La vorágine

Claro, es lo más lógico. Un plan B y un plan C y D y E, y así. Sería un irresponsable quien, en una situación de incertidumbre no previera respuestas a cuantas eventualidades se le ocurrieran. Pero al tiempo interesa negarlo por no dar muestras de debilidad. Decir que no hay plan B forma parte del plan A: referéndum sí o sí.Y que no haya vacilaciones. Pero, aunque no haya ninguna, la eventualidad de que el gobierno aborte el referéndum no puede descartarse y para ella habrá diversas propuestas. Una de ellas podría ser la que anuncia El confidencial de elecciones anticipadas de carácter plebiscitario con lista única de indepes. Seguramente habrá otras y otros planes, incluso una DUI. Dependerá de la forma en que el gobierno haya abortado el referéndum, si lo consigue. 

Así que plan A: referéndum a toda costa. Adelantando acontecimientos, Turull dice que el Parlament no acatará la suspensión de la Ley del Referéndum. Aunque muchos se hagan de nuevas, la doctrina no es de ahora. Hace meses que la Generalitat viene advirtiendo de que no acatará la suspensión de la autonomía.

La desproporción de fuerzas a favor de David contra Goliat es clamorosa: un movimiento independentista con fuerte arraigo social transversal (nunca visto hasta ahora) con el gobierno y mayoría absoluta parlamentaria, con un mandato específico y voluntad política de cumplirlo. Frente a ello, Goliat es un Estado desvencijado con un gobierno desprestigiado por la corrupción, en minoría parlamentaria, con un apoyo social exiguo, sin iniciativa política y una oposición fragmentada, formando un sistema político en crisis sin proyecto político alguno para el país.

El coste de impedir el referéndum crece por momentos. El pobre Goliat puede acabar convertido en Sansón: al impedir el referéndum destruirá el templo de los filisteos que le caerá sobre la cabeza.

Hombres de Estado

Como en el Rinoceronte, de Ionesco, Cataluña se ha apoderado de la obra teatral. Los personajes se han puesto enfáticos. Tras despachar con el Rey, Rajoy, expresando sin duda el ánimo real, ha dicho que el consenso sobre Cataluña es una "prioridad inexcusable". Lenguaje contundente, digno de considerar en quien hasta hace poco, negaba que en Cataluña pasara algo más que una "algarabía". Por fin parece que los gobernantes españoles reconocen la realidad y la llaman por su nombre. Quieren estar a la altura de una crisis constitucional de envegadura, de un problema de Estado. Quieren ser estadistas.

El hecho de que, como primera medida para afrontar esa "prioridad inexcusable", se proponga no hacer nada forma parte de la idiosincrasia del personaje, el del "sentido común" y la "previsibilidad". Pero no empece la voluntad de formar  un frente patrio contando con el PSOE, C's y "otras fuerzas políticas" para hacer frente al "reto secesionista", la "prioridad inexcusable" repentina por la que claman todos los actores en el escenario, todos convertidos en rinocerontes.

Ese apasionado drama de la esencia nacional, sin embargo, se escenifica frente a un público más bien apático e indiferente, cuyas máximas preocupaciones son el paro (70,6) y la corrupción (45,3). Sin duda, la independencia de Cataluña mueve pasiones en las redes (como entre los gobernantes), pero en las inquietudes de la gente se le concede un supermodesto 2,6. Y esos puntos deben de ser todos de Cataluña, donde la independencia tiene muy movilizada a la población. En España, no. Sí a los gobernantes y la clase política en general; no a la población. Esto tiene varias lecturas y no necesariamente coincidentes.

La coletilla de "otras fuerzas políticas" en la declaración veraniega de Rajoy carece de significado y sirve solo para ocultar que el gobierno no cuenta con Podemos en una acción conjunta frente a Cataluña. Justo eso plantea una grave escisión en el seno de la izquierda. El PSOE no puede validar la exclusión de Podemos. Propone una subcomisión ad hoc en el Congreso para estudiar la reforma de la Constitución (CE) en la que obviamente, estaría Podemos y, supongo, los indepes catalanes. No va a cambiarla por un contubernio extraparlamentario que excluya a esas "otras fuerzas políticas".

El dolce far niente con que Rajoy se apresta a enfrentarse a la "prioridad inexcusble" terminará el 2 de octubre, cuando él y los suyos, ya en "otra situación" (que vaya usted a saber cuál es), tomarán las medidas que haya que tomar. Esa es la propuesta, en el habitual tono de ordeno y mando que no parece aceptable para las izquierdas. Pero ellas decidirán. El 2 de octubre promete ser fecha notable pues el PDeCat ha anunciado ya su voluntad de votar a favor de una moción de censura a Rajoy para formar un gobierno cuya tarea fuera gestionar el resultado del referéndum. Todas las propuestas van al PSOE, partido de la oposición. Sería conveniente que estuviera a la altura de las circunstancias, con una visión acorde a nuestros tiempos; no a los de Franco.

La actitud del PP, claramente expuesta por su presidente y presidente del gobierno, a las puertas del palacio dee Marivent, es de negatividad y bloqueo. No quiere que se cambie nada. No quiere reforma de la Constitución (eso es algo que se reserva para él y el PSOE cuando a ambos les interese) y, en caso de admitirla, será tras previa especificación de los asuntos y aspectos que se quieran reformar. Es decir, se arroga una especie de veto en el Congreso que, además, se amplía en el Senado, segundo frente de la derecha para torpedear todo intento de reforma de la situación catalana. Se ampara para ello en una Constitución empleada como arma de partido al servicio de un tercio de la población española y de una décima parte de la catalana.

En España sigue sin haber estadistas.

Serpiente de verano

Está bien esto de dejar para la vuelta de las vacaciones lo que haya de ser. El gobierno, también de (más) holganza, ha dejado un retén en Madrid por si los catalanes se extralimitan en su habitual "algarabía". O sea, que el primer día de la rentrée será con el nuevo estallido de la algarabía, digo, de la Diada. En el ínterin los habituales recursos y contrarrecursos del gobierno y, en su caso, la Generalitat al Tribunal Constitucional, que también deberá quedarse de guardia.

Como si nada de esto fuera con ellos, los dos líderes de la izquierda se despiden entre abrazos augurando lo peor para Rajoy en una "breve" legislatura que lleva ya más de un año. A la vuelta del verano pudiera materializarse alguna de las amenazas que blande la izquierda; petición de dimisión, reprobación, moción de censura. Un punto de desconfianza aparece cuando se recuerda que Rajoy es ducho en gobernar bajo amenazas y  dificultades. Si ha sido capaz de superarse a sí mismo, será capaz de cualquier cosa.

En Podemos están animados pues creen que los números para una moción de censura dan. Aunque sea con la candidatura de Sánchez, no hay que ser personalistas. Los del PSOE no la tienen en prioridad, pero tampoco la descartan. Se hacen querer. La imagen es cautivadora: un gobierno de unión de la izquierda, dedicado a desmantelar todo lo que de malo ha hecho el PP; en realidad, todo.

La cuestión, sin embargo, es que los números no dan sin contar con los votos de los indepes catalanes. Siendo así, cualquier perspectiva de gobierno de unión de la izquierda se desvanece en el aire, como las ilusiones, mientras la posición del PSOE siga siendo negar el referéndum. Es curioso que la formación de gobierno en España dependa de los votos de quienes quieren marcharse de ella. Forma parte del alucinante tinglado que bulle sin parar con la cuestión independentista catalana. Justo la que no se quiere reconocer en todo su alcance.

Y ¿qué hay de malo en un referéndum pactado? ¿Se ha propuesto algo mejor? ¿O se están recogiendo los resultados de años de desidia, inutilidad, cuando no de provocación con Cataluña? Más bien lo último. Hasta un columnista de El País, Antonio Navalón, reconoce que España no ha sabido ni querido gestionar una crisis política de primer orden, o sea, que ha fracasado.

En ese fracaso bien podría presentarse la izquierda con una propuesta novedosa en el contencioso catalán. Pero no la tiene. El PSOE porque lo suyo es el nacionalismo español de siempre y Podemos porque lo es el de nuevo cuño, con ribetes de populismo. No obstante, sugeriría a ambos una consulta a sus respectivas bases sobre un referéndum pactado en Cataluña. Quizá se llevaran una sorpresa.

Está claro, no obstante, que sin referéndum pactado no hay moción de censura; sin moción de censura no hay gobierno de la izquierda y la legislatura del hombre de los sobresueldos, agotará su mandato. Lo único que puede poner fin al ciclo de Rajoy será la votación del 1/10, que vendrá preanunciada por el 11/9

Sánchez in partibus

Lo ha avanzado Margarita Robles, persona de mucha autoridad en el PSOE, afirmando que Sánchez va a implicarse “a tope” en la cuestión del referéndum, visto que el gobierno se llama andana. El SG va a hacer muchos viajes a Cataluña para contactar con todo el mundo con una oferta de solución política que evite el “choque de trenes”. Siempre que oigo eso del “choque de trenes” me acuerdo de que el primero que circuló en la Península fue entre Barcelona y Mataró y el segundo, entre la Corte de Madrid y los reales lugares de esparcimiento de Aranjuez. Esos trenes solo pueden chocar.

