Una dieta de sapos

Los rostros de la imagen lo dicen todo. Ls autoridades españolas pasaron la manifestación entera tragando sapos. Se empeñaron en asistir a un acto en protesta por un atentado que no fue previsto y en cuya solución no tuvieron nada que ver. Al tiempo, esa presencia se concibió, organizó y explicó a la opinión pública como una muestra de unidad contra el terrorismo. La unidad ¿de quién? La presencia del Jefe del Estado, el gobierno y la oposición entera, así como un largo séquito de políticos lo dejaba bien claro: la unidad de la nación española.

Cuando, en los prolegómenos de la manifestación, se criticaba la "politización" de esta por los independentistas y se advertía de que no se llevaran banderas, en realidad, ya estaba "politizada" desde el momento en que se ponía al servicio de una idea de nación sin duda mayoritaria en España, pero quizá no en Cataluña. La CUP, se recordará, bajó las ínfulas al Rey, negándole la presidencia del acto con razones críticas de mucho peso. Y la Corona aceptó, prueba de que su máximo interés era poner al Rey en Cataluña, reconquistar el corazón de los catalanes y reconstituir la mortecina nación española.

La manifestación estaba politizada por el nacionalismo español desde su inicio. Desde el comienzo mismo del acto aparecieron algunas banderas rojigualdas, casi todas sin crespón, que aspiraban a ser un mar de oro y fuego. Para ello se había destacado a algunos nacionales que regalaban banderas españolas de plástico y no las cogía nadie. El mar se quedó en charco. El fracaso en la politización de la derecha nacional española fue patente durante todo el recorrido de la manifestación, con abucheos y pitos al Rey y letreros muy críticos hacia él.

A su vez, la proliferación de señeras y esteladas, además de ser tan legítima como la española, pone de relieve que en Cataluña hay una opinión muy sólida a favor de la independencia y muy crítica con el modo en que se ha administrado y se administra el país. En realidad, Cataluña es la única oposición real al gobierno del PP porque lo es también al Estado del que emana. La izquierda española podría distinguir ambos momentos, oponiéndose al gobierno, aunque no a su Estado, pero lo cierto es que no ejerce apreciablemente como tal oposición en ninguno de los momentos. La cuestión catalana prevalece en la política y, en ella, el punto fuerte es la unidad nacional española.

Rajoy señala que estamos orgullosos de haber ido a Barcelona. Las afrentas no las escuchamos. La traducción con un embustero sistemático nunca falla: no están orgullosos de haber io a Barcelona sino muy irritados y todavía les zumban los oídos con los pitos, los abucheos, las imprecaciones y los letreros.

Son los sapos que han de tragarse quienes gobiernan en provecho propio e interés de los suyos y en detrimento de la mayoría de la población. Es verdad que les vota una mayoría, pero también lo es que se trata de una mayoría relativa exigua, de una tercera parte; que muchos de quienes les votan lo hacen manipulados por unos medios de comunicación al servicio del PP; y que, además, ganan con todo tipo de trampas e ilegalidades. Más sapos por tragar.

Ahora tienen un problema real. Por mucha que sea su capacidad de tragar sapos, no están en condiciones de detener el referéndum del 1/10. A la desesperada la prensa especula con la posibilidad de dividir el bloque independentista de JxS mediante un entendimiento entre ERC, Podemos y los Comunes con vistas a unas elecciones autonómicas, dando por inviable el referéndum. Y se advierte que algo así haría trizas al PSOE. Asoma la vieja querencia.

Lo anterior es posible, cómo no, tratándose de intereses políticos. Pero mucho más posible y probable será la destrucción de ERC si esta aparece como directa o indirectamente responsable del fracaso del referéndum. Todo lo que vaya contra el referéndum tiene mala prensa en Cataluña. Subsiguientemente, también quedaría tocado Podemos por adoptar decisiones prácticamente en secreto. 

El independentismo es un río de no retorno.

Objetivo prioritario, Cataluña

La Operación Cataluña que forzó comisiones de investigación en el Congreso y en el Parlament tenía ramificaciones y raíces. Se han descubierto con el desastre de la gestión del atentado de la Rambla a cargo del gobierno central y la contundente acción de los mossos catalanes.

A estas alturas, lo de menos son las minucias y los detalles secundarios, a los que suele darse una importancia desmesurada para tapar debates de mayor trascendencia. Se entiende la preocupación de El País por cargar contra los mossos, desmerecer algo su trabajo y ocultar la ridícula incompetencia del ministerio del Interior y el gobierno. Ha sido todo demasiado llamativo. Sin embargo, es indiferente llegar a una conclusión respecto a estos asuntos específicos, sobre si la comunicación llegó o no llegó, si unos fueron y otros no, y quién hizo qué y cuándo. Probablemente nunca quedarán las cosas claras del todo. Ni falta que hace.

La evidente descoordinación (incluso enfrentamiento) entre las fuerzas de seguridad es el verdadero problema de fondo. Y mucho más lo es que se demuestre haber sido  política deliberada del gobierno torpedear la acción de los mossos así como negar a estos información y recursos que les eran vitales. Que esto es política deliberada se ve en las mentiras de la vicepresidenta quien justifica la falta de acceso de los mossos a la información de europol en una decisión de este órgano. Tiempo ha faltado al tal para desmentirla, asegurando que la cuestión de los mossos es un asunto interno de España como se ve por el hecho de que la Ertzaintza sí tiene acceso a Europol. Y la Ertzainza tiene ese acceso porque el PNV apoyó los presupuestos del gobierno. 

Los mossos, en cambio, no porque la Generalitat está en una actitud díscola. Así que la Ratita Hacendosa los castiga a no entrar en el club de los informados. Dos facetas denota esta actitud. Una, de patrimonialismo casi infantil por cuanto la vicepresidenta gestiona con caprichos de favoritismo político. Otra una irresponsabilidad sin límite puesto que esos caprichos afectan de forma directa a la seguridad de la ciudadanía.

Es el Estado, es el gobierno, quien actúa en contra de los mossos, boicotea su actuación, la cuestiona, la debilita. Y esto no es reciente. Viene del comienzo del mandato de Fernández Díaz. Un hombre que, además de condecorar vírgenes, puede ver con regocijo que alguien destroce la sanidad catalana seguramente hará lo inimaginable por destrozar también la seguridad colectiva. De hecho, para eso parece haber montado una especie de "policía política" no al servicio del Estado, sino del gobierno del PP, o sea, del PP. Una policía de partido, igual que hay jueces de partido que actúan como tales a cara descubierta. 

El proceso independentista catalán está poniendo de manifiesto la incompetencia del Estado español en los aspectos político, judicial y policial. Añádase la corrupción estructural y calíbrese la autoridad y legitimidad de este Estado y este gobiernoa la hora de enfrentarse al independentismo catalán.

Las reacciones

Dudo de que haya otro lugar del planeta en que un atentado como el de la Rambla provoque tal alud de respuestas inhumanas, crueles, inmorales, estúpidas o ruines. Algo deben de tener Cataluña y los catalanes para suscitar reacciones tan repugnantes y sacar lo más bajo que muchas personas llevan dentro.

Y no es nuevo. Es motivo permanente. Cada vez que hay un accidente o desgracia con víctimas catalanas aparecen en la redes comentarios catalanófobos generalmente delictivos. No, no es nuevo. Cuando algún mal castiga Cataluña, mucha gente en España -que envidia y odia a los catalanes- se alegra y hace chistes sobre ello. Muchos, supongo, son los que luego se lamentan de que los catalanes quieran independizarse, están en contra de la idea y, si les dejaran, matarían a todos los independentistas con el sacro fin de preservar la unidad de esta patria en la que da asco vivir con gente como ellos.

Tres observaciones sobre tres tipos de reacciones, sin ánimo de ser exhaustivo entre los cientos de declaraciones, gestos y actitudes que se han prodigado en las últimas horas.

