La Gürtel y el PP, a juicio.

Orgulloso Palinuro de estos jueces, que se guían por la Justicia y no por el favor del Príncipe, aplaza a mañana un comentario más pensado sobre la apertura de juicio oral a esta gavilla de perillanes y padres de la Patria.

Pero una pregunta de urgencia lo inquieta y lo lleva a garabatearla aquí, por si alguien sabe algo más: ¿quien va a defender al PP directamente acusado? ¿O no necesita defensa? Y ¿quién va a representarlo físicamente? ¿Rajoy? ¿Por plasma?

La obligada moción de censura.

Que un país normal no puede estar gobernado por un corrupto al frente de un gobierno corrupto sostenido por un partido corrupto es la evidencia misma. En España, sin embargo, es al revés: un personaje presuntamente corrupto preside un gobierno presuntamente corrupto y apoyado en un partido que también lo es. Y no hace poco tiempo, unos meses o unos años, sino hace diez, veinte años. Es una corrupción, un robo, un saqueo sistemático, hace ya mucho, demasiado tiempo.

No lo dicen los analistas o comentaristas, los observadores o adversarios políticos, siempre parciales. Lo dicen los jueces que, frente a las maniobras de obstaculización y sabotaje de la justicia de estos delincuentes capaces de todo, llevan adelante su tarea con integridad y valor moral. Son los jueces los que plantean la cuestión de si el PP es en verdad un partido político o una asociación de malhechores, organizada para delinquir. Y, ante esta posibilidad, ya abierta hace más de tres años, cuando estalló la Gürtel, Rajoy, su gobierno, sus colaboradores, hubieran debido dimitir y ponerse a disposición de la justicia.

En lugar de eso, hicieron lo contrario: se enrocaron, se negaron a hablar, a dar explicaciones, a rendir cuentas. Obstaculizaron cuanto pudieron la acción de la justicia, destruyeron pruebas, mintieron al parlamento, lo ningunearon, echaron mano de todo tipo de triquiñuelas, recurrieron a fraudes procesales y trampas para evitar que se conociera la verdad. Su acción de gobierno en estos tres años ha consistido en salvarse procesalmente de una acusación formal apabullante y que está ya en puertas pero que han tratado de ocultar por todos los medios, engañando, confundiendo y mintiendo sin parar.

Es inadmisible que en un país que obliga a los de Podemos a mostrar hasta el recibo del gas, el presidente del gobierno todavía no haya aclarado si cobró o no sobresueldos, por qué importe, por qué motivo y procedentes de qué fondos; que no haya explicado si se costeaba sus trajes y viajes o  lo hacían sus amigos delincuentes; que no haya documentado cómo se abonaron los actos electorales que prepararon sus clamorosos y falsos triunfos; que no haya aclarado la financiación ilegal de su partido; que ninguno de los enchufados de la dirección de este, varias docenas, haya dado cuenta de sus respectivos sobresueldos, sus enchufes, mamandurrias, robos, saqueos, latrocinios, incluido el expolio de Caja Madrid, que ha sumido el sistema español en la crisis actual.

Ciertamente, no un partido sino una presunta asociación de delincuentes. Desde el principio. Dirigida por gente adecuada a las exigencias y necesidades: Aznar, un déspota corrupto; Rajoy, un sinvergüenza; Cospedal, una embustera; Floriano, un imbécil; González Pons, un caradura; Hernando, un chulo; Arenas, un payaso. E cosí, via,, verdadera escoria intelectual y moral como Mato, Wert, Guindos, Montoro, etc.

Este gobierno de granujas y pillastres dice muy poco de la calidad europea de nuestro país y mucho en cambio de la tradición de engaño, embuste y sinvergonzonería de España como el reino de la picaresca, la oligarquía, el caciquismo, el vivan las caenas y el ¿qué hay de lo mío, ministro? Y menos dice aun que tan denigrante situación no haya sido expuesta a la luz pública y sancionada y corregida por la opinión pública, los medios de comunicación y la oposición política y hayan tenido que ser los jueces quienes descubran este pudridero de ladrones y farsantes que se hacen pasar por diputados, senadores, consejeros, ministros o presidentes.

La corrupcion del gobierno y su presidente es pavorosa, pero la cobardía de la oposición y quizá su complicidad aun lo son más. Y quede para otro día el caso de la Iglesia católica, la organización parasitaria más corrupta del sistema español.

¿Es posible que la opinión esté adormecida, los medios comprados y la oposición sea cómplice? Pues sí, es posible y bastante seguro. Pero en algún momento habrá que tomar una decisión que justifique su existencia y abra la posibilidad de una regeneración democrática que dé a la gente algo de esperanza y a los medios y la oposición una posibilidad de supervivencia. ¿A qué espera la oposición para presentar una moción de censura a un gobierno que no gobierna porque está ocupado en el expolio de los dineros públicos y en evitar su procesamiento por eso mismo? ¿A que los jueces llamen a declarar y sienten en el banquillo al presidente de los sobresueldos?

La terquedad catalana.

No parecen enterarse. O no quieren darse por enterados. Los nacionalistas catalanes siguen erre que erre queriendo separarse. Y los nacionalistas españoles eñe que eñe, poniéndoles coto, límites, barreras que los otros se obstinan en sortear o saltarse limpiamente. No se enteran de que no pueden organizar referéndums en su tierra; ni consultas. No pueden llamarse a sí mismos "nación" si con eso pretenden ladinos "efectos juridicos". O deportivos. No pueden tener una selección nacional de fútbol, pero sí un Museo Nacional de Arte de Cataluña y una Orquesta Nacional de Cataluña. La cultura, al parecer, no tiene "efectos jurídicos". No pueden organizar su sistema educativo como quieran. No pueden hablar en catalán en el congreso. No pueden tener representaciones exteriores de fuste. Pasado el Ebro, no son catalanes, sino españoles. Allende los Pirineos, también. Eso dicen sus documentos de identidad.

Ahora, si son jueces, tampoco pueden redactar proyectos de Constitución de entes imaginarios como una República Catalana. El juez Vidal queda fuera de la carrera por eso. No dudo de que la decisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial estará impecablemente ajustada a derecho. Si no lo estuviere, ya se lo harán ver.

Al margen de estas cuestiones, que se ventilarán sin duda en su momento, el asunto tiene unas implicaciones políticas de largo alcance. La decisión del órgano de vigilancia de los jueces ha sido contundente y veloz y contrasta con la lentitud e incluso dejadez en otros casos. Pero, sobre todo, es obvio que se trata de algo ideológico. ¿Qué pasaría si, en vez de llamarlo "proyecto" de Constitución, Vidal lo hubiera llamado "Utopia de Catalunya Lliure"? ¿En dónde están los límites que hacen de una obra del espíritu una creación literaria o un documento para la comisión de una delito? Aceptar esto nos lleva peligrosamente cerca del juicio de intenciones.

Dicen los guardianes del orden que se trata de un proyecto ideológico partidista. Y los jueces no pueden pertenecer a partidos. Ideológico es seguro; partidista, falso. El popio Vidal ha señalado en repetidas ocasiones que tras su iniciativa no hay partido alguno. Añadase a ello que la medida tomada contra él lo ha sido por un órgano que ve bien que el presidente del Tribunal Constitucional haya militado activamente en el partido del gobierno. En el caso de Vidal no hay partido y lo de la ideología no es algo que los jueces tengan prohibido, según se colige de que estén organizados en tres asociaciones profesionales separadas por razones ideológicas. Resumen aparente, si eres juez y tienes un problema ideológico, solo te pasa algo si eres catalán.

La indiferencia, desconocimiento e irresponsabilidad con que el nacionalismo español -especialmente enraizado en la judicatura- se enfrenta a la cuestión catalana, que es la cuestión española, son asombrosos.

Moción de censura y retirada al Aventino.

El señor Rajoy ha estado presuntamente veinte años cobrando sobresueldos de procedencia dudosa. Según parece, también se benefició de las dádivas y pagos en especie que derramaba generosamente la Gürtel entre sus benefactores: trajes, corbatas, relojes. Todo en el mejor estilo valenciano de la inimitable señora Barberá y el Curita, o sea, el señor Camps, a quien el presidente prometió en un mitin que 'Siempre estaré detrás de ti, o delante, o a un lado', una más de sus falsas promesas porque hoy no quiere ni verlo.

Igualmente apoyó públicamente al delincuente Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, hoy cumpliendo condena en la cárcel, y a quien calificó de ciudadano y político ejemplar para el PP. Algo parecido con el también recluso Matas, expresidente del PP de Baleares al que prometió que vamos a hacer en España lo que Matas hizo en Baleares, otra promesa que hasta a él interesa que sea falsa. A estas alturas, el presidente tiene más amigos, ejemplos y modelos en la cárcel que fuera de ella.

Rajoy ha sido secretario general y presidente de un partido al que el juez y la fiscalía acusan de haberse financiado ilegalmente durante veinte años, haberse lucrado con el producto de presuntos ilícitos, haber estado repartiendo sobresueldos ese tiempo y todo ello a través de una contabilidad paralela, opaca, fraudulenta a la que se conoce como caja B. El presidente sigue negando la existencia de dicha caja, aunque tanto el juez como el fiscal y la abogacía no dudan de ella.

