La dictadura del 155

Divertido ver al atildado petimetre portavoz de este gobierno franquista  hablando de legalidad y Estado de derecho como si supiera lo que son. Como si lo supiera alguno de la banda de presuntos malhechores que lleva años saqueando el país. No parecen servirles de mucho los briefings que sobre la materia les da el cogollo de ilustres nulidades que administra Cebrián en torno al pesebre de Prisa, incapaces de una sola idea medio original que rompa con el mazacote del nacionalismo español más retrógrado. No es de extrañar que sus discípulos, faltos de alimento espiritual, salgan a las ruedas de prensa cargados de ruedas de molino. 

¿Recuerdan ustedes cuando este mismo pavo decía no hace cuatro meses que estaría encantado si Puigdemont se presentara a las elecciones? Los lumbreras creían que los unionistas iban a ganarlas por goleada. Seguramente se lo sopló Arriola, el "gurú" demoscópico de esta basca. Lo dijo con su brutal simpleza  Cospedal: que habían convocado elecciones para que las ganara el bloque constitucionalista. O sea, el que las ha perdido. Las ha ganado el bloque independentista. ¡Ah, pero Puigdemont no puede ser presidente! ¿Por qué no? Porque a la partida que detenta el gobierno de España no le da la gana, porque le tiene rabia y odio. Y, sobre todo, miedo, mucho miedo.

Por fortuna cuentan con unos medios capaces de mentir con más aplomo que ellos para engañar a la gente. Y con razón. Les van la subsistencia, las nóminas, los sobres, las pagas, pluses y primas por manipular a favor del gobierno y prostituir la noble actividad periodística. 

Se convocaron elecciones para ganarlas. Si se perdieron, se emplea la fuerza bruta y la complaciente actividad de unos jueces más al servicio del gobierno de lo que están los periodistas (son las dos brigadas del franquismo actual: la judicial y la mediática), para anularlas de hecho y no respetar su resultado. Al presidente del Parlament no lo elige este sino el gobierno del PP a través de la dictadura del 155.

¿Recuerdan ustedes asimismo cuando el nacionalismo español decía en el País Vasco que sin violencia podría hablarse de todo, incluso de independencia? Era mentira entonces y sigue siendo mentira hasta el día de hoy. Pero le da igual. Su forma de ser es la mentira. Los franquistas no saben hacer política sin mentir. Y ahora es peor. Como no se les ofrece la excusa de la violencia en Catalunya para justificar la represión que tienen preparada, están haciendo lo posible por provocarla ellos. Toda su acción, desde el atentado de las Ramblas en el verano al día de hoy busca provocar y provocar y provocar, a ver si, por fin, alguien salta, pasa algo y se justifica la ocupación militar de Cataluña, que es lo que esta banda está buscando para que así se olviden también las sinvergonzadas de la Monarquía, la corrupción y el latrocinio peperos.

Por supuesto que el 155 seguirá. No hace falta que lo enuncie el portavoz. Nunca pensaron dejar de hacerlo. El 155 es la anulación de la democracia y la Constitución real de Cataluña. La Constitución real de Cataluña es la dictadura y, se quiera o no, la de España entera, de acuerdo con el enunciado nacional-español de que Cataluña es España.

Por último, exactamente, ¿qué puede significar candidato limpio, dicho por un embustero (probado queda con la invitación a Puigdemont a ser candidato), miembro del gobierno más corrupto de la historia reciente de España, con un presidente que cobró sobresueldos en B y un partido literalmente cuajado de ladrones bajo una monarquía tan cursi como autoritaria y antipopular? ¿Está limpio M punto Rajoy?

Más limpio está cualquier candidato independentista que todos los peperos juntos comulgando en el Corpus Christi.

La soberbia de la sinrazón

Este tribunal, que no se comunica por autos o providencias o sentencias, sino por "canutazos", ha hecho saber que se tomará su tiempo para resolver el recurso del gobierno contra el anuncio de la investidura de Puigdemont, no contra la investidura, que aún no se ha producido. El mismo tribunal que tardó menos de 24 horas en adoptar medidas cautelares, que muchos consideran ilegales, a instancia directa del gobierno. El que, en otras ocasiones y siempre en interés del mismo patrón, ha sido tan rápido como el famoso tigre de la leyenda, más veloz que sus rayas.

Ahora, tratándose de un asunto de urgencia para el normal funcionamiento de las instituciones, ese tribunal Speedy González anuncia que volverá a los pausados tiempos de la judicatura española. Como no cabe presumir en los magistrados desconocimiento del daño que su anunciada lentitud va a causar en una situacion crítica para que entre en funcionamiento la Generalitat solo puede concluirse que el tribunal se alinea con la táctica dilatoria y obstaculizadora del gobierno. Y, sin duda por hacer méritos procede por vía insultante, "sin urgencia". A ver si se han creído estos catalanes que van a condicionar la vida nacional.

Bueno, "los catalanes" pueden darse por contentos. El desprecio de este tribunal por Cataluña era antes mucho más intenso. Cuatro años tardó en dictar sentencia destrozando el Estatuto de 2016. Y solo para incendiar la pradera hasta llegar a la situación en que él mismo como tribunal es un instrumento del gobierno. Hablar aquí de Estado de derecho es literalmente echar margaritas a los puercos.

Pero eso es el juicio a primera vista: una provocación más del B155. Pero una provocación que aclara, aun involuntariamente, el terreno y las posibilidades de juego. El independentismo, sin duda, va a jugar frente a un bloque cada vez más desorientado y enredado en sus contradicciones judiciales de las que no conseguirán salir. El juego de los indepes es político (justo aquello de lo que el B155 no entiende) y seguirá al margen de las presiones y las amenazas judiciales. Para eso, habrá de adoptar una línea entre cuando menos dos con alguna variante:

Versión contemporizadora: se acepta la espera del TC, cosa que puede hacerse con una ficción jurídica de investidura fallida, que abriría el plazo de dos meses hasta la segunda votación. A ver si, entre tanto, el TC se ha pronunciado. Este tiempo podría también cubrirse con la variante que propone ERC de combinar una presidencia simbólica con otra ejecutiva. La idea es buena y eficaz. La bicefalia en el ejercicio del poder no es nueva. Dos eran los cónsules en Roma de iguales poderes y esta es la idea de fondo de la presidencia/vicepresidencia de los Estados Unidos, aunque a veces se olvide por la especial relevancia del presidente. La cuestión es la atribución de funciones. La idea parece ser reservar el estatus de legitimidad al presidente en el exilio y residenciar la capacidad ejecutiva en el investido. El primero, simbólico; el segundo, eficaz. Pero también cabría una fórmula de aeque principaliter o igualdad de dignidad en tanto el TC se digna resolver la cuestión. Y eso sabiendo que, con toda probabilidad, la decisión será negativa: Puigdemont no puede ser investido telemáticamente; puede serlo presencialmente, siempre que pida permiso a su primo el Tribunal Supremo que ya ha corrido a decir que no se lo dará. O sea, no habrá investidura de Puigdemont. Está prohibida.

Versión rupturista: el Parlament ignora la última decisión del TC y el canutazo sobre los tiempos y procede a investir telemáticamente a Puigdemont. Siendo este acto contrario a la prohibición del TC y armado con el 155, el gobierno se sentirá obligado a impedir la investidura empleando para ello los medios que estime necesarios que bien pueden ser clausurar el Parlament y abrir a continuación otro expediente represivo a su mesa. Todo con la vista puesta en dos futuros muy inciertos: prolongación del estado de excepción en Cataluña, cuya Constitución será el 155, es decir, la dictadura o terceras elecciones con un previsible resultado de aumento del voto independentista y eso si no se cae en la tentación de prohibir algún partido o asociación por razones ideológicas.

La perspectiva es tan negra que muchos se sienten justificados en insistir en que se adopte alguna variante de la versión contemporizadora. Es comprensible y quién sabe si prudente. Pero tiene una objeción. La contemporización (equivalente al appeasement de Munich, 1937) tiene un plazo escaso: si el govern bajo presidente ejecutivo se atiene al mandato que reconoce como propio de consolidar la República Catalana entrará de inmediato en curso de confrontación con el B155 cuyas nuevas medidas represivas de todo tipo nos llevarán al punto de partida, pero con un puñado de encausados más. 

El resultado viene a ser el mismo pero quizá por ello sea difícil elegir.

Palinuro ayer en Tarda oberta, de TV3

Ayer, intervención de Palinuro desde Madrid en el magnífico espacio de Tarda Oberta, de TV3. Quedó muy bien. Felicidades a los dos presentadores que lo hacen de cine. Mil disculpas porque llegué muy tarde pues me pilló un atasco monstruoso en la M-30.

