Camino del estado de excepción en Cataluña

El Sobresueldos dice a quienes quieren oírlo –que cada vez son menos, pues es obvio que el hombre no dice una verdad así lo aspen- que el referéndum del 1/10 no va a celebrarse porque es inconstitucional y por lo tanto ilegal. No perderemos tiempo en analizar sus razones porque no merece la pena. Los conceptos de “constitucionalidad” y “legalidad” han quedado fulminados con un gobierno corrupto hasta los calzones, cuyo sentido de la legalidad es como el de la honradez y uno que ha hecho mangas capirotes con el Tribunal Constitucional hasta el punto de convertirlo en una especie de consejillo político de gentes adictas.

Nos dedicaremos mejor a los aspectos prácticos. Exactamente, ¿cómo piensa Rajoy impedir ese referéndum que la Generalitat está empeñada en celebrar y contra el que, en realidad, no tiene razones? ¿A qué medios recurrirá? Según la inteligencia más aguda del gobierno, no se considera conveniente la aplicación del artículo 155 CE. Sáenz de Santamaría pasa por ser esa inteligencia más aguda; imagínese cómo serán las menos agudas, por ejemplo, la de Rafael Hernando.

Además de descartar el empleo del art. 155, tampoco goza de grandes simpatías la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, ese bodrio arbitrario que cocieron en 2014 entre Rajoy y Rubalcaba en contra de los catalanes. El ejecutivo se resiste asimismo a aplicar la legislación de excepción por la mala imagen exterior de España.

Y, si ya no cabe bombardear Barcelona cada cincuenta años (los últimos bombardeos fascistas tuvieron lugar en 1938), ni enviar al ejército, ¿cómo va a impedir el también conocido como “señor de los hilillos” que los catalanes celebren su referéndum? El recurso a la ilegalidad de la guerra sucia tampoco parece dar ya buenos resultados. Se encomendó a la pareja de psicópatas al mando del ministerio del Interior que lo dejaron todo peor que estaba y ha quedado reducido a una comisión de investigación y un documental sobre “las cloacas del Estado” que pone los pelos de punta.

Cabe esperar una reacción típica de este gobierno que ha conseguido ya batir todos los records de corrupción a escala mundial, consistente en su inveterada práctica de decir una cosa y hacer otra, generalmente la contraria. Uno de esos casos es el de las recientes actividades de la Guardia Civil en el Principado que está actuando, según parece, por iniciativa propia, sin respaldo de mandato judicial y siguiendo órdenes de no se sabe quién, aunque se intuya.

Cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actúan por iniciativa propia, sin cobertura de autoridad legítima, se convierten en organizaciones ilegales, de carácter parapolicial y cabe hablar de un estado de excepción más o menos encubierto. La arbitrariedad del poder consiste en ignorar y silenciar las actividades presuntamente ilegales de la Guardia Civil y completar la amenaza de estas con recursos de inconstitucionalidad de carácter preventivo ante un Tribunal Constitucional que opera como un brazo ejecutor de la política del gobierno, ajustando sus tiempos a las necesidades de este.

Parece claro que el gobierno movilizará a sus jueces y tribunales para dar una apariencia de legalidad a lo que no es otra cosa que una imposición arbitraria del poder. En un alarde de modernidad “democrática” esta derecha parece decidida a sustituir a los militares por los jueces y con los mismos fines represivos. Añaden los más viejos del lugar que no conviene confiar en que dicha substitución sea definitiva, salvo que los jueces consigan una “pacificación” de esa díscola población, como la de los militares, cosa poco probable.

Queda claro que el presidente sobresoldado no tiene ni idea de cómo resolver el “problema catalán” y que confía en su habitual recurso de la inacción, en el entendimiento de que si esta no consigue parar la consulta, se echará mano a los demás recursos, empezando por el uso de la fuerza.

De hecho ya se ha comenzado con las actividades de la Guardia Civil sin el correspondiente amparo judicial. Piénsese en qué puede pasar si en el curso de estos interrogatorios a los cargos públicos y funcionarios de la Generalitat, sucede alguna desgracia, prevista o imprevista. Para curarse en salud, la Generalitat ha denunciado en el juzgado a la Guardia Civil, supongo que por extralimitación de funciones y abuso de poder. A su vez, la Guardia Civil ha pedido amparo a los Mossos d’Esquadra frente a la manifa que la CUP tiene anunciada para mañana frente a su casa cuartel.

Está provocándose una situación de enfrentamiento institucional y desbarajuste de gobierno, lo que no es menos alarmante por el hecho de ser lo esperable en unos gobernantes neofranquistas cuyo espíritu democrático es inexistente.

Del otro lado, es llamativo el silencio de la izquierda no independentista, tanto española como catalana. Los Comunes todavía no han encontrado tiempo para condenar la actividad presuntamente ilegal de la Guardia Civil. Y PSOE y Podemos guardan un silencio cómplice frente a las arbitrariedades en Cataluña. Es de recordar aquí el famoso texto erróneamente atribuido a Brecht, siendo de Niemöller, acerca de quién no actúa y se rebela contra las injusticias porque afectan a otros sin darse cuenta de que él siguiente en la lista será él. Lo mismo con la izquierda: si esta no tiene la entereza y el espíritu de denunciar las arbitrariedades contra los independentistas, cuando los neofranquistas vayan por ella, tampoco habrá quien la defienda. No se olvide que el Sobresueldos, el gobierno y el PP actúan de acuerdo con pautas democráticas porque no les queda más remedio, igual que Rajoy tuvo que declarar ante el juez por obligación y a rastras, aunque luego dijera, con su habitual cinismo, que estaba contento de haber colaborado con la justicia. Ellos actúan más a gusto en contextos autoritarios.

Podemos no está jugando limpio en el asunto del referéndum y las declaraciones de sus dirigentes cada vez se parecen más a las del PP. El PSOE comulga con ellas de antes. Su propuesta de reformar la Constitución para neutralizar el referéndum es tardía, inviable y pobre. Cuando le aprietan las clavijas en asunto de la nación catalana, el PSOE camina del brazo del PP. Y que no se le ocurra aventurarse por vías nuevas, que llega la caudilla del sur, enarbolando la bandera de la una, grande y libre y empieza a mover la silla de Sanchez de nuevo. El plurinacionalismo es una bagatela y, aun así, despierta las iras encendidas de los socialistas más carpetovetónicos.

En resumen, una izquierda inútil, incapaz de aportar soluciones a los problemas colectivos si no es aceptando el marco conceptual y la idea de España de la derecha. Algo completamente absurdo porque esta tiene un interés patrimonial en el asunto (ya que considera que España es su cortijo y los españoles, sus esclavos), pero aquella, la izquierda, no tiene –o no debiera tener- otro que la justicia y el respeto a los derechos de los pueblos. De todos. No solo del suyo. Pues cuando solo se tienen en cuenta las intereses del pueblo propio, no se tiene en cuenta ningún interés salvo el del partido.

Llegan los intelectuales

Aquí mi artículo de hoy en elmón.cat, titulado La torre de marfil, las barricadas y las cloacas, a propósito del reciente manifiesto de doscientos intelectuales y artistas catalanes en contra del referéndum. No tengo nada en contra de los manifiestos. Al contrario, soy muy partidario de ellos. Contribuyen a animar y clarificar los debates, a saber en dónde está cada cual y qué razones se esgrimen. En el caso catalán llama la atención que, de momento, solo se hayan producido reacciones de intelectuales en contra del referéndum. No las hay a favor. Y mucho menos a favor del referéndum catalán firmados por intelectuales españoles. El artículo de elMón.cat trata de buscar alguna explicación a esta curiosa ausencia.

Aquí, la versión castellana:

La torre de marfil, las barricadas y las cloacas

Hemos entrado en la fase de la guerra de los manifiestos. Menudean los obuses de papel de abajofirmantes, las declaraciones en los aparatos mediáticos del régimen en contra del referéndum. Se mide y pesa la autoridad de las firmas y se espera que estas arrastren voluntades entre los lectores. La torre de marfil tiene troneras y desde ellas se defiende la posición unionista en España. Para encontrar gente de igual o superior peso hay que mirar al extranjero, en donde firman los partidarios del referéndum catalán. En España, ni los de la extrema izquierda.

Es parte del frente propagandístico-mediático de un conflicto que, de ser considerado un falso problema creado por una elite privilegiada y corrupta, ha pasado a ser la cuestión prioritaria en todos los aspectos de la vida colectiva hoy en España. Y es lógico. ¿Por qué iba a serlo en los campos político, económico, social, institucional o mediático y no también en el artístico, literario, musical y hasta religioso?