Es decir, es muy posible que, en su famosa comparecencia en el Congreso de 1º de agosto de 2013, el presidente mintiera al negar tajantemente caja B alguna en el partido. Como quiera que el hasta ahora innombrable Bárcenas insiste en sus acusaciones, Rajoy ha vuelto a negar en la televisión aunque ahora menos tajantemente, afirmando que ni él ni sus colaboradores más cercanos sabían nada de la tal caja B y que, si esta existe, será de propiedad exclusiva de Bárcenas, aseveración que invalida el SMS que envió al extesorero del PP en la cárcel, Luis, sé fuerte. Hacemos lo que podemos.

Mentir en sede parlamentaria es lo más grave que puede hacer un político en democracia porque supone defraudar la confianza del conjunto de los ciudadanos que depositan su soberanía en la cámara. Por ello, la oposición cumple con su deber cuando exige la comparecencia del acusado en el Congreso a dar explicaciones de la caja B. Sin embargo, el PP anuncia que hará valer su aplastante mayoría absoluta para impedir tal comparecencia con el argumento de que el presidente ya dio las que tenía que dar en su día. Pero en su día lo que hizo Rajoy presuntamente fue mentir. Esa negativa basada solo en la cantidad es la enésima prueba de que el Parlamento no sirve literalmente para nada en cuanto a su función de control del gobierno. Tampoco sirve en su función legislativa, pero ese es ahora otro asunto.

Así que, reducida a la impotencia, ninguneada, ignorada la oposición en el ejercicio ordinario de su función de control, no le queda más remedio que recurrir al ejercicio extraordinario. Debe plantear una moción de censura. Ya se sabe que la perderá pero es la única forma de obligar al presidente del gobierno a comparecer en el Parlamento a dar las explicaciones que los ciudadanos merecen y responder a las acusaciones y críticas de la oposición.

Pasada la moción de censura e informada la opinión pública de cómo están las cosas en un asunto por razón del cual el presidente debiera haber dimitido hace años, si la mayoría del PP sigue bloqueando las iniciativas parlamentarias, la oposición debe plantearse otras acciones. La más contundente, a juicio de Palinuro, sería una retirada al Aventino, esto es, la oposición no puede seguir legitimando con su presencia la deriva autoritaria y dictatorial del Parlamento, sino que debe ausentarse de sus sesiones, en tanto un presidente absolutamente deslegitimado por su actuación no presente su dimisión.

Las virtudes de Bárcenas.

Según algunos medios, las primeras declaraciones de Bárcenas, al estrenar su semilibertad, son irónicas o cínicas o sarcásticas. "Le he hecho caso a Rajoy, Luis ha sido fuerte". Husmean la amenaza. Desde luego, el empleo de la tercera persona resulta algo extraño. Es como si Luis Bárcenas autor hablara de Luis Bárcenas personaje, un poco al estilo de Pirandello. Solo el tiempo dirá si se trata de una licencia literaria o, durante los 19 meses de prisión, el hombre ha sufrido un desdoblamiento de la personalidad y seguirá hablando de sí como si fuera otro. La declaración subsiguiente "el PP no tiene nada que temer" justo cuando en ese partido no les llega la camisa al tiempo, sí que suena como a reto. No es agradable la visión de un futuro en el que el destino de tanta gente importante dependa de lo que declare un hombre de cuyo nombre nadie quiere acordarse.

Pero no hay lugar. La excarcelación de Bárcenas y las maniobras procesales de este pueden posponer la apertura de la vista oral hasta después de las elecciones de noviembre. Justamente la jugada táctica de La Moncloa. El mensaje por SMS de Rajoy, Luis sé fuerte adquiere ahora su significado y, rendido a sus pies, Bárcenas reconoce haberlo sido, haber sido fuerte. La fortaleza que Rajoy le pedía en su SMS es la tercera virtud cardinal de la Iglesia. Las otras, Prudencia, Justicia y Templanza, ya habrá tiempo de practicarlas. La Justicia puede esperar, puesto que la Esperanza es, a su vez, una de las tres virtudes teologales.

 

La Templanza quizá sea ahora la más sometida a tensión. Porque si Bárcenas ve que lo tratan como a un apestado, que no le dejan salir por la tele, que lo criminalizan, puede perder los nervios y hablar. No es imprescindible que lo lleven a las tertulias a pontificar sobre las cuestiones de actualidad, aunque tendría mucha audiencia, pero a lo mejor no conviene acorralarlo.

 

Un partido y un gobierno pendientes de lo que pueda decir o dejar de decir un presunto delincuente en libertad bajo fianza.

 

Es deprimente.

Llegan los carnavales.

Con 200.000 euros de vellón se ha redimido transitoriamente al cautivo Bárcenas, preso hasta ahora en las mazmorras del Reino. Reunir 200.000 machacantes en 48 horas no es fácil, salvo que seas impecune, insolvente y no tengas para pagar el metro pero sí una libreta con nombres de antiguos conmilitones del PP.

Ha salido bramando como un toro del toril y emplazando al PP a querellarse contra él si lo acusa de sustraer dinero del partido. Pero, ¿de dónde venía ese dinero que el innombrable habría sustraído siendo tesorero? Está claro: de la caja B que el mismo Bárcenas reconoce por videoconferencia que administró. Pero Cospedal sostiene que esa caja B no existió nunca y, si lo hizo (porque es difícil negarlo, hasta para Cospedal) era de ese señor Bárcenas. Es decir: se querella por la sustracción de un dinero de una caja que nunca existió o pertenecía al querellado a quien, al parecer, se acusa de robarse a sí mismo. Pura lógica cospedaliana.

Alto ahí. Los malandrines siempre llevan su merecido. La doctrina de que en el PP no hay más caja B que la B de Bárcenas procede de más arriba, del mismo Rajoy, aunque él no dice "Bárcenas", porque se lo ha prohibido el médico, y dice "ese señor". Nada. No hay caja B en el PP. Los sobresueldos se pagaron en A. Es curioso, sin embargo, que hasta la abogacía del Estado, del Estado de Rajoy, da por cierta la existencia de la caja B. Es igual, no hay caja B.

No habrá caja B, pero una de las acusaciones particulares en el proceso, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa, pide que Rajoy testifique. Tendría que testificar sobre la existencia de algo cuya existencia niega y hablar de alguien cuyo nombre ha olvidado. "Esa persona de la que usted me habla, además, ya no es miembro del partido", como si eso significara algo.

A Bárcenas no lo reconoce hoy ni uno de sus antiguos amigos, beneficiados o compinches. A él, que fue gerente, tesorero, senador, un prohombre de la Patria. No se acuerdan ni de su nombre ni saben quién fue o quién es. Y, sin embargo, cuando comenzó a cantar, todos se querellaron contra él: Aznar, Ana Palacio, Cospedal, hasta el PP, ¡por vulneración del derecho al honor!. Todos, no. Rajoy amenazó con hacerlo, pero no lo hizo. En lugar de ello le envió un SMS aconsejándole fuerza. Los demás retiraron discretamente las querellas o las perdieron. Y así se hizo el silencio sobre Bárcenas, ese toro que sale bramando a punto de los carnavales.

Si no es Bárcenas, es la Gürtel y, si no, las dos juntas, pues cometieron, al parecer, numerosas fechorías al alimón. Cuando las cosas se aceleran, todo se mezcla, la farsa, la burla, la comedia. Vuelan los sobresueldos, se cruzan con los trajes, los viajes, las dádivas, comisiones, donaciones o mordidas. Todo es un lío y hasta hay que duplicar los disfraces. Así resulta que, según El Mundo, los testaferros de Bárcenas eran los de González, el del ático. Hasta los testaferros tienen que pluriemplearse para malvivir.

¿Es de recibo un país cuyo presidente del gobierno pasa el tiempo defendiéndose de muy verosímiles acusaciones o negando la evidencia que es incriminatoria hacia su persona? ¿Un país en el que el presidente niega un hecho que la abogacía del Estado afirma? ¿Un país en el que ese presidente del gobierno lleva tres años negándose a admitir su responsabilidad política por la que tendría que haber dimitido desde el comienzo de su mandato?

Bueno, pues según Rajoy, esto es una gran nación.

Teoría del Jaguar.

El país vive una orgía de corrupción. Las noticias del día a día son espeluznantes. Granados, en la cárcel anda escribiendo en una misteriosa libreta vaya usted a saber qué maldades. Están los dirigentes del PP sobresaltados y en ascuas pues no creen que sean reflexiones filosóficas al estilo de Boecio o de corte más religioso como las de Silvio Pellico. El innombrable Bárcenas, a punto de calle con una fianza de 200.000 euros. Este ya entró en la cárcel con los cuadernos escritos y, al parecer, el PP espera que no hable o no demasiado. Otro alto cargo de la Comunidad de Madrid, Victoria, resulta salpicado, según reza la prensa, en la operación "Púnica", o Médica o de la guerra de Peloponeso, que se van a acabar los nombres. La corrupción tiene anegado al PP. No sé cuántos cientos de altos cargos del partido llevan diez o doce años cobrando suculentos sobresueldos pagados con los dineros presuntamente ilegales que allegaba Bárcenas del rebaño empresarial de parásitos de lo público. En algún serio periódico alemán se dice que la corrupción en España es endémica. No es que el PP sea incompatible con la corrupción, como afirmaba Aznar, sino que es tan inseparable de ella como de su sombra.

