Ese es el mensaje

Arrecia el ataque ilegal contra Catalunya desde el B155. Tiene dos fines complementarios e imposibles. De un lado, poner algún tipo de orden presentable en Europa en el desastre que él mismo ha organizado por su incompetencia y su autoritarismo. De otro doblegar un movimiento pacífico y democrático respaldado por una mayoría social de más de dos millones de personas. Para lograr a la desesperada estos dos fines, el B155 esta dispuesto a emplear todos los medios. Iba a añadir "legales" e "ilegales" pero, al hacerse en virtud del uso ilegal del 155, ya no hay medios legales; todos son ilegales. No hay juego limpio y sucio; todo es sucio. El fin justifica los medios.

Después de las noticias aparecidas sobre el imán de Ripoll (a sueldo del CNI), es obligado seguir pidiendo explicaciones al gobierno sobre lo que sabía del atentado, como han hecho Rufian en sede parlamentaria y Puigdemont desde el exilio, máxime cuando hay quien sostiene que el Mossad informó al CNI de un atentado inminente en Barcelona y lo vinculó expresamente al tal imán, Abdelbaky Es Satty. La interpretación que suscita el silencio del gobierno por un lado y su implicación en maniobras de intoxicación por otro es siniestra. Pero aquí cabe esperar todo de un gobierno cuyo presidente dice que "no le consta" que en España haya decenas de miles de personas asesinadas por los suyos y enterradas en fosas anónimas, de las que hay pruebas estremecedoras en todo elpaís.

Con gente así puede y debe esperarse cualquier cosa. El frente judicial del B155 sigue en frenética persecución del independentismo, cada vez más enfangado en un proceso político concebido como una causa general contra una ideología, como en los tiempos de la Contrarreforma, que son los suyos. Ayer, Rovira, a la que todos daban por presa incondicional, como Junqueras, pilló al juez de buenas y salió en libertad bajo cuantiosa fianza. A cambio, la combativa jueza Lamela reaparece por otro lado con ánimo de encarcelar el viernes al mayor Trapero. Ya no se sabe cuántos jueces y fiscales andan a la caza y captura de independentistas, con qué motivo ni con qué consecuencias. Habrá que ver qué pasa también con los dibujantes de viñetas que, por ahora, a diferencia de los cantantes como Pablo Hasel, Valtonic y tuiteros diversos, están saliendo de rositas.

La persecución judicial del independentismo no solo se articula en téminos procesales y jurídicos en general sino que tambien tiene una repercusión mediática agresiva. No es infrecuente que las declaraciones "se filtren" a las horas de producirse y proporcionen titulares a los medios todos en la misma dirección: los declarantes se rajan, se arrepienten, se acusan unos a otros y están poco menos que a tortas. No se desdeñan los golpes más bajos, en lo sentimental y personal de gentes que están siendo objeto de un tremendo atropello. Tratan de conseguir desestimientos individuales porque, como buenos represores, ignoran que los/las encausados/as harán lo que estimen oportuno, el movimiento lo respetará y, si alguno decide hacerse a un lado, otra ocupará su lugar. Es la más absoluta ignorancia de la política como compromiso personal.

Y, claro, no consiguen nada. El movimiento continúa, es imparable y la República Catalana va afirmándose en condiciones de cerrada hostilidad e injusticia.

Apenas conocida la decisión sobre Rovira se hacía pública una carta suya y de Junqueras a la militancia de ERC en la que anuncian que "nunca renunciarán a sus convicciones" y piden que no se dé pábulo a las maniobras divisionistas del PP. Nadie desiste. Nadie se divide. Esa es la respuesta, el mensaje a las maniobras judiciales y la agresión mediática. No hay marcha atrás.

Hoy se debate en el Parlament la propuesta de reforma de la ley de la Presidencia para permitir la investidura telemática de Puigdemont. Este ya va perfilando un conjunto de competencias como "Presidente de Catalunya" en el exilio. Son los indepes quienes marcan los tiempos, quienes adoptan las decisiones porque para eso ganaron las elecciones del 21 de diciembre, aunque el PP, el PSOE y C's estén empeñados en ir en contra de los resultados.. 

Entre tanto, Anna Gabriel abre otro frente diplomático en Ginebra. Acaba de anunciar que no piensa acudir a la declaración, cosa de esperar, sobre todo a la vista de que los tribunales pretenden seguir encarcelando gente en aplicación del derecho del enemigo como ya está previsto que se haga con el mayor Trapero. Dice un periódico que "huye de la Justicia" y se quedará en Ginebra.  Fuera más propio decir que huya de la Injusticia, pues eso es lo que hay por estos pagos, clase práctica de lo que decía San Agustín de que, "cuando no hay Justicia, el Estado no pasa de ser una banda de ladrones". Como si lo hubiera escrito hoy mismo.

La presencia de otro foco de activismo indpendentista en el extranjero, esta vez en Suiza, concretamente en Ginebra, en donde está la sede europea de las Naciones Unidas, refuerza el proceso de internacionalización del conflicto. Y, sobre todo, de europeización. Será interesante ver cómoi explica Dastis en el país de los referéndums que en España hay más de mil heridos, más de seiscientos imputados, cuatro personas en la cárcel, tres en el exilio, cuatro embargados, un gobierno destituido y un estado de excepción en marcha para impedir un referéndum que no solamente han ganado los independes una vez, sino cuatro.

Fíjense qué enfrentados y desunidos están las tres fuerzas independentistas que siguen actuando al únisono y en coordinación con el Parlament. 

El independentismo es delito

La situación en España como presunto Estado de derecho democrático se deteriora por días. La actividad represiva del B155 en todos sus frentes, político, económico, mediático, policial, judicial ha generado una situación de inseguridad jurídica en Catalunya para todos quienes directa o indirectamente tengan algo que ver con el independentismo. Ya nadie sabe qué están investigando los jueces, ni qué en concreto buscan las diversas policías en sus requisas por doquiera y sin aviso, al margen de que, mucha veces, estas medidas carecen de objetivo concreto pues su finalidad es exclusivamente intimidatoria. 

Nadie sabe de qué pueden acusarlo. Hasta la fiscalía reconoce que aún no tienen claro el tipo delictivo que aplicarán a quienes, sin embargo, mantienen en prisión. Por razones políticas evidentemente. Como rehenes que son. El tratamiento judicial de los procesados es arbitrario y desconcertante, más parecido a los criterios inquisitoriales que a los de una justicia moderna. Nadie puede estar seguro en estas condiciones. Es una situación más próxima a la de las lettres de cachet del absolutismo que al Estado de derecho. Diversos jueces, en una muestra de activismo casi persecutorio, llaman a declarar a políticos, representantes, funcionarios, profesores, magistrados, concejales, artistas, sin que nadie tenga claros los motivos: el 1ºO, el 27 O, las convicciones de cada cual. 

La arbitrariedad de las autoridades políticas  no es menor con el entusiasta apoyo de la oposición parlamentaria en el B155. Tampoco sabe nadie qué permitirá o qué prohibirá el gobierno o en qué iras de qué ministerio incurrirá. El B155 es de una beligerancia suma contra Catalunya. No solamente no se habla de negociación; ni siquiera de diálogo. El panorama es de confrontación a muerte, de proyecto de aniquilación de Cataluña. Las intenciones de intervenir la educación y controlar los medios públicos de comunicación, añadidas a la campaña anticatalana de todos los medios de comunicación dejan bien claro que la acumulación de ataques en todos los frentes pretende acabar con el independentismo. 

No se atreven a tipificarlo como delito pero todo lo que hacen prueba que así lo consideran. Y lo llevan adelante con una dictadura camuflada bajo la aplicación de un artículo de la Constitución, el 155 que, según la interpretación reinante, da al gobierno la posibilidad de imponer la ley saltándose la ley y decidiendo a su capricho qué es y qué no es la ley. 

Perdieron las elecciones del 21 de diciembre que, en su infinita soberbia, creían que ganarían, y no tenían plan B. El plan B ha resultado ser la imposición en Cataluña de la dictadura del 155. Y, de paso, en toda España, pues ningún Estado de derecho será tal si en una parte de su territorio rige la arbitrariedad y la tiranía. 

La confusa causa general que, contra toda razón y derecho, se sigue a los independentistas es, en realidad, una causa al independentismo. Un proceso político/ideológico que tipifica como delito otra ideología con el derecho que da el ser el más fuerte. Resulta absurda porque, llevada a sus últimas consecuencias, tendrá que investigar y procesar a más de dos millones de personas. Anímense: en principio todos los que votaron voluntariamente en un referéndum ilegal fueron cómplices de ilegalidad. Procésenlos. Tendrán que hacerlo porque el procedimiento de empapelar judicialmente solo a los representantes, basado en la muy ruin esperanza de que actúe como ejemplificador, no funcionará y a represente indepe procesado seguirá otro representante indepe. 

 De la tiranía al ridículo no hay más que un paso. El que darán cuando intenten prohibir asociaciones inependentistas, suprimiendo el derecho de asociación, tras haber suprimido el de expresión y el de sufragio.

