¿De qué va esto?

Tiene pinta de que la justicia belga no va a entregar a Puigdemont, al menos antes del 21D. Si no lo hace, la situación de España será, como dicen los diplomáticos, "embarazosa". A ver cómo se sostiene que los dos Jordis y el medio govern presos no son presos políticos, cuando el presidente tiene de hecho asilo político en Bélgica. Gesto inamistoso, insulto, provocación, leyenda negra y el oro de Moscú, lo que se quiera, pero en España hay presos políticos. Que los del triunvirato nacional español se nieguen a reconocerlo no quiere decir nada, es una muestra más de que nada entienden.

El independentismo catalán ha dado una vuelta como un calcetín al tranquilo sistema español de la III Restauración, aclimatado a un parlamentarismo monárquico turnista (con algún sobresalto) y un grado absoluto de compadreo y corrupción. Para el status quo, la política es una cuestión de alternativas de mera gestión. Un acuerdo de fondo más o menos explícito que pone fuera de cuestión la monarquía, la Iglesia católica y un sistema corrupto de capitalismo clientelar de capturas de rentas a costa del bien público. Es el nudo de la legitimidad del sistema. La gestión, meros debates de política económica como todo horizonte político, articulados en torno a la idea de que el electorado no quiere líos ni problemas sino maximizar su bienestar personal.

¿Qué sucede cuando alguien cuestiona algún elemento de la fórmula legitimatoria o todos? Muchas cosas, desde luego pero la primera de todas es que el carácter de la política, de la acción y los conflictos cambian. Los independentistas no están movidos por un afán de bienestar personal ni un cálculo también personal de costes beneficios, sino por una idea, una convicción, incluso un ideal. La acción colectiva tiene un fondo moral muy fuerte de lucha y sacrificio por la República Catalana. Hay una voluntad común de arrostrar castigos y agresiones, perjuicios y daños por una causa. Eso es algo incomprensible para quien se mueve por razones estrictamente egoístas de medro personal, como casi toda la clase política española que además supone, quizá con razón, que es la misma motivación del pueblo, su electorado.

Si, además, se prueba que esa voluntad de sacrificio anima a los dirigentes (encarcelados o exiliados o procesados, como están muchos de la CUP) y a la gente por igual, como se comprobó el 1 de octubre, nadie puede negar que esta movilización, esta desobediencia cívica, democrática, pacífica, tiene una gran dimensión moral. Y no solo en el terreno ético sino en el pragmático en el que se habla de la moral del ejército, algo que recuerda Ortega en algún lugar. El independentismo tiene una actitud moral por su pacifismo y más moral que el Alcoyano.

Frente a ello, el triunvirato nacional español, no postula un discurso en positivo, no propone otro ideal, otra movilización por algún objetivo moral, porque no los tiene. No puede proponer una discurso regeneracionista en materia de corrupción sin que las carcajadas se oigan en el Tibet. Tampoco otro alternativo al independentismo catalán porque carece de la comprensión mínima del problema para articularlo (vuelta al Estatuto del 2006, federalismo, reforma constitucional, no reforma constitucional) con alguna verosimilitud.

Por eso, el triunvirato recurre a una política exclusivamente represiva en dos direcciones: la primera la represión directa, por la fuerza, con la policía, los tribunales, las cárceles. La segunda, la represión indirecta en parte consecuencia de la primera y en parte de carácter más ideológico. De lo que se trata es de amenazar, asustar, minar la moral de la gente, desmoralizar. A falta de moral propia, se trata de destruir la del adversario.

Algo tan viejo como Sun Tzu y las campañas del Gran Capitán en Italia, el que se gastaba una pasta para comprar bronce para fundir campanas con las que desmoralizar al enemigo. 

La última muestra de esta táctica de desmoralización del adversario, a la que, para su vergüenza, se ha sumado parte de la izquierda es la campaña desatada con motivo de las declaraciones de los y las procesadas ante el juez. Todos y todas han acatado lo que hubiera que acatar y han prometido actuar en el marco constitucional. A la campaña acusándolos de locos, irresponsables, cobardes, traidores, se ha sumado, insisto, para su vergüenza, la izquierda. Incluso la han llevado más allá, acusando a los dirigentes refugiados en Bélgica de huir y traicionar a sus seguidores. Acusar a los encarcelados hubiera sido excesivo, pero ganas no les faltan.

Es verdaderamente inmoral. No ya porque los riesgos que los represaliados afrontan son inmensos y muy reales; tampoco porque el tenor conocido de esas declaraciones se han manipulado y falseado (aquí tienen ustedes a Tardà desmintiendo una de estas falsificaciones), sino porque, como todos sabemos, las confesiones en materias ideológicas extraídas mediante métodos inquisitoriales por principio son inválidas. Cesare Beccaria ya negó la validez de las confesiones bajo tortura. En realidad, cosa menos conocida, revalidaba una negativa muy anterior, formulada por Juana de Arco a la vista del "proceso" que daría con ella en la hoguera. Nada de lo que pudiera decir bajo tortura tenía validez alguna. Obviamente, el Tribunal Supremo no es una cámara de la tortura, pero la situación, en abstracto es la misma: unas confesiones, sean las que sean, a cambio de no ir a prisión carecen de toda validez. Ningún acusado está obligado a incriminarse y se le reconoce el derecho a ser "mendaz", como lo formula el presidente de tal alto tribunal. Obviamente, esto es algo que entienden hasta los del PP, tanto más la izquierda que, aunque lejanos, tiene algunos recuerdos que hacen al caso.

Lo lamentable es que esa misma izquierda sea incapaz de comprender algo que necesariamente se escapa a sus aliados de la derecha: la fuerza moral de una causa ideal a cuyo servicio se es más útil libre que preso. Eso lo entiende y agradece todo el movimiento independentista. Si la izquierda española (o la que dice que es tal) quiere verlo solo tiene que asomarse a las redes.

A lo mejor así comprende cuán inmoral e inútil es querer desmoralizar este movimiento colectivo, transversal, muy unido y coordinado, que nace de la vida cotidiana y la sociedad civil catalanas y se orienta hacia un objetivo común de modo unitario. Y más recurriendo a estos métodos tan primitivos.

Porque esto va de revolución, de revolución democrática y pacífica de nuevo tipo.

El lunes, Palinuro en el Parlamento Europeo

Y, en Bruselas, estado mayor y epicentro de la revolución catalana.

Invitado a una sesión en un acto organizado por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y el Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea. El tema es "El franquismo después de Franco" y a servidor le corresponde desarrollar la ponencia sobre El franquismo del Estado español, hoy. Modestamente. 

Que el Estado español es franquista lo ha probado él mismo suficientemente en los últimos tiempos. Había sido, hasta hace poco, un franquismo disfrazado de  Estado democrático de derecho. Tanto que había conseguido convencer a gran parte de la opinión pública europea. Pero, al primer cuestionamiento serio de su legitimidad a través del independentismo catalán, el disfraz ha caído y ha revelado un Estado corrupto y autoritario. Hace años (desde 2011) que se gobierna por decreto y en la actualidad con una medida dictatorial de plenos poderes a través del artículo 155 equivalente a una dictadura de hecho y un estado permanente de excepción. Igual que en tiempos de Franco. La única diferencia es que este los declaraba a bombo y platillo y estos lo hacen sin declararlo.

Mi intervención está prevista para las 15:00 del lunes, 20 de noviembre, fecha muy señalada, por cierto.

Según mis noticias, habrá streaming.

Entre la corrupción y Catalunya

En la tragicomedia española de "los últimos de Catalunya" va a acabar procesado hasta el apuntador. Si no lo están ya Rajoy y algún otro del gobierno es en gran medida por respetos mundanos. Esos respetos de la justicia hacia un poder político por debajo de toda sospecha que tienen su prestigio por los suelos, a los pies de la Infanta, de Urdangarin, de Rato, etc. Los respetos que llevan a los magistrados a aceptar una deposición testifical del presidente a su mismo nivel simbólico, no en el lugar reservado a los testigos. Y a dar por buena la declaración sin preocuparse por las acusaciones de que en ella incurrió el deponente en falsedad al asegurar que no tenía conocimiento de las aspectos económicos de las campañas electorales, cuando hay un vídeo en el que da cumplida (y seguramente falsa también) cuenta de esos aspectos en una elección concreta.

Es patente que este gobierno y su partido no debieran estar en el poder. Procesados, imputados, acusados, condenados, con un presidente y ministros que parecen haber estado recibiendo sobresueldos durante años, la política española se hace en los tribunales y en las cárceles y la labor del gobierno está condicionada por los calendarios procesales. Su obcecación en mantenerse en un poder que, en el fondo está usurpando, obedece al miedo a perder la impunidad y el aforamiento. Es capaz de romper el país por conseguirlo.

No, dice el bloque nacional español, es el independentismo el que rompe el país. Puede ser. Pero, como sabe todo el mundo, el independentismo quintuplicó su fuerza a partir de 2010, en respuesta a la evidente campaña anticatalana del PP que la usó para encaramarse en el poder. Es el PP y su política de confrontación a ultranza con Cataluña para tapar lo que de todas formas no puede taparse lo que rompe España. 