Los combatientes ocupan sus puestos. La torre de marfil apunta a las barricadas. Y ahí se encuentra con una respuesta contundente. Las posiciones ideológicas son minoritarias, inevitablemente elitistas y confían su fuerza a la calidad de sus nombres. Las otras son anónimas, pero muy nutridas con un movimiento social permanente, constante y prolongado en el tiempo. Las barricadas son la revolución; los manifiestos elitistas, la contrarrevolución. Paradojas de unas biografías previsibles.

Las posiciones ideológicas de los manifiestos se orientan a convencer a las masas anónimas que nutren el movimiento social. La calidad trata de arrastrar a la cantidad porque reconoce que, en el asunto concreto de que se trata (quién esté legitimado para decidir), la cantidad es el argumento definitivo. La cuestión de si es la cantidad española o la catalana no es secundaria pero no hace aquí al caso. Al caso hace la cantidad como criterio. La barricada y la revolución frente a la torre de marfil con troneras.

Interesante es, al tiempo, que esa defensa ideológica del unionismo se haga paralelamente a una realidad institucional, material, una acción del Estado que niega en la práctica lo que las elites predican en la teoría. “El Estado de derecho también se defiende en las cloacas” dijo en cierta memorable ocasión Felipe González. Y es cierto pero, a continuación, es preciso aclarar cómo se defiende: si haciendo más efectivas las cloacas o sea más sucia la guerra sucia, o acabando con ella.

Ahí es donde debe medirse el valor de estos manifiestos que intervienen en un conflicto, que empiezan por negar toda equidistancia. Y a fe que es cierto pues solo atacan a uno de los bandos, el independentista, sin considerar siquiera la posibilidad de que este sea en buena medida una respuesta a una actitud persecutoria, ilegal, arbitraria del Estado cuya última manifestación es la guerra sucia del gobierno contra él.

La guerra sucia sitúa el conflicto en un terreno muy resbaladizo. Si los encargados de velar por la seguridad de todos, incluidos los independentistas, recurren a procedimientos delictivos, nadie puede estar seguro. Ni los que firman manifiestos. Y estos acaban, quizá, justificando la injusticia cosa que, es de suponer, está fuera de sus genuinos propósitos.

Con un ejemplo se aclara el asunto. Entre quienes se han manifestado contra el independentismo se ha manejado la idea y esperanza de que se rompa la “espiral del silencio” en Cataluña. Dando por supuesto que se trata de la teoría de Noelle-Neumann y que tomamos las precauciones adecuadas a la evolución ideológica de la autora, la pregunta es: ¿han intentado aplicar la teoría a la opinión española? ¿Han comprobado si hay en España espiral del silencio respecto al independentismo catalán? De haberla, ¿han hecho una comparativa con la de Cataluña?

Isabel Coixet dice que no ser idependentista no te convierte en fascista. Por supuesto. Y serlo tampoco te hace nazi. Pero hay una diferencia que no puede pasarse por alto: quienes llaman “fascista” a Coixet no lo son ni lo han sido nunca; quienes llaman “nazis” a los independentistas, si no lo son ahora, lo fueron. Como Noelle-Neumann.

Conviene saber con quién está cada cual.

La bolsa o la patria

El gobierno solo gobierna para (contra) el independentismo. Bueno, y también para sobrevivir procesalmente. Pero eso es ahora menos importante. La nueva política, la policy en el sentido inglés, que recuerda más a la policía de la llamada Ciencia de la policía del reino de los clásicos, apunta directamente al bolsillo de los precitos catalanistas. Colectiva y preventivamente a base de dejarlos sin dinero cuando se apresten a cometer alguna fechoría o personalmente cuando la hayan cometido, a base de confiscar sus patrimonios, de ellos y de sus familias.

De hecho, esta medida de política pública, como la llaman los especialistas, al abreviar a una semana los plazos de rendición de informes presupuestarios de la Generalitat, equivale a una intervención, una forma de aplicación subrepticia del 155. En el doble sentido financiero y político que, evidentemente, depende del primero. Se trata de una decisión de asfixiar a un órgano legal autonómico democráticamente constituido para que no pueda aplicar el programa que se le ha encomendado. Es una médida típica de burócrata, de astuto leguleyo, experto en lances sobre si las subvenciones son finalistas, graciables, discrecionales, etc. Hasta es posible que sea legal. Eso se dilucidará en la correspondiente batalla jurídica en puertas y que, probablemente, perderá la Generalitat si no es de una forma, de otra.

Pero políticamente es un dislate. Deja a las autoridades autonómicas en pleno uso de sus competencias pero les imposibilita la acción. Es decir, les facilita un discurso de persecución y martirio que tiene mucha fuerza movilizadora social. Esta puede convertirse en indignación generalizada si las restricciones financieras se hacen sentir en la vida cotidiana. Y acelerar el proceso de confrontacion si, a la vista de la asfixia del gobierno, el Parlament declara una DUI o si, las medidas incendian la calle, cosa nada absurda, vistos como están los ánimos. El País vaticina, encuesta en ristre, que el apoyo popular al independentismo sigue bajando. Aguante el diario un tanto el aliento y observe cuánta gente saldrá a la calle en la próxima Diada, preludio del referéndum que, a lo mejor, no puede realizarse por impedirlo el gobierno por la fuerza. Los avatares judiciales de las autoridades catalanas que puedan seguirse de esta confusa dinámica, añadirán más leña al fuego que para entonces ya será una hoguera en la que arderá el escaso prestigio de España como Estado de derecho, respetuoso con los de sus ciudadanos, sean de la nación que sean..

El PSOE/PSC muestra sus reservas respecto a la política de la caja aunque, como de costumbre, no propone gran cosa a cambio. Al menos, podía entender que respaldar al PP en la mano dura con el referéndum y coadyuvar a impedirlo solo deja como solución una elecciones autonómicas adelantadas en un clima de mucha conflictividad cuyo resultado puede ser aun peor para sus propósitos (sin duda muy nobles e hispánicos)  que el de un referéndum. ¿Qué haría el gobierno central con una mayoría absoluta independentista renovada, incluso ampliada?¿Intervenir de nuevo? ¿Disolver? ¿Convocar elecciones una y otra vez hasta que estos catalanes tozudamente alzados voten correctamente?

Porque supongo que a nadie se le habrá pasado por la cabeza no solamente impedir el referéndum, sino suspender las elecciones. Supongo.

La izquierda busca una nación

Aquí mi artículo en elMón.cat. Va de lo que dice el título, de esa idea de reprochar a los independentistas la trampa que hacen de enfrentarse al Estado español diciendo que lo hacen al gobierno. Está claro, este gobierno es inaceptable desde todos los puntos de vista en una sociedad democrática. Pero, se dice, el gobierno no es el Estado. Dejad que caiga el gobierno, bien porque pierda una moción de censura o unas elecciones y veréis que España es un gran país con el que cabe entenderse. O sea, de referéndum, nada. De independencia, menos.

El artículo disiente. La versión en castellano:

El Estado y el gobierno

El argumento más poderoso del sector unionista, el menos falaz y sofista, es el que insiste en diferenciar entre Estado y gobierno. Es el más poderoso no por lo que dice, (auténtica trivialidad), sino por lo que implica. Según él el actual gobierno de España (un órgano corrupto, sostenido por un partido de presuntos delincuentes, que ha destrozado el Estado de derecho) no es el Estado en sí, sino una forma pasajera. Cuando haya elecciones, podrá haber un gobierno decente, que haga justicia al carácter democrático y abierto de la sociedad y el Estado españoles.

Es decir, el independentismo es una opción errónea, precipitada, que se basa, ella sí, en una falacia: la de identificar un gobierno de presuntos ladrones neofranquistas corruptos y nacional-católicos con el Estado español. Trata de aprovechar esta lamentable y contingente identidad entre policías y ladrones para hacer apresurada tabla rasa y tirar el niño con el agua sucia.

El argumento es una llamada a la paciencia y la esperanza del independentismo. Esperaos, viene a decir, a que haya un cambio de tendencia en la opinión española, a que haya un gobierno respetuoso con el sentir democrático y el imperio de la ley, y el Estado español permitirá su reforma profunda para acomodar las pretensiones catalanas, por ejemplo, en forma de un generoso federalismo, que es la vía elegida mayoritariamente por las izquierdas españolas, aunque no por las catalanas.

Invitar a la paciencia y la esperanza y tachar, de paso, a los independentistas de demagogos, precipitados, aventureros, radicales, etc., permite sentar plaza de persona ecuánime. También permite nada y guardar la ropa aunque sea posible que, al final, no se nade y la ropa se pierda.