Todo eso no ha servido de nada, ni servirá, mientras el bloque independentista mantenga incólume su principal fortaleza: su unidad. Es esta la que, en las arbitrarias e ilegales condiciones en que se encuentra, le permite seguir manteniendo la iniciativa política y marcando los tiempos. La posible apertura de otro frente político-jurídico en Suiza, según la decisión que adopte la CUP, supone un paso más en la internacionalización de un conflicto que ya está pidiendo a gritos la mediación europea.

La levadura de la CUP

Y volvió a decir: «¿A qué compararé el reino de Dios?

Es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con tres medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado». (Lucas, 13: 20-21).

La CUP es la levadura que está haciendo fermentar la revolución catalana por dos vías, una positiva por cuanto simboliza la coherencia entre la teoría y la práctica y la fidelidad a los compromisos; la otra, negativa, por cuanto desmonta las estrategias represivas del Estado, especialmente en vía judicial.

La brava declaración de Mireia Boya ante el juez Llarena desmontó la estrategia de este de establecer una oscura relación entre las convicciones ideológicas de las acusadas y su suerte procesal. Boya quedó en libertad sin medidas cautelares a pesar de reafirmarse en su ideología independentista. El B155 judicial pretende justificar su estrategia afirmando que ese resultado demuestra precisamente que el Tribunal no es inquisitorial, que no se procesa a la gente por sus ideas, sino por presuntos delitos. El problema es que Boya se encuentra a este respecto en idéntica situación a los Jordis ya que si estos se subieron al techo de unos vehículos oficiales, también lo hizo Boya y si Boya está en libertad, en libertad debieran estar los Jordis. Es tan flagrante la contradicción que algunos analistas la atribuyen a un cálculo político de Llarena, el de dejar en libertad a Boya, pieza menor, en espera de echar el guante a Anna Gabriel, De ser esto cierto, aun sería peor.

Ahora es el turno de Anna Gabriel, cuya decisión respecto a su cita judicial el próximo 21, tiene pinta de incidir en el mismo palo judicial pero con aspectos de interés que pueden llevar la masa a un nuevo punto de fermentación. Se trata de una variante del tema del exilio. Y en Suiza, que no es país de la UE, lo cual, supongo, ahorra a los jueces españoles la navette de la euro-orden. Si Gabriel finalmente no comparece y es declarada en busca y captura, habrá que recurrir a la extradición o a la interpol o al alguacil pregonero. La macrocausa política contra el independentismo lleva camino de verse en diversos escenarios y con muchos acusados en situación de rebeldía. Eso quizá ahorre al juez la necesidad devanarse más los sesos sobre la rebeldía de que quiere acusarlos, a base de encontrar un concepto tan eficaz de violencia que incluya la no violencia.

Son levadura. También catalizadores que aceleran el proceso por la legitimidad que aportan. Es rasgo de esta revolución catalana la aparente paradoja de que sean los antisistema quienes operan como factor de aglutinación y legitimación. Dan una nota de autenticidad que tiene mucha fuerza. La transversalidad del movimiento, la unidad de acción del independentismo de raíz burguesa con la izquierda republicana y la unidad popular, que las izquierdas españolas dicen no comprender, es el meollo de este movimiento. 

Hay en la acción de la CUP no solamente un objetivo actual y claro sino también un ajuste de cuentas con el pasado, del que sale la intención de no repetir los errores de 1937, cuando las gentes situadas en la misma constelación de la izquierda revolucionaria se enfrentaron entre sí en lugar de hacerlo contra el enemigo común. La República Catalana no tiene enemigos dentro, sino fuera de ella.

Los confines del imperio

Ha comenzado el ataque a los medios públicos de comunicación, especialmente TV3, y el modelo educativo anunciado por M punto Rajoy hace unas fechas como efectos benéficos del 155. Aprovechaba al tiempo para avisar a los súbditos de la monarquía de que se han quedado sin pensiones y se quedarán sin educación, gracias a su eficacia. En realidad, ¿para qué querrá intervenir en la educación en Cataluña si, con un mandato suyo más, los catalanes, como buenos súbditos, tampoco tendrán educación en catalán ni en tagalo?

Es la lucha por el mantenimiento del imperio, al que llaman nación española, en contra de la expresa voluntad de más de dos millones de forzosos compatriotas. Detrás de la imposición de la lengua en la educación (en la administración virreinal ya lo han hecho)  viene la de contenidos. La censura de un lado y el adoctrinamiento en el Espíritu Nacional por otro. España, el imperio, el himno, la bandera, el rey, las gloriosas fuerzas armadas y la cabra de la legión. 

Para los medios públicos (nidos de ratas separatistas) similar doctrina. Es difícil, pero TV3 debe alcanzar el nivel de calidad, imparcialidad y profesionalidad periodística de RTVE. Es verdad que el instituto Reuters de la Uni de Oxford, sitúa los medios españoles en el fondo de la charca en cuanto a credibilidad. No hay cuidado. Los protestantes han tratado siempre de hundir a España, una, grande, libre. Arriba España.

El gobierno y la oposición siguen una política nacionalcatólica de aplastamiento de la singularidad catalana. Y lo que trae en las alforjas de los rucios y en las mochilas de los publicistas nacionales es la España imperial que lleva 400 años contemplando los luceros. Una homologación en la unidad de destino. Una Gleichschaltung hitleriana, si pudieran. La españolización no solo de los niños catalanes sino de todos los catalanes, hasta la edad de una cada vez más tardía jubilación sin pensión. 

Lo conseguirán si el bloque indepe se divide. Por eso, todo lo que el B155 hace es para dividirlo. Si se divide, perece. Y si no se divide, se dice, también. Es posible; lo otro, seguro. Así que, a supuesta igualdad de resultados, lo mejor es no dividirse. Catalunya necesita un govern. Nómbrese, en el entendimiento de que será al unísono desde Barcelona y Bruselas, las dos capitales transitorias de la República Catalana.

Formación del Espíritu Nacional

Está claro lo que espera a los indepes si vacilan, si se dividen, si ceden, si fracasan en su empeño. La Formación del Espíritu Nacional (FEN) aggiornata en FEN de la FAES. 

No es algo que surja de pronto, en la oscuridad, sin avisar, como el ataque del hombre lobo. Hace años que las huestes franquistas están en la reconquista de Catalunya. Lo anunció Fraga, al avisar de que para ello estaba él dispuesto a coger d nuevo el fusil. Y lo pusieron en práctica sus gentes cuando presentaron el recurso contra el Estatut de 2006. Los dos peperos que lo registraron fueron el inefable Trillo del Yak 42 y los negocios de asesoría oral y la por entonces brillante promesa y posterior oscura realidad, Sáenz de Santamaría. El recurso que permitió al TC desnacionalizar Catalunya como el que decreta un anatema.

En su lucha anticatalana, el PP puso en marcha una iniciativa legislativa para pedir un referéndum sobre el Estatuto con el que consiguió cuatro millones de firmas (écheme aquí una firmita contra los catalanes) que llevó al Congreso aun sabiendo que era improcedente porque esa iniciativa no actúa con leyes orgánicas. De lo que se trataba era de debilitar al gobierno de Zapatero y capitalizar electoralmente la catalanofobia, alentándola, o sea, provocando una crisis de la unidad que decía defender.

Apenas comenzado su mandato en 2011, el entonces ministro de Educación ya anunció su propósito de españolizar a los niños catalanes. Al mismo tiempo suprimía la educación para la ciudadanía por considerarla adoctrinamiento y devolvía la religión al currículum educativo pues, como bien se sabe, la religión no adoctrina. Un ministro torero intensamente español que considera las corridas "patrimonio cultural". Cosa que acaba de reafirmar la misma Corona al conceder el premio nacional de cultura a un torero.

Las intenciones estaban claras desde el principio: destruir la singularidad cultural catalana; suprimir la nación catalana de hecho como de derecho lo hiciera el TC. La aplicación del 155, que consagra la dictadura, permite llevar a la práctica las intenciones. M punto Rajoy lo anunció hace unos días con la misma descarada contundencia con que acaba de avisar a la gente que se pague las pensiones y la educación porque su gobierno no ha dejado o no piensa dejar nada de ellas. El 155, aseguraba el señor de los sobresueldos, le da mano libre para intervenir TV3 y la escuela catalana.

Los medios y la educación. Lo tienen muy claro. Hay por ahí un vídeo alucinante de un programa de alguna tv española en el que Cospedal dice a Inda que TV3 es un aparato de propaganda del independentismo y corresponde cerrarla. Lo dice la Cospedal que tenía Tv de Castilla La Mancha directamente a sus órdenes y se lo dice a Inda que, en fin... Y está claro: quieren cerrarla. Ya impidieron en su día que se viera en Valencia. Ahora no quieren que se vea en parte alguna.

Y de la escuela no hace falta hablar. Con el cuento del castellano amenazado pretenden destripar la inmersión lingüística. Son canallas, pero no tontos. Van por los medios y la escuela porque saben que son el crisol de la formación de opinión a corto y largo plazo, en donde quieren entrar a saco para dividir, encizañar e imponer su ideario nacionalcatólico. 

En cuanto a los contenidos, tampoco es problema. La misma Cospedal alienta el plan del gobierno de añadir a la religión ahora otra materia de "defensa nacional", de glorificación de las fuerzas armadas, los senderos imperiales y la sublime maravilla de la Corona borbónica. Catalunya no será olvidada en esta Requeteformación del Espíritu Nacional que reconocerá las peculiaridades vernáculas de esta sana diversidad regional española. 

