El Estado, el partido, la novia y los amigos.

Monago lleva hasta la fecha cuatro explicaciones públicas sobre los viajes a Tenerife, todas ellas contradictorias. En una semana de impetuosas y lacrimógenas comparecencias ha generado tal confusión que, para dar cuenta de ella, los periodistas acuden al procedimiento de deconstruccion derridiana. Lo llaman desmontando a Monago. Es directo y claro. Suena a "Deconstruyendo a Harry". Algo más difícil pues la confusión generada por las atropelladas comparencias es colosal. Pareciera, y así creen algunos, que con tanta escenificación, Monago usa la táctica del calamar de ocultarse opacando el ambiente. No es del todo así. El hombre suelta una parte de la tinta; la otra la tiene él en la cabeza.

Considérense las cuatro explicaciones: 1ª) He pagado todos mis viajes; 2ª) devolveré hasta el último céntimo (obviamente, de los viajes que ya ha pagado); 3ª) no devolveré nada porque son viajes institucionales; 4ª) los privados los pagué con mi Visa. Está hecho un lío, probablemente porque, tratándose de asuntos tres o cuatro años atrás, no tendrá clara memoria y se precipita con cada nuevo dato, en vez de esperar a tenerlos todos. Le falta información y el Senado no se la da porque no la tiene dado que no pregunta a los senadores a dónde o a qué van, sino que se limita a pagar las facturas. Por cierto, ¿solo los viajes o también dietas y viáticos y pernoctas y...? De ahí que El País, escandalizado, editorialice sobre la necesidad de poner fin a esta corruptela con un Transparencia ya, aunque con escasas esperanzas dada la resistencia de sus señorías a perder privilegios.

Esta falta de información, esta opacidad, este gatuperio arranca de otra confusión mayor, que no está solamente en la cabeza de Monago sino en muchas más. La confusión entre el Estado y el partido que, como su nombre indica, no puede ser el todo sino una parte. Los diputados y senadores no son representantes de sus electores y mucho menos de sus partidos sino de todo el electorado, sea en el Estado o en una Comunidad Autónoma, de sus votantes, de los votantes de otros y hasta de los no votantes. De todos. Las instituciones representativas, en este caso el Senado, no tienen por qué pagar los viajes privados. Pero no eran viajes privados, argumenta Monago, sino a actos del partido. Ahí está confusión, no sé si deliberada o no: los actos del partido son privados y debe costearlos el partido que, además, se financia también con fondos públicos. Cuando Monago viajaba a Tenerife no iba como senador sino como cargo del partido. De acuerdo con esto, aparte de los viajes pagados a la novia, debe devolver todo lo demás pues no han sido desplazamientos en nombre del Senado sino, en el mejor de los casos, de su partido. Y aunque el Senado no quiera o no pueda informar sobre la naturaleza y la finalidad de los que obedientemente pagaba, basta con revisar la cobertura de prensa de los viajes; sobre todo la local.

La dimisión no tiene escapatoria. Claro que, pensará Monago, lo mismo debieran hacer algunos otros colegas. Quizá sí. La fulminante dimisión del consejero aragonés, quien coincidía con el extremeño en el destino y finalidad de los viajes aunque, es de suponer, no en los tiempos, apunta en esa dirección. Es el problema de las corruptelas descubiertas, que se corren como la pólvora, cunde el nerviosismo y el sistema en su conjunto se deteriora aun más camino del desprestigio total.

Dos últimas observaciones. He leído en algún sitio una protesta feminista apuntando al uso machista que está haciéndose de la peripecia de Monago. No estoy muy seguro. Dependerá de los ambientes. En las redes observo un tratamiento respetuoso, aunque puedo estar equivocado. En cualquier otro lugar, de mayor tradición democrática y puritana, un caso así provocaría un tratamiento más colorido, topicazo y machista. Saldrían Mata-Hari, Christine Keeler o Monica Lewinsky. Aquí el asunto, me parece, se centra en la persona del senador y el presunto uso impropio de su condición. Estoy o quiero estar convencido de que a todo el mundo le da igual lo que el senador haga en su tiempo libre y con su dinero y si, dándose estas circunstancias, también es algo contra la ley, ante ella deberá responder.

Segunda observación: los amigos de Monago están dispuestos a que perezca el mundo antes de que se haga justicia. La vicepresidenta del gobierno, cuyo aprendizaje de este noble arte de la política está siendo deplorable, da por buenas las explicaciones de Monago. Al parecer, todas; las contradictorias también. Es decir, da por bueno que el Senado sufrague los viajes privados de los senadores. El principio de presunción de inocencia, añade con gesto de tribuna, debe amparar a todos, a Monago, a Griñán y a Chaves. Siempre conviene meter a los vecinos en la bronca de la corrala para embarullarla más. Hay que invocar un noble principio general par evitar lo que muchos llaman ya el "linchamiento" de Morago, obviamente porque no se han mirado en el espejo. A más risa, la invocación es tan absurda como si fuera del propio Morago porque. si el gobierno acepta sus explicaciones, ¿qué inocencia está cuestionada?

No acaba ahí el asunto. La mejor respuesta ya la dio el presidente del gobierno en torno a la segunda o tercera explicación de Morago, asegurando que este es un referente para todos. Tabla rasa, estilo Camps, Matas, Fabra: con la que está cayendo, ¿vamos a preocuparnos por unos trajes. unas contratas, unos fraudes, unos viajes a Canarias?

Pero, hombre, que España es una Gran Nación.

El modelo de España está missing.

Todos recuerdan aquel arrebato ditirámbico de Rajoy en Valencia en 2008, poco antes de las elecciones generales cuando clamó a voz en cuello que: El modelo de Camps es el que yo quiero para España. Las hemerotecas -hoy Google- son asesinas frías. Cinco años después, Rajoy es presidente del gobierno y Camps poco menos que un prófugo de la justicia. El juez Castro andaba ayer buscándolo para enviarle las preguntas a las que debe contestar, y para saber en qué lugar lo haría, pues declarar en donde le place es uno de los muchos privilegios de este privilegiado caballero. Pero no pudo dar con él, ni él, al parecer, se dignó dar razón de sí, a pesar de que la búsqueda judicial era pública ya que estaba en los medios; cuando menos los digitales. En Twitter, por ejemplo, Camps estaba casi en busca y captura. (Actualización a mediodía del domingo, 17 de noviembre: Camps sigue prófugo. Esto promete. A lo mejor acaban encontrándolo en Camboya, al modo de Roldán. Por supuesto, Rajoy no tiene nada que decir, como siempre).

Palinuro no es juez, pero sí ciudadano y, como tal, gustaría de enviar algunas preguntas también al presidente del gobierno para que las conteste como le plazca, y cuenta habida de que la oposición no se las planteará en el Congreso pues, en realidad, casi no existe como oposición. Las preguntas son estas:

- ¿Sabía usted en qué consistía el "modelo Camps"?

- Si no lo sabía, ¿por qué lo quería para España?

- Si lo sabía, ¿por qué lo quería para España?

- Si no lo sabía pero creía saberlo sin tener ni idea (con mucho, la hipótesis más probable), ¿no sería la situación actual un motivo más para dimitir?

- Despues de saberlo, ¿sigue usted queriéndolo para España? 

Respuestas fáciles de intuir. "Ya tal"; "sí, hombre"; "he dicho todo lo que tenía que decir"; "todo es verdad salvo alguna cosa"; "quieren apartarnos de nuestro objetivo"; "nosotros a lo nuestro". Bien, calle cortada, camino sin retorno. El presidente del gobierno jamás explica nada. Pero habla siempre con mucho aplomo.

Y ¿en qué consistía el tal modelo Camps? Por lo que se ha podido ver, está documentado y tiene activos a varios tribunales y juzgados de la Comunidad Valenciana, en una gestión en todos los niveles de gobierno (autonómico, provincial, municipal) presuntamente corrupta de arriba abajo; en un entramado de actividades supuestamente ilícitas entre muchos cargos públicos del PP y una serie de empresarios también corruptos o directamente delincuentes. Al fin y al cabo, el bigotes es un empresario. Gestión dada al boato y el despilfarro en obras públicas disparatadas, surrealistas, dadaístas (ese aeropuerto para peatones no se le ocurriría ni a Tristan Tzara) y, al propio tiempo provincianas, casi aldeanas. Circuitos internacionales, ciudades de esto o lo otro, palacios de aquello, una trapisonda de dineros públicos, pretenciosidad paleta que hizo del presupuesto un Eldorado al que acudieron ávidos cuantos sinvergüenzas y mangantes andaban de ronda por el país. La fiebre del oro corrupto. Barberá dice que Urdangarín la engañó. Y lo mismo dirá Camps, si reaparece. La capacidad de engaño de los engañadores es fabulosa. Alguno consiguió incluso engañar al Papa (es de suponer) y montarse un negocio con su visita a tierras valencianas.

Ese modelo de derroche rumboso, clientelar, caciquil, corrupto, para enchufar y enriquecer a los conmilitones del partido, los familiares y los amigos, era presentado a la sociedad que lo sufría como un ejemplo de gobierno eficaz, diligente, afirmativo, conseguidor. La artífice de este abracadabra fue la RTV valenciana que, durante veinte años, estuvo alabando el gobierno del PP, que había llenado la plantilla del ente de enchufados y parientes. La RTVV jamás daba noticia alguna perjudicial para la Generalitat y hasta ocultaba hechos como el accidente del metro, que costó 43 muertos. Al propio tiempo, ninguneaba a la oposición o la presentaba con tintes negativos. Su implantación se hacía a base de ocultar la realidad e inventarse otra sin ningún tipo de escrúpulo. Los escrúpulos aparecieron después, cuando redactores y periodistas que habían perpetrado ese atentado contra el derecho a la información, la libertad de expresión, etc., se encontraron en la calle, despedidos por el mismo gobierno al que llevaban veinte años haciendo el trabajo sucio. Pero este es otro asunto de más calado y queda para otra ocasión.