La hipocresía oficial. Tanto el Rey como el Sobresueldos y la Ratita Hacendosa y el pintoresco ministro del Interior, tardaron horas y horas en comparecer, dejando así bien claro que España y Cataluña son dos países distintos y sin grandes relaciones entre sí. El de Exteriores no se dignó interrumpir sus vacaciones en la embajada del Ecuador, sufragadas por partida doble por todos los españoles. El Rey, que estaba en otro país, no ha aclarado en cuá, y el Sobresueldos compareció finalmente a balbucear las habituales vaciedades mientras no podía evitar que fueran filtrándose noticias sobre el boicot a que el gobierno de España viene sometiendo a la consejería de interior de Cataluña por razones políticas poniendo en peligro la seguridad de los catalanes. Todos a una clamaron por una unidad que no existe, que se han inventado y que ellos han roto siempre que han podido cuando dicha unidad podía beneficiar a Cataluña.

Una reserva a este respecto. Habrá que exigir responsabilidades y estudiar cuáles hayan sido los fallos, los errores o las medidas de sabotaje mal intencionadas. Pero, mientras no haya pruebas fehacientes, nada, absolutamente nada autoriza a culpar del crimen a ideas o personas distintas de los autores materiales. Por eso los fascistas que pasan por periodistas y demócratas en los lamentables medios españoles y que acusaban ya desde el primer momento al proceso independentista o a la CUP lo único que están haciendo es justificar que otros culpabilicen directamente a la guerra sucia del gobierno y lo hagan responsable de lo que se llama un "atentado de falsa bandera" para buscar un pretexto que le permita intervenir y militarizar Cataluña. ¿Sacado de quicio? Es posible, pero, que yo sepa, la "operación Cataluña" de las cloacas del Estado no la organizó la CUP sino el ministro meapilas entre virgen y virgen.

La canalla de derechas. Las redes se llenaron de comentarios delirantes en los que los periodistas a sueldo de la derecha vertían ignorancia y odio contra todo lo que les molesta en un intento de criminalizarlo. Isabel San Sebastián relacionaba el atentado con el cuento de la reconquista  que siempre ha servido a la derecha para falsificar la historia de España con sus patrañas nacionalcatólicas y atizaba el odio contra el islam con un hediondo hálito de cruzada. Alfonso Rojo se metía con los "progres" por su manía de distinguir entre una confesiones y otras cuando a él, probablemente, lo único sensato debe de parecerle meterlas a todas en el mismo barco y hundirlo, ya que la sola religión que debe de aceptar este elemento es la de la pastuqui por programa . El inefable Tertsch hacía una amalgama juntando en un solo tuit la Rambla, Podemos, la CUP, el Gulag, etc., en el mejor estilo estalinista que, en realidad, es el suyo. Escenificación de esta farsa cavernaria,  un editorial de El País y un artículo de Lluís Bassets en el mismo medio relacionando el terrorismo islamista con el independentismo. Por no hablar de la velocidad de todos los fantoches de la tele -Quintana, Griso, Ferreras- en interrumpir sus vacaciones para darse un baño de morbo y pujar el share, que es lo que importa.

La canalla de izquierdas. Cuando se trata del independentismo catalán, ya sabe, las tenues diferencias entre la izquierda y la derecha española se difuminan y todo es derecha; derecha patriótica, nacional. Así que toda la sedicente "izquierda" española murmuró unas atribuladas jaculatorias unitarias, copiando, como siempre,  a la derecha, y en algún caso, hizo el habitual alarde de catalanofobia de rigor. Sirva como ejemplo la viñeta de Peridis ayer en El País en la que se insinua fariseamente una relación causal entre el independentismo catalán y el atentado. Ese dibujo es un juicio moral innoble que necesariamente tiene que provocar indignación en quien sepa dos cosas: a) el atentado no tiene nada que ver con el proceso; b) el proceso parecerá bien o mal a distintos públicos, según sus objetivos, pero es pacífico, democrático y mucho antes víctima (ya lo está siendo, perseguido por los amigos de Peridis) que victimario.

Ante  la oleada de reacciones contrarias a esta mala baba del dibujante, su jefe en el periódico, Antonio Caño, sacó un tuit defendiéndolo con una arrogancia tan extrema y necia que uno se pregunta si el hombre está en sus cabales y sabe de lo que habla. Decía Caño: Con todos los respetos, no voy a permitir que se denigre de forma tan ruin una ejemplar trayectoria profesional. No se sabe con qué medios materiales cuenta Caño para conseguir su objetivo, aparte de la manipulación y la censura, sus favoritos. No se sabe cómo impedirá que el propio Peridis destruya esa "trayectoria profesional" demostrando lo que es en el fondo. Por último, ¿acaso cree él que su propia trayectoria profesional al servicio del PP, la caverna y los intereses personales de Cebrián, le dan autoridad para defender a alguien?

Y si Caño, periodista del régimen, lanzaba sus bravatas en defensa de su obediente plumilla, el genio del socialismo que entretiene sus ocios en el Parlamento Europeo, Elena Valenciano, coincidía con el sucio espíritu de Peridis y se deshacía en elogios: Del maestro #Peridis. Inteligente, agudo y -sobre todo- humano. #Barcelona #LoqueNosUne y no #LoqueNosSepara #Solidaridad #Unidad.

Que los dioses nos libren de estas lumbreras que ven inteligencia, agudeza y humanidad donde no hay más que estulticia, bastedad e inhumanidad.

¿Se entiende por qué el independentismo catalán es tan fuerte? 

Y más que será.

Un plan para Cataluña

Tal cosa promete el PSOE para el próximo 28 de agosto, festividad de San Agustín de Hipona, el autor de La ciudad de Dios contra los paganos. Ya puede ser bueno un plan para Cataluña que bajo tal advocación amanece.

De antemano debe reconocerse a la iniciativa socialista el valor de procurar una solución dentro del marco institucional de legalidad en el que quiere moverse. No es mucho, pero es infinitamente más que la inoperancia del gobierno durante todos estos años, producida por un complejo de indolencia, incompetencia, indiferencia e ignorancia. A lo que debe añadirse una actitud de desprecio y agresividad.

Admitir que Cataluña es sobre todo un problema español y el principal, como lo fue en su día el País Vasco es un gran avance, aunque parezca mentira. Reconocer, al mismo tiempo que lo de Cataluña, siendo más grave para España que fue lo del País Vasco, no puede resolverse por los procedimientos que allí se emplearon es un avance sobre el avance. Pero no tendrá efectos positivos de no venir coronado el reconocimiento por un plan para Cataluña que no solo acepte el Parlamento español, sino tambien el catalán. Y esto es muy problemático.

El plan ideal, para Palinuro, especie de "programa máximo" de la oposición, sería un referéndum pactado que permitiera aplazar prudencialmente el del 1/10. La garantía habría de contar con el voto favorable cuando menos del PSOE, el PP y Podemos.

Esa posibilidad suena inverosímil en principio porque los mismos proponentes la excluyen al afirmar que su propuesta tiene la finalidad de desconvocar el referéndum del 1/10 al que consideran ilegal. Bien. En sentido estricto, la objeción es a la ilegalidad, no al referéndum en sí mismo. Es decir, efectivamente bien podría el PSOE presentar un plan para Cataluña consistente en desconvocar el referéndum del 1/10, convocándolo para uno o dos meses más tarde como referéndum pactado. Con lo cual ya no sería ilegal, que era el gran obstáculo.

Aun así, es poco probable que el PSOE la formule y el Congreso la apruebe. Por eso, el PSOE se remite a la sabiduría agustiniana y quiere formular un proyecto de convivencia tan sugestivo y prometedor para los indepes catalanes que les haga olvidar su precioso referéndum como si bebieran las aguas del Leteo. Es difícil imaginar qué propuestas puedan los socialistas presentar para que, en el análisis de costes/beneficios de los indepes, los beneficios de aceptar sean superiores a la celebración del referéndum.

En realidad no es difícil; es imposible. Se echa de ver no en el fondo del proyecto de un plan para Cataluña, sino en su forma: como debate y decisión del Congreso español que podría, incluso imponerse (es imaginable) en contra de la voluntad de los diputados indepes. Estos no aceptarán una fórmula impuesta por el Parlamento español (adoptada, además, como resultado de una muy improbable reforma constitucional) y el Parlamento español, probablemente, no aceptará debatir la fórmula de acuerdo catalán en una negociación bipartita de igual a igual.

