Al publicar el post anterior, La investidura en un tuit, señalaba Palinuro que, con todas las salidas cerradas por orden del gobierno, el Parlamento tenía dos opciones obvias, ambas desafiando las prohibiciones arbitrarias de la dictadura española: investir a Puigdemont presencialmente (si conseguía llegar) o telemáticamente. En ambos casos sería de esperar otra vuelta de tuerca de La Moncloa al 155 con el que el Sobresueldos ejerce su dictadura personal. Decía también que el Parlament, en uso de su soberanía quizá adoptara una decisión mejor.
Y lo ha hecho. Ha aplazado el pleno de investidura hasta que el Tribunal Constitucional (TC) aclare el embrollo que él mismo ha organizado al servicio del gobierno y de consuno con Tribunal Supremo. Así se evitan las posiblemente fulminantes represalias en caso e investidura.
Comienza un compás de espera.
La decisión, probablemente astuta en el barullo de iniciativas, recursos, contrarrecursos y fintas de leguleyos, todavía pertenece a la etapa anterior a la constitución del Parlamento, cuando había que contestar a las provocaciones del B155 y su dictadura. Pero, con el Parlamento funcionando, esa época ha pasado y el aplazamiento de ayer ha sentado bastante mal. Muchos (PDeCat, la CUP, gente en la calle y en las redes sociales) se sintieron defraudados y amenazaron con recurrir a la acción directa,
Cierto, es lo que quieren lo franquistas de PP, el PSOE y C's y, por tanto, no hay que caer en la trampa. Nada de acción directa y violenta. Pero, por no caer en una trampa, podemos caer en otra: el aplazamiento de la investidura implica reconocer el derecho del enemigo a seguir gobernando tiránicamente y acarrea desestimiento y quizá discordia entre los indepes, que también es lo que quieren los franquistas.
Así que, reconociendo la prudencia de la decisión de aplazar, no es posible ignorar el riesgo de derrota que la prolongación supone, sobre todo a manos de unas adversarios tan granujas, hipócritas y viles como los que aquí intervienen, sin escrúpulos ni sentido alguno de la decencia y sin barreras morales que detengan sus prácticas criminales.
Sin duda hay que cargarse de razones frente al abuso y el fascismo para afrontar el último tramo de la independencia de la República Catalana con el apoyo de la comunidad internacional. Y hacerlo manteniendo dos principios inamovibles: a) el movimiento es pacífico; b) es unitario.
Ni un milímetro cabe separarse de ambos criterios: no violencia y unidad.
Pero, quien crea que el fascismo español, el Borbón, el Sobresueldos, la banda de ladrones, los siervos socialistas de la derecha, los medios de comunicación rebosantes de sicarios, los empresarios delincuentes, etc., amainará en su intención de arrasar Cataluña, vive en la inopia. El plan de la dictadura del 155, ya lo hemos dicho, es acabar con el independentismo catalán por la violencia: encarcelando, exiliando y multando a todo el que se manifieste por él.
Aquí, mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado El punto de ruptura.
Así que, se quiera o no, en algún momento habrá una confrontación, habra que desobedecer, habrá que resistir. Lo importante, lo imprescindible no es hacer lo que sea por evitar aquella ya que es inevitable. Lo importante es mantener la no violencia del independentismo a toda costa y que la única que aquí se emplee sea la de la dictadura española.
Habrá agresiones (que quedarán sin respuesta), insultos, ataques de todo tipo. Más gente irá al exilio o a la cárcel. Mucha más. Hasta que ganemos.
La única posibilidad de sacar a los presos políticos de las cárceles es llenándolas con muchos más presos políticos. Hasta que la situación sea insostenible. Dentro y fuera de las cárceles.
Aquí, la versión castellana:
Pero, quien crea que el fascismo español, el Borbón, el Sobresueldos, la banda de ladrones, los siervos socialistas de la derecha, los medios de comunicación rebosantes de sicarios, los empresarios delincuentes, etc., amainará en su intención de arrasar Cataluña, vive en la inopia. El plan de la dictadura del 155, ya lo hemos dicho, es acabar con el independentismo catalán por la violencia: encarcelando, exiliando y multando a todo el que se manifieste por él.