Ese argumento coincide con un tímido rearme moral de un nacionalismo español de izquierdas. Hace unos días, más de 200 personas de ese ámbito, más o menos del comunismo catalán rechazaba el referéndum del 1/10 por falta de garantías democráticas. Escriben lo que predica su correspondiente organización, los Comunes, que no aceptan el referéndum, pero levantan constancia de su carácter movilizador. A continuación, proponen trabajar por un “verdadero” referéndum a partir del 2 de octubre. Lo dicen Domènech e Iglesias. No es una tomadura de pelo. Es simplemente que no dan para más.

Tratando de evitar este ridículo, el sector errejonista de Podemos alienta también la misma esperanza de un Estado español de derecho, democrático, avanzado, justo, respetuoso con las naciones que lo integran cuando los progresistas ganen las elecciones. Un Estado del que hay que estar orgulloso, una verdadera patria de todos los españoles, a la que los catalanes querrán adherirse de mil amores, abandonando los “delirios separatistas”, como dice el presidente de la Gürtel, los sobresueldos, y el “sé fuerte, Luis”.

La idea es siempre la misma: deponed vuestra actitud separatista porque todavía podemos hacer muchas cosas justas con un Estado español libre de neofranquistas, capaz de reformarse constitucionalmente y de atender con equidad las reivindicaciones de las naciones no españolas.

Mentira.

No hay nada, absolutamente nada en la experiencia de los último 300 años que permita abrigar esa esperanza en las relaciones entre Cataluña y España. Quien lo sostenga no actúa de buena fe o es un ignorante imperdonable.

No hace falta trabajar mucho para concluir que, si el poder político, el gobierno, cae en manos de la derecha (como lo está desde hace seis años por la incapacidad –también teñida de corrupción- de la izquierda) el Estado será represivo, antidemocrático, centralista, catalanófobo, injusto, cruel con los sectores más desfavorecidos y gestionado por ladrones.

¿Y si gobierna la izquierda, como hizo en 1982/1996 y 2004/2011? Pues lo mismo con algunos retoques cosméticos. Cierto, durante los mandatos de González y Zapatero se tocaron algunos puntos importantes de carácter social e ideológico. Pero la estructura del Estado del antiguo régimen siguió intacta: centralismo, caciquismo, oligarquía, iglesia depredadora, empresarios ineptos y corruptos, poder judicial vendido, medios de comunicación comprados, administración venal, injusticia sangrante en la distribución territorial de los recursos. NI siquiera se depuró el aparato represivo de la dictadura ni se hizo justicia con sus víctimas. 20 años tuvieron los socialistas para imponer en España la fórmula federal que hoy presentan como panacea y de la que, en realidad, no tienen ni idea.

Al margen de que esta oferta federal resulte ya lamentablemente anacrónica, es llamativo cómo el nacionalismo español (incluso este de la “Patria a la izquierda”) desconoce su íntima fibra autoritaria. Ni se les ocurre que, como están las cosas, el federalismo solo podría ser producto de un voluntad libre de entidades soberanas e independientes y no impuesto por el esclarecido regeneracionismo de una izquierda incapaz de reconocer que España tiene siempre los gobiernos que su fallido Estado le permite, sean de derechas o de izquierdas, federales o centralistas. La prueba es que al actual impulso independentista se generó y creció durante el mandato de uno de los presidentes más ineptos de la historia: Rodríguez Zapatero, “federalista” del PSOE.

Porque el problema es el Estado español, y pedir esperanza en que cambie alguna vez es jugar de mala fe.

Extrapolaciones peligrosas

Todo lo venezolano está sobredimensionado en la esfera pública. A veces hasta el hartazgo. Alguien podía inventar un meme parecido al de la Ley de Godwin, sustituyendo a Hitler por Maduro y a los bolivarianos por los nazis. Lo de Venezuela aburre.

Pero, a veces, la que llaman “octava isla canaria”, da sorpresas que descolocan al tertuliano más avezado en venezuelogía. Por ejemplo esa consulta ilegal de la oposición sobre la nueva asamblea constituyente que quiere Maduro y sus adversarios consideran un golpe de Estado para huir de las elecciones que ellos propugnan. O sea, para entendernos en la Península, un referéndum ilegal, unilateral y sin garantías. En Venezuela.

¿Y qué sucede? Que los tertulianos, columnistas y opinadores de partido (que son prácticamente todos) no saben qué decir. No es posible extrapolar la situación venezolana a España. Ni a ningún otro lugar, sospecho. Los malos de allí no coinciden con los de aquí.

Las derechas radicalmente antibolivarianas tienen que explicar por qué apoyan allende el océano una consulta ilegal que aquí prohíben. Su única salida es embarcarse en tediosas discusiones sobre si la legalidad de aquí es mejor que la de allí, algo perfectamente opinable en ambos sentidos y, por tanto, inútil. Y eso sin contar que el espíritu de obediencia a la ley de la derecha la lleva a postular la del cristiano a la ley aunque sea injusta, porque todo poder viene de Dios, al decir de San Pablo en la epístola a los romanos. Sin embargo se matiza que no hay deber de obediencia a la ley que se opone a la de Dios. Y ya estamos donde siempre: a cristazos. O a tiros.

Las izquierdas probolivarianas tienen a su vez que explicar por qué apoyan un gobierno que se opone, ignora e (imagino) considera ilegal una consulta referendaria igual a la que proponen para Cataluña. Solo puede hacerse recurriendo al mismo truco ad hominem de la derecha: la consulta referendaria catalana es una muestra de iniciativa popular y democrática, mientras que la venezolana es una provocación más y un intento de fracturar el país y acabar con la revolución y el socialismo del siglo XXI. Es muy posible. En realidad eso es lo que piensa la derecha española sobre el referéndum catalán. La izquierda tiene que admitir el derecho de los ciudadanos a realizar referéndums, con independencia de que los fines que persigan los organizadores le parezcan abominables. 

Y lo mismo puede decirse de la derecha. El referéndum venezolano no será extrapolable a España mientras los dos bloques derecha/izquierda sigan sin respetar al adversario político y sin reconocerle la dignidad que le corresponde. 

Y eso es, básicamente, falta de espíritu democrático.

Adivinen de qué va

Muy interesante la entrevista con Íñigo Errejón en El País. Por el titular se ve que el sentido común es noticia. Que solo habrá gobiernos progresistas si Podemos y el PSOE se entienden es la evidencia misma, no un descubrimiento. Era la evidencia misma desde el origen de Podemos. Se llamaba por entonces unión o unidad o alianza de la izquierda. Si algo tan obvio no se ha producido es porque los del sorpasso (todos en el partido de Errejón) querían probar fortuna. Muy legítimo a la par que inútil; incluso contraproducente porque, al no gobernar la izquierda, lo hace esa derecha que el propio Errejón considera “depredadora”.

Carece de sentido echarse unos a otros las culpas a base recriminarse hechos o dichos del pasado. Para entenderse las fuerzas de la izquierda solo necesitan la voluntad de hacerlo. Pero esa posible unión no tiene perspectiva de gobierno si no es con los votos de los independentistas catalanes y un par de añadido. Y esto nos lleva directamente a la cuestión catalana que es de lo que en realidad va la entrevista en profundidad. Como todo lo que hoy se discute en España: Cataluña.

Errejón defiende el derecho a decidir de los catalanes y es partidario del referéndum pactado; si también lo es de un referéndum unilateral, como su compañero de partido, Urbán, no queda claro. Pero tampoco es relevante.

Lo relevante es la defensa de un patriotismo español de izquierda. Rechaza Errejón la visión pesimista de España y se hace lenguas del carácter dinámico, abierto, progresista de nuestra sociedad en las últimas dos generaciones. Una España de la que sentirse orgulloso siendo de izquierda. Recuerda un poco un reciente libro de Miguel Candelas, Cómo gritar ¡viva España! desde la izquierda. Más o menos la misma idea: la otra España que por fin amanece.

La amarga experiencia detecta en un programa de regeneración patriótica española tanto el ¡Viva España! Como el ¡Arriba España! Pero no hay que cerrarse en banda por fatalismo. Merece la pena escuchar las razones de esta repatriación del sentir nacional a la que, se deduce, finalmente se avendrían los indepes catalanes. En el entendimiento de que será distinta del latiguillo de Rajoy y el Rey de la gran nación.

Porque, al menos en la izquierda, es nueva. La generación anterior, también en la izquierda, más conservadora, había intentado lo mismo: generar sentido de nación a base de camuflar esta tras la Constitución. Era el llamado Patriotismo constitucional, importado de Alemania, que mostraba la superioridad de la idea liberal de nación sobre la esencialista. Ese patriotismo constitucional era tan contrario a lo que se proponía que se lo apropió el PP solemnemente en un congreso.

Así que la patria española que ahora se postula hace caso omiso de la Constitución, incluso quiere abrir un proceso constituyente. Tabla rasa con el pasado inmediato (aunque con juicio matizado sobre la Transición) y propuesta de renacimiento de una España capaz de reflexionar sobre sí misma y avenirse a soluciones democráticas del tipo que sean.