Así que el plan para Cataluña se antoja poco viable. De momento.

Palinuro en Prada

Grabación de la conferencia de Prada de hoy. Muy animada.

Sentido común y sensatez

Es el lema invariable de Rajoy en lo que le interesa. Los demás son siempre unos insensatos, faltos de sentido común y sobrados de ocurrencias. La sensatez y el sentido común son su patrimonio. Basta con ver la increíble saga de la corrupción bajo su gobierno. Puro sentido común. En donde todos roban, lo sensato es robar. Sensatez y sentido común pide el presidente en Cataluña. Nadie le ha sugerido mentar el socorrido seny con el que es fama se derriten los corazones catalanes. A lo mejor no sabe pronunciarlo.

“Sentido común y sensatez". Los dos pilares sobre los que se alzará la nueva Cataluña española, rescatada de los radicales. Los grandes momentos piden estos sublimes binomios: “Orden y progreso”, “electricidad y soviets”, “Patria o muerte”, “tierra y libertad”. Lo de Rajoy es más burgués, más pantouflard. Nada de aventuras. Su alegato no va solamente contra la independencia de Cataluña (hipótesis que se niega a mencionar, como el nombre de Bárcenas) sino contra la realización del referéndum. 

Referéndum e independencia son momentos distintos. Puede haber referéndum y el resultado ser “no” a la independencia. Por supuesto, desde un punto de vista trascendental, aunque salga “no”, la independencia habrá ganado porque la celebración misma del referéndum es un acto de soberanía y bajo fuego enemigo. Pero habrá salido “no” y se abrirá una nueva incertidumbre en el contexto de unas elecciones.

Por eso, el problema no está en la independencia, sino en el referéndum, en el derecho a decidir o derecho de autodeterminación, sea cual sea el resultado. Eso es lo que Rajoy ha dicho al Rey para tranquilizarlo: que el referéndum no va a celebrarse. No sé si antes o después de que el Monarca perdiera su propia copa en una competición de veleros a manos de un catalán. Un pontífice romano lo interpretaría como un mal augurio. No habrá referéndum porque así lo mandan la sensatez y el sentido común.

En Cataluña el llamado al sentido común se hace pensando en los viejos dorados tiempos de Convergència i Unió, dos fantasmas del pasado. Pero a cambio pueden comprárselo los Comunes, que ya llevan un título medio apropiado. Las recientes declaraciones de Ada Colau negando ser o haber sido nunca independentista han provocado encendidas iras y mucha frustración entre los indepes. Pero hay un punto de ingenuidad o fanatismo en ello. Colau nunca se ha declarado independentista claramente, que yo sepa. El asunto no es nuevo. Otra cosa es que haya jugado a la ambigüedad y su formación, ahora los Comunes, también lo haya hecho o lo haya parecido pues entre ellos hay indepes y no indepes. Colau se cuenta entre los del “no”. Correcto e irreprochable. Está en su derecho.

Pero, ya lo hemos dicho, la cuestión no es la independencia, sino el referéndum, el derecho de autodeterminación. Ese sí es un compromiso expreso de los Comunes y de la alcaldesa. El sentido común que Rajoy quiere de los Comunes es que se opongan a todo referéndum. Dado que, en principio hay dos, el pactado y el no pactado, sería de ley que los Comunes aclararan si apoyan los dos o uno y cuál. Para que no haya ambigüedad. Al fin y el cabo, el lío que tienen montado los de Podemos con Albano Dante Fachín atañe a esta ambigüedad. La dirección nacional quiere que Podem se integre en los Comunes en especial en la cuestión del referéndum. Referéndum sí, pero pactado; no al no pactado. Dante Fachín sostiene que deben apoyarse los dos, ganándose así un furioso rapapolvo de sus instancias superiores, parecido a la “autocrítica” que la jefatura soviética hacía a los disidentes, antes de pasar a métodos más expeditivos. 

Y en el ínterin, la hoja de ruta sigue su marcha en una situación abierta en la que todas las hipótesis son plausibles y nadie sabe qué pueda pasar. En esta situación de calma agosteña, como siempre, el independentismo lleva la iniciativa política y del Estado solo cabe esperar medidas reactivas. ¿Qué haría cualquier estratega ante un enemigo a la defensiva? Obviamente, seguir atacando lo imprescindible y destinar recursos a fortalecer la propia posición, la retaguardia y el apoyo logístico. Aplicarse el viejo proverbio árabe: “primero ata tu camello y luego confía en Alá”. Porque, antes del temido “choque de trenes”, hay una prueba de fuerza de gran importancia mediática y simbólica, el 11 de septiembre. Ahí es donde el independentismo se volcará porque la Diada será la víspera del Referéndum, cuando se vislumbra finalmente la realización del “donec perficiam”.

Así lo viven los dirigentes independentistas y quienes los apoyan, como una ocasión histórica en sus vidas. El discurso del "sentido común y la sensatez” demuestra que el presidente no entiende nada de la situación en que se encuentra. Siendo el encargado, por voluntad propia, de encontrar una solución.

Una real propuesta

Pues señor, estábame el otro día pensando de qué manera podría hacer alguna aportación constructiva y original al actual galimatías patrio y no daba con ninguna. Hasta que me acordé del Rey que, parece, anda a sus asuntos. La Constitución encomienda al Monarca una función de arbitraje y moderación de las instituciones y, pardiez, como están las cosas, no parece descabellado pedir que la ejerza. A ver qué se le ocurre. De hecho, me extraña no leer artículos sesudos sobre la institución de la Corona y la figura del Rey en un momento de aguda crisis constitucional. No deben estar claras las cosas cuando legistas, escribas y otros palmeros no hagan acto de grave presencia.

Directos al grano. Quienes aseguran firmemente respetar y querer a los catalanes, considerarlos nación y miembros voluntarios a la vez de la supernación española, estarán dispuestos a hacerles justicia. Para ello, ¿qué tal si Felipe VI se presenta en la próxima Diada en la ofrenda floral a Rafael Casanova, reconoce la nación catalana y anula los Decretos de Nueva Planta?

Resulta estrambótico, ¿verdad? Pero a los políticos, dirigentes y estadistas no se los puede medir por las pautas y usos de los probos y diligentes funcionarios del mero sentido común y la rutina (aunque casi todos ellos se limiten a eso) sino por decisiones audaces, de gran alcance, por actos simbólicos que cambian la forma de vida de la gente y dejan huella. Felipe VI arrastra un problema originario de legitimidad. A falta de someter su trono a referéndum, que sería lo más acorde con el espíritu de los tiempos, cuando menos podría tener el gesto de reparar una injusticia histórica con los catalanes (y, por supuesto, països catalans) y devolverles sus libertades, prometiendo, además un Estado compuesto con una monarquía bicéfala, como los Austrias. Si le sale, le sale.

De inmediato se recordará al Rey que entre sus inexistentes atribuciones tampoco está la de dejar sin efecto la Constitución española en una ofrenda floral. Y mira que no es mala idea por tratarse de una Constitución que nunca ha sido tal, sino un instrumento primero de dos partidos y, luego, solo de uno.

Para no frustrar la regia y humana voluntad de pedir perdón por la injusticia de hace 300 años (nacimiento verdadero de la “nación española” a sangre y fuego), el Parlamento, en debate plenario, quizá a petición de los indepes catalanes, podría autorizar al Rey a ese acto de reparación histórica. 

Con esto no se quiere decir que los republicanos fuéramos menos republicanos ni los independentistas menos independentistas, pero sí que ofreceríamos al adversario juego limpio en un referéndum sobre la República en toda España y en Cataluña, además, sobre la independencia. La idea es estupenda y solo me protege de las críticas por dar ideas al adversario el hecho de que este es tan cerrado de mollera que algo así no se le pasa por su colectiva y huera cabeza.

La imagen es una foto de la Cancillería del Ecuador bajo licencia CC

La bolsa o la patria

El gobierno solo gobierna para (contra) el independentismo. Bueno, y también para sobrevivir procesalmente. Pero eso es ahora menos importante. La nueva política, la policy en el sentido inglés, que recuerda más a la policía de la llamada Ciencia de la policía del reino de los clásicos, apunta directamente al bolsillo de los precitos catalanistas. Colectiva y preventivamente a base de dejarlos sin dinero cuando se apresten a cometer alguna fechoría o personalmente cuando la hayan cometido, a base de confiscar sus patrimonios, de ellos y de sus familias.