Da risa escuchar al presidente de un gobierno y partido con 700 involucrados en procesos penales y él mismo bajo acusación de haber cobrado sobresueldos, da risa, digo, escucharlo decir que va a restablecer la legalidad en Cataluña. Porque, piénsese bien, esos sobresueldos ilegales, también son dineros públicos que luego se hurtan a los ciudadanos mediante prácticas ilegales. Los sobresueldos de M. Rajoy no son solo presuntamente ilegales y del partido; son dineros públicos. 

Ayer Pablo Iglesias tuvo un intervención irreprochable en el Congreso en relación a Rajoy y luego unas declaraciones muy ajustadas en la calificación del comportamiento del PSOE. De sus otros juicios tengo mis reservas, especialmente en relación a Cataluña, pero en el análisis de giro de 180º en la política del PSOE, nadie puede dudarlo: de la plurinacionalidad, ni mú; de echar a Rajoy a respaldar a Rajoy (que, además, con este respaldo, se crece); de la amistad con Podemos al matrimonio con el PP.

Palinuro lleva tiempo diciéndolo: Catalunya ha triturado a la izquierda española; en Cataluña en cuanto que española y en España en cuanto que izquierda. 

Y todo para nada. La política de represión es inútil;  y más a lo bestia, que es como hace las cosas la derecha, la extrema derecha, la derecha franquista que está en el gobierno. Lo ha sido hasta ahora, lo es y todos sabemos que lo será, si sigue. Reprimir por los tribunales y la fuerza bruta un movimiento popular esencialmente pacífico ha sido siempre, como muestra la experiencia, el último error del represor. 

Y algo tiene todo el mundo meridianamente claro: el independentismo catalán es un movimiento, una revolución en realidad, no violenta. Aunque la política oculta y la manifiesta del gobierno sea incitar a la violencia en Cataluña, nunca, nadie ha podido probar violencia contra las personas o las cosas en las acciones independentistas. En las nacional españolas siempre hay violencia y agresión de bandas de energúmenos a ciudadanos pacíficos. Esa es la imagen que todo el mundo conoce: un pueblo en movimiento democrático, pacífico en afirmación de lo que siente son sus derechos, en busca de un lugar propio en la historia y en el concierto de las naciones.

Enfrente, ¿qué hay? Un gobierno minado por la corrupción, desprestigiado, con un lider sistemáticamente el peor valorado, gestionando de forma impopular, agresiva, injusta, desmantelando el Estado del bienestar, arruinando el país y llevándolo a la quiebra. Un gobierno que ha roto todos los consensos y actúa arbitrariamente mediante un art. 155 que interpreta como un decreto de plenos poderes, incluido el de prorrogarlo si, por ejemplo, el resultado de las elecciones del 21D no le gusta.

Y eso es exactamente lo que el PSOE apoya. 

Lo hace por miedo, por pánico cerval a que el independentismo catalán rompa España.

Esta España.

La gente manda

Los últimos mensajes llegados de ERC apuntan a una reafirmación del espíritu unitario, zarandeado por su decisión y la de la CUP de ir por separado. Rufian afirma que el objetivo de ERC es restablecer en el gobierno legítimo de Cataluña a Puigdemont y Rovira anuncia que están buscando una forma de frente común, sin duda con el PDeCat, con el que ya tenía un acuerdo de JxS. Si se trabaja para restaurar el estatu quo anterior y se hace en forma de frente, cabe preguntarse por qué no mantener la unitaria.

Pero vamos a suponer que hay razones suficientes en pro de la diversidad de opciones. Será porque se juzga que esta mejorará en algo lo anterior, desechando lo inconveniente, pero preservando lo conveniente. Y lo más conveniente es la garantía de que, si no las formas, el fondo seguirá siendo unitario, común.

A día de hoy, la mentalidad sociológica, inevitablemente demoscópica, lee una mayoría holgada del independentismo en intención de voto. Dentro de esta, la intención a favor de la lista del presidente gana a la de la ERC y, desde luego, la CUP. Esa especie de ventaja de salida de la lista presidencial (aunque el presidente no tenga siquiera decantada una posición partidista) se debe a que, por el factor liderazgo, es la más cercana a un espíritu de lista de país. Los manifestantes del sábado gritaban espontáneamente "Puigdemont, presidente". Si la tendencia se mantiene hasta el 21D el resultado previsible es una mayoría independentista en la que la fuerza predominante será la de la lista presidencial y habrá una coordinación parlamentaria de las tres fuerzas independentistas. 

Esa coordinación deberá afectar a la naturaleza de la República Catalana, que no podrá detenerse con la prórroga del estado de excepción de hecho del 155 en que ya vive Cataluña. Eso no puede defenderse ya ni en la Unión Europea que se verá forzada a implicarse directamente en un problema que está causando mucho trastorno y amenaza con causar más.  

Si hay cuestiones de preeminencia, muy humanas, tómese ejemplo de la república norteamericana: su primer e indiscutido presidente fue Washington. Luego, Jefferson, autor de la Declaracion de Independencia, tuvo que esperar a que lo fuera Adams, que había sido su ayudante. Y Madison, uno de los tres genios redactores de El Federalista, hubo de aguardar a que lo fuera Jefferson. 

Las personas no pueden unirse, como puede el pueblo; tienen que ordenarse.

La batalla final

Las elecciones del 21D serán, según se den los resultados, la batalla final o un paso más en el trabajoso y secular empeño de la nación catalana por configurarse como Estado independiente. Todo apunta a que será lo primero. El independentismo votará en masa -tanto si es a lista única o a varias- y conseguirá una victoria considerable. Aunque la dictadura española del 155 haya impuesto unas elecciones autonómicas, en realidad, la consulta equivale al referéndum que el Estado se negó siempre a hacer y, al final, por la estupidez cerril de sus gobernantes, se ha visto obligado a organizar y garantizar ni queriendo. La partición del voto es nítida: independentismo (Puigdemont/PDeCat, ERC y CUP), Unionismo (PP, PSOE y C's) con los Comunes en medio y los de Albano Dante también, aunque más escorados al independentismo. La esperanza de los españolistas es que el resultado sea un empate y que los Comunes puedan decidir. Pero es una esperanza vana. Lo más probable es una mayoría independentista holgada (quizá absoluta en votos) que, con el apoyo de los de Dante Fachín y algunos Comunes (o todos) consolidarán la República Catalana que nació en las calles el 1 de octubre y se consagró el 20 en el Parlamento. 

Aquí mi artículo de elMón.cat. titulado "los últimos coletazos", en el que se pasa revista a la batería de medios que el nacionalismo español ha puesto en pie de guerra para ahogar el independentismo catalán: la UE, el Rey, la policía y la guardia civil, los tribunales de "justicia", los medios de comunicación, los partidos de la oposición (todos), el propio gobierno y su jefe, el de los sobresueldos. Para nada, porque ni conseguirá tapar la corrupción ni impedirá una solución independentista para Cataluña. Aquí, su versión castellana:

Los últimos coletazos.

                                                                                                             

No pudiendo valerse del ejército, como siempre ha hecho, el nacionalismo español ha decidido emplear todos sus demás recursos en contra de Cataluña. Todos y en toda su potencia porque intuye que esta última confrontación es decisiva. Si el 21D gana de nuevo el independentismo y lo hace holgadamente, España habrá entrado en la historia como recuerdo.

El gobierno ha forzado la intervención de la UE a su favor según sus corruptas costumbres, sobornando indirectamente a sus mandatarios con premios “Princesa de Asturias, doctorados Honoris Causa en sumisas Universidades y gestos similares. Y aún así, solo ha conseguido titubeantes apoyos y el incondicional del desacreditado Juncker

Ha sacado al Rey en dos ocasiones con gesto torvo y verbo amenazador. No les ha importado profundizar en el desprestigio de la Corona ligándola a un argumento de parte, de imposición y falta de diálogo, gracias al enésimo Borbón que, como todos, es incapaz de distinguir entre reinar y apoyar una dictadura o apoyarse en ella.

Del empleo que ha hecho de la policía y la guardia civil (un cuerpo militar) innecesario decir nada. Tienen Cataluña bajo ocupación de las fuerzas de represión y están dispuestos a emplearlas sin límite, como ya demostraron con la barbarie del 1 de octubre.

Han convertido la justicia y los tribunales en un frente judicial beligerante que se ha plegado a procedimientos de persecución no solamente ideológicos e inquisitoriales sino inmorales. Esa actividad judicial, orientada por un grupo de pedantes de extrema derecha a las órdenes de la vicepresidenta del gobierno, lleva su odio al catalanismo al extremo de querer arruinar a las personas acusadas mediante medidas confiscatorias propias de regímenes tiránicos. Y eso por parte de un gobierno cuyo partido se ha financiado ilegalmente y sus jefes (Rajoy y la tal vicepresidenta) se han beneficiado personalmente de ello.