Las dos vías de ataque (los medios y la escuela) apuntan al corazón de la nación catalana: la lengua. La cosa es a vida o muerte. La República Catalana solo puede defenderse mediante decisiones soberanas sostenidas por tres elementos imprescindibles: la unidad de las fuerzas políticas, el apoyo de las organizaciones sociales y la firme voluntad de las instituciones de implementar el mandato formulado el 1º de octubre de 2017, aceptado el 10 del mismo mes y proclamado el 21. Si falla alguna de ellas la República Catalana se desvanecerá en el aire, dejando un vacío mortal en el corazón de varias generaciones.

Puede preguntarse qué diantres tiene en la cabeza la izquierda española para asistir a este autoritario intento de aniquilar una nación no solo política sino culturalmente sin mover un dedo o, incluso, colaborando activamente con él. Por preguntar que no quede. Pero no se espere una respuesta. Ni falta que hace. Los indepes no cuentan más que con su propio pueblo y la simpatía que su lucha movilice en el extranjero.

És el moment dels defensors de la terra i de la llengua.  

El espiritu del mal

Entre otras pruebas y papeles en que el juez Llanera basa sus pesquisas, dispone de un informe de la Guardia Civil sobre un documento requisado en un registro del domicilio de un cargo de la Generalitat independentista, que se titula Enfocats. No es un documento oficial y más parece uno de trabajo de los indepes. No obstante, sirve para que la Benemérita emita un informe de 176 páginas concebido como una novela de John Le Carré. Son émulos de aquel fiscal (q.e.p.d.) que titulaba sus escritos jurídicos de galana manera con un Más dura será la caída. Pero se les ha escapado comentar el título de Enfocats, que suena un poco a programa de tv.

En este caso, el informe/novela en manos del juez es casi un spoiler: desde el principio se revela el nombre del villano, del cerebro en la sombra, el genio que quiere dominar el mundo, Fú-Manchú y Dr. No juntos: Jaume Roures, el terrible Mefistófeles que empuja a los puñados de infelices Faustos y Margaritas a la aventura secesionista por los medios más vituperables, Señoría. 

¿Cuáles? Ir a integrarse en un "comité ejecutivo" por la independencia en condición de experto en comunicación; habilitar un centro de prensa para el seguimiento de resultados en el 1ºO; producir un vídeo sobre esa jornada del 1.O emitido por TV3. Lo que se defendía con todo ello eran las ventajas de un Estado propio.

Es decir, Jaume Roures es investigado y de antemano cargado vía fábula de la Guardia Civil con la función de ser el Masterchef del "secesionismo" por unas actividades civiles y mercantiles perfectamente lícitas y al alcance de cualquier ciudadano, sobre todo si sabe de comunicación. 

Es decir, quieren empapelar a Roures por poner en práctica sus ideas con medios legales y pacíficos. Cuando menos, quieren censurarlo.

La conspiración judeo-masónica, el oro de Moscú, la leyenda negra están al caer. 

Ras i curt: Boya

Vaya inyección de moral en vena al independentismo la declaración de Boya que Palinuro celebraba ayer por adelantado (Mireia Boya). De pronto, los negros poderes del Estado han retrocedido al ver, a la luz de la antorcha de Mireia, el abismo en el que están precipitándose. Porque detrás de esta Mireia, hay más Mireias. Y cada vez, más. Este ataque en todos los frentes a la conciencia nacional, la dignidad de Catalunya, encenderá más y ampliará el fuego de las movilizaciones. Rajoy con el 155 y el PSOE en el remolque sienta ya plaza de dictador a usanza turca por Europa. Los hiperactivos e ideológicamente motivados jueces están atacando el principio de representación democrática en todos los niveles. Los medios, convertidos en correos del gobierno, siembran cuanta cizaña pueden. Los de C's, con sus ataques a la lengua y la cultura catalanas ganarán las elecciones en España, pero no en Catalunya. La represión no funciona; no puede funcionar. No es posible gobernar un territorio en contra de la voluntad de la mitad de la población, o más, salvo recurriendo a la dictadura declarada ; latente, ya está. 

La declaración de Boya ha sido un torpedo en la línea de flotación del acorazado Supremo porque ha desmontado la pieza esencial de su ataque. Boya ha confesado  abiertamente sus intenciones independentistas, su no acatamiento a la Constitución y ha recordado que hasta el juez Llanera era partidario de la "solución política" en Catalunya no ha mucho. Su acción ha excluido la violencia. Y está en la calle, sin medidas cautelares. Ahora explíquese qué hacen en la cárcel los dos Jordis, Junqueras y Forn por exactamente el mismo comportamiento e idéntica finalidad, incluso menos, dado que el juez forzó retractaciones en algunos de ellos dando a entender que podría liberarlos sin hacerlo finalmente. Jurídicamente esto es inadmisible. Moralmente, deplorable. Políticamente, insostenible.

Es posible que hasta estos jueces lo entiendan: no acatar la Constitución no es delito; el independentismo tampoco es delito; como no lo es propugnar estos fines (no acatamiento e independencia) por cualesquiera medios al alcance de la libertad de expresión siempre que no haya violencia. Prohibir alguna de estas manifestaciones no violentas es prohibir los fines; prohibir los fines es prohibir la libertad de expresión; prohibir la libertad de expresión es prohibir las convicciones. O sea, resulta que el independentismo sí es un delito, porque lo dicen los jueces. No se puede ser independentista.

Los catalanes no pueden ser independentistas.
Los catalanes no pueden ser.
Los catalanes no pueden.

¡Alto ahí!, dice Boya, ¡Claro que podemos!
Y lo demuestra.

Mireia Boya

En la era de la "democracia mediática" reina la convicción de que, a través del agenda setting y otros paradigmas de la comunicación, los medios ocultan, tergiversan la realidad, la manipulan al servicio de la clase o banda dominante. Y siempre desde el mismo supuesto: quien se opone al orden constituido, interpretado por el gobierno es un loco, un corrupto (sic) o un delincuente, desde rebelde a terrorista, según el libre parecer de los jueces.

Paradójicamente, una de las teorías que la derecha suele esgrimir para justificar las políticas reaccionarias anticrisis, consistentes en enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres (el llamado "efecto Mateo") es la del "goteo" (trickle down), según la cual, del enriquecimiento de los ricos rebosa siempre algo que cae para beneficio de los pobres. Teoría tan nueva que ya está en los evangelios, en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Con los medios sucede lo mismo. La interpretación mediática hegemónica es delirantemente maniquea: el orden es justo e inmaculado (lo llaman contra toda evidencia "Estado de derecho") y quienes a él se oponen son delincuentes movidos por las más repugnantes ambiciones. Es de risa ver a los sabuesos de Hacienda preguntando con qué dineros se han pagado unas esteladas colgadas en el balcón municipal. La misma Hacienda que amnistía a los defraudadores y no publica sus identidades.

Trickle down. Es imposible evitar el impacto mediático de un caso como el de Mireia Boya que destruye de golpe toda la estrategia narrativa del B155 y de los medios. ¿Repugnantes ambiciones? ¿Junqueras y sus compañeros? ¿Mas y las suyas? ¿Puigdemont y las suyas? Para tragarse tanta villanía interpretativa (que si Puigdemont alquila un palacete, que si las instituciones pagan los gastos y fastos de la independencia, que si fulano cobraba esto o mengana aquello) hacen falta las tragaderas de Gargantúa. Ya para tragarse que la motivación de Boya se encaja en alguna de esas figuras delictivas hacen falta las de Gargantúa y Pantagruel juntas.

Léanse las declaraciones de Boya en vísperas de la comparecencia y dígase si no se resumen en lo siguiente: "Yo no he cometido delito alguno. No hay violencia. Se me condena por mis ideas independentistas. Si voy a la cárcel será una condena injusta y yo, la víctima de un delito. De la cárcel me sacará la República Catalana." Lo último es una apostilla política de mi cosecha pero que traduce bastante bien la consecuencia de la actitud de Boya porque es esta, precisamente, la que materializa la República Catalana. No es una declaración. Es una profecía. Hecha en virtud de algo que los villanos mediáticos ni huelen. 

Mireia Boya es un símbolo que eleva un grado más la intensidad de este conflicto. Con 900 causas pendientes en toda Catalunya y las que los jueces vayan aflorando en sus actividades particulares, además de un símbolo, es un faro, que orienta la acción de quienes vienen detrás, igual que Boya viene detrás de los Junqueras y estos de los Jordis. ¿Cuándo entenderán que esto no es cosa de policías antidisturbios, ni de espías de pacotilla, ni de jueces comisarios, ni de diplomáticos camaleónicos? ¿Cuándo se darán cuenta de que es una revolución cívica, sostenida por una amplia base social, institucional y hasta económica? Dan risa las cuitas de los medios gubernamentales (todos) por profetizar la ruina económica al territorio que acaban de declarar los inversores internacionales como el más interesante para invertir. 

No le hacía falta al movimiento indepe, pero Mireia Boya ha confirmado de modo aplastante su impulso moral. Y ha abierto de par en par las puertas a su triunfo. La manera segura de destruir este proceso político es demostrar que lo es. 