De hecho, esta medida de política pública, como la llaman los especialistas, al abreviar a una semana los plazos de rendición de informes presupuestarios de la Generalitat, equivale a una intervención, una forma de aplicación subrepticia del 155. En el doble sentido financiero y político que, evidentemente, depende del primero. Se trata de una decisión de asfixiar a un órgano legal autonómico democráticamente constituido para que no pueda aplicar el programa que se le ha encomendado. Es una médida típica de burócrata, de astuto leguleyo, experto en lances sobre si las subvenciones son finalistas, graciables, discrecionales, etc. Hasta es posible que sea legal. Eso se dilucidará en la correspondiente batalla jurídica en puertas y que, probablemente, perderá la Generalitat si no es de una forma, de otra.

Pero políticamente es un dislate. Deja a las autoridades autonómicas en pleno uso de sus competencias pero les imposibilita la acción. Es decir, les facilita un discurso de persecución y martirio que tiene mucha fuerza movilizadora social. Esta puede convertirse en indignación generalizada si las restricciones financieras se hacen sentir en la vida cotidiana. Y acelerar el proceso de confrontacion si, a la vista de la asfixia del gobierno, el Parlament declara una DUI o si, las medidas incendian la calle, cosa nada absurda, vistos como están los ánimos. El País vaticina, encuesta en ristre, que el apoyo popular al independentismo sigue bajando. Aguante el diario un tanto el aliento y observe cuánta gente saldrá a la calle en la próxima Diada, preludio del referéndum que, a lo mejor, no puede realizarse por impedirlo el gobierno por la fuerza. Los avatares judiciales de las autoridades catalanas que puedan seguirse de esta confusa dinámica, añadirán más leña al fuego que para entonces ya será una hoguera en la que arderá el escaso prestigio de España como Estado de derecho, respetuoso con los de sus ciudadanos, sean de la nación que sean..

El PSOE/PSC muestra sus reservas respecto a la política de la caja aunque, como de costumbre, no propone gran cosa a cambio. Al menos, podía entender que respaldar al PP en la mano dura con el referéndum y coadyuvar a impedirlo solo deja como solución una elecciones autonómicas adelantadas en un clima de mucha conflictividad cuyo resultado puede ser aun peor para sus propósitos (sin duda muy nobles e hispánicos)  que el de un referéndum. ¿Qué haría el gobierno central con una mayoría absoluta independentista renovada, incluso ampliada?¿Intervenir de nuevo? ¿Disolver? ¿Convocar elecciones una y otra vez hasta que estos catalanes tozudamente alzados voten correctamente?

Porque supongo que a nadie se le habrá pasado por la cabeza no solamente impedir el referéndum, sino suspender las elecciones. Supongo.

El desconcierto

Menos mal que esto del referéndum catalán (el llamado desafío independentista de la prensa, dada a titulares fuertes) era un asunto que no interesaba a nadie y del que nadie se preocupaba, salvo dos o tres agoreros; menos mal que era la periódica pataleta victimista de los catalanes, siempre tratando de rebañar para casa; que era un asunto de cuatro corruptos del clan Pujol para tapar sus vergüenzas; una pelea interna entre los partidos nacionalistas por la hegemonía; una especie de chantaje de las elites nacionalistas; algo de iluminados y minorías radicales que se disolvería en el seny. Menos mal que no iba a ninguna parte, estaba condenado al fracaso y no merecía la atención de las personas sensatas.

Sí, menos mal, porque si llega a estar presente y hacerse ver en la vida pública española la monopolizaría al extremo de que no se hablaría de otra cosa. 

En realidad, más o menos, así ha acabado sucediendo. El desafío ha trastornado el conjunto del sistema político, tiene al gobierno paralizado y a los partidos, singularmente los de la izquierda, sumidos en el desconcierto y en crisis. La fractura que hay en Podemos entre el partido español y su pseudópodo catalán, Podem, es una manifestación más de cómo el referéndum divide a la izquierda española, entendiendo por tal también el conglomerado de los comuns.

Por el momento y a reserva de que la nueva mediación de Sánchez dé algún resultado tangible, tenemos un gobierno inmóvil, comprometido a evitar la celebración del referéndum, pero sin explicar qué medidas tomará y con qué medios. Frente a él una Generalitat, tozudamente alzada, dispuesta a realizar el referéndum el 1º de octubre, a darle carácter vinculante y actuar en consecuencia.

Con el "no" descontado del gobierno y a reserva, insisto, de que la intervención de Sánchez dé algún resultado, son dos las posibilidades: a) el referéndum no se celebra porque el gobierno central lo impide por la fuerza; b) el referéndum se celebra en condiciones similares a las del 9N y el gobierno se apresura a declarar que el resultado carece de eficacia jurídica.

En cualquiera de los dos casos, las consecuencias van a agravar y prolongar el conflicto. Este es el principal motivo por el que lo más razonable es permitir y organizar la celebración de ese referéndum. Porque no hay otra propuesta mejor. 

Arreglando el mundo

Los convoca Vocentro a una mesa redonda para recordar las elecciones de 1977, 40 aniversario, y se pasan el rato hablando de Cataluña y lo que la prensa llama "el desafío independentista". Qué afortunados los españoles de haber tenido a estos tres linces de presidentes. Linces lentos. Hace cinco años ninguno creía que el ascenso del independentismo catalán fuera asunto relevante en la política española. Rajoy calificaba las Diadas de asistencia millonaria de algarabías. Y ahora es de lo único de que hablan. En contra, naturalmente. Con lo que les gusta rememorar las elecciones del 1977 y los gloriosos momentos posteriores. Pues nada, a darle a la matraca del independentismo, según expresión castiza de la vicepresidenta a quien no hacen caso ni los suyos.

Los dos socialistas se enredan en difusos arbitrismos que se condensan en la vaga propuesta de la reforma constitucional. Piensan que el mero hecho de que los amos del cotarro admitan que cabe reformarlo debe ser suficiente para que los indepes se den por satisfechos y depongan su ilegal actitud. Luego ya se verá qué y cómo se reforma. Un federalismo por aquí, una vuelta al Estatuto de 2006, previo al cepillado de Guerra y el emasculado del TC y tan contentos. Zapatero se lía de tal modo que no hay modo de saber si se refiere a los españoles o a nuestros hermanos del otro hemisferio. Y González, más dado a lo especulativo, se maravilla de que nadie dude de la identidad de Cataluña pero sí de la identidad de España. ¿A qué creerá que pueda deberse tan sorprendente circunstancia? No está muy seguro pero afirma que no hay un problema de España-Cataluña, sino uno de Cataluña consigo misma.

Y dos huevos duros más, por supuesto, a cargo de Aznar, con ese estilo de la frontera que le caracteriza. No solamente no hay un problema entre España y Cataluña sino que "antes de romperse España, se romperá Cataluña", lo cual hace patente la lógica patafísica de la derecha. Porque, si Cataluña es España sin sombra de duda, ¿cómo puede romperse Cataluña sin que, por eso mismo, se rompa España? Pues muy sencillo: porque, en el fondo, no creen que Cataluña sea España.

Sí, es un problema de Cataluña con España porque es un problema de España consigo misma.

Mientras tanto, Cospedal tiene ya presto el ademán y la orden por si las fuerzas armadas han de intervenir en defensa de la Constitución, bárbaramente atacada por unas urnas.

En el frente judicial, el Tribunal Constitucional ha anulado la disposición de que la Generalitat habilite créditos para el referéndum. El País lo celebra con alborozo: Puigdemont se queda sin dinero para el referéndum. Me da que estos independentistas hacen una emisión de bonos de la independencia, reembolsables con intereses por el futuro Estado catalán. Sería una forma contundente de comprobar la solidez del apoyo social al independentismo.

Auto de terminación

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat que no puede llamarse "Auto de terminació" porque el catalán no admite ese juego de palabras, como sí lo permite el castellano.