Los medios de comunicación audiovisuales e impresos están todos al servicio del gobierno central, en un alarde de manipulación, censura y ocultación de la realidad, gracias a la financiación pública (publicidad institucional) administrada con criterios partidistas. No son medios de comunicación, sino centros de propaganda del partido del gobierno para mentir y criminalizar el catalanismo. La población solo puede informarse a través de algunos medios digitales y las redes sociales.

Tienen a todos los partidos políticos del arco parlamentario, excepción hecha de los nacionalistas “periféricos”, a su servicio. Todos dispuestos a dar una pátina de legalidad a la arbitrariedad y la tiranía de un gobierno que rige el país –no solo Cataluña- al margen y en contra de la Constitución que dice defender, por la vía de la dictadura “constitucional” del art. 155. El apoyo del PP y de C’s viene de forma natural de su condición de extrema derecha; el del PSOE, de sus condición de derecha socialdemócrata, con el empujón de una exigencia del Rey a la que Sánchez se ha sometido; la de Podemos, de su propia incompetencia.

El gobierno mismo se emplea a fondo en la política de intimidación, abuso y arbitrariedad en Cataluña, desmantelando sus instituciones de autogobierno, ahogándolas económicamente, sometiendo a persecución judicial a cientos de cargos públicos y amparando y tolerando la actividad de bandas fascistas/franquistas (en las cuales aparecen agentes policiales de paisano) para sembrar la inseguridad y el miedo en las calles catalanas. Su presidente, el hombre de los sobresueldos, el responsable político (y quizá penal) de la mafia de la Gürtel se permite amenazar al conjunto del independentismo y a la mayoría de la población catalana. Y también insultar a la población del Estado, al afirmar que los políticos que mienten debieran ser inhabilitados siendo así que él no ha hecho otra cosa que mentir desde que está en política y también, supuestamente, de delinquir ya en el gobierno.

El presidente de los sobresueldos dice no tener un “Plan B” para el caso de perder las elecciones del 21D, cosa muy probable pues no parece que la caja B, que sí tiene, le llegue para derrotar limpiamente al independentismo. Aspira a que le dé para hacerlo suciamente (recurriendo al pucherazo en el recuento de votos).pero no está seguro y por eso vuelve a mentir diciendo que no tiene plan B. Claro que lo tiene: aplicación indefinida de la dictadura del 155 hasta que el bloque españolista gane las elecciones, si la UE le deja.

Frente a todo esto, el independentismo ha dado un paso de gigante con la internacionalización del conflicto y ha ganado la batalla de la imagen moral y la legitimidad con el exilio de medio govern y la prisión del otro medio, después de que el pueblo de Cataluña ofreciera un ejemplo único de civismo y dignidad el pasado 1 de octubre. Sería imperdonable, incomprensible, literalmente canallesco, que todo esto se perdiera por enfrentamientos internos, ambiciones y rencillas personales en el bloque independentista.

Lo sabemos todas. Al margen de las cuestiones tácticas de las listas, más o menos comprensibles, el objetivo estratégico solo puede ser uno y concitar la unidad sin fisuras del bloque independentista, incluso durante la campaña electoral impuesta por el nacionalismo español. La libertad de los presos políticos y la libertad de Cataluña, que son lo mismo, solo puede alcanzarse si los partidos independentistas hablan con una sola voz, como hizo el pueblo al que representan el 1/10, auténtica fecha de nacimiento de la República Catalana.

La democracia está en las redes

El reportaje de Christian González es una exposición impecable del modo en que las cuatro cabeceras de Madrid interpretan la realidad. Queda meridianamente claro que, ante un hecho noticiable como el de la manifestación barcelonesa, los cuatro decidieron ocultarla por diversos procedimientos. Uno diría que una imagen como la de la izquierda sería muy apetitosa para cualquier portadista gráfico. Nada de eso. Los hay que la han sustituido por un primer plano de unos rostros entre barrotes.

El reportaje de González es objetivo y mesurado y se limita a narrar los hechos. Pero estos, a su vez, son carne de interpretación, por el mismo motivo que otros hechos lo son para los portadistas de los medios impresos. La primera observación que brota a la vista del trabajo es que se trata de una misma manipulación y tergiversación con fin idéntico en los cuatro casos: ocultar la manifestación de cientos de miles de personas por la libertad de los presos políticos.

Que se trata de manipulación se ve en otra imagen que se incluye en el mismo texto y en la que

se comparan estas portadas con las que los mismos medios habían dedicado a una previa manifestación nacional española también en Barcelona. Los planos cortos y cerrados de las imágenes de la manifa independentista se convertían en largos y abiertos en la unionista. Y el lenguaje era muy otro. Al tono hostil, burlón y acusatorio sucedía un lenguaje ditirámbico en las cuatro cabeceras. "El País", por ejemplo, daba como titular que "la mayoría de los catalanes apoya el adelanto electoral", mientras que se desmelenaba y se ponía flamígero con el segundo: "histórica manifestación contra el separatismo y por la Constitución".

¿A que es de chiste? Lástima cómo un periódico que tuvo ínfulas de tal pasa a ser un tabloide, al servicio del gobierno y de los ultras. Y todo para nada (aunque muy caro) porque, además, la noticia es falsa. No fue histórica, ni manifestación, sino una congregación de ultras venidos de toda España y reunidos con los puñados de ultras catalanes. 

En definiiva, nada que ver con la democracia, el Estado de derecho, las libertades públicas, el derecho a la información. Es el reinado de la arbitrariedad, la tiranía, la manipulación y la censura.

Negar la realidad no sirve de nada. No ha habido manera de impedir que las imágenes reales se cuelen en las televisiones y, lo más importante, en las redes, que las han difundido por todo el país y el extranjero. Como pasó con la brutalidad policial del 1/10. Las redes lo son todo hoy. Gracias a ellas la gente sabe que en las manifestaciones indepes, aunque sean de cientos de miles, nunca hay violencia. En las manifestaciones unionistas, en cuanto viene más de una docena, comienzan las agresiones de franquistas y neonazis envueltos en su bandera. Flaco servicio hacen a la democracia los medios impresos.

La crisis económica los ha puesto a todos prácticamente al servicio del gobierno para subsistir financieramente. Lo hacen a través de la publicidad institucional que este gobierno reparte en razón inversamente proporcional a la difusión y directamente a la de la afinidad ideológica. Razón por la cual todos compiten por agradar al jefe. Además, han perdido el monopolio de la opinión a manos de la prensa digital y, sobre todo, de las redes. Sus servicios ya no valen tanto ni son tan seguros. La democracia mediática es de las redes. Por eso ha anunciado ya el gobierno del PP su intención de regular la "libertad de expresión" en la red. Con el mismo criterio que rigió para la ley Mordaza: poner censura en internet. 

Plan B, no; caja B

Acostumbrado a negar, Rajoy niega también un plan B, siendo obvio que hay A, B, C y los que hagan falta. Y no solo para después de las elecciones sino también para antes y durante. El país está gobernado por un grupo de personas que, así como no tuvieron reparos en tejer una red de corrupción generalizada, tampoco los tienen para incumplir lo dicho o hacer lo contrario. Un grupo movido por una supuesta "brigada Aranzadi" a las órdenes de la vicepresidenta, capaz de incendiarlo con sus ocurrencias. 

El gobierno no tiene otro objetivo que mantenerse en el poder y aforado. Para ello aplica una política beligerante con Cataluña que le sirve de pantalla para ocultar su implicación en la trama Gürtel, no solo política, sino penal. Piensa, además, y con razón según parece, que esa política le hará ganar votos en España. Todo lo que sea ir contra Cataluña da votos en España. Y ese es, incidentalmente, el problemón que tiene la "verdadera" izquierda de Podemos, pues o se suma al griterío nacional español o se da el batacazo electoral que también tiene garantizado en Cataluña. 

Es posible, hasta probable, que unas elecciones den nueva mayoría a la derecha (PP y C's). Eso quizá sirva para paliar o resolver los problemas del PP. 

No así los de España. Todo lo contrario. 

La encrucijada

La afirmación de Puigdemont es aplastantemente cierta. Si se cede, se habrá perdido todo. Por eso, nadie parece dispuesto a ceder. Los tres partidos independentistas y las fuerzas sociales siguen siendo independentistas de debò. Pero también puede perderse todo sin que nadie ceda. Basta con dividirse y enfrentarse. No es solo una cuestión de resistencia, sino de resistencia eficaz.

Sigue dando que hablar la cuestión de la unidad con la que, tengo la impresión, nadie está cómodo. No se ha juzgado posible una lista de país. Quienes contemplamos la política y opinamos sobre ella pero no la practicamos, nos enteramos de las decisiones una vez tomadas y suponemos que quienes lo hayan hecho habrán tenido sus razones. La controversia es muy viva y se esgrimen motivos de distinto peso pero variados en un sentido u otro, con mezcla de consideraciones de todo género, incluso personales y sentimentales. Es comprensible. Cataluña está asistiendo a su propio parto como República Catalana. Es la parturienta, el recién nacido y la comadrona al mismo tiempo. Todos deben esmerarse. Especialmente, la comadrona.