Las cuestiones tratadas, de relevancia. La televisión como vía d einformación y debate de interés. La televisión como servicio público, algo que las cadenas españolas, todas a las órdenes del gobierno, ni huelen. Justo ayer, cuando en uno de esas basuras que llaman programas una señora, famosa por todo lo que hay de detestable en la naturaleza humana, exhibía el contenido de unos whatsaps -o algo similar- íntimos, privados de Puigdemont a un amigo obtenidos con técnicas de paparazzo. Lo importante de las diferencias es que queden claras.

Toda la represión, todas las cárceles, todo el odio del Estado español y sus engolados servidores no sirve de nada contra el movimiento independentista catalán. "Rebelión, sedición, malversación", silabean lívidos de rabia unos togados que se creen seguros porque son seguidores de Trasímaco, el que decía que el derecho es la ley del más fuerte. 

Inhabilitar una revolución

Lo dijimos hace un puñado de posts ("La deconstrucción de la rebelión") que, ante la creciente presión para que encontrara una salida civilizada al desbarajuste que ha creado, Rajoy se lavaría las manos invocando la división de poderes y que el asunto había salido de su jurisdicción política para entrar en la judicial. Es falso, por supuesto, ya que la ofensiva judicial fue instada por el ministerio fiscal, acicateado por el gobierno. 

Pero eso da igual. Supongamos que, cansados los jueces de que el gobierno los use como parapetos, según dice Público, los del Supremo hayan decidido actuar por su cuenta en un asunto eminentemente político. Y se conviertan en un incordio para el gobierno porque lo sustituyan. La falta de división de poderes ya es un desastre, pero la supeditación del gobierno al judicial es una catástrofe. ¿O alguien cree que se va a parar el procés inhabilitando a su cúpula? Tomen nota de lo sucedido con Ómnium y la ANC, que siguen actuando con sus dirigentes encarcelados. La única forma de completar la faena de la inhabilitación es la prohibición de las asociaciones independentistas. Y a ello parecen apuntar las últimas pesquisas policiales en sus sedes, así como los apuntes contables que maneja el juez Llarena. 

No se puede inhabilitar un proceso social que es, además, pacífico, cívico, democrático y revolucionario. Detrás de unas "cúpulas" inhabilitadas vendrán otras. Hay que inhabilitar un movimiento apoyado en más de dos millones de votos. O sea, hay que prohibir el independentismo, sus asociaciones, organizaciones, partidos. Hay que convertir el independentismo en un delito.

Y eso, ¿cómo se hace en un Estado de derecho? ¿Y cómo se explica? No a la dudosa luz de los sentimientos heridos, las emociones, el despecho, la ira, sino a la más clara de la razón, la justicia, la equidad. 

¿Cómo se explica que en España haya presos políticos, "delitos" de opinión?

¿O no hace falta explicarlo porque el 155 lo explica todo?

Final de partida

Al publicar el post anterior, La investidura en un tuit, señalaba Palinuro que, con todas las salidas cerradas por orden del gobierno,  el Parlamento tenía dos opciones obvias, ambas desafiando las prohibiciones arbitrarias de la dictadura española: investir a Puigdemont presencialmente (si conseguía llegar) o telemáticamente. En ambos casos sería de esperar otra vuelta  de tuerca de La Moncloa al 155 con el que el Sobresueldos ejerce su dictadura personal. Decía también que el Parlament, en uso de su soberanía quizá adoptara una decisión mejor. 

Y lo ha hecho. Ha aplazado el pleno de investidura hasta que el Tribunal Constitucional (TC) aclare el embrollo que él mismo ha organizado al servicio del gobierno y de consuno con Tribunal Supremo. Así se evitan las posiblemente fulminantes represalias en caso e investidura.

Comienza un compás de espera.

La decisión, probablemente astuta en el barullo de iniciativas, recursos, contrarrecursos y fintas de leguleyos, todavía pertenece a la etapa anterior a la constitución del Parlamento, cuando había que contestar a las provocaciones del B155 y su dictadura. Pero, con el Parlamento funcionando, esa época ha pasado y el aplazamiento de ayer ha sentado bastante mal. Muchos (PDeCat, la CUP, gente en la calle y en las redes sociales) se sintieron defraudados y amenazaron con recurrir a la acción directa,

Cierto, es lo que quieren lo franquistas de PP, el PSOE y C's y, por tanto, no hay que caer en la trampa. Nada de acción directa y violenta. Pero, por no caer en una trampa, podemos caer en otra: el aplazamiento de la investidura implica reconocer el derecho del enemigo a seguir gobernando tiránicamente y acarrea desestimiento y quizá discordia entre los indepes, que también es lo que quieren los franquistas.

Así que, reconociendo la prudencia de la decisión de aplazar, no es posible ignorar el riesgo de derrota que la prolongación supone, sobre todo a manos de unas adversarios tan granujas, hipócritas y viles como los que aquí intervienen, sin escrúpulos ni sentido alguno de la decencia y sin barreras morales que detengan sus prácticas criminales. 

Sin duda hay que cargarse de razones frente al abuso y el fascismo para afrontar el último tramo de la independencia de la República Catalana con el apoyo de la comunidad internacional. Y hacerlo manteniendo dos principios inamovibles: a) el movimiento es pacífico; b) es unitario.

Ni un milímetro cabe separarse de ambos criterios: no violencia y unidad.

Pero, quien crea que el fascismo español, el Borbón, el Sobresueldos, la banda de ladrones, los siervos socialistas de la derecha, los medios de comunicación rebosantes de sicarios, los empresarios delincuentes, etc., amainará en su intención de arrasar Cataluña, vive en la inopia. El plan de la dictadura del 155, ya lo hemos dicho, es acabar con el independentismo catalán por la violencia: encarcelando, exiliando y multando a todo el que se manifieste por él.

Aquí, mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado El punto de ruptura.

Así que, se quiera o no, en algún momento habrá una confrontación, habra que desobedecer, habrá que resistir. Lo importante, lo imprescindible no es hacer lo que sea por evitar aquella ya que es inevitable. Lo importante es mantener la no violencia del independentismo a toda costa y que la única que aquí se emplee sea la de la dictadura española.

Habrá agresiones (que quedarán sin respuesta), insultos, ataques de todo tipo. Más gente irá al exilio o a la cárcel. Mucha más. Hasta que ganemos.

La única posibilidad de sacar a los presos políticos de las cárceles es llenándolas con muchos más presos políticos. Hasta que la situación sea insostenible. Dentro y fuera de las cárceles.

Aquí, la versión castellana:

El punto de ruptura

El Estado español vive en una situación de excepcionalidad. Rige la Constitución de 1978, pero no rige porque está suspendida en una parte territorial del país, Catalunya, merced a un artículo, el 155, una ley de plenos poderes y de dictadura de hecho, aunque tenga el sarcasmo de llamarse “dictadura constitucional” o, como traducen los obsequiosos medios de comunicación –prácticamente todos- de protección de la Constitución. También está suspendida en su totalidad institucional, puesto que se aplica a todos los actos del gobierno y las instituciones con las que este se relacione. Catalunya no puede autogobernarse por exclusiva voluntad de Rajoy. El Parlamento tampoco legisla gracias al mismo individuo, que lo ha sustituido personalmente con el beneplácito de la oposición PSOE, C’s y, aunque vergonzantemente, también Podemos. Los tribunales, el Supremo y el Constitucional secundan la política del gobierno y tratan de disfrazar con argumentaciones jurídicas sus arbitrariedades.

                En esta situación la monarquía borbónica, heredera del franquismo, pone en marcha una campaña de propaganda para el 50 aniversario de Felipe VI. Se trata de embaucar a los súbditos con una apariencia de eficacia, legalidad, cercanía y sencillez que, aparte de costarnos una pasta (como todo lo borbónico) constituye un atropello más, una farsa y una burla a una ciudadanía que aspiraba a vivir en un Estado de derecho.