Es verdad que en el pasado ha habido puntos en que la acción colectiva española ha sido avanzada, progresista, democrática. Pero han sido destellos en una noche cerrada cuyos efectos se hacen sentir hoy de modo palpable. Basta un simple recordatorio: las más de cien mil víctimas de la vesania franquista siguen en las cunetas.

¿De dónde sale esa idea de que España podrá reinventarse como nación abierta, justa, progresista y, en definitiva, unida (aunque compuesta), cuando las propias izquierdas que la propugnan son incapaces de unirse? ¿De dónde va a salir? De la fe, que mueve montañas. Tanto más naciones.

Y la fe se tiene o no se tiene. Quienes no la tengan, por ejemplo, los indepes catalanes, pedirán algo más tangible que una virtud teologal o un estado de espíritu. Algo que les interese más que su plan u hoja de ruta de ir al referéndum y la consiguiente independencia si gana el “sí”. Y sobre eso, la oferta del nuevo patriotismo popular español es poco concreta.

Sobre eso y sobre lo más general, hasta la idea de nación. Mientras los nacionalistas españoles no se ponen de acuerdo en los caracteres ni siquiera en su misma existencia, los indepes catalanes traen un relato patriótico completo de la nación catalana, en todos sus momentos, desde los orígenes semilegendarios hasta la circunstancia actual, en que pretenden darle acta de nacimiento como Estado. No veo a los parteros de la nueva criatura muy interesados en integrarse en un enésimo y vagaroso proyecto regeneracionista español basado, como siempre, en la fe.

Monotema Cataluña

El tono trágico de El País condena a la oscuridad las propuestas novedosas de la Ejecutiva del PSOE, que tampoco son tan novedosas y, además, creo entender, han de pasar a consulta de las bases, siendo así que el tiempo apremia.

El debate se centra en el significado de la abrupta remodelación del Govern. Las interpretaciones son muy variadas. Rajoy, los partidos nacionalistas españoles en Cataluña y, obviamente, El País, coinciden en entonar un gori-gori de difuntos. “A la desesperada” suena un poco como Los últimos de Filipinas o, para no acudir a un ejemplo incómodo, Murieron con las botas puestas. La crisis de gobierno prueba que este está en las últimas.

Del lado independentista la interpretación es la inversa: racionalización del gobierno de la Generalitat, cohesión y reafirmación personal y colectiva de ir hasta el final suceda lo que suceda. Hay aquí un tono solemne que recuerda lejanamente el episodio de los burgueses de Calais, durante la Guerra de los Cien Años y vuelto a inmortalizar después por Rodin. Y aunque no precisamente por la dureza de rasgos rodiniana, Junqueras personifica ejemplarmente la imagen popular del burgués. El burgués de Calais, presto a inmolarse por la libertad de los suyos.

El clima actual en España muestra un grado de conflictividad muy alto. El gobierno y sus instancias adyacentes, lejos de buscar soluciones negociadas a los conflictos, parecen más interesados en encenderlos e ir a una confrontación directa, utilizando todos los medios, incluso los excepcionales. El poder solo se dirige a la Generalitat para amenazar. A veces con resonancias castrenses, cuando toma la palabra la ministra de Defensa, otras con consecuencias económicas personalizadas, como esa intención de ir contra el patrimonio de los responsables independentistas, una verdadera pena de confiscación (tras la proscripción) tanto más odiosa cuanto que quiere castigar a las generaciones venideras.

Las amenazas se materializan de forma creciente. Esa visita de la Guardia Civil al Teatro Nacional de Catalunya es un paso más en el acoso al ejercicio de los derechos y libertades públicas.

Se crea así un estado de tensión muy grande por cuanto se pretende coartar el ejercicio de un derecho que reclama el 80% de la población a base de criminalizarlo. La cuestión es cuánto se puede criminalizar y perseguir un movimiento antes de que haya un estallido social.

Una huelga general en Cataluña, por ejemplo.

O, por seguir la vía parlamentaria, una decisión final. Si el gobierno de la Generalitat es inhabilitado, es probable que el Parlament apruebe una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por mayoría absoluta.

Para hacer frente a todo eso, las amenazas, las persecuciones judiciales, las policiales, los hostigamientos, parece razonable fortalecer el Govern, tanto si se hace “a la desesperada” como si no. Cualquiera lo haría. La cuestión es si se cumple o no el vaticinio del bloque nacionalista español de la muerte del proyecto independentista.

Desde el punto de vista de los indepes es claro que no y para eso precisamente están preparándose, para no morir. Desde una perspectiva desapasionada, uno diría que la posibilidad de la muerte no es descartable en el humano quehacer. Pero añadiría que, de morir, estos morirán matando.

Reír o llorar

"Mejor reír", dice el muy escarmentado pueblo que ya no inventa chistes porque la realidad los supera. ¿Qué decíamos el otro día, cuando El País descubría que los indepes son bolivarianos? Nos hacíamos lenguas de la capacidad proteica de estos de JxS y sus votantes capaces de pasar de nazis a bolivarianos de la noche a la mañana. Y nos preguntábamos cuánto tardaría alguien en sacar a ETA. Bueno, pues ya está: nazisetarrasbolivarianos. Y ahí se acaba la risa.

Y comienza el llanto.

El llanto al que lleva la propuesta de que el procés es el proyecto de ETA. Llanto por la deriva implícita de este pensamiento. Descartada la identidad material del procés y el proyecto etarra que (quiero suponer) no se le ocurre ni a Mayor Oreja, queda el innuendo de la frase: el objetivo final de los dos es el mismo: romper España. Bueno, ¿y qué? Si España es un Estado de derecho, el proyecto de romperla es tan legítimo como el de soldarla más. ¿O lo que se insinúa es que, al ser el objetivo el mismo, también lo son los medios? Parece que sí, que se trata de equiparar la acción legítima de las instituciones catalanas así como las movilizaciones populares a la actividad criminal de un grupo de matarifes. 

La finalidad es criminalizar el objetivo, incluso el mero hecho de su manifestación pública. Ser, no ya actuar, sino ser y manifestarse independentista estará penado. Habremos vuelto a los delitos de opinión, propios de aquella dictadura que a Mayor Oreja le parecía una época de placidez beatífica o algo así.

Esas declaraciones encienden más los ánimos golpistas y deben ser refutadas por la Generalitat y claramente desautorizadas por el gobierno.

¿Entiende ya la izquierda por qué es urgente una moción de censura para cambiar el gobierno o hay que dar más explicaciones?

El frente patriótico español

Mi artículo de elMón.cat de hoy. Habitualmente dedico esta entradilla a explicarlo un poco. Hoy no hace falta. Todos los partidos españoles están contra el referéndum catalán. El PP, montado en el caballo de Santiago y cierra España; el PSOE, en el asno de Buridán; Podemos en el hipogrifo de Ariosto; y C's en la cucaracha de Kafka. Este referéndum ha puesto a cada cual en su sitio y ya solo queda por ver qué decisión toma la Ejecutiva del PSOE pasado mañana. Quiere hacer una propuesta "política" de negociación, lo cual es un avance muy positivo en un Estado, el español, en el que los problemas nunca se encaran, no se entienden y jamás se resuelven. Ojalá le salga algo de provecho, pero no veo grandes posibilidades si no se acepta un referéndum pactado. 

En todo caso y antes de nada, la primera obligación  de la izquierda, de toda la izquierda, es poner fin a este gobierno corrupto, de ladrones y expoliadores, antes de que termine de arruinar y destrozar el país y antes de que provoque un incendio social en Cataluña, que es lo que intenta para tapar su incompetencia.

Para ello se necesita una moción de censura que podría presentarse ya, el sábado mismo, si el "nuevo PSOE" tiene el sentido común, la inteligencia y las agallas de plantear un referéndum pactado. A partir de ahí, un gobierno de izquierda con Sánchez de presidente, dedicado a gestionar el resultado del referéndum, a revertir todo el destrozo hecho por el PP, a emplear la justicia contra un partido de presuntos delincuentes y a regenerar España.

Para eso hace falta tener las ideas claras, ser sincero, demócrata y tener valor.

Aquí la versión en castellano

El frente unido español contra el referéndum

                                                                                                                                             

A medida que se acerca la fecha del referéndum sin que el bloque independentista muestre señales de vacilación (aunque la prensa cavernaria de Madrid se las invente) cunde el pánico en las filas del nacionalismo español. Como siempre, ha sido incapaz de gestionar el conflicto con un mínimo de racionalidad y ahora, cuando ya no hay tiempo, forma un frente común contra el independentismo, olvidando sus aparentes discrepancias.

