro un coloquio con Jordi Domingo, portavoz de Constituïm, esos que andan por los malos pasos de buscar una Constitución republicana para Cataluña. Pinta bien la trobada y saldrán sin duda muchas cosas de interés acerca de garantías de derechos, participación ciudadana, transparencia, representatividad, etc. Lo he hablado alguna vez con Domingo: para mí, la mejor Constitución es la de los EEUU por su sencillez, brevedad, flexibilidad y eficacia. Principios, líneas generales, declaraciones y el resto, a desarrollo legislativo posterior. Pero también es comprensible que los ánimos puntillosos quieran blindar en la Constitución la mayor cantidad de supuestos particulares que se pueda. Aunque suela ser contraproducente.

El diálogo será interesante, seguro, porque, además, está moderado por Gonçal Mazcuñán, competente periodista, de los que se trabajan los temas para explicarlos.

Allí nos vemos.

dilluns, 12 de juny del 2017

Recuerdo de la Argentina

Parece absurdo obstinarse en tratar la acción independentista, el "proceso", como un asunto de orden público, cosa de policía y tribunales, inhabilitaciones y procesamientos, y no como una crisis política constitucional del Estado que requiere soluciones políticas negociadas y pactadas, cual corresponde a la civilidad de nuestro tiempo. Pero a la vista está. Frente a la movilización permanente de la sociedad catalana dirigida por la Generalitat en la hoja de ruta, el Estado español sigue sin dar señales de vida salvo en los preparativos para coartar la acción del independentismo a través de los tribunales. Es decir, los preparativos de la acción represiva

Esa actitud puede provocar una escalada que encone el conflicto, según la que a su vez adopten las autoridades de la Generalitat en la vía de desobediencia al Estado. La movilización masiva en apoyo al gobierno catalán trata de legitimar la opción del referéndum tanto en Cataluña como en España y fuera de España. Tiene un valor testimonial. Pero el Estado no puede ignorar que es un testimonio de millones de personas, que su política de negación al diálogo y al referéndum frustra las esperanzas de cerca del 80 por ciento de los catalanes.

Y, sin embargo, lo ignora. Ostensiblemente. Lo de Cataluña es una "algarabía", según Rajoy. Una conspiración con ayuda de corruptos. Una extralimitación de funciones de la Generalitat que tendrá condigno castigo. Ahí es donde la derecha quiere llegar, a la confrontación, en la esperanza de que una crisis de tal magnitud tape el cenagal de corrupción en que chapotea. Cambiando lo que haya que cambiar, que no es mucho, esta actitud recuerda la del general Leopoldo Galtieri, uno de los sucesivos dictadores militares de los años 70 y 80 en la Argentina, cuando, para desviar la atención de la corrupción e ineptitud de su gobierno, invadió las Malvinas. A lo mejor se refería a esta similitud Guardiola cuando pedía ayuda frente a un Estado autoritario.  

Por eso no hay posibilidad de solución pactada. Al gobierno no le interesa; solo le interesa invadir las Malvinas catalanas para pasar de la página de tribunales a la de gestas por la gloria de la Patria. 

dimecres, 31 de maig del 2017

Escuchar a los catalanes

Es lo menos que puede hacerse, pensaría cualquier persona con algún conocimiento de gentes y cierta educación. Pero eso, en España, no se estila. No lo hace esta derecha hirsuta y montaraz, directa heredera de Franco ni lo hace el PSOE que, como siempre, admite su subalternidad ante la derecha y acepta sus planteamientos autoritarios, impositivos y su comportamiento corrupto y delictivo porque tiene miedo de que se le pueda acusar de querer "romper España". Es una típica proyección de los neofranquistas y sus aliados del PSOE que son quienes verdaderamente han roto el país. Eso cuando no coinciden con sus aliados en su estúpida convicción de que los catalanes han de ser españoles, quieran o no, pero, luego, no están dispuestos a respetar sus derechos y sí a tratarlos como delincuentes.

Esto no tiene arreglo. A continuación, la versión castellana del artículo.