                El Borbón ya ha empezado a borbonear. Primero fue su rabioso alegato del 3 de octubre del año pasado, ignorando a las víctimas del vandalismo policial, amenazando al independentismo catalán y dando indirectamente carta blanca a las bandas fascistas de amigos y parientes del gobierno para que asalten librerías y apaleen a la gente por la calle. Luego la vergonzosa intervención de este ensoberbecido personaje yendo a explicar a sus mayores en Davos que España es lo que no es: un Estado de derecho. Si lo fuera, no sería necesario explicarlo, como nadie lo hace en el caso de Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, etc. y tampoco pretendería hacerse reconocer como Estado de derecho justo en el momento en que una norma excepcional, el 155, lo ha suspendido, aunque esto, más que caradura, pertenece más al campo de la estupidez. Vino luego un vídeo de un almuerzo de la familia real, monumento a la ñoñez y cursilería y un insulto a un país que tiene estadísticas escandalosas de miseria, desempleo y desamparo así como latrocinio e impunidad de los amigos y parientes del gobierno, su partido y los reyes. La imposición del Toisón de oro, o sea el vellocino de oro, de los Austrias, usurpado por esta casa de advenedizos a una niña con un “sueldo” de decenas de miles de euros que también pagan quienes no tienen para comer es ya la última muestra de la absoluta falta de sensibilidad y consideración de esta gente para el pueblo al que sojuzga por la propaganda, el engaño y, llegado el caso, que ha llegado, la fuerza bruta.

                La mezcla de violencia y represión fascistas en Catalunya (1º de octubre, presos políticos, intervención policial y paramilitar del territorio, etc.) con la cursilería esta monarquía restaurada por un delincuente fascista cierra la metáfora de la Transición. Marca también la hora 25 de este Estado español, carcomido por la corrupción, el autoritarismo y la incapacidad para encontrar una solución democrática y civilizada a la llamada “crisis catalana” que en realidad es la “crisis española”. Trata de hacerlo mezclando la brutalidad represiva de Turquía con la insufrible ñoñería de Sissi emperatriz.

                Convocado legalmente el Parlament salido de las urnas el 21D no puede proceder por una inteferencia ilegal e injusta del gobierno. Se vale este de unos jueces encantados de hacer el papel de muñidores y correveidiles de sus arbitrariedades y las justifica con el coro de medios comprados, dedicados a tapar su guerra sucia y atizar la catalanofobia, tratando de fraccionar y provocar a la sociedad catalana para justificar una eventual represión mucho más violenta y que también tendría el beneplácito del Borbón. ¿No dijo este en su discurso de entronización que hoy los españoles tienen el derecho de sentirse españoles como les dé la gana? ¿A qué viene exigir también el derecho a no sentirse españoles o sentirse no españoles? Ese derecho no les es reconocido y si algunos, varios, muchos, dos millones, por ejemplo, quieren ejercerlo, se les abre la cabeza, se les deja tuertos, se les destrozan las escuelas y el sistema sanitario, se les intervienen las instituciones, se les destituyen los cargos electos, se los encarcela, se los envía al exilio o se les confisca el patrimonio.

                Fin de la metáfora de la Transición. El fascismo del Estado español ha llegado al final del camino, ha cerrado dictatorialmente todas las vías para una solución razonable. Ha forzado el punto de ruptura. Solo admite un vestigio de arreglo si el independentismo renuncia a su candidato a la presidencia por no otra razón que porque al franquista Rajoy le da la gana.

                Es una típica provocación para justificar luego más dictadura en Catalunya y en España. Los independentistas no pueden aceptar que el presidente de la Generalitat lo decidan el corrupto Rajoy y el Borbón porque, además de tratarse de una institución democrática e íntegra, es republicana.

                La decisión de Torrent de postergar el pleno de investidura hasta ver qué decisión adopta el Tribunal Constitucional en el nuevo plazo que este arbitraria e ilegalmente ha establecido, es comprensible por un ánimo de agotar todas las posibilidades de solución pacífica. Pero me temo que será inútil. El Estado (Rey cursi y autoritario, gobierno corrupto, oposición vendida, medios comprados, etc.) no quiere solución pacífica alguna, sino sumisión, humillación, acatamiento y renuncia al independentismo. Para eso, entre otras vergüenzas, tiene rehenes políticos. La decisión que tomará el Constitucional será la muy española y previsible de sostenella y no enmendalla. Esperar no sirve ya de nada y solo podría aceptarse bajo promesa solemne de que será la última vez que se contemporice con la barbarie franquista.

                Se ha alcanzado el punto de ruptura. Si no se deja otra salida al Parlament que proponer otro candidato a la presidencia (en el extremo, ¿por qué no Arrimadas? Franco lo hubiera hecho) aquel tendrá que tomar la decisión hoy aplazada. Y tendrá que hacerlo con todas las consecuencias (incluidas las que enuncia el mafioso Casado del PP) en confrontación con los deseos de un Estado cuyo espíritu dictatorial se observa en que, a estas alturas ni él mismo sabe cómo imponer una legalidad que no es más que la arbitrariedad del ordeno y mando del franquismo, amparada por los jueces de su mismas cuerda y con el activo apoyo de un Borbón que trata de conservar su suculento empleo impidiendo la liberación de un pueblo y su constitución en República.

La investidura en un tuit

Acabo de leer un tuit que dice : "España debe de ser el único Estado del mundo que teme y se prepara para la eventual invasión de un solo hombre". Me descubro ante la concisión, la exactitud lacónicas y el alcance de la expresión. Sí señor, el único país del mundo que blinda sus fronteras por tierra, mar y aire, los maleteros de los coches de los ciudadanos y las alcantarillas y desagües de una ciudad a un coste del que nos enteraremos cuando al ministro al frente de este disparate le dé por informar al Congreso, depositario de la soberanía del pueblo español; dicen. Un país que, en contra del juicio de Pío Baroja sobre los españoles, no tiene sentido del ridículo.

Finalmente, el Supremo ha zanjado la cuestión: se echará el guante a Puigdemont tan pronto aparezca en un maletero o disfrazado de alegre ejecutivo y, una vez detenido, no se le permitirá asistir a su propia investidura que es como impedir que el triunfador recoja su premio. 

Incidentalmente, los lectores entreverán el motivo por el que el juez Llarena no permite a los otros diputados electos acudir al Parlament. Si lo hiciera, no tendría luego argumentos para negar la asistencia a Puigdemont, que es de lo que se trata, pues es lo que quiere el gobierno. Junqueras y Sánchez son víctimas de una medida represiva (y no justificada razonablemente) que va dirigida contra Puigdemont, el hombre solo que tiene al país en estado de guerra y zafarrancho d combate. 

Porque no es un hombre solo. Son más de dos millones de ciudadanos que votaron a su favor. Posiblemente muchos más porque también estarán quienes no votaron a su favor pero no están dispuestos a admitir que se tuerza la voluntad democrática de la mayoría, aunque no sea la suya. 

Pero el subtítulo de la noticia, todas las puertas legales para que el "expresident" se presente a la investidura quedan cerradas, parece taxativo. Parece. Lo de "legales" puede quedar para otro momento. Lo de "cerradas" (y todas) parece incontestable. Parece, siempre parece. Porque contestación, habrá. Se me ocurren dos, las más evidentes, lo cual no supone ignorar que el Parlament, en uso de sus competencias, adopte alguna otra mejor. Las que me parecen obvias:

1ª.- El reto de burla burlando que ha traído Puigdemont hasta la fecha acaba hoy. El Estado, tiene movilizados en su búsqueda incontables efectivos de toda clase, incluido el equipo de hombres-rana. La experiencia del éxito de la confiscación de urnas permite pensar que la operación concluya en el momento en que Puigdemont se materialice en el Parlament en forma de deus ex machina. ¿Qué hará entonces el gobierno? Antes de responder, atención a la segunda contestación.

2ª.- Hartos los diputados de esperar el deus ex machina y convencidos de que no habrá investidura presencial por razón de fuerza mayor (o sea, sin razón), deciden proceder por vía telemática. ¿Qué hará entonces el gobierno? 

No, no es un hombre solo ni todas las puertas están cerradas. 

"Oiga, sí," razona el B155, "el TC ha declarado ilegal la telemática (y, de paso, la delegación del voto) y el TS ha dicho que Puigdemont detenido significa Puigdemont ausente".

"Desde luego", responde el sentido común, "quienes dan esas contestaciones ya saben que lo hacen en contra de sendas prohibiciones que, por diversos motivos, consideran injustas, entre ellos el que carecen de motivo. Por lo tanto, contéstese la pregunta: ¿que hará el gobierno en ambos casos?"

No era incontestable la "cerrada". Tenía contestación y requetecontestación. ¿Que hará el gobierno? ¿Volverá a recurrir la investidura telemática pidiendo al TC que decida del fondo del asunto que no existe porque no hay asunto al ser la investidura telemática factible y legal? Ni con los jueces puede el gobierno ilegalizar lo que no le gusta políticamente.

En realidad, la tentación del gobierno, sobre todo de este gobierno cuya capacidad para no entender nada es fabulosa, será dejarse de jueces, esgrimir el 155, paralizar el Parlament, si no intervenirlo a través de la fuerza pública. 