La Constitución no exige su acatamiento a los ciudadanos a los que, sin embargo, protege protegiendo, entre otras, su libertad de expresión. Cualquiera puede expresar desacato a la Constitución y propugnarlo, siempre que no lo haga por medios violentos. Si, no habiendo violencia, se condena a alguien, se le/la condena por no acatar la Constitución. Y eso es injusto. Y delictivo. E inútil, porque habría que procesar a todos los independes, a los republicanos, a los monárquicos de otras familias, a los ácratas, a todos quienes propugnen pacíficamente cambios que no gusten a los jueces y a los gobernantes en nefanda coyunda. 

La dictadura española contra la democracia catalana

Mi artículo de elMón.cat de hoy, así titulado, La dictadura espanyola y la democràcia catalana. La putrefacción del absurdo régimen español puesto en pie durante la transición es hoy evidente a los ojos de todo el mundo. Lo que ha pasado será objeto de numerosos estudios de historia. Cómo un régimen dotado de una Constitución hecha por sesudos legistas, que contaba con un apoyo social multitudinario y las simpatías del exterior, se ha convertido en una sórdida dictadura unipersonal de un indeseable al frente de una banda de ladrones dedicada a saquear el país. Una organización que empezó beneficiando al Rey anterior, (cuya fortuna de 1.800.millones de euros nadie ha explicado todavía) y ha seguido hasta el último concejal pepero de pueblo que se llevaba las cucharillas de los banquetes. En medio, todos los dirigentes del PP, empezando por M. Rajoy (a) el Sobresueldos. Cómplice de este expolio a cargo del crimen organizado, de una mafia que se cobra sus venganzas, los partidos de la oposición, especialmente el PSOE que también tiene lo suyo robado en Andalucía a cuenta de los EREs, razón por la cual no solamente no hace oposición sino que apoya activamente a este gobierno corrupto, lo protege e impide que se investiguen sus crímenes.

Así ha sido posible llegar a esta situación insólita en el mundo occidental: un presidente corrupto, unos ministros reprobados que van dando lecciones de ética, un gobierno implicado en todo tipo de ilegalidades y juego sucio contra los adversarios, unos medios de comunicación literalmente a sueldo del gobierno y dedicados a mentir sin pudor alguno y un poder judicial indigno de tal nombre, compuesto por jueces siervos de los caprichos de los políticos que están instruyendo una causa política contra el independentismo y contra los principios elementales de la justicia.

Algún día coseguiremos poner nombre a esta desgracia de sinvergüenzas que ha caído sobre España como una plaga de Egipto: dictadura fascista es poco. Acabaremos consiguiéndolo. Y, por cierto, si lo conseguimos, será gracias a los catalanes porque a miseria moral e intelectual, cobardía, egolatría y estupidez no gana nadie a la izquierda española.

Aquí, el texto del artículo en castellano, un intento de ofrecer un cuadro de conjunto de esta catástrofe de España gobernada por auténticos sinvergüenzas.

La dictadura española y la democracia catalana

El conflicto en marcha sobre la investidura de Carles Puigdemont como legítimo presidente de la Generalitat pone de relieve la muy distinta naturaleza de los contendientes y sus recursos

La condición de España como Estado de derecho nunca ha sido muy clara pero, al día de hoy, es inexistente. Gracias a la aplicación del 155 y circunstancias concomitantes, España es una dictadura, porque dictadura es el régimen que concentra todo el poder en el ejecutivo (y en la voluntad de su jefe o presidente que lo es de una auténtica banda de malhechores), anulando el legislativo y el judicial, que está a sus órdenes. La dictadura se apoya además en un control absoluto de los medios de comunicación, al servicio incondicional de la política del gobierno.

La dictadura goza del apoyo de la oposición. Apoyo activo en el caso del PSOE, convertido en el botones del PP; así como de C’s que es la cara falangista de la derecha oligárquica; y pasivo en el caso de Podemos, cuya fraseología revolucionaria se detiene en el umbral del “todo por la Patria” de los cuarteles de la derecha.

Su método de acción interior es la asfixia económica y la persecución política del adversario. La guerra sucia del ministerio del Interior, la continuas amenazas a los adversarios políticos, las prohibiciones arbitrarias, las manipulaciones de los medios, van a la par con las medidas restrictivas de la Hacienda Pública que, no solo permite y ampara el fraude sistemático de los ricos al erario sino que hurta los dineros propios de la Generalitat catalana para penalizarla económicamente e impedir que sus organismos realicen su función.

En el exterior, la dictadura española se vale igualmente de todos los medios, legales o ilegales, para obstaculizar la acción de la Generalitat. El gobierno presiona bajo cuerda a las autoridades de la UE y las de Bélgica en concreto en contra de la presencia del president Puigdemont en Bruselas, lo persigue diplomáticamente, lo espía ilegalmente y trata de impedir que ejerza la función de que es titular legítimo en conexión con el Parlament que quiere elegirlo. Igualmente malversa ingentes cantidades de dineros públicos en sobornar voluntades exteriores para que no se solidaricen con el independentismo catalán y decir así que este está aislado internacionalmente. El caso más bochornoso, el de las tropas españolas desplegadas en la frontera de Letonia con Rusia y Bielorrusia para silenciar el apoyo letón a Catalunya.

La dictadura española corona su infame acción anticatalana valiéndose de unos jueces a sus órdenes para dar una pátina jurídica a lo que no es más que una persecución política. El independentismo no es un delito, por mucho que los jueces franquistas lo crean. Y tampoco lo son los actos que en su nombre se realicen siempre que no lleven violencia. Es injusto y prevaricador encarcelar independentistas por su ideología y pretender luego fabricar un delito con argucias leguleyas. En España hay representantes democráticos en la cárcel que no están protegidos por ley alguna sino directamente entregados al capricho de un juez de partido que toma las medidas que le da la gana por razones ideológicas. La dictadura española ha suprimido los principios fundamentales del derecho al juez natural, el debido procedimiento, el habeas corpus , la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y a no declarar en contra de uno mismo. La judicatura española no solamente está al servicio del poder político sino que lo hace de mil amores y con el espíritu inquisitorial franquista que la caracteriza.

Enfrente, el adversario, la República Catalana, proclamada como resultado legítimo de unas elecciones impuestas por la dictadura y en una inferioridad de condiciones inmoral e ilegal. Los independentistas las ganaron claramente pero la dictadura española se niega reconocer y aplicar los resultados. Con la ayuda del PSOE y C’s, pretende pasar por encima de la voluntad democrática de los catalanes imponiendo la de un partido corrupto y sus ayudantes.

A la diáfana legitimidad de origen de la República Catalana añade esta una escrupulosa legitimidad de ejercicio. A pesar de la persecución política y judicial de la dictadura, todos los pasos de la República Catalana están amparados por la legalidad vigente. No obstante, es claro que siendo dictatorial esta legalidad vigente (que, por cierto, el primero que incumple es el gobierno de la Gürtel) en algún momento será preciso entrar en confrontación con los administradores de la dictadura y sus auxiliares. De hecho y a pesar del exquisito cuidado de las autoridades catalanas así debe de haber sido ya puesto que, en principio por algún motivo ignoto hay personas en la cárcel y en el exilio, aparte de por el hecho de que al juez Llarena el independentismo le parezca un delito. No lo es. Lo que es un delito es considerarlo delito y abusar del poder que la sociedad democrática le otorga para tratarlo como tal.

Las dictaduras se basan en el temor, el miedo, la incertidumbre, la inseguridad acerca de si un comportamiento es o no delito y en el hecho de estar en manos de la arbitrariedad judicial. En consecuencia, la legitimidad de ejercicio se mantendrá aunque sea preciso desobedecer leyes inicuas en atención al mandato democrático y el principio de equidad, ambos por encima de una legalidad de parte tan inicua como inepta,

La República Catalana, que está consolidándose en términos tan conflictivos como injustos cuenta con tres activos para salir adelante: la unidad del bloque independentista, el apoyo exterior y la movilización de la población catalana dispuesta a llegar a la desobediencia civil en apoyo a su dirigentes encarcelados, exiliados o presos. La primera y la tercera, la unidad del bloque independentista y el apoyo masivo de la población son alternativamente causa y efecto del propio movimiento. Este no sobreviviría de fallar alguna de las dos, que son como dos espejos enfrentados: la unidad del bloque refleja la unidad popular que viene movida por aquella.

El apoyo exterior, muy importante de momento a pesar de las actividades de las covachuelas diplomáticas españolas, se irá manifestando más y más abiertamente a medida que el conflicto consiga presentarse como lo que es.

Una lucha entre la dictadura española y la democracia catalana.

Aristóteles y la revolución catalana

Aristóteles dedica el libro V de La política al estudio de las revoluciones, sus múltiples causas y manifestaciones que analiza minuciosamente; su distinta naturaleza, según su finalidad. Pero a lo largo de todo el libro yace la idea de que la causa eficiente de las revoluciones es un sentimiento de injusticia, el de no recibir aquello a lo que se cree tener derecho. 

Es tal cual el caso de la revolución catalana, movida en su origen por esa conciencia de injusticia al no recibir aquello a lo que la mayoría de la población cree tener derecho, el derecho a decidir. 

De ahí, de esa injusticia fundacional, han derivado todas las demás, en cadena, a modo de racimo. No se ha permitido a los catalanes hacer nada y, sin embargo, lo han hecho a un coste muy alto por ambas partes en términos simbólicos para el Estado y humanos para los indepes. Estos han conseguido asimismo un gran éxito con la internacionalización del conflicto a causa de las medidas represivas adoptadas en España. 

