Todos a una, Fuente Ovejuna.

Gran aparato de propaganda con la conferencia de presidentes de las Comunidades Autónomas. Es un cónclave esencialmente patriarcal, sobre todo tras la dimisión del tornado Aguirre, pues de las 19 CCAA y ciudades autónomas solo hay dos presididas por mujeres, o sea, un 10%. Lo de la paridad va para largo y, con la crisis que trae un mensaje de reverdecimiento del patriarcado, para más largo. La conferencia ha sido unánime en su decisión: se cumplirá el déficit. Todos a una han aparcado sus agravios particulares; los andaluces, los catalanes, no han formulado sus quejas. A cambio, Rajoy ha prometido que en 2014 se revisará el sistema de financiación y se repartirá con más justicia el peso del déficit. Rajoy es suelto en promesas y es de suponer que las CCAA lo saben, por lo que otorgarán a estas el valor que tienen, cero.

El acto de afirmación nacional se ha celebrado en el Senado, como es obligado por ser la cámara teóricamente de representación territorial. Al no serlo en verdad y no servir para gran cosa, no presta especial ímpetu de eficiencia a la Conferencia de Presidentes de CCAA. Quizá por eso -aparte de por la particular fruición con que Rajoy se lleva al Rey a todas partes, a diferencia de los presidentes anteriores del gobierno- se ha contado con la presencia de Juan Carlos I y su hijo, el príncipe heredero. Aunque tampoco es seguro que este refuerzo sirva de mucho. Esa foto con tal profusión de coloridos pendones detrás recuerda las de las cumbres de la pomposamente llamada Comunidad Hispánica de Naciones cuyos eventos suelen tener aspectos cómicos.

La unanimidad de las CCAA escasamente oculta que no pueden hacer otra cosa. Todas ellas asfixiadas financieramente, con algunas en quiebra, pendientes de las dádivas del gobierno central, no tienen más salida que hacer lo que les dicen y hacerlo, además, como se lo dicen. El dinero que reciban han de consagrarlo a reducir el déficit priorizando el pago a los bancos y los intereses y dejando para último lugar las Universidades y los aspectos propios del Estado del bienestar. De esta forma queda ya claro qué finalidad persigue el gobierno central cuando dice que son las CCAA las que deben sostener el Estado del bienestar: cargárselo.

Ahora bien, el acontecimiento en sí mismo tiene una dimensión que ningún aparato de propaganda puede ocultar. En concreto, que comprometerse a cumplir con los objetivos de reducción del déficit no quiere decir que vaya a hacerse y eso es lo que los despiadados mercados tomarán en consideración. No que los 19 presidentes digan que está en su ánimo cumplir sus compromisos sino que puedan hacerlo. Nadie ignora que Cataluña tiene sus bonos calificados en el nivel de "bono basura". Con esas expectativas es difícil que la opinión europea trague la idea de que España en su conjunto cumplirá con el objetivo del déficit. Verbalizar el firme propósito de lograrlo y hacerlo en coro, todos a una Fuente Ovejuna, no lo convierte en más verosímil a no ser que uno crea, como los niños, los poetas y los dioses, que el hecho de querer algo equivale a conseguirlo

Tampoco ayudarán en nada las confusas explicaciones de Rajoy en rueda de prensa en respuesta (es un decir) a la pregunta concreta sobre si Reuters estaba en lo cierto al afirmar que España pedirá el rescate en el finde. En un ejercicio realmente divertido de imitación a Groucho Marx, el presidente comunicó que él no tenía intención de pedir el rescate pero que había gente (Reuters) que, al parecer, sabía más que él, cosa que podría ser cierta. Y, directamente al que preguntaba, lo instó a atender a sus palabras pero le dejó en libertad de creer lo contrario y hasta le dijo que quizá acertara. Parece que no, pero el discurso fue así.

Y lo curioso es que no puede ser de otra forma desde el momento en que la decisión de pedir o no el rescate y cuándo y cómo, no depende del propio Rajoy sino de Merkel.

(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).

De señorit@s, sinvergüenzas y corrupt@s.