La idea es clara y no requiere mayor comentario: la Ley de Autodeterminación de Cataluña es, en realidad, un auto de terminación de este conflicto que nunca debió haberse producido.

A continuación, la versión castellana:

Auto de terminación.

El proyecto de ley presentado por el Govern en el Parlamento y explicado luego por el presidente Puigdemont es un paso decisivo en el proceso catalán. Será aprobado en agosto y vendrá acompañado de una ley de transitoriedad que, paradójicamente, vendrá a poner fin a una situación transitoria que ya se prolonga demasiado tiempo.

Demasiado tiempo hablando del “derecho a decidir”, eufemismo para no herir susceptibilidades unionistas (siempre a flor de piel) para acabar por donde habría que haber empezado: proclamando el derecho de autodeterminación de los catalanes, como nación que son. Y eso, diga lo que diga el Tribunal Constitucional español (TCE), que no es tribunal ni constitucional sino solo un órgano político y represivo más del Estado y cuya competencia para determinar si una colectividad es una nación o no es inexistente.

El proyecto de Ley de Autodeterminación de Cataluña, en realidad, incorpora una especie de auto de terminación porque viene a poner fin a un conflicto cuyos rasgos pueden resumirse en tres momentos: a) el pasado, desde los orígenes hasta la inepta sentencia del TCE de 2010; b) el presente, el auge del independentismo en el último decenio provocado por la creciente convicción de que no hay posible encaje de Cataluña en el Estado, salvo que acepte su desaparición como nación; c) el futuro, cuando los catalanes, habiendo tomado la iniciativa, deciden constituirse como Estado, ignorando los obstáculos que opone el español, deslegitimado, corrupto, autoritario, fracasado e incapaz de encontrar una solución democrática y satisfactoria al conflicto.

Por eso, el proyecto de Ley de Autodeterminación es, además, un auto de terminación de una situación absurda e insostenible. Un gobierno y un partido corruptos, infestados de ladrones, reaccionarios, clasistas y meapilas, capitaneados por el responsable político (y, en buena medida también penal) del desaguisado carece de toda autoridad moral para imponer el cumplimiento de la ley que ellos mismos violan cuando les interesa. Un gobierno y un partido que han arruinado el país, esquilmando a los pensionistas en favor de los banqueros, pretenden ahora que los catalanes acepten resignadamente el saqueo de que son objeto, renuncien a sus derechos y se sometan a la tutela de una clase política española neofranquista, tan estúpida y centralista como inmoral.

Para ello cuenta con la ayuda del principal partido de la oposición, el PSOE, cuyo nacionalismo español es tan de cuarto de banderas y tan ignorantemente imperial como el de las derechas. Sánchez, la fracasada esperanza de un punto de vista nuevo en este conflicto, sale de su entrevista-pleitesía con el Borbón diciendo que lo nota “muy preocupado con Cataluña”. Va a resultar que el que parecía tonto lo es mucho menos que sus cortesanos. ¿O es que a Sánchez no le preocupa Cataluña y cree que Felipe VI exagera?

Por si acaso, la ministra Secretaria General del Movimiento pepero traduce a términos castrenses las sordas amenazas a los catalanes que soltó el otro día el Borbón, tras reconocer que el régimen al que él debe el trono era una dictadura. Una dictadura sobre la que, según sus propias palabras, no podía construirse porvenir alguno de España, por ejemplo, su trono, sostenido sobre más de cien mil fosas anónimas con otros tantos asesinados por el dictador que nombró rey a su padre, como podía haberlo nombrado chambelán de retretes. Recuerda la ministra Cospedal lo innecesario: que la última ratio de esta banda de presuntos delincuentes que ha destrozado España es el ejército, un ejército que lleva trescientos años sin ganar una guerra internacional y las únicas que ha ganado han sido civiles, contra su propio pueblo y si no estaba bien armado.

Tal es la legitimidad y autoridad de la monarquía española sostenida por una oligarquía tradicional nacionalcatólica y corrupta, con el apoyo de una izquierda sumisa, sin proyecto propio, asustada ante las sempiternas baladronadas de una derecha que monopoliza el nombre de un país que nunca tuvo clara su viabilidad pero al que ella, heredera de Franco y el propio Franco, han destruido para siempre.

Así que el proyecto de Ley de Autodeterminación de Cataluña es, también, el auto de terminación de una nación que ya se ha convencido de que no tiene posibilidades dentro del Estado español.

Otro día hablaremos de las ridículas jeremiadas de la prensa madrileña sobre si el proyecto catalán tiene más o menos garantías, prevé unas u otras mayorías o minorías, porcentajes de participación, etc. Tuvieron todo el tiempo del mundo para negociar los términos de la consulta y, en su típica soberbia de señoritos se negaron a hacerlo. ¿De qué se quejan ahora?

El coste del "no" al referéndum

Según parece la primera propuesta de Carles Puigdemont de celebrar una sesión de debate en el Congreso sobre el referéndum ha quedado reducida a una moción presentada ayer por el PDeCat de que la Cámara admita la consulta. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ya había advertido que el Parlamento no es lugar de conferencias y que, si Puigdemont presentaba la propuesta referendaria, la Cámara votaría. Votaría que no, innecesario recordarlo. El presidente de la Generalitat renunció a su comparecencia.

De una u otra forma, las dos cámaras parlamentarias españolas se han negado a escuchar las razones y propósitos del independentismo catalán. Hoy, además, el Congreso votará "no" por apabullante mayoría de más del 72 por ciento, aduciendo que el referéndum no busca diálogo sino fractura. 

Para diálogo, el que ha ofrecido el gobierno del PP en estos años: ninguno. Rajoy se ha visto varias veces con Mas primero y Puigdemont después, siempre para decir que "no" a todo. Finalmente abrió un periodo llamado pomposamente de "diálogo", para lo cual, envió a la vicepresidenta a Barcelona como plenipotenciaria para gestionar eso, un "diálogo". La gestión duró un par de meses y terminó con una sentencia de Sáenz de Santamaría de alto contenido teórico y doctrinal: no se puede estar tantos años con la matraca independentista. Basta de este rollo. El independentismo es una matraca y un rollo. Toma diálogo.

En cuanto a la fractura conviene recordar lo que es ya saber popular. Cada vez que hablan Rajoy o Sáenz de Santamaría sobre Cataluña hay mil independentistas más. Y no hablemos de un obstinado separador como García Margallo. Con él caen diez mil, como la Anábasis. 

El "no" del Parlamento afronta el escenario del "choque de trenes", esto es, una escalada del conflicto. Sin que nadie sepa qué dimensiones vaya este a tomar. El Estado, en principio, puede impedir la celebración del referéndum, pero tendrá que calibrar a qué coste y este es muy dificil de determinar porque a su vez depende de un imponderable: la voluntad política de la Generalitat de cumplir su mandato y el apoyo popular con que cuente en caso de represión. En los conflictos, al igual que en las guerras, se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. 

Y, en cualquier caso, impedir la celebración del referéndum abrirá un periodo indeterminado de ingobernabilidad en Cataluña y en España. Probablemente como lo haría su celebración. Pero en este caso el culpable no sería el sector negacionista.

Lo que chirría en la posición del Parlamento es el cierre de filas del PSOE con la derecha. El discurso del interés de Estado (tan caro a la derecha socialista) no obliga a que ese Estado haya de ser el de la oligarquía nacionalcatólica y ahora neoliberal. Los socialistas están obligados a dar carta de naturaleza a la cuestión catalana y hacer propuestas distintas de la derecha, consistente en mantener el estatu quo del agravio comparativo de Cataluña hasta el fin de los tiempos.

El PSOE trae en la mochila la famosa reforma federal de la Constitución. Probablemente es tarde, suena inverosímil y casi como un pretexto. Y lo es. Agárrese pues a él para marcar distancias con las medidas represivas del PP. El PSOE no puede aparecer como cómplice de unas soluciones autoritarias a problemas en cuya génesis no participó; al menos, no directamente. Por lo demás, la propuesta federal es irremediablemente extemporánea, dado que requiere un prolongado trámite de reforma, siendo así que en tres meses es obligado afrontar una situación de grave conflicto.