En todo caso es muy acertada esa decisión. Sánchez consolida su liderazgo con la sola retranca vandeana de Andalucía y la sumisión de los barones. Y lo hace abordando el problema más grave que tiene el Estado español en lugar de hacerlo, como es costumbre en el lugar, hablando de cualquier otra futesa. La política española tiene un horizonte: Cataluña y el liderazgo se ejerce hablando de él en lugar de sumirse en el mutismo y esconderse detrás de las togas de los magistrados.

De señalar es también lo oportuno de una decisión que implica tomar contacto directo, real, verdadero con aquello sobre lo que se va a negociar, a debatir, en último término, a legislar. Es conveniente saber de qué se habla y no hacerlo de oídas.

En las “muchas visitas” de Sánchez a Cataluña es de esperar encuentre tiempo para hablar con los independentistas, con las gentes de la ANC, Ómnium, la AMI y los partidos del bloque mayoritario en el Parlamento catalán, que no se lleve solo la impresión de los suyos, que tampoco son tantos. La predisposición existe. Está por ver hasta qué punto de compromiso, hasta dónde puede llegar la empatía de Sánchez.

Me atrevería a hacerle una propuesta. Pues ha elegido el mes de septiembre para visitar el principado, pulsar opiniones y ganar adeptos, ¿por qué no asiste a la Diada el 11 de ese mes? Factible, desde luego, es y Sánchez estará más seguro entre dos o tres millones de catalanes que una periodista entre un centenar de falangistas enfurecidos por el rojo-separatismo.

Desde el punto de vista político sería una diana que haría de Sánchez un líder de un tiempo nuevo de verdad. ¿No dice que España es un Estado plurinacional? ¿Qué hay de malo en asistir al día más señalado de la nación catalana? Cosas de este tipo augurarían un liderazgo español y no castellano. Pero, para la oposición al referéndum, me temo, llega tarde.

Indudablemente, el referéndum ha sido la causa de esta aceptación de una negociación que lleve a una reforma de la Constitución. Parece bastante lógico que, habiendo sido la causa, sea también el efecto.

El gendarme togado

Aquí no va a irse nadie de vacaciones; nadie excepto el presidente de la “gran nación”, que estará imitando a Forrest Gump o jugando al dominó en algún municipio de Pontevedra y el monarca, quien ya ha regalado una sesión de bonitas fotos a las revistas del corazón desde el palacio de Marivent. Normalidad dinástica. Donde veraneaba el padre, veranea el hijo. Normalidad.

Pero de normalidad, nada. Las hostilidades en la causa catalana se aceleran. Ha faltado tiempo al gobierno para recurrir la reforma del reglamento del Parlament ante el Tribunal Constitucional (TC) y este ha volado literalmente admitiendo a trámite el recurso por unanimidad en cosa de minutos. Con la admisión se suspende la reforma y, además, se apercibe con ceñudo gesto a diversos cargos de la Cámara de las responsabilidades en que pueden incurrir si hacen gesto de desobedecer.

El recurso tiene un fundamento jurídico que trae hilo de un dictamen del Consell de Garanties Estatutaries y se centra en la situación de desigualdad en que quedan los grupos de la oposición y la negación del derecho de participación. El punto más débil de esta argumentación es que la reforma del reglamento recurrida reproduce a veces literalmente los textos vigentes sobre lectura única en otras Comunidades Autónomas. Incluso en los reglamentos del Congreso y el Senado. Con el añadido de que, entre otras ocasiones, el Parlamento español ha procedido en lectura única en el caso de la reforma del art. 135 CE y la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 2015 que convierte en este en ejecutor de sus propias sentencias, monstruo contra natura jurídica que es el juez y parte al mismo tiempo. Una figura que, como la Medusa, aterroriza el solo mirarla.

Quien quiera acceder a una exposición de todos los textos autonómicos en la materia de lectura única puede ir al tuit de Roberto Fernández Santos, que se ha tomado el trabajo de recopilarlos. Y, en efecto, hay una coincidencia casi total. Alguna comunidad pide unanimidad de la Junta de Portavoces (caso de Andalucía), pero en la inmensa mayoría, la lectura única que quiere introducir el Parlament está en vigor por doquier. Difícil va a tenerlo el TC si quiere anular la reforma por razones jurídicas, salvo que se proceda a anular la lectura única en todos los reglamentos, incluido el del Congreso.

El fundamento jurídico será objeto de prolongados debates porque todas las normas son interpretables. Y esa es su finalidad: que se prolongue la decisión y, por tanto, la suspensión, más de dos meses, a los efectos de abortar la consulta del 1/10. Es decir, la finalidad verdadera no es jurídica, sino política y se basa en la convicción del gobierno de que la reforma reglamentaria catalana servirá para aprobar la legislación de desconexión.

Como ha señalado todo el mundo, el recurso, en realidad, es preventivo. No se recurre la norma por sí misma sino por la intención que lleva. Pero como esto no se puede decir, se busca el fundamento en derecho. Este, seguramente, no resistirá el escrutinio jurídico del TC, quien creerá salvar su muy mermado prestigio rechazando el recurso… dentro de cinco meses. Para entonces ese mismo TC, al admitir, ya habrá cumplido su función política de gendarme del gobierno de impedir el reférendum. Y, con ello, asumirá el protagonismo en la actividad represiva por razones políticas a medida que las cosas se compliquen, creando una situación insólita: un TC invadiendo por iniciativa propia la jurisdicción penal.

Porque, ¿qué reacción a la suspensión cabe esperar de la cámara catalana, incluidas algunas de las personas ceñudamente apercibidas? Si no de todas, sí, quizá de la presidenta Forcadell, ya imputada en otros procedimientos. ¿Qué sucede si el Parlament decide por mayoría absoluta no acatar la suspensión? Es evidente que la recurrirá y también que el TC inadmitirá el recurso o se negará a levantar la suspensión. A partir de aquí, vienen las conjeturas.

La mayoría independentista absoluta apunta en dirección al no acatamiento. En esto seguirá habiendo unidad de acción entre JxS y la CUP. El posible enfrentamiento, siempre latente, a cuenta de las campañas de la CUP es irrelevante. Esta organización es autónoma por esencia y tiene derecho a desarrollar sus actividades como mejor crea conveniente. La unidad en la lucha contra el Estado no tiene por qué llevarse a todos los órdenes de la vida en los que cada cual mira por sí. Esas campañas contra el turismo (cuestiones de orden público aparte) son manifestaciones de dinámicas sociales muy generalizadas y en sociedades avanzadas.

De no acatarse la suspensión, el enfrentamiento previsto como plazo último el 1/10 se habrá adelantado. El desacato producirá inhabilitaciones. Las inhabilitaciones no serán admitidas y el Estado tendrá que escalar las medidas represivas. Contando con que Puigdemont ya ha dicho públicamente que está dispuesto a ir la cárcel a cuenta del referéndum.

En alguna de esas tertulias televisadas en las que vociferan energúmenos, en distintas ocasiones se ha dicho que los independentistas iban buscando algún muerto o que se merecían un fusilamiento, no estoy muy seguro y los energúmenos tampoco. Pero sí parece claro que el gobierno rige sus actuaciones por lo que oye en las tertulias. No quiere muertos; pero quiere presos.

Justificar la imagen de un presidente de un gobierno regional preso por razones políticas por el Estado central es cosa harto difícil. Justificar un estado de excepción de hecho, si no de derecho, en Cataluña ante la UE y la comunidad internacional requiere dotes sobrenaturales.

La capacidad del Estado español de imponer su punto de vista en los foros internacionales es prácticamente inexistente. Incluso en asuntos referidos a lo que considera “problemas internos”

La marcha hacia el fascismo

Hace unos días, el ministro del Interior, heredero del insólito Fernández Díaz, acusaba a los nacionalistas de utilizar las instituciones con fines partidistas. Teniendo en cuenta que este ministro es militante del PP y juez al mismo tiempo, que fue alcalde de Sevilla, también del PP, su queja solo puede entenderse como una típica proyección neurótica porque emplear las instituciones públicas con fines partidista es justamente lo que hace él y, en escala mucho mayor su partido.

¡Y qué partido! Él mismo está imputado en dos procesos penales; en sus filas cuenta con unos 900 militantes y cargos públicos asimismo imputados penalmente y sostiene un gobierno del que han dimitido ya dos ministros (Mato y Soria) por corrupción declarada y tiene otros dos reprobados por sus prácticas antidemocráticas. Además, su presidente, presunto cobrador de cuantiosos sobresueldos procedentes de la caja B, acaba de declarar como testigo en uno de los procesos por corrupción de la Gürtel y, aunque su declaración se ha atenido al modelo de la infanta Cristina (no sé nada, no me acuerdo, no me consta, eso lo llevaba mi marido), es posible que haya cometido perjurio por cuanto negó en sede judicial tener conocimiento alguno de los aspectos económicos de su gestión como director de campaña electoral del PP siendo así que hay pruebas fehacientes de que conocía perfectamente estos aspectos y hasta los explicaba en ruedas de prensa.