Los indepes merecen un voto de confianza respecto a que la división en candidaturas independientes es meramente táctica y el objetivo estratégico sigue incólume por la única vía por la que es posible: la de la unidad. Y tengo una razón para sostenerlo. Las tres listas que se perfilan (la del presidente, con o sin PDeCat, la de ERC y la CUP) tienen un elemento en común muy significativo: las tres quieren ser transversales. A falta de una, hay tres listas de país. Es lógico, la transversalidad manda.

La transversalidad de los tres millones de ciudadanas que el 1/10 votaron en el Referéndum, arrostrando una brutal represión y con los cuales todas las listas independentistas, sean una o mil, tienen una deuda de sangre.  

La Gürtel contra el Estado de derecho

La pregunta que se hacen numerosos analistas es ¿cómo puede seguir en el gobierno un presidente y un partido metidos hasta el cuello en la Gürtel? Suelen añadir que en ningún país de Europa pasaría algo así. Pues, una de dos, o esto no es Europa o Rajoy no tiene nada que ver con la Gürtel. Elijan.

Rajoy tiene todo que ver con la Gürtel. No solo la ha amparado y se ha beneficiado de ella, sino que es razonable pensar que fuera su instigador. El instigador de una asociación que los jueces consideran delictiva.

En efecto, ¿cómo es posible que alguien así siga siendo presidente del Gobierno? Muy sencillo, porque la Operación Cataluña no solo es guerra sucia del Estado, sino amplia cortina de humo para tapar la corrupción estructural del gobierno y su partido. Mientras, tanto, probablemente se seguirán saqueando las arcas públicas. Se tapa así la prueba fehaciente de que España no es un Estado de derecho, diga El País lo que diga. Y no lo es porque no solamente hay quien está por encima de la ley sino también quien está fuera de la ley, en el gobierno y en su partido.

Añádese a esta penosa situación el hecho de que Rajoy gobierna de forma dictatorial. No solo en Cataluña, sino en todo el Estado. Lo que el periódico llama caritativamente "paralizar a sus rivales políticos" en realidad es paralizar las instituciones. Los rivales políticos están literalmente aniquilados desde el momento en que ni siquiera han conseguido derogar la ley Mordaza y la reforma laboral, ni poner una moción de censura, ni... nada. La paralización de las instituciones, en realidad, su destrucción, es más grave. Rajoy veta todas las proposiciones de ley de la oposición con ese ridículo "privilegio presupuestario" y, a su vez, gobierna por decreto. Si no yerro, en lo que va de legislatura, el Congreso ha aprobado dos leyes.

Es una dictadura de hecho por la irresponsabilidad absoluta del ejecutivo, la irrelevancia del legislativo y la sumisión del judicial. De democracia no tiene ni la fachada; basta pensar en los medios. Y la oposición no hace más que el ridículo. 

La revolución y sus enemigos

Ayer, Alfred Bosch subió a tuiter el tuit de la izquierda, esa impresionante manifestacion a la luz de los móviles en Barcelona con una leyenda tan conmovedora como la imagen: Que la llum de tot un poble arribi a les cel·les més fosques. Alfred es un literato y tiene el don de la palabra. Yo soy más de imágenes y esa foto me recordó una de las litografías con que Marc Chagall ilustró el Éxodo en los años sesenta, en concreto, la que muestra a Moisés y el pueblo elegido entre las aguas del Mar Rojo que luego se cierran sobre los ejércitos del Faraón. La naturaleza imita al arte, dijo Wilde. Más, la naturaleza humana.  Y en esta revolución catalana hay humanidad a raudales. Un poble, dice Alfred, un poble con sus dirigentes en el foscor de la prisión o en el exilio. Aixo no ho atura ningú. Y menos que ningú decisiones judiciales que parecen seguir la lógica jurídica de la reina de corazones en Alicia en el País de las Maravillas. 

La manifestación nocturna ha sido impresionante y ha abierto telediarios en multitud de cadenas internacionales. Porque, además de pacífica, cívica, masiva, ha sido bella. Es una rebelión ética a la par que estética, porque cada revolución tiene su creatividad que, por supuesto, tendrá admiradores y detractores. Por ejemplo, ya se oyen sarcasmos acerca de cómo los nazis hacían también manifestaciones a la luz de las antorchas. La reductio ad hitlerum tiene aburrida hasta la cabra de la legión. Los ataques a la manifestación, su significado, sus consecuencias vienen por otros lados.

El primero el censor sin más, el preventivo. El señor Albiol pidió a la Junta Electoral que prohibiese a TV3 dar la manifestación. Le hacía falta una razón que no fuera su derecho a prohibir lo que le dé la gana. Con TVE no hacen falta razones; se prohíbe y ya está; el canal presenta un programa de corte y confección. Pero en Cataluña hay que justificar y el peticionario ha ido a basarse en los plazos de la ley electoral, que no le amparan en absoluto. En realidad, lo pedía por si caía la breva de impedir que hubiera imágenes de la reacción popular masiva a la política de persecución y encarcelamiento que su gobierno aplica. O sea, engañar a la ciudadanía. Una vez más. Pretenden imponerse por la fuerza, lo que hace que los catalanes quieran marcharse cuanto antes. 

Otros se han puesto a discutir las cifras de asistencia.  La Guardia Urbana habla de 750.000, El País, de "cientos de miles", otros de millón y medio. La cuestión carece de sentido. Nadie se atreve a negar su carácter masivo, cívico, pacífico y reivindicativo. Y eso, después de una huelga general que paró el país. Y eso después de movilizaciones masivas en apoyo a los presos. Y eso, después de una DI simbólica, política, no reglamentaria, pero muy real. Y eso después de un referéndum en el que participaron tres millones de personas. Y eso... ¿De verdad creen el gobierno, el triunvirato, el bloque nacional español que cabe detener algo así, incluso extirparlo? ¿A qué coste?

Otro grupo de ataques viene de la obvia consideración de que no es con manifestaciones callejeras por muy cívicas que sean como una sociedad democrática encara la acción de la justicia. Ciertamente. Cuando se trata de la justicia. Esta no viene garantizada sin más por los criterios formales. Como todo el mundo sabe, hay justicia formal materialmente injusta. Pero, cómo, ¿es que va a ponerse en duda la justicia de la justicia española? Pues sí, ese es el coste del intento de reprimir y suprimir el independentismo que es una convicción en conciencia.

El coste de la democracia y el Estado de derecho que en España son realidades brillantes, según doctrina de El País en un editorial tan metafórica como falazmente titulado Franco ha muerto. Obvio.  Lo que se   da a entender es que el franquismo ha muerto. Y eso, ni el audaz editorialista se atreve a ponerlo de título. Anda el escriba enfadado porque el gobierno está perdiendo la batalla del relato del Estado democrático de derecho frente a las demagógicas acusaciones de "presos politicos", "franquismo", "fascismo", etc. No cae en la cuenta de que, si eso sucede -que sucede- es porque el relato es falso ya que el gobierno hace sistemáticamente lo contrario de lo que dice. Es una costumbre acrisolada desde el programa electoral de 2011.  

El País se escandaliza de que medios y políticos extranjeros se hagan eco del discurso ultracrítico con España, que llamen a Rajoy "franquista autoritario" o que pregunten al auditorio si España está comportándose como un Estado fascista. Sí, es una opinión que se extiende cada vez más, alimentada por los hechos del gobierno español y frente a ella de nada sirve que el periódico recurra a los historiadores o a su más profundo deseo disfrazado de convicción de que el franquismo haya muerto. Daremos más motivo de indignación al diario: también se dice en algunos círculos que más valdría un Spainexit que un Britexit y que una UE que pierde a Gran Bretaña pero se queda con España no ha hecho un buen negocio.

En un país en el que aún hay estatuas de Franco, una Fundación Nacional Francisco Franco legal, un Valle de los Caídos, un Arco de la Victoria, un Pazo de Meirás, y muchos otros símbolos e instituciones de este jaez, el franquismo no ha muerto. Darlo por tal es un intento descarado de negar la evidencia aquí y ahora, ante nuestros ojos. Y eso es, precisamente, el franquismo.

Procesos patrióticos

El gobierno puede, y suele, decir misa. Después de los bulos de ayer sobre lo que de verdad había dicho Forcadell, al final parece que cabe considerar una victoria  su compromiso de no actuar en contra de la Constitución. Ya no se habla de acatamiento, lo cual es extraño en el país de la tradición colonial según la cual la ley "se acata pero no se cumple". Es lo que llevan cuarenta años haciendo con gran parte de esa Constitución que ahora hay que acatar para que el inquisidor te devuelva tu libertad.

Queda clara la naturaleza política e inquisitorial de los procesos, corroborada al prohibirse a la presidenta del Parlament asistir a la manifestación de hoy contra el 155. Hablen ustedes de derechos de ciudadanía. En todo caso, haya dicho lo que haya dicho Forcadell se acoge al beneficio universalmente reconocido del Eppur' si muove  galileano. Llamar a eso una "victoria" también mueve, pero a risa. La que suscita este gobierno, acostumbrado al ordeno y mando o la componenda de la corrupción, metido de hoz y (mucha) coz en un lío interno y externo que ya no controla. 