El PP esgrime la sagrada unidad de la patria que Franco agonizante encomendó a Juan Carlos, aunque ahora se disfraza de unidad “democrática” de soberanía, de “igualdad” (las comillas indican mentiras) de todos los españoles y de vigencia de una Constitución que el propio PP rechazaba en un principio. Para garantizarla está dispuesto a emplear todos los medios, incluso los presuntamente delictivos, como ya ha demostrado.

El PSOE, tratando de diferenciarse de la derecha neofranquista, después de años de haberle hecho el juego, persigue el mismo fin, pero acude a procedimientos menos agresivos, más dialogantes y con mayor voluntad de reforma. No obstante, tiene la misma línea roja del “no” al referéndum y, por lo tanto, no solo llega tarde si no amplía la oferta, sino que su papel de furgón de cola de la derecha será aun más lamentable.

El discurso de Podemos es el habitual galimatías en este mosaico de personalismos enfermizamente mediáticos, pero el resumen final es el mismo que el del PP y el PSOE: “no” al referéndum de autodeterminación catalán porque no tiene garantías, no es legal, no es seguro y, sobre todo, no lo controlan ellos.

C’s está apuntado al “no” desde el mismo origen porque, a pesar de sus aires de brokers estilo Wall Street, su idea de España es la de los triunfadores del 39.

El desconcierto y la agitada controversia son prueba palmaria del susto compartido de la insolente derecha nacional-católica y la izquierda sumisa ante la probabilidad de quedarse sin el país que su mutua incompetencia ha destruido. Puro miedo.

Detrás de las amenazas, las ironías, los engolados pareceres de eruditos a la violeta y los negros vaticinios de augures vestidos de expertos no hay más que miedo. Miedo a que, si se hace el referéndum, lo pierdan y, con él, pierdan el país que llevan parasitando cientos de años a base de oprimir a sus gentes.

El “nuevo PSOE” dice buscar una solución (próxima Ejecutiva el viernes) pactada, negociada, ante la irresponsable inoperancia de la derecha. Algo es algo. Pero, por lo que se perfila, es poco y tardío. La clave para resolver la cuestión es el referéndum pactado. Y es la clave porque, sin él, no habrá moción de censura ganadora y el PSOE no podrá desalojar al PP del gobierno, cosa que podría hacer el 1º de septiembre, con los votos favorables de JxS.

Pero el “no” socialista y el otro “no” nacional-español de Podemos, no solo prueba su miedo y su insinceridad, sino que los hace cómplices de la política represiva que aplica la derecha. Y en esa política represiva hay un nuevo avance especialmente abusivo y repugnante: el intento de ir contra funcionarios y políticos de la Generalitat, atacándolos en su patrimonio. Sin duda, muy coherente con el espíritu de esta derecha franquista que ya aplicó Cifuentes en Madrid y laos dos mendas que dominaron el ministerio del Interior con su Ley Mordaza, un intento de volver al “orden público” de la dictadura arruinando a la gente.

Es literalmente repugnante que el gobierno y partido que más han robado en la historia de España, más caudales públicos han malversado, más han estafado y expoliado el erario, incrementen su política represiva por la vía pecuniaria. Lo hacen atentando contra el patrimonio de los políticos y los funcionarios como antes contra los ciudadanos como una posible forma de reponer los caudales que llevan años robando y malversando en viajes, francachelas, putas, drogas, confetti, cuentas en Suiza y Panamá, sobresueldos, financiación ilegal, sobrecostes, mordidas, cohechos, extorsiones, estafas, obras faraónicas inútiles para beneficio propio y de amigos, sobornos a periodistas mercenarios y expolios con las privatizaciones.

Pero, sobre todo, es una decisión tan odiosa y miserable (propia de quienes proceden de esa manera en todo lo demás) que, de llevarse a cabo, puede provocar un estallido social en Cataluña, harta ya del saqueo, como debiera estarlo el resto de España si tuviera algo de coraje.

Para evitar esa vergüenza de unos mangantes robando el patrimonio personal de los representantes democráticos y los funcionarios, la izquierda, y especialmente el PSOE, solo tiene una salida: pactar un referéndum en Cataluña y presentar una moción de censura que desplace a esta banda de ladrones del poder político (y, por tanto, también del judicial a sus órdenes) antes de que sea demasiado tarde.

Hasta dónde llega el efecto Sánchez

La victoria de Sánchez en las primarias, que Público califica de "quijotesca", no sé si con mucho acierto, ha puesto al PSOE en la órbita de los ganadores. Come el terreno a un PP que está hecho unos zorros y hunde en la miseria a Unidos Podemos (UP).

La explicación de este cambio de las opciones en la izquierda es relativamente sencillo sumando la gestión del triunfo de Sánchez con los sucesivos descalabros de UP. La imagen que se trasmite -y es muy poderosa- habla de un PSOE como partido de gobierno y una UP que pierde crédito a chorros por un conjunto bastante complicado de factores: entran formas, estilos y modos, oratoria radical, conflictos internos de todo tipo, personalismos, confusión ideológica, etc. Sobre todo, lo mas dañino es la continua ambigüedad en las relaciones con el PSOE, al que se quiere apoyar o destruir, según sean días fastos o nefastos. 

La queja de Podemos suele ser que el "nuevo PSOE" dice ser de izquierda pero hace políticas de derecha. Esgrimen casos concretos: no se pide la dimisión de Rajoy y de la moción de censura se habla como de la Atlántida; se complota con el PP y C's el cierre de la comisión de investigación sobre las tropelías del ministerio del Interior. Todo eso es cierto, sumamente criticable y el PSOE hará bien en reconsiderarlo. No obstante no debiera ser difícil a los de UP entender que, si quieren aliarse con otro partido es porque es otro. Si fuera idéntico a él en todas sus políticas, ¿para qué la alianza?

Entre tanto, la gestión de la victoria en las primarias está siendo muy eficaz. El mensaje que se envía a la ciudadanía es que se trata de un partido cohesionado con sus bases, provisto de buenos equipos, con ideas y capacidad para implementarlas. La movilización de la militancia ha sido arrolladora para legitimar a la nueva dirección socialista. Y la pieza culmina con ese nombramiento a la vicepresidencia de la Internacional, que trae el espaldarazo foráneo de gente de peso. 

Todo esto, en el fondo, son los preparativos para una moción de censura porque a lo que apunta es a la consagración del candidato de esta que, de momento, es extraparlamentario. 

El espíritu de la acción política socialista está basado en un criterio decisionista: el que no osa, no logra nada. Con ese ánimo, el PSOE convoca su ejecutiva el viernes para debatir y hacer propuestas a la parte catalana para evitar la confrontación del 1/10. Alguien se atreve a poner orden en el casino, vista la inoperancia de la dirección. Invocan los dignatarios la urgencia del momento y la angustiosa escasez de tiempo disponible. Cosa tanto más evidente cuanto que el plazo final no tiene por qué ser el 1/10. Puede ser en cualquier momento anterior en que se produzca un choque de consecuencias irreversibles.

Así que, en efecto, máxima urgencia. Y es de agradecer al PSOE que hable teniendo en cuenta la realidad, como la gente de la calle, y no como los políticos. La objeción de que el Estado no puede aceptar plazos impuestos ilegalmente es otra forma de decir que se busca la confrontación.

Carece de utilidad reprochar aquí a los políticos españoles una irresponsabilidad monstruosa en la ignorancia del llamado "desafío independentista" hasta llevarlo a la situación actual en que se pretende resolver un conflicto de muy hondas raíces y muy inflamado presente con un toque de zafarrancho de combate.

Y eso los que parecen tomárselo en serio porque los otros siguen instalados en la política del garrote. 

La cuestión, sin embargo, es no ya que el plazo sea corto, sino que haya plazo. El PSOE no está en el gobierno. Faltan años, cuando menos meses, para que lo esté y sus propuestas, siendo bien intencionadas, se quedan muy cortas. Sobre todo porque a la negativa al punto 46 (referéndum) añade el rechazo al pacto fiscal, aunque este quizá pueda entenderse como un recurso para un gambito posterior.

La cuestión, por tanto, es si el bloque independentista acepta renunciar al referéndum. Y parece que no. Siendo así, la oferta del PSOE fracasará.

La realización de un referéndum pactado no es una posibilidad descabellada. La solicita muchísima gente, millones, no solo en Cataluña. La propone UP. Se ha experimentado con éxito en otros lugares. En el caso de que el PSOE aceptara el referéndum pactado (y, con él, la posibilidad de negociar la pregunta), tendría los votos del bloque independentista que le hacen falta para ganar su moción de censura, que convertiría a Sánchez en presidente de un gobierno con una complicadísima tarea: gestionar el resultado de ese referéndum, sea el que sea. La única solución civilizada y razonable de zanjar el pleito sin ocasionar mayores e imprevisibles destrozos.