Este partido, presunta asociación de malhechores, con el presidente de los sobresueldos ha destruido el escaso Estado de derecho que había en España. Para la comisión de sus fechorías, para ocultarla y, para causar perjuicio a sus adversarios ideológicos se ha servido de todas las instituciones del Estado, las ha instrumentalizado y las ha pervertido hasta el extremo de que ninguna de ellas tiene autoridad alguna como no sea imponiéndola a palos.

La instrumentalización más escandalosa es la del Tribunal Constitucional, presidido durante años por un exmilitante del PP que ocultó está condición ante la comisión del Senado que había de nombrarlo. En cualquier lugar este escamoteo sería motivo de cese fulminante. Aquí, ni se menciona. Este presidente y una mayoría de componentes de este órgano político que se hace pasar por tribunal ha venido actuando al servicio del gobierno del PP. No contento con esto, el gobierno de la derecha, con su mayoría parlamentaria absoluta en la legislatura anterior, impuso una reforma del reglamento del Tribunal que lo convierte en agente ejecutor de sus propias sentencias al servicio del gobierno. Los componentes de este pintoresco órgano, por mayoría (cuando menos, hubo tres votos en contra de carácter crítico) aceptaron convertirse en algo tan contrario al espíritu mismo del derecho y la justicia como juez y parte. Incluso más, dada su sumisión al poder político, en el fondo, lo que esta reforma consigue en convertir al gobierno en el dueño absoluto del Tribunal Constitucional. Cualquier parecido con un Estado de derecho es una quimera.

Y no solo el Tribunal Constitucional. El gobierno está utilizando el conjunto de la judicatura, literalmente repleta de jueces del PP y del Opus (que vienen a ser lo mismo) para sus fines partidistas, cuenta habida de que ya no es posible emplear el ejército, que es lo que verdaderamente quiere. Así, interfiere en los procedimientos, recusa jueces, impone otros de su cuerda ideológica y así resulta que, cuando el Tribunal Supremo anuncia que estudiará una prueba de la Gürtel que podría anular el conjunto del proceso, todo el mundo sabe que, de producirse tamaña barbaridad, se debería como siempre, a las presiones de los gobernantes.

De lo que estos están haciendo con todas las instancias administrativas y los medios de comunicación no merece la pena hablar. Todas y todos al servicio incondicional de un partido corrupto y cleptocrático que, en su desesperado intento de impedir por la fuerza un referéndum de autodeterminación en Cataluña de cuya convocatoria, paradójicamente, es uno de los principales responsables, ha llevado al país al punto de ruptura inevitable.

Si el gobierno es corrupto, los jueces partidistas, la administración prevaricadora y los medios lacayos del poder político, el resumen final e inevitable será el fascismo. El proceso de fascistización de que hablaba Poulantzas se agiliza notablemente en España, en donde nadie de la derecha ha condenado todavía (y mucho menos ha hecho algo en contra) el legado de un régimen franquista genocida y delincuente. Sus herederos al día de hoy en el gobierno practican la misma política arbitraria, represiva, tiránica que su modelo y por eso no lo condenan, porque carecen de la talla moral necesaria para repudiar aquel régimen asesino y sus consecuencias al día de hoy.

¿Y la izquierda? A la vista está que está tratando de escurrir el bulto, ignorar el avance del fascismo en la vergonzosa esperanza de que, cuando este cometa más fechorías de las que ya está cometiendo no caiga sobre ella parte de la represión. Es una izquierda cobarde y sumisa, incapaz de hacer frente al avance del fascismo porque, al tratarse del modo de afrontar la reivindicación independentista catalana, en el fondo, coincide con la derecha. Proferirá unos gemidos cuando la represión alcance niveles intolerables para pasar luego a esos politiqueos de alianzas y desalianzas de parlamentos y gobiernos, como si el problema más grave que tiene España hoy, tanto en lo político como en lo económico y lo moral, no fuera Cataluña.

Para su vergüenza, los acontecimientos están poniendo en evidencia la miseria moral e intelectual de estas izquierdas que de tales no tienen nada. Puigdemont ya ha anunciado que no aceptará decisión alguna de cualesquiera autoridades españolas inhabilitándolo y ha puesto el problema en sus dimensiones reales: la legitimidad democrática frente a la arbitrariedad disfrazada delegalidad.

Y la izquierda callada o, lo que es peor, dando la razón a los represores neofranquistas por puro miedo.

De la legitimidad democrática, pasamos al principio de desobediencia civil, base misma de la democracia frente a la tiranía de la mayoría y el mismo Puigdemont advierte de que está dispuesto a ir a la cárcel por defender el referéndum. Que no le quepa duda a la izquierda: con él irán muchos, catalanes y no catalanes, que defendemos el derecho de autodeterminación de Cataluña.

Para entonces, de la izquierda española no van a quedar ni las raspas.

Camino del estado de excepción en Cataluña

El Sobresueldos dice a quienes quieren oírlo –que cada vez son menos, pues es obvio que el hombre no dice una verdad así lo aspen- que el referéndum del 1/10 no va a celebrarse porque es inconstitucional y por lo tanto ilegal. No perderemos tiempo en analizar sus razones porque no merece la pena. Los conceptos de “constitucionalidad” y “legalidad” han quedado fulminados con un gobierno corrupto hasta los calzones, cuyo sentido de la legalidad es como el de la honradez y uno que ha hecho mangas capirotes con el Tribunal Constitucional hasta el punto de convertirlo en una especie de consejillo político de gentes adictas.

Nos dedicaremos mejor a los aspectos prácticos. Exactamente, ¿cómo piensa Rajoy impedir ese referéndum que la Generalitat está empeñada en celebrar y contra el que, en realidad, no tiene razones? ¿A qué medios recurrirá? Según la inteligencia más aguda del gobierno, no se considera conveniente la aplicación del artículo 155 CE. Sáenz de Santamaría pasa por ser esa inteligencia más aguda; imagínese cómo serán las menos agudas, por ejemplo, la de Rafael Hernando.

Además de descartar el empleo del art. 155, tampoco goza de grandes simpatías la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, ese bodrio arbitrario que cocieron en 2014 entre Rajoy y Rubalcaba en contra de los catalanes. El ejecutivo se resiste asimismo a aplicar la legislación de excepción por la mala imagen exterior de España.

Y, si ya no cabe bombardear Barcelona cada cincuenta años (los últimos bombardeos fascistas tuvieron lugar en 1938), ni enviar al ejército, ¿cómo va a impedir el también conocido como “señor de los hilillos” que los catalanes celebren su referéndum? El recurso a la ilegalidad de la guerra sucia tampoco parece dar ya buenos resultados. Se encomendó a la pareja de psicópatas al mando del ministerio del Interior que lo dejaron todo peor que estaba y ha quedado reducido a una comisión de investigación y un documental sobre “las cloacas del Estado” que pone los pelos de punta.

Cabe esperar una reacción típica de este gobierno que ha conseguido ya batir todos los records de corrupción a escala mundial, consistente en su inveterada práctica de decir una cosa y hacer otra, generalmente la contraria. Uno de esos casos es el de las recientes actividades de la Guardia Civil en el Principado que está actuando, según parece, por iniciativa propia, sin respaldo de mandato judicial y siguiendo órdenes de no se sabe quién, aunque se intuya.

Cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actúan por iniciativa propia, sin cobertura de autoridad legítima, se convierten en organizaciones ilegales, de carácter parapolicial y cabe hablar de un estado de excepción más o menos encubierto. La arbitrariedad del poder consiste en ignorar y silenciar las actividades presuntamente ilegales de la Guardia Civil y completar la amenaza de estas con recursos de inconstitucionalidad de carácter preventivo ante un Tribunal Constitucional que opera como un brazo ejecutor de la política del gobierno, ajustando sus tiempos a las necesidades de este.

Parece claro que el gobierno movilizará a sus jueces y tribunales para dar una apariencia de legalidad a lo que no es otra cosa que una imposición arbitraria del poder. En un alarde de modernidad “democrática” esta derecha parece decidida a sustituir a los militares por los jueces y con los mismos fines represivos. Añaden los más viejos del lugar que no conviene confiar en que dicha substitución sea definitiva, salvo que los jueces consigan una “pacificación” de esa díscola población, como la de los militares, cosa poco probable.

Queda claro que el presidente sobresoldado no tiene ni idea de cómo resolver el “problema catalán” y que confía en su habitual recurso de la inacción, en el entendimiento de que si esta no consigue parar la consulta, se echará mano a los demás recursos, empezando por el uso de la fuerza.

De hecho ya se ha comenzado con las actividades de la Guardia Civil sin el correspondiente amparo judicial. Piénsese en qué puede pasar si en el curso de estos interrogatorios a los cargos públicos y funcionarios de la Generalitat, sucede alguna desgracia, prevista o imprevista. Para curarse en salud, la Generalitat ha denunciado en el juzgado a la Guardia Civil, supongo que por extralimitación de funciones y abuso de poder. A su vez, la Guardia Civil ha pedido amparo a los Mossos d’Esquadra frente a la manifa que la CUP tiene anunciada para mañana frente a su casa cuartel.

Está provocándose una situación de enfrentamiento institucional y desbarajuste de gobierno, lo que no es menos alarmante por el hecho de ser lo esperable en unos gobernantes neofranquistas cuyo espíritu democrático es inexistente.