Lo interesante será ver cómo se lo explican  a los socios europeos. Cómo les hacen ver la justicia de una situación en la que alguien a 1.000 kilómetros de distancia con mayoría absoluta de 70 diputados en la cámara no puede gobernar Catalunya, pero sí puede, a través del 155 a 600 kilómetros un gobierno de un partido que tiene cuatro diputados en el Parlament y un alcalde en todo el territorio.

No es un hombre solo. Es un país.

El límite del ridículo

(Se accede a la entrevista pinchando sobre la imagen).

La opinión es ya universal: habiéndose empeñado M. Rajoy en desgobernar él solo este sufrido reino por medio del 155, al final se ha quedado él solo en esta especie de frenesí antipuigdemont que le ha entrado. No le sigue el Consejo de Estado, ni la opinión más autorizada de los especialistas, ni los letrados del Tribunal Constitucional (TC), ni el propio TC, que ha preferido llamarse andana metiéndose a legislador y pasando la patata ardiendo al Tribunal Supremo (TS).

Queda por ver si el TS sigue el ejemplo y le devuelve la patata al gobierno por una de dos formas: la contundente, esto es, retirar la orden de detención o lo que haya contra Puigdemont, y la mitigada, es decir autorizar a este a asistir presencialmente a su investidura. No me gusta la segunda si no va acompañada de una garantía firme de no proceder contra el presidente para sumarlo a la lista de rehenes que ya tienen. Y, en verdad, como están las cosas, la única garantía real es la retirada de las acciones judiciales porque, de mantenerse estas, ¿actuarán contra el presidente en el curso de su mandato?

También le quedan a Rajoy la infatigable Sáenz de Santamaría y el resto del triunvirato nacional-español, Sánchez y Rivera. Ninguno de ellos sirve para gran cosa pero la febril y escenográfica vicepresienta, virreina de CataluÑa, compensa por el prudente silencio de los dos líderes de la oposición que quisieran el anillo de Giges, para ser invisibles en mitad del destrozo. Es ella en buena medida la que ha organizado este desbarajuste que amenaza con que las altas instancias del Estado se líen a mamporros en algún evento en que coincidan.

Ya pueden eximios teóricos especular sobre las inmunidades del poder, el habeas corpus, el due process. Nada, hombre, aquí llega la vicepresidenta del gobierno, llama por teléfono al presidente del TC, que estaba en Estrasburgo, para informarle de que han presentado el recurso contra la investidura de Puigdemont y que a ver si el alto tribunal puede resolver esa misma tarde. Literal. Ni más ni menos. División de poderes e independencia del judicial y asimilados, como este obediente TC, cuyo presidente se pilló un avión al día siguiente, sábado, y se machacó el almuerzo junto a sus colegas, buscando alguna fórmula para salir del atolladero que no lo hundiera más de lo que está. No lo ha conseguido

De ahí salió la mirífica solución de suspender la deliberación (la propia, no la del Parlament) con prohibición de investidura telemática y voto delegado por mandato expreso de la divinidad y traslado al Supremo de la decisión de permitir la comparecencia presencial del presidente Puigdemont en uso de su derecho como diputado electo. El coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas, decía el poeta. El País considera sapientísima la decisión del TC, así que...

Ignoro si el TS, a su vez, decidirá retirar la orden contra Puigdemont en España como retiró la euroorden, cosa muy lógica o se obstinará en amenazar al presidente con los alguaciles. Si no se puede producir la investidura presencial como sería lo lógico, nada puede impedir la investidura telemática y menos que nada esa declaración de ilegalidad del TC que no tiene fundamento jurídico alguno.

Para evitar la investidura de Puigdemont van a tener que llevar la dictadura al límite del ridículo.

En todo caso, aquí la entrevista que me hizo Pere Cardús para Vilaweb y que versa sobre este y otros asuntos conexos.

De jueces y reyes

El B155 se empeña en arrastrar este conflicto por el cenagal y utiliza términos denigratorios como "cobardes", "prófugo", "fugitivo", cuando habla la élite y "osito" o "¡a por ellos!" cuando lo hacen las mesnadas. Se mueve en la dimensión ideológica que le es propia, la del ordeno y mando, la arbitrariedad, los privilegios y la imposición.

Pero la dimensión de lo que aquí está ventilándose es muy superior. Se trata de los destinos de un país. Por eso intervienen las últimas y definitivas intancias que, desde los tiempos bíblicos, sostienen el orden político: los jueces y los reyes. El guirigay de si Puigdemont entra en el portaequipajes de un autobús, si es o no Cipollino y si el gobierno puede convertirse en grupo de choque de la policía ha dejado paso a la augusta presencia de estas dos instituciones.  Ayer se dieron dos hechos que dejan ver por dónde va cada cual en este conflicto con crisis constitucional: el Rey festejó su quincuagésimo aniversario y el Tribunal Constitucional tomó una decisión por unanimidad que todavía complica más las cosas. De reyes y jueces va la cosa. Aunque de reyes y jueces españoles.

Lo primero, el 50º cumpleaños de Felipe VI saltó a las redes como una campaña de imagen de La Zarzuela. De imagen edulcorada, ñoña y cursi hasta rechinar los dientes que nada tiene que ver con el drama que vive el país. Nada con el hecho de que unos presos y exiliados políticos no puedan estar con sus familias. La comparación es odiosa y la oportunidad de la imagen ya se ve. Después del monumental ridículo del monarca en Davos, presentado como el Rey más joven de Europa (y se nota) y un estadista de larga visión y pulso firme, las hogareñas y sencillas escenas del almuerzo dibujan el "target" (que dicen los entendidos) al que se dirige la campaña: los lectores de revistas del corazón. Y lo de lectores es hiperbólico. 

Los jueces tienen otro nivel. Más enrevesado y entretenido. Jueces y políticos, se entiende. Los del TC, deseosos de complacer al gobierno, pero impedidos por la falta de fundamento de sus pretensiones y la opinión contraria del Consejo de Estado y sus propios letrados, han tomado una decisión que podríamos llamar "traslaticia", esto es, la de trasladar al Tribunal Supremo la patata ardiendo que el gobierno le había pasado. Al propio tiempo tranquiliza a este asegurando, como quien no quiere la cosa, que la investidura telemática es ilegal y la delegación del voto desde el exterior, motivo de excomunión. Pero sin que se explique en absoluto por qué. Por qué es ilegal la investidura telemática salvo por el rechazo político del gobierno, es un misterio. 

Esta decisión no sirve para nada. Se permite la investidura de Puigdemont siempre que sea presencial porque es su derecho como diputado electo, pero esa presencia depende de la orden de detención del Supremo. Es un reconocimiento viciado, de mala fe, remachado además con la inmotivada prohibición de la investidura telemática. Salvo que el Tribunal Supremo devuelva la patata ardiendo al gobierno retirando su orden de detención igual que retiró la euroorden. 

En ese momento, el gobierno tendría que aceptar a Puigdemont de presidente de la Generalitat o declarar abiertamente el estado de excepción. 

Ni siquiera el matiz de que se trata de medidas cautelares, por otro lado expresamente prohibida, en tanto el TC considera la admisión del recurso y, por lo tanto, permiten suspender los plazos y los actos es aceptable. En el pleno del Parlament del día 30 se votará la investidura de Puigdemont de una forma u otra. La mejor es la presencial, pero eso depende de la voluntad del B155.

El "mal mayor"

El gobierno está dispuesto a evitar un "daño irreparable" provocando otro mas irreparable. Lo hace para evitar un "mal mayor", la investidura de Puigdemont.

Que la investidura de Puigdemont sea o no un "mal mayor" va en puntos de vista. Lo imprescindible  es que el gobierno diga -y el Tribunal Constitucional (TC) lo admita- exactamente qué es lo que está recurriendo. Obviamente no es la investidura de Puigdemont, que aún no se ha producido y por tanto es irrecurrible. Y no vale decir que la convocatoria del acto equivale al acto porque pudiera pasar, ¿quién sabe? que el candidato fuera de repente arrebatado a los cielos en un carro de fuego, como el profeta Elías.

El gobierno está recurriendo la decisión del Parlamento de investir a Puigdemont el día 30. Está recurriendo la propuesta que Torrent trajo a M. Rajoy hace un par de días. Está impugnando por ilegal una decisión de un Parlamento legal. Está atacando la soberanía (o la autonomía, que viene a ser igual) del Parlamento.