El problema, por tanto, no está en el bloque independentista, sino en el PSOE que, llegando aquí, no osa.

Razones y sinrazones del referéndum

El foro se caldea. Según se acerca el día D, 1/10, todo el mundo se apresura a fijar su posición, incluso de forma tal que nadie la entienda. Los Comunes participarán en la consulta, pero no harán campaña por la participación. Pues, o bien las autoridades participan a título personal, como cuando Kichi va en procesión vestido de nazareno, o se trata de unos gobernantes legales que acuerdan una actividad clandestina. Los de Podem quieren participar a bandera desplegada y llamando a las multitudes, pero no dan un ardite por aquello en lo que participan. 

Hay también personalidades públicas que se sienten obligadas a manifestar su posición. Recientemente, dos afamados periodistas, Xavier Sardà, que votará "no" y Jordi Évole, que se muestra dubitativo sobre el referéndum mismo. Hay una gran inquietud y se trata de entender ahora, deprisa y corriendo, algo que se ignoró durante años. Con ánimo de contribuir al debate me he permitido realizar un digesto de las razones contra el referéndum, con una apostilla en contra de la contra. O sea, a favor por defecto. 

Los adversarios del referéndum invocan razones

Históricas. Cataluña no ha sido nunca independiente y argumentaciones colaterales sobre la Corona de Aragón, la antigüedad de las instituciones, etc. En definitiva el peso de la tradición.- Apostilla.-La historia no prejuzga nada. La tradición no existiría si no se rompiera jamás.

Legales. El referéndum es ilegal. La legalidad es la base de la democracia. Fuera de la legalidad solo hay tiranía. La Ley debe respetarse, puesto que está por encima de todo, aunque no del rey. Y es obligación del gobierno imponer su cumplimiento porque, de no hacerlo, el ilegal sería él. La ley prohíbe ese referéndum. No es una cuestión política, sino jurídica y por eso entienden de ella los tribunales.-Apostilla.- La legalidad es el producto de una voluntad política acordada en el Parlamento, que es el que hace y deshace la norma legal. La Ley puede cambiarse, no es inmutable y eterna. Para eso está la democracia parlamentaria, para que la mayoría parlamentaria haga y deshaga la ley, como ha venido haciendo la del PP sin límite alguno para imponer sus caprichos y privilegios, cuando directamente sus delitos. El referéndum es ilegal por la voluntad política de la mayoría parlamentaria, que bien podría cambiar, como lo ha hecho en otros asuntos de menor momento.

Constitucionales. El referéndum es inconstitucional. Apostilla.- Falso. No está prohibido y se puede admitir mediante una interpretación adecuada. Por lo demás, la Constitución también es reformable. Basta con querer hacerlo, como sucedidó con el 135.

De soberanía. La soberanía reside en la totalidad del pueblo español y solo esa totalidad puede pronunciarse en un referéndum de esta naturaleza. La soberanía del pueblo español es indivisible, como indivisible es el Estado en el que se encarna.- Apostilla.- Siendo el Parlamento el depositario de la soberanía por representar al pueblo, una decisión permitiendo el referéndum es como si el pueblo soberano autorizase a uno de sus elementos componentes a decidir por su cuenta si quiere seguir en el común o no. Aquí el argumento se va a lo ideológico, incluso metafísico e inoperante para ambas partes.

Internacionales. El referéndum de autodeterminación no tiene cobertura legal internacional porque lo que los distintos instrumentos que España tiene firmados dicen es que se reconoce para los pueblos en situación colonial. Apostilla.- Al margen de que la cuestión colonial tiene un borde subjetivo incómodo, este argumento ha sido invalidado de hecho por los referéndums de Quebec y Escocia y, hasta cierto punto, por el del Reino Unido con el Brexit.

Económicas. Estas se formulan como profecías, no sobre el referéndum, sino sobre sus catastróficas consecuencias para Cataluña. Se acumulan datos y gráficos y magnitudes que auguran empobrecimiento, crisis, ruina; y otros que, al contrario, vaticinan prosperidad inusitada.  Apostilla.- El debate es tan ideológico como los otros, aunque se vista de estadísticas. Los economistas que las essgrimen con vehemencia, defienden en realidad sus previas posiciones políticas. Pero, además, es irrelevante. El referéndum (y la independencia, si gana el "sí") no es un cálculo mercantil, sino un derecho que incorpora el derecho de los pueblos a gobernarse por sí mismos, aunque sea mal.

Comunitarias. Otro argumento sobre las consecuencia. Los espacios siderales (habitualmente vacíos) esperan a estos indepes catalanes. Y fuera de la UE y de la Eurozona, como de la Iglesia, nulla salus. Apostilla.- Eso está por ver, pues la situación no tiene precedentes y la UE está llena de gente pragmática, dispuesta a hacer algo constructivo con una situación sobrevenida y no a secundar los vetos del gobierno español de turno..

Iquierdistas. Es argumento que suelen emplear las izquierdas españolas de buena fe: la independencia de Cataluña es un acto de insolidaridad con el resto de España, la independencia de los ricos y los egoístas, la Padania española. Una codicia que ignora cómo la prosperidad de Cataluña viene del esfuerzo (en muchos sentidos) de los demás pueblos, que olvida la deuda que Cataluña tiene con el resto de España. Apostilla.- Aquí sí viene bien un poco de historia social y económica para ver que los procesos sociales, económicos, industriales, etc., han sido muy distintos y explican el presente. Pero no hay deuda alguna, ni el argumento izquierdista que la invoca tiene fuerza. Más con algún hecho: tras 40 años de gobierno socialista en Andalucía, la comunidad será región, nacionalidad, nación o lo que quiera, pero lo cierto es que, junto a Extremadura, constituye el Mezzogiorno español.

De la cortina de humo. El independentismo es una hoja de parra (eso sí, cuatribarrada), una cortina (estelada) de humo para tapar las vergüenzas del clan Pujol, el 3%, la corrupción de la vieja CiU, convertida en CDC y reconvertida en PDeCat. La burguesía catalana con sus negocios. Una huida hacia delante de un clan desesperado en torno a Puigdemont que teme ser fulminado por ERC en unas próximas elecciones. Apostilla.- Es el argumento típico de la derecha española que, a día de hoy, cubre todo el arco parlamentario, del PP a Podemos, aunque con el PSOE algo más ponderado y menos infantil. En todo caso, no merece la pena contestar a quien reduce el deseo de referéndum del 80% de los catalanes y el de independencia de unos dos millones a una cuestión de tapar corruptelas de un partido que, además, ha desaparecido ya dos veces.

No sé si esto sirve de mucho cuando los argumentos se afilan con la piedra del interés. Pero lo intenta.

Dicho lo cual, un acorde sentimental: lo que se debate hoy en España, una vez más, es lo que esta encuentra más apasionante: ella misma.

La seguridad funcional

Por fin aparece la bicha. Nadie quería nombrarla pero, al negar el PSOE la vía del 155, la norma siguiente, que aguardaba su turno agazapada, es la Ley de Seguridad Nacional del 28 de septiembre de 2015 (LSN). Durante la Xª Legislatura de mayoría absoluta del PP, el PSOE, bajo dirección de Rubalcaba, desapareció como oposición (cuando más falta hacía) y solo se materializó para acordar con el gobierno los pomposamente llamados "asuntos de Estado", el más típico de estos, la seguridad nacional. La norma se aprobó finalmente siendo ya SG Sánchez, en su primera vida. Eran otros tiempos que quizá no estuvieran para cuestionar herencias envenenadas. Pero ahora lo están. 

No es cosa de analizar la dicha ley. Palinuro le dedicó un par de entradas: El movimiento nacional (16 de enero de 2015) y Cuidadito con moverse (17 de julio de 2015), porque la norma se las trae. Basta con concluir que es una especie de ilusión de retorno instantáneo a una concepción jacobina, centralista de la política nacional siempre que se invoque su imprecisa seguridad.

Ya en la tramitación parlamentaria, Tardà pidió incluir una disposición que salvaguardara los parlamentos autonómicos de las provisiones de la ley. No se aceptó. Se aseguró, sin embargo, que la LSN se concebía, a imagen y copia de la de los EEUU, en referencia a peligros y amenazas procedentes del exterior. La propia LSN determina que sus objetos (entre otros) serán "la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente." Aparentemente muy concreto pero, en el fondo, muy impreciso. Por eso se insistió en que en ningún caso estaba pensada en contra de las CCAA y mucho menos de Cataluña; por favor.

La primera vez que se invoca es contra el independentismo catalán.