Andan los mentideros revueltos con la nueva medida de la cirujana de hierro de Castilla La Mancha de dejar sin salario a los diputados autonómicos, como un gesto más de espartanismo y ahorro. De inmediato han salido sesudos análisis poniendo de manifiesto cómo se trata de una decisión típica de la derecha para reservar la actividad política representativa a los ricos y dejar a los asalariados sin sufragio pasivo. Recuerdan los citados análisis que fue una conquista democrática consignar salario a los cargos representativos para garantizar la igualdad y, sobre todo, la independencia de los electos. Pero, según Cospedal, se trata de una falacia para seguir despilfarrando recursos públicos. ¿Quién no tiene unos momentos libres en el día a día para dedicarlos a las tareas representativas sin desatender sus otras ocupaciones y negocios? Se trata de acabar con lo que Aguirre, siguiendo a su mentor el difunto Jaime Campmany, llama mamandurrias.

Cospedal debiera saber que la representación política lleva más de unos momentos libres al día, aunque, si juzgamos por su persona, que desempeña dos trabajos políticos a la vez (y cobra por los dos) y llegó a desempeñar tres (supongo que también cobrando), tal debe ser el caso. Poco más de un rato al día debe dedicar a la política quien toma una medida tan desvergonzada, demagógica e injusta como esta. O quizé le dedique mucho tiempo, pero no le aproveche gran cosa por falta de neuronas.

Porque no es solamente que la medida, patrocinada por alguien que cobra (indebidamente a jucio de Palinuro), más de 220.000 euros al año y, además, vive casi gratis total a cuenta del Estado al que desprecia, sea una burla y una afrenta que se presenta con el argumento hipócrita de que "hay que dar ejemplo". ¡Ejemplo una política que cobra más de 20.000 euros al mes indebidamente y con casi todos los gastos pagados! Es mucho más. Es demagógica y bastante inmoral porque hasta Cospedal debiera saber que el problema no es la forma en que los diputados cobran la retribución por sus servicios, sino la retribución en sí misma. Suprime los salarios regulares, pero deja las dietas, entre otras cosas porque, si no lo hace, su propio grupo parlamentario se le echa encima

¿Dietas o salarios? ¿Cuál es la diferencia? Escasa y, desde luego, a favor de la fórmula salarial por razones obvias de control del gasto y transparencia. Justo lo que Cospedal trata de evitar buscando el aplauso de los más ignaros. Otras comunidades tuvieron este sistema de dietas sin salarios -por ejemplo, la de Madrid- y hubieron de pasar a salarios. ¿Por qué? Obvio, y Cospedal lo sabe: las dietas no tributan, mientras que los salarios, sí. Es decir, se defrauda "legalmente" al fisco. Los salarios están fijados en los presupuestos de la Comunidad y, aunque su volumen depende de la voluntad de los propios diputados (los políticos son la única especie del planeta que se fija sus emolumentos), lo hacen de una vez por todas para un año o varios y no pueden moverlos. Las dietas, en cambio, son un producto mucho más ventajoso: también dependen de la voluntad de los interesados, pero de un modo más arbitrario, cambiante y permanentemente revisado, al alza, claro. Pero, sobre todo, dependen de la cantidad de actos, plenarios y comisiones que se convoquen. Y ¿quién decide las convocatorias? Los mismos que cobran las dietas. Resultado: como es de suponer, hay plenarios todos los días, comisiones cada treinta minutos y hasta los fines de semana y fiestas de guardar, de forma que los diputados -que en esto de cobrar no conocen diferencias políticas- se llevan a casa una pastuqui muy superior a un magro salario.

La medida es, por tanto, mendaz, demagógica, populista, inmoral y fomenta la corrupción. O sea, típica de la derecha.

(La imagen es una foto de PP Madrid, bajo licencia Creative Commons).

La historia acelera.

La magia de los nombres... La transición española tiene hoy mala fama. Se empezó considerándola un ejemplo, un modelo que podrían seguir otros países con dictaduras a sus espaldas y se ha terminado por ahora teniéndola por un fracaso cuando no una traición a las esperanzas de una auténtica democracia. Pero si el objeto anda en demérito, la palabra conoce gran predicamento. La prueba es que, cuando las cosas se complican, alguien habla de hacer una "segunda transición". No debe de haberse realizado porque, de ser así, ya se estaría hablando de la "tercera transición" y no es el caso. Sigue invocándose la segunda. Pero todos quieren transiciones. Los nacionalistas catalanes también y, por eso reclaman en su proyecto de declaración que aprobará seguramente el Parlament el jueves una transició nacional basada en el dret a decidir.