Bueno. Hace unos días, M. Rajoy amenazaba con un 155 "más duro y más largo". Entre las "durezas" preveía un veto a las decisiones del Parlament, una medida que el Consejo de Estado rechaza porque hasta él entiende que es dictatorial. Por eso recurre el gobierno al TC, para que sea este el que se pringue con una prohibición (disimulada bajo la forma de aceptación a trámite) ilegal. Ilegal porque no hay norma alguna que prohíba la investidura de Puigdemont. Solo hay la voluntad omnímoda del B155 de evitar un "daño irreparable" que nadie sabe en qué consiste pero suena a más amenaza.

En este momento, la cuestión ha quedado reducida a una obsesión del B155 con la persona de Puigdemont, sin duda por su valor simbólico. Se trata de ignorar el carácter social, de movimiento transversal de masas del independentismo, cerrar los ojos a una reivindicación sostenida con más de dos millones de votos y en circunstancias extremas y simplificar el asunto casi con mentalidad de comic. Hay que abatir a Carles Puigdemont, enemigo nº 1 de la nación española. Así, con la crudeza del lenguaje de un killer lo enuncia Pérez Rubalcaba, para quien tanto los independentistas como el gobierno están tratando de quitarse a Puigdemont de en medio. Es de esperar que no al modo que se teme el tremendista Verstringe. 

En cualquier caso, quitar a alguien de "en medio" no es una expresión elegante. No por la acción que promete y estará a la altura de quien la enuncia, sino por la persona sobre la que se ejerce. ¿Qué significa "quitar de en medio" a Puigdemont? Pues lo que más a la pata la llana anunciaba una  preelectoral Sáenz de Santamaría, "descabezar" el movimiento independentista. Porque siguen creyendo que no es un movimiento sino una especie de conjura. De ahí el proyecto que ofrecen, conjurar a su vez a las fuerzas "constitucionalistas" para ofrecer "al conjunto de España un proyecto político que de paso resuelva el problema de Cataluña". Tal cual. "De paso".

Es decir: mandan a la gente al exilio, meten al Rey en faena y a algunos de sus súbditos en la cárcel, embargan a otros, suspenden instituciones, proclaman un estado de excepción de hecho, involucran al Poder Judicial en la politica represiva del gobierno, persiguen a la gente por tierra, mar y aire, vetan las instituciones de autogobierno, intervienen sus medios públicos de comunicación, plantean una unión sagrada y una nueva planta de España, pero la cuestión por la que han cometido todos estos disparates la arreglarán "de paso".

¿Qué más cabe decir?

No se puede parar

¿El independentismo catalán? Una algarabía, cuatro locos iluminados, maniobras de neonazis, complot etnicista, delirio supremacista, una minoría vociferante frente a una mayoría silenciosa, una maniobra para tapar la corrupción nacionalista, otra vuelta de tuerca de la burguesía reaccionaria de los recortes, unos nacionalistas anticuados, unos carlistas, provincianos acomplejados, nuevos ricos ensoberbecidos e insolidarios, polacos. Nadie. Nada.

Resulta que la investidura de Puigdemont tiene a Europa intrigada por el espectáculo -sólito espectáculo hispano- por tierra, mar, aire y maletero, que diría Zoido en un arranque de ingenio. Esa incógnita que mantiene el suspense podría ser el torbellino que se llevara por delante la plaga de Rajoy porque, aunque este ha jurado a Alsina que hará lo posible para impedir la investidura del precito (al que ya nadie llama "cobarde"), "todo lo posible" no será suficiente como se verá a continuación. Pero eso sería en un país normal; en este, M punto Rajoy no dimitirá, como también se verá a continuación.

Un dictamen en contra de la investidura telemática de los letrados del Parlament es bastante, según el B155, para que aquella no se celebre, aun no siendo el dictamen vinculante. Pero un informe del Consejo de Estado en contra de la pretensión del gobierno de recurrir la investidura de Puigdemont ya en el estado de nasciturus, no lo obliga a desistir porque no es vinculante. Es la fuzzy logic de que hablábamos ayer. Y el Consejo de Estado no es la checa del amanecer, sino un órgano copado por carcundas y presidido por un sempiterno soldado del nacionalcatolicismo, José Manuel Romay Beccaria, pariente de Fraga y ministro del PP que fue, entre otras muchas, muchísimas cosas, todas del PP. Aun así, el gobierno va adelante al Constitucional en petición de la cabeza de Puigdemont, convertido en enemigo público nº 1, agente ruso Cipollino, según la lumbrera que dirige la defensa de la Patria.

Es comprensible que el máximo y único gobernante de España en gracia del 155 esté enfurecido por la obstinación de este abominable prófugo en mantener la legitimidad de su cargo y hacerla efectiva. Es humano. Un tipo que ni siquiera tiene escolta, ni coche oficial, ni le dejan entrar en las embajadas, trae de cabeza al gobierno de la única y auténtica nación que hay en España, sus fuerzas de seguridad y paramilitares, sus políticos de gobierno y obediente oposición, sus medios. Un Pimpinela Escarlata con una iniciativa política demoledora, una imprevisibilidad desconcertante y una presencia mediática que subraya su función simbólica estilo Degaulle de résistant de la Catalogne libre. Luchar contra esa imagen desde la ciénaga de la Gürtel es algo que ni la obsequiosa colaboración de Sánchez puede conseguir. Al contrario, allá va el pendón de Pablo Iglesias Posse detrás de la dictadura corrupta, dando pie a que muchos se malicien cooperación por razones inconfesables.

No basta con tomar posiciones en el apeadero, a esperar la llegada de la némesis del B155 en el tren de las 15:10. Para impedir esa investidura hace falta algo más que demostrar un intenso disgusto. Hay que tener alguna base legal, por mínima que sea. Alguna ordenanza perdida en algún cajón que faculte al gobierno para impedir el acto en cuestión. Pero no hay nada. Hay la opinión en contra de numerosos especialistas y asociaciones. El último y más contundente, el juez Garzón, para quien en el caso no hay rebelión ni sedición, es decir, no hay caso. Es una persecución política. Y, además, inútil, porque no es posible parar la investidura telemática de Puigdemont. Lo lógico sería la presencial y aquí está el presidente en persona explicándolo claramente. Si la fuerza bruta, sin razón y sin derecho, por capricho personal del señor del 155, impide la investidura presencial, se producirá por vía telemática. Cosa que el gobierno no podrá impedir sin violentar de tal modo las leyes y la Constitución que la situación se haga insostenible, convertida ya descaradamente en lo que está siendo subrepticiamente: una ocupación militar.

Lo dicho más arriba (que es deuda): Rajoy "hara todo lo posible" por frustrar la Puigdemontada. Pero no será bastante. No podrá impedirla y conservar algún viso de Estado de derecho en España porque no es posible nadar y guardar la ropa o conservar el pastel y comérselo. ¿Dimitirá si tiene que hablar con el odiado Puigdemont/Degaulle? Lo dicho también más arriba (también deuda): en absoluto. Dimitir, como recuerdan las redes hasta el cansancio, es un verbo ruso y ya se sabe que it is very difficult todo esto de los idiomas. ¿Dimitir? El señor de la Gürtel tiene recursos sobrados para mantenerse al timón de la nave. El que mejor maneja es el de la negación tan absoluta de la realidad que ríanse ustedes del obispo Berkeley. Recuerden: no iba a haber consulta del 9N 2014, y no la hubo; no iba a celebrarse el referéndum del 1º de octubre, y no se celebró; no se proclamaría la República catalana independiente el 27 de octubre, y no se proclamó; no se producirá la investidura de Puigdemont, y no se habrá producido cuando se produza. ¿Entendido, radicales? Es más, me adelanto: no existirá Carles Puigdemont y Carles Puigdemont no habrá existido.

Llegados aquí, si yo fuera Rajoy, retaría a duelo singular a Puigdemont en tierra neutral, por ejemplo, Andorra. Es ya la única forma que le queda de ventilar este point d'honneur ¿quién tiene mejor derecho a gobernar Catalunya, Puigdemont con 70 diputados (de 135) o  Rajoy con 4?

Estado de sitio

Los periodistas, benditos/as sean, a veces le echan sal a la vida. Este de Pressdigital dice que el ministerio del Interior sigue de cerca a Puigdemont. Más o menos como siguió de cerca las 6.000 urnas del referéndum del 1º de octubre sin encontrar ni una. Un sabueso este ministerio. Por ello, para mostrar cuán de cerca se sigue al prófugo, se blindan todas las fronteras aéreas, terrestres y marítimas. Son los preparativos para un asedio y asalto de algún poderoso enemigo que nadie sabe por dónde puede atacar. El Estado se blinda frente al prófugo. 

Después de la inauguración del AVE detenido  20' en un trayecto de 2h 25' esto otro roza lo sublime. Sobre todo cuando Zoido se apresta a fiscalizar los maleteros de los coches. 