El modelo, por lo tanto, es un típico Potemkin: una fábula propagandística que oculta una realidad sórdida de latrocinio, expolio y miseria. Y no hace falta amargar la vida a Rajoy preguntándole si es el que aplica en España. Lo es. Lo era antes de su llegada al gobierno y en gran medida, gracias a él. Todo cuanto toca el PP es Potemkin. Se ha perdido el sentido de la moral pública y se llega a extremos de auténtica granujería. Pero oculta, inundada de fraseología ampulosa y huera. Esos cincuenta y tantos cargos del PP que piden el indulto a uno de sus alcaldes, condenado en firme por la justicia por ladrón debido a su talla humana lo son de un partido que anda mareando la perdiz con leyes de transparencia y códigos de buena conducta: las bambalinas, los decorados de cartón piedra que se mostraban a la emperatriz Catalina la Grande y tras los que se ocultaba la miseria y hoy, la delincuencia organizada ya en todo el Estado, al modo de la mafia, por impulso del modelo Camps.

Ese desprecio por la ley, esa conciencia de impunidad, empapa las declaraciones de los dirigentes del PP, carentes de todo sentido de la medida. Es literalmente increíble que la señora Cospedal llame a las Nuevas Generaciones de su partido a imitar a Carromero y no a Bárcenas. Al margen de lo ridículo de la recomendación en sí, ¿no se da cuenta la dama de que pide a los jóvenes identificarse con un delincuente condenado por los tribunales? Y esa es la última. En la penúltima, la dueña castellanomanchega pidió ante el mismo auditorio (que debe de ser bastante pánfilo) que el Código Penal impida a "tribunales de fuera" corregir a los de España. Y es abogada del Estado. Al parecer, nadie le ha explicado que eso no puede hacerse cuando se es parte voluntaria en tratados que establecen jurisdicciones supranacionales. Y tampoco nadie le ha explicado que, de poder hacerse, no sería a través del Código Penal. Malinforma la señora a sus cachorros, pero le da igual porque, más que abogada del Estado, se considera dueña de él. Es el modelo Camps.

Modelo Camps -y dos huevos duros- es el presidente de la Comunidad de Madrid afirmando que "a Madrid la miran con envidia el resto de las regiones." Lo de "regiones" lleva la habitual carga de agresividad soterrada de esta gente. Y el conjunto del enunciado da la medida de cómo el gobierno de Madrid se aplica el modelo Camps; y lo supera. Una ciudad con una alcaldesa en todo similar a Rita Barberá, con las calles llenas de basura, incapaz de gestionar asunto alguno sin desbaratarlo y, de paso, haciendo el ridículo. Una comunidad que despoja a sus ciudadanos de sus derechos de salud y educación, que malvende lo público a amigos o enchufados, que tiene sus universidades en quiebra y su investigación científica parada, mientras subvenciona las corridas de toros y se echa en brazos de un turbio proyecto de inversión, más pretencioso y palurdo que los de Camps, que probablemente ya es un caos y dejará deudas sin cuento.

El modelo Camps es el modelo España, marca España. Puro Potemkin. El Prestige nunca existió; el señor Blesa estuvo injustamente en la cárcel; se ha concluido felizmente un rescate que, como el petrolero, tampoco existió jamás; la infanta Cristina nunca rompió un plato; los jóvenes emigran porque quieren ver el mundo; el intento de expolio de las becas Erasmus, en realidad provenía de la UE; la reforma laboral da frutos óptimos; el recorte de las pensiones es una conquista social; el paro baja; la economía se recupera; es el momento de invertir en España; ya se ve la luz al final del túnel; el mundo entero se mira en nosotros. Y demás mentiras habituales.

La risa y el llanto son reacciones emocionales opuestas y alternativas. También se puede llorar de risa y reír por no llorar. Mantener la ecuanimidad, llegar a la ataraxia de los griegos en mitad de tanto absurdo, tanto disparate, tanta desvergüenza, es imposible. Por eso tal vez lo mejor sea aceptar el Potemkin como la verdad verdadera. 

Pongan ustedes más fútbol en las televisiones.

España una, cincuenta y una y dos ciudades.

Jaime Ferri Durá (Dir.) (2013) Política y gobierno en el Estado autonómico. Valencia: Tirant lo Blanch, 463 págs.

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Entre los numerosos misterios que encierra España, considerada como el “enigma histórico” de Sánchez Albornoz, no es el menor el de su articulación territorial. Guste o no guste a los españoles, la historia de nuestro país es un continuo tejer y destejer de formas organizativas para encuadrar a sus habitantes en ámbitos político-administrativos que den sentido a sus vidas, las faciliten y hagan del país en su conjunto algo más próspero y mejor. La prueba de que, hasta la fecha, tal cosa no se ha conseguido es que hace casi cuarenta años inauguramos una nueva planta y esta aparece sometida a fuertes tensiones que amenazan con romperla.

Si alguien cree que tal amenaza proviene exclusivamente de los nacionalismos independentistas más o menos periféricos, solo se quedará con media canción. La otra media la entonan formas no nacionalistas y no independentistas de entender la organización y convivencia territorial del Estado. En efecto, es dudoso que las tendencias centrífugas hayan causado mayor daño a la legitimidad del Estado autonómico que el hecho de que este se haya desplegado en todas sus potencialidades y haya llevado a una exacerbación de los particularismos localistas y la práctica irrefrenable del caciquismo, ambos responsables de que el apoyo popular a la fórmula autonómica actual en España no sea muy alto. Sin duda, la corrupción, como uno de los fenómenos de la época, es difícil de entender, analizar y combatir pero de lo que no hay duda es de que es responsable de la caída del prestigio de las CCAA. Es difícil contener la indignación cuando se ve cómo una cuadrilla de verdaderos forajidos lleva más de veinte años robando a los valencianos (y a todos los españoles), esquilmando las arcas públicas y enriqueciendo a unos políticos/mangantes del PP y sus adláteres y compinches en el proceloso mundo de la delincuencia organizada gracias a las llamadas "instituciones de autogobierno".

Sin duda es injusto generalizar y no es cierto que todas las CCAA autónomas se hayan administrado con el mismo grado de corrupción y presunta criminalidad que Valencia que más parece un reinado de la Camorra o la Cosa Nostra. Pero lo cierto es que el ejemplo valenciano, aunque con menor intensidad, se ha extendido a otras comunidades como Madrid, Murcia, Andalucía, Galicia o Baleares. Desde luego,  ello no es consecuencia de las estructuras autonómicas mismas pero, por supuesto, estas ayudan.

Así que, aunque el libro en comentario es un trabajo objetivo, académico, riguroso, imparcial del funcionamiento del Estado español en cuanto Estado de las autonomías, leyéndolo, no solo se aprende mucho sobre los caracteres de nuestro Estado en cuanto a su base territorial sino sobre los motivos por los cuales aparece parasitado por presuntas organizaciones de malhechores que persiguen el enriquecimiento ilícito de estos y la destrucción de la base estatal.

En el comienzo de la obra, una especie de introducción general sobre el modo en que el Estado autonómico se ha gestado y engordado, Jaime Ferri (“la construcción del sistema autonómico”) sostiene que está sometido a una “espiral centrífuga inacabable” (p. 22, 40). Traza la historia más reciente de la formación de España como Estado deteniéndose en las peculiaridades de Cataluña y el País Vasco y considera la articulación del Estado autonómico desde la Constitución hasta la malhadada LOAPA. Claro que eran otros tiempos. No estoy muy seguro de que el Constitucional actual hubiera actuado con aquella ley como lo hizo el otro. Sigue con acierto los avatares políticos de los últimos años, mezclando la política nacional con los de los sucesivos gobiernos, el “Plan Ibarretexe” (p. 54) y la reforma del Estatuto catalán de la que advinieron estos lodos (para otros amanecer radiante) de la exacerbación del independentismo catalán. La conclusión entre irónica y prudente del autor es que, después de treinta años, el balance del Estado autonómico está “abierto”, algo que le parece “más positivo que negativo” (p. 60), lo que tampoco suena precisamente a parabienes.

Esther del Campo García (“territorio y poder en perspectiva comparada”) plantea un buen cuadro descriptivo sobre los modelos o tipos ideales de organización territorial de los Estados, divididos en unitarios y compuestos y estos en autonómicos y federales (p. 70) con todas las cautelas pues, como siempre con los tipos ideales, los reales suelen ser más confusos y algo chapuceros. Así, España viene a ser un “federalismo encubierto” (p. 77). He perdido ya la cuenta de los eufemismos de los expertos para calificar España de Estado federal sin llamarla federal. No hay duda de que la descentralización territorial estuvo muy de moda a fines del siglo pasado. Que siga siendo algo de interés general en plena vorágine de la globalización es asunto distinto. Para Del Campo, resignada, entiendo, a la esencial indefinición española,”lo que importa son los procesos” (p. 87). Algo así como cuando te dicen que lo importante no es ganar sino participar.

Eliseo López Sánchez, Joaquín Sánchez Cano y Álvaro Aznar Forniés (“las instituciones autonómicas y su funcionamiento”), parecen ser jóvenes promesas de la politología española y, como tales, ha debido corresponderles el típicamente académico honor de habérselas con lo más árido: la descripción del entramado institucional de las CCAA, verdadera selva laberíntica, entre cuyos oscuros parajes pueden perderse los más aguerridos expertos. Territorios exentos en los que medran personajes e intereses locales que dan a la organización autonómica española ese aspecto un poco absurdo de intentar calzar en un molde racionalista rígido la imprevisible proliferación de las castas caciquiles con las más pintorescos mangantes. Traten de encontrar parangón en la Europa cartesiana a personajes como Baltar o Fabra. Los autores lo hacen muy bien, y el resultado resulta lo suficientemente sistemático, metódico e indigesto para cumplir con creces la evidente finalidad del libro de ser un manual; con distintos registros, pero un manual. Solo recomendaría para alcanzar el objetivo plenamente que, en una segura reedición del texto, los autores presten alguna atención al poder judicial autonómico y no lo dejen tan solo en el legislativo y ejecutivo.