...Y la realidad de las cosas. Merezca el juicio que merezca la transición algo es claro: abrió de golpe las compuertas de la historia a una España que llevaba cuarenta años aherrojada y en estado de tutela. El país se encontró de pronto alternando en un mundo y una Europa que habían evolucionado en aquellos años hacia formas y relaciones que los españoles conocían por los medios pero a las que no habían podido adaptarse. Sus formas sociales, su cultura, sus fuerzas políticas resultaban anticuadas. La izquierda estaba dividida, diezmada, debilitada y tenía mucho miedo. La derecha que, en un primer momento, guardó un prudente silencio, volvió rápidamente a su actitud cerril y ultramontana, demostrando que no había aprendido nada del mundo moderno.

Pero la historia acelera. Gran parte de la transición se ha empleado en encontrar formas de organización que resuelvan el sempiterno problema nacionalista, sin conseguir otra cosa que exacerbarlo, como puede verse en el desafío institucional que se apresta a lanzar la Generalitat. Este, a su vez, se produce en un momento especialmente complicado por dos razones: a) el fin de ETA plantea un previsible recrudecimiento de las tensiones separatistas también en el País Vasco; b) la virulencia de la crisis económica que cada vez toma un aspecto que recuerda más los tiempos de las luchas de clases que la teoría política y social de la postguerra había enterrado junto a las ideologías.

En las condiciones actuales el Estado español no puede recurrir a la violencia para dar respuesta en ninguno de los dos frentes, el nacional o el de clase, por más que está en manos de un partido y un gobierno que tienen una clarísima ideología nacional y clasista. Y no puede porque el contexto de globalización y la inspección permanente que unos Estados ejercen sobre otros no aceptan que los Estados recurran a la idea de soberanía interna para reprimir a sus poblaciones con violación de los derechos humanos. O sea que esos militares que amenazan a los catalanistas con llevarlos a la jurisdicción castrense por alta traición a España no son muy conocedores del terreno que pisan.

Las razones de Mas. Mucha gente en la izquierda y en la derecha sostiene que el repentino frenesí independentista de Mas no es otra cosa que una cortina de humo para desviar la atención pública de sus barrabasadas como gobernante. Es posible, pero esto no exime a los españoles o españolistas de la obligación de responderle en el terreno que él elija porque es quien tiene la iniciativa. La misma idea de convocar un referéndum para consultar a la población si desea decidir es una jugada maestra pues, con el cuento de la consulta (si llega a realizarse) se calienta el nacionalismo de los votantes, se perfila Más como un lider de liberación nacional, en la tradición de Macià y Companys, como el padre de un pueblo y, con el maná del carisma le permitirá postergar las elecciones que podía perder, dado el universal enfado con los recortes.

Las razones de los demás. Están todas ya expuestas, debatidas, discutidas, refutadas, como lo están las del nacionalismo y no queda esperanza razonable de que una parte vaya a traer a la otra a su campo, a convencerla. Los nacionalismos son excluyentes, qué vamos a hacerle. Precisamente para salir de este marasmo, el PSOE acude al baúl de los malos recuerdos y las frustraciones históricas y rescata el polvoriento federalismo en el que, en el fondo, nadie cree. Aun así se asusta tanto al hacerlo que se apresura a darle largas: federalismo, sí, pero ad calendas graecas.

Europa/España. Los españoles, abrumados por nuestras desgracias, tendemos a pensar que estas son típicamente nuestras y desconocidas en otras latitudes. Así es en ciertos casos, pero no siempre. Por ejemplo, los conflictos terroriales son asuntos típicamente europeos. En comparación con otros continentes, cuyas formas políticas se mantienen a lo largo de los siglos (América, Asia), Europa es un crisol de cambios en perpetua efervescencia; aparecen y desaparecen Estados, principados, reinos, imperios, repúblicas, hay guerras, revoluciones, unos territorios se juntan y otros se separan y las fronteras son mudables. Siendo así en Europa, ¿por qué no va a serlo en España, parte de Europa? Desde la caída del comunismo han surgido muchos estados nuevos,los Bálticos, Ucrania, Belarús, etc, otros han desaparecido, como Yugoslavia y otros se han escindido, como Checoslovaquia. ¿Que son la Europa eslava? En la Europa occidental hay hoy cuatro focos de conflicto territorial, de los que cabe esperar cualquier cosa: Irlanda del Norte, Escocia, Bélgica y España. ¿Por qué unos sí y otros no?

Cataluña irredenta.