Aquí, mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado El punto de ruptura.
Así que, se quiera o no, en algún momento habrá una confrontación, habra que desobedecer, habrá que resistir. Lo importante, lo imprescindible no es hacer lo que sea por evitar aquella ya que es inevitable. Lo importante es mantener la no violencia del independentismo a toda costa y que la única que aquí se emplee sea la de la dictadura española.
Habrá agresiones (que quedarán sin respuesta), insultos, ataques de todo tipo. Más gente irá al exilio o a la cárcel. Mucha más. Hasta que ganemos.
La única posibilidad de sacar a los presos políticos de las cárceles es llenándolas con muchos más presos políticos. Hasta que la situación sea insostenible. Dentro y fuera de las cárceles.
Aquí, la versión castellana:
El punto de ruptura
El Estado español vive en una
situación de excepcionalidad. Rige la Constitución de 1978, pero no rige porque
está suspendida en una parte territorial del país, Catalunya, merced a un
artículo, el 155, una ley de plenos poderes y de dictadura de hecho, aunque
tenga el sarcasmo de llamarse “dictadura constitucional” o, como traducen los
obsequiosos medios de comunicación –prácticamente todos- de protección de la
Constitución. También está suspendida en su totalidad institucional, puesto que
se aplica a todos los actos del gobierno y las instituciones con las que este
se relacione. Catalunya no puede autogobernarse por exclusiva voluntad de Rajoy.
El Parlamento tampoco legisla gracias al mismo individuo, que lo ha sustituido personalmente
con el beneplácito de la oposición PSOE, C’s y, aunque vergonzantemente,
también Podemos. Los tribunales, el Supremo y el Constitucional secundan la
política del gobierno y tratan de disfrazar con argumentaciones jurídicas sus
arbitrariedades.
En
esta situación la monarquía borbónica, heredera del franquismo, pone en marcha
una campaña de propaganda para el 50 aniversario de Felipe VI. Se trata de
embaucar a los súbditos con una apariencia de eficacia, legalidad, cercanía y
sencillez que, aparte de costarnos una pasta (como todo lo borbónico)
constituye un atropello más, una farsa y una burla a una ciudadanía que
aspiraba a vivir en un Estado de derecho.
El
Borbón ya ha empezado a borbonear. Primero fue su rabioso alegato del 3 de
octubre del año pasado, ignorando a las víctimas del vandalismo policial,
amenazando al independentismo catalán y dando indirectamente carta blanca a las
bandas fascistas de amigos y parientes del gobierno para que asalten librerías
y apaleen a la gente por la calle. Luego la vergonzosa intervención de este
ensoberbecido personaje yendo a explicar a sus mayores en Davos que España es
lo que no es: un Estado de derecho. Si lo fuera, no sería necesario explicarlo,
como nadie lo hace en el caso de Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, etc. y
tampoco pretendería hacerse reconocer como Estado de derecho justo en el
momento en que una norma excepcional, el 155, lo ha suspendido, aunque esto,
más que caradura, pertenece más al campo de la estupidez. Vino luego un vídeo
de un almuerzo de la familia real, monumento a la ñoñez y cursilería y un
insulto a un país que tiene estadísticas escandalosas de miseria, desempleo y
desamparo así como latrocinio e impunidad de los amigos y parientes del
gobierno, su partido y los reyes. La imposición del Toisón de oro, o sea el
vellocino de oro, de los Austrias, usurpado por esta casa de advenedizos a una
niña con un “sueldo” de decenas de miles de euros que también pagan quienes no
tienen para comer es ya la última muestra de la absoluta falta de sensibilidad
y consideración de esta gente para el pueblo al que sojuzga por la propaganda,
el engaño y, llegado el caso, que ha llegado, la fuerza bruta.
La
mezcla de violencia y represión fascistas en Catalunya (1º de octubre, presos
políticos, intervención policial y paramilitar del territorio, etc.) con la
cursilería esta monarquía restaurada por un delincuente fascista cierra la
metáfora de la Transición. Marca también la hora 25 de este Estado español,
carcomido por la corrupción, el autoritarismo y la incapacidad para encontrar
una solución democrática y civilizada a la llamada “crisis catalana” que en
realidad es la “crisis española”. Trata de hacerlo mezclando la brutalidad
represiva de Turquía con la insufrible ñoñería de Sissi emperatriz.
Convocado
legalmente el Parlament salido de las
urnas el 21D no puede proceder por una inteferencia ilegal e injusta del
gobierno. Se vale este de unos jueces encantados de hacer el papel de muñidores
y correveidiles de sus arbitrariedades y las justifica con el coro de medios
comprados, dedicados a tapar su guerra sucia y atizar la catalanofobia,
tratando de fraccionar y provocar a la sociedad catalana para justificar una
eventual represión mucho más violenta y que también tendría el beneplácito del
Borbón. ¿No dijo este en su discurso de entronización que hoy los españoles
tienen el derecho de sentirse españoles como les dé la gana? ¿A qué viene
exigir también el derecho a no sentirse
españoles o sentirse no españoles?
Ese derecho no les es reconocido y si algunos, varios, muchos, dos millones,
por ejemplo, quieren ejercerlo, se les abre la cabeza, se les deja tuertos, se
les destrozan las escuelas y el sistema sanitario, se les intervienen las
instituciones, se les destituyen los cargos electos, se los encarcela, se los
envía al exilio o se les confisca el patrimonio.
Fin
de la metáfora de la Transición. El fascismo del Estado español ha llegado al
final del camino, ha cerrado dictatorialmente todas las vías para una solución
razonable. Ha forzado el punto de ruptura. Solo admite un vestigio de arreglo
si el independentismo renuncia a su candidato a la presidencia por no otra
razón que porque al franquista Rajoy le da la gana.
Es
una típica provocación para justificar luego más dictadura en Catalunya y en
España. Los independentistas no pueden aceptar que el presidente de la
Generalitat lo decidan el corrupto Rajoy y el Borbón porque, además de tratarse
de una institución democrática e íntegra, es republicana.
La
decisión de Torrent de postergar el pleno de investidura hasta ver qué decisión
adopta el Tribunal Constitucional en el nuevo plazo que este arbitraria e
ilegalmente ha establecido, es comprensible por un ánimo de agotar todas las
posibilidades de solución pacífica. Pero me temo que será inútil. El Estado
(Rey cursi y autoritario, gobierno corrupto, oposición vendida, medios
comprados, etc.) no quiere solución pacífica alguna, sino sumisión,
humillación, acatamiento y renuncia al independentismo. Para eso, entre otras
vergüenzas, tiene rehenes políticos. La decisión que tomará el Constitucional
será la muy española y previsible de sostenella
y no enmendalla. Esperar no sirve ya de nada y solo podría aceptarse bajo
promesa solemne de que será la última vez que se contemporice con la barbarie
franquista.
Se
ha alcanzado el punto de ruptura. Si no se deja otra salida al Parlament que proponer otro candidato a
la presidencia (en el extremo, ¿por qué no Arrimadas? Franco lo hubiera hecho) aquel tendrá que tomar la decisión hoy
aplazada. Y tendrá que hacerlo con todas las consecuencias (incluidas las que
enuncia el mafioso Casado del PP) en confrontación con los deseos de un Estado
cuyo espíritu dictatorial se observa en que, a estas alturas ni él mismo sabe
cómo imponer una legalidad que no es más que la arbitrariedad del ordeno y
mando del franquismo, amparada por los jueces de su mismas cuerda y con el
activo apoyo de un Borbón que trata de conservar su suculento empleo impidiendo
la liberación de un pueblo y su constitución en República.