El País no anda bien de chispa periodística. Quizá le parezca exagerada la similitud con la famosa información del duque de La Rochefoucauld a Luis XVI, aunque es pertinente. Pero podría haber hecho un juego más de casa, componiendo una portada con el títular: "Golpe del Parlament. El País, con la Constitución". Al fin y al cabo, es el espíritu del titular real: "Los separatistas imponen...".
Claro que es una revolución. Encabezada por el Parlament, cual suele suceder. Y con un pueblo detrás, el que lo ha elegido y le ha mandatado. Los parlamentos se mueven a golpe de gestos simbólicos, hoy magnificados por los medios. La imagen de la jornada es la aprobación de la Ley del referéndum, la que echa a andar el proceso para que los catalanes y catalanas decidan si quieren constituirse en República independiente o seguir como están.
El referéndum no es la independencia. El referéndum es una pregunta, no es una respuesta. No haber entendido algo tan sencillo puede costar a los nacionalistas españoles quedarse sin país. Porque si imponer lo que en otras partes del mundo civilizado se hace negociando sin problema cuesta tanta tensión, tanto conflicto, tanta confrontación, la mayoría acabará concluyendo que, en efecto, lo mejor es romper cuanto antes porque esto no tiene arreglo.
Sí, es una revolución. La revolución de la República catalana. Los dos partidos dinásticos, cerrados en banda a la posibilidad y la excrecencia de Ciudadanos, también, pues el enfrentamiento con el independentismo venía de cuna, de cuando Rivera se fotografiaba in puribus. Pero ¿y Podemos? Es sarcástico que quienes venían cabalgando a lomos de la revolución no la hayan visto pasar a su vera hasta que han comprobado que ellos cabalgaban en un Clavileño.
¿Por qué no entendió el nacionalismo español la diferencia entre referéndum e independencia? Aparte de por pura incapacidad o por la consabida tirria hispana al pragmatismo porque, en el fondo, no es democrático ni cree en el principio democrático sino que se aferra de modo fetichista al principio de legalidad. Ese enunciado que comparten PP y PSOE frente a Cataluña de que sin ley no hay democracia es una tontería. Sin ley no hay democracia. Y con ley, tampoco. Las Leyes de Nürnberg eran leyes y el régimen, una tiranía. Todo depende de la ley y de la democracia.
Solo la ignorancia de aquella diferencia y también del sentido vivo de democracia explica un exabrupto como el de la vicepresidenta del gobierno: hoy hemos vivido una patada a la democracia en el Parlament. Quiere decir puntapié seguramente. El Parlament propinando una "patada" a la democracia. ¿A qué democracia?
"Sí", responden quienes de buena fe en la izquierda se oponen al independentismo "la democracia del PP no es democracia (forma elegante de sintetizar años de saqueos, estafas, ilegalidades, gürteles, Lezos, Bárcenas, leyes mordaza, etc) pero lo suyo no es saltarse la ley, sino reformarla". Quienes dicen esto saben (o debieran saber) que la minoría catalana jamás será mayoría en España, jamás podra reformar las leyes y deberá someterse siempre a la tiranía de la mayoría.
"Bueno", dicen otros seguramente también de buena fe, "en todo caso, no hay que tirar el niño con el agua sucia ni confundir el gobierno del PP (corrupto y profundamente antidemocrático) con el Estado. Alguna vez cambiará el gobierno, regirá la izquierda y el Estado español cambiará".
Eso es falso. Lo niega la experiencia histórica y lo niega la propia concepción de España de la izquierda que, en lo sustancial, es la de la derecha. Véase si no:
La transición fue un proceso hoy muy cuestionado pero que, en todo caso, traía unos compromisos implícitos de carácter incluso lógico. El más evidente era que el franquismo se había acabado y nadie lo resucitaría. Justo lo que la derecha se ha puesto siempre a hacer al llegar al poder y, a partir de su arrollador triunfo electoral de 2011, a marchas forzadas: restaurar el franquismo. De modo vergonzante porque solo los más tontos de ellos se siguen declarando franquistas, pero efectivo. Apenas llegados a La Moncloa en 2011 suprimieron de un plumazo el pluralismo en RTVE, devolvieron la enseñanza a la Iglesia, pretendieron suprimir el aborto, reformaron la justicia para encarecerla y privar de ella a los más necesitados, destruyeron el régimen jurídico laboral, desmantelaron la sanidad pública, promulgaron una ley Mordaza, saquearon el fondo de pensiones y se dedicaron a enriquecerse ilegalmente, ellos y su partido, a cuenta de los contribuyentes que, en España son las clases medias y bajas.
No hay garantía alguna de que esto no vuelva a suceder (de hecho sigue sucediendo hoy día; la Ley Mordaza sigue en vigor y se sigue multando a la gente a capricho de los agentes de la policía), sobre todo por la coincidencia de fondo que hay entre la izquierda y la derecha. La perpetuación del franquismo en todos los órdenes se mantuvo incólume durante los veinte años de gobiernos socialistas (Valle de los Caídos, Fundación Francisco Franco, callejero, honores, símbolos) y solo en tiempos de Zapatero se aprobó una menguada Ley de la Memoria histórica que los franquistas del PP han tirado a la basura.
En realidad, desde que el PP llegó al poder en 2011, en el PSOE había clara conciencia de que estaba desmantelando los pactos implícitos de la transición. En alguna ocasión lo mencionó Rubalcaba. Y era obvio. Como obvio era que se trataba de volver al franquismo sin Franco. Basta con ver el panorama de los medios de comunicación.
Pero no se hizo nada. En cuatro años de mayoría absoluta de un PP echado al monte no hubo ni una moción de censura, nada digno de considerarse oposición. Al contrario: refugiado el PSOE de Rubalcaba en su política de "pactos de Estado" (que fueron tan dañinos a la izquierda como los "pactos de familia" para España), se complotó una Ley de Seguridad Nacional que se aprobó ya en tiempos de Sánchez y que, según se dijo entonces, no era "contra los catalanes". Esa misma a la que hoy se quiere recurrir contra los catalanes.
No, el Estado español no cambiará nunca. Salvo mediante una revolución.
La catalana.