Ahora en serio. Esa ley es un puro disparate. Quiere situarse entre el art. 155 y la legislación de excepción, a modo de cortafuego y lo único que hace es fundirlas en una sola. Respecto al art. 155 precisa la forma y alcance de las órdenes del gobierno central a la CA díscola. Y lo hace de modo que mete miedo: en caso de lo que la LSN llama "gestión de crisis", los competentes en materia de seguridad nacional son todos los órganos del Estado central (incluidos los delegados del gobierno) pero no las CCAA. Se deposita toda la autoridad en el presidente del gobierno, que preside el Consejo de Seguridad Nacional. El presidente puede nombrar una autoridad funcional en una CA, por ejemplo, que sustituirá a cualesquiera otras. Estaremos de acuerdo en que "autoridad funcional" es un término menos rudo que "virrey", "comendador", "preboste", "procónsul" o "prefecto".

Respecto a la legislación de excepción, la propia LSN reconoce que los trabajos de su órgano especial, el Consejo de Seguridad Nacional, servirán de fundamento para la aplicación de la legislación de excepción. Es decir, la LSN es un estadio anterior a alguno de los estados de alarma, excepción y sitio. ¿Es o no un disparate?

Sin duda, el recurso a esa LSN que jamás se emplearía contra Cataluña pretende conseguir la eficacia represiva de la legislación de excepción, pero de tapadillo, de civil, por así decirlo. Sobre todo a los efectos de no dar pretexto a los simpatizantes extranjeros con el independentismo catalán para hacer una campaña de las que Franco llamaba "antiespañolas". Pero eso es harto improbable. La LSN mueve demasiada artillería, va a hacer más destrozo del previsto y provocar una intensificación de la reacción nacionalista, no solo de los indepes.

Y es que a ver cómo se explica a la comunidad internacional que, mientras se decide si se inhabilita o encarcela o destierra al gobierno de la Generalitat, su poderes serán ejercidos por una autoridad funcional.

Y, sobre todo, cómo se explica a la dicha comunidad que el intento de que los catalanes ejerzan el derecho del voto (como reclama un 75% de ellos), atenta contra "los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, (o) el suministro de los servicios y recursos esenciales" que la ley dice proteger.

El desconcierto

Menos mal que esto del referéndum catalán (el llamado desafío independentista de la prensa, dada a titulares fuertes) era un asunto que no interesaba a nadie y del que nadie se preocupaba, salvo dos o tres agoreros; menos mal que era la periódica pataleta victimista de los catalanes, siempre tratando de rebañar para casa; que era un asunto de cuatro corruptos del clan Pujol para tapar sus vergüenzas; una pelea interna entre los partidos nacionalistas por la hegemonía; una especie de chantaje de las elites nacionalistas; algo de iluminados y minorías radicales que se disolvería en el seny. Menos mal que no iba a ninguna parte, estaba condenado al fracaso y no merecía la atención de las personas sensatas.

Sí, menos mal, porque si llega a estar presente y hacerse ver en la vida pública española la monopolizaría al extremo de que no se hablaría de otra cosa. 

En realidad, más o menos, así ha acabado sucediendo. El desafío ha trastornado el conjunto del sistema político, tiene al gobierno paralizado y a los partidos, singularmente los de la izquierda, sumidos en el desconcierto y en crisis. La fractura que hay en Podemos entre el partido español y su pseudópodo catalán, Podem, es una manifestación más de cómo el referéndum divide a la izquierda española, entendiendo por tal también el conglomerado de los comuns.

Por el momento y a reserva de que la nueva mediación de Sánchez dé algún resultado tangible, tenemos un gobierno inmóvil, comprometido a evitar la celebración del referéndum, pero sin explicar qué medidas tomará y con qué medios. Frente a él una Generalitat, tozudamente alzada, dispuesta a realizar el referéndum el 1º de octubre, a darle carácter vinculante y actuar en consecuencia.

Con el "no" descontado del gobierno y a reserva, insisto, de que la intervención de Sánchez dé algún resultado, son dos las posibilidades: a) el referéndum no se celebra porque el gobierno central lo impide por la fuerza; b) el referéndum se celebra en condiciones similares a las del 9N y el gobierno se apresura a declarar que el resultado carece de eficacia jurídica.

En cualquiera de los dos casos, las consecuencias van a agravar y prolongar el conflicto. Este es el principal motivo por el que lo más razonable es permitir y organizar la celebración de ese referéndum. Porque no hay otra propuesta mejor. 

Contra reloj

Renqueante, la máquina del Estado se pone en marcha, no por mano del gobierno, cual sería lo esperable, sino de la oposición. Lo llaman "oposición de Estado" y está muy bien traído porque marca las distancias con el autoritarismo del gobierno.

Distancias siderales cuando habla la ministra de Defensa, recordando que las Fuerzas Armadas están para defender la integridad territorial y la soberanía. Sí, así es, pero no para decidir por su cuenta una intervención en ese sentido, ni siquiera bajo el mando de su capitán general, el Rey. Eso lo decide el gobierno, el gobierno al que ella pertenece. Su recordatorio es, por tanto, una amenaza. No una amenaza del gobierno como tal sino de una ministra especialmente belicosa y muy poco apropiada para el puesto que ocupa.

Así que rechazar expresamente la aplicación del artículo 155 implica oponerse con rotundidad a las amenazas de empleo de la fuerza militar. Bajen a esta señora del caballo de Espartero. Está en pleno delirio. ¿O imagina alguien a los turistas en Barcelona haciéndose selfies con el fondo de los carros de combate de alguna brigada mecanizada? 

Pero este mismo incidente muestra que la situación es muy complicada. Sánchez insta al gobierno a que gobierne, cosa que, por extraño que parezca, en España es toda una osadía. Propone a Rajoy hablar con Puigdemont y él mismo se declara dispuesto a hacerlo. Y por qué no los tres a la vez. Y cuatro con Iglesias y hasta cinco con Rivera y quien más quiera dialogar. Y ya hay una especie de mesa de diálogo y negociación que parece ser la razonable propuesta de Sánchez. Sin exclusiones.

Otro punto es la celeridad. Actuar antes de la confrontación, lo cual solo es útil si se presenta una propuesta aceptable para el bloque independentista, consistente en un tiempo muerto, un standby, una parada de reloj o calendario, como hacen a veces los diplomáticos, para tratar de encontrar una solución que satisficiera a todos, en el entendimiento de que, tanto si se consigue como si no, habrá referéndum en Cataluña. 

La opción es la más razonable y propicia para el nacionalismo español de izquierda. Otra cosa es respecto al independentismo donde, de aceptarse, se vería como la vieja táctica del divide et impera, pues habrá un sector independentista que insista en no entrar en acuerdo alguno con el Estado, ni siquiera el carácter pactado del referéndum. Pero la división se daría y plantearía un serio debate en el independentismo, cuyo resultado no me atrevo a prejuzgar.

La cuestión, como siempre, es qué haría la derecha y si volvería a echarse al monte. De momento ya ha demostrado en las legislaturas de Rajoy que respeto por las instituciones, ninguno.

Auto de terminación

Aquí mi artículo de hoy en elMón.cat que no puede llamarse "Auto de terminació" porque el catalán no admite ese juego de palabras, como sí lo permite el castellano.

La idea es clara y no requiere mayor comentario: la Ley de Autodeterminación de Cataluña es, en realidad, un auto de terminación de este conflicto que nunca debió haberse producido.

A continuación, la versión castellana:

Auto de terminación.

El proyecto de ley presentado por el Govern en el Parlamento y explicado luego por el presidente Puigdemont es un paso decisivo en el proceso catalán. Será aprobado en agosto y vendrá acompañado de una ley de transitoriedad que, paradójicamente, vendrá a poner fin a una situación transitoria que ya se prolonga demasiado tiempo.

Demasiado tiempo hablando del “derecho a decidir”, eufemismo para no herir susceptibilidades unionistas (siempre a flor de piel) para acabar por donde habría que haber empezado: proclamando el derecho de autodeterminación de los catalanes, como nación que son. Y eso, diga lo que diga el Tribunal Constitucional español (TCE), que no es tribunal ni constitucional sino solo un órgano político y represivo más del Estado y cuya competencia para determinar si una colectividad es una nación o no es inexistente.

El proyecto de Ley de Autodeterminación de Cataluña, en realidad, incorpora una especie de auto de terminación porque viene a poner fin a un conflicto cuyos rasgos pueden resumirse en tres momentos: a) el pasado, desde los orígenes hasta la inepta sentencia del TCE de 2010; b) el presente, el auge del independentismo en el último decenio provocado por la creciente convicción de que no hay posible encaje de Cataluña en el Estado, salvo que acepte su desaparición como nación; c) el futuro, cuando los catalanes, habiendo tomado la iniciativa, deciden constituirse como Estado, ignorando los obstáculos que opone el español, deslegitimado, corrupto, autoritario, fracasado e incapaz de encontrar una solución democrática y satisfactoria al conflicto.