Del otro lado, es llamativo el silencio de la izquierda no independentista, tanto española como catalana. Los Comunes todavía no han encontrado tiempo para condenar la actividad presuntamente ilegal de la Guardia Civil. Y PSOE y Podemos guardan un silencio cómplice frente a las arbitrariedades en Cataluña. Es de recordar aquí el famoso texto erróneamente atribuido a Brecht, siendo de Niemöller, acerca de quién no actúa y se rebela contra las injusticias porque afectan a otros sin darse cuenta de que él siguiente en la lista será él. Lo mismo con la izquierda: si esta no tiene la entereza y el espíritu de denunciar las arbitrariedades contra los independentistas, cuando los neofranquistas vayan por ella, tampoco habrá quien la defienda. No se olvide que el Sobresueldos, el gobierno y el PP actúan de acuerdo con pautas democráticas porque no les queda más remedio, igual que Rajoy tuvo que declarar ante el juez por obligación y a rastras, aunque luego dijera, con su habitual cinismo, que estaba contento de haber colaborado con la justicia. Ellos actúan más a gusto en contextos autoritarios.

Podemos no está jugando limpio en el asunto del referéndum y las declaraciones de sus dirigentes cada vez se parecen más a las del PP. El PSOE comulga con ellas de antes. Su propuesta de reformar la Constitución para neutralizar el referéndum es tardía, inviable y pobre. Cuando le aprietan las clavijas en asunto de la nación catalana, el PSOE camina del brazo del PP. Y que no se le ocurra aventurarse por vías nuevas, que llega la caudilla del sur, enarbolando la bandera de la una, grande y libre y empieza a mover la silla de Sanchez de nuevo. El plurinacionalismo es una bagatela y, aun así, despierta las iras encendidas de los socialistas más carpetovetónicos.

En resumen, una izquierda inútil, incapaz de aportar soluciones a los problemas colectivos si no es aceptando el marco conceptual y la idea de España de la derecha. Algo completamente absurdo porque esta tiene un interés patrimonial en el asunto (ya que considera que España es su cortijo y los españoles, sus esclavos), pero aquella, la izquierda, no tiene –o no debiera tener- otro que la justicia y el respeto a los derechos de los pueblos. De todos. No solo del suyo. Pues cuando solo se tienen en cuenta las intereses del pueblo propio, no se tiene en cuenta ningún interés salvo el del partido.

Llegan los intelectuales

Aquí mi artículo de hoy en elmón.cat, titulado La torre de marfil, las barricadas y las cloacas, a propósito del reciente manifiesto de doscientos intelectuales y artistas catalanes en contra del referéndum. No tengo nada en contra de los manifiestos. Al contrario, soy muy partidario de ellos. Contribuyen a animar y clarificar los debates, a saber en dónde está cada cual y qué razones se esgrimen. En el caso catalán llama la atención que, de momento, solo se hayan producido reacciones de intelectuales en contra del referéndum. No las hay a favor. Y mucho menos a favor del referéndum catalán firmados por intelectuales españoles. El artículo de elMón.cat trata de buscar alguna explicación a esta curiosa ausencia.

Aquí, la versión castellana:

La torre de marfil, las barricadas y las cloacas

Hemos entrado en la fase de la guerra de los manifiestos. Menudean los obuses de papel de abajofirmantes, las declaraciones en los aparatos mediáticos del régimen en contra del referéndum. Se mide y pesa la autoridad de las firmas y se espera que estas arrastren voluntades entre los lectores. La torre de marfil tiene troneras y desde ellas se defiende la posición unionista en España. Para encontrar gente de igual o superior peso hay que mirar al extranjero, en donde firman los partidarios del referéndum catalán. En España, ni los de la extrema izquierda.

Es parte del frente propagandístico-mediático de un conflicto que, de ser considerado un falso problema creado por una elite privilegiada y corrupta, ha pasado a ser la cuestión prioritaria en todos los aspectos de la vida colectiva hoy en España. Y es lógico. ¿Por qué iba a serlo en los campos político, económico, social, institucional o mediático y no también en el artístico, literario, musical y hasta religioso?

Los combatientes ocupan sus puestos. La torre de marfil apunta a las barricadas. Y ahí se encuentra con una respuesta contundente. Las posiciones ideológicas son minoritarias, inevitablemente elitistas y confían su fuerza a la calidad de sus nombres. Las otras son anónimas, pero muy nutridas con un movimiento social permanente, constante y prolongado en el tiempo. Las barricadas son la revolución; los manifiestos elitistas, la contrarrevolución. Paradojas de unas biografías previsibles.

Las posiciones ideológicas de los manifiestos se orientan a convencer a las masas anónimas que nutren el movimiento social. La calidad trata de arrastrar a la cantidad porque reconoce que, en el asunto concreto de que se trata (quién esté legitimado para decidir), la cantidad es el argumento definitivo. La cuestión de si es la cantidad española o la catalana no es secundaria pero no hace aquí al caso. Al caso hace la cantidad como criterio. La barricada y la revolución frente a la torre de marfil con troneras.

Interesante es, al tiempo, que esa defensa ideológica del unionismo se haga paralelamente a una realidad institucional, material, una acción del Estado que niega en la práctica lo que las elites predican en la teoría. “El Estado de derecho también se defiende en las cloacas” dijo en cierta memorable ocasión Felipe González. Y es cierto pero, a continuación, es preciso aclarar cómo se defiende: si haciendo más efectivas las cloacas o sea más sucia la guerra sucia, o acabando con ella.

Ahí es donde debe medirse el valor de estos manifiestos que intervienen en un conflicto, que empiezan por negar toda equidistancia. Y a fe que es cierto pues solo atacan a uno de los bandos, el independentista, sin considerar siquiera la posibilidad de que este sea en buena medida una respuesta a una actitud persecutoria, ilegal, arbitraria del Estado cuya última manifestación es la guerra sucia del gobierno contra él.

La guerra sucia sitúa el conflicto en un terreno muy resbaladizo. Si los encargados de velar por la seguridad de todos, incluidos los independentistas, recurren a procedimientos delictivos, nadie puede estar seguro. Ni los que firman manifiestos. Y estos acaban, quizá, justificando la injusticia cosa que, es de suponer, está fuera de sus genuinos propósitos.

Con un ejemplo se aclara el asunto. Entre quienes se han manifestado contra el independentismo se ha manejado la idea y esperanza de que se rompa la “espiral del silencio” en Cataluña. Dando por supuesto que se trata de la teoría de Noelle-Neumann y que tomamos las precauciones adecuadas a la evolución ideológica de la autora, la pregunta es: ¿han intentado aplicar la teoría a la opinión española? ¿Han comprobado si hay en España espiral del silencio respecto al independentismo catalán? De haberla, ¿han hecho una comparativa con la de Cataluña?

Isabel Coixet dice que no ser idependentista no te convierte en fascista. Por supuesto. Y serlo tampoco te hace nazi. Pero hay una diferencia que no puede pasarse por alto: quienes llaman “fascista” a Coixet no lo son ni lo han sido nunca; quienes llaman “nazis” a los independentistas, si no lo son ahora, lo fueron. Como Noelle-Neumann.

Conviene saber con quién está cada cual.

La bolsa o la patria

El gobierno solo gobierna para (contra) el independentismo. Bueno, y también para sobrevivir procesalmente. Pero eso es ahora menos importante. La nueva política, la policy en el sentido inglés, que recuerda más a la policía de la llamada Ciencia de la policía del reino de los clásicos, apunta directamente al bolsillo de los precitos catalanistas. Colectiva y preventivamente a base de dejarlos sin dinero cuando se apresten a cometer alguna fechoría o personalmente cuando la hayan cometido, a base de confiscar sus patrimonios, de ellos y de sus familias.

De hecho, esta medida de política pública, como la llaman los especialistas, al abreviar a una semana los plazos de rendición de informes presupuestarios de la Generalitat, equivale a una intervención, una forma de aplicación subrepticia del 155. En el doble sentido financiero y político que, evidentemente, depende del primero. Se trata de una decisión de asfixiar a un órgano legal autonómico democráticamente constituido para que no pueda aplicar el programa que se le ha encomendado. Es una médida típica de burócrata, de astuto leguleyo, experto en lances sobre si las subvenciones son finalistas, graciables, discrecionales, etc. Hasta es posible que sea legal. Eso se dilucidará en la correspondiente batalla jurídica en puertas y que, probablemente, perderá la Generalitat si no es de una forma, de otra.

Pero políticamente es un dislate. Deja a las autoridades autonómicas en pleno uso de sus competencias pero les imposibilita la acción. Es decir, les facilita un discurso de persecución y martirio que tiene mucha fuerza movilizadora social. Esta puede convertirse en indignación generalizada si las restricciones financieras se hacen sentir en la vida cotidiana. Y acelerar el proceso de confrontacion si, a la vista de la asfixia del gobierno, el Parlament declara una DUI o si, las medidas incendian la calle, cosa nada absurda, vistos como están los ánimos. El País vaticina, encuesta en ristre, que el apoyo popular al independentismo sigue bajando. Aguante el diario un tanto el aliento y observe cuánta gente saldrá a la calle en la próxima Diada, preludio del referéndum que, a lo mejor, no puede realizarse por impedirlo el gobierno por la fuerza. Los avatares judiciales de las autoridades catalanas que puedan seguirse de esta confusa dinámica, añadirán más leña al fuego que para entonces ya será una hoguera en la que arderá el escaso prestigio de España como Estado de derecho, respetuoso con los de sus ciudadanos, sean de la nación que sean..

