Es lo menos que puede hacerse, pensaría cualquier persona con algún conocimiento de gentes y cierta educación. Pero eso, en España, no se estila. No lo hace esta derecha hirsuta y montaraz, directa heredera de Franco ni lo hace el PSOE que, como siempre, admite su subalternidad ante la derecha y acepta sus planteamientos autoritarios, impositivos y su comportamiento corrupto y delictivo porque tiene miedo de que se le pueda acusar de querer "romper España". Es una típica proyección de los neofranquistas y sus aliados del PSOE que son quienes verdaderamente han roto el país. Eso cuando no coinciden con sus aliados en su estúpida convicción de que los catalanes han de ser españoles, quieran o no, pero, luego, no están dispuestos a respetar sus derechos y sí a tratarlos como delincuentes.
Esto no tiene arreglo. A continuación, la versión castellana del artículo.
Escuchar a los catalanes
Realmente, ¿cómo iba a haber diálogo cuando una de las partes no parece estar enteramente en sus cabales? El contundente juicio de Sáenz de Santamaría sobre las auténticas intenciones de Puigdemont roza el delirio, es casi una declaración patafísica, dadaísta: Puigdemont quiere hacer un referéndum para no escuchar a la población. Desde luego, el diálogo era imposible.
Y esa imposibilidad viene apuntalada por el respaldo manifiesto de Pedro Sánchez a la línea del “no” del PP, formándose así ya de hecho una “unión sagrada” de los tres partidos dinásticos, PP, PSOE y C’S. Frente al independentismo catalán que es, además, republicano. Es también una “unión dinástica”.
Tan fuerte que permite a la vicepresidenta seguir haciendo gala de su sentido de la lógica, cuando sostiene que el referéndum es ilegal pero invita a Puigdemont a defenderlo en el Parlamento; es decir, lo invita a defender una ilegalidad. Como cuando el emperador convocó a Lutero a la Dieta de Worms para que abjurara de sus tesis. Lutero no abjuró y Puigdemont no compareció.
La cumbre del referéndum no tiene otra opción que convocarlo con fecha y pregunta. A partir de aquí empieza la cuenta atrás del juego de acción-reacción-nueva acción. El Estado estará al acecho para impugnar cualquier acto de la Generalitat, por nimia que sea la causa, si entiende que propicia la realización del referéndum. A su vez esta tendrá que ir poniendo barreras y cortafuegos para avanzar en sus intenciones, descansando en su base popular y la movilización social. Sin pacto por medio, el referéndum se convierte de hecho en otro 9N, pero en condiciones distintas, agravadas.
La cuestión no es hasta dónde está dispuesta la Generalitat a seguir con su hoja de ruta pues está clara: hasta el final, hasta la celebración del referéndum. Antes bien, la cuestión es hasta dónde está dispuesto el Estado (es decir, el gobierno con su mayoritario apoyo parlamentario) a llegar en su política represiva o, como dicen sus aliados socialistas en esta tarea, sus “medidas coercitivas”.
Según se acerca el momento de eso que llaman los medios “el choque de trenes”, surgen vacilaciones, desconciertos, presiones, búsquedas de terceras vías sin mucho crédito ya y hasta bien intencionadas propuestas. Por ejemplo, se dice que la represión del referéndum se mantendrá hasta que el bloque independentista desista en su actitud con el menor descalabro posible y convoque elecciones autonómicas ordinarias que, se espera, traerán una composición distinta del Parlamento.
La opción de elecciones autonómicas es tan válida como otra cualquiera y, de verse en la necesidad por causa de fuerza mayor sin duda los partidos independentistas estarán preparados. Es una vía que tienen abierta y a la que pueden dar el valor simbólico que quieran. Pero no es eso lo que pretenden y, al mismo tiempo, temen que una nueva consulta electoral por imposibilidad de culminar la hoja de ruta desmovilizará un porcentaje del electorado independentista.
Por ello, a la vista del bloqueo sistemático de todas las iniciativas de la Generalitat, la mayoría independentista del Parlamento puede acudir a otra vía posible, la declaración parlamentaria unilateral de independencia (DUI). La unión sagrada española de los tres partidos habrá previsto que, al negar toda posibilidad de diálogo, esta opción se hace verosímil.
De adoptarse, se generarían dos reacciones paralelas: de un lado, una intensificación de la acción represiva del Estado, por medios excepcionales, incluida la intervención de hecho de la Generalitat y una previsible escalada de inestabilidad que no beneficiará a nadie y servirá como trasfondo de la otra reacción, la de una internacionalización del problema, pues la Generalitat la llevaría a la Corte Internacional de Justicia, argumentando el precedente de la opinión consultiva sobre Kosovo.
No está claro que prosperara pero la internacionalización sería un hecho, con el agravante de una situación interior de excepcionalidad. Justo los elementos que invitarán ofertas de mediación extranjera todas las cuales, obviamente, comenzarán por recomendar un referéndum.