En fin, si el triunvirato nacional español y sus españoles jueces creen que han avanzado un milímetro en ese camino que no saben a dónde lleva es porque toman sus prejuicios por realidades. Llamar retorno a la normalidad constitucional a una situación con presos y exiliados políticos, un movimiento masivo de resistencia pacífica y democrática con una visibilidad pública enorme y un próximo resultado de unas elecciones que se augura desastroso para el nacionalismo unitario español, es estar en la luna. 

Los medios se suman al juego sucio de las imágenes trucadas y las campañas de todo jaez, y la prosa flamígera de fiscales y jueces califica de "turbas" o de acciones "tumultuarias" las manifestaciones independentistas de uno u otro tipo. Pero es inútil. Como inútiles son las continuas provocaciones de las bandas nacional-españolas en busca de episodios callejeros violentos. Darían algo porque hubiera un Carrer borroko. Pero la revolución catalana es masiva, transversal, democrática y pacífica.  Porque es una revolución. No va a detenerse porque los tribunales encarcelen unas docenas de independentistas. Es posible encarcelar un pueblo. Franco lo demostró durante cuarenta años; pero primero tuvo que masacrarlo. El requisitode la masacre falta aquí y no se puede encarcelar al pueblo. Y mucho menos disolverlo, según reza una conocida burla de Brecht.

La cuestión de la(s) candidatura(s). Palinuro fue uno de los primeros en proponer "lista de país", con algunas razones mejores o peores, pero invocando la primacía de la unidad. Luego ha resultado que no era ese parecer compartido y se ha formulado la cuestión de las listas por separado. Dada la naturaleza ambigua de la convocatoria, que es elección autonómica y referéndum al mismo tiempo (aparte de ilegítima, por supuesto) las dos posibilidades son razonables siempre que ambas mantengan el compromiso de la unidad, al coste que sea, incluso el de la venida del reino de los justos. 

Aparte de tener muy buena imagen, la lista de país presenta la ventaja para los que somos más perezosos de no obligarnos a elegir opciones en concreto. Pero, si hay que hacerlo, se hace. En el bien entendido de que la individuación en partidos surge de la imposibilidad de la lista de país. Si esta vuelve a ser posible, de esperar es un serio esfuerzo de todas. 

Leo que la CUP ha ido a visitar al presidente en el exilio. Deber de cortesía muy de agradecer y de alto voltaje político porque significa una manifestación de unidad y, se quiera o no, un reconocimiento del liderazgo del presidente. Hubieran hecho lo mismo con el vicepresidente de no estar este privado de libertad. Hay en estos actos un espíritu y una argamasa de unidad que blinda el movimiento. Esa unidad no puede romperse por intereses de partido y menos de personas. Una lista de país tiene que ser representativa del país.

Acatar lo inevitable

Los titulares de la prensa son interpretativos puesto que se basan en rumores y noticias orales. Habrá que esperar a conocer con más exactitud el contenido de la declaración de Forcadell. Habrá que ver si, en efecto, dijo que la declaración de independencia fue "simbólica" (como aseguran todos los periódicos) o "política", como he visto por ahí. Es un matiz que tiene su importancia, desde luego, pero es un matiz que viene acompañado de una especie de retirada táctica retórica. Hay un poco de lío sobre si se acata la Constitución o el 155. Pero, en definitiva, el mensaje que se difunde es el del repliegue del frente parlamentario del independentismo. La cuestión es saber qué valor tiene ese gesto, ese acatamiento, cuenta habida de que el Parlamento ha sido disuelto y su mesa destituida. Exactamente, ¿qué significa que se acata algo que no se puede evitar?

Es el error de mezclar las vías judiciales con las políticas y dar valor jurídico a cuestiones subjetivas, de convicciones y hasta creencias. En realidad, es el espíritu inquisitorial. El propio presidente del la sala del Supremo asume esa situación al advertir que el acatamiento pudiera ser "mendaz". Es el problema de los conversos, que son tales a la fuerza y su conversión solo tiene valor exterior, pero no interno, pues no vincula en conciencia. Para la línea jurídica lo externo es suficiente. Si Forcadell vuelve a las andadas, será perseguida. Pero para la línea política no se resuelve nada; al contrario, el problema se agrava. Forcadell seguirá siendo independentista y actuando como tal y allí donde ella no alcance habrá otra Forcadell para sustituirla. Las ideas no se encarcelan, aunque quepa encarcelar a las personas. Las revoluciones no se detienen con sentencias de los tribunales en sus problemáticas relaciones con el poder político.

No hay que perder el tiempo. Los procesos en marcha son procesos políticos en contra del independentismo. Se pretende reprimir, incluso extirpar, una opción ideológica sostenida por millones de personas. Los presos independentistas son presos políticos y hasta rehenes canjeables en alguna posible negociación política. La prueba más contundente la dan los distintos cargos públicos del PP que han dejado claro que, si en las elecciones de 21D ganara de nuevo el independentismo, seguiría aplicándose el artículo 155, algo equivalente a la perpetuación del estado de excepción no declarado.

Obviamente, eso no tiene nada que ver con la democracia ni con el Estado de derecho, sino con la dictadura. La dictadura que mana del art. 155 como manó la de Hitler del 48 de la Constitución de Weimar, su abuelo. Obviamente también, el poder judicial podrá seguir legitimando la situación, pero ya estará claro que lo hace en el marco de una dictadura, no del Estado de derecho que hoy esgrime de forma ya tan cuestionable.

Todo este conflicto se agita mezclado con un escándalo descomunal, el de la Gürtel, que es imposible ocultar aunque la batería de medios del gobierno lo ignore, las televisiones no lo transmitan, los periódicos no lo mencionen, las radios lo silencien. La fiscalía da por probado que el presidente del gobierno cobró unos 220.000 euros procedentes de la caja B de su partido. Fueron más los perceptores (incluida, al parecer, la vicepresidenta del gobierno) y muchos los años de los cobros, aunque no tantos como los de las campañas electorales que se ganaron fraudulentamente al estar financiadas de modo ilegal. "Corrupción en estado puro", declaró el otro día el jefe de la investigación policial sobre la caja B del PP. Y corrupción que afecta al Estado de derecho.

Cierto, pero lo más grave es que el presidente del gobierno esté pringado en esa basura con sus efectos concomitantes de viajes, trajes y empleo de fondos públicos para beneficio privado, sin contar el cobro de plus parlamentario por tener la residencia fuera de Madrid. Se ha dicho hasta la saciedad, pero fuerza es repetirlo: en ningún país europeo se toleraría una situación así. ¿Acaso no es esto obvio motivo de dimisión? ¿No es una prueba de que esa democracia y ese Estado de derecho que el de los sobresueldos dice querer imponer en Cataluña no valen nada? La democracia española no es lo que sus epígonos cacarean en el exterior sino este extraño adefesio de un gobierno irresponsable que los socios europeos comienzan a mirar con prevención.

Ya se verá cuando, además, caigan en la cuenta de que el episodio de los sobresueldos es público y notorio, cuando menos desde 2010 y que no ha pasado nada ni nadie ha dicho nada. La corrupción no figuraba entre las preocupaciones dominantes de los españoles y estos elegían al PP de la Gürtel en 2011 con mayoría absoluta y revalidaban la victoria (aunque por mayoría simple) en 2015 y 2016. Una democracia requiere sólidas instituciones democráticas. Pero estas siempre se pueden manipular e instrumentalizar con fines antidemocráticos, como viene haciendo este gobierno. Por eso, una democracia requiere también una ciudadanía consciente de sus derechos, crítica, fiscalizadora. Si, por el contrario, la ciudadanía tolera la merma y supresión de derechos, no ejerce la crítica ni fiscaliza nada y da por buenos los mayores, más corruptos y escandalosos desmanes del gobierno, hablar de democracia es como hacerlo de la piedra filosofal.

La autoridad del gobierno en este conflicto es magnitud negativa; la del Estado, inexistente; la de la Monarquía, aniquilada en dos comparecencias reales. Los partidos de la oposición, todos, están paralizados. Los medios, volcados en la lucha ideológica, han perdido el escaso crédito que les restaba y se prestan, incluso, a campañas propagandísticas de la parte nacional española. Cuando no de la guerra sucia.

En ese contexto, el llamado "reto independentista catalán" es una crisis constitucional, estructural, española que no va a resolverse poniendo a los tribunales a perseguir el independentismo. Es un problema profundo que afecta a esta cuestión del acatamiento y el consentimiento. Solo es democrático el gobierno que lo es por consentimiento. Pero el consentimiento ha de ser libre. 

¿Son presos políticos los presos políticos?