Pero la prosecución del proceso político contra el independentismo a cargo del Supremo solo intensifica más el sentimiento de injusticia, de maltrato, de falta de garantías democráticas que está en la base de esta revolución. Las continuas citaciones a declarar de una cantidad creciente de representantes democráticos con la amenaza de procesamiento; la expansión de las causas al nivel municipal, la incertidumbre acerca de qué están investigando los jueces y de qué se acusa a los investigados, estan abocados a provocar situaciones crecientes de desobediencia civil y mayor conflicto. 

Este gesto de las autoridades gironinas, ¿qué es sino una muestra más de este espíritu republicano, de desobediencia? Y como este, va a tenerlos el Estado a cientos. En algunos casos podrá recurrirlos; en otros, por ejemplo este, no. Es perfectamente legal cambiar la rotulación de plazas y calles por decisión de los gobiernos locales. Y hay cambios que son señales inequívocas de una dinámica de dos países distintos. El segundo, el que está haciéndose en el curso de esta revolución tan atípica pero tan profunda movida por un sentimiento de injusticia, que tiene también ya sus efemérides, como el 1ºO. Porque es una revolución por los derechos, por la democracia, por la dignidad de las personas. 

Van a tener que encarcelar a media Cataluña o declarar el estado de sitio. O ambas cosas a la vez.

Porque es una revolución al modo aristotélico. La mayoría democrática catalana contra la oligarquía.

La República se asienta

Los símbolos son caros. El periódico parece objetar a que los gastos de la presidencia simbólica (que, además, juzga muy elevados) vayan con cargo al erario. No se ve a qué otro  pudieran ir siendo una decisión del Parlament. Vamos, que el gobierno, muy atento a no meterse en más líos para salir mal parado, piensa no darse por enterado. 

Será a efectos internos. A los externos, el ministro de Exteriores ya ha tenido la delicadeza de meter la pata insinuando conflicto diplomático con Bélgica. En verdad, no tienen arreglo. Esto de la política les es tan ajeno como el hockey.

No querían un referéndum pactado de autodeterminación y han tenido cuatro (el 9N, el 27S, el 10 y el 21D), el último convocado por ellos mismos. Y perdiéndolos todos, uno detrás de otro. Fabuloso. 

No querían a Puigdemont de presidente y van a tener dos, uno simbólico en el exterior y otro real y efectivo en el interior que tendrá otro nombre y figura pero irá en unidad de acción con el externo. Eso no hay modo de evitarlo. Como no lo hay de evitar que esta República Catalana vaya asentándose feliz aunque trabajosamente.

Resueltos que estén los trámites de la investidura se abrirá un tiempo nuevo con nuevos planteamientos y conflictos. Según parece el frente judicial unionista tiene previsto escenificar un proceso inevitablemente político contra el independentismo hacia el otoño. Entre tanto proseguirá su tarea de procesando a más gente. 

Una vía sin salida pues no es sino la perpetuación del conflicto. Es incomprensible que los instigadores del 155, su frente mediático y judicial, no vean que la represión solo puede llevar a la generalización de la desobediencia.

No lo ven porque es una cuestión de dignidad.

Rajoy en amok

Rajoy parece haberse convencido ya de que en España no lo quiere nadie. Ni los suyos. Escasamente su familia y la fiel vicepresidenta. Pero esta ya no le sirve de nada, pues le han aconsejado que no recurra ante el Tribunal Constitucional los sondeos del CIS ni las encuestas de intención de voto, ni las valoraciones de los líderes. Mire hacia donde mire, todo el mundo le da la espalda. ¡Ingratitud humana! Con lo que él ha hecho por los ricos, los financieros, empresarios, delincuentes, curas y organizaciones fascistas, al tiempo que ha castigado, anulado o reprimido a "los del otro bando". ¡Y ahora quieren prescindir de él, como si fuera una zapatilla vieja!

Pues parece haber decidido dar también aquí la batalla. Si hay que luchar por la supervivencia se pasa al ataque sin contemplaciones y, después de robar el fondo de las pensiones, se le dice a la gente que ahorre si quiere tener alguna y también, de paso, para la educación de sus hijos, para la que tampoco hay dinero porque se lo han fundido en robarlo directamente, regalárselo a los bancos, invertirlo en obras faraónicas inútiles o comprar armas a los yankies y voluntades políticas en las cancillerías europeas en contra de Cataluña. Antes o después del presidente M punto Rajoy, los de su partido preparan el terreno. Villalobos quiere sisar dos eurillos al mes a los suculentos salarios de los trabajadores y no sé qué dama de las aseguradoras ya sugiere a los jubilados que les regalen sus casas a cambio de la pensión de la que el gobierno los ha despojado y sigue despojandolos.

No hay duda: esta unanimidad social en torno a la marcha de Rajoy apunta a una situación de emergencia. Unanimidad que se refleja en la ínfima valoración a lo largo de todo su mandato, siempre como el político peor valorado, aunque a veces décimas por encima de Iglesias. Un presidente del que todos quieren librarse, no solo por incompentente, sino por desvergonzado y aburrido. Y una situación de emergencia porque a la vista está que este hombre ha perdido todo control y corre en amok de un lugar a otro destrozando lo que encuentra. Vamos a ver cuánto tardamos en tener un conflicto diplomático con Bélgica a cuenta de Cataluña.

Catalunya es el nombre del episodio más catástrofico de la catastrófica gestión de Rajoy. Un desastre sin paliativos originado en el autoritarismo y la incapacidad política de un partido y un gobierno más dedicados a esquilmar el país por todas las vías, legales o ilegales, en provecho propio que a gobernar con algo de lo que Rajoy siempre presume porque no sabe lo que es, el "sentido común". Cuando por "sentido común" entiendes solo lo que te beneficia a ti, tu partido y tus amigos, sucede esto, que te quedas sin país.

Junqueras dice que el mejor regalo que puede hacérsele (por los 100 días encarcelados) es que haya un gobierno. Y en ello está el bloque independentista. Habrá govern y sus circunstancias dependerán de lo que decida el bloque indepe y de lo que las circunstancias más tarde vayan aconsejando. Lo primero será pedir la retirada del 155 y lo segundo, la cesación de todas las hostilidades represivas, con la consiguiente liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados. Son las condiciones ideales para iniciar una negociación entre el Estado español y la Generalitat de Catalunya.

Sí, ya sé que decir esto suena a música celestial y que es seguro que no se conseguirá o no se conseguirá todo. Pero eso no es una razón para no plantear la exigencia, pues es justa y debe quedar constancia de ella. Porque, en definitiva, mientras las cosas no cambien, la cuestión es hasta dónde desarrolla su mandato republicano la Generalitat sin entrar en nuevo conflicto constitucional con la Monarquía española, lo que queda de la Monarchia Hispanica. 

Los vanos propósitos

El procés sigue su curso, ahora ya en forma de república en el exilio con una encantadora indiferencia hacia las reacciones que provoca. La oposición en bloque en el Parlament hace saber que ignorará todo gobierno simbólico en Bruselas y solo atenderá al real -y no títere, recuerdan los más avisados- que dé cuentas en el Parlament. Obvio. Un gobierno simbólico solo podría dar cuentas simbólicas. Y las cuentas han de ser reales de vellón.

Dada la estructura de presidencia bicéfala estilo gaullista que se perfila, eso de ningunear el gobierno en el exilio es como si la oposición en Francia dijera al primer ministro que piensa ignorar al presidente. ¡Ah! Pero se trata de Francia y de una Constitución. Y aquí se trata de Catalunya y su constitución...interna o, si se quiere "simbólica". La fuerza que lo "interno" y lo "simbólico" tengan será cosa de los indepes y nada que la oposición parlamentaria esté en condiciones siquiera de entender porque no es cosa suya.

Según noticias, Rajoy se dispone a "mirar para otro lado" si se constituye algo así como una Consejo de la República en el Exilio. Costumbre no le falta  La cuestión es si puede. Lo que se instala en Bruselas es una especie de altavoz y faro europeo del independentismo catalán, una delegación exterior de una república que está naciendo en las condiciones más contradictorias y difíciles que cabe imaginar.

Llega un govern cuya primera tarea es conseguir la retirada del 155 y el levantamiento de todos los expedientes represivos del tipo que sean contra representantes democráticamente elegidos. Son las dos condiciones necesarias para iniciar una negociación política entre el Estado y la Generalitat que llegue a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

En Flandes sale el sol

El sol de la rebeldía, dicho sea como metáfora celestial, por si el Supremo. El sol de la europeización del conflicto España/Cataluña. Desde el comienzo se ha reconocido que el exilio de Puigdemont en Bruselas (hábil elección) fue un gran paso en la internacionalización de la querella. Y más pasos que han venido después con botas de siete leguas. 

Permítase a Palinuro soslayar el asunto de los conciliábulos y las negociaciones entre indepes, arropado en su fe de que llegarán a un acuerdo porque no hay otra. Y no soslayar para dedicarse a la holganza, sino para plantear un asunto colateral a estas cuestiones, pero decisivo. 