La corrupción es la sombra misma del PP. Por eso está dispuesto a vendérsela al diablo, como hizo Peter Schlemihl a cambio de una fortuna. Al fin y al cabo, ya queda poco por vender. Vender la sombra al diablo trae consecuencias incómodas. Pero a medio y largo plazo. A corto plazo, al haber perdido la sombra, al no manifestarse esta ni a pleno sol, el señor Floriano puede decir tranquilamente que el PP no se enteró de nada sobre Gürtel y la 'caja b'. No veía su sombra, claro, porque no estaba. Esta invidencia, esta inconsciencia es una especie de mal de la memoria y del entendimiento generalizado y contagioso. Afecta a muy señaladas personalidades de la vida pública: la exministra Mato, la Infanta Cristina, la esposa de uno o dos de estos pillastres que andan de cárcel en cárcel y de juzgado en juzgado o los mismos pillastres entre sí. Ninguno sabía nada, no recordaba nada, no tenía constancia o conciencia de nada. Estaban en la inopia. 

El pueblo, irreverente por naturaleza, se toma a guasa tanto desconocimiento y directamente a pitorreo las comparecencias públicas de Floriano negando lo evidente en la espera de que algún día niegue llamarse Floriano o hablar en nombre del PP. Es falta de cultura y respeto. En realidad, Floriano es el último representante de la tradición pirrónica de la filosofía española, cuya cumbre fue el médico del siglo XVI/XVII, Francisco Sánchez, autor de una obra genial, Que nada se sabe. Al fin y al cabo, oigan, si un genio como Sánchez (el médico), a quien muchos consideran inspirador de Descartes, dejó dicho que nada se sabe, ¿quién es Floriano para quitarle la razón? Nada se sabe. De la Gürtel, ni de la caja B, ni de nada.

Es como esas burlas permanentes sobre el hecho de que la exministra Mato no viera un Jaguar en su casa y que ahora se multiplicarán porque, según Floriano, el PP no solo no ve un Jaguar sino flotas enteras de Jaguares, viajes a los paraísos fiscales y quién sabe si artificiales. Vulgaridades, propias de patanes incapaces de apreciar que tanto Mato como Floriano y, con él, el PP en pleno son los últimos representantes del idealismo subjetivo en la formulación más lograda del obispo Berkeley: esse est percipi, es decir, el ser tiene que ser percibido. Si no percibo, si no veo algo, ese algo no existe. ¿Está claro, chusma? La exministra no ve el Jaguar, luego el Jaguar no existe. Floriano con sus dos ojos y el partido con sus diez mil no ven la Gürtel ni la caja B, luego la Gürtel y la caja B no existen.

 

El Jaguar invisible, la Gürtel invisible, España es el país de la invisibilidad. La existencia de la caja B, presunta ubre generosa de la que manaron sobresueldos, incluidos los del presidente del gobierno, fue enfáticamente negada por este en sede parlamentaria. La caja B es más difícil de encontrar que la caja negra de un avión estrellado en el mar. Rajoy no vio lo que hacía su mano derecha, Bárcenas, porque este usaba la izquierda para la caja. Y la dama Cospedal no ha visto 12.000 metros cuadrados de su propiedad. La señora Aguirre no vio la Gürtel ni la colección de supuestos granujas de la que se rodeó que llevaban años llenándose los bolsillos. Tampoco vio a los alcaldes de la Sierra haciendo mangas capirotes con la recalificación de terrenos, a pesar de haber recibido comunicaciones de aviso.

 

Aquí nadie vio nada, percibió nada. Luego no hubo nada.  ¿Los jueces? Bueno, bueno, qué va usted a contarme. Esos son todos socialistas que ven justamente lo que no hay.

Mirando atrás.

Las conclusiones provisionales de la fiscalía en este primer proceso de la Gürtel son aterradoras. Relatan con pelos y señales comportamientos delictivos de los encausados, todos ellos dirigentes, militantes o simpatizantes del PP, durante los últimos quince años. Los cuantifican detallando el importe del botín. Y también solicitando casi 500 años de cárcel para los culpables. Presuntos, por supuesto. Todo aquí es abrumadoramente presunto. Como presunto es el PP, cada vez más aparentemente configurado como una asociación para delinquir.

Ese relato obliga a mirar hacia atrás, a esos quince años pasados que, ahora, viendo la frenética actividad delictiva de estos personajes (y los que todavía no han aparecido en sede judicial) deben reconsiderarse. Cuando se escriba la historia de 2000 a 2015 este episodio iluminará con su turbia luz numerosos acontecimientos, dándoles su auténtica dimensión. La de que el país ha estado y está gobernado por presuntos delincuentes.

¿Quién no recuerda aquella aparición de Mariano Rajoy nada más destaparse el caso Gürtel/Bárcenas, rodeado de la plana mayor del partido para desmentir que hubiera trama alguna del PP y afirmar en cambio que se trataba de una trama contra el PP? En primera fila, Arenas, Cospedal, Camps, Mato, el propio Rajoy, todos ellos presuntamente corruptos o cobradores de sobresueldos de una caja B nutrida, al parecer, con fondos ilegales producto de comisiones por chanchullos y delitos varios.

¿Caja B? ¿Qué caja B? Rajoy, Cospedal, todos a una han negado su existencia. Rajoy, incluso, en sede parlamentaria. Una inexistente caja B con la que presuntamente se financiaron campañas electorales del PP (cuyos resultados habría que anular en buena ley), se pagaron unos sobresueldos a numerosos dirigentes del partido, incluido el actual presidente del gobierno. Una caja tan generosa que incluso daba para que el amigo Bárcenas, según la fiscalía, arañara de ella unos cientos de miles de euros, además de su preceptivo sobresueldo, como es lógico.

Claro, porque, como decía Cospedal, en realidad, no era la caja y la contabilidad del PP, sino las personales del señor Bárcenas que, al parecer, no ocupaba el cargo de tesorero del partido, pues era un señor de paso. Como un buhonero. El pobre Bárcenas pasó de ser un hombre de probidad incontestable, al decir de Arenas, y un magnífico tesorero según Rajoy, a ser un precito sin nombre que nadie conocía.

La vida no es solamente conocer gente, como dicen los manuales de relaciones públicas, sino también desconocerla. Repásense las fotos de la boda de la hija de Aznar en el Escorial. Muchos de los encausados con peticiones de cientos de años lucieron allí sus mejores galas y adornaron con su intachable ejemplo aquellas piedras centenarias, testigos de glorias imperiales. Ahora resulta que no los conocía nadie; ni los novios, ni los padrinos. Se habian colado. Otros que iban de paso. De paso a la cárcel, según se ve.

¿Quién se ha olvidado de Aznar proclamando hace cuatro o cinco años que el PP era incompatible con la corrupción? A lo mejor se refería a la ajena porque la propia, la de entonces, la de antes y la de ahora, bien clara la han dejado las fiscales. Pero no hay que dudar de la buena fe del héroe de las Azores. Seguramente no la veía, como Mato no venía el Jaguar en el garaje de su casa.

Es posible que en el curso del proceso -y es solo uno de ellos- el juez llame a declarar a la señora Aguirre, presidenta de la Comunidad en la que aparentemente se cometió todo tipo de desafueros para alimentar esta maquinaria de corrupción y expolio que funcionó durante quince años como la savia que alimentaba el frondoso árbol de los gobiernos autonómicos y locales del PP. La misma señora Aguirre que, teniendo empleados a varios familiares como asesores y cosas así en distintas administraciones públicas, aseguraba que iban a terminarse las mamandurrias. Siempre las ajenas, se entiende. Todas las inauguraciones, celebraciones y actos de la aristocrática presidenta en estos años dorados tenían detrás las actividades de esta trama o las no menos pintorescas de la Fundación FUNDESCAM, cuya alma nutricia duerme hoy entre barrotes en espera de juicio por otras fechorías tan desatentas como aquellas.

Esta visión retrospectiva, este cambio de decorados de una memoria colectiva, presentada como una historia de triunfo siendo en realidad un negocio de rufianes, adquirirá tonalidades más siniestras. Los papeles de Bárcenas dan para mucho. La Gürtel tiene una extensión valenciana que no va a la zaga en punto a desvergüenza y latrocinio. Todo en torno al PP. Los casos de Blesa y Rato terminarán de poner la nota de depravación más absoluta y el proceso de Urdangarin y la Infanta añadirá la guinda del blasón.

Al margen de lo que establezcan los tribunales, aquí lo esencial, políticamente hablando, son los sobresueldos de procedencia ilícita como práctica habitual y generalizada en el PP. Porque, si Ana Mato y hasta el PP mismo han de responder de la acusación de ser beneficiarios a título lucrativo de unos presuntos delitos, esa acusación ¿no puede formularse a todos los que hayan cobrado sobresueldos? 