¿En dónde dice la Constitución (CE) que su acatamiento sea obligatorio al extremo de que, si no se produce, se va a la cárcel y, si se produce, se sale de la cárcel? Esa obligación estará en algún protocolo de toma de posesión regulado en alguna ley, pero no en la CE que ampara asimismo a quien no la acate. Porque estos presos lo están, en principio, dados los riesgos de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración del delito, según la jueza. Pero no por no acatar la CE.

Es puro derecho penal del enemigo, administrado con espíritu de inquisidor por el fiscal. La CE como artículo de fe, esa misma contra la que votaron en su día los fundadores del partido que la esgrime como la maza que el fiscal lleva en el apellido. Es tan absurda, tan rancia e inverosímil esta propuesta que uno se malicia si, además de presos políticos, los independentistas catalanes, son rehenes en una campaña de intimidación ideológica. 

Es curiosa la tremolina armada con la cuestión del nombre, como si hubiera un criterio universal definitorio de preso político. No lo hay. No lo tiene Amnistía Internacional que se niega a reconocer a estas personas la condición de presas políticas o de conciencia. Tampoco la tienen otros presos políticos que se arrogauna especie de inexistente derecho "profesional" por así decirlo.

La condición de preso político no depende de la calificación del juez que encarcela. Jamás, y es lógico. Ningún Estado con presos políticos reconoce tenerlos. Esa condición depende de una valoración distinta de las motivaciones y efectos de los delitos supuestos y del impacto que ello tenga en la opinión pública.

El gobierno no ocultó su cálculo desde el primer momento: al aplicar el 155 en Cataluña y dar barra libre a la judicatura estimulando el ya encendido celo perseguidor del fiscal Maza, habría cierta reacción "en la calle" breve, por lo demás y, en una semana o diez días, todo habría vuelto a normalidad, como había pasado en el País Vasco cuando se encarceló a Otegi.

Bastaba coger el AVE, mirar y ver que era un cálculo erróneo. Pero cualquiera dice a estos genios del gobierno que cada vez que hacen algo, meten la pata. La brutalidad policial del 1/10, el 155 y el disparatado encarcelamiento de medio govern así como la pintoresca euroorden contra Puigdemont, acusándolo de un delito en Bruselas del que no se le acusa en Madrid, han provocado dos efectos simultáneos que tienen al gobierno literalmente K.O.

Primero, la internacionalización. Obsérvese, internacionalización mediática. El gobierno y sus medios señalan la escasa repercusión institucional de la acción independentista en el extranjero. Obvio: en primer lugar, el medio govern en busca y captura acaba de llegar y, en segundo lugar, lo que importa hoy en la sociedad no son los debates parlamentarios, sino los mediáticos que luego condicionan aquellos. Y de presencia en los medios internacionales no andan los independentistas faltos. Con la atención de los medios internacionales enfocada a Cataluña, el margen de maniobra del gobierno, al menos de las maniobras tramposas, se reduce mucho. Añádase que esa Europa calvinista ve con el ceño fruncido que un presidente acusado de cobrar sobresueldos en B se arrogue competencias para imponer la legalidad en parte alguna.

Segundo, una fuerte, coordinada y muy bien ejecutada reacción de movilización permanente de la sociedad. Bastaba, en efecto, con coger el Ave, mirar un poco las redes. Bastaba con enterarse, vaya, en lugar de mandar matones a repartir leña por las calles, convocar manifas de autobús y bocadillo o reclamar de los intelectuales a toda pastilla un nuevo relato en defensa de la nación española. Bastaba con darse cuenta de que no era un problema de orden público sino una movilización colectiva, transversal, masiva, pacífica que abarca toda la sociedad. En fin, una revolución. Un movimiento horizontal, participativo, voluntario, de redes distribuidas que no hay modo de contrarrestar, capaz de organizar una huelga general en veinticuatro horas y paralizar el país.

¿Que si son presos políticos las personas por cuya liberación luchan cientos de miles de ciudadanos que los consideran sus líderes y representantes democráticamente elegidos? No solo lo son sino que la desatenta represión que los ha llevado a la cárcel junto al presunto maltrato que sufrieran en el traslado, los ha aureolado de símbolos.

Tan presos políticos son que el mismo gobierno filtraba hace un par de días que había mandado "mensajes" al fiscal para que moderara su rigor; si ese fiscal autónomo e independiente. Prueba, que ha pedido el encarcelamiento de todas y está dispuesto a pedir el de Forcadell para ayudar a la concordia y el entendimiento. Algo dirá la Unión Parlamentaria Internacional y especialmente su sector feminista. Y ya tenemos otro frente internacional abierto.

Todo son rumores en la corte de la III Restauración. En no sé qué cuchipanda real con besamanos y discursos, se rumoreaba que ya estaban dictadas las órdenes de prisión de los comparecientes antes de que comparecieran. En el siglo de oro eso se llamaba la justicia de Peralvillo; hoy, más refinados, derecho penal del enemigo. Pues unos de esos rumores cortesanos es que el gobierno hará saber a los independientes magistrados del Supremo la conveniencia de poner a los presos en la calle. Las interpretaciones vendrán luego.

Pero la metedura de pata es descomunal. Quedan los procesamientos y queda la busca y captura del presidente de la Generalitat en el exilio. Y, de aquí al 21D, la corte va a ser un verdadero guirigay. El PSOE ha llegado a la deslumbrante conclusión de que la vía judicial no resuelve los problemas políticos, cosa que sabían las piedras de los caminos. Pero tampoco tiene intención de hacer nada en las circunstancias. Iceta no anda lejos de apoyar la razón carcelaria. En Podemos les ha dado un ataque de fiebre española. Carolina Bescansa, como Juana de Arco en su día, levanta el pendón español, que sus compañeros tenían vergonzosamente escondido. Su apuro es tan grande y su desastre catalán tan patético que han tenido que firmar por cuatro puestos en la candidatura de los Comunes; para que vean el partido. Los de C's piensan como Aznar, a quien sobra media Cataluña. Es lo que se llama ir de sobrado. Y su antiguo partido, actualmente en medio del via crucis de la Gürtel. En serio, ¿no recuerdan los retratos de ese barbado presiente al paño de la Verónica? Doblemente afligido porque, sobre no saber cómo saldrá de la corrupción, si es que sale, tampoco sabe cómo salir de Cataluña.

Para los independentistas republicanos catalanes es la ocasión de sus vidas. Para los unionistas monárquicos españoles, también; pero al revés.

"La corrupción en estado puro"

Tremendo lo declarado por el inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, ante la comisión del Congreso sobre la financiación oculta del PP. La corrupción en estado puro, dice. Se recordará con qué denuedo se opuso el PP a la constitución de esta comisión. Incluso amenazó con abrir otra en el Senado -en donde cuenta con mayoría absoluta- para fisgar en la financiación de los demás partidos. El llamado truco del ventilador. La forma peculiar del PP de luchar contra la corrupción.

El país lleva más de seis años gobernado por un ciudadano que cobraba sobresueldos en B. Incluso es posible que siendo no solo secretario general sino también ministro o archipámpano de las Indias, porque el registrador de la propiedad ha sido de todo en esta vida excepto registrador de la propiedad. Seis años gobernado por alguien que no hubiera podido hacerlo ni seis minutos en cualquiera de esas democracias a la que, según los ideólogos de la española, tanto se parece esta. 

Y lo bueno es que lo de los sobresueldos ya se sabía desde los tiempos de Bárcenas. Esos papeles cruzados de amarillo chillón con el infamante "M. Rajoy", llevan años circulando. Por cierto, muy apropiado el color amarillo, que es el del escándalo. Por eso se habla de la "prensa amarilla". El amarillo de Los escándalos de Crome, de Aldous Huxley, que se podría convertir en Los escándalos de Gürtel.

Era algo insólito. Nadie decía nada. Y los propios sobresoldados reputaban legítima y legal la práctica y señalaban que sí, que cobraban sobresueldos, pero que los declaraban a Hacienda. Y jugaban a distinguir entre legalidad y moralidad. Es lo que reconoció Rajoy en la famosa comparecencia del 1 de agosto de 2014 (la del SMS a Bárcenas) al llamarlos "pluses de productividad, como en cualquier empresa". 

Parecían considerarlos "normales", pero no era así. En aquellos años de los sobresueldos, con ingresos de unos 20.000 euros al mes, Rajoy se negaba ante las cámaras a decir a un ciudadano cuál era su sueldo y respondía que iba justo y tenía que mirar su cuenta todos los meses porque tenía "los problemas de todos los españoles". Hace falta tener papo. De normales, nada. Y lo sabía. Por esos lo ocultaba. Por supuesto, gobernaba Zapatero; desde que gobierna él, los españoles no tienen problemas. No tienen nada. Ni problemas.

La sospecha de haber cobrado sobresueldos en B era suficiente motivo de dimisión en 2012. Sigue siéndolo. Y más, porque la sospecha ha cristalizado en una acusación formal sostenida por los peritos. 

Pero no haya cuidado. No pasará nada. La preocupación por Cataluña ha relegado a tercer lugar la preocupación por la corrupción. Y eso que la autoridad de este gobierno y su partido para imponer legalidad alguna en Cataluña que no sea la de la Gürtel es 0.