Lo vistoso del zafarrancho oculta un punto crucial: ¿qué se pretende con ese despliegue? Pueden ser dos cosas:

 a) impedir que Puigdemont pise territorio español, rechazarlo en la frontera. Pero eso es imposible. El Estado no puede impedir la libertad de circulación de sus ciudadanos y mucho menos por decisión de un ministro que, además, está obligado a cumplir una orden judicial de detención contra Puigdemont. Si Zoido rechaza al presidente en la frontera, más le vale irse con él.

b) detener a Puigdemont apenas se lo aviste en carne mortal. Pero, para eso no es preciso blindar todas las fronteras ni fisgar en los maleteros de los coches, aunque ya se sabe que la medida costará otra pasta, cosa que le otorga mucho atractivo a los ojos de este ministro otrora rumboso alcalde. Bastaría con enviar una pareja de agentes de la autoridad al Parlament, al que, sin duda alguna, dirigiría sus pasos el presidente. 

El Parlament ha propuesto a Puigdemont para la investidura. Es el gobierno central quien debe aceptar la decisión y garantizar que dicha investidura se produzca y sea presencial. Si, contra derecho y razón, se obstina en prohibirla, la investidura se hará por vía telemática. Y la cuestión será hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado para impedirlo.

La revolución permanente

Puigdemont interpreta un doble papel, el simbólico y solemne de presidente de la Generalitat en el exilio (avatar nada infrecuente en el cargo) equiparable a un general Degaulle encabezando la France combattante que aquí sería Catalunya resistent: y también el de líder de un movimiento político que se hace notar en múltiples aspectos de la vida pública, muchas veces de forma inesperada, como una especie de Pimpinela Escarlata. La dignidad de la representación va unida al ingenio, la flexibilidad de la acción.

Esta nueva peripecia de Puigdemont tiene suspenso el ánimo del personal en todos los estamentos y juzgados de guardia. Cunden los nervios ante la incertidumbre que se genera. La información es tan precisa que parece fabricada: un vuelo de Ryanair Bruselas (06:55)-Copenhague (08:35). Supongo que estará contrastada con la lista de pasajeros. y habría que preguntarse si esa lista es pública o el dato lo ha dado el entorno de Puigdemont. Sobre todo porque, al parecer, no se descarta que el exiliado errante alcance Dinamarca por algún otro medio.  Lo cual tampoco querría decir mucho. Una nueva euroorden llevará su tramitación y, caso de aceptarse y llegar a tiempo, al no estar registrada la vuelta del MHP, habrá que vigilar todas las posibles salidas aéreas, terrestres y marítimas. Pimpinela/Degaulle.

En el ínterin, el Zeus olímpico monclovita del 155 lanza sus rayos contra los rebeldes catalanes. Nada de investir a Puigdemont por vía presencial, telemática o espiritista. Ya no es cuestión de legalidad o no legalidad, dado que no hay ley contraria a la investidura telemática; es cuestión del 155, es decir, de la voluntad de Rajoy a quien, como a Rivera y a Sánchez, el personaje se le ha atragantado. Porque representa justo lo que a ellos les falta: la acción política por convicciones con notable riesgo personal en todos los órdenes. 

El B155 quiere la cabeza de Puigdemont en una pica. Cosa absurda porque, aunque la consiguieran, lo que es poco probable, no adelantarían nada. El independentismo tiene más puigdemonts. Nacen en su  mayoría absoluta parlamentaria. Rajoy amenaza con prolongar el 155. Lleva haciéndolo desde la noche del 21D. Para resultar más jupiterino avisa de que esta vez será más duro y más largo y de que cuenta con el apoyo del PSOE y C's. Va, además, a degüello: se invoca un veto sobre la actividad del Parlament, una intervención de TV3 y otro tanto en el sistema educativo. 

Lo asombroso es que esta barbaridad tenga el apoyo del PSOE, C's y quizá de algunos de Podemos. Que se apoye una intensificación de una dictadura personal sobre Cataluña del presidente de un partido que tiene cuatro diputados en el Parlament y, si no yerro, un alcalde en todo el país catalán. Evidentemente ese apoyo refleja el abrumador del Congreso español del 72,5%, probablemente cercano al 90% cuando Podemos haya completado su giro nacional. Aplastante. En España. Pero minoritario en Cataluña. 

Mantener esta situación de práctica ocupación de Cataluña e intervención directa tous azimouts, esta situación de dictadura no es posible. El ejemplo que suele aducirse de los casos de direct rule británico en Irlanda del Norte no es válido porque en aquel caso se trataba de dos comunidades religiosas enfrentadas militarmente. En Cataluña no hay tal. No hay fractura ni enfrentamiento interno. Hay una mayoría simple de votantes y absoluta de representantes que quiere la independencia y así lo vienen manifestando de modo democrático y pacífico. 

Tratarlo por la vía represiva como un problema de orden público negando todo tipo de negociación política, criminalizando opciones políticas, no lleva más que a una imposible prolongación de la dictadura. Habría que volver a la situación de normalidad enunciada más arriba o convocar elecciones nuevas en la práctica seguridad de que la victoria independentista sería aun mayor.

Legitimidad y eficacia

Estos de la CUP sí que hacen política; en el Parlamento y en la calle. No como Podemos que no la hace en ninguno de los dos sitios. En Cataluña, en general, se hace política; es el único lugar del Estado en que se hace. En el resto se miente, se fanfarronea, se roba, se va el personal por los cerros de Úbeda o se pone a bramar contra Cataluña al unánime grito de "¡A por ellos!".

Precisamente por eso, la política de Cataluña es complicada. La CUP se ha quedado en cuatro diputados después del 21 de diciembre; de ellos, dos son necesarios para la mayoría absoluta independentista. Pero la importancia de la organización es muy superior a la magnitud de su representación. El apoyo de los cupaires garantiza la perseverancia del objetivo estratégico, la independencia. Esa conciencia como factor de legitimación es la que permite a la CUP un tono de crítica elevado con la política institucional del bloque independentista ("el discurso de Torrent es autonomista") y sus apoyos sociales ("la ANC y Ómnium ya no movilizan a la gente"), más dura e incisiva de lo que su importancia numérica justificaría. Tras dejar claro en el primer momento que la prioridad era la República, la restauración del govern i l'investidura del seu legitim president, la CUP cumple una función casi de censor al estilo romano, vigilante del recto comportamiento de sus socios independentistas, ERC y JxC. Ambos, por su lado, reconocen esta especie de actitud admonitoria de rectitud independentista porque, de no querer hacerlo, podrían sellar una alianza con los Communs-Podem que aumentaría su margen de mayoría, pero al precio de renunciar a la independencia o, cuando menos, jugar a la ambigüedad de los últimos. Sin embargo, esa posibilidad ni se plantea: el socio natural es la CUP porque el objetivo sigue siendo la República Catalana independiente. La CUP, de minúscula representación, aporta legitimidad. Pero el bloque mayoritario indepe aporta la eficacia y ninguna puede ir separada de la otra. La pureza ideológica extrema la legitimidad hasta hacerla inoperante y la absoluta dedicación a la eficacia convierte la acción en puro oportunismo. En el fondo, los tres vértices del triángulo independentista son imprescindibles y se necesitan mutuamente. Un fallo de uno es un fallo de todos.

Ocurre como con la relación entre el movimiento y las personas. Maragall advierte de que el primero está por encima de las segundas. Sin duda alguna, pero sin olvidar al mismo tiempo la importancia que las personas -según sus circunstancias- tienen para el movimiento. Buscar un equilibrio aquí también es vital. Será difícil encontrar personas valiosas para el movimiento si el movimiento prescinde de las personas como de la muda diaria.

E igual también con la política en la calle que la CUP quiere dinamizar a través de los CDR. Por expresarlo de forma que intente resumir esta complejidad: la política de la calle, en donde, además, se demuestra inventiva, ha producido buenos resultados y los producirá mejores, pero los ataques por los que el unionismo ha reaccionado con violencia han ido dirigidos a las instituciones y la carga represiva la han padecido fundamentalmente los dos partidos, así como la injusticia están padeciéndola individual y personalmente sus miembros, encarcelados, exiliados, embargados. Aquí una buena ocasión para plantear en concreto la citada relación entre el movimiento y las personas. No consigo imaginar que el movimiento independentista abandone a quienes han dado todo por él, ignorando la máxima socrática de que más vale padecer la injusticia que infligirla.

Insisto, como la política en la calle. Quizá no sea del todo justo acusar a la ANC y Ómnium de abandonar las movilizaciones cuando tienen a sus líderes injustamente presos y llevan una ejecutoria de movilizaciones por su liberación muy apreciable.