Viene a la memoria un presidente Nixon, ya acorralado por el Watergate, afirmando a la desesperada en la televisión que I'm not a crook (No soy un delincuente). Luego resultó que sí lo era. ¿Se recuerda a Rajoy diciendo que no iba a dimitir a causa de Bárcenas porque soy recto y una persona honrada? Por supuesto, la presunción de inocencia es incuestionable.

Miremos ahora un poco adelante.

Quedan diez meses hasta las elecciones generales. Ocho hasta las catalanas.

¿Está este gobierno en situación de afrontar la cuestión catalana?  

El muerto al hoyo y el vivo al voto.

Ayer, en la Pablo de Olavide, intervención de Zapatero y coloquio posterior con el juez Garzón y otros. Tema: la Comisión de la Verdad. Zapatero dice que no sería "acertado" crear una Comisión de la Verdad, convencido de que mantener un "punto de templanza" es una "gran virtud".

¿Por qué no sería "acertado"? Porque hay que mantener un punto de "templanza". Se entiende lo que el expresidente quiere decir: un punto medio. Hay una larga tradición que honra esa posición del "justo medio", la templanza. Desde Aristóteles hasta hoy, pasando por Montesquieu. El justo medio. ¿Entre qué y qué? Entre los vencedores de una guerra que edificaron un "orden" victorioso que, en muchos aspectos, subsiste y los vencidos, que todavía no han podido recoger a sus muertos y, por lo tanto, no han recibido justicia. Es decir, el punto medio entre la justicia y la injusticia. Quizá exista ese punto medio, pero jamás será justo.

Supongo que, con la mejor intención del mundo, Zapatero es partidario, lo ha demostrado, de un acuerdo de mínimos que, salvando algún tipo de resarcimiento de las víctimas, permita pasar página, no agitar lo ánimos y proceder en interés de la estabilidad, la convivencia y, en definitiva, la unidad de la nación española. No hay motivo para dudar de su buena intención. Pero sí se le puede plantear una objeción: no creo que una nación pueda erigirse sobre una injusticia. O, por decirlo en términos más familiares por estos pagos: la reconciliación no podrá producirse mientras quienes se identifican con los vencedores sigan negando a los vencidos el derecho a recoger a sus muertos y honrar su memoria. Que las víctimas de la represión franquista sigan en los hoyos en que las metieron los victimarios no es defendible. Sobre eso no puede construirse nada.

No he leído los argumentos de Garzón que, seguramente, serán mejores que los míos pero algo es claro. Solo una Comisión de la Verdad debidamente legitimada y bajo auspicios internacionales, puede restablecer las bases para articular una convivencia democrática en España. El país tiene que mirarse en el espejo y reconocerse en su pasado. El argumento de Zapatero de que las democracias no tienen una verdad "oficial", que reproduce otro idéntico, formulado hace unos días por un ilustre miembro del PP, y que por ello no ha lugar a la Comisión de la Verdad, tiene un defecto: que el país vivió cuarenta años con una verdad "oficial" que nadie ha desmentido y, aunque cuestionada desde el ámbito publicístico y el académico, no lo ha sido en el ámbito judicial ni en el político ni en el de la vida práctica ni se ha admitido iniciar procesos que, contradiciéndola, alienten el pluralismo democrático de verdades que, al parecer, se propugna. Ni siquiera se permite allegar las pruebas necesarias para que esos procesos se consoliden. Los muertos se quedan en los hoyos porque los vivos están más interesados en los votos.

El debate sigue hoy, al parecer, entre el expresidente y el exjuez. Casi se diría, un debate de "ex". Se oirá poco en la campaña electoral porque los partidos le temen. Dejad que los muertos entierren a los muertos, dirán, y nosotros vamos a lo nuestro.

Las elecciones. En el PP están ya lanzados. Han puesto de responsable de la campaña a Carlos Floriano pero le han colocado un vigilante nombrado portavoz que trae pedigree de FAES. Están seguros de que van ganando, según dicen sus encuestas. Las de los demás los dan perdedores. En esas condiciones, ¿a quién creería usted? A las nuestras, a buen seguro. Las otras las cocina el enemigo. Además, ¿qué van a salir diciendo? ¿Que van a perder? Eso no lo dice nadie. Ellos van a ganar. Sus fórmulas son simples: El PP o el caos y el PP o la nada, de esas con pegada. Enfrente tienen un panorama de desunión y enfrentamiento, incluso un verdadero guirigay y un proceso soberanista en marcha en Cataluña, cuyo impacto en las elecciones municipales y, desde luego, las generales, dan por descontado a su favor. Único motivo de preocupación, el súbito ascenso de Ciudadanos en el ámbito español. Ya hay quien habla de un Podemos de la derecha, en donde tendrán su parte consideraciones personales sobre el porte, el verbo, la imagen de respectivos lideres, Iglesias y Rivera. ¡Ah, las generaciones, Rajoy! Repentinamente te has convertido en el viejuno de la política española y, contigo, tu fiel escolta, empezando por ese Floriano que parece un entrenador de equipo de fútbol de barrio y da la impresión, como todos ellos, de saber tanto de las redes sociales como de la Atlántida.

El campo de Agramante está en la izquierda y agitado. Ese lío de la candidata de IU de Madrid tiene una pinta fatal y, luego de la dimisión del responsable de la Comunidad, creo, Eddy Sánchez, vaticina más lío. No es que estas situaciones tan problemáticas sean excepcionales en IU. Al contrario, son relativamente frecuentes. Pero no sé si al extremo de oscurecer el proceso de consolidación de un nuevo liderago con Alberto Garzón. De la convergencia con Podemos ya no va a hablarse gran cosa.

 

La cuestión es ahora la lucha por la hegemonía entre Podemos y PSOE. Poco a poco van fijándose posiciones. El PSOE, que pierde votos por la izquierda, tiene, entre otras, dos opciones: tratar de recuperarlos formulando un discurso más a la izquierda que el que ha tenido hasta la fecha o aceptar la pérdida y modificar el discurso más mirando a los votantes de centro. Zapatero parece más inclinado al centro; Sánchez, a la izquierda.

 

Me atrevería a decir que el reto del PSOE es formular un discurso socialdemócrata propio, diferenciable y, sobre todo, nuevo; uno que concilie el restablecimiento de la justicia social con la flexibilidad de la organización económica, la productividad y eficiencia coordinada con la redistribución. No tiene que ir a la busca de votantes. Tiene que articular un discurso y unas propuestas que los votantes busquen. Tiene que  hacer lo que ha hecho Podemos, hablar lo que la gente quiere escuchar. Y ahí su reto es muy duro porque los de Podemos son verdaderos maestros.

 

En un punto coincide el desconcierto de la izquierda española y es el catalán. Es urgente que las dos formaciones tomen posición sobre lo que está pasando ahora mismo en Cataluña. No en un futuro incierto, para después de las elecciones generales, sino aquí y ahora.

El derecho a la Justicia.

El gobierno ha encargado a un grupo de expertos un informe acerca de cómo adecuar la legislación española a las insistentes recomendaciones de los organismos internacionales, en especial la ONU, sobre el tratamiento de los derechos humanos en España. Los expertos lo han redactado y entregado pero, al parecer, el gobierno lo ha censurado o secuestrado. Ahora los autores anuncian que lo publican en la editorial valenciana Tirant Lo Blanch, mi editorial. Aplausos entusiastas. Y pitos a un gobierno que tiene miedo a todos los papeles, los de Bárcenas, los de los jueces, los de los expertos y académicos, aunque por razones distintas.

Dicen los expertos que el gobierno está obligado a adaptar el ordenamiento español a los mandatos internacionales en la materia citada, la universalidad de la justicia penal, la imprescriptibilidad del delitos de genocidio y otros aspectos más concretos y también decisivos como la tipificación del delito de secuestro de niños, la aplicación de la pacata ley socialista de la Memoria Histórica, la derogación o inaplicación de la Ley de Amnistía de 1977, algunos de los cuales condujeron a la injusta exclusión del juez Garzón.

En definitiva, dicen al gobierno que está obligado a hacer justicia a las víctimas del franquismo. A hacer lo que mis colegas llaman justicia postransicional (Paloma Aguilar).

Y el gobierno, obviamente, no quiere. Si se le presiona seguirá tratando de evadirse con formalidades, como la Ley de Amnistía. No siendo eso, echará mano de excusas morales, sentimentales, falsas, del tipo de que "no hay que reabrir heridas". En el fondo, esta es la cuestión. Una cuestión de lenguaje sobre la que hay que ponerse de acuerdo. Este gobierno, tan presto a reconocer la condición de víctimas de las del terrorismo, de Melitón Manzanas o Carrero Blanco, ¿reconoce asimismo la de los asesinados y enterrados por decenas de miles en fosas anónimas en toda España?

Hasta la saciedad se ha dicho: España es el segundo país del mundo después de Camboya con más asesinados en las cunetas. ¿Cree el gobierno que son víctimas y debe hacérseles justicia, desenterrarlos, devolvérselos a sus familiares, buscar y castigar o, cuando menos, identificar a los responsables?  ¿Sí o no?