Se trata de ganar

Se trata de ganar. Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado: trampas de todos los colores.

Las elecciones del 21D son ilegales e ilegítimas, de acuerdo. Pero son. Fácticamente. Sin duda las ha impuesto la UE porque al partido de la Gürtel no le convienen. Y Europa apuesta por ellas,

Esto obliga a participar porque, en primer lugar, si objetamos, podemos perdernos en galimatías formales de normas vigentes, "suspendidas", "aplazadas", etc., mientras los otros hacen campaña; en segundo lugar porque, por muy puros que queramos ponernos, si se predica la abstención, recuérdese, "el que calla, otorga" y, si el bloque independentista, muy ofendido, se abstiene, calla y Catalunya será gobernada por la señora Arrimadas.

Además de participar, hay que decir cómo. Palinuro es partidario de la lista única de país por varias razones, todas ellas opinables y discutibles, por supuesto, excepto una, que es un hecho. El sistema de escrutinio será el D'Hondt, que perjudica las candidaturas pequeñas y divididas. Siempre. Cierto que se trata solo de cuatro resultados, uno en cada provincia y que, en definitiva, la cosa puede afectar a lo mejor a dos diputados en total. Pero, como están las cosas, dos diputadas pueden ser decisivas. 

En todo caso, se articulen como se articulen la(s) candidatura(s) independentista(s), el mensaje tiene que ser claro y rotundo: se elige el primer gobierno de la República Catalana. Todo lo que sea apartarse de ahí, será peligroso. Y si, durante las campaña, las candidaturas independentistas se pelean entre sí, el resultado se resentirá. Esto recuerda mucho la famosa "polémica del revisionismo" en la Socialdemocracia alemana de fines del XIX primeros del XX entre Bernstein y Luxemburg. Bernstein sostenía que el movimiento (el partido socialdemócrata) era todo y el  fin (el socialismo, la revolución), nada. Luxemburg, en cambio, defendía que, siendo el movimiento (en este caso, diríamos, el independentista)  muy importante, el fin (la independencia) es todo. 

En todo caso, repito, se trata de ganar. Es cosa de vida o muerte porque, o se gana el 21, o la represión del Estado será sin precedentes.

La versión castellana: 

Trampas de todos los colores

                                                                                              

De aquí a las elecciones del 21D que el gobierno, en uso de sus facultades dictatoriales del 155,  ha tenido a bien convocar de modo ilegítimo e ilegal, el camino estará lleno de trampas, minas de todo tipo, insidias, manipulaciones, amenazas, chantajes y engaños. Habrá un esfuerzo redoblado y unitario de los nacionalistas españoles para evitar que el resultado sea una victoria del independentismo.

Es legítimo dudar de la utilidad de las elecciones desde el momento en que el gobierno, por boca del inefable Hernando, ya ha dicho que, si gana de nuevo el  independentismo se volverá a aplicar el 155. O, dicho de otro modo, el propio convocante dice que las elecciones solo valen si las gana él. Si las gana otro, hay que repetirlas… supuesto que vaya a haber elecciones. El ánimo de la dictadura es patente.

No obstante, dadas las circunstancias, hay que ir a esas elecciones. Si luego, al perderlas, el gobierno quiere anularlas, tendrá que explicarlo en Europa en donde, por cierto, aun siendo de derechas, empiezan a estar hasta las narices de los fascistas españoles en el poder. Los demócratas deben prepararse para una intensificación de las políticas de provocación de la derecha, los nacionalcatólicos, los franquistas gobernantes y su sumisa oposición.

Habrá más vandalismo de las bandas de neonazis por las calles de Cataluña y de España entera. Se saben impunes gracias a la tolerancia del gobierno y la supuesta colaboración activa de los cuerpos de seguridad, empezando por los agentes de paisano que inciten a los tumultos y agredan a ciudadanos pacíficos, contribuyentes que les pagan el sueldo a estos sinvergüenzas con sus impuestos.

El gobierno del partido más corrupto de Europa incrementará las actividades de sus policías paralelas que organizarán actos de violencia para justificar la represión, seguirá haciendo guerra sucia, difundirá calumnias y tratará de impedir las elecciones. Igualmente seguirá atacando y provocando a las instituciones catalanas, siempre en busca de un estallido en la respuesta que les permita justificar una ocupación militar completa y no solo a medias como la que tienen ahora.

La judicatura, a las órdenes del gobierno, seguirá aplicando el derecho penal del enemigo a los independentistas, retorciendo los conceptos legales y persiguiendo judicialmente opciones ideológicas y políticas no gratas a los gobernantes. Como esa jueza Lamela, que pide a Bélgica la extradición de Puigdemont por un delito del que no le acusa en España (corrupción) pero que sí lo es en ese país en donde, sin embargo, no lo son como motivo de extradición los que cita la jueza. O ese fiscal Maza , que see arroga el derecho a meter ciudadanos en la cárcel por razones estrictamente ideológicas, de si acatan o no la Constitución, como cuando la Inquisición, obvio referente del fiscal hacía lo mismo con el dogma católico.

Los medios públicos y privados, en un solo frente españolista basado en la ocultación, la manipulación, la censura y el engaño. Los dos periódicos impresos catalanes están dispuestos a publicar mentiras, bulos o infundios si perjudican al independentismo. Lo mismo sucede con la prensa de Madrid, especialmente El País, que está dejando atrás La Razón en punto a su bajísima calidad de pasquín anticatalán.

Igualmente, los llamados “mercados”, esto es, los capitalistas, los banqueros, los grandes empresarios, fomentan un clima de miedo y maniobran tratando de descapitalizar Cataluña o financian las partidas fascistas de la porra para atemorizar a los ciudadanos independentistas o las falsas organizaciones sociales españolas, tipo SCC, Dolça Cataalunya o DENAES, todas ellas plagadas de fascistas estilo del viejo somatén.

Los partidos de la izquierda española –a los que la independencia de Cataluña ha dejado al descubierto como nacionalistas españoles-han mostrado una vez más que son antes españoles que de izquierdas. Y españoles de la única España que sus clases pensantes han sido capaces de imaginar: la del señorito, el oligarca, el militar, el cura y el intelectual a sueldo. El nacionalismo supuestamente progre trata de matizar este asfixiante predominio de la España nacionalcatólica con gimoteantes referencias a una miserable tradición liberal española alimentada con cuatro o cinco nombres como Institución Libre de Enseñanza, la II República, M. Azaña y poco más. En cuanto el nacionalismo imperial y cuartelario, sintiéndose amenazado, da unas voces de manddo, estas izquierdas sin pulso ni espíritu (PSOE, Podemos, etc) corren a refugiarse bajo el espadón de turno, abominan del odioso e “insolidario” nacionalismo catalán y apoyan la política represiva del Estado contra Cataluña: su ocupación militar, la dictadura, el estado de excepción, la prisión y el exilio para sus dirigentes.

El independentismo, que ha de estar preparado para todas estas trampas, solo cuenta consigo mismo, con su propio pueblo y el apoyo exterior. Este último dependerá de la fortaleza interna del movimiento, su consistencia, su voluntad. Y todo esto, fortaleza, consistencia, voluntad del movimiento solo está garantizado por un factor: la unidad. La unidad, la transversalidad, es la clave de la victoria. Si el frente anticatalán consigue romperla, no solo caerá el independentismo; caerá Cataluña. Preservar la unidad es el imperativo categórico para estas elecciones.

La forma más evidente y clara es una única lista electoral de país, pero el asunto no es dogma de fe y menos en un movimiento democrático. También esto puede debatirse. La unidad puede tener una u otra forma práctica, sin duda. Pero, sea cual sea esta, el espíritu, el ánimo, el fondo de la cuestión, el programa, la acción, debe ser la unidad. Porque el objetivo es único.

Lo de la ultraderecha

No es preciso perder mucho tiempo con esto, ¿verdad? Cuando el personal se escandaliza al oír que en España no hay partido de extrema derecha (de verdad, no partidillos) porque ya está en el PP y en el gobierno, basta con echar mano a la hemeroteca gráfica. Son muchos los ejemplos de  concejales, alcaldes, nngg y cuadros del partido de la Gürtel  fotografiados brazo en alto o dando vivas a Franco o luciendo parafernalia fascista. Y no solo ellos: curas, empresarios y famosos mediáticos. Hay donde elegir, así que, para no fatigarnos, la foto de ilustración de ahora mismo, de ayer, ya cuenta otra vez la historia.

Un portavoz sindical de la policía de Madrid entre neonazis. Y menos mal que el periódico no llama a estos "personas con banderas o letreros españoles". Neonazis. De inmediato saldrá alguien hablando del "caso aislado" de este señor. Un señor que es portavoz sindical de un cuerpo armado. Es decir, habrá sido elegido por sus compañeros. ¿Saben estos que su portavoz se manifiesta en público con neonazis? ¿Saben que, además de manifestarse, insulta a personas pacíficas y desarmadas en unas actitudes que bordean la agresión física? El portavoz ha dimitido. Muy bien, es lo mínimo que puede hacer. Pero el problema permanece.