Escuchar a los catalanes

Realmente, ¿cómo iba a haber diálogo cuando una de las partes no parece estar enteramente en sus cabales? El contundente juicio de Sáenz de Santamaría sobre las auténticas intenciones de Puigdemont roza el delirio, es casi una declaración patafísica, dadaísta: Puigdemont quiere hacer un referéndum para no escuchar a la población.  Desde luego, el diálogo era imposible.

Y esa imposibilidad viene apuntalada por el respaldo manifiesto de Pedro Sánchez a la línea del “no” del PP, formándose así ya de hecho una “unión sagrada” de los tres partidos dinásticos, PP, PSOE y C’S. Frente al independentismo catalán que es, además, republicano. Es también una “unión dinástica”.

Tan fuerte que permite a la vicepresidenta seguir haciendo gala de su sentido de la lógica, cuando sostiene que el referéndum es ilegal pero invita a Puigdemont a defenderlo en el Parlamento; es decir, lo invita a defender una ilegalidad. Como cuando el emperador convocó a Lutero a la Dieta de Worms para que abjurara de sus tesis. Lutero no abjuró y Puigdemont no compareció.

La cumbre del referéndum no tiene otra opción que convocarlo con fecha y pregunta. A partir de aquí empieza la cuenta atrás del juego de acción-reacción-nueva acción. El Estado estará al acecho para impugnar cualquier acto de la Generalitat, por nimia que sea la causa, si entiende que propicia la realización del referéndum. A su vez esta tendrá que ir poniendo barreras y cortafuegos para avanzar en sus intenciones, descansando en su base popular y la movilización social. Sin pacto por medio, el referéndum se convierte de hecho en otro 9N, pero en condiciones distintas, agravadas.

La cuestión no es hasta dónde está dispuesta la Generalitat a seguir con su hoja de ruta pues está clara: hasta el final, hasta la celebración del referéndum. Antes bien, la cuestión es hasta dónde está dispuesto el Estado (es decir, el gobierno con su mayoritario apoyo parlamentario) a llegar en su política represiva o, como dicen sus aliados socialistas en esta tarea, sus “medidas coercitivas”.

Según se acerca el momento de eso que llaman los medios “el choque de trenes”, surgen vacilaciones, desconciertos, presiones, búsquedas de terceras vías sin mucho crédito ya y hasta bien intencionadas propuestas. Por ejemplo, se dice que la represión del referéndum se mantendrá hasta que el bloque independentista desista en su actitud con el menor descalabro posible y convoque elecciones autonómicas ordinarias que, se espera, traerán una composición distinta del Parlamento.

La opción de elecciones autonómicas es tan válida como otra cualquiera y, de verse en la necesidad por causa de fuerza mayor sin duda los partidos independentistas estarán preparados. Es una vía que tienen abierta y a la que pueden dar el valor simbólico que quieran. Pero no es eso lo que pretenden y, al mismo tiempo, temen que una nueva consulta electoral por imposibilidad de culminar la hoja de ruta desmovilizará un porcentaje del electorado independentista.

Por ello, a la vista del bloqueo sistemático de todas las iniciativas de la Generalitat, la mayoría independentista del Parlamento puede acudir a otra vía posible, la declaración parlamentaria unilateral de independencia (DUI). La unión sagrada española de los tres partidos habrá previsto que, al negar toda posibilidad de diálogo, esta opción se hace verosímil.

De adoptarse, se generarían dos reacciones paralelas: de un lado, una intensificación de la acción represiva del Estado, por medios excepcionales, incluida la intervención de hecho de la Generalitat y una previsible escalada de inestabilidad que no beneficiará a nadie y servirá como trasfondo de la otra reacción, la de una internacionalización del problema, pues la Generalitat la llevaría a la Corte Internacional de Justicia, argumentando el precedente de la opinión consultiva sobre Kosovo.