No habrá respuesta. Si acaso, la melopea de que en la guerra ambos bandos cometieron crímenes. ¿Y los de la posguerra? Esos le importan una higa, como demostró recientemente el diputado Hernando, hoy portavoz del grupo parlamentario del PP al decir que algunos solo se acuerdan de su padre cuando hay subvenciones para buscarlo, una monstruosidad agravada por el hecho de que justamente su gobierno ha suprimido las subvenciones. O menos que una higa. Quizá hasta se merecían que los asesinaran, según el alcalde del PP de Baralla.

¿Hacemos las cosas bien por una vez en la vida? Se condena el franquismo, se ilegalizan todas las asociaciones franquistas, sus fundaciones y hermandades, se suprimen todos los reconocimientos honoríficos al dictador, se hace justicia a las víctimas, se desentierra a los muertos, se devuelven a sus familiares, se identifica a los responsables, se busca a los niños secuestrados y se notifica a sus progenitores.

O sea, se reconoce el derecho de la gente a la justicia.

Mientras tal cosa no se haga, llamar "gran nación" a esto es de risa.

Desalmados obedientes.

Ni nacimiento del Señor, ni amor cristiano, ni espíritu de la Navidad.

La muy pía alcaldesa de Madrid, contertulia habitual de la Virgen de la Almudena y de la Paloma, comienza el año ordenando cinco desahucios. Innecesario recordar lo que significa un desahucio para una familia, esa institución en cuyo favor se manifiestan los obispos en las calles con pancartas. Y no es una familia; son cinco. Y no son cinco; son decenas de miles.

Con un ser humano tratado injustamente ya se colma la medida de lo tolerable. Pero es que, además, no es uno; son, somos, centenares de miles, millones. El castigo, el maltrato, afecta a la mayoría de la población por uno u otro motivo. No es un comportamiento aislado, singular, de especial crueldad. Es una industria; una política.

Los datos referidos a los perjudicados por la racanería oficial con el fármaco de la hepatitis C están también en los cientos de miles. Y, en muchos casos, es perjuicio de vida o muerte. Un gobierno que tiene dinero para dar 11.000.millones de € a la Iglesia, rescatar bancos o autopistas en quiebra, para comprar armamento inútil o pertrechar a la fuerza pública con fines fáciles de imaginar, no tiene dinero para rescatar las vidas de sus gentes.

Claro, porque no son gentes, no son seres humanos o, si lo son, no son iguales a los privilegiados, que vienen de estirpe, según doctrina que profesaba Rajoy de joven y sigue profesando hoy  a juzgar por sus actos. Son números. Y como números los tratan unos gobernantes que carecen de toda idea de eso que dicen profesar y llaman humanismo cristiano. Rajoy no cree que el paro sea un drama humano que atenta contra el principio mismo de la dignidad de la persona; no cree que los contratos basura que su gobierno propicia destruyan esa dignidad y pongan a los trabajadores a merced de los patronos en condiciones de esclavitud. O sí lo cree y le da igual. Lo que le importa en presentar datos estadísticos que corroboren la fábula de la salida de la crisis que, según leo, Sánchez y Mas se han tragado ya. El paro, el paro juvenil, la subcontratación, la precariedad, la emigración, afectan a millones de personas, pero para el presidente del gobierno son cifras con las que sostener que hay tres décimas más de afliaciones a la seguridad social o que el PIB ha aumentado otras dos décimas. Contando, por cierto, que ya es el colmo, el producto de la prostitución y el tráfico de drogas.

Como todo les da igual y carecen de sentimientos, de un mínimo de pundonor y humanidad, dicen lo primero que se les pasa por la cabeza si entienden que puede apuntalar esa leyenda que el servicio de comunicación de La Moncloa está fabricando sobre la salida de la crisis. Aunque sea una monstruosidad. Así, de Guindos sostiene que ya se ha perdido el miedo a perder el puesto de trabajo. Realmente inaudito. Con cinco millones de parados y otros tantos pendientes de contratos basura en condiciones de absoluta precariedad, que no saben si trabajarán o no la semana siguiente, hace falta ser un desalmado para decir algo semejante. O un inconsciente. O ambas cosas, que será lo más probable.

Ciertamente, desalmados. Pero al servicio de alguien o algo. La historia no se agota en el anecdotario personal. Tiene explicaciones que afectan a las instituciones, a la estructura misma del sistema. La clave está en el capitalismo y, para no enfadarme con los puristas que defienden el tipo ideal, diré, de este capitalismo. Dudo mucho de que haya otro, pero no lo niego sin más. En este, las cosas son diabólicamente simples: el poder real lo detentan las grandes corporaciones y entidades financieras que son como dioses todopoderosos invisibles a los mortales, habitantes de un remoto Olimpo al que llamamos mercados. Y desde donde rigen los destinos de aquellos, con una irremediable tendencia a convertirlos en infiernos.

A tales fines los poderes se valen de los gobiernos a través de los partidos políticos institucionales, encargados de convertir en políticas sus decisiones. Verdad que unos lo hacen de buen grado, como los partidos conservadores, y otros rezongan algo, como los socialdemócratas. Pero todos cumplen órdenes porque, aunque algunas (por ejemplo, desahucios en masa, despidos por miles, recortes a cientos de miles) puedan disgustar a alguno, que siempre habrá, no creen que exista alternativa, ni pueden imaginarla o quizá no quieran. También ellos defienden su interés que es una parte congrua del beneficio del expolio al bien común. Porque ese es el contenido esencial del capitalismo: la explotación del común en beneficio privado. Unos dan las órdenes y se quedan la parte del león; otros las cumplen y se quedan la del zorro.

Estos partidos están encargados de poner el Estado, con todos sus aparatos propagandísticos y coercitivos al servicio de quienes mandan. Medios, establecimientos educativos, fundaciones se encargan de adoctrinar a la población en la creencia de que el Estado debe ser neutral, mínimo, desaparecer en favor de esa dinámica angélica según la cual el beneficio privado ilimitado redunda luego en provecho general a través de la famosa teoría del trickle down (las salpicaduras) que es una verdadera burla cuya mejor traducción sería la parábola del rico Epulón. Si las doctrinas y manipulaciones ideológicas no bastan ni siquiera con los Evangelios en la mano, se echa mano de la policía, las fuerzas de seguridad, las redes de espionaje y, en último término, el ejército.

Una prueba evidente de ese espíritu es la Ley Mordaza en tramitación parlamentaria. Una norma que es una vergüenza y debiéramos recurrir en todos los foros políticos y judiciales, nacionales e internacionales porque es una agresión a los derechos y libertades de los ciudadanos a quienes estos desalmados tratan como a siervos de la gleba. Eso sí, entre rezo y rezo.

Quieren estar preparados por si la gente descubre que la fábula de la salida de la crisis es una patraña de gabinete de comunicación. Porque la llamada crisis es, en realidad, la condición permanente que le preparan los que no la padecen. No hay crisis para las grandes fortunas, los beneficios de las empresas, los de la banca; solo la hay para la gran mayoría, los parados, los jubilados, los dependientes, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes. Y aquellos beneficios dependen de que esta crisis se prolongue. La crisis es el capitalismo.

Panorama desde el vídeo.

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Aquí un vídeo con el que estoy de acuerdo y me gusta mucho. Tiene subtítulos en español. La autora, Kanka Kanak, me pide que ayude a difundirlo y así lo hago encantado. Es sencillo, directo e irrefutable.

El gobierno, contra los jueces.

Y van tres. Primero fue Garzón, condenado por prevaricación y apartado de la carrera judicial por su forma de instruir el caso Gürtel. Luego fue el turno del juez Silva, igualmente inhabilitado por su forma de instruir el caso Bankia. Ahora le toca al juez Ruz por el caso Gürtel de nuevo y el de Bárcenas. No se le reprocha ilicitud alguna, pero se le aparta de hecho del caso con un pretexto puramente formal, legalista, contra todo sentido de funcionamiento racional de la administración de justicia y envuelto en explicaciones torticeras y engañosas. Mañana puede ser el juez Castro, instructor del caso Urdangarin y según lo que decida en cuanto a la infanta Cristina.

Ocuparse de los casos en los que el gobierno y su partido tienen un interés directo es una línea de peligro para los jueces. Aunque no para todos sino solamente para los independientes que proceden según criterio propio y no según órdenes de arriba o intereses extrajudiciales. Aquellos otros que exoneran a acusados a quienes tienen que volver a encausar, los que tratan a los corruptos con miramientos y privilegios, dan carpetazo a las causas o favorecen los indultos de los condenados, no padecen problema ni persecución ninguna.

La injerencia del poder político en la justicia es escandalosa. No solamente visible en el modo en que el gobierno y su partido ha poblado de militantes y simpatizantes puestos claves de la magistratura, del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial sino en la forma beligerante en que arremeten contra los jueces incómodos e independientes. Se les busca las vueltas como sea, aprovechando las circunstancias que sean y, entre tanto, se los vapulea en los medios a cargo de tertulianos afines o también militantes, generalmente pagados con dineros públicos.