¿Hasta qué punto impera la extrema derecha en las fuerzas y cuerpos de seguridad que están para defender a todos los ciudadanos y no para atacarlos? ¿Hasta que punto en todos los niveles de la administración pública, incluida la judicatura? Por supuesto, ya se sabe que en los sectores más altos de la administración la extrema derecha no se manifiesta vociferando oé, oé, oé. Se manifiesta de otra forma, menos escandalosa pero mucho más dañina y destructiva del Estado de derecho: con leyes injustas y arbitrarias (la ley de Wert, la "ley Mordaza", la reforma laboral, etc) con medidas de expolio de las arcas públicas (que dejan sin fondo de pensiones a los jubilados y sin ayudas a los dependientes), con instrucciones judiciales motivadas políticamente. 

La extrema derecha, en efecto, en España está en todas partes, también en los medios, como todo el mundo sabe y hasta en algún partido de la oposición. Solo por su afinidad con la extrema derecha puedo concebir que algunos socialistas se manifiesten conjuntamente con franquistas y fascistas de diverso pelaje.

Las razones del nacionalismo español

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Otro gran vídeo del periodista Carlos de Urabá que deja clara prueba del estilo, los modales, las consignas, las razones del nacionalismo español. Y de las buenas relaciones de los manifestantes con la Policía Nacional. Una lástima que esta fuerza del orden no esté nunca cuando estos manifestantes (o otros de parecido talante) van agrediendo a personas indefensas por la calle por el horrible delito de no pensar como ellos o apalean y envían al hospital a alguien que no quiere gritar "¡viva España!".

En los actos públicos y manifestaciones independentistas, a veces con decenas, centenares de miles de participantes no solamente nunca se ataca a nadie sino que ni siquiera se toca el mobiliario urbano. Se quiera o no, el nacionalismo español es agresivo. La única violencia que está produciéndose en Cataluña la provocan el nacionalismo español y/o las actuaciones represivas de las autoridades centrales. No es ni puede ser Estado de derecho el que no garantiza la seguridad jurídica ni siquiera la integridad física de la población.

Violencia es asimismo la que, según denuncian los abogados defensores, pueden haber sufrido los consellers y el vicepresidente del govern, detenidos y trasladados a la prisión de Estremera, durante el trayecto. El abogado, Andreu van den Eynde, no aclarará más hasta saber los datos del examen médico a los detenidos y las explicaciones de la Policía Nacional e Instituciones Penitenciarias sobre los extremos que están en duda: si los trasladados iban esposados o no; si por delante o a la espalda; si llevaban cinturón de seguridad; si los vehículos iban a velocidad excesiva; si los detenidos fueron o no objeto de mofas; por dónde pasaron; qué se hizo con ellos; qué trato recibieron al ingresar en prisión. Todos puntos sobre los que los funcionarios armados reponsables del traslado habrán de dar explicaciones, al igual que la Policía e Instituciones Penitenciarias. Lo que salga de aquí deberá ser puesto en conocimiento de las autoridades europeas para que puedan pronunciarsse sobre la justicia española. No se olvide que los funcionarios en cuestión actuaban bajo órdenes de la jueza del caso. También habrá de darse por enterado el ministerio del Interior y el gobierno y actuar en consecuencia.

Más brutalidad policial el 1/10 en La Ràpita

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Son siempre las mismas escenas que se repiten y repiten. Policías nacionales y guardias civiles armados hasta los dientes, superprotegidos, literalmente acorazados, apaleando cruelmente gente pacífica que ni siquiera se defendía. Escenas de una brutalidad bestial que provocan auténtica indignación.

Todo este material, debidamente archivado, custodiado y tratado servirá para fundamentar dentro de bien poco la acusación al gobierno español de tratar a su población como esclavos a los que hay que reprimir a toda costa. Ya no es cosa de preguntarse qué calidad humana pueden tener una individuos que cumplen -incluso con entusiasmo- unas órdenes tan inhumanas, inicuas y, sobre todo, ilegales. Allá cada cual con su conciencia. Es de esperar que todos estos individuos comparezcan ante la justicia porque en España la obediencia debida no es un eximente y si el mando te ordena apalear a gente indefensa y pacífica y tú cumples, los responsables seréis los dos: el mando y tú. Y ese momento llegará.

En todo caso, este material debe ser visualizado siempre que se pueda, por muy duro que sea -que lo es- y mostrárselo al mundo entero, a los tribunales de justicia real en Europa (no a lo que hay aquí), a las instancias europeas e internacionales.

No podemos desfallecer. Hay diez personas rehenes de esta banda de desalmados del gobierno que, además, quiere encarcelar al presidente de Catalunya. Y su suerte dependerá del apoyo que la sociedad les prestemos.

El 1 de octubre pasado, España perdió para siempre a Catalunya (si es alguna vez la tuvo). Se trata ahora de que el mundo comprenda por qué. Por eso hay que difundir estos vídeos, que los vea la opinión pública internacional y los tribunales de justicia de otros países europeos, los únicos que ofrecen garantías. Muy necesarias.

El quid de la cuestión

La cuestión catalana ya no es un "asunto interno" español. En realidad no lo ha sido nunca. Ha sido una asunto español, sí, pero no "interno". Aunque Rajoy aspiraba a que así lo declararan los jueces belgas. 

La decisión de Puigdemont ha puesto patas arriba la estrategia del gobierno, la material, pues aquel no está en la cárcel en España, y la comunicativa, pues en cambio está en todas las televisiones europeas. Con el daño que ello hace, sobre todo porque las informaciones suelen ir acompañadas de las tremendas imágenes de la policía y la guardia civil apaleando a mansalva a la gente. 

El triunvirato nacional y sus animadores arremete contra Puigdemont a campo abierto: es un cobarde, un traidor a sus seguidores; lo suyo es un vodevil, un esperpento. Todo producto de la rabia incontenida, no ya por la cuestión en sí, sino por la necedad de la decisión en un primer momento. Nada de esto se hubiera producido si el triunvirato no hubiera decidido restablecer la legalidad Gürtel en Cataluña judicializando el proceso. Una vez dado el paso (propio de unas gentes que no ven más allá de sus autoritarias narices) nada tiene de extraño que los afectados por la judicialización tomen las medidas que estimen más convenientes procesalmente. Y uno de estas medidas es obligar a las instancias europeas y a una justicia europea a intervenir. Puigdemont es un ciudadano español y, como tal, aunque Rajoy lo ignore, ciudadano europeo y ha ido a Europa a hacer valer sus derechos. Si el gobierno no quiere que eso se dé, que trate de privar a Puigdemont de la nacionalidad española cosa que irónicamente este agradecería. No puede. En los países de "nuestro entorno" hay justicia.

Ese es el problema del bloque nacional español, al darse cuenta de que, por su mala cabeza, ha puesto la justicia española en comparación con la belga. Y salen las vergüenzas. Tantas que hasta el fiel aliado de Rajoy, Sánchez, ya empieza a murmurar por los rincones que esto de la judicialización no resuelve nada. Claro que no; es un dislate mayúsculo. Exactamente el que por falta de raciocinio han apoyado unos socialistas tan enajenados en su fiebre nacional que se manifiestan con fascistas y nazis.

Pero no importa. El núcleo ideológico del triunvirato, El País, sigue fabricando la ideología para justificar un golpe de Estado antidemocrático y el empleo de una forma de dictadura constitucional (art. 155), hablando de una democracia y un Estado de derecho que solo éxisten en los sueños de sus rotativas. Están tan idos que lo reconocen explícitamente. Dicen: Puigdemont y los cuatro exconsejeros que se hallan todavía en Bélgica son para la justicia española prófugos y no un grupo de políticos en medio de una gira internacional. Muy bien. Para la justicia española. Pero solo para la justicia española. Para el resto del mundo es un grupo de políticos si en gira o no aún está por ver. Y que se van a presentar a las elecciones del 21D y tienen muchas probabilidades de ganarlas a la cabeza de una candidatura independentista que planteará al gobierno la angustia del eterno retorno.

Pero lo que el mundo está viendo es el comportamiento de una justicia española que, en punto a independencia judicial está a la cola de Europa y ocupa el lugar 72 de 148 casos en el planeta. Es poco probable que nadie dé un ardite por lo que esta justicia considere o deje de considerar. Lo que esta justicia y sus amigos del poder político (esos ministros que condecoran a jueces) y sus aliados mediáticos consideren carece de toda relevancia. En Europa comienzan a levantarse voces preguntándose si España está en condiciones de gestionar este conflicto. 

Fácil de responder: no sin destruir el sistema democrático, que es lo que está haciendo. Y no va a más porque, como era de prever, Europa está ya sobre aviso. Así que ese es el quid de la cuestión: habéis ido tomando decisiones erróneas una tras otra (no negociar, el referéndum, la represión, la DI) y la última, todos a la cárcel, es mortal.

Un país, amigos, no es un cuartel.