Juan Carlos Cuevas Lanchares, un autor con otro tipo de preocupaciones, menos en un terreno institucional y más en otro ideológico o teorético, acomete el análisis de los “hechos diferenciales”. Es una buena idea y el resultado del esfuerzo, prometedor. Los “hechos diferenciales” son como el pedigrí de las partes componentes de esta realidad proteica que es España. Pero su afanosa generalización lleva al concepto a un terreno casi caricaturesco. Los tales “hechos diferenciales” se han generalizado por impulso de la idea del “café para todos” de la segunda ola autonomista. España viene así a ser un agregado de diecisiete “hechos diferenciales” y dos barruntos de tal cosa en las ciudades de Ceuta y Melilla. Hasta Madrid cuenta con el “hecho diferencial” de carecer de “hecho diferencial” (p. 175), lo que viene a ser como una plasmación autonómica de la paradoja musiliana de la identidad del hombre sin atributos. Llegadas aquí las cosas está claro que convendría ponerse de acuerdo sobre el alcance semántico del concepto de “hecho diferencial” para que no parezca solamente un intento de aguar las expectativas de Cataluña, País Vasco y, si acaso, Galicia ya que, en último término, “hechos diferenciales” los hay en cada villorrio. ¿O cree alguien que es lo mismo un leonés de la Maragatería que un segoviano? ¿Un madrileño de Móstoles que otro de La Moraleja?

Francisco Javier Loscos Fernández, (“los sistemas de financiación”), un reconocido experto en la materia, sintetiza en más de ochenta densas páginas la intendencia de este complejo armatoste del Estado autonómico. Es una exposición sistemática que, de nuevo como en el caso del capítulo sobre las instituciones, cumple de sobra la función propedéutica del conjunto del libro con un rigor y una prolijidad que pueden ser algo áridos; es decir, ideal como texto. Porque el alumno puede encontrar aquí todas las claves y fórmulas de los diversos modelos de financiación del mencionado laberinto académico. Hasta accede a los cálculos y fórmulas matemáticas de los regímenes de concierto o convenio (p. 240), que esos sí que son “hechos diferenciales”, como suspiran, llenos de envidia, los nacionalistas catalanes. El autor, quien tiene una visión optimista del tema y considera positiva por lo fexible (a la fuerza ahorcan; esta idea de “flexibilidad” quizá sea la más repetida en el libro) entiende que la financiación del Estado autonómico ha ido construyéndose pari passu con el propio Estado y en su exposición se guía por los principios que, en teoría, han de regir el proceso: suficiencia, autonomía y solidaridad (p. 255) Principios que la obstinada y díscola realidad política se empeña en ahormar aquí y allí cuando le parece y que, salvo si el gobierno central está en manos de una mayoría absoluta incuestionable, seguirá haciéndolo. No en balde el autor vuelve una y otra vez –para tratar de ignorarlo- sobre el hecho de que el reparto al 50% de los ingresos fiscales principales (IRPF e IVA) entre el Estado y las CCAA dé una pobre imagen de la respectiva responsabilidad política de las administraciones a la hora del feed-back de la opinión pública sobre las necesidades de financiación.

Luis Pérez Rodríguez, Eva Martín Coppola y Pedro Pablo Martín Parral, de nuevo otras tres promesas politológicas se atreven con un capitulo también medular en este asunto: las políticas públicas en materia de sanidad, educación y algunas cuestiones de la seguridad social como la dependencia (p. 294). En realidad, el capítulo viene a ser como un complemento parcial del de Loscos pues mientras este estudia los ingresos, nuestros autores lo hacen con los gastos, si bien no todos, ya que se limitan a los aspectos más típicos del Estado del bienestar, obviando transportes, infraestructuras, etc. Considerando que España es un “Estado autonómico del bienestar”, la cuestión que mejor resume su exposición es la pregunta final: “¿qué ocurrirá con el Estado autonómico a raíz de los actuales recortes del Estado de bienestar?” (p. 306) Pues dependerá de quién gane las próximas elecciones generales y de por cuánto las gane.

Paloma Román Marugán, (“los sistemas de partidos de las Comunidades Autónomas”), aporta su reconocida competencia y ya larga experiencia al análisis de uno de los aspectos a veces más intrincados y sorprendentes de nuestro tema: los partidos. Román enmarca las diecisiete CCAA y dos ciudades dentro del contexto de un hipotético sistema estatal que ya en sí mismo, presenta caracteres difíciles, como el hecho de que la autora admita que, al clasificarlo, tanto quepa considerarlo como “multipartidismo moderado” o “bipartidismo” (p. 317), con lo cual ya va el lector preparándose para cuando llegue el plato fuerte, esto es, la clasificación de los 19 sistemas de partidos de España, tarea de la que Román Marugán sale airosa confeccionando un muy ilustrativo cuadro de los sistemas autonómicos (p. 329), siguiendo los criterios de Sartori y en donde, en muchos casos, decidir si el sistema de partidos de tu comunidad es bipartidismo o multipartidismo depende de que en él actúen fuerzas como la Unión del Pueblo Leonés, el Partido Riojano o la Agrupación Herreña.

Argimiro Rojo Salgado y Enrique José Varela Álvarez (“la buena gobernanza del Estado autonómico: un largo camino por recorrer”) hacen casi un enunciado programático de su capítulo al señalar de entrada que queda trecho. Tiene mérito abordar la cuestión valiéndose de un concepto cuya equivocidad es tan evidente que tiene uno la sospecha de que hasta el título es redundante por cuanto no son pocos quienes atribuyen al término “gobernanza” ya de por sí una connotación positiva de forma que no habría “mala gobernanza”. En todo caso, valiéndose de una acepción instrumental a la que los autores llegan por agregación (p. 344), concluyen que las relaciones intergubernamentales del Estado autonómico son esenciales para su gobernanza pero que esta presenta déficit considerables (p. 356). Y tanto. En la medida en que por gobernanza entendamos una amplísima panoplia que va desde administrar bien los regadíos hasta acuñar una identidad colectiva como región, nacionalidad o nación lo más obvio es que el Estado autonómico tiene que recuperar la cultura de la negociación y el consenso (p. 359), cosa nada fácil en un mundo exterior lleno de señuelos a favor de la centrifugación como se ve por el hecho de los autores hablen de un “más allá del Estado-Nación” en el contexto de la globalización (p. 364). En efecto, un largo camino por recorrer hasta contestar a la pregunta que formulan al final: “¿es posible la buena gobernanza autonómica?”, a la que no responden con un “sí” o un “no”, sino con un “depende” (p. 369).

Argimiro Rojo, que hace doblete, redacta un interesante e innovador capítulo sobre “la acción exterior de las regiones: el caso de las Comunidades Autónomas” en el que resalta que dicha acción exterior, un tema siempre delicado, parece ya estar “institucionalizada” (p. 381) y no solamente por la aportación de las regiones a la Unión Europea que la tiene más o menos prevista (p. 388) sino porque dicha aportación será un elemento positivo en pro de la “buena gobernanza europea”, cosa que aun se verá más, según Rojo, a medida que Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado ponga orden en este mundo para que la acción exterior de las CCAA sea una “realidad reconocida, consolidada y normalizada” (p. 399).

Javier Gómez de Agüero López, (“las relaciones institucionales de las Comunidades Autónomas”) presenta un trabajo minucioso sobre un aspecto esencial, cambiante, difícil y muy problemático, el de la multiplicidad y variedad de relaciones de todo tipo entre las CCAA, entre las CCAA y la administración del Estado y entre aquellas y la Unión Europea sobre todo a través del Comité de las Regiones, pero no solo de este. Estas relaciones vienen siendo hasta la fecha un campo de vectores cruzados de todo tipo, a través de la cooperación multilateral (conferencias sectoriales), la cooperación bilateral (comisiones bilaterales de cooperación, convenios de colaboración) o la conferencia de presidentes, que viene a ser la instancia decisiva, una especie de “consejo europeo” a escala peninsular (p. 410). En cualquier caso, lo que el capítulo deja en claro es que el principal defecto de un sistema que no cumple con las expectativas es la falta de un órgano adecuado de coordinación de este abigarrado conjunto de relaciones en distintos planos. Debiera serlo el Senado pero, como bien se sabe, no lo es. En su ausencia debiera serlo la Conferencia de presidentes; pero tampoco lo consigue con lo que, al final, quienes vienen a rellenar esta laguna son los partidos políticos (p. 422), cosa poco avisada por cuanto estos, por su naturaleza y sus condiciones no debieran ser puntales de sistema alguno que pretenda estabilidad y continuidad.

Antonio Garrido (“las reformas estatutarias”), aunque hace un sucinto repaso histórico para situarnos en el marco diacrónico de los mecanismos de reformas de los estatutos, no se interesa tanto por dichos mecanismos como por sus resultados prácticos y, en concreto, se centra en el análisis de lo que llama la “tercera ola” de reformas y los estatutos de segunda generación (entre 2004 y 2011) (p. 429). El símil de la “tercera ola” tiene prosapia ensayística, aunque algún relativista, conociendo el país y sus paisanos, pueda apostar que quizá se alcance la “novena ola” que hunde su aciaga fama en lo más profundo del romanticismo. Corona el autor su capítulo con unas atinadas observaciones respecto a los contenidos y similitudes de los estatutos de la tercera ola, claramente articulados en torno a las tres grandes cuestiones que afectan al Estado autonómico: los derechos, las competencias y la financiación (p. 444). Con harta sabiduría concede atención solo de pasada a los temas identitarios, cuya relevancia a estos efectos de difundir conocimientos por medio de la enseñanza es relativa y quizá encuentren mejor acomodo en aquello de los “hechos diferenciales”.

En fin, buen repaso, muy actualizado, al Estado autonómico por lo que este vale.

Rajoy también habla catalán en la intimidad.