Todo el mundo sabe que no se respeta la independencia judicial y que el gobierno y su partido presionan a los jueces y los persiguen cuando no se doblegan. De los fiscales no es preciso ni hablar. Es lógico que se sepa porque es exactamente el fin deseado por el gobierno: que se sepa. Si un juez se pone escrupuloso, investiga en serio la corrupción y señala a los responsables en el gobierno y en el partido y al partido mismo como tal, se sabe que, probablemente, tenga los días contados como juez. Los escarmientos tienen un efecto paralizador sobre la voluntad del resto de la judicatura de cumplir con su deber de independencia. Para ello deben ser públicos y debe saberse, cuando menos intuirse, quién los ha impuesto. Basta con la sospecha: si te enfrentas al Príncipe, este, como Herodías, pedirá tu cabeza, juececillo.

Al mismo tiempo, el gobierno, su partido y su aparato de propaganda hablan sin parar de respeto a la ley, a la labor judicial, a la exquisita separación de poderes, a la legalidad escrupulosa de la acción del gobierno, a la transparencia, al principio de inocencia y al resto de piezas que componen ese delicado equilibrio del Estado democrático de derecho. Lo de social, que incluye la aclamada Constitución vigente, lo dejo fuera por pertenecer al reino de la fábula.

La conversión de la justicia en justicia del Príncipe, al servicio del poderoso, y en contra del débil destruye el fundamento mismo del Estado de derecho y la democracia que los gobernantes  dicen defender. Lo dicen y también sin mucha convicción porque no les hace falta. Que Cospedal salga por la televisión afirmando que el PP es el partido que más ha hecho contra la corrupción no puede refutarse en el terreno empírico de los hechos porque la buena señora se  obstina en asegurar que son lo contrario de ellos mismos con la misma cómica seguridad con que el Sombrerero Loco explica a Alicia que allí no se celebra una fiesta de cumpleaños sino de no-cumpleaños.

Paralizar el proceso de la Gürtel hasta después de las elecciones, como interesa al gobierno y su partido, presupone la idea de que, de aquí al día de la votación, la gente se olvidará de la corrupción y del hecho verdaderamente escandaloso de que sean sus responsables quienes le soliciten el voto. Suena absurdo, ¿verdad? Pero también suena absurdo que alguna vez haya podido oírse el grito de ¡vivan las caenas! Y se oyó. Él y alguna variante todavía más aleccionadora sobre la mentalidad del pueblo español como el de ¡Vivan las caenas y muera la Nación!

Vuelve Gran Hermano.

No basta con que esté todo petado de cámaras de vídeo, fisgando los menores movimientos del personal en cualquier parte, incluidas las excusadas. Los gobernantes no se conforman con vernos hasta en cueros como un ubicuo panopticón benthamiano, sin duda por nuestro bien. Ahora quieren también escucharnos, saber qué decimos, a quién, por qué. Reforman la normativa vigente para ampliarla y, de paso, permitir al ministro y al ministro del ministro escuchar conversaciones privadas sin previa autorización de un juez. Eso ya puede hacerse en casos de terrorismo y la nueva demasía se refiere ahora a los delitos de especial gravedad. Esta calificación queda al arbitrio del ministro y el ministro del ministro, dos personalidades compulsivamente autoritarias con tendencia a considerar delito toda manifestación de disconformidad, aunque sea en susurro.

Es una decisión contraria a varios derechos como la libertad de expresión y el carácter secreto, reservado, de las comunicaciones privadas que solo puede romperse por decisión judicial. Eso es obvio y hay que ponerlo en perspectiva de una política de orden público de tono fuertemente represivo. Espiar impunemente a los ciudadanos es otra actividad típica de un Estado policía como el que lleva armándose en España en los últimos tres años. Se comenzó obstaculizando el acceso a la justicia a base de subir las tasas judiciales, de forma que la gente de medios escasos no pueda defenderse. Se siguió con una interpretación restrictiva de las normas de orden público y la adopción de tácticas de control policial preventivo que, en la práctica, sirven para hostigar y amedrentar a la ciudadanía. Se persigue y castiga toda manifestación pública con sanciones administrativas que la policía reparte por las calles casi a la pedrea. Se coartan otros derechos como el de información, a través de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, verdadera Ley Mordaza, que prohibe y pena fotografiar o grabar a los policías durante las actuaciones en caso de manifestción. Y se arrebatan competencias a los jueces para dárselas a la policía. En este clima autoritario de represión, acudir a la escuchas subrepticias es lo más lógico del mundo.

La represión, la vigilancia, la persecución, la criminalización son las pautas más consistentemente seguidas por la derecha gobernante. Su reiterada voluntad de proceder a una regeneración democrática que nunca se ha materializado en nada deja paso a una contrapartida cara a todo temperamento autoritario: tener preparadas las fuerzas represivas. La represión parece ser el único recurso del gobierno frente al descontento y la protesta sociales a causa de la corrupción y las políticas antisociales, así como frente al proceso soberanista catalán. Un ejemplo simple: si al ministro le da por decir que el supuesto delito de desobediencia que, según parece, la fiscalía achaca a Mas reviste especial gravedad, la policía escuchará las conversas de este con Junqueras, por ejemplo.

 

Son prácticas represivas, policiales, arbitrarias, intolerables en una sociedad democrática. Hay que impedir que prosperen porque encanallan la vida social. Y no perder de vista que, en el ámbito digital, estas prácticas represivas están a la orden del día. La policía rastrea las redes y extrae la información que juzga relevante por varios motivos, entre ellos los políticos. Ahora se apresta a dar un salto cualitativo. Igual que quiere escuchar las comunicaciones de la gente entre sí, pretende también espiar lo que cada cual se cuenta a sí mismo en la reserva de su ordenador. Los mecanismos de control remoto permiten a la policía entrar en los archivos de los particulares sin el permiso de estos, incluso sin su conocimiento y apropiarse de su información, de sus claves, de sus textos.

 

El Gran Hermano quiere vigilarlo todo otra vez, así que cuidado con lo que se dice al vecino, incluso por guasap.

Gürtel noquea al gobierno.

El auto del juez Ruz de apertura de fase de juicio oral equivale a la ruptura del séptimo sello en el Apocalipsis de San Juan cuando se hizo el silencio en el cielo durante media hora. Su lectura despliega a nuestros atónitos ojos un mundo de hampones de lujo, bien trajeados, bien comidos y bebidos, con trenes de vida fastuosos, bien relacionados en distintos niveles de gobierno, prácticamente entrelazados con la estructura del PP; un mundo de mordidas, comisiones, cohechos, malversaciones, apropiaciones indebidas, en un tejemaneje de sinvergüenzas, casi todos con cargo público. Y todos en torno al PP. O en su misma médula.

Nuestra sociedad mediática ha singularizado el caso de Ana Mato, el más vistoso por tratarse del cargo institucional más alto indicado por su nombre y apellido. Tiene también un elemento de morbo por la tentación de contraponer la acusación concreta a Mato en sede judicial con sus peripecias dialécticas a lo largo de los años, que han dejado huellas en las redes: jaguares invisibles, confetti, fiestas infantiles, viajes de vacaciones. Pero lo grave de esto no son los episodios bufos que se convierten en chirigotas en las redes, aunque sean los más llamativos. Tampoco lo es el hecho de que, sabedora de sus propias andanzas, la ministra sostuviera la figura y se aferrara al cargo frente a arremetidas periódicas de la oposición y los medios, convertida en la némesis de la sanidad pública, universal y gratuita. Que quien obliga a los viejos a pagar por los medicamentos se gastara el dinero de esos mismos viejos en llevar a sus hijos a Disneylandia es repugnante.

Y aun así, tampoco es lo más grave. Lo más grave está también en el auto del juez Ruz en el párrafo siguiente al de Ana Mato, en que aquel acuerda mantener en igual situación de partícipe a título lucrativo al PP, esto es, al partido del gobierno. Esto se resalta menos mediáticamente, pero tiene más calado. Ana Mato ha dimitido de ministra. ¿Qué hará el PP?

De momento, su presidente, que es el presidente del gobierno, comparece hoy en el Congreso de los diputados a explicar a estos y a la opinión pública las medidas que va a tomar para impedir que se repitan hechos en cuya comisión está él mismo implicado y de cuyos resultados bien pudiera haberse beneficiado. Se trata de lucha contra la corrupción, sí, a la española. Una lucha abanderada por el responsable político último de toda la corrupción en el partido que preside y que, para iniciarse con buenos augurios hace desaparecer a la ministra Mato para no descubrir la añagaza, al modo en que Stalin borraba a Trotsky de las fotos con Lenin.

Eso se llamaría dimisión ipso facto en cualquier lugar del mundo y Palinuro lleva mucho señalándolo. Por eso es importante que Pablo Iglesias pida la dimisión de Rajoy y elecciones anticipadas tras la salida de Ana Mato. Luego se extrañan de que Podemos suba en los sondeos. Cuando es el único que dice lo que hay que decir.

Quizá con esas acertadas declaraciones se decidan los portavoces del PSOE e IU en el Congreso a pedir la dimisión del principal fautor de este desastre, en lugar de prestarse como comparsas a un esperpento en el que el reponsable político último de la presunta corrupción del PP se presente en sede parlamentaria a iniciar la lucha contra sí mismo.

Sería de chiste de no ser porque esta banda de corruptos ha endeudado el país para varias generaciones y ha arruinado el presente so pretexto de no hipotecar el futuro, siendo así que ha duplicado la deuda que heredó gracias a su incompetencia y su política de rapiña.