La unidad del objetivo es incuestionable. La forma luego de colaborar en él varía lógicamente. Pero una cosa es cierta: si todos proceden de buena fe, el posible (aunque no necesariamente probable) fracaso jamás podrá atribuirse a la mala intención de alguien. Las opciones son y seguirán siendo diferentes pero, hasta la fecha, nadie ha hecho nada en detrimento del objetivo y todos han tenido que sacrificar mucho.

Que siga así, uniendo legitimidad y eficacia, el rasgo más significativo de esta revolución catalana.

Triunfo de la política

Con el Parlament constituido legalmente, se abre la XIIª legislatura de la Comunidad Autónoma de Catalunya o la Constituyente de la República Catalana. Así están las cosas. Cuál haya de prevalecer al final dependerá de la capacidad de los actores políticos ahora que el conflicto (tan claro y nítido como siempre) se ventila en el lugar que le corresponde, en sede parlamentaria. Ahí lo ha situado la mayoría de los votantes catalanes el pasado 21 de diciembre; en el terreno político, de donde nunca debió salir. Una decisión que tiene una sola interpretación: el rechazo al intento del B155 de derivarlo por la vía represiva, judicial, carcelaria. 

Es el triunfo de la política democrática, parlamentaria, frente al ordeno y mando de la dictadura y la represión del 155. Es una ocasión única para restablecer la normalidad en el funcionamiento de las instituciones. 

Por eso, lo mejor que puede hacer el señor M. Rajoy es reconocer de una vez aquel resultado y retirar la parafernalia de medidas represivas que ha adoptado para absolutamente nada, salvo para empeorar las cosas y confirmar en el extranjero la creciente convicción de que España no es un Estado de derecho. Esto es, levantar el 155 ipso facto, retirar todas las acusaciones por motivos políticos, anular las medidas represivas que se hayan tomado, restituir a los damnificados si los ha habido en sus intereses. Volver a la normalidad. (Y, de paso, dimitir a la vista del monumental escándalo que los tribunales están descubriendo de cómo este país está gobernado por una banda de presuntos -y no tan presuntos- malhechores dedicados a esquilmarlo). La normalidad, al menos en cualquier país civilizado.

El siguiente paso de este Parlament legal será votar la investidura del presidente. Ya sabemos que se propondrá a Puigdemont. Lo lógico será que, provisto de las suficientes garantías jurídicas, pueda este ser investido presencialmente. De prevalecer la sinrazón del 155, esto es, la voluntad omnímoda del caudillo M. Rajoy, habrá de serlo por medios telemáticos. La negativa a aceptarlo, a su vez, trata de retrotraer la cuestión a los tiempos prepolíticos, los judiciales, con la intención de interrumpir el procés nuevamente por la fuerza. 

Pero ahora hay un Parlament con un claro objetivo de restituir el gobierno legítimo de la Generalitat. Y eso cambia la situación que se ha convertido en política. El Parlament encontrará la forma de alcanzar su objetivo en el doble plano de lo simbólico y lo eficiente y trabajar por la construcción de la República Catalana. Eso lo pondrá en curso de renovado conflicto con el Estado español que, o bien se decide a convertir a Cataluña en una especie de protectorado bajo ocupación más o menos militar, o reconoce de una vez el resultado de las elecciones y deja de poner trabas a la constitución del govern con Puigdemont de presidente. 

De ese modo la Generalitat funcionará con normalidad. A todos en España interesa conocer cuál sea el programa de gobierno del candidato investido. A la Monarquía, desde luego, pero también al gobierno, a los partidos políticos, la patronal, los sindicatos, la Iglesia y la gente en general. 

Esto es, se trata de escuchar qué es lo que los catalanes tienen que decir. Como elemental paso previo a formular una o varias respuestas que puedan acabar en algún tipo de decisión pactada. 

Si acaso.

La ley está fuera de la ley

"El separatismo desafía la ley" clama escandalizado el periódico global dando alegremente por supuesto que todo el mundo comulga con sus voluminosas ruedas de molino.

¿Qué ley? No hay ninguna ley que prohiba la investidura, toma de posesión, etc. por vía telemática. Ninguna. Ni la habrá en una época en que esta vía domina todo tipo de transacciones, comparecencias, declaraciones, etc., informales, formales y hasta litúrgicas. No es posible desafiar lo que no existe. 

A no ser que se admita que la ley en España es la voluntad de M. Rajoy, por la misma razón por la que, según el ministro de Justicia del III Reich, Thierack, en Alemania, la Ley era la voluntad del Führer.  En España, la palabra de M. Rajoy, cuyo valor él mismo ajustó a la baja al comienzo de su mandato.

Ni Puigdemont, ni el bloque independentista, ni la mesa del Parlament desafían la ley, sino una prohibición verbal de Rajoy que carece de base legal. Puede el presidente -y lo hará- recurrir al Tribunal Constitucional para que prohíba, suspenda, aplace o haga lo que quiera con la investidura. Eso no cambiará políticamente nada, salvo para dar nuevos motivos al activismo persecutorio del Supremo a seguir abriendo piezas judiciales, algunas secretas, para mayor seguridad del Reino. Sin duda se han respetado los más estrictos criterios procedimentales. pero eso de anunciar el secreto no pertenece tanto al campo jurídico como al literario; casi al dadaísta. 

Supongo que todo eso está respondido, pero la chamusquina a procesos secretos inquisitoriales es cada vez mayor. Eso y la comprobación de que, para el B155, la ley en España es la voluntad de M. Rajoy que, por cierto, es el único que, en verdad, esta fuera de la ley por un abuso de poder equivalente a un golpe de Estado.

Entre prófugos anda el juego

Mi artículo de elMón.cat de hoy (día D), titulado Quién está fuera de la ley. No abusaré de la paciencia de las lectoras y me limitaré a decir que, a mi modo de entender, el que está aquí fuera de la ley es el gobierno de España. Y de todas las leyes, las naturales, las humanas y, por si existieran, las divinas. Fuera de la ley en España está hasta la ley. Porque viene impuesta por un gobierno que está fuera o por encima o al margen de ella y no la respeta prácticamente nunca.

Y si de prófugos va la cosa, los hay legítimos e ilegítimos. Puigdemont es un prófugo legítimo porque lo es de una justicia que actúa injustamente. Todas las exigencias de que Puigdemont venga a ser investido presencialmente tratan de fabricar una victoria de la causa unionista con una imagen del presidente entre rejas, de indudable impacto político (lo que se busca) pero un desastre jurídico. Eso buscan las propuestas más ladinas que le tienden una trampa a sabiendas y las más ingenuas y, sin duda, bientintencionadas, que parten de una ilusión: la de que España es un Estado de derecho.

El verdaderamente prófugo a los ojos de la ley humana, la natural y la divina es el presidente del gobierno que ha organizado este monumental desastre por no haber dimitido cuando le tocaba, al comienzo de su mandato, en el momento de declarar que no cumpliría su programa electoral sino su deber, lo que él omnímodamente consideraba su deber, habiendo prometido a los ciudadanos lo contrario.

La versión en castellano

Quién está fuera de la ley

Una vez los candidatos electos el pasado 21 de diciembre hayan tomado posesión de sus actas, el Parlament pasará a elegir un gobierno. La investidura de su presidente podrá hacerse por vía telemática, dado que no hay norma que lo prohíba. El gobierno central, la oposición unionista (ciudadanos, socialistas y populares), los medios de comunicación, el Ibex35, que forman en el mismo frente reaccionario del bloque del 155 (B155) lo niegan. Los tertulianos que tienen en nómina también lo niegan. Igualmente lo niegan los letrados del Parlament.

Pero la decisión ha de tomarla el propio Parlament en uso de su soberanía, no vinculado por ninguna de las instancias anteriores. Y es perfectamente legítimo y legal que el Parlamento decida proceder a la investidura telemática del Presidente Puigdemont. Si tal cosa se produce, Mariano punto Rajoy avisa de que lo impedirá a través de los poderes del artículo 155 que seguirá en vigor. ¿Prevé tales poderes el artículo de marras? En absoluto. Entonces, ¿por qué impide la investidura telemática de Puigdemont?

Porque le da la gana, y torciendo el significado de la norma.

No hay fundamento legal ni racional alguno para impedir la investidura telemática y la prueba más evidente es que puede darse de hecho en contra de la voluntad originaria del gobierno que ya había anunciado que se opondría a la decisión del Parlamento. Al comprender que eso es absurdo y que no puede oponerse a la decisión en sí misma, el gobierno ha desplazado su negativa a la aplicación de la decisión. El Parlamento puede decidir la investidura telemática, pero Rajoy no lo permitirá porque no le da la gana.