El llamado giro soberanista catalán tiene a Rajoy de los nervios. Lo que le faltaba era que se le rompiera España a él, que se pasó años dando la tabarra con que España se rompía a causa de los desatinos de Zapatero. Ya se sabe que en esto de la amenaza separatista la derecha gana siempre en contundencia a la izquierda. Nadie duda de que el gobierno pondrá en marcha todos los mecanismos legales para cerrar el paso al soberanismo catalán, incluido el artículo 155 de la Constitución que lo faculta para adoptar las medidas necesarias para que una Comunidad Autónoma díscola entre por el aro. Sería preferible no llegar a ese extremo, que tiene un altísimo coste político sobre todo porque el gobierno no está precisamente en sus días de gloria. La valoración ciudadana es pobrísima (aunque mejor que la de la oposición) y el apoyo popular ha descendido mucho. A ello se añade el descrédito absoluto que ha caído sobre el presidente y su partido por el caso Bárcenas.

Rajoy necesita todo su tiempo para defenderse de las acusaciones de corrupción y quiere quitarse de delante la cuestión catalana. Por eso, según parece, está estudiando una nueva forma de financiación para Cataluña. Igual que Aznar accedió a trocear la recaudación del IRPF y ceder un tramo a las comunidades, rompiendo la unidad fiscal, etc, Rajoy puede dar en la flor de aceptar un sistema de financiación catalana que se acerque a una forma de concierto o de cupo a estilo vasco-navarro. Hay diversos modos de romper España, de golpe o por etapas. Es muy típico de la esperpéntica derecha española dar gritos unitarios de cuarto de banderas mientras, a las escondidas, se cede a la presión nacionalista u se contribuye al fraccionamiento español mientras se dice combatirlo. En el fondo, a esta derecha "española", España le importa un bledo. Lo que le importa son sus privilegios de clase o casta.

El gobierno debe de pensar que una oferta de concierto catalán mitigará las reclamaciones soberanistas e introducirá una cuña en el frente nacionalista entre el nacionalismo de derecha, proclive a pactar con el nacionalismo español y el de izquierda, más dado a la ruptura. Puede ser y puede haber bronca en ese campo con los habituales insultos de traición a la patria. Pero también puede ser que no suceda nada de esto y que el frente siga adelante con su petición, ignorando los cantos de sirena en moneda contante y sonante del gobierno. Ya no es tiempo de conciertos sino del dret a decidir.

Frente a esto obviamente el gobierno puede recurrir a la violencia, pero sería mejor que no lo hiciera. No es fácil justificar en el exterior el empleo de la violencia contra reivindicaciones pacíficas, democráticas e institucionales. Nada fácil. Enseguida resuenan los ecos de la leyenda negra. Por eso es mejor no llegar a tales extremos. ¿Por qué no va a negociar el gobierno con los nacionalistas catalanes una forma de consulta que sea satisfactoria para ambos? La cuestión previa, por supuesto, es si ha de haber una consulta, un referéndum, o no. Hay gente muy razonable y de mucho peso que lo considera inevitable, como Rubio Llorente. Otros países la practican, como el Reino Unido con Escocia y tampoco es fácil explicar por qué puede hacerse en el Reino Unido y no en el Reino bastante más desunido de España.

Reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos de España no implica reconocer su independencia sino su derecho a reclamarla y, mediando un razonable acuerdo entre las partes, a conseguirla. Son dos cosas distintas. Desde el famoso dictamen o decisión de la Corte Suprema canadiense de 1998 sobre el Quebec, hay poco lugar a los debates sobre el derecho de autodeterminación. El tribunal canadiense era meridiano: ese derecho no existe en la Constitución canadiense. Ahora bien, si una porción importante de quebequenses insiste e incluso sostiene ser la mayoría de la población, entonces, el asunto no es una cuestión de derecho sí o no, sino una decisión política y el tribunal sostiene que debe organizarse un referéndum debidamente negociado entre las partes en cuanto a mayoría, preguntas etc. Si esto es posible en el Canadá, ¿por qué no en España?

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

El € por receta o la doble desobediencia.

¡Quién iba a decirlo! Ignacio González se declara de antemano en desobediencia del Tribunal Constitucional. Sin conocer la decisión de este está decidido -y así lo afirma- a no devolver lo recaudado y eso antes de saber si la sentencia le ordena hacerlo. Es desobediencia civil. Casi rebeldía. Eso:  ¡quién iba a decirlo! Un hombre tan conservador, tan atildado, tan de orden ¡en desobediencia civil! Autoridad no tiene mucha. Ha regalado también de antemano (es un gobernante expeditivo, resuelve los problemas antes de planteados) 1.300 o 1.800 millones de euros de todos los madrileños al gringo de Eurovegas y quiere recaudarlos tacita a tacita, urillo a urillo. Para ello no duda en declararse desobediente civil. Como Martin Luther King.

Lo curioso es cómo esta desobediencia civil se enfrenta a otra multitudinaria, generalizada, la de quienes se niegan a pagar el € por receta. Como esto siga así, González no devolverá lo recaudado porque no habrá recaudado nada. Resulta un pelín ridículo del lado de los dineros. Algo así como el ahorrativo despilfarro del consejero Lasquetty. Además de ridículo es perfectamente necio porque si los madrileños se creen legitimados a desobedecer la norma del pago del €, mucho más y con razón se creerán si quien la dicta anuncia por anticipado que se declara en rebeldía frente a los tribunales. Da así lugar a una desobediencia a la desobediencia o doble desobediencia. En verdad, estos políticos son de desecho de tienta, por utilizar metáfora querida por la cultura patria. ¿Quién le mandaba decir esa machada? ¿Por qué hace algo tan innecesario? ¿Por parecer el gallo del corral?

En fin. También es cosa de maravilla ese recurso al Constitucional del gobierno. Se entiende en el caso de CiU porque es otro partido y de catalanes, siempre fastidiando. Pero frente al propio partido tiene algo de misterioso. Y se basa ¿en qué? No será en términos de derecho a la salud porque el gobierno lo trata igual o peor que la Comunidad Autónoma. Tampoco en cuestiones de competencias porque es competencia de la Comunidad. Menos en cosas de Hacienda, pues el gobierno apremia al cumplimiento del objetivo del déficit autonómico. Entonces ¿en qué? Pues, por increíble que parezca, viene de la pelusa de preeminencia, de aquí mando yo y de la demagogia: yo os obligo a repagar hasta las cataplasmas pero a este socaliñas de González lo meto en cintura.

¿Y los socialistas? Muy bien: van a recurrir invocando el principio irrenunciable de la gratuidad de la sanidad, que es un derecho. Pero han aprovechado para pegarse entre ellos. Speedy Gómez contra Smartie Rubalcaba. El uno es la brigada ligera y el otro la división acorazada. Pero bueno, lo importante es que el recurso llegue y el alto tribunal se pronuncie antes de los JJOO de 2020 en Madrid.

Por cierto, una última observación. Ayer, la capital estaba sumida en una nube negra, densa, claramente tóxica que estará causando más muertes que el Madrid Arena. Pero estas no son tan mediáticas. Sin embargo, revelan la auténtica razón de por qué debe dimitir la alcaldesa Botella: porque, absorbida en la tarea de salvar su pellejo político, tiene la ciudad abandonada y sus millones de habitantes condenados a respirar ponzoña a causa de su desgobierno.

Novedades en el escándalo Cospedal.

A Cospedal está saliéndole el tiro por la culata. Publicó su declaración de ingresos y bienes a regañadientes el día 31 de diciembre en la esperanza de que, no habiendo periódicos el 1º de enero, no se hablara mucho de ella que, como se sabe, es un escándalo, el que suscita una politica que predica austeridad, pide a los demás que se aprieten el cinturón, les quita los salarios, rebaja y recorta todas las prestaciones, mientras ella se lo lleva crudo a casa: 158.000€ netos, 205.000€ brutos anuales procedentes de varias pagas, todas ellas públicas y que plantean dudas sobre su legalidad, aunque ninguna sobre su moralidad: son profundamente inmorales.

Le falló la maniobra porque no contó con las redes sociales que se han encargado de mantener viva la llama de la indignación popular ante este abuso y presionan a los medios y representantes de otras fuerzas políticas y autoridades en petición de que se actúe en el caso, se exijan explicaciones a la interesada y se tomen las medidas pertinentes. Porque, según pasan las horas va viéndose que lo turbio y oscuro de la declaración no está solamente en la fecha de la presentación. El contenido tampoco está claro ni mucho menos, como advierte Escolar en una entrada de Escolar.net titulada las trampas en la declaración de la pluriempleada Cospedal y cual ya advertía asimismo Palinuro en su entrada del lunes, ese escándalo llamado Cospedal. Definitivamente, las cuentas de Cospedal no están claras y piden a gritos explicaciones y la correspondiente investigación.

Porque resalta igualmente otro dato de la peor calaña. Al parecer, la dama declara que el cigarral de Toledo valorado en más de dos millones de euros procede de una donación. Si no consta la identidad del donante, la donación es secreta. Un político en activo no puede bajo ningún concepto recibir donaciones, especialmente secretas. La interesada está obligada a aclarar ipso facto la identidad del donante, en cuánto se evalúa la donación y qué contrapartidas lleva aparejadas, si las lleva.

El PSOE clama contra el sueldo de Cospedal, exigiendo que esta se explique y aclare todos los puntos oscuros del asunto. Si es así, que espere sentado. No basta con clamar. La señora no dará explicación alguna sino, siguiendo las enseñanzas de su maestro Rajoy, la callada por respuesta en espera de que pase la tormenta.

La única posibilidad real de que Cospedal explique su actuación y aclare si sus muchos sueldos son o no compatibles, si se ha saltado o no la ley y si la famosa donación del cigarral lleva gato encerrado en detrimento de los ciudadanos o no es emplazarla a que lo haga ante los tribunales. Con todos los datos en la mano, el PSOE o quien esté legitimado para hacerlo, debe acudir a la justicia y presentar la correspondiente denuncia contra una gobernante sobre la que se ciernan densas nubes de sospecha en cuanto a la legalidad de su actuación. Respecto a la moralidad, ya se ha dicho, ni una: es profundamente inmoral.