El PSOE/PSC muestra sus reservas respecto a la política de la caja aunque, como de costumbre, no propone gran cosa a cambio. Al menos, podía entender que respaldar al PP en la mano dura con el referéndum y coadyuvar a impedirlo solo deja como solución una elecciones autonómicas adelantadas en un clima de mucha conflictividad cuyo resultado puede ser aun peor para sus propósitos (sin duda muy nobles e hispánicos)  que el de un referéndum. ¿Qué haría el gobierno central con una mayoría absoluta independentista renovada, incluso ampliada?¿Intervenir de nuevo? ¿Disolver? ¿Convocar elecciones una y otra vez hasta que estos catalanes tozudamente alzados voten correctamente?

Porque supongo que a nadie se le habrá pasado por la cabeza no solamente impedir el referéndum, sino suspender las elecciones. Supongo.

La izquierda busca una nación

Aquí mi artículo en elMón.cat. Va de lo que dice el título, de esa idea de reprochar a los independentistas la trampa que hacen de enfrentarse al Estado español diciendo que lo hacen al gobierno. Está claro, este gobierno es inaceptable desde todos los puntos de vista en una sociedad democrática. Pero, se dice, el gobierno no es el Estado. Dejad que caiga el gobierno, bien porque pierda una moción de censura o unas elecciones y veréis que España es un gran país con el que cabe entenderse. O sea, de referéndum, nada. De independencia, menos.

El artículo disiente. La versión en castellano:

El Estado y el gobierno

El argumento más poderoso del sector unionista, el menos falaz y sofista, es el que insiste en diferenciar entre Estado y gobierno. Es el más poderoso no por lo que dice, (auténtica trivialidad), sino por lo que implica. Según él el actual gobierno de España (un órgano corrupto, sostenido por un partido de presuntos delincuentes, que ha destrozado el Estado de derecho) no es el Estado en sí, sino una forma pasajera. Cuando haya elecciones, podrá haber un gobierno decente, que haga justicia al carácter democrático y abierto de la sociedad y el Estado españoles.

Es decir, el independentismo es una opción errónea, precipitada, que se basa, ella sí, en una falacia: la de identificar un gobierno de presuntos ladrones neofranquistas corruptos y nacional-católicos con el Estado español. Trata de aprovechar esta lamentable y contingente identidad entre policías y ladrones para hacer apresurada tabla rasa y tirar el niño con el agua sucia.

El argumento es una llamada a la paciencia y la esperanza del independentismo. Esperaos, viene a decir, a que haya un cambio de tendencia en la opinión española, a que haya un gobierno respetuoso con el sentir democrático y el imperio de la ley, y el Estado español permitirá su reforma profunda para acomodar las pretensiones catalanas, por ejemplo, en forma de un generoso federalismo, que es la vía elegida mayoritariamente por las izquierdas españolas, aunque no por las catalanas.

Invitar a la paciencia y la esperanza y tachar, de paso, a los independentistas de demagogos, precipitados, aventureros, radicales, etc., permite sentar plaza de persona ecuánime. También permite nada y guardar la ropa aunque sea posible que, al final, no se nade y la ropa se pierda.

Ese argumento coincide con un tímido rearme moral de un nacionalismo español de izquierdas. Hace unos días, más de 200 personas de ese ámbito, más o menos del comunismo catalán rechazaba el referéndum del 1/10 por falta de garantías democráticas. Escriben lo que predica su correspondiente organización, los Comunes, que no aceptan el referéndum, pero levantan constancia de su carácter movilizador. A continuación, proponen trabajar por un “verdadero” referéndum a partir del 2 de octubre. Lo dicen Domènech e Iglesias. No es una tomadura de pelo. Es simplemente que no dan para más.

Tratando de evitar este ridículo, el sector errejonista de Podemos alienta también la misma esperanza de un Estado español de derecho, democrático, avanzado, justo, respetuoso con las naciones que lo integran cuando los progresistas ganen las elecciones. Un Estado del que hay que estar orgulloso, una verdadera patria de todos los españoles, a la que los catalanes querrán adherirse de mil amores, abandonando los “delirios separatistas”, como dice el presidente de la Gürtel, los sobresueldos, y el “sé fuerte, Luis”.

La idea es siempre la misma: deponed vuestra actitud separatista porque todavía podemos hacer muchas cosas justas con un Estado español libre de neofranquistas, capaz de reformarse constitucionalmente y de atender con equidad las reivindicaciones de las naciones no españolas.

Mentira.

No hay nada, absolutamente nada en la experiencia de los último 300 años que permita abrigar esa esperanza en las relaciones entre Cataluña y España. Quien lo sostenga no actúa de buena fe o es un ignorante imperdonable.

No hace falta trabajar mucho para concluir que, si el poder político, el gobierno, cae en manos de la derecha (como lo está desde hace seis años por la incapacidad –también teñida de corrupción- de la izquierda) el Estado será represivo, antidemocrático, centralista, catalanófobo, injusto, cruel con los sectores más desfavorecidos y gestionado por ladrones.

¿Y si gobierna la izquierda, como hizo en 1982/1996 y 2004/2011? Pues lo mismo con algunos retoques cosméticos. Cierto, durante los mandatos de González y Zapatero se tocaron algunos puntos importantes de carácter social e ideológico. Pero la estructura del Estado del antiguo régimen siguió intacta: centralismo, caciquismo, oligarquía, iglesia depredadora, empresarios ineptos y corruptos, poder judicial vendido, medios de comunicación comprados, administración venal, injusticia sangrante en la distribución territorial de los recursos. NI siquiera se depuró el aparato represivo de la dictadura ni se hizo justicia con sus víctimas. 20 años tuvieron los socialistas para imponer en España la fórmula federal que hoy presentan como panacea y de la que, en realidad, no tienen ni idea.

Al margen de que esta oferta federal resulte ya lamentablemente anacrónica, es llamativo cómo el nacionalismo español (incluso este de la “Patria a la izquierda”) desconoce su íntima fibra autoritaria. Ni se les ocurre que, como están las cosas, el federalismo solo podría ser producto de un voluntad libre de entidades soberanas e independientes y no impuesto por el esclarecido regeneracionismo de una izquierda incapaz de reconocer que España tiene siempre los gobiernos que su fallido Estado le permite, sean de derechas o de izquierdas, federales o centralistas. La prueba es que al actual impulso independentista se generó y creció durante el mandato de uno de los presidentes más ineptos de la historia: Rodríguez Zapatero, “federalista” del PSOE.

Porque el problema es el Estado español, y pedir esperanza en que cambie alguna vez es jugar de mala fe.

Extrapolaciones peligrosas

Todo lo venezolano está sobredimensionado en la esfera pública. A veces hasta el hartazgo. Alguien podía inventar un meme parecido al de la Ley de Godwin, sustituyendo a Hitler por Maduro y a los bolivarianos por los nazis. Lo de Venezuela aburre.

Pero, a veces, la que llaman “octava isla canaria”, da sorpresas que descolocan al tertuliano más avezado en venezuelogía. Por ejemplo esa consulta ilegal de la oposición sobre la nueva asamblea constituyente que quiere Maduro y sus adversarios consideran un golpe de Estado para huir de las elecciones que ellos propugnan. O sea, para entendernos en la Península, un referéndum ilegal, unilateral y sin garantías. En Venezuela.

¿Y qué sucede? Que los tertulianos, columnistas y opinadores de partido (que son prácticamente todos) no saben qué decir. No es posible extrapolar la situación venezolana a España. Ni a ningún otro lugar, sospecho. Los malos de allí no coinciden con los de aquí.

Las derechas radicalmente antibolivarianas tienen que explicar por qué apoyan allende el océano una consulta ilegal que aquí prohíben. Su única salida es embarcarse en tediosas discusiones sobre si la legalidad de aquí es mejor que la de allí, algo perfectamente opinable en ambos sentidos y, por tanto, inútil. Y eso sin contar que el espíritu de obediencia a la ley de la derecha la lleva a postular la del cristiano a la ley aunque sea injusta, porque todo poder viene de Dios, al decir de San Pablo en la epístola a los romanos. Sin embargo se matiza que no hay deber de obediencia a la ley que se opone a la de Dios. Y ya estamos donde siempre: a cristazos. O a tiros.

Las izquierdas probolivarianas tienen a su vez que explicar por qué apoyan un gobierno que se opone, ignora e (imagino) considera ilegal una consulta referendaria igual a la que proponen para Cataluña. Solo puede hacerse recurriendo al mismo truco ad hominem de la derecha: la consulta referendaria catalana es una muestra de iniciativa popular y democrática, mientras que la venezolana es una provocación más y un intento de fracturar el país y acabar con la revolución y el socialismo del siglo XXI. Es muy posible. En realidad eso es lo que piensa la derecha española sobre el referéndum catalán. La izquierda tiene que admitir el derecho de los ciudadanos a realizar referéndums, con independencia de que los fines que persigan los organizadores le parezcan abominables. 