No hay otra razón. La aplicación del 155 es puro despotismo, arbitrariedad y dictadura personal del presidente de los sobresueldos. El decreto de aplicación del 155 dice que este quedará sin efecto cuando sea investido el presidente de la Generalitat. El modo de evitarlo es no aceptar la investidura, darlo por no investido y sostener que solo se admite la investidura presencial siempre porque a él le da la gana.

Forma parte del saber convencional constitucional en Occidente que las Constituciones son frenos al poder o no son nada. Con el artículo 155 queda claro que la Constitución de 1978 no es nada puesto que ella misma se anula a través de uno de sus artículos que la deja en suspenso y elimina las trabas al poder despótico de un solo individuo. El 155 en el fondo y aunque pueda parecer absurdo, es un artículo anticonstitucional si bien no es eel único absurdo que contiene este documento tan alabado en los discursos como inoperante en la práctica.

Para nada sirve una Constitución que permite un poder absoluto en manos de quien no tiene escrúpulos de tiranizar a una nación sometida por la fuerza bruta a base de saltarse los resultados de las elecciones, perseguir impunemente a las personas, destituir gobiernos democráticamente elegidos y cerrar parlamentos a su capricho, sin dar cuenta a nadie. Lo ayudan en el siniestro empeño unos medios comprados y sometidos a sus designios y unos jueces cuya actuación coincide en la línea de persecución inquisitorial de los adversarios del poder político a cuyo servicio están y por cuya impunidad velan, como ese Tribunal Constitucional que suspende la comisión de la Generalitat encargada de investigar la brutalidad policial del 1 de octubre.

Hasta ahí el Estado de derecho del B155 del triunvirato Rajoy, Sánchez, Rivera, dispuesto a restaurar el franquismo en toda su sórdida miseria.

Dice Rajoy que el prófugo de la justicia Puigdemont, debe retornar a España a la investidura presencial. Es una consideración típicamente farisea pues se trata de una trampa para detenerlo ilegalmente, como está pasando con los otros presos políticos, y a continuación exhibirlo como un trofeo en un acto de venganza que convertiría el franquismo del B155 en puro fascismo. Quiere humillar a Cataluña encadenando en público a su máximo legítimo representante. La presencia de Puigdemont en Bélgica, fuera del alcance de la arbitrariedad española, es la prueba más contundente de la deriva dictatorial, franquista de la situación política en España y Cataluña

Puigdemont no es un prófugo de la justicia. La española retiró la orden de busca y captura en su día, sabedora de que la justicia belga, que sí corresponde a un Estado de derecho y no a una dictadura como aquí, no concedería la extradición o y si la concedía, impediría que se le juzgara por los delitos que unos jueces complacientes se inventan al servicio del poder político.

En realidad, el único prófugo de la justicia en el Estado español es el propio presidente de un partido procesado en diversas causas, con más de 1.000 procesados, entre ellos tres exministros, acusado de cobrar sobresueldos de la caja B del partido y de avalar las cuentas de un presunto delincuente en Suiza. Igual que la única ilegalidad están cometiéndola un gobierno y unos jueces que impiden el normal funcionamiento de unas instituciones cuando el resultado de las elecciones no es el que ellos quieren.

Daos presos, ilusos

Hay que prestar atención a la semiótica. La portada de El periódico recuerda los carteles de "Se busca", despide un tufo a comisaría. En este caso, española, porque el diario es reciamente unionista, como su rival La Vanguardia. Añade que Puigdemont está cada vez más solo. Sintetiza el odio al independentismo del que viene cargada la prensa española. 

El B155 dispone de una formidable división mediática que recuerda la famosa Brunete mediática de los años 90. Y la deja muy chica. Ahora no hay excepciones. Todos contra Cataluña empleando todos los medios. Todo por la Patria. La idea sigue siendo no negociar, no pactar nada; sofocar el independentismo al coste que sea. 

Baño de realidad reza el titular con esas connotaciones semióticas señaladas de los más buscados o los cabecillas vencidos. Pero es imposible ocultar el fondo verdadero del mensaje: la realidad es la cárcel, las multas, los procesos, los embargos. La realidad es la represión. Pero esa es una realidad que nadie acepta, ni siquiera quienes la aceptan. La represión no se acepta porque es represión y fracasa siempre, incluso cuando triunfa.  

El baño de realidad se verá en tres días, cuando se constituya un Parlament telemáticamente y ese Parlament empiece a debatir si la investidura también es telemática. Cosa perfectamente legítima y legal sin que haya argumentos de peso en contra. A reserva de los que esgriman los letrados del Parlament que, sobre ser discutibles, no son vinculantes. 

Interferir en el normal funcionamiento de las instituciones catalanas cuya recuperación es esencial para los independentistas, como señala Junqueras es un desatino porque solo puede hacerse invocando otra vez el 155. Lo que abocaría al país a unas elecciones nuevas que, en principio, nadie quiere. 

Aun en el caso de que la recuperación de las instituciones hubiera de hacerse invistiendo otro candidato al presidente que ya lo es legítimamente, la situación no se resolvería pues el govern republicano entraría en conflicto desde el minuto uno con el gobierno central monárquico que volvería a invocar el 155. Situación de ilegalidad patente. Incapacidad del gobierno para resolver la cuestión pacífica y democráticamente. Había una crisis constitucional larvada que el proceso constituyente catalán ha puesto en evidencia.

Porque, además de un conflicto territorial, hay otro sobre la forma de gobierno.

Y la represión no es la vía para resolver ninguno de los dos.

La presidencia, bajo el fuego del B155

Los jueces están actuando de hecho como brazos ejecutores de la política del gobierno. Sin duda lo harán con exquisito tacto jurídico aunque, por lo que se lee y escucha a muchos y competentes profesionales parece todo lo contrario. El hecho es que  aplican la doctrina del gobierno. O al revés. O es mera coincidencia. Pero es. La intención, obvia: oponer toda suerte de obstáculos al cumplimiento del resultado electoral del 21 de diciembre. Al extremo de contravenir principios fundamentales del Estado de derecho con el riesgo de ser después desautorizados, jueces y gobernantes, por las instancias europeas. Largo creen tenerlo fiado. En el futuro, ya se verá. De momento, se ve quién manda y la situación se normaliza al gusto autoritario del B155.

Es una visión tan corta que maravilla. No sé si los eurodiputados de JxC serán profetas. Tampoco sé a qué llama el periódico "diputados de Junts per Catalunya" pues, si no yerro, de JxC solo hay uno; los otros dos son de ERC. La foto induce a engaño, es casi un trampantojo, pues los retratados son los pertenecientes al eurogrupo en el que están integrados los indepes catalanes. En todo caso, la profecía se verá en cosa de días. Cuatro, respecto a la toma de posesión de actas de los presos y exiliados políticos. Si no hay inconveniente a que los hagan por delegación de voto los presos, tampoco lo habrá a que lo hagan los exiliados. Algo más de dos semanas para la presidencia. Y esto es un juego de nervios. 

M. Rajoy advierte hoscamente que bloqueará el intento de la investidura telemática por considerarla absurda, apoyado por su heraldo El País que, más culto, la llama "esperpéntica". Para amenazar con más consistencia, como Dios manda, advierte el gobierno que, si se da la investidura telemática, seguirá aplicándose el 155. Con todos mis respetos, es lo más estúpido que he leído en días. En primer lugar, la prolongación del 155 se daba por descontada unas horas después del resultado electoral del 21 de diciembre, innecesario buscar excusas. En segundo término, carece de sentido amenazar con nada si se da una investidura telemática que antes se ha bloqueado. ¿O no se ha bloqueado? Fuera de menospreciar la fórmula telemática, los contrarios no aducen razón alguna seria para desecharla y mucho menos para justificar una situación de excepcionalidad y arbitrariedad que, lejos de resolver el problema, está agravándolo a ojos vista y es la que obliga a unas situaciones cada vez más problemáticas.

Lo lógico es que la profecía se cumpla por entero. Hasta ahora, el movimiento indepe ha cubierto sus objetivos y cumplido sus promesas, asumiendo costes colectivos y personales muy altos. Es de lamentar que las autoridades y sus poco sensibles terminales mediáticas no entiendan que en Cataluña se ha pasado un punto de no retorno y se enfrentan a un proceso constituyente con muy fuerte apoyo social transversal, movilizado y cohesionado. Podrán obtener alguna victoria pírrica, algún adelanto transitorio pero, a medio plazo, por este camino de represión, intervención y ocupación de hecho, tienen la guerra perdida.