La aversión al cambio

El cambio. Ese misterioso término de contornos imprecisos, por todos invocado para los más diversos fines. El concepto apunta a una experiencia humana universal. Todos los filósofos menos Parménides lo han aceptado; los poetas lo han ilustrado; las religiones lo han consagrado. El cambio es la vida. Solo la muerte se nos aparece inmutable, sin serlo tampoco. El cambio es y, pues es, debe ser bueno ya que aquí estamos y no hemos muerto por ahora. El cambio tiene connotación rotundamente positiva. Por esos los políticos lo invocan. Por eso y porque no compromete a nada. Porque la pregunta es: ¿exactamente qué se pretende cambiar?

Modernización, progreso, futuro. El cambio propuesto por el PSOE en 1982 pretendía poner España a la altura de los otros Estados europeos en bienestar social (sanidad, pensiones), educación, infraestructuras y eficiencia de la administración. Treinta años después, visto lo sucedido entre tanto, es legítimo plantear la cuestión de si era ese el cambio deseado por la sociedad. La abrumadora mayoría absoluta socialista de 202 diputados, superior en 16 escaños a la actual del PP, ¿era únicamente un mandato para reformar la seguridad social, el sistema educativo, el ingreso de España en la Comunidad Europea o apuntaba más alto, a la Constitución misma?

Incidentalmente debe observarse cómo los 186 diputados del PP están sirviendo a este para hacer tabla rasa con todo lo conseguido desde 1982. La sanidad, ni la educación, ni la justicia son ya servicios universales ni gratuitos; las pensiones están en el alero y, por supuesto, los derechos de los trabajadores son recuerdos de tiempos mejores. Y estamos al comienzo, en el primer año triunfal de la vieja derecha española, convertida al liberalismo radical al que tanto combatió hasta bien entrado el siglo XX.

¿Cambiar la Constitución.? Impensable e indecible. Era el texto de un acuerdo, un consenso histórico, un documento casi mágico. Había hecho posible el milagro de que los dos bandos enfrentados en numerosas guerras civiles durante doscientos años llegaran a un entendimiento. Sería un irresponsable quien lo reformara. En privado, los exégetas reconocían que el texto tenía chapuzas sin cuento que jamás funcionarían o lo harían perversamente. Todo el mundo sabía desde el comienzo que el Senado no sirve para nada, las Comunidades Autónomas estaban mal planteadas y fueron delirantemente desarrolladas, el sistema electoral era desproporcional, injusto y, conjuntamente con los partidos políticos y su posterior regulación legal, daría lugar a un sistema caciquil y una partidocracia que algunos confunden con el bipartidismo.

Pero no se podía hacer nada porque la Constitución era el modélico fruto de un consenso y los consensos no se cambian. La cuestión es, sin embargo, sencilla: si fue fruto del consenso, ¿por qué no va a cambiarse? ¿Quizá porque no fue fruto del consenso sino de la imposición y el trágala, cosa que sus hacedores y herederos no quieren reconocer unos por interés y otros por vergüenza? Los partidarios del cambio no eran tales sino de una mudanza restringida, sin tocar la Constitucion. Para los gobernantes de hoy, el cambio es lo contrario y, con la misma Constitución nos descambian el cambio de 1982 y nos dejan en donde estábamos. Treinta años de cambio se van por el sumidero de la historia.

El dinero todo lo tapa. No se podía cambiar la Constitución porque el tal consenso ocultaba una situación conflictiva que podía explotar de cualquier modo. Por eso se optó por soslayar los problemas anegándolos en dinero. El ingreso de España en la Comunidad Europea fue la entrada en Eldorado. Sobre el país se derramaron los fondos destinados a la cohesión y, una vez cohesionado, en Maastricht le dieron el espaldarazo de la moneda única para ingresar en el club de los ricos. Y así no pareció necesario encarar los problemas, guardados en cofres dorados.

En aquella Jauja moderna, los defectos constitucionales antes mencionados se tornaron en actividades delictivas y una marea de corrupción: el Senado, las CCAA, la política y los políticos locales, la patrimonialización de la administración pública a todos los niveles son los pilares que han sustentado una actividad política en los últimos veinte años hecha de redes de corrupción, malversación de fondos, estafas, pelotazos, especulaciones, un caos de delincuencia, caciquismo y abuso que no ha dejado institución sana, desde el presidente del Tribunal Supremo a la familia Real, pasando por una infinidad de administradores de las cajas de ahorros que llevan años saqueando literalmente a los impositores. Y todo mezclado con las mafias internacionales, las redes de blanqueo de dinero, la evasion de capitales. ¿O es que nadie recuerda cómo la mitad de todos los billetes de 500 euros en circulación estaba en España? Parafraseando al poeta podría decirse "venid a ver el dinero corriendo por las calles".

Hasta que viene la quiebra. No puedo dejar de pensar en el reportaje de la BBC sobre el crac español, en el que se ilustran muchas de estas cuestiones. Con la crisis financiera vino la quiebra española y ahora nos encontramos cuesta abajo y marcha atrás a toda velocidad en manos de un gobierno de la derecha decidido a hacer pagar la crisis exclusivamente a las clases medias y bajas, favoreciendo el capital financiero, las grandes empresas y sin tocar las grandes fortunas ni, por supuesto, la mayor de ellas, la de la iglesia católica y sus privilegios de Estado dentro del Estado.

Ahora sí toca cambiar la Constitución. Lo admiten hasta quienes se opusieron a ello hasta ayer, a pesar de haber propiciado un cambio constitucional en agosto de 2011 que literalmente yugula todas las demás posibilidades del Estado social. Ahora hasta Rubalcaba habla de reformar la Constitución. Es decir, de cumplir el mandato que se dio en 1982 bajo la consigna del cambio, pero no se hizo por miedo al cambio. Y hoy ¿estamos a tiempo o también esa propuesta de cambio va a quedarse corta? Porque ahora, además del desmantelamiento del Estado del bienestar, el saqueo de lo público y la negación de derechos, se alza un reto soberanista catalán muy complicado. A su vera, lo de Ibarretxe, tortitas y pan pintado. Para hacerle frente se propone reformar las constitución para convertir España en un Estado federal. Los partidarios del cambio que, en el fondo, son sus enemigos, los federalistas sobrevenidos, todavía no han conseguido explicar cómo si España no ha sabido ser un Estado autonómico sabrá ser federal.

¿Reforma o proceso constituyente? Los reformistas de hogaño, en efecto, pueden estar llegando tarde. A su izquierda y en los movimientos sociales surge la petición de un proceso constituyente. No vamos a pegarnos por los términos. La propia Constitución prevé su revisión total. Siendo así, propóngase y a ver qué sucede. No es de recibo seguir oyendo que no es conveniente reformar la Constitución no vaya a ser que los republicanos pidamos la restauración de nuestra República. Pues claro. Estamos en nuestro derecho. Hemos soportado cuarenta años de dictadura fascista, militar y clerical y treinta y siete de monarquía impuesta. Y el fracaso está a la vista. ¿Por qué no intentarlo de nuevo con una República? ¿No son todos tan amigos del cambio?

Próxima convocatoria: elecciones catalanas.

Las elecciones catalanas del pasado domingo estuvieron cargadas de emoción, sentimentalismo y mucho odio y conflicto. El envite soberanista de Mas encontró primero el habitual desprecio castellano y, luego, cuando se vio que la cosa iba en serio, una actitud de hostilidad que fue agravándose con el paso de los días y que culminó cuando el gobierno amparó y alentó una de las habituales campañas de calumnias y mala baba de El Mundo que, tomando pie en un papel apócrifo, vertió serias acusaciones de corrupción sobre Mas, Pujol y otros convergentes, con la torcida pero clara intención de que perdieran las elecciones.

CiU no perdió las elecciones pero sí las ganó con menos de lo que pedía. El PSC pagó las culpas propias y las ajenas del PSOE y, si se mantuvo frisando la raya de los 20 diputados, fue por su propuesta de consulta referendaria en Cataluña, cosa que le enfrenta con el PSOE. La rama catalana de IU aumenta tres diputados que, a sus militantes, les parece un subidón extraordinario y ya ven la emancipación universal al alcance de la mano. El PP aumenta un diputado, pasa de 18 a 19 pero, para lo que pintan estos españolazos, podía haberse quedado en uno.

ERC, el partido independentista triunfa y duplica sus diputados, probablemente con votantes de Mas entusiasmados y del PSC aburridos. Pero la revelación será Ciutadans, que multiplica por tres sus escaños y también las CUP, que aparecen por primera vez en el Paralement con tres diputados.

Ahora está por ver cómo se compone gobierno y qué políticas sigue. Para analizarlas y suscitar algo de debate, hemos organizado una mesa redonda el próximo lunes, en el salón de actos del Rectorado de la UNED (c/ Bravo Murillo, 38, Madrid) con los intervinientes, todos ellos de gran nivel, que figuran en el cartel ut supra.

La entrada es libre. Todo el mundo bienvenido.

Homenaje a Cataluña.

De estas elecciones en Cataluña depende mucho. Para España y para Cataluña. Una prueba más de que, se ponga como se ponga el recurrente fascismo español -venero último de la derecha patriótica- Cataluña tiene un peso propio en el conjunto del país muy superior al que normalmente y a regañadientes le conceden sus poco amables vecinos.

Por primera vez y gracias al acierto (o el error) de Mas, en estas elecciones se mide la fuerza del independentismo catalán y el peso del nacionalismo español en el Principado; opciones tradicionalmente embarulladas por la tendencia del primero a la ambigüedad temerosa y la del segundo al disimulo receloso.

