El B155 se empeña en arrastrar este conflicto por el cenagal y utiliza términos denigratorios como "cobardes", "prófugo", "fugitivo", cuando habla la élite y "osito" o "¡a por ellos!" cuando lo hacen las mesnadas. Se mueve en la dimensión ideológica que le es propia, la del ordeno y mando, la arbitrariedad, los privilegios y la imposición.
Pero la dimensión de lo que aquí está ventilándose es muy superior. Se trata de los destinos de un país. Por eso intervienen las últimas y definitivas intancias que, desde los tiempos bíblicos, sostienen el orden político: los jueces y los reyes. El guirigay de si Puigdemont entra en el portaequipajes de un autobús, si es o no Cipollino y si el gobierno puede convertirse en grupo de choque de la policía ha dejado paso a la augusta presencia de estas dos instituciones. Ayer se dieron dos hechos que dejan ver por dónde va cada cual en este conflicto con crisis constitucional: el Rey festejó su quincuagésimo aniversario y el Tribunal Constitucional tomó una decisión por unanimidad que todavía complica más las cosas. De reyes y jueces va la cosa. Aunque de reyes y jueces españoles.
Lo primero, el 50º cumpleaños de Felipe VI saltó a las redes como una campaña de imagen de La Zarzuela. De imagen edulcorada, ñoña y cursi hasta rechinar los dientes que nada tiene que ver con el drama que vive el país. Nada con el hecho de que unos presos y exiliados políticos no puedan estar con sus familias. La comparación es odiosa y la oportunidad de la imagen ya se ve. Después del monumental ridículo del monarca en Davos, presentado como el Rey más joven de Europa (y se nota) y un estadista de larga visión y pulso firme, las hogareñas y sencillas escenas del almuerzo dibujan el "target" (que dicen los entendidos) al que se dirige la campaña: los lectores de revistas del corazón. Y lo de lectores es hiperbólico.
Los jueces tienen otro nivel. Más enrevesado y entretenido. Jueces y políticos, se entiende. Los del TC, deseosos de complacer al gobierno, pero impedidos por la falta de fundamento de sus pretensiones y la opinión contraria del Consejo de Estado y sus propios letrados, han tomado una decisión que podríamos llamar "traslaticia", esto es, la de trasladar al Tribunal Supremo la patata ardiendo que el gobierno le había pasado. Al propio tiempo tranquiliza a este asegurando, como quien no quiere la cosa, que la investidura telemática es ilegal y la delegación del voto desde el exterior, motivo de excomunión. Pero sin que se explique en absoluto por qué. Por qué es ilegal la investidura telemática salvo por el rechazo político del gobierno, es un misterio.
Esta decisión no sirve para nada. Se permite la investidura de Puigdemont siempre que sea presencial porque es su derecho como diputado electo, pero esa presencia depende de la orden de detención del Supremo. Es un reconocimiento viciado, de mala fe, remachado además con la inmotivada prohibición de la investidura telemática. Salvo que el Tribunal Supremo devuelva la patata ardiendo al gobierno retirando su orden de detención igual que retiró la euroorden.
En ese momento, el gobierno tendría que aceptar a Puigdemont de presidente de la Generalitat o declarar abiertamente el estado de excepción.
Ni siquiera el matiz de que se trata de medidas cautelares, por otro lado expresamente prohibida, en tanto el TC considera la admisión del recurso y, por lo tanto, permiten suspender los plazos y los actos es aceptable. En el pleno del Parlament del día 30 se votará la investidura de Puigdemont de una forma u otra. La mejor es la presencial, pero eso depende de la voluntad del B155.