Al margen de las razones de otro tipo para investir a Puigdemont, está la de que ya es un polo de autoridad en torno al cual puede fraguar una estructura institucional de gobierno en el exilio. El país sabe mucho de esto. Centroeuropa, los Países Bajos, Suiza, han sido de siempre tierras de asilo para los disidentes españoles, ahora como catalanes. 

La cuestión es hasta qué punto un gobierno de la Generalitat en el exilio puede provocar un conflicto diplomático con Bélgica. A primera vista y a juzgar por el divertido asunto de la euro-orden de ida y vuelta, el gobierno español mantiene cierta cautela y tratará de evitar enfrentamientos pero acabará obligado a presentar protesta por la actividad de un gobierno catalán en el exilio. Que es justamente uno de los fines del independentismo: ser objeto (no provocar) de un conflicto diplomático entre dos Estados de la UE en el que varios otros querrán también opinar. En Flandes vuelve a estar la batalla.

Y todo eso sin perjuicio de que los asuntos cotidianos de la República Catalana sean gestionados por un govern independentista que comenzará exigiendo la retirada del 155. 

2.060.000

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado Dos milions seixanta mil y centrado en recordar algo muy simple que tiende a olvidarse en el ajetreado día a día de la investidura y la contrainvestidura. Que detrás de las negociaciones, las amenazas gubernamentales, el activismo político-judicial y el contexto internacional hay 2.060.000 votos, la mayoría simple del electorado y 70 escaños, mayoría absoluta parlamentaria.

La República Catalana no es una invención de cuatro inconscientes ni una conjura de otros tantos conspiradores. Es una revolución que, como todas, se abre paso en condiciones difíciles, de cerrada hostilidad, recurriendo a la imaginación y la creatividad para hacer camino al andar. Una revolución democrática, cívica, pacífica, que el Estado no parece estar en condiciones de detener sin convertirse en dictadura abierta en Cataluña.

Esos 2.060.000 ciudadanos que probablemente son muchos más, están viviendo una república de hecho, luchando por recuperar sus instituciones. Constituyen el núcleo de una acción colectiva permanente, auto-organizada en redes virtuales y reales que no se puede combatir con policías ni tribunales. Es una sociedad cada vez más orientada a la desobediencia y resistencia civil pacífica, como la que difunde la iniciativa en peu de pau.

En todo caso, aquí la versión castellana del artículo:

Dos millones sesenta mil

Esa es la cantidad de votos a favor de la independencia en las elecciones del 21 de diciembre pasado. Mayoría relativa electoral y absoluta parlamentaria. Esa es la roca contra la que se estrellan las agresiones del nacionalismo español en sus múltiples variedades. Por eso prefieren ignorarla, silenciarla, como han hecho los audaces artistas en la gala de los Goyas; presentarla a través de sus medios serviles como una conspiración de un puñado se provincianos, como ha hecho el puñado de provincianos bien pagados de Tabarnia; reducirla al delirio de un solo hombre en Bruselas, como sueña el delirio de un hombre solo en La Moncloa, centro operativo de la Gürtel.

Crecientemente agresivo, el nacionalismo español en su forma de bloque del 155 (B155) esto es, el gobierno, el PSOE, C’s y el vergonzante apoyo de Podemos, dio un golpe de Estado para poner fin abrupto al independentismo catalán que él mismo había suscitado con su política autoritaria, recentralizadora y corrupta. Intervino el Parlament, destituyó el govern, encarceló indepes, obligó a otros a exiliarse, embargó las propiedades de otros más, convocó elecciones trucadas con candidatos en prisión, medios parciales, absoluta desigualdad de oportunidades… y las perdió haciendo el ridículo de paso, como se encargó de subrayar con aspavientos y declaraciones disparatadas la cabeza de lista de C’s. Con 2.060.000 votos a favor de la independencia, el electorado catalán reiteraba e incrementaba el resultado del referéndum del 1º de octubre de 2017, celebrado en unas condiciones de brutal represión policial que ha escandalizado al mundo entero.

Habiendo perdido, el B15 se niega a reconocer el resultado de las elecciones y pone en marcha la maquinaria mediática y judicial para impedir ilegalmente que pueda aplicarse. La conversión de la seudodemocracia española en la dictadura caudillista que constituye su verdadera esencia resulta patente. La necesidad de ocultar que el deseo de independencia en Cataluña es mayoritario y debe ser atendido se hace con ayuda de todos los aparatos ideológicos del Estado los medios de comunicación, la red de fundaciones y think tanks, los centros educativos, los intelectuales orgánicos del poder. Nadie sobra en esta tarea de mistificación para desfigurar la voluntad mayoritaria de los catalanes en una conspiración de cuatro iluminados o provincianos o en el delirio de un político irresponsable.

Recientemente se han incorporado las gentes del espectáculo y los bufones. Las primeras, que tenían una tradición de protesta y lucha por las causas de justicia, en su gala de los Goyas cayeron en un denso silencio, como si en España no hubiera presos, exiliados y embargados por razones políticas, como si en el momento en que ellos manoseaban sus Goyas, la Audiencia nacional no estuviera juzgando a un rapero, uno del oficio, por “delitos” de opinión. También se cuenta con la impagable aportación de la bufonada de Tabarnia que goza de acceso irrestricto a los medios públicos de comunicación reiterando la esencia misma de los bufones: tirar contra todo aquello que desagrade al poder a cuyo sueldo y servicio están.

Además de estos bufones a su servicio más o menos libre, el poder cuenta con otros medios contundentes para reprimir por la violencia la voluntad mayoritaria de los catalanes: las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el sistema penitenciario, los jueces y, en último término, el ejército, como recurso final en el caso de que el frente mediático y el judicial no tengan pleno éxito en su misión. El mediático está cumpliendo su función bastante bien pues está al servicio incondicional del B155, miente, manipula y falsea si ningún escrúpulo, censura a los críticos y da barra libre a los propagandistas del unionismo. Últimamente amplía su servilismo a la denuncia de discrepantes a quienes se censura en los medios (públicos y privados), pero se los señala públicamente para que sean objetos de represalias.

El judicial está funcionando a pleno rendimiento con el encargo de dar una pátina de legalidad a lo que no es más que un abuso de poder político. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, convertidos en instrumentos del gobierno, están perpetrando una causa general contra el independentismo catalán, un proceso político contra sus dirigentes, siempre en la esperanza de aplastar una mayoría democrática de más de dos millones de personas, atacando a sus representantes. La idea, típica de todos los despotismos y las tiranías, de que, sometiendo a estos a medidas injustas y arbitrarias, se conseguirá atemorizar a la mayoría y que se resigne a vivir en la opresión, la explotación y el desprecio.

La imagen que da la justicia es la sempiterna en España, resumida en la “justicia de Peralvillo” en la que primero se ejecutaba al reo y luego se le instruía la causa. Lo mismo que está haciendo el Supremo: primero encarcela a la gente y luego se fabrican los supuestos delitos. Y más allá incluso. No solamente el Supremo se extralimita en sus atribuciones, procede por analogías, abusa de su activismo judicial e ignora el due process of law sino que se ha convertido en un tribunal inquisitorial que castiga a los reos por sus convicciones. Como ha quedado claro en los pronunciamientos del juez Llarena: tanto Joaquim Forn como Jordi González están en prisión preventiva contra toda justicia y derecho por sus convicciones independentistas,

Estas actuaciones judiciales debieran ser objeto ya de réplicas contundentes de las instancias europeas en defensa de los derechos de unos ciudadanos atropellados por una justicia al servicio de la dictadura del B155.

Catalunya ya se ha ido

Traigo aquí la entrevista que me hizo Rosa Peroy con motivo de la xerrada que tuvo lugar el lunes pasado en el Teatro Principal de Lleida en donde conseguimos llenar el aforo de 800 personas. Así son las cosas. Cuando uno ve cómo la ilusión de independencia, el conjunto del procés suscita tanta atención, comprende uno la inutilidad del esfuerzo represivo de la oligarquía española y el bloque del 155. Cualquier acto que se convoque, sea conferencia, manifestación, declaración, vigilia, movilización, homenaje, lo que sea, en reivindicación unitaria de la independencia, tiene garantizada una asistencia en masa de la gente. Porque esta gente no es comparsa ni espectadora pasiva, sino muy activa de un proceso en el que está directamente implicada como pueblo porque sabe que, en el fondo, es ella quien lo dirige.

El espectáculo es tan clásico, tan obvio, tan conocido y su desarrollo tan previsible que uno se pregunta cómo es que estos gobernantes y el conjunto de la clase política española no lo ve. Pregunta con veloz respuesta: no lo ve porque, en su ciega soberbia española, no lee, no mira, no se entera, no quiere enterarse de que esto no es una actividad delictiva de un grupo de malandrines, sino un movimiento popular (y popular de verdad, no como el partido del gobierno que de "popular"solo tiene el nombre del banco que lo apoya), extendido por todo el territorio, encastrado en todas las actividades civiles de la sociedad, compartido como un sentimiento común. La imagen es de parodia: un pueblo unido, pacífico, cívicamente movilizado, articulado con unas autoridades imaginativas, con flexibilidad e iniciativa frente a otras que son como muñecos de cartón: políticos ladrones, monarcas cursis pero venenosos, curas trabucaires, obispos repipis, jueces avinagrados y prevaricadores, policías brutales, funcionarios corruptos, opositores sumisos, periodistas lacayos, tertulianos mordedores, presentadoras plagiarias, bandas callejeras de fascistas rebuznantes, izquierdistas de chicha y nabo a quienes Cataluña produce urticaria. Todos ellos armados con leyes y contraleyes que hacen en sus covachuelas de franquistas de guardia para tratar de detener un movimiento popular, abierto, espontáneo, libre.