Y lo mismo puede decirse de la derecha. El referéndum venezolano no será extrapolable a España mientras los dos bloques derecha/izquierda sigan sin respetar al adversario político y sin reconocerle la dignidad que le corresponde. 

Y eso es, básicamente, falta de espíritu democrático.

Adivinen de qué va

Muy interesante la entrevista con Íñigo Errejón en El País. Por el titular se ve que el sentido común es noticia. Que solo habrá gobiernos progresistas si Podemos y el PSOE se entienden es la evidencia misma, no un descubrimiento. Era la evidencia misma desde el origen de Podemos. Se llamaba por entonces unión o unidad o alianza de la izquierda. Si algo tan obvio no se ha producido es porque los del sorpasso (todos en el partido de Errejón) querían probar fortuna. Muy legítimo a la par que inútil; incluso contraproducente porque, al no gobernar la izquierda, lo hace esa derecha que el propio Errejón considera “depredadora”.

Carece de sentido echarse unos a otros las culpas a base recriminarse hechos o dichos del pasado. Para entenderse las fuerzas de la izquierda solo necesitan la voluntad de hacerlo. Pero esa posible unión no tiene perspectiva de gobierno si no es con los votos de los independentistas catalanes y un par de añadido. Y esto nos lleva directamente a la cuestión catalana que es de lo que en realidad va la entrevista en profundidad. Como todo lo que hoy se discute en España: Cataluña.

Errejón defiende el derecho a decidir de los catalanes y es partidario del referéndum pactado; si también lo es de un referéndum unilateral, como su compañero de partido, Urbán, no queda claro. Pero tampoco es relevante.

Lo relevante es la defensa de un patriotismo español de izquierda. Rechaza Errejón la visión pesimista de España y se hace lenguas del carácter dinámico, abierto, progresista de nuestra sociedad en las últimas dos generaciones. Una España de la que sentirse orgulloso siendo de izquierda. Recuerda un poco un reciente libro de Miguel Candelas, Cómo gritar ¡viva España! desde la izquierda. Más o menos la misma idea: la otra España que por fin amanece.

La amarga experiencia detecta en un programa de regeneración patriótica española tanto el ¡Viva España! Como el ¡Arriba España! Pero no hay que cerrarse en banda por fatalismo. Merece la pena escuchar las razones de esta repatriación del sentir nacional a la que, se deduce, finalmente se avendrían los indepes catalanes. En el entendimiento de que será distinta del latiguillo de Rajoy y el Rey de la gran nación.

Porque, al menos en la izquierda, es nueva. La generación anterior, también en la izquierda, más conservadora, había intentado lo mismo: generar sentido de nación a base de camuflar esta tras la Constitución. Era el llamado Patriotismo constitucional, importado de Alemania, que mostraba la superioridad de la idea liberal de nación sobre la esencialista. Ese patriotismo constitucional era tan contrario a lo que se proponía que se lo apropió el PP solemnemente en un congreso.

Así que la patria española que ahora se postula hace caso omiso de la Constitución, incluso quiere abrir un proceso constituyente. Tabla rasa con el pasado inmediato (aunque con juicio matizado sobre la Transición) y propuesta de renacimiento de una España capaz de reflexionar sobre sí misma y avenirse a soluciones democráticas del tipo que sean.

Es verdad que en el pasado ha habido puntos en que la acción colectiva española ha sido avanzada, progresista, democrática. Pero han sido destellos en una noche cerrada cuyos efectos se hacen sentir hoy de modo palpable. Basta un simple recordatorio: las más de cien mil víctimas de la vesania franquista siguen en las cunetas.

¿De dónde sale esa idea de que España podrá reinventarse como nación abierta, justa, progresista y, en definitiva, unida (aunque compuesta), cuando las propias izquierdas que la propugnan son incapaces de unirse? ¿De dónde va a salir? De la fe, que mueve montañas. Tanto más naciones.

Y la fe se tiene o no se tiene. Quienes no la tengan, por ejemplo, los indepes catalanes, pedirán algo más tangible que una virtud teologal o un estado de espíritu. Algo que les interese más que su plan u hoja de ruta de ir al referéndum y la consiguiente independencia si gana el “sí”. Y sobre eso, la oferta del nuevo patriotismo popular español es poco concreta.

Sobre eso y sobre lo más general, hasta la idea de nación. Mientras los nacionalistas españoles no se ponen de acuerdo en los caracteres ni siquiera en su misma existencia, los indepes catalanes traen un relato patriótico completo de la nación catalana, en todos sus momentos, desde los orígenes semilegendarios hasta la circunstancia actual, en que pretenden darle acta de nacimiento como Estado. No veo a los parteros de la nueva criatura muy interesados en integrarse en un enésimo y vagaroso proyecto regeneracionista español basado, como siempre, en la fe.

Monotema Cataluña

El tono trágico de El País condena a la oscuridad las propuestas novedosas de la Ejecutiva del PSOE, que tampoco son tan novedosas y, además, creo entender, han de pasar a consulta de las bases, siendo así que el tiempo apremia.

El debate se centra en el significado de la abrupta remodelación del Govern. Las interpretaciones son muy variadas. Rajoy, los partidos nacionalistas españoles en Cataluña y, obviamente, El País, coinciden en entonar un gori-gori de difuntos. “A la desesperada” suena un poco como Los últimos de Filipinas o, para no acudir a un ejemplo incómodo, Murieron con las botas puestas. La crisis de gobierno prueba que este está en las últimas.

Del lado independentista la interpretación es la inversa: racionalización del gobierno de la Generalitat, cohesión y reafirmación personal y colectiva de ir hasta el final suceda lo que suceda. Hay aquí un tono solemne que recuerda lejanamente el episodio de los burgueses de Calais, durante la Guerra de los Cien Años y vuelto a inmortalizar después por Rodin. Y aunque no precisamente por la dureza de rasgos rodiniana, Junqueras personifica ejemplarmente la imagen popular del burgués. El burgués de Calais, presto a inmolarse por la libertad de los suyos.

El clima actual en España muestra un grado de conflictividad muy alto. El gobierno y sus instancias adyacentes, lejos de buscar soluciones negociadas a los conflictos, parecen más interesados en encenderlos e ir a una confrontación directa, utilizando todos los medios, incluso los excepcionales. El poder solo se dirige a la Generalitat para amenazar. A veces con resonancias castrenses, cuando toma la palabra la ministra de Defensa, otras con consecuencias económicas personalizadas, como esa intención de ir contra el patrimonio de los responsables independentistas, una verdadera pena de confiscación (tras la proscripción) tanto más odiosa cuanto que quiere castigar a las generaciones venideras.

Las amenazas se materializan de forma creciente. Esa visita de la Guardia Civil al Teatro Nacional de Catalunya es un paso más en el acoso al ejercicio de los derechos y libertades públicas.

Se crea así un estado de tensión muy grande por cuanto se pretende coartar el ejercicio de un derecho que reclama el 80% de la población a base de criminalizarlo. La cuestión es cuánto se puede criminalizar y perseguir un movimiento antes de que haya un estallido social.

Una huelga general en Cataluña, por ejemplo.

O, por seguir la vía parlamentaria, una decisión final. Si el gobierno de la Generalitat es inhabilitado, es probable que el Parlament apruebe una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por mayoría absoluta.

Para hacer frente a todo eso, las amenazas, las persecuciones judiciales, las policiales, los hostigamientos, parece razonable fortalecer el Govern, tanto si se hace “a la desesperada” como si no. Cualquiera lo haría. La cuestión es si se cumple o no el vaticinio del bloque nacionalista español de la muerte del proyecto independentista.

Desde el punto de vista de los indepes es claro que no y para eso precisamente están preparándose, para no morir. Desde una perspectiva desapasionada, uno diría que la posibilidad de la muerte no es descartable en el humano quehacer. Pero añadiría que, de morir, estos morirán matando.

Reír o llorar

"Mejor reír", dice el muy escarmentado pueblo que ya no inventa chistes porque la realidad los supera. ¿Qué decíamos el otro día, cuando El País descubría que los indepes son bolivarianos? Nos hacíamos lenguas de la capacidad proteica de estos de JxS y sus votantes capaces de pasar de nazis a bolivarianos de la noche a la mañana. Y nos preguntábamos cuánto tardaría alguien en sacar a ETA. Bueno, pues ya está: nazisetarrasbolivarianos. Y ahí se acaba la risa.

Y comienza el llanto.

El llanto al que lleva la propuesta de que el procés es el proyecto de ETA. Llanto por la deriva implícita de este pensamiento. Descartada la identidad material del procés y el proyecto etarra que (quiero suponer) no se le ocurre ni a Mayor Oreja, queda el innuendo de la frase: el objetivo final de los dos es el mismo: romper España. Bueno, ¿y qué? Si España es un Estado de derecho, el proyecto de romperla es tan legítimo como el de soldarla más. ¿O lo que se insinúa es que, al ser el objetivo el mismo, también lo son los medios? Parece que sí, que se trata de equiparar la acción legítima de las instituciones catalanas así como las movilizaciones populares a la actividad criminal de un grupo de matarifes. 