En verdad no se entiende por qué el PSOE no apoya la realización de un referéndum pactado, como hace Podemos. Teniendo además en cuenta que frustrar el deseo del 80 por ciento de la población catalana solo aumentará el respaldo al independentismo.   

Hoy, Palinuro en Manresa

A las siete de la tarda, en la Plana de l'Om, en Manresa, mantendrá Palinuro un coloquio con Jordi Domingo, portavoz de Constituïm, esos que andan por los malos pasos de buscar una Constitución republicana para Cataluña. Pinta bien la trobada y saldrán sin duda muchas cosas de interés acerca de garantías de derechos, participación ciudadana, transparencia, representatividad, etc. Lo he hablado alguna vez con Domingo: para mí, la mejor Constitución es la de los EEUU por su sencillez, brevedad, flexibilidad y eficacia. Principios, líneas generales, declaraciones y el resto, a desarrollo legislativo posterior. Pero también es comprensible que los ánimos puntillosos quieran blindar en la Constitución la mayor cantidad de supuestos particulares que se pueda. Aunque suela ser contraproducente.

El diálogo será interesante, seguro, porque, además, está moderado por Gonçal Mazcuñán, competente periodista, de los que se trabajan los temas para explicarlos.

Allí nos vemos.

Recuerdo de la Argentina

Parece absurdo obstinarse en tratar la acción independentista, el "proceso", como un asunto de orden público, cosa de policía y tribunales, inhabilitaciones y procesamientos, y no como una crisis política constitucional del Estado que requiere soluciones políticas negociadas y pactadas, cual corresponde a la civilidad de nuestro tiempo. Pero a la vista está. Frente a la movilización permanente de la sociedad catalana dirigida por la Generalitat en la hoja de ruta, el Estado español sigue sin dar señales de vida salvo en los preparativos para coartar la acción del independentismo a través de los tribunales. Es decir, los preparativos de la acción represiva

Esa actitud puede provocar una escalada que encone el conflicto, según la que a su vez adopten las autoridades de la Generalitat en la vía de desobediencia al Estado. La movilización masiva en apoyo al gobierno catalán trata de legitimar la opción del referéndum tanto en Cataluña como en España y fuera de España. Tiene un valor testimonial. Pero el Estado no puede ignorar que es un testimonio de millones de personas, que su política de negación al diálogo y al referéndum frustra las esperanzas de cerca del 80 por ciento de los catalanes.

Y, sin embargo, lo ignora. Ostensiblemente. Lo de Cataluña es una "algarabía", según Rajoy. Una conspiración con ayuda de corruptos. Una extralimitación de funciones de la Generalitat que tendrá condigno castigo. Ahí es donde la derecha quiere llegar, a la confrontación, en la esperanza de que una crisis de tal magnitud tape el cenagal de corrupción en que chapotea. Cambiando lo que haya que cambiar, que no es mucho, esta actitud recuerda la del general Leopoldo Galtieri, uno de los sucesivos dictadores militares de los años 70 y 80 en la Argentina, cuando, para desviar la atención de la corrupción e ineptitud de su gobierno, invadió las Malvinas. A lo mejor se refería a esta similitud Guardiola cuando pedía ayuda frente a un Estado autoritario.  

Por eso no hay posibilidad de solución pactada. Al gobierno no le interesa; solo le interesa invadir las Malvinas catalanas para pasar de la página de tribunales a la de gestas por la gloria de la Patria. 

Escuchar a los catalanes

Es lo menos que puede hacerse, pensaría cualquier persona con algún conocimiento de gentes y cierta educación. Pero eso, en España, no se estila. No lo hace esta derecha hirsuta y montaraz, directa heredera de Franco ni lo hace el PSOE que, como siempre, admite su subalternidad ante la derecha y acepta sus planteamientos autoritarios, impositivos y su comportamiento corrupto y delictivo porque tiene miedo de que se le pueda acusar de querer "romper España". Es una típica proyección de los neofranquistas y sus aliados del PSOE que son quienes verdaderamente han roto el país. Eso cuando no coinciden con sus aliados en su estúpida convicción de que los catalanes han de ser españoles, quieran o no, pero, luego, no están dispuestos a respetar sus derechos y sí a tratarlos como delincuentes.

Esto no tiene arreglo. A continuación, la versión castellana del artículo.

Escuchar a los catalanes

Realmente, ¿cómo iba a haber diálogo cuando una de las partes no parece estar enteramente en sus cabales? El contundente juicio de Sáenz de Santamaría sobre las auténticas intenciones de Puigdemont roza el delirio, es casi una declaración patafísica, dadaísta: Puigdemont quiere hacer un referéndum para no escuchar a la población.  Desde luego, el diálogo era imposible.

Y esa imposibilidad viene apuntalada por el respaldo manifiesto de Pedro Sánchez a la línea del “no” del PP, formándose así ya de hecho una “unión sagrada” de los tres partidos dinásticos, PP, PSOE y C’S. Frente al independentismo catalán que es, además, republicano. Es también una “unión dinástica”.

Tan fuerte que permite a la vicepresidenta seguir haciendo gala de su sentido de la lógica, cuando sostiene que el referéndum es ilegal pero invita a Puigdemont a defenderlo en el Parlamento; es decir, lo invita a defender una ilegalidad. Como cuando el emperador convocó a Lutero a la Dieta de Worms para que abjurara de sus tesis. Lutero no abjuró y Puigdemont no compareció.

La cumbre del referéndum no tiene otra opción que convocarlo con fecha y pregunta. A partir de aquí empieza la cuenta atrás del juego de acción-reacción-nueva acción. El Estado estará al acecho para impugnar cualquier acto de la Generalitat, por nimia que sea la causa, si entiende que propicia la realización del referéndum. A su vez esta tendrá que ir poniendo barreras y cortafuegos para avanzar en sus intenciones, descansando en su base popular y la movilización social. Sin pacto por medio, el referéndum se convierte de hecho en otro 9N, pero en condiciones distintas, agravadas.

La cuestión no es hasta dónde está dispuesta la Generalitat a seguir con su hoja de ruta pues está clara: hasta el final, hasta la celebración del referéndum. Antes bien, la cuestión es hasta dónde está dispuesto el Estado (es decir, el gobierno con su mayoritario apoyo parlamentario) a llegar en su política represiva o, como dicen sus aliados socialistas en esta tarea, sus “medidas coercitivas”.

Según se acerca el momento de eso que llaman los medios “el choque de trenes”, surgen vacilaciones, desconciertos, presiones, búsquedas de terceras vías sin mucho crédito ya y hasta bien intencionadas propuestas. Por ejemplo, se dice que la represión del referéndum se mantendrá hasta que el bloque independentista desista en su actitud con el menor descalabro posible y convoque elecciones autonómicas ordinarias que, se espera, traerán una composición distinta del Parlamento.

La opción de elecciones autonómicas es tan válida como otra cualquiera y, de verse en la necesidad por causa de fuerza mayor sin duda los partidos independentistas estarán preparados. Es una vía que tienen abierta y a la que pueden dar el valor simbólico que quieran. Pero no es eso lo que pretenden y, al mismo tiempo, temen que una nueva consulta electoral por imposibilidad de culminar la hoja de ruta desmovilizará un porcentaje del electorado independentista.

Por ello, a la vista del bloqueo sistemático de todas las iniciativas de la Generalitat, la mayoría independentista del Parlamento puede acudir a otra vía posible, la declaración parlamentaria unilateral de independencia (DUI). La unión sagrada española de los tres partidos habrá previsto que, al negar toda posibilidad de diálogo, esta opción se hace verosímil.

De adoptarse, se generarían dos reacciones paralelas: de un lado, una intensificación de la acción represiva del Estado, por medios excepcionales, incluida la intervención de hecho de la Generalitat y una previsible escalada de inestabilidad que no beneficiará a nadie y servirá como trasfondo de la otra reacción, la de una internacionalización del problema, pues la Generalitat la llevaría a la Corte Internacional de Justicia, argumentando el precedente de la opinión consultiva sobre Kosovo.

No está claro que prosperara pero la internacionalización sería un hecho, con el agravante de una situación interior de excepcionalidad. Justo los elementos que invitarán ofertas de mediación extranjera todas las cuales, obviamente, comenzarán por recomendar un referéndum.