No podrán.

La soberbia de la sinrazón

Este tribunal, que no se comunica por autos o providencias o sentencias, sino por "canutazos", ha hecho saber que se tomará su tiempo para resolver el recurso del gobierno contra el anuncio de la investidura de Puigdemont, no contra la investidura, que aún no se ha producido. El mismo tribunal que tardó menos de 24 horas en adoptar medidas cautelares, que muchos consideran ilegales, a instancia directa del gobierno. El que, en otras ocasiones y siempre en interés del mismo patrón, ha sido tan rápido como el famoso tigre de la leyenda, más veloz que sus rayas.

Ahora, tratándose de un asunto de urgencia para el normal funcionamiento de las instituciones, ese tribunal Speedy González anuncia que volverá a los pausados tiempos de la judicatura española. Como no cabe presumir en los magistrados desconocimiento del daño que su anunciada lentitud va a causar en una situacion crítica para que entre en funcionamiento la Generalitat solo puede concluirse que el tribunal se alinea con la táctica dilatoria y obstaculizadora del gobierno. Y, sin duda por hacer méritos procede por vía insultante, "sin urgencia". A ver si se han creído estos catalanes que van a condicionar la vida nacional.

Bueno, "los catalanes" pueden darse por contentos. El desprecio de este tribunal por Cataluña era antes mucho más intenso. Cuatro años tardó en dictar sentencia destrozando el Estatuto de 2016. Y solo para incendiar la pradera hasta llegar a la situación en que él mismo como tribunal es un instrumento del gobierno. Hablar aquí de Estado de derecho es literalmente echar margaritas a los puercos.

Pero eso es el juicio a primera vista: una provocación más del B155. Pero una provocación que aclara, aun involuntariamente, el terreno y las posibilidades de juego. El independentismo, sin duda, va a jugar frente a un bloque cada vez más desorientado y enredado en sus contradicciones judiciales de las que no conseguirán salir. El juego de los indepes es político (justo aquello de lo que el B155 no entiende) y seguirá al margen de las presiones y las amenazas judiciales. Para eso, habrá de adoptar una línea entre cuando menos dos con alguna variante:

Versión contemporizadora: se acepta la espera del TC, cosa que puede hacerse con una ficción jurídica de investidura fallida, que abriría el plazo de dos meses hasta la segunda votación. A ver si, entre tanto, el TC se ha pronunciado. Este tiempo podría también cubrirse con la variante que propone ERC de combinar una presidencia simbólica con otra ejecutiva. La idea es buena y eficaz. La bicefalia en el ejercicio del poder no es nueva. Dos eran los cónsules en Roma de iguales poderes y esta es la idea de fondo de la presidencia/vicepresidencia de los Estados Unidos, aunque a veces se olvide por la especial relevancia del presidente. La cuestión es la atribución de funciones. La idea parece ser reservar el estatus de legitimidad al presidente en el exilio y residenciar la capacidad ejecutiva en el investido. El primero, simbólico; el segundo, eficaz. Pero también cabría una fórmula de aeque principaliter o igualdad de dignidad en tanto el TC se digna resolver la cuestión. Y eso sabiendo que, con toda probabilidad, la decisión será negativa: Puigdemont no puede ser investido telemáticamente; puede serlo presencialmente, siempre que pida permiso a su primo el Tribunal Supremo que ya ha corrido a decir que no se lo dará. O sea, no habrá investidura de Puigdemont. Está prohibida.

Versión rupturista: el Parlament ignora la última decisión del TC y el canutazo sobre los tiempos y procede a investir telemáticamente a Puigdemont. Siendo este acto contrario a la prohibición del TC y armado con el 155, el gobierno se sentirá obligado a impedir la investidura empleando para ello los medios que estime necesarios que bien pueden ser clausurar el Parlament y abrir a continuación otro expediente represivo a su mesa. Todo con la vista puesta en dos futuros muy inciertos: prolongación del estado de excepción en Cataluña, cuya Constitución será el 155, es decir, la dictadura o terceras elecciones con un previsible resultado de aumento del voto independentista y eso si no se cae en la tentación de prohibir algún partido o asociación por razones ideológicas.

La perspectiva es tan negra que muchos se sienten justificados en insistir en que se adopte alguna variante de la versión contemporizadora. Es comprensible y quién sabe si prudente. Pero tiene una objeción. La contemporización (equivalente al appeasement de Munich, 1937) tiene un plazo escaso: si el govern bajo presidente ejecutivo se atiene al mandato que reconoce como propio de consolidar la República Catalana entrará de inmediato en curso de confrontación con el B155 cuyas nuevas medidas represivas de todo tipo nos llevarán al punto de partida, pero con un puñado de encausados más. 

El resultado viene a ser el mismo pero quizá por ello sea difícil elegir.

Palinuro ayer en Tarda oberta, de TV3

Ayer, intervención de Palinuro desde Madrid en el magnífico espacio de Tarda Oberta, de TV3. Quedó muy bien. Felicidades a los dos presentadores que lo hacen de cine. Mil disculpas porque llegué muy tarde pues me pilló un atasco monstruoso en la M-30.

Las cuestiones tratadas, de relevancia. La televisión como vía d einformación y debate de interés. La televisión como servicio público, algo que las cadenas españolas, todas a las órdenes del gobierno, ni huelen. Justo ayer, cuando en uno de esas basuras que llaman programas una señora, famosa por todo lo que hay de detestable en la naturaleza humana, exhibía el contenido de unos whatsaps -o algo similar- íntimos, privados de Puigdemont a un amigo obtenidos con técnicas de paparazzo. Lo importante de las diferencias es que queden claras.

Toda la represión, todas las cárceles, todo el odio del Estado español y sus engolados servidores no sirve de nada contra el movimiento independentista catalán. "Rebelión, sedición, malversación", silabean lívidos de rabia unos togados que se creen seguros porque son seguidores de Trasímaco, el que decía que el derecho es la ley del más fuerte. 

Inhabilitar una revolución

Lo dijimos hace un puñado de posts ("La deconstrucción de la rebelión") que, ante la creciente presión para que encontrara una salida civilizada al desbarajuste que ha creado, Rajoy se lavaría las manos invocando la división de poderes y que el asunto había salido de su jurisdicción política para entrar en la judicial. Es falso, por supuesto, ya que la ofensiva judicial fue instada por el ministerio fiscal, acicateado por el gobierno. 

Pero eso da igual. Supongamos que, cansados los jueces de que el gobierno los use como parapetos, según dice Público, los del Supremo hayan decidido actuar por su cuenta en un asunto eminentemente político. Y se conviertan en un incordio para el gobierno porque lo sustituyan. La falta de división de poderes ya es un desastre, pero la supeditación del gobierno al judicial es una catástrofe. ¿O alguien cree que se va a parar el procés inhabilitando a su cúpula? Tomen nota de lo sucedido con Ómnium y la ANC, que siguen actuando con sus dirigentes encarcelados. La única forma de completar la faena de la inhabilitación es la prohibición de las asociaciones independentistas. Y a ello parecen apuntar las últimas pesquisas policiales en sus sedes, así como los apuntes contables que maneja el juez Llarena. 

No se puede inhabilitar un proceso social que es, además, pacífico, cívico, democrático y revolucionario. Detrás de unas "cúpulas" inhabilitadas vendrán otras. Hay que inhabilitar un movimiento apoyado en más de dos millones de votos. O sea, hay que prohibir el independentismo, sus asociaciones, organizaciones, partidos. Hay que convertir el independentismo en un delito.

Y eso, ¿cómo se hace en un Estado de derecho? ¿Y cómo se explica? No a la dudosa luz de los sentimientos heridos, las emociones, el despecho, la ira, sino a la más clara de la razón, la justicia, la equidad. 

¿Cómo se explica que en España haya presos políticos, "delitos" de opinión?

¿O no hace falta explicarlo porque el 155 lo explica todo?

Final de partida

Al publicar el post anterior, La investidura en un tuit, señalaba Palinuro que, con todas las salidas cerradas por orden del gobierno,  el Parlamento tenía dos opciones obvias, ambas desafiando las prohibiciones arbitrarias de la dictadura española: investir a Puigdemont presencialmente (si conseguía llegar) o telemáticamente. En ambos casos sería de esperar otra vuelta  de tuerca de La Moncloa al 155 con el que el Sobresueldos ejerce su dictadura personal. Decía también que el Parlament, en uso de su soberanía quizá adoptara una decisión mejor. 

Y lo ha hecho. Ha aplazado el pleno de investidura hasta que el Tribunal Constitucional (TC) aclare el embrollo que él mismo ha organizado al servicio del gobierno y de consuno con Tribunal Supremo. Así se evitan las posiblemente fulminantes represalias en caso e investidura.

Comienza un compás de espera.