Al perro flaco todo se le vuelven pulgas y España hace siglos que es perro flaco. Ahora, además de la crisis descomunal, se enfrenta por enésima vez a un problema territorial recrudecido que lleva cien años tratando de resolver sin conseguirlo. Ya pueden aplicarse las más variadas fórmulas, del centralismo franquista a la extrema descentralización autonómica; ya puede el nacionalismo español bramar que en España solo hay una nación, siendo los demás cosas menores, y consagrarlo en la Constitucion. La tozuda realidad se empeña en probar lo contrario una y otra vez. En España hay varias naciones (entendidas como un sentimiento compartido por una cantidad de gente políticamente relevante) y algunas de ellas quieren independizarse y dotarse de un Estado propio. Y esa es una realidad que no cabe ignorar ni descalificar despectivamente como una algarabía.

Aunque parezca paradójico, la existencia de ETA obstaculizaba la marcha del nacionalismo vasco (así como el catalán y el gallego) hacia la independencia. La desaparición de la banda ha dado paso a un fortalecimiento del nacionalismo independentista mucho más difícil de combatir para el nacionalismo español por formularse en términos estrictamente pacíficos, legales, políticos.

Si el Parlamento de Cataluña adopta la decisión que anuncia fracturará la sociedad catalana en dos porciones, una catalanista, presumiblemente mayoritaria y otra españolista, compuesta por el PSC y el PP. Y aun el PSC tiene una buena porción catalanista y no es socio españolista al 100%. Es una situación parecida a la del País Vasco en donde las elecciones próximas del 21 de octubre, las primeras normales, sin la amenaza de ETA, darán una visión realista de las respectivas fuerzas vasquistas y españolistas. Con la diferencia de que el PSE parece más españolista que el PSC.

Pero, al margen de la fractura de la sociedad, la decisión del Parlament tiene una importancia táctica que no es posible ignorar. Si, como cabe cuponer, el legislativo catalán proclama su derecho a decidir o el derecho a decidir del pueblo catalán será imposible impedir que las elecciones autonómicas, de adelantarse, se conviertan en un plebiscito sobre la autodeterminación. Porque derecho a decidir es, simplemente, autodeterminación.

Hay un problema serio -el sempiterno problema español- que se agravará con el presumible resultado de las autonómicas vascas de mayoría vasquista. Y es inútil seguir ignorándolo o negándolo.

Pero no está claro que estemos en disposición de ánimo de examinarlo con discernimiento y tratar de resolverlo de modo civilizado. Por mucho que los españoles presuman de no ser nacionalistas (cuando se enfrentan a los nacionalistas llamados "periféricos"), en cuanto creen en peligro la sacrosanta nación española, lo ven todo rojo. Ahí están para demostrarlo José Bono, quien prefiere morir a ver "España rota"; José María Aznar, más bravo, que afirma que "nadie va a romper España"; y un Teniente General cuyo nombre he olvidado, quien augura indirectamente la intervención militar en el Principado.

Son las reacciones temperamentales, viscerales, de la derecha cuando barrunta que le tocan la Patria. Puede que haya algo de verdad en eso que dicen algunos de que la guerra civil no se dio a causa del riesgo de la España roja sino de la España rota.

No obstante, la izquierda no adopta una actitud más distanciada, aunque sí se las ingenia para no parecer tan españolista, violenta y opresora. Los socialistas, que han enterrado definitivamente su consigna de autodeterminación y no la reconocen ya como derecho, son sensibles a las tensiones territoriales del país y las tendencias secesionistas y se muestran dispuestos a encontrar fórmulas que resuelvan la situación de común acuerdo. Así, José Griñán trae una propuesta federalista bajo el brazo. Tengo la impresión de que la fórmula, a la que también se suma con entusiasmo Felipe González, no es adecuada y, además, llega tarde. Son los propios nacionalistas quienes no quieren la federación porque supone una situación de igualdad entre estados federados que excluye toda relación bilateral o aeque principaliter, como pretende el nacionalismo catalán. Por otro lado, la misma realidad española, con la existencia de los fueros vasco-navarros, hace imposible esa igualdad federal. La federación resulta por tanto inviable al no poder admitir el cupo catalán y no poder suprimir el vasco-navarro.

La izquierda radical española en casi todos sus avatares tampoco es favorable al derecho a decidir de los demás. Ciertamente se reafirma en el principio de autodeterminación pero está firmemente convencida de que no será necesario recurrir a él una vez que los pueblos de España, incluso los ibéricos, liberados del capitalismo (es de suponer) formen una unión fraternal, libre e igual. En el ínterin esta izquierda nos avisa de no caer en las trampas de las querellas nacionalistas con las cuales las derechas, la central y las periféricas, tratan de desviar la atención de sus agresivas políticas de clase. El nacionalismo, según este punto de vista, no es una algarabía, es un opio.

