La situación en España como presunto Estado de derecho democrático se deteriora por días. La actividad represiva del B155 en todos sus frentes, político, económico, mediático, policial, judicial ha generado una situación de inseguridad jurídica en Catalunya para todos quienes directa o indirectamente tengan algo que ver con el independentismo. Ya nadie sabe qué están investigando los jueces, ni qué en concreto buscan las diversas policías en sus requisas por doquiera y sin aviso, al margen de que, mucha veces, estas medidas carecen de objetivo concreto pues su finalidad es exclusivamente intimidatoria.
Nadie sabe de qué pueden acusarlo. Hasta la fiscalía reconoce que aún no tienen claro el tipo delictivo que aplicarán a quienes, sin embargo, mantienen en prisión. Por razones políticas evidentemente. Como rehenes que son. El tratamiento judicial de los procesados es arbitrario y desconcertante, más parecido a los criterios inquisitoriales que a los de una justicia moderna. Nadie puede estar seguro en estas condiciones. Es una situación más próxima a la de las lettres de cachet del absolutismo que al Estado de derecho. Diversos jueces, en una muestra de activismo casi persecutorio, llaman a declarar a políticos, representantes, funcionarios, profesores, magistrados, concejales, artistas, sin que nadie tenga claros los motivos: el 1ºO, el 27 O, las convicciones de cada cual.
La arbitrariedad de las autoridades políticas no es menor con el entusiasta apoyo de la oposición parlamentaria en el B155. Tampoco sabe nadie qué permitirá o qué prohibirá el gobierno o en qué iras de qué ministerio incurrirá. El B155 es de una beligerancia suma contra Catalunya. No solamente no se habla de negociación; ni siquiera de diálogo. El panorama es de confrontación a muerte, de proyecto de aniquilación de Cataluña. Las intenciones de intervenir la educación y controlar los medios públicos de comunicación, añadidas a la campaña anticatalana de todos los medios de comunicación dejan bien claro que la acumulación de ataques en todos los frentes pretende acabar con el independentismo.
No se atreven a tipificarlo como delito pero todo lo que hacen prueba que así lo consideran. Y lo llevan adelante con una dictadura camuflada bajo la aplicación de un artículo de la Constitución, el 155 que, según la interpretación reinante, da al gobierno la posibilidad de imponer la ley saltándose la ley y decidiendo a su capricho qué es y qué no es la ley.
Perdieron las elecciones del 21 de diciembre que, en su infinita soberbia, creían que ganarían, y no tenían plan B. El plan B ha resultado ser la imposición en Cataluña de la dictadura del 155. Y, de paso, en toda España, pues ningún Estado de derecho será tal si en una parte de su territorio rige la arbitrariedad y la tiranía.
La confusa causa general que, contra toda razón y derecho, se sigue a los independentistas es, en realidad, una causa al independentismo. Un proceso político/ideológico que tipifica como delito otra ideología con el derecho que da el ser el más fuerte. Resulta absurda porque, llevada a sus últimas consecuencias, tendrá que investigar y procesar a más de dos millones de personas. Anímense: en principio todos los que votaron voluntariamente en un referéndum ilegal fueron cómplices de ilegalidad. Procésenlos. Tendrán que hacerlo porque el procedimiento de empapelar judicialmente solo a los representantes, basado en la muy ruin esperanza de que actúe como ejemplificador, no funcionará y a represente indepe procesado seguirá otro representante indepe.
De la tiranía al ridículo no hay más que un paso. El que darán cuando intenten prohibir asociaciones inependentistas, suprimiendo el derecho de asociación, tras haber suprimido el de expresión y el de sufragio.
Todo eso no ha servido de nada, ni servirá, mientras el bloque independentista mantenga incólume su principal fortaleza: su unidad. Es esta la que, en las arbitrarias e ilegales condiciones en que se encuentra, le permite seguir manteniendo la iniciativa política y marcando los tiempos. La posible apertura de otro frente político-jurídico en Suiza, según la decisión que adopte la CUP, supone un paso más en la internacionalización de un conflicto que ya está pidiendo a gritos la mediación europea.