La decisión, probablemente astuta en el barullo de iniciativas, recursos, contrarrecursos y fintas de leguleyos, todavía pertenece a la etapa anterior a la constitución del Parlamento, cuando había que contestar a las provocaciones del B155 y su dictadura. Pero, con el Parlamento funcionando, esa época ha pasado y el aplazamiento de ayer ha sentado bastante mal. Muchos (PDeCat, la CUP, gente en la calle y en las redes sociales) se sintieron defraudados y amenazaron con recurrir a la acción directa,

Cierto, es lo que quieren lo franquistas de PP, el PSOE y C's y, por tanto, no hay que caer en la trampa. Nada de acción directa y violenta. Pero, por no caer en una trampa, podemos caer en otra: el aplazamiento de la investidura implica reconocer el derecho del enemigo a seguir gobernando tiránicamente y acarrea desestimiento y quizá discordia entre los indepes, que también es lo que quieren los franquistas.

Así que, reconociendo la prudencia de la decisión de aplazar, no es posible ignorar el riesgo de derrota que la prolongación supone, sobre todo a manos de unas adversarios tan granujas, hipócritas y viles como los que aquí intervienen, sin escrúpulos ni sentido alguno de la decencia y sin barreras morales que detengan sus prácticas criminales. 

Sin duda hay que cargarse de razones frente al abuso y el fascismo para afrontar el último tramo de la independencia de la República Catalana con el apoyo de la comunidad internacional. Y hacerlo manteniendo dos principios inamovibles: a) el movimiento es pacífico; b) es unitario.

Ni un milímetro cabe separarse de ambos criterios: no violencia y unidad.

Pero, quien crea que el fascismo español, el Borbón, el Sobresueldos, la banda de ladrones, los siervos socialistas de la derecha, los medios de comunicación rebosantes de sicarios, los empresarios delincuentes, etc., amainará en su intención de arrasar Cataluña, vive en la inopia. El plan de la dictadura del 155, ya lo hemos dicho, es acabar con el independentismo catalán por la violencia: encarcelando, exiliando y multando a todo el que se manifieste por él.

Aquí, mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado El punto de ruptura.

Así que, se quiera o no, en algún momento habrá una confrontación, habra que desobedecer, habrá que resistir. Lo importante, lo imprescindible no es hacer lo que sea por evitar aquella ya que es inevitable. Lo importante es mantener la no violencia del independentismo a toda costa y que la única que aquí se emplee sea la de la dictadura española.

Habrá agresiones (que quedarán sin respuesta), insultos, ataques de todo tipo. Más gente irá al exilio o a la cárcel. Mucha más. Hasta que ganemos.

La única posibilidad de sacar a los presos políticos de las cárceles es llenándolas con muchos más presos políticos. Hasta que la situación sea insostenible. Dentro y fuera de las cárceles.

Aquí, la versión castellana:

El punto de ruptura

El Estado español vive en una situación de excepcionalidad. Rige la Constitución de 1978, pero no rige porque está suspendida en una parte territorial del país, Catalunya, merced a un artículo, el 155, una ley de plenos poderes y de dictadura de hecho, aunque tenga el sarcasmo de llamarse “dictadura constitucional” o, como traducen los obsequiosos medios de comunicación –prácticamente todos- de protección de la Constitución. También está suspendida en su totalidad institucional, puesto que se aplica a todos los actos del gobierno y las instituciones con las que este se relacione. Catalunya no puede autogobernarse por exclusiva voluntad de Rajoy. El Parlamento tampoco legisla gracias al mismo individuo, que lo ha sustituido personalmente con el beneplácito de la oposición PSOE, C’s y, aunque vergonzantemente, también Podemos. Los tribunales, el Supremo y el Constitucional secundan la política del gobierno y tratan de disfrazar con argumentaciones jurídicas sus arbitrariedades.

                En esta situación la monarquía borbónica, heredera del franquismo, pone en marcha una campaña de propaganda para el 50 aniversario de Felipe VI. Se trata de embaucar a los súbditos con una apariencia de eficacia, legalidad, cercanía y sencillez que, aparte de costarnos una pasta (como todo lo borbónico) constituye un atropello más, una farsa y una burla a una ciudadanía que aspiraba a vivir en un Estado de derecho.

                El Borbón ya ha empezado a borbonear. Primero fue su rabioso alegato del 3 de octubre del año pasado, ignorando a las víctimas del vandalismo policial, amenazando al independentismo catalán y dando indirectamente carta blanca a las bandas fascistas de amigos y parientes del gobierno para que asalten librerías y apaleen a la gente por la calle. Luego la vergonzosa intervención de este ensoberbecido personaje yendo a explicar a sus mayores en Davos que España es lo que no es: un Estado de derecho. Si lo fuera, no sería necesario explicarlo, como nadie lo hace en el caso de Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, etc. y tampoco pretendería hacerse reconocer como Estado de derecho justo en el momento en que una norma excepcional, el 155, lo ha suspendido, aunque esto, más que caradura, pertenece más al campo de la estupidez. Vino luego un vídeo de un almuerzo de la familia real, monumento a la ñoñez y cursilería y un insulto a un país que tiene estadísticas escandalosas de miseria, desempleo y desamparo así como latrocinio e impunidad de los amigos y parientes del gobierno, su partido y los reyes. La imposición del Toisón de oro, o sea el vellocino de oro, de los Austrias, usurpado por esta casa de advenedizos a una niña con un “sueldo” de decenas de miles de euros que también pagan quienes no tienen para comer es ya la última muestra de la absoluta falta de sensibilidad y consideración de esta gente para el pueblo al que sojuzga por la propaganda, el engaño y, llegado el caso, que ha llegado, la fuerza bruta.

                La mezcla de violencia y represión fascistas en Catalunya (1º de octubre, presos políticos, intervención policial y paramilitar del territorio, etc.) con la cursilería esta monarquía restaurada por un delincuente fascista cierra la metáfora de la Transición. Marca también la hora 25 de este Estado español, carcomido por la corrupción, el autoritarismo y la incapacidad para encontrar una solución democrática y civilizada a la llamada “crisis catalana” que en realidad es la “crisis española”. Trata de hacerlo mezclando la brutalidad represiva de Turquía con la insufrible ñoñería de Sissi emperatriz.

                Convocado legalmente el Parlament salido de las urnas el 21D no puede proceder por una inteferencia ilegal e injusta del gobierno. Se vale este de unos jueces encantados de hacer el papel de muñidores y correveidiles de sus arbitrariedades y las justifica con el coro de medios comprados, dedicados a tapar su guerra sucia y atizar la catalanofobia, tratando de fraccionar y provocar a la sociedad catalana para justificar una eventual represión mucho más violenta y que también tendría el beneplácito del Borbón. ¿No dijo este en su discurso de entronización que hoy los españoles tienen el derecho de sentirse españoles como les dé la gana? ¿A qué viene exigir también el derecho a no sentirse españoles o sentirse no españoles? Ese derecho no les es reconocido y si algunos, varios, muchos, dos millones, por ejemplo, quieren ejercerlo, se les abre la cabeza, se les deja tuertos, se les destrozan las escuelas y el sistema sanitario, se les intervienen las instituciones, se les destituyen los cargos electos, se los encarcela, se los envía al exilio o se les confisca el patrimonio.

                Fin de la metáfora de la Transición. El fascismo del Estado español ha llegado al final del camino, ha cerrado dictatorialmente todas las vías para una solución razonable. Ha forzado el punto de ruptura. Solo admite un vestigio de arreglo si el independentismo renuncia a su candidato a la presidencia por no otra razón que porque al franquista Rajoy le da la gana.

                Es una típica provocación para justificar luego más dictadura en Catalunya y en España. Los independentistas no pueden aceptar que el presidente de la Generalitat lo decidan el corrupto Rajoy y el Borbón porque, además de tratarse de una institución democrática e íntegra, es republicana.

                La decisión de Torrent de postergar el pleno de investidura hasta ver qué decisión adopta el Tribunal Constitucional en el nuevo plazo que este arbitraria e ilegalmente ha establecido, es comprensible por un ánimo de agotar todas las posibilidades de solución pacífica. Pero me temo que será inútil. El Estado (Rey cursi y autoritario, gobierno corrupto, oposición vendida, medios comprados, etc.) no quiere solución pacífica alguna, sino sumisión, humillación, acatamiento y renuncia al independentismo. Para eso, entre otras vergüenzas, tiene rehenes políticos. La decisión que tomará el Constitucional será la muy española y previsible de sostenella y no enmendalla. Esperar no sirve ya de nada y solo podría aceptarse bajo promesa solemne de que será la última vez que se contemporice con la barbarie franquista.

                Se ha alcanzado el punto de ruptura. Si no se deja otra salida al Parlament que proponer otro candidato a la presidencia (en el extremo, ¿por qué no Arrimadas? Franco lo hubiera hecho) aquel tendrá que tomar la decisión hoy aplazada. Y tendrá que hacerlo con todas las consecuencias (incluidas las que enuncia el mafioso Casado del PP) en confrontación con los deseos de un Estado cuyo espíritu dictatorial se observa en que, a estas alturas ni él mismo sabe cómo imponer una legalidad que no es más que la arbitrariedad del ordeno y mando del franquismo, amparada por los jueces de su mismas cuerda y con el activo apoyo de un Borbón que trata de conservar su suculento empleo impidiendo la liberación de un pueblo y su constitución en República.