La finalidad es criminalizar el objetivo, incluso el mero hecho de su manifestación pública. Ser, no ya actuar, sino ser y manifestarse independentista estará penado. Habremos vuelto a los delitos de opinión, propios de aquella dictadura que a Mayor Oreja le parecía una época de placidez beatífica o algo así.

Esas declaraciones encienden más los ánimos golpistas y deben ser refutadas por la Generalitat y claramente desautorizadas por el gobierno.

¿Entiende ya la izquierda por qué es urgente una moción de censura para cambiar el gobierno o hay que dar más explicaciones?

El frente patriótico español

Mi artículo de elMón.cat de hoy. Habitualmente dedico esta entradilla a explicarlo un poco. Hoy no hace falta. Todos los partidos españoles están contra el referéndum catalán. El PP, montado en el caballo de Santiago y cierra España; el PSOE, en el asno de Buridán; Podemos en el hipogrifo de Ariosto; y C's en la cucaracha de Kafka. Este referéndum ha puesto a cada cual en su sitio y ya solo queda por ver qué decisión toma la Ejecutiva del PSOE pasado mañana. Quiere hacer una propuesta "política" de negociación, lo cual es un avance muy positivo en un Estado, el español, en el que los problemas nunca se encaran, no se entienden y jamás se resuelven. Ojalá le salga algo de provecho, pero no veo grandes posibilidades si no se acepta un referéndum pactado. 

En todo caso y antes de nada, la primera obligación  de la izquierda, de toda la izquierda, es poner fin a este gobierno corrupto, de ladrones y expoliadores, antes de que termine de arruinar y destrozar el país y antes de que provoque un incendio social en Cataluña, que es lo que intenta para tapar su incompetencia.

Para ello se necesita una moción de censura que podría presentarse ya, el sábado mismo, si el "nuevo PSOE" tiene el sentido común, la inteligencia y las agallas de plantear un referéndum pactado. A partir de ahí, un gobierno de izquierda con Sánchez de presidente, dedicado a gestionar el resultado del referéndum, a revertir todo el destrozo hecho por el PP, a emplear la justicia contra un partido de presuntos delincuentes y a regenerar España.

Para eso hace falta tener las ideas claras, ser sincero, demócrata y tener valor.

Aquí la versión en castellano

El frente unido español contra el referéndum

                                                                                                                                             

A medida que se acerca la fecha del referéndum sin que el bloque independentista muestre señales de vacilación (aunque la prensa cavernaria de Madrid se las invente) cunde el pánico en las filas del nacionalismo español. Como siempre, ha sido incapaz de gestionar el conflicto con un mínimo de racionalidad y ahora, cuando ya no hay tiempo, forma un frente común contra el independentismo, olvidando sus aparentes discrepancias.

El PP esgrime la sagrada unidad de la patria que Franco agonizante encomendó a Juan Carlos, aunque ahora se disfraza de unidad “democrática” de soberanía, de “igualdad” (las comillas indican mentiras) de todos los españoles y de vigencia de una Constitución que el propio PP rechazaba en un principio. Para garantizarla está dispuesto a emplear todos los medios, incluso los presuntamente delictivos, como ya ha demostrado.

El PSOE, tratando de diferenciarse de la derecha neofranquista, después de años de haberle hecho el juego, persigue el mismo fin, pero acude a procedimientos menos agresivos, más dialogantes y con mayor voluntad de reforma. No obstante, tiene la misma línea roja del “no” al referéndum y, por lo tanto, no solo llega tarde si no amplía la oferta, sino que su papel de furgón de cola de la derecha será aun más lamentable.

El discurso de Podemos es el habitual galimatías en este mosaico de personalismos enfermizamente mediáticos, pero el resumen final es el mismo que el del PP y el PSOE: “no” al referéndum de autodeterminación catalán porque no tiene garantías, no es legal, no es seguro y, sobre todo, no lo controlan ellos.

C’s está apuntado al “no” desde el mismo origen porque, a pesar de sus aires de brokers estilo Wall Street, su idea de España es la de los triunfadores del 39.

El desconcierto y la agitada controversia son prueba palmaria del susto compartido de la insolente derecha nacional-católica y la izquierda sumisa ante la probabilidad de quedarse sin el país que su mutua incompetencia ha destruido. Puro miedo.

Detrás de las amenazas, las ironías, los engolados pareceres de eruditos a la violeta y los negros vaticinios de augures vestidos de expertos no hay más que miedo. Miedo a que, si se hace el referéndum, lo pierdan y, con él, pierdan el país que llevan parasitando cientos de años a base de oprimir a sus gentes.

El “nuevo PSOE” dice buscar una solución (próxima Ejecutiva el viernes) pactada, negociada, ante la irresponsable inoperancia de la derecha. Algo es algo. Pero, por lo que se perfila, es poco y tardío. La clave para resolver la cuestión es el referéndum pactado. Y es la clave porque, sin él, no habrá moción de censura ganadora y el PSOE no podrá desalojar al PP del gobierno, cosa que podría hacer el 1º de septiembre, con los votos favorables de JxS.

Pero el “no” socialista y el otro “no” nacional-español de Podemos, no solo prueba su miedo y su insinceridad, sino que los hace cómplices de la política represiva que aplica la derecha. Y en esa política represiva hay un nuevo avance especialmente abusivo y repugnante: el intento de ir contra funcionarios y políticos de la Generalitat, atacándolos en su patrimonio. Sin duda, muy coherente con el espíritu de esta derecha franquista que ya aplicó Cifuentes en Madrid y laos dos mendas que dominaron el ministerio del Interior con su Ley Mordaza, un intento de volver al “orden público” de la dictadura arruinando a la gente.

Es literalmente repugnante que el gobierno y partido que más han robado en la historia de España, más caudales públicos han malversado, más han estafado y expoliado el erario, incrementen su política represiva por la vía pecuniaria. Lo hacen atentando contra el patrimonio de los políticos y los funcionarios como antes contra los ciudadanos como una posible forma de reponer los caudales que llevan años robando y malversando en viajes, francachelas, putas, drogas, confetti, cuentas en Suiza y Panamá, sobresueldos, financiación ilegal, sobrecostes, mordidas, cohechos, extorsiones, estafas, obras faraónicas inútiles para beneficio propio y de amigos, sobornos a periodistas mercenarios y expolios con las privatizaciones.

Pero, sobre todo, es una decisión tan odiosa y miserable (propia de quienes proceden de esa manera en todo lo demás) que, de llevarse a cabo, puede provocar un estallido social en Cataluña, harta ya del saqueo, como debiera estarlo el resto de España si tuviera algo de coraje.

Para evitar esa vergüenza de unos mangantes robando el patrimonio personal de los representantes democráticos y los funcionarios, la izquierda, y especialmente el PSOE, solo tiene una salida: pactar un referéndum en Cataluña y presentar una moción de censura que desplace a esta banda de ladrones del poder político (y, por tanto, también del judicial a sus órdenes) antes de que sea demasiado tarde.

Hasta dónde llega el efecto Sánchez

La victoria de Sánchez en las primarias, que Público califica de "quijotesca", no sé si con mucho acierto, ha puesto al PSOE en la órbita de los ganadores. Come el terreno a un PP que está hecho unos zorros y hunde en la miseria a Unidos Podemos (UP).

La explicación de este cambio de las opciones en la izquierda es relativamente sencillo sumando la gestión del triunfo de Sánchez con los sucesivos descalabros de UP. La imagen que se trasmite -y es muy poderosa- habla de un PSOE como partido de gobierno y una UP que pierde crédito a chorros por un conjunto bastante complicado de factores: entran formas, estilos y modos, oratoria radical, conflictos internos de todo tipo, personalismos, confusión ideológica, etc. Sobre todo, lo mas dañino es la continua ambigüedad en las relaciones con el PSOE, al que se quiere apoyar o destruir, según sean días fastos o nefastos. 

La queja de Podemos suele ser que el "nuevo PSOE" dice ser de izquierda pero hace políticas de derecha. Esgrimen casos concretos: no se pide la dimisión de Rajoy y de la moción de censura se habla como de la Atlántida; se complota con el PP y C's el cierre de la comisión de investigación sobre las tropelías del ministerio del Interior. Todo eso es cierto, sumamente criticable y el PSOE hará bien en reconsiderarlo. No obstante no debiera ser difícil a los de UP entender que, si quieren aliarse con otro partido es porque es otro. Si fuera idéntico a él en todas sus políticas, ¿para qué la alianza?

Entre tanto, la gestión de la victoria en las primarias está siendo muy eficaz. El mensaje que se envía a la ciudadanía es que se trata de un partido cohesionado con sus bases, provisto de buenos equipos, con ideas y capacidad para implementarlas. La movilización de la militancia ha sido arrolladora para legitimar a la nueva dirección socialista. Y la pieza culmina con ese nombramiento a la vicepresidencia de la Internacional, que trae el espaldarazo foráneo de gente de peso. 

Todo esto, en el fondo, son los preparativos para una moción de censura porque a lo que apunta es a la consagración del candidato de esta que, de momento, es extraparlamentario. 