Un pequeño detalle

La información, destacada en primera de El País (señal del susto que lleva en el cuerpo) es correctísima. Da cuenta de la decisión de Puigdemont de convocar una cumbre de fuerzas independentistas para fijar fecha y pregunta del referéndum. Informa de los asistentes: PdeCat, ERC, CUP. Catalunya en Comú (Ada Colau) se abstiene y Podem asistirá como "libre oyente". Los reparos de esta izquierda al llamado independentista apuntan en la dirección de estar buscando alguna forma de tercera vía, idea que ha comenzado a acariciar El País al comprender que la ignorancia, la falsedad y la manipulacion no compensan. Pero, en todo caso, una información correctísima.

Con un pequeño matiz, un detalle casi nimio. Sostiene el diario que la cumbre se reúne para acordar fecha y pregunta del referéndum separatista. Ahí ya el periodismo se troca fábula y ficción. El referéndum que la Generalitat quiere convocar (tras haber intentado inútilmente pactarlo con el Estado) es consultivo y vinculante. Si es separatista o unionista lo decidirán los votantes. Salvo que se diga que es separatista por convocarse por separado. Pero no parece ser el caso, pues bastaría con llamarlo ilegal. Separatista prejuzga el resultado.

La suposición de que un referéndum en Cataluña tiene que ser separatista da una idea de la fe, la confianza que los nacionalistas españoles tienen en su propia nación. Algo lógico a la vista de cómo la tratan.  

¡Ah! Pero ¿había una "crisis"? ¿No era una "algarabía"?

Rajoy no solo ha gestionado mal la “crisis catalana”. Lo ha gestionado mal todo. Se ha cargado el Estado de derecho, no ha conseguido sacar al país de la crisis, habiéndolo arruinado con unas arcas vacías (sobre todo, el fondo de pensiones) y una deuda pública galopante, ni siquiera ha conseguido reducir el déficit a lo que se le exige. En seis años no ha conseguido hacer lo que el gobierno portugués de izquierda ha hecho en dos. Un completo inútil y una desgracia para el país. Y más desgracia que el país se dé cuenta ahora. Lo único que este prodigioso incompetente sabe hacer es amparar a los corruptos y conseguir que la banda de ladrones que capitanea haya expoliado el país.

En lo tocante a Cataluña, la incompetencia tiene rasgos casi delictivos. Desde la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2010, el independentismo catalán pasó de ser una reivindicación de partido a serlo social, nacional, transversal. Y, desde entonces ha llevado la iniciativa en procura de su objetivo de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Durante esos años, el gobierno presidido por esta nulidad no ha hecho nada por dialogar o negociar con los independentistas, se ha cerrado en banda, ha despachado con cajas destempladas a dos presidentes de la Generalitat que venían a exponer sus demandas y ha dado orden a su frente mediático de que ataque sin cuartel al independentismo, al tiempo que, al parecer, también se le hace la guerra sucia.

Hasta los de su cuerda, los empresarios catalanes, le instan a negociar y llegar a alguna solución política. El olmo y las peras. El mismo presidente reconoce que no tiene propuesta alguna, que no se le ocurre nada, vaya. Y eso que asegura encontrarse en el mejor momento de su vida. Se le nota cuando se pone apocalíptico previendo desastres sin cuento con la independencia de Cataluña. Lo único que se le ocurre es meter miedo o, mejor dicho, exteriorizar su propio miedo.

La cuestión no es qué cabe esperar del gobierno. Ya se sabe: nada. La confrontación y a ciegas. Es qué cabe esperar de la oposición: si va a cerrar filas tras el gobierno en combate o va a presentar alguna propuesta de negociación.

Ayer, Palinuro, extralimitándose, presentaba una. Ni él mismo se fía de ella. La intención era simplemente decir que hay que dialogar, que no se puede aceptar la decisión de este gobierno de cerrarse al diálogo.

En una democracia no es admisible impedir el diálogo y, si esto sucede, los independentistas se sentirán legitimados para proclamar una DUI, una Declaración Unilateral de Independencia en el Parlamento. Y a ver qué hace el gobierno.

Cerrar antes de abrir

Cuando Rajoy “da por cerrada la vía de diálogo con la Generalitat” está haciendo un ejercicio de posverdad. Algo inherente a su partido y que consiste en negar la evidencia con todo aplomo o directamente inventarse la realidad. “El PP es el partido de los trabajadores”, decía Cospedal. Posverdad. “El PP es el partido que más ha luchado contra la corrupción”, según Rajoy. Posverdad. “No he cumplido mi palabra, pero he cumplido mi deber”. Posverdad de la que se sigue que el deber de este hombre es no cumplir su palabra.

¿Hay algo más posverdadero que dar por cerrada una vía de diálogo que no existe? Ciertamente, hace unos meses, el presidente del gobierno, en un gesto de magnanimidad unilateral decidió adoptar una política de diálogo con la Generalitat. Despachó a la vicepresidenta a Barcelona, le puso allí un despacho desde el cual aquella empezó a ejercer a modo de virreina. Y ahí acabó la política del diálogo, en un único encuentro entre Sáenz de Santamaría y Junqueras para comprobar que no tenían nada de qué dialogar. El referéndum no lo permite. El diálogo no arrancó, pero el gobierno ya lo da por cerrado.

Es un momento de suspense, los dos contendientes en mitad de la calle desierta, mirándose a los ojos bajo un sol cegador, a ver quién hace el primer movimiento. De ambos lados llegan voces. Del lado del gobierno se lanzan admoniciones y amenazas y la inevitable Cospedal, ministra de Defensa, habla ya en términos castrenses de intervención militar. Califican de intento de golpe de Estado el referéndum. Del lado de la Generalitat se escucha a la CUP y la ANC, así como otras asociaciones de la sociedad civil, reclamando fecha para la celebración del referéndum.

El escenario es de confrontación. Y de mala perspectiva porque ninguna de las partes puede echarse para atrás. Sin embargo, una cosa está clara: la represión no es una solución. Un Estado de derecho no puede sobrevivir sojuzgando a una minoría nacional. La traslación de la experiencia del País Vasco a Cataluña, esto es, la idea de que es posible domeñar una reivindicación independentista tratándola como una cuestión de orden y seguridad pública, es un grave error. En el PV había un problema de terrorismo. En Cataluña hay una amplia movilización social democrática y pacífica.

La represión no solo no es justa; tampoco práctica. El Estado puede suspender la autonomía catalana pero en algún momento tendrá que restablecerla; puede inhabilitar a la actual clase política independentista, pero no impedir que se reproduzca mediante elecciones. El gobierno sostiene que va a dar la batalla a la Generalitat en defensa de la mayoría de los catalanes a la que se está engañando. ¿Cómo saber si esto es así? Por supuesto, haciendo un referéndum. Justo lo que, encuesta tras encuesta, reclama entre el 70 y el 80 por ciento del electorado catalán: hacer un referéndum para ver qué quieren los catalanes. El gobierno no tiene más que investigar. Lo que quiere la mayoría de los catalanes es un referéndum.

Si la represión no es la solución, ¿cuál es? Sentarse y negociar. Negociar, ¿qué? Por supuesto, todo. Eso de que hay algo innegociable (la soberanía del pueblo español) que va repitiendo por ahí Rajoy como una carraca es otra posverdad. ¿Por qué es innegociable? Porque lo dice la Constitución. Y la Constitución, ¿qué es? Una ley (y muy reciente, por cierto) que, como todas las leyes se puede cambiar. En realidad, las leyes no hacen más que cambiar y no solo las humanas, también las naturales y hasta las divinas. Porque todas las leyes se hicieron para los seres humanos y no al revés.

Que en un Estado democrático de derecho haya algo de lo que no se puede hablar es inadmisible. Porque quien impide que se hable, impone su opinión como infalible, la fija como verdad incuestionable. Si alguien la cuestiona, se le reprime pues estamos en la época de la posverdad, de la represión.

Es una perspectiva poco halagüeña y resulta comprensible que todos hagan cuanto puedan para evitarla. Todos quizá no. La negativa del gobierno a dialogar apunta a una intención de empeorar la previsión en virtud, quizá, de aquel viejo adagio que suele atribuirse al espíritu revolucionario leninista de “cuanto peor, mejor”.