Siendo español no catalán, mi deseo es que Cataluña no se independice y que siga formando parte del Estado. Pero que lo haga voluntariamente, teniendo la libre opción de dejar de hacerlo mediante un referéndum de autodeterminación. Por eso, si pudiera votar, lo haría por el PSC, a pesar de que el resto de las políticas del socialismo ibérico me tienen muy descontento y de que, de las dos propuestas concretas del catalán, la del federalismo me parece una vaciedad inútil. En cambio coincido con la otra: la celebración del referéndum, cosa que se le atraganta a la actual dirección del PSOE.

Pero no subo esta entrada para hablar de mi hipotético voto, ni de qué piense yo que vaya a ser el resultado que, al parecer, está en el aire, sino para tributar un homenaje a Cataluña. Un homenaje a los catalanes y una petición de disculpas por los torrentes de injurias y calumnias a ellos mismos como pueblo y a sus dirigentes libremente elegidos que han debido soportar en el último mes, procedentes del gobierno español (y de parte de la oposición), de sus servicios secretos, de sus cloacas, de su prensa mercenaria y de sus agentes provocadores, algunos con cargo institucional.

Porque algo ha quedado claro en esta campaña: cuando los nacionalistas catalanes van en serio, se destapa el tarro del odio y el juego sucio españoles.

Odio en esta campaña ha habido en abundancia. Y dejará heridas difíciles de curar. Por supuesto, también del lado nacionalista catalán lo ha habido: ese odio victimista que reaparece en momentos de crisis. Pero ese es asunto que compete a los catalanes. A Palinuro le interesa el odio español. Para denunciarlo y distanciarse de él. Empezar Mas a hablar de independencia y echársele encima la ira y el odio de quienes no conciben más nación española que la que cabe en sus cuartelarias mentes ha sido todo uno. Un odio cuya contemplación, la verdad, avergüenza. Y muy extendido. Su forma más evidente se da en las amenazas, insultos y rebuznos de los españolazos más endurecidos. Pero también late el odio en esa crítica teóricamente refinada de cierta izquierda según la cual tanto Mas como Rajoy -los dos derechas, se dice- han sacado el señuelo nacionalista para ocultar sus recortes. Es muy posible. Pero esa misma crítica apenas oculta la sospecha de que el que la hace no quiere enfrentarse al hecho de que, manipulado o no manipulado, hay un fuerte sentimiento independentista popular catalán que la izquierda española no puede ignorar.

En dos palabras: si yo fuera catalán, viendo cómo las gastan mis vecinos españoles, creo que sería independentista.

Y, además del odio, el juego sucio, mucho más repugnante. Porque el odio, como pasión, puede llegar, quizá, quién sabe, a lo sublime. Pero el juego sucio, las injurias y las calumnias puestas en marcha, como siempre, por El Mundo, y atizadas por un gobierno de franquistas cuya fibra ética es tan sólida como brillante su honradez y profunda su inteligencia, se mueve en el subsuelo de la falta de principios, la maldad, la ruindad, la perversión, la venalidad y la hipocresía. Supongo que quienes han puesto en marcha este ataque repugnante y han envilecido la campaña habrán sido, como acostumbran, bien remunerados. Como parecen haberlo sido siempre las piezas que estos granujas han utilizado en otras ocasiones para sus fines, con ocasión de los GAL o del 14M.

Ignoro si Mas, Pujol, CiU, etc, son o no inocentes. Buena parte del asunto está sub iudice y los jueces decidirán. Es la sincronía de los momentos, el aprovecharse de la ocasión, la oportunidad para desprestigiar y desacreditar suciamente a quien no puede derrotarse en buena y limpia lid lo que más indigna y subleva por la inmoralidad que supone. Es el recurso a la amenaza, el chantaje, el insulto, la calumnia, el rumor, el infundio, la mala baba de esta derecha franquista y sus esbirros mediáticos lo que empequeñece hasta hacerla liliputiense la causa española en Cataluña y agranda en cambio la causa catalana hasta en España. La última prueba: que de las patrañas de El Mundo se haya hecho eco ese tabloide del fascismo zombie español que es La Gaceta.

Pase lo que pase hoy en Cataluña, pido perdón a los catalanes en nombre propio por las demasías de mis paisanos y les agradezco el ejemplo que nos dan, que nos han dado durante 35 años, de un nacionalismo civilizado, pacífico y democrático.

Sobre las elecciones de Galicia y el País Vasco.

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Interesante evento pra hacerse una idea de cómo queda la situación en Galicia y el País Vasco después de las últimas elecciones y a la espera de las próximas catalanas.

Entrada libre. Tod@s invitad@s,

Salón de actos del Rectorado de la UNED, Bravo Murillo, 38.- Madrid, 28015.

El ganapierde

Una de las reacciones más curiosas a los resultados electorales del domingo es esa euforia con la que la izquierda a la izquierda (que, sin embargo, no se considera "extrema izquierda") ha vitoreado los nueve diputados de Xosé Manuel Beiras, al frente de AGE. Los entusiastas ven en esta formación la réplica hispana de la Syriza, griega, una renovación de la izquierda hegemónica en Grecia, que se ha impuesto sobre el renqueante PASOK. Pero, al hacerlo, hacen también una pequeña trampa. En la Syriza griega no hay comunistas, puesto que estos se presentaron a las elecciones con su propio nombre. En la pretendida marca española sí los hay. Es verdad que están sumergidos en dos colectivos distintos ya que el PCE forma parte de IU que, a su vez, forma parte de AGE junto con Equo y algún otro grupo. Cada cual se camufla como quiere y puede. Esto en sí no tiene mucha importancia dado, además que el triunfo es de nueve diputados sobre 75, pero tiene la que tiene. En concreto la de formular ese discurso de la hora de la recuperación de la hegemonía para la verdadera izquierda que pasa inevitablemente por el hundimiento y desaparición consiguiente del PSOE, por lo menos su pasokización. Un discurso comunista tradicional desde los años veinte del siglo XX, la eliminación de la socialdemocracia traidora. Un discurso que apenas se ha modificado (aunque, a veces, como en Andalucía, sea obligado -no sin muchos conflictos- mantener una política de alianza con este querido enemigo) y que hoy, como ayer, consiste en negar paladinamente al socialismo democrático todo carácter de izquierda y considerarlo siempre al servicio del capital en todas sus formas. Un discurso que trata de despojar a la socialdemocracia del derecho a usar ese nombre para apropiárselo el que discursea.

Dudo mucho de que los variopintos aliados de los comunistas en las coaliciones, alianzas o plataformas en que participan suscriban un discurso tan extremo e intolerante. No son ciegos ni insensibles al hecho de que el PSOE tiene un considerable respaldo electoral que incluso hoy, en lo que los mismos socialistas llaman su horas más bajas, está en un 20,5% del voto frente al 14% de AGE. De Syriza, nada.

Los socialistas, a su vez, murmuran que la única función real de esa izquierda a la izquierda es restar votos al PSOE, votos inutilizados, en el fondo beneficiosos par la derecha que, obviamente, no hubiera podido sacar más diputados con menos votos de no ir la izquierda fragmentada. Pero eso es un asunto sin mayor relieve al lado del problema real de los socialistas que es mantener y acrecentar su voto, haciendo una oposición clara y decidida para lo cual tienen que haber definido su alternativa. Por supuesto que eso habrá de hacerse reivindicando el viejo espíritu socialdemócrata del socialismo reformista. El problema es que, paralizado por el descrédito que reflejan las encuestas y las elecciones, el PSOE no ha pasado de formular lo anterior como un deseo, sin hacerlo visible al electorado.

Y es que el Partido Socialista sufre aquí el mismo síndrome del conjunto de la izquierda, el de su indefinición y consiguiente desconcierto. Todas las fuerzas políticas parlamentarias comparten un terreno común de entendimiento: la legitimidad fundamental del sistema democrático según la cual solo se puede aspirar a realizar el programa propio obteniendo el apoyo de la mayoría del electorado. Un electorado que muestra, por lo general pero de modo constante, una clara orientación conservadora. Ganar elecciones en esas circunstancias con un programa político de reformas radicales, no digamos ya revolucionarias, es imposible, de forma que la alternativa es desagradable pero clara: moderas tu programa, lo haces reformista, pactas o no haces nada porque careces de fuerza parlamentaria.

De aquí que haya una nostalgia en la izquierda radical por las vías de hecho, por decirlo suavemente, una pronta inclinación en favor de todos los movimientos políticos de oposición extraparlamentaria que surjan. Pero, a la larga, nadie en la izquierda radical parlamentaria propugna abolir la democracia burguesa, instaurar la dictadura del proletariado y mucho menos acabar con el mercado y nacionalizar toda la actividad económica y financiera. Hay propuestas de reformas más o menos radicales, pero el programa máximo ha desaparecido del escenario. ¿Por qué no decirlo abiertamente?

Eso ayudaría a un proceso de recomposición del socialismo democrático que se ha ido alejando de su ideal reformista originario y, unas veces por prepotencia (tiempos de Felipe) y otras por pusilanimidad (tiempos de Zapatero), se ha acomodado a las condiciones del capitalismo, adaptándose a él y cediendo a sus imposiciones en lugar de hacer al revés. El remate ha sido que el PSOE se haya convertido vergonzantemente, a la chita callando, en un partido dinástico y que su posición sobre la planta territorial del Estado esconda en un nebuloso federalismo una concepción unitaria de España. En ese proceso de recomposición, el PSOE tiene que rescatar su ideario socialdemócrata de transformación del capitalismo por la vía reformista y ofrecerlo como terreno común de diálogo y, quizá, entendimiento, entre la izquierda.

Solo los más sectarios o menos avisados ignoran que, con independencia de otros factores, una de las causas esenciales de la superioridad electoral de la derecha es su unidad frente a la fragmentación de la izquierda. Y el sentido común dice que, cuando la unidad es imprescindible, habrá que pagar sus costes en forma de concesiones mutuas. Una unidad sobre la base de los presupuestos de una de las partes es una absorción. La unidad se basa en el mutuo entendimiento y la conciencia de que este es imprescindible si se quiere ser eficaz a la hora de transformar la sociedad desde el único punto en que esto es posible: desde el poder político.

Esa plataforma de entendimiento, por la que Palinuro aboga desde siempre, tiene que girar en torno a la recuperación, consolidación y ampliación del Estado del bienestar que es la joya de la corona socialdemócrata; sobre todo ahora que se acusa al PSOE, con razón, de haber atentado contra los fundamentos mismos de ese Estado del bienestar. Pero, además, no hay que reducirse a tal forma de Estado. La plataforma de entendimiento podría partir de la recuperación de lo que acertadamente la Constitución de 1978 llama "Estado social y democrático de derecho". Esto no quiere decir en absoluto que Palinuro abogue por la intangibilidad de la Constitución; al contrario, piensa que debe reformarse y en profundidad para que recoja, por ejemplo, el derecho de autodeterminación. Pero aquella fórmula permanece ya que es un verdadero programa de izquierda: Estado del bienestar, justicia social, Estado de derecho y garantías de las libertades públicas y los derechos de los ciudadanos incluidos, los derechos de las mujeres (aborto), de las minorías sexuales (matrimonio y adopciones de gays) así como los económicos y sociales, trabajo, vivienda, educación y salud.

¿No es un punto de entendimiento suficientemente claro, suficientemente amplio y suficientemente de izquierda?

En el fondo del pozo.

Los análisis electorales que empiezan por juzgar la voluntad del electorado carecen de sentido. La gente vota lo que quiere y punto pelota. Lo que hay que analizar es lo que dicen quienes piden el voto antes y después del resultado. Por ejemplo, en Galicia, ¿cómo va a votar la gente la versión local del desastre del gobierno del Estado? Pues lo ha hecho y Feijóo suma escaños. Pero no votos; al contrario, los pierde. Aun así, el 45,72% no está nada mal. La pregunta suscita otra pregunta: ¿tenían los gallegos algo distinto que votar? ¿Cuál era la oferta del PSdeG? ¿Y la de la otra izquierda? ¿Tenían visibilidad? He leído en Twitter que Rubalcaba se queja de que el PSOE no tiene medios de comunicación. Es verdad. No tiene nada. Pero es que tampoco tiene alternativa que comunicar y ese es el problema.

Resultado provisional: las elecciones las ha perdido el PSOE. A este lado del abanico, las ha perdido la izquierda. Pero, por la acrisolada costumbre de entender las cosas en el contexto de su subcultura, la izquierda llamada más radical celebra como una victoria los nueve flamantes escaños de Beiras et tutti quanti; es decir, sigue en la inopia, envuelta en el eco de una fraseología revolucionaria huera, como quedará de manifiesto cuando se vea que esos 9 diputados, a su vez, son una especie de grupo mixto. El nacionalismo, por su lado, se desinfla perdiendo cinco escaños lo que demuestra la repercusión que su discurso tiene entre los votantes, y el que se da el batacazo es el PSOE, que pierde siete diputados.

Las elecciones, hay que insistir, las ha perdido el PSOE y también lo ha hecho estrepitosamente en el País Vasco, al ceder nueve escaños y quedar en tercer lugar. El resultado probablemente es injusto con el gran deseo que Patxi López tenia de salir bien parado de sus años en la Lehendakaritza y quizá también pueda verse injusto para los dos partidos que han protagonizado el fin del terrorismo en el País Vasco. Pero es el resultado y extraordinariamente malo para el PSE/PSOE.

El secretario de organización del PSOE ha salido limpiándose el sudor de la frente a decir que Rubalcaba no tiene intención de dimitir y que la dirección actual posee un mandato de cuatro años otorgado por un congreso hace ocho meses. Exactamente ese es el problema, los ocho meses que ha tenido el PSOE para hacerse visible como oposición, esgrimiendo una alternativa verosímil. En lugar de esto el dicho secretario promete que el partido seguirá haciendo oposición responsable, como hasta ahora. Es decir, piensa seguir sin hacer oposición y sin enterarse de la que la calle está haciendo.

Hay una opinión extendida según la cual los gobernantes están obligados a rendir cuentas de sus actos, pero no tanto la oposición. Es algo absurdo. La oposición quiere ser gobierno y está tan obligada a la rendición de cuentas como este. La idea de que la estrategia y la táctica del partido las fija la dirección y sus allegados sin dar cuentas a nadie es inaceptable. Sobre todo porque se pide el voto. Los resultados del partido, sus errores o insuficiencias importan tanto a los votantes como a los militantes y los directivos.

La actual dirección del PSOE llama oposición responsable a una oposición que no es tal, de un partido que apenas es visible en el debate político, carente de iniciativas y con un discurso confuso en materia de organización territorial del Estado, que es asunto sensible. Desde que el PSOE decidió, hace ya algunas fechas, dejar de ofrecer entendimiento y política de pactos de Estado, el problema es que ha dejado de ofrecer también todo lo demás. Ha enmudecido.

Rubalcaba es hombre conservador. Ha eliminado el cariz republicano del PSOE y lo ha arrimado a la dinastía y ha afirmado la voluntad unitaria del Estado con un recurso pro forma al federalismo. Convertido en un partido dinástico, inmerso en las instituciones, el PSOE se mantiene al margen de las corrientes protestatarias de la calle, cuando no las condena sin más y pierde apoyos a chorros en todas partes.

Y no se trata solamente de cierto talante moderado, pactista que se proyectara como una sombra zapateril sobre Rubalcaba. Se trata de que, instalado en las instituciones, el PSOE ha perdido la sensibilidad para escuchar la opinión de la calle y sintetizarla luego en propuestas que tengan apoyo social. Se ha convertido en una maquinaria pesada de intereses, influencias, fracciones, espíritus, almas, sensibilidades o como quieran llamarlas. Es un lugar en donde se pactan las composiciones de los órganos, se negocian listas electorales, se intercambian puestos y se formulan lealtades, generalmente personales. Un lugar en donde abunda más de la cuenta la fidelidad al jefe antes que la militancia crítica, la formulación de doctrina legitimatoria antes que las propuestas innovadoras y de riesgo y donde unos cuantos ideólogos que forman una especie de élite pensante de escaso pensamiento se reparten los puestos y cargos en una mezcla de iniciativas, órganos, fundaciones en los que elaboran la doctrina que complace al poder de turno, hoy más cuestionado que nunca.

Esa inercia es la que hay que romper, la que ofrecen los cargos del partido, los de elección en las instituciones y los promovidos a posiciones de poder por su capacidad para la intriga. Es muy difícil; pero hay que romperla. El PSOE tiene que refundarse con un programa claramente socialdemócrata y llegar a un entendimiento con las demás izquierdas. Es el fraccionamiento y la falta de definición de la izquierda las que la llevan a la derrota. Como es la unidad la que lleva a la derecha a la victoria. 

Incidentalmente, los otros dos partidos de la derecha, UPyD y Sociedad Civil y Democracia, han obtenido unos resultados ridículos: el 1,48% UPyD y el 1,1% el partido de Mario Conde. Dado el mayor fraccionamiento de la cámara vasca, UPyD, con el 1,94% del voto, conserva su diputado. Un resultado menos que mediocre si tenemos en cuenta que El Mundo, siempre tan acertado en sus previsiones, pidió el voto para el partido de Rosa Díez.
No es triunfo de la derecha ni mucho menos. En las desastrosas condiciones actuales parece como si la gente hubiera votado lo único visible, por repulsivo que sea. Es una derrota de la izquierda y, más en concreto, un trecho más en la agónica carrera del PSOE hacia la irrelevancia política.
La lectura de lo sucedido en el País Vasco tiene matices propios, sobre todo al hablar de izquierda y requerirá análisis aparte, pero aparece vinculado al caso gallego por el elemento común de que también aquí el castigado haya sido el PSOE. 

Galicia y País Vasco. Dos mundos.

Dos elecciones autonómicas seguidas con mucho interés en todo el país por razones distintas. De los resultados también se esperan consecuencias muy diferentes. En el País Vasco, primera consulta sin amenaza terrorista, lo que se dirime es la magnitud del triunfo nacionalista. Según los augurios de los sondeos, será fácil que el bloque vasquista consiga la mayoría absoluta. Los dos partidos mayoritarios estatales gustan llamarse constitucionalistas con escaso sentido común desde el punto de vista de sus mismos intereses ya que el nombrecito pone en el centro del debate político la Constitución. Sus expectativas son modestas. El lehendakari quiere romper el techo electoral socialista apelando a la terminación de su faena de gobierno. Los otros dos partidos, esto es, la franquicia de IU y UPyD se mueven en el muy digno ámbito testimonial. No deja de tener su chiste que El Mundo pida el voto para UPyD. En esto coincide con Ynestrillas a quien UPyD parece un soplo de aire fresco y lo más parecido al falangismo.

En lo de pedir el voto bien a las claras en el día de reflexión las dos portadas de ABC y La Razón son antológicas. Pura prensa de partido. Fabulosa iconografía. Galicia, la prosperidad te aguarda con el jefe y el vicejefe saludando el futuro y abriendo camino. Y las dos hacen referencia a los temas grandes: la Constitución y la unidad de España, emparejados de un modo confuso porque no se sabe si la unidad de España no se toca porque lo prohíbe la Constitución o es la Constitución la que no se toca porque lo prohíbe la unidad de España. En todo caso, da igual. No se toca nada.

Es significativo que los dos cabezas de los partidos dinásticos hayan cerrado la campaña en Galicia. Ambos piensan tener posibilidades de gobernar la comunidad e implícitamente reconocen que no las tienen en el País Vasco. En este no es conveniente recordar al electorado la dependencia de Madrid. En cambio, en Galicia ese recuerdo es positivo. Lo que se dirime en primer lugar es si Feijóo repite su mayoría absoluta. En pro de esta se ha sacrificado todo: la petición de rescate, los necesarios recortes y hasta la lógica de los libros contables. Si Feijóo no tiene mayoría absoluta no podrá gobernar por falta de aliados. Enfrente tiene tres formaciones de izquierda, el PSG, el Bloque y Alternativa. Al PSG lo ocurre lo que al PP: no puede permitirse perder porque esa pérdida tendrá reflejo en los equilibrios internos de los partidos en el ámbito estatal. Rajoy verá cuestionado su liderazgo al que también se echará en cara su aparatoso fracaso en el asunto del rescate. Rubalcaba el suyo en un partido cada vez más inquieto y que reclama una acción de oposición más resuelta y, sobre todo, más visible.

Las otras dos formaciones gallegas, el Bloque y Alternativa aspiran a resultados que sean determinantes en la formación de un posible gobierno tripartito; incluso, dadas las malas perspectivas del PSG-PSOE, aspiran a ser mayoritarias dentro de la izquierda. Lo cual evidencia el absurdo de que concurran por separado. Y que lo hagan al grito de la unidad. Las dos quieren ser "plataformas unitarias", cada una en torno a su propio eje. En ese permanente fraccionamiento de la izquierda está la mayor baza de la derecha.

Son importantes estas dos elecciones.

La secesión de Cataluña.

¡Qué pronto ha cambiado el tono de los españoles al referirse al propósito catalanista renovado de ir a la independencia! Lo que empezó siendo una algarabía catalana, según calificación de Rajoy, cuya capacidad para el análisis realista es inexistente, ha acabado siendo una algarabía española. Algunos de esos que siempre lo saben todo habían descubierto que, en el fondo, la petición independentista no era más que una cortina de humo para que la gente no se fijara en los asuntos verdaderamente importantes, los recortes, la crisis, etc. Esos mismos están hoy dispuestos a mandar la Guardia Civil o lo que haga falta para frenar a unos independentistas que cada vez hablan más claro.

La algarabía española está siendo atronadora. De Guindos dice que lo sucedido en el Camp Nou da "mala imagen" de España en el extranjero y en la red le contestan que peor la dan Cospedal y Sáez de Santamaría vestidas con el burka católico, poniendo la nota negra en el Vaticano. Gallardón, a quien gusta sentar plaza de avisado, sostiene que la secesión de Cataluña sacaría a España del euro, algo sorprendente porque, en primer lugar, no está claro que seguir en el euro sea bueno y, en segundo, tampoco lo está por qué España habría de salir de la eurozona si los catalanes se van.

Al final ya no hay ni razones. Así, Felipe González afirma en un mitín en Bilbao (creo) que ningún territorio de España va a ser independiente, lo que no se sabe si es una profecía o una amenaza, aunque suena más a lo segundo. Aquí nadie se independiza porque no nos da la gana.

¿Independencia de Cataluña? Por encima de mi cadáver, piensa Rajoy, quien también se muestra rotundo afirmando que no va a admitir separaciones de ninguna clase. Sí señor, alto y claro y bombardeo de Barcelona si necesario fuese. Con afán de modular algo su rotunda negativa, Rajoy echa mano de un argumento tan necio que ya nadie más se atreve a emplearlo: ¿a dónde van estos independentistas cuando el sentido de nuestro tiempo es, dice, la integración por arriba, cuando desaparecen las fronteras y los Estados? Siendo esto así, ¿qué más da a Rajoy y resto de integristas que Cataluña se sume al gran agujero negro de la Unión Europea, al Estado continental, como parte de España o fuera de España?

Resumen final: de independencia, nada, catalanes. No hay nada que hacer. Pero, por si acaso, el gobierno ha ido corriendo a Bruselas a chivarse y a pedir a las autoridades comunitarias que se opongan a la independencia de Cataluña, con lo cual ya la han fastidiado estos águilas porque han conseguido lo que han tratado siempre de evitar, esto es, la internacionalización del asunto.

Y, por otro lado, guste o no a los nacionalistas españoles va a debatirse en el Congreso la petición de ERC de que se autorice al Parlament la competencia para convocar un referéndum de autodeterminación.

Ahí está la palabra. Autodeterminación. El escollo de la convivencia.

En mitad de la algarabía española, ayer Rubio Llorente publicaba un artículo en El País, titulado Un referéndum para Cataluña en el que trata establecer algo de cordura en el tumultuoso y apasionado debate echando mano del célebre dictamen del Tribunal Supremo Federal canadiense de 1988 en relación a Quebec. La doctrina es clara: la autodeterminación no cabe en la Constitución del Canadá (de hecho, Rubio Llorente no la menciona en el artículo) pero si hay una mayoría de quebequeses partidarios de la independencia, habrá que hacer algo, en concreto un referéndum, negociando previamente las condiciones aceptables para todos. Lo mismo propone el autor para Cataluña.

A Palinuro, que lleva años defendiendo el derecho de autodeterminación de los pueblos de España lo del referéndum le parece muy bien, aunque desconfía de su carácter excepcional. Por eso es partidario de reformar la Constitución de 1978 para que, entre otras cosas, recoja el derecho de autodeterminación. Cree Palinuro que, si ese derecho se ejerce, tanto el País Vasco como Cataluña votarán mayoritariamente a favor de la conservación de España, aunque está convencido de que tal mayoría desaparecerá si el nacionalismo español se empeña en negar ese derecho a las naciones llamadas periféricas. Así que, cuando el referéndum se celebre, que habrá de celebrarse inevitablemente, quizá haya mayoría a favor de la independencia.

Si así fuera, España debe reconocerla.

Está claro el dilema. Las propuestas de federalización de España, probablemente tardías, también son bienvenidas, cómo no. Pero dan la impresión de no estar muy bien pensadas. En primer lugar España es ya de hecho en buena medida un Estado federal, a falta de un par de nombres y eso no ha mitigado en absoluto las pretensiones independentistas. En segundo lugar el cupo de los territorios vascos y la soberanía fiscal navarra rompen todos los moldes federales, incluidos los del federalismo asimétrico. 

No obstante, la situación puede ser la tensión entre un impreciso federalismo y la desintegración de un Estado que nunca consiguió estar integrado salvo a la fuerza.

(La imagen es una foto de Huhsunqu, bajo licencia Creative Commons).

Negros augurios en la corte de los recortes.

Hace un par de días el CIS pronosticaba a Feijóo la misma ajustada mayoría absoluta que tiene ahora. Sin más comentarios. El sondeo de Metroscopia para El País parece una corrala en un funeral. El PP tiene una caída de voto de más de 14 puntos y el PSOE, de más de 4, con lo que consigue el mérito del peor dato de su historia desde 1977. Los dos partidos dinásticos, sumados, andan en torno al 50% del voto. Su hegemonía se resquebraja, se desmorona desde lo fabulosos ochenta y pico por ciento de hace unos años. Con estos resultados seguramente no hubieran podido reformar la Constitución a la remanguillé, como hicieron.

¿Hace aguas el sistema político de la segunda restauración?

A lo mejor. IU pega un salto de 6 puntos en expectativa de voto y se va al 12% y UPyD aumenta 5,5 puntos. Más voces en el parlamento.

Y esos son los partidos. Miradas las personas, Metroscopia presenta un aquelarre. El 84% de la ciudadanía desconfía del presidente del gobierno al que el Economist, al parecer, llama mysterious. Su valoración está por debajo de la de todos y cada uno de sus ministros, que ya es decir porque salen todos suspensos. Rajoy, el porras. No veo datos sobre Rubalcaba pero vienen siendo similares a los de Rajoy o peores. La gente no se fía del gobierno porque miente y no se fía de la oposición porque ni miente.

Lo que se diga de Galicia puede decirse asimismo del País Vasco en lo que hace al batacazo de los dos partidos dinásticos; si bien aquí lo que tienen enfrente es un bloque nacionalista que se prevé apabullante. Aprovecho para sostener mi tesis: nunca ETA consiguió poner el País Vasco en una situación tan halagüeña para el independentismo.

Todo esto suena a fin de ciclo, de época, de etapa.

La Monarquía está en entredicho por los malos pasos cinegéticos (en todos los sentidos) del Rey y los todavía peores de su yerno y su hija, a la que los tribunales andan exonerando cada vez con mayores dificultades. Por si fuera poco y quede claro que los Borbones son los Borbones, el Rey ha presidido no sé qué ceremonia para honrar a los responsables del desastre de El Annual, lo que, andando el tiempo, acabaría costando el trono a su abuelo.

El gobierno carece de toda autoridad. Ya dijo Palinuro que la táctica de guerrilla de protesta se extiende. Primero fue De Guindos, a quien chafaron una conferencia en la London School of Economics; después fue Rajoy, recibido en Malta al grito de "¡Rajoy, tu pueblo pasa hambre!" y ayer le tocó el turno a Fernández Díaz, el de Interior, al que pitaron y silbaron los asistentes al homenaje a la Guardia Civil. Ya no se respeta nada. Pero, claro, para que te respeten has de ser respetable y el caso de Rajoy no reúne los requisitos. Aquí lo vemos hace unos días a su llegada a Roma, al palacio presidencial, sin saber qué hacer a lo largo de toda la ceremonia.

Genial. La pregunta obvia es: ¿cómo van los ciudadanos a confiar en alguien así?

Bueno, la verdad es que confían o, cuando menos, votan, a gentes aun más estrafalarias. La foto de ayer en la entrada también de ayer de Mensaje de Dios a Cospedal, esa foto impagable de Cospedal con peineta y mantilla en el Vaticano, abanderada de la contrarreforma tridentina, junto a una mínima Sáez de Santamaría, devotamente vestida de negro desde el pescuezo, la saqué del twitter de Nieves Concostrina. Impagable, cierto. Ese gesto agrio, duro, agresivo, refleja un espíritu.

Y ya no hablamos de la señora gobernadora Cifuentes cuyo marido está en ignorado paradero pero al que se puede ver fotografiado en la misma Delegación del Gobierno que tendría que buscarlo. La corte de los recortes es una corte de maravillas.

(La segunda imagen es un vídeo de You Tube, bajo

licencia Creative Commons).