Cuatro motivos para destituir fulminantemente al ministro del Interior.

Primero. Su proyecto astro, su Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, es inconstitucional. Palinuro lleva meses diciéndolo. Pero ahora es el Consejo General del Poder Judicial el que se pronunciará sobre un informe elaborado por dos consejeros que consideran "de dudosa constitucionalidad" muchos de los artículos de su proyecto, todos los que amplían los poderes de la policía para reprimir ciudadanos en ejercicio de sus derechos y libertades y para involucrar en tareas de orden público a vigilantes de empresas privadas. Y de eso de constitucionalidad el Poder Judicial sabe bastante más que el ministro. Ya la anterior Ley de Seguridad Ciudadana, hoy vigente, llamada "Ley Corcuera", del nombre del entonces ministro socialista del Interior, fue cuestionada por el Tribunal Constitucional que, en sentencia 341 de 18 de noviembre de 1993 declaró nulo el apartado 2º del artículo 21, razón por la cual el mentado ministro dimitió.  La Ley es hoy conocida como Ley de la patada en la puerta. La agresividad del ministerio se ha intensificado y, en consecuencia, esta ley de Fernández Díaz puede acabar conociéndose como Ley de la patada en la boca. Y, por supuesto, debiera llevar aparejada la dimisión de su máximo responsable.

Segundo. Ha mentido reiteradamente en sede parlamentaria en sus declaraciones sobre la actuación de la guardia civil en el terrible asunto de Ceuta, que ha costado la vida a quince seres humanos. A medida que el ministro enhebraba sus "explicaciones", estas eran desmentidas por los vídeos que la propia guardia civil había grabado y que el ministerio se negaba a hacer públicos. Mentiras, pues, adobadas de ocultación de pruebas. Toda una marca para un miembro del Opus Dei, secta cuyos sectarios tienen a gala no mentir jamás.

Tercero. Malversa los caudales públicos en ceremonias y supersticiones propias de su religión y ajenas a su normal cometido de gobernante y administrador. Ayer, su ministerio concedió la Medalla de Oro al Mérito Policial a la virgen María del Amor. Ya el año anterior había concedido otro galardón a la Virgen del Pilar. El ministro es muy libre de adorar y venerar las imágenes, ídolos, iconos, reliquias o tótems que estime pertinentes, hacerles sacrificios y vestirlos de oro si quiere. Pero con su dinero, no con el de todos, y sin poner en marcha la maquinaria del Estado, no ya solamente por razones de responsabilidad administrativa, sino por no seguir haciendo el ridículo. ¿Qué pasaría si, en lugar de ser fervoroso católico, fuera adorador de Kali, una esposa de Siva,  que, según leyendas, otorga favores a cambio de sacrificios humanos?

Cuarto. También despilfarra caudales públicos en satisfacer sus inquinas personales. No lo dice Palinuro, sino la juez del juzgado número cinco de lo contencioso quien ha resuelto la demanda presentada en octubre por el funcionario de Interior, Jaime Nicolás Muñiz contra el ministro por "acoso laboral" y de la que Palinuro dio cuenta hace casi dos meses en una entrada titulada Mi amigo Jaime. La juez no considera que se trate de un caso de mobbing o acoso laboral, como sostenía Jaime quien, probablemente, apelará, pero sí sentencia que ha habido despilfarro de dinero público. Es evidente que un cargo público de quien los jueces dicen que despilfarra el dinero público no puede ejercer de  ministro de nada. Por muy creyente que sea.

Las tres eses negras.

La desafección, la hostilidad de la ciudadanía hacia los políticos se extiende, según los expertos, a la política en su conjunto. Y también a la misma democracia, avisan los más agoreros entre ellos. Es el caldo de cultivo en el que engordan las tendencias extremistas, sobre todo de derechas, los populismos, la xenofobia, el fascismo siempre latente en Europa. La causa de esta actitud suele ir a buscarse a la mezcla de corrupción e incompetencia que caracteriza a los gobernantes. "Son todos iguales". "Van a lo suyo". "Dan la espalda a la sociedad". "Son incapaces de resolver los problemas." "Pero aprovechan para enriquecerse." Son expresiones habituales, generalizadas. Solo con esto, el asunto es ya muy grave.

Pero hay más, mucho más. No se trata solo del rechazo que provocan las actitudes de los gobernantes respecto a los asuntos prácticos y cotidianos de la vida: las corruptelas, las arbitrariedades, las insensateces, la incompetencia en la gestión. La irritación ciudadana viene movida por escándalos de mayor calado, que afectan a cuestiones de principios, de valores, de convicciones que se predican y se desprecian en el mismo acto. De estas cuestiones se habla, sí, pero en tono menor, como si diera miedo tratarlas abiertamente. Y, sin embargo, son las verdaderamente graves, las que deslegitiman el sistema político e incluso el orden de convivencia. Son las tres eses negras de esta crisis.

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Silencio.

Se dice que somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. La sabiduría manda callar. ¿Siempre? A lo mejor es prudente moderar esa afición a los principios con unas gotas de desprestigiada casuística. Callar puede no ser siempre lo mejor. La insólita declaración de la Infanta es un monumento al silencio. Siendo toda palabra potencialmente incriminatoria, de sus labios solo salió una monodia de no sé-no recuerdo-no me consta-no-no-no. Es dudoso que ese inverosímil y cerrado silencio vaya a ir en su beneficio. Al contrario, hace su posición más insostenible. ¿Por qué, pues, lo mantuvo? No mejora su circunstancia personal  y empeora la de su marido. Lo verdaderamente grave es que apunta a su padre. El silencio de la Infanta -ya lo han señalado muy reputados analistas- sirve de cortafuegos al Rey, pretende protegerlo. Lo que el silencio quiere callar es el grado de conocimiento del monarca de unos presuntos delitos cometidos durante años por sus más directos y cercanos parientes. Un grado de conocimiento que necesariamente tiene que haber sido elevado. Los cortafuegos sirven si paran los incendios pero, a veces, cuando hay viento, estos los saltan y prenden en el otro lado del monte. Ahora es la fortuna del Rey la que aparece en el punto de mira de las peticiones de información de la ciudadanía. La Casa Real ha querido adelantarse tomando algunas tímidas medidas de transparencia que resultan insuficientes. El Monarca debe hacer lo que los ingleses llaman una full disclosure una full monty de su fortuna personal, de su origen y ubicación. Algo sobre lo que había caído un manto de espeso silencio acordado por los medios, los grandes partidos dinástico y los sectores poderosos de la sociedad, la banca, la Iglesia, la patronal. Silencio sobre la honorabilidad de la más alta magistratura del Reino. Primera ese negra.

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Secreto.

Una de las garantías de la libertad de voto es el secreto. No hay elección popular legítima si el secreto no está garantizado. Excepto, curiosamente, en el Parlamento. El debate sobre si el voto de los diputados debe ser público o no es larguísimo y está lleno de matices. No seremos nosotros quienes lo resolvamos. Pero sí advertimos que suele pasar por alto la disciplina de voto, porque es algo molesto. La evidencia de que, en el noventa y nueve por ciento de los casos, los diputados no votan en conciencia sino según las directrices partidistas, destruye la teoría de la democracia representativa, según la cual los parlamentarios representan a toda la nación. Los partidos se saben tan alguaciles de la situación que tienen establecidas penas pecuniarias (¡ahí les duele!) para los diputados díscolos. La disciplina de voto es una causa del desprestigio de la institución parlamentaria entre la ciudadanía. Cosa que se agrava cuando, como ayer, se impone una votación secreta porque se trata de dirimir un asunto en el que las convicciones profundas están en juego. ¿Resultado? Sus señorías, pudiendo votar según su conciencia y no según su conveniencia, descubren que su conveniencia es su sola conciencia. Todos. Como un solo hombre. Lo expresó con característico desparpajo la diputada Villalobos: no iba a traicionar a su partido pues lo que a ella le gusta es dar la cara. Y, para dar la cara, la oculta. Con ese voto secreto, voto en libertad, voto en conciencia, sus señorías han demostrado ser los esclavos felices. Teniendo en cuenta que el ochenta por ciento de la ciudadanía y hasta el sesenta por ciento de los votantes de la derecha rechazan la ley contra las mujeres a cuyo favor han votado libremente y en conciencia sus representantes, ¿cómo quieren que los representados los respeten? Secreto. Segunda ese negra.

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Sumisión.

El gobierno se ha cargado de un plumazo, por el procedimiento de urgencia, valiéndose de su guardia pretoriana parlamentaria -con la simbólica ayuda de sus píos socios de Unió Democràtica de Catalunya- el principio de la jurisdicción universal, la justicia penal internacional que los tribunales españoles, adelantados en esto, venían practicando. Otra vez una cuestión de principios. Y uno muy tocado porque, si ya la fe en el de la justicia nacional es casi inexistente a la vista de los sonados casos como la Gürtel, Bárcenas y, sobre todo, la Infanta, la que se depositaba en la jurisdicción universal ha recibido un golpe de muerte. Los jueces españoles tenían de los nervios a una decena de tiranos distribuidos por medio mundo. Pero la cuestión se plantea -y a toda pastilla, literalmente perdiendo el trasero- cuando afecta a los poderosos. Ya los Estados Unidos respondieron hace unos años con una típica chulería del Far West ante la petición española de que compareciera ante la justicia el oficial gringo que dio la orden de disparar contra el cámara español Couso en la guerra del Irak. "Helará en el infierno", dijo un mandamás estadounidense, "antes de que un militar nortamericano comparezca ante un juez español." Y colorín, colorado.