No está claro que prosperara pero la internacionalización sería un hecho, con el agravante de una situación interior de excepcionalidad. Justo los elementos que invitarán ofertas de mediación extranjera todas las cuales, obviamente, comenzarán por recomendar un referéndum.

dilluns, 29 de maig del 2017

Un pequeño detalle

La información, destacada en primera de El País (señal del susto que lleva en el cuerpo) es correctísima. Da cuenta de la decisión de Puigdemont de convocar una cumbre de fuerzas independentistas para fijar fecha y pregunta del referéndum. Informa de los asistentes: PdeCat, ERC, CUP. Catalunya en Comú (Ada Colau) se abstiene y Podem asistirá como "libre oyente". Los reparos de esta izquierda al llamado independentista apuntan en la dirección de estar buscando alguna forma de tercera vía, idea que ha comenzado a acariciar El País al comprender que la ignorancia, la falsedad y la manipulacion no compensan. Pero, en todo caso, una información correctísima.

Con un pequeño matiz, un detalle casi nimio. Sostiene el diario que la cumbre se reúne para acordar fecha y pregunta del referéndum separatista. Ahí ya el periodismo se troca fábula y ficción. El referéndum que la Generalitat quiere convocar (tras haber intentado inútilmente pactarlo con el Estado) es consultivo y vinculante. Si es separatista o unionista lo decidirán los votantes. Salvo que se diga que es separatista por convocarse por separado. Pero no parece ser el caso, pues bastaría con llamarlo ilegal. Separatista prejuzga el resultado.

La suposición de que un referéndum en Cataluña tiene que ser separatista da una idea de la fe, la confianza que los nacionalistas españoles tienen en su propia nación. Algo lógico a la vista de cómo la tratan.  

diumenge, 28 de maig del 2017

¡Ah! Pero ¿había una "crisis"? ¿No era una "algarabía"?

Rajoy no solo ha gestionado mal la “crisis catalana”. Lo ha gestionado mal todo. Se ha cargado el Estado de derecho, no ha conseguido sacar al país de la crisis, habiéndolo arruinado con unas arcas vacías (sobre todo, el fondo de pensiones) y una deuda pública galopante, ni siquiera ha conseguido reducir el déficit a lo que se le exige. En seis años no ha conseguido hacer lo que el gobierno portugués de izquierda ha hecho en dos. Un completo inútil y una desgracia para el país. Y más desgracia que el país se dé cuenta ahora. Lo único que este prodigioso incompetente sabe hacer es amparar a los corruptos y conseguir que la banda de ladrones que capitanea haya expoliado el país.

En lo tocante a Cataluña, la incompetencia tiene rasgos casi delictivos. Desde la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010, el independentismo catalán pasó de ser una reivindicación de partido a serlo social, nacional, transversal. Y, desde entonces ha llevado la iniciativa en procura de su objetivo de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Durante esos años, el gobierno presidido por esta nulidad no ha hecho nada por dialogar o negociar con los independentistas, se ha cerrado en banda, ha despachado con cajas destempladas a dos presidentes de la Generalitat que venían a exponer sus demandas y ha dado orden a su frente mediático de que ataque sin cuartel al independentismo, al tiempo que, al parecer, también se le hace la guerra sucia.

Hasta los de su cuerda, los empresarios catalanes, le instan a negociar y llegar a alguna solución política. El olmo y las peras. El mismo presidente reconoce que no tiene propuesta alguna, que no se le ocurre nada, vaya. Y eso que asegura encontrarse en el mejor momento de su vida. Se le nota cuando se pone apocalíptico previendo desastres sin cuento con la independencia de Cataluña. Lo único que se le ocurre es meter miedo o, mejor dicho, exteriorizar su propio miedo.

La cuestión no es qué cabe esperar del gobierno. Ya se sabe: nada. La confrontación y a ciegas. Es qué cabe esperar de la oposición: si va a cerrar filas tras el gobierno en combate o va a presentar alguna propuesta de negociación.

Ayer, Palinuro, extralimitándose, presentaba una. Ni él mismo se fía de ella. La intención era simplemente decir que hay que dialogar, que no se puede aceptar la decisión de este gobierno de cerrarse al diálogo.

En una democracia no es admisible impedir el diálogo y, si esto sucede, los independentistas se sentirán legitimados para proclamar una DUI, una Declaración Unilateral de Independencia en el Parlamento. Y a ver qué hace el gobierno.