La cuestión es si los otros partidos españoles aceptan o no uncirse al carro de guerra de la derecha. C’s parece casi destinado pues nació hace una docena de años como partido anticatalanista. Podemos, por el contrario, respalda la celebración de un referéndum pactado y, por tanto, legal y vinculante. Si hay prohibición, legitima un referéndum unilateral, pero solo le da un valor político, no jurídico. La incógnita es el PSOE, que ha cambiado las tornas desde las primarias y cuyo SG, acabado de aterrizar, se encuentra con una línea de apoyo parlamentario al PP sobre la que tendrá que tomar una decisión.

En asuntos tan graves, las decisiones no se improvisan y necesitan tiempo. Por eso Sánchez hará bien en no pronunciarse en uno u otro sentido hasta tener todos los datos, valorar sus posibilidades y formular una propuesta que habrá de someter a consulta a la militancia. Con la marca socialdemócrata. Por eso, así como no ajusta su criterio a las orientaciones de Podemos, tampoco tiene por qué responder a los desafíos gubernativos de que aclare el concepto de “nación de naciones”. Todo a su tiempo.

Para ir haciendo tiempo y entretener a los impacientes, el PSOE puede declarar en el Parlamento que no acepta el cierre de la “vía de diálogo”. Esa decisión es contraria a la función esencial del gobierno que, como toda autoridad pública, debe velar por la paz y el entendimiento entre los ciudadanos y no por la confrontación. Además, es ilegal, pues no media una previa decisión parlamentaria que le inste a hacerlo. No tiene más respaldo que una acción ejecutiva. Pero si el Parlamento rechaza el cierre del diálogo y obliga al gobierno a seguir intentándolo, este tendrá que hacerlo.

Al final, el problema es qué se lleva en concreto a una mesa de negociación, mediando entre dos posiciones antagónicas. Algo en lo que ambas partes estén de acuerdo, habiendo ambas cedido en algo. Como base podría servir la siguiente propuesta: el Estado permite la celebración del referéndum llamándolo “consulta”, “sondeo” o como se quiera, desprovisto de eficacia jurídica pero con una eficacia informativa que conlleva una obligación: el Estado se compromete a abrir un proceso de reforma constitucional en un órgano ad hoc, una Convención, por ejemplo, con una composición que haga justicia a la reivindicación independentista. Sea cual sea el resultado de la Convención, se someterá a referéndum por comunidades autónomas, una de cuyas opciones habrá de ser la independencia.

La que ha liado Sánchez

El título no es un error. Es Sánchez, no Puigdemont, que lleva bastante tiempo liándola. Es Sánchez el que la ha liado ahora siendo elegido SG contra Susana Díaz y el pronóstico de la autoridad. Esa decisión de la militancia ha trastocado los planes del frente nacional español PP-PSOE, que lleva gestándose desde la Ley de Seguridad Nacional, aprobada con los votos de ambos partidos dinásticos en septiembre de 2015. 

Esa alianza patriótica funciona soterradamente desde entonces y está en la base del golpe de mano del 1º de octubre. Existiendo la sospecha de que Sánchez estuviera tramando alguna forma de alianza con Podemos y los indepes, el frente nacional  da un golpe preventivo. Y del que parece tenía informado a Rajoy. El entendimiento de este con Rubalcaba fue siempre patente en asuntos que ambos gustaban llamar "de Estado" y quería decir Cataluña. 

La gestora del golpe sería Díaz y con esta rotundamente opuesta a Podemos y los indepes, quedaría armado el triángulo poderoso del nacionalismo español. Con un respaldo de tres cuartas partes de la Cámara, se encontraría una solución al contencioso catalán por las buenas o por las malas.

El resultado de las primarias ha dinamitado ese plan. Los ha descolocado y han recurrido a palabras mayores. El famoso editorial de combate de El País, El Brexit del PSOE, pone a Sánchez de chupa de dómine y habla de "demagogia, medias o falsas verdades (sic) y promesas de imposible cumplimiento" y se queja luego donde le duele: "En un momento en el que España enfrenta un grave problema territorial en Cataluña, era más necesario que nunca que el PSOE se configurase como un partido estable y capaz de suscitar amplios apoyos." O sea, la gran coalición, el gobierno de unión nacional.

A su vez, Rajoy también pierde los nervios y se pone a presumir de demócrata y adalid del Estado de derecho, acusando a los indepes de pretender un golpe de Estado. Su propuesta, dice, es liquidar la Constitución, lo nunca visto, lo que solo sucede en las peores dictaduras, cosa que él sabe de buena tinta porque su partido lo fundó un ministro de una de esas dictaduras. Todos cometemos pecadillos en nuestra juventud, pero es que este los comete ahora en edad provecta al gobernar conculcando sistemáticamente todos los fundamentos del Estado de derecho. Más o menos, lo que deja entrever el "todo" a que dice el gobierno estar dispuesto. 

Y encima, viene Sánchez a proclamar en el congreso la fórmula de "nación de naciones". Que no está mal, es bienintencionado, pero ya lo suficiente para que al frente nacional le dé un ataque. Y con escaso atractivo en el otro lado, que pide algo más concreto y tangible, un referéndum. La fórmula es, además, autodestructiva. Si no he entendido mal, se concibe España como "nación de naciones"... culturales. Una nación política compuesta por naciones culturales. Y ¿por qué no asimismo políticas? ¿Por qué la nación España, cuya idea cultural es problemática, sí, y la nación catalana, cuya identidad cultural es patente, no?

Si se quiere aportar algo con intención de desbloquear la situación, la nación de naciones tiene que ser de naciones políticas en igualdad de derechos con proporcionalidad negociable y todo ello a partir de un referéndum pactado vinculante. 

Cincuenta años

Que "el gobierno esté dispuesto a todo para impedir el referéndum" es noticia cuando menos preocupante. Habrá quien se sienta tranquilizado y quien, con cierta legitimidad procedente de la experiencia, intranquilizado. Ese adjetivo indefinido que también figuraba en las puertas de los cuarteles de la Guardia Civil, en este país permite abrigar negros presagios. Inútil preguntar qué es "todo". Todo es todo. Lo legal y lo ilegal. Por lo demás, el Estado nunca hace nada ilegalmente ya que, mediante el estado de excepción, puede suspender la legalidad con lo que cualquier ilegalidad es legal, excepcionalmente legal.

Esa firme voluntad del Estado de hacerlo "todo" para impedir el referéndum se apoya en la necesidad de evitar una repetición de la consulta del 9N. Y si ahora va a hacerse "todo" para impedirla, ¿por qué no se hizo el 9N? No solo no se impidió sino que hubo burlas sobre ella desde el mismo gobierno, al compararla con una verbena sin consecuencias juridicas, salvo las penales que sí está teniendo. Entonces no se impidió y ahora sí, ¿por qué? La arbitrariedad es uno de los rasgos más irritantes de las tiranías.

Ese puñetazo del todo sobre la mesa parece ser la respuesta del Estado a la proposición de diálogo y pacto sobre el referéndum de los indepes en La Cibeles el lunes. En realidad, ya se anunciaba en los energúmenos que llamaban "hijos de puta" a los catalanes a la entrada y salida del acto, en una muestra más de la hospitalidad de los madileños. Ese "hijos de puta" es el sentido último del "todo". 

También se adelanta a la carta que ayer envió Puigdemont a Rajoy invitándole por enésima vez a negociar un referéndum. El recurso al género epistolar en la era de las TICs tiene un regusto literario. El remitente no se ha puesto plazo límite de espera de respuesta y no lo necesita. Antes de llegar a destino la carta ya tiene respuesta: "no". 

A partir de aquí, es el famoso juego del gallina. Las cuatro opciones son posibles. Se trasluce de una frase del discurso de Puigdemont en la Cibeles: "no hay poder (en el Estado) para detener tanta democracia". A esa frase es a la que contesta la afirmación del gobierno de estar dispuesto a "todo".

La cuestión es si la oposición va a tolerar o apoyar una política de confrontación sin proponer soluciones alternativas que puedan negociarse.