Pero la Justicia no sabe de infiernos ni amenazas. Solo sabe de principios, así que sigue pidiendo la comparecencia de los militares y, acelerándose, también la detención de unos ex-gobernantes chinos, a cuenta del presunto genocidio del Tibet. Los chinos, en lugar de responder a lo gringo, muy irritados, amenazan en serio y recuerdan que tienen el veinte por ciento de la deuda española. Así que el gobierno, en efecto, ha dado un bote y ha rendido completa pleitesía a los barandas del momento. Este mismo gobierno se niega a extraditar a presuntos torturadores de la dictadura para su procesamiento en la Argentina. Menos mal que los chinos parecen darse por contentos con que España se olvide para siempre de la jurisdicción penal universal y no pide que le extraditen a los juececillos que han osado acusar a sus geniales timoneles. Porque, dados el terror y la sumisión de nuestro gobierno, no sé lo que haría. Sumisión, tercera ese negra de este sistema que hace aguas.

El sobresueldos manda callar.

Le ha salido del fondo del alma. Ya no solo quiere que su gente no hable, que se calle. Ahora también quiere que se calle la oposición. Dentro de poco, en su delirio por ocultar sus fechorías, querrá que se calle el rumor de las olas.

Rajoy ha cerrado el cónclave de lo que algún juez tiene como una presunta asociación de delincuentes leyendo, como siempre, un discurso que es incapaz de pronunciar sin papeles porque no solamente no sabe hablar inglés sino tampoco castellano. Y lo ha hecho mandando callar a Rubalcaba en ese tono despectivo, faltón, tan propio de los señoritos fascistas y los mangantes a los que se dirigía. Un personaje que no sabe hablar en público sin leer ni caer en el ridículo mandando callar otro.Tiene chiste.

Claro que Rubalcaba, el PSOE en su conjunto, quizá toda la oposición, tengan merecida esta impertinencia por su excesiva buena fe. ¿A quién se le ocurre tomarse en serio, como si fuera un partido político, una asociación de presuntos delincuentes, encabezada por un embustero compulsivo que lleva veinte años cobrando sobresueldos y lo que se tercie junto con sus amigotes más fieles? ¿A quién se le ocurre escuchar a un individuo cuya única preocupación es evitar que los tribunales esclarezcan la historia de expolio, latrocinio, corrupción y sirvengozonería de la que lleva supuestamente veinte años lucrándose? ¿Por qué dan oídos a las mentiras, los embustes, la sistemática ocultación de la realidad de este sospechoso de corrupción, amigo y amparador de corruptos? ¿Qué tiene esto que ver con la política? España no está hoy gobernada por políticos más o menos de derechas o de centro sino por una asociación de presuntos malhechores que tiene a sus órdenes todos los aparatos ideológicos y represivos del Estado.

Todo menos la razón y la verdad.

Sostiene el sobresueldos que los españoles nos hemos rescatado solos, más o menos como el Barón de Münchhausen, supongo. Y esta no es sino una de sus llamativas mentiras. El resto viene siempre en cascada como un rosario porque cree que los españoles (no su auditorio, claro, tan corrupto como su jefe) son imbéciles y cabe engañarlos agitando el espantajo de un futuro anuncio de una futura -e inconcreta- bajada de impuestos, mientras el BOE trae una real y concreta subida del 18% del precio del coste fijo de la luz.

Del paro de seis millones de personas, de la bajada de las pensiones, de la precariedad, de la ley mordaza, la ley contra las mujeres, la ley contra la educación pública, la ruina del país, la falta de crédito, no se habla. Y, si se habla, es para decir con todo el morro lo contrario de lo que se está haciendo a la vista de todo el mundo: Hemos logrado preservar los grandes servicios públicos como la educación y la sanidad, que siguen siendo y seguirán siendo universales, públicos y gratuitos. Pura táctica chapapote.

En el PP están a bofetada limpia; España se deshace territorialmente; el paro sigue aumentando; la industria en la ruina; la gente tiene que emigrar o buscarse la vida en los contenedores de basura; las clases medias están desapareciendo. Todo resultado de haber entregado la gobernación de un país a una asociación de presuntos delincuentes, solo especialistas en el trinque, en llevárselo crudo, esquilmar las arcas públicas y robar a la gente. Lo imperdonble es seguir equivocándose con ellos, cuando ya los jueces están poniéndolos en su sitio.

No insulta quien quiere, sino quien puede. Rubalcaba debiera responder por alusiones si no quiere pasar por un conejo y hacerlo como se debe en estas circunstancias: "Usted no tiene nada que decir en política, señor sobresueldos. Antes dé cuentas de sus fechorías ante los tribunales. Luego, ya veremos."

Salvar a la Infanta y hundir la Monarquía.

Corren todos, cortesanos y obsequiosos, a proteger a la infanta Cristina. Los ciega el servilismo, disfrazado de preocupación por la salud del Estado. Y van en tropel, probos funcionarios, ilustres abogados, fiscales, ministros, el presidente del gobierno y el augusto padre de la imputada. Este último podría quedar exonerado en vista de su condición paterna. Tengo para mí que un rey no puede anteponer el interés de su familia al de la justicia y el Estado. O quizá no deba. Pero el Pater familias es una institución sacrosanta y la paternidad, una condición inconmensurable. La biológica, desde luego, porque, como se ve en lo que hace el padre de la Constitución, Roca Junyent, la metafórica es de otra naturaleza, mucho más elástica.

Pero los demás, ¿qué pintan acorralando, acogotando al juez Castro? Es un espectáculo bochornoso. Creen estos consocios que el interés de la Infanta es superior al del Estado y dan por supuesto que todos pensamos como ellos. Invocan la razón de Estado, se sienten importantes y no reparan en el absurdo de una razón que se somete a la suerte procesal de una imputada por el hecho de ser de sangre real. Demuestran que para ellos en España hay dos justicias: la del príncipe y la del pueblo. "No, no", dicen escandalizados, "al revés. Queremos que la Infanta tenga las mismas garantías que un ciudadano común y no se la penalice por ser quien es". Dejemos de lado la inepcia del argumento, al parecer del fiscal Horrach. O no es penalizar (en el sentido de penalizar en exceso) o el "ser quien es" es irrelevante. ¿O quiere decir Horrach que no se la puede penalizar (en el sentido de penalizar con justicia) precisamente por ser quien es? El problema no es quién sea, sino qué ha hecho. A eso se atiene, como debe, el juez Castro y nadie tiene derecho a enmendarle la plana. Se le puede recusar en persona o recurrir sus decisiones; pero no se puede interferir, decirle lo que tiene que hacer; no cabe glosar o interpretar sus preguntas ni imponerle cómo debe decidir. Eso es ir contra la independencia del poder judicial.

Si fueran menos obtusos se darían cuenta de que, procesalmente hablando, la verdadera garantía de la infanta Cristina es el juez Castro que le da la oportunidad de explicarse en público, para que brille esa inocencia de la que tan convencido está el presidente del gobierno. Y hasta ha tenido el gentil detalle (que no todos le han aplaudido) de no grabar en vídeo la declaración sino solamente en audio. La feroz presión en torno al instructor (que llega, incluso, a sembrar rumores, claramente conminatorios, sobre su posible substitución) solo demuestra el temor, por decirlo suavemente de que la interesada no sea inocente. Y, entonces, ¿qué?

Entonces a ver cómo se evita que la Infanta arrastre en su caída la institución monárquica, ya muy tocada del ala por múltiples razones, unas conocidas y otras atisbadas y protegidas por los restos del acuerdo del establecimiento de dejar al margen la Corona. Precisamente por eso, argumenta el bloque pro-infanta, es preciso evitar que se la procese, dado que es inocente, como bien sabemos de antemano. Y ello sin contar con que no cabe aplicarle el procedimiento redentorista que emplea el gobierno cuando los condenados también son de su querencia pero plebeyos: se los indulta. ¡Ah! Es impensable verse obligados a indultar a la Infanta.

¿No se dan cuenta de que la segunda opción es más dañina aun para la Corona? Liberada la Infanta mediante cualquier artimaña procesal de alguno de los cerebros que en este momento trabajan a contrarreloj por dar con ella, la opinión pública la declarará unánimente culpable. Las dos opciones son destructivas de la institución, pónganse vuecencias como se pongan. Pero la primera tiene algún elemento más a su favor: la Infanta da la cara, la Monarquía da la cara y cumple la ley que impone a todos los demás.  Seguiría siendo cierto aquello del Rey abajo, ninguno.

¡Qué cosas tiene este Palinuro! Claro, es republicano. 

(La imagen es del muro de FB de Mi vida es ser un mamón o del partido que ustedes quieran. @mividaesserunmamon