El espíritu de la acción política socialista está basado en un criterio decisionista: el que no osa, no logra nada. Con ese ánimo, el PSOE convoca su ejecutiva el viernes para debatir y hacer propuestas a la parte catalana para evitar la confrontación del 1/10. Alguien se atreve a poner orden en el casino, vista la inoperancia de la dirección. Invocan los dignatarios la urgencia del momento y la angustiosa escasez de tiempo disponible. Cosa tanto más evidente cuanto que el plazo final no tiene por qué ser el 1/10. Puede ser en cualquier momento anterior en que se produzca un choque de consecuencias irreversibles.

Así que, en efecto, máxima urgencia. Y es de agradecer al PSOE que hable teniendo en cuenta la realidad, como la gente de la calle, y no como los políticos. La objeción de que el Estado no puede aceptar plazos impuestos ilegalmente es otra forma de decir que se busca la confrontación.

Carece de utilidad reprochar aquí a los políticos españoles una irresponsabilidad monstruosa en la ignorancia del llamado "desafío independentista" hasta llevarlo a la situación actual en que se pretende resolver un conflicto de muy hondas raíces y muy inflamado presente con un toque de zafarrancho de combate.

Y eso los que parecen tomárselo en serio porque los otros siguen instalados en la política del garrote. 

La cuestión, sin embargo, es no ya que el plazo sea corto, sino que haya plazo. El PSOE no está en el gobierno. Faltan años, cuando menos meses, para que lo esté y sus propuestas, siendo bien intencionadas, se quedan muy cortas. Sobre todo porque a la negativa al punto 46 (referéndum) añade el rechazo al pacto fiscal, aunque este quizá pueda entenderse como un recurso para un gambito posterior.

La cuestión, por tanto, es si el bloque independentista acepta renunciar al referéndum. Y parece que no. Siendo así, la oferta del PSOE fracasará.

La realización de un referéndum pactado no es una posibilidad descabellada. La solicita muchísima gente, millones, no solo en Cataluña. La propone UP. Se ha experimentado con éxito en otros lugares. En el caso de que el PSOE aceptara el referéndum pactado (y, con él, la posibilidad de negociar la pregunta), tendría los votos del bloque independentista que le hacen falta para ganar su moción de censura, que convertiría a Sánchez en presidente de un gobierno con una complicadísima tarea: gestionar el resultado de ese referéndum, sea el que sea. La única solución civilizada y razonable de zanjar el pleito sin ocasionar mayores e imprevisibles destrozos.

El problema, por tanto, no está en el bloque independentista, sino en el PSOE que, llegando aquí, no osa.

Razones y sinrazones del referéndum

El foro se caldea. Según se acerca el día D, 1/10, todo el mundo se apresura a fijar su posición, incluso de forma tal que nadie la entienda. Los Comunes participarán en la consulta, pero no harán campaña por la participación. Pues, o bien las autoridades participan a título personal, como cuando Kichi va en procesión vestido de nazareno, o se trata de unos gobernantes legales que acuerdan una actividad clandestina. Los de Podem quieren participar a bandera desplegada y llamando a las multitudes, pero no dan un ardite por aquello en lo que participan. 

Hay también personalidades públicas que se sienten obligadas a manifestar su posición. Recientemente, dos afamados periodistas, Xavier Sardà, que votará "no" y Jordi Évole, que se muestra dubitativo sobre el referéndum mismo. Hay una gran inquietud y se trata de entender ahora, deprisa y corriendo, algo que se ignoró durante años. Con ánimo de contribuir al debate me he permitido realizar un digesto de las razones contra el referéndum, con una apostilla en contra de la contra. O sea, a favor por defecto. 

Los adversarios del referéndum invocan razones

Históricas. Cataluña no ha sido nunca independiente y argumentaciones colaterales sobre la Corona de Aragón, la antigüedad de las instituciones, etc. En definitiva el peso de la tradición.- Apostilla.-La historia no prejuzga nada. La tradición no existiría si no se rompiera jamás.

Legales. El referéndum es ilegal. La legalidad es la base de la democracia. Fuera de la legalidad solo hay tiranía. La Ley debe respetarse, puesto que está por encima de todo, aunque no del rey. Y es obligación del gobierno imponer su cumplimiento porque, de no hacerlo, el ilegal sería él. La ley prohíbe ese referéndum. No es una cuestión política, sino jurídica y por eso entienden de ella los tribunales.-Apostilla.- La legalidad es el producto de una voluntad política acordada en el Parlamento, que es el que hace y deshace la norma legal. La Ley puede cambiarse, no es inmutable y eterna. Para eso está la democracia parlamentaria, para que la mayoría parlamentaria haga y deshaga la ley, como ha venido haciendo la del PP sin límite alguno para imponer sus caprichos y privilegios, cuando directamente sus delitos. El referéndum es ilegal por la voluntad política de la mayoría parlamentaria, que bien podría cambiar, como lo ha hecho en otros asuntos de menor momento.

Constitucionales. El referéndum es inconstitucional. Apostilla.- Falso. No está prohibido y se puede admitir mediante una interpretación adecuada. Por lo demás, la Constitución también es reformable. Basta con querer hacerlo, como sucedidó con el 135.

De soberanía. La soberanía reside en la totalidad del pueblo español y solo esa totalidad puede pronunciarse en un referéndum de esta naturaleza. La soberanía del pueblo español es indivisible, como indivisible es el Estado en el que se encarna.- Apostilla.- Siendo el Parlamento el depositario de la soberanía por representar al pueblo, una decisión permitiendo el referéndum es como si el pueblo soberano autorizase a uno de sus elementos componentes a decidir por su cuenta si quiere seguir en el común o no. Aquí el argumento se va a lo ideológico, incluso metafísico e inoperante para ambas partes.

Internacionales. El referéndum de autodeterminación no tiene cobertura legal internacional porque lo que los distintos instrumentos que España tiene firmados dicen es que se reconoce para los pueblos en situación colonial. Apostilla.- Al margen de que la cuestión colonial tiene un borde subjetivo incómodo, este argumento ha sido invalidado de hecho por los referéndums de Quebec y Escocia y, hasta cierto punto, por el del Reino Unido con el Brexit.

Económicas. Estas se formulan como profecías, no sobre el referéndum, sino sobre sus catastróficas consecuencias para Cataluña. Se acumulan datos y gráficos y magnitudes que auguran empobrecimiento, crisis, ruina; y otros que, al contrario, vaticinan prosperidad inusitada.  Apostilla.- El debate es tan ideológico como los otros, aunque se vista de estadísticas. Los economistas que las essgrimen con vehemencia, defienden en realidad sus previas posiciones políticas. Pero, además, es irrelevante. El referéndum (y la independencia, si gana el "sí") no es un cálculo mercantil, sino un derecho que incorpora el derecho de los pueblos a gobernarse por sí mismos, aunque sea mal.

Comunitarias. Otro argumento sobre las consecuencia. Los espacios siderales (habitualmente vacíos) esperan a estos indepes catalanes. Y fuera de la UE y de la Eurozona, como de la Iglesia, nulla salus. Apostilla.- Eso está por ver, pues la situación no tiene precedentes y la UE está llena de gente pragmática, dispuesta a hacer algo constructivo con una situación sobrevenida y no a secundar los vetos del gobierno español de turno..

Iquierdistas. Es argumento que suelen emplear las izquierdas españolas de buena fe: la independencia de Cataluña es un acto de insolidaridad con el resto de España, la independencia de los ricos y los egoístas, la Padania española. Una codicia que ignora cómo la prosperidad de Cataluña viene del esfuerzo (en muchos sentidos) de los demás pueblos, que olvida la deuda que Cataluña tiene con el resto de España. Apostilla.- Aquí sí viene bien un poco de historia social y económica para ver que los procesos sociales, económicos, industriales, etc., han sido muy distintos y explican el presente. Pero no hay deuda alguna, ni el argumento izquierdista que la invoca tiene fuerza. Más con algún hecho: tras 40 años de gobierno socialista en Andalucía, la comunidad será región, nacionalidad, nación o lo que quiera, pero lo cierto es que, junto a Extremadura, constituye el Mezzogiorno español.

De la cortina de humo. El independentismo es una hoja de parra (eso sí, cuatribarrada), una cortina (estelada) de humo para tapar las vergüenzas del clan Pujol, el 3%, la corrupción de la vieja CiU, convertida en CDC y reconvertida en PDeCat. La burguesía catalana con sus negocios. Una huida hacia delante de un clan desesperado en torno a Puigdemont que teme ser fulminado por ERC en unas próximas elecciones. Apostilla.- Es el argumento típico de la derecha española que, a día de hoy, cubre todo el arco parlamentario, del PP a Podemos, aunque con el PSOE algo más ponderado y menos infantil. En todo caso, no merece la pena contestar a quien reduce el deseo de referéndum del 80% de los catalanes y el de independencia de unos dos millones a una cuestión de tapar corruptelas de un partido que, además, ha desaparecido ya dos veces.

No sé si esto sirve de mucho cuando los argumentos se afilan con la piedra del interés. Pero lo intenta.

Dicho lo cual, un acorde sentimental: lo que se debate hoy en España, una vez más, es lo que esta encuentra más apasionante: ella misma.