Es difícil debatir fríamente en estas condiciones. Las posiciones maximalistas no lo permiten. Lo que no se mueve en el exabrupto, se mueve en el desconcierto o el engaño. Por si acaso, lo más sensato que podrían hacer los españoles demócratas sería preparar y aplicar a la mayor brevedad una reforma de la Constitución que afectara al Senado. Nada de reformar el actual. Lo procedente es abolirlo e instaurar en su lugar un Consejo Autonómico copiado literalmente del Bundesrat alemán, una cámara no electiva sino delegada de las Comunidades Autonomas con competencia para vetar la legislación del Congreso que afecte a cuestiones autonómicas. 

Si esta reforma reconduce las relaciones de las Comunidades más secesionistas a la empresa común tendremos un momento de respiro. Si no, habrá que estar preparados para reconocer el derecho de autodeterminación de una u otra forma.

Esa algarabía catalana.

"Algarabía" era el término que Rajoy utilizaba en la reciente entrevista de la RTVE1 para referirse a las propuestas de pacto fiscal de Mas y la Diada de este año. Por "algarabía" entendían los claros varones de Castilla, el habla de los árabes, para ellos incomprensible. Solo faltaba a los catalanes que, además de llamarlos polacos, en la corte se empezara a llamarlos árabes o moros, términos que mueven la peor xenofobia, también en Cataluña. Por cierto, la cuarta acepción de "algarabía" en el DRAE es manera de hablar atropelladamente y pronunciando mal las palabras, que también puede predicarse de Rajoy, el confuso algárabe.

En la entrada Sempiterna España se decía a modo de conclusión: "El secesionismo se ha extendido mucho en Cataluña y todos saben que el único modo de traerlo de nuevo al estatu quo es haciéndole concesiones precisamente en la dirección que alimentará la ruptura del estatu quo" que es exactamente lo que está pasando.

Después de la visita de Mas a La Moncloa, el catalán retornó al Principado y se dejó recibir a ritmo de salvador de la patria catalana, de Simón Bolívar de los països catalans y daba a entender que iniciaba el camino de la independencia, aunque de modo ambiguo y esquinado. Pedía órganos estatales para Cataluña y, de paso, añadía un elemento payés a la confusión general reinante dado que la Generalitat, precisamente, es el Estado o, si se quiere, el máximo órgano del Estado en Cataluña.

Rajoy, a su vez, responde que Mas no le dijo nada de independencia ni Estado (se supone que catalán). Solo habló de pacto fiscal y Rajoy dice haberle dicho que lo pase por el Parlamento y que Rubalcaba piensa lo mismo que él en este asunto. Ciertamente, los dos saben que el Parlamento es una máquina de triturar pactos. Todavía hay restos del de Ibarretxe por los pasillos.

Toda esta parafernalia independentista se da a unos meses vista de la obligada negociación de la fórmula de financiación de las Comunidades para los próximos cinco años. Al presentarse esgrimiendo el pacto fiscal (o sea, el concierto económico a lo vasco/navarro) los catalanes traen un órdago. Rajoy, según propia declaración, aspira a desactivar el órdago haciendo mayores concesiones de todo tipo a Cataluña que no se lleva su Pacto Fiscal pero sí un buen pellizco más del conjunto de las rentas de España. Mucho menos de lo que le corresponde a tenor de lo que produce a juicio de los nacionalistas independentistas pero lo suficiente para que los nacionalistas más moderados puedan darse por satisfechos de momento.

De momento.

En su funcionamiento hasta la fecha, el Estado autonómico ha mostrado ser una fórmula inestable que no reduce las fuerzas nacionalistas centrífugas sino que, al contrario, las intensifica. Por eso se plantea y replantea una y otra vez hasta el hartazgo. Ahora mismo hay una corriente del nacionalismo español (ese que dice que no es nacionalista) que propone recentralizar el Estado y revisar las competencias de las CCAA; otra, en cambio, apunta a la necesidad de declarar España como un Estado federal.

Entre tanto los nacionalistas catalanes tienen la iniciativa con la posibilidad de adelantar las elecciones. Si lo hacen, el resultado medirá la fuerza de Cataluña en la negