La cuestión catalana ya no es un "asunto interno" español. En realidad no lo ha sido nunca. Ha sido una asunto español, sí, pero no "interno". Aunque Rajoy aspiraba a que así lo declararan los jueces belgas.
La decisión de Puigdemont ha puesto patas arriba la estrategia del gobierno, la material, pues aquel no está en la cárcel en España, y la comunicativa, pues en cambio está en todas las televisiones europeas. Con el daño que ello hace, sobre todo porque las informaciones suelen ir acompañadas de las tremendas imágenes de la policía y la guardia civil apaleando a mansalva a la gente.
El triunvirato nacional y sus animadores arremete contra Puigdemont a campo abierto: es un cobarde, un traidor a sus seguidores; lo suyo es un vodevil, un esperpento. Todo producto de la rabia incontenida, no ya por la cuestión en sí, sino por la necedad de la decisión en un primer momento. Nada de esto se hubiera producido si el triunvirato no hubiera decidido restablecer la legalidad Gürtel en Cataluña judicializando el proceso. Una vez dado el paso (propio de unas gentes que no ven más allá de sus autoritarias narices) nada tiene de extraño que los afectados por la judicialización tomen las medidas que estimen más convenientes procesalmente. Y uno de estas medidas es obligar a las instancias europeas y a una justicia europea a intervenir. Puigdemont es un ciudadano español y, como tal, aunque Rajoy lo ignore, ciudadano europeo y ha ido a Europa a hacer valer sus derechos. Si el gobierno no quiere que eso se dé, que trate de privar a Puigdemont de la nacionalidad española cosa que irónicamente este agradecería. No puede. En los países de "nuestro entorno" hay justicia.
Ese es el problema del bloque nacional español, al darse cuenta de que, por su mala cabeza, ha puesto la justicia española en comparación con la belga. Y salen las vergüenzas. Tantas que hasta el fiel aliado de Rajoy, Sánchez, ya empieza a murmurar por los rincones que esto de la judicialización no resuelve nada. Claro que no; es un dislate mayúsculo. Exactamente el que por falta de raciocinio han apoyado unos socialistas tan enajenados en su fiebre nacional que se manifiestan con fascistas y nazis.
Pero no importa. El núcleo ideológico del triunvirato, El País, sigue fabricando la ideología para justificar un golpe de Estado antidemocrático y el empleo de una forma de dictadura constitucional (art. 155), hablando de una democracia y un Estado de derecho que solo éxisten en los sueños de sus rotativas. Están tan idos que lo reconocen explícitamente. Dicen: Puigdemont y los cuatro exconsejeros que se hallan todavía en Bélgica son para la justicia española prófugos y no un grupo de políticos en medio de una gira internacional. Muy bien. Para la justicia española. Pero solo para la justicia española. Para el resto del mundo es un grupo de políticos si en gira o no aún está por ver. Y que se van a presentar a las elecciones del 21D y tienen muchas probabilidades de ganarlas a la cabeza de una candidatura independentista que planteará al gobierno la angustia del eterno retorno.
Pero lo que el mundo está viendo es el comportamiento de una justicia española que, en punto a independencia judicial está a la cola de Europa y ocupa el lugar 72 de 148 casos en el planeta. Es poco probable que nadie dé un ardite por lo que esta justicia considere o deje de considerar. Lo que esta justicia y sus amigos del poder político (esos ministros que condecoran a jueces) y sus aliados mediáticos consideren carece de toda relevancia. En Europa comienzan a levantarse voces preguntándose si España está en condiciones de gestionar este conflicto.
Fácil de responder: no sin destruir el sistema democrático, que es lo que está haciendo. Y no va a más porque, como era de prever, Europa está ya sobre aviso. Así que ese es el quid de la cuestión: habéis ido tomando decisiones erróneas una tras otra (no negociar, el referéndum, la represión, la DI) y la última, todos a la cárcel, es mortal.
Un país, amigos, no es un cuartel.