Por eso, el proyecto de Ley de Autodeterminación es, además, un auto de terminación de una situación absurda e insostenible. Un gobierno y un partido corruptos, infestados de ladrones, reaccionarios, clasistas y meapilas, capitaneados por el responsable político (y, en buena medida también penal) del desaguisado carece de toda autoridad moral para imponer el cumplimiento de la ley que ellos mismos violan cuando les interesa. Un gobierno y un partido que han arruinado el país, esquilmando a los pensionistas en favor de los banqueros, pretenden ahora que los catalanes acepten resignadamente el saqueo de que son objeto, renuncien a sus derechos y se sometan a la tutela de una clase política española neofranquista, tan estúpida y centralista como inmoral.

Para ello cuenta con la ayuda del principal partido de la oposición, el PSOE, cuyo nacionalismo español es tan de cuarto de banderas y tan ignorantemente imperial como el de las derechas. Sánchez, la fracasada esperanza de un punto de vista nuevo en este conflicto, sale de su entrevista-pleitesía con el Borbón diciendo que lo nota “muy preocupado con Cataluña”. Va a resultar que el que parecía tonto lo es mucho menos que sus cortesanos. ¿O es que a Sánchez no le preocupa Cataluña y cree que Felipe VI exagera?

Por si acaso, la ministra Secretaria General del Movimiento pepero traduce a términos castrenses las sordas amenazas a los catalanes que soltó el otro día el Borbón, tras reconocer que el régimen al que él debe el trono era una dictadura. Una dictadura sobre la que, según sus propias palabras, no podía construirse porvenir alguno de España, por ejemplo, su trono, sostenido sobre más de cien mil fosas anónimas con otros tantos asesinados por el dictador que nombró rey a su padre, como podía haberlo nombrado chambelán de retretes. Recuerda la ministra Cospedal lo innecesario: que la última ratio de esta banda de presuntos delincuentes que ha destrozado España es el ejército, un ejército que lleva trescientos años sin ganar una guerra internacional y las únicas que ha ganado han sido civiles, contra su propio pueblo y si no estaba bien armado.

Tal es la legitimidad y autoridad de la monarquía española sostenida por una oligarquía tradicional nacionalcatólica y corrupta, con el apoyo de una izquierda sumisa, sin proyecto propio, asustada ante las sempiternas baladronadas de una derecha que monopoliza el nombre de un país que nunca tuvo clara su viabilidad pero al que ella, heredera de Franco y el propio Franco, han destruido para siempre.

Así que el proyecto de Ley de Autodeterminación de Cataluña es, también, el auto de terminación de una nación que ya se ha convencido de que no tiene posibilidades dentro del Estado español.

Otro día hablaremos de las ridículas jeremiadas de la prensa madrileña sobre si el proyecto catalán tiene más o menos garantías, prevé unas u otras mayorías o minorías, porcentajes de participación, etc. Tuvieron todo el tiempo del mundo para negociar los términos de la consulta y, en su típica soberbia de señoritos se negaron a hacerlo. ¿De qué se quejan ahora?

Hoy, Palinuro en Jaén

En la UNED de Alcalá La Real, Jaén, han tenido el arrojo de organizar un curso sobre España a examen: retos del modelo territorial tras 40 años de democracia, al que han tenido a bien invitar a Palinuro. Por cierto, hay una errata en la convocatoria que no ha podido resolverse por lo que es menester avisar sobre ella: Palinuro no intervendrá a las 19:00 del día 5 de julio, sino a las 17:00. El orden de los dos primeros intervinientes está invertido.

El tema que los organizadores me han asignado es tan genérico que facilitaría despachar el asunto sin muchos miramientos. Pero no es ese el modo palinuresco, así que mi intención es partir de una precisión y llegar luego a una previsión. La precisión: el Estado de las Autonomías ya ha fracasado. Solo está esperando quién lo entierre. Vivimos ahora un presente difícil, de muchas propuestas y contrapropuestas. Tiene gracia, por ejemplo, Pedro Sánchez instando a Rajoy a que dé una solución política a la cuestión catalana cuando es obvio que el mancebo no tiene ni idea de lo que le hablan. Y también la tiene que el que interpela, el socialista, tampoco.

Ambos están aferrados al recurso a la legalidad, que no es si no una falacia porque el problema no es de legalidad, sino de legitimidad. Por eso, la previsión es que Cataluña será independiente ante la incapacidad del Estado español de impedirlo, tanto del gobierno como de la oposición.

Nos vemos en Alcalá la Real.

Los dos países

En España coexisten dos dinámicas políticas distintas con trayectorias independientes que, sin embargo, se interrelacionan, generalmente de modo hostil. De un lado, en el Estado, un gobierno en minoría, sumido en una corrupción estructural sin precedentes, que ha arruinado el país con una política agresiva hacia las clases populares y medias, grandes perjudicadas por una crisis que se ha gestionado en beneficio de los ricos, las empresas y los bancos. De otro, en Cataluña, un gobierno de la Generalitat comprometido con una hoja de ruta hacia la independencia mediando un referéndum que el del Estado y la oposición socialista y de C's tratan de impedir por considerarlo ilegal. Son dos realidades coetáneas que requieren tratamientos muy distintos.

La reciente elección de Sánchez permitió abrigar la esperanza de que se estableciera algún tipo de entendimiento y negociación entre ambos campos para evitar una confrontación. Pero la esperanza se desvanece por momentos. En su primera conversación a raíz de las primarias, Sánchez comunicó a Rajoy la coincidencia del PSOE con el PP en el rechazo al referéndum por ilegal. El PSOE se alinea con la política de confrontación del PP. 

En ese espíritu se producirá la entrevista de hoy del Secretario General del PSOE con el Rey (entrevista que consolida el carácter dinástico del PSOE y elimina la perspectiva republicana)  y la que mantendrá el próximo jueves en La Moncloa con Rajoy, el principal responsable de este desastre en el que no quiere quedarse nadie pues empuja a los jóvenes a la emigración y a los catalanes a la independencia.

Sánchez ha pasado de anunciar que pediría la dimisión de Rajoy en cuanto asumiera el cargo a apoyarlo en su faceta más belicosa y a coordinar su acción con él. En teoría, nada extraño. Algo dentro de las normas de cortesía de los países democráticos, aunque Rajoy solo tenga una noción aproximada de ellas, especialmente frente a Pedro Sánchez, a quien desaira siempre que puede.

Esa actividad en la política española contrasta con su ausencia en la específicamente catalana. Ni un gesto que apunte en la dirección del entendimiento y la busca de soluciones democráticas. Respaldo total al tosco, falaz y fariseo argumento del gobierno frente al referéndum de equiparar democracia y legalidad (lo cual es básicamente correcto) y emplear luego la legalidad como el requisito de toda acción política. El problema es que la legalidad en sí misma es una decisión política. La ley se aprueba o se deroga en el Parlamento, que es un órgano político que está para eso. El PP precisamente ha debido de batir la marca de leyes derogadas, modificadas o promulgadas. Que el referéndum sea legal o ilegal depende de una decisión política. En este caso la decisión política previa de que no haya referéndum en Cataluña. Caso de haberlo, se aplicará la ley en la modalidad represiva que el gobierno, este gobierno, considere proporcional.

La cuestión de con qué autoridad actúa el gobierno frente al independentismo catalán no se plantea. No la plantea ni el PSOE cuando lo apoya incondicionalmente. Pero que no se plantee no la hace evaporarse. Es una cuestión objetiva. ¿Con qué autoridad invocan el gobierno y el PSOE la legalidad siendo así que el primero se la ha saltado o la ha modificado a su antojo gracias a su pasada mayoría absoluta? Realmente, su posición es muy débil.

En cambio, tienen enfrente una iniciativa política clara, bien articulada y con un amplísimo apoyo social y movilización permanente transversal. Algo con lo que no habían contado y frente a lo que carecen de respuesta que no sea la represión. En este momento, el factor decisivo es la voluntad política de la Generalitat de realizar el referéndum y actuar en consecuencia. Y parece no ofrecer dudas. La Generalitat no se pliega. El hosco camino de la represión está lleno de imponderables y, por supuesto, podemos encontrarnos todo tipo de situaciones, incluida la inhabilitación del presidente Puigdemont y hasta su encarcelamiento si, como es muy probable, no acata la inhabilitación.

La pregunta es si el PSOE está dispuesto a ser causante de ese escenario en el que se multiplicarán las presiones de la comunidad internacional. Y teniendo en cuenta que, aunque se consiga restablecer ahora la legalidad represiva, ello solo apunta a un futuro de permanente ingobernabilidad mientras no haya una solución satisfactoria para las dos realidades, correspondientes en verdad a dos países.