El llamado giro soberanista catalán tiene a Rajoy de los nervios. Lo que le faltaba era que se le rompiera España a él, que se pasó años dando la tabarra con que España se rompía a causa de los desatinos de Zapatero. Ya se sabe que en esto de la amenaza separatista la derecha gana siempre en contundencia a la izquierda. Nadie duda de que el gobierno pondrá en marcha todos los mecanismos legales para cerrar el paso al soberanismo catalán, incluido el artículo 155 de la Constitución que lo faculta para adoptar las medidas necesarias para que una Comunidad Autónoma díscola entre por el aro. Sería preferible no llegar a ese extremo, que tiene un altísimo coste político sobre todo porque el gobierno no está precisamente en sus días de gloria. La valoración ciudadana es pobrísima (aunque mejor que la de la oposición) y el apoyo popular ha descendido mucho. A ello se añade el descrédito absoluto que ha caído sobre el presidente y su partido por el caso Bárcenas.
Rajoy necesita todo su tiempo para defenderse de las acusaciones de corrupción y quiere quitarse de delante la cuestión catalana. Por eso, según parece, está estudiando una nueva forma de financiación para Cataluña. Igual que Aznar accedió a trocear la recaudación del IRPF y ceder un tramo a las comunidades, rompiendo la unidad fiscal, etc, Rajoy puede dar en la flor de aceptar un sistema de financiación catalana que se acerque a una forma de concierto o de cupo a estilo vasco-navarro. Hay diversos modos de romper España, de golpe o por etapas. Es muy típico de la esperpéntica derecha española dar gritos unitarios de cuarto de banderas mientras, a las escondidas, se cede a la presión nacionalista u se contribuye al fraccionamiento español mientras se dice combatirlo. En el fondo, a esta derecha "española", España le importa un bledo. Lo que le importa son sus privilegios de clase o casta.
El gobierno debe de pensar que una oferta de concierto catalán mitigará las reclamaciones soberanistas e introducirá una cuña en el frente nacionalista entre el nacionalismo de derecha, proclive a pactar con el nacionalismo español y el de izquierda, más dado a la ruptura. Puede ser y puede haber bronca en ese campo con los habituales insultos de traición a la patria. Pero también puede ser que no suceda nada de esto y que el frente siga adelante con su petición, ignorando los cantos de sirena en moneda contante y sonante del gobierno. Ya no es tiempo de conciertos sino del dret a decidir.
Frente a esto obviamente el gobierno puede recurrir a la violencia, pero sería mejor que no lo hiciera. No es fácil justificar en el exterior el empleo de la violencia contra reivindicaciones pacíficas, democráticas e institucionales. Nada fácil. Enseguida resuenan los ecos de la leyenda negra. Por eso es mejor no llegar a tales extremos. ¿Por qué no va a negociar el gobierno con los nacionalistas catalanes una forma de consulta que sea satisfactoria para ambos? La cuestión previa, por supuesto, es si ha de haber una consulta, un referéndum, o no. Hay gente muy razonable y de mucho peso que lo considera inevitable, como Rubio Llorente. Otros países la practican, como el Reino Unido con Escocia y tampoco es fácil explicar por qué puede hacerse en el Reino Unido y no en el Reino bastante más desunido de España.
Reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos de España no implica reconocer su independencia sino su derecho a reclamarla y, mediando un razonable acuerdo entre las partes, a conseguirla. Son dos cosas distintas. Desde el famoso dictamen o decisión de la Corte Suprema canadiense de 1998 sobre el Quebec, hay poco lugar a los debates sobre el derecho de autodeterminación. El tribunal canadiense era meridiano: ese derecho no existe en la Constitución canadiense. Ahora bien, si una porción importante de quebequenses insiste e incluso sostiene ser la mayoría de la población, entonces, el asunto no es una cuestión de derecho sí o no, sino una decisión política y el tribunal sostiene que debe organizarse un referéndum debidamente negociado entre las partes en cuanto a mayoría, preguntas etc. Si esto es posible en el Canadá, ¿por qué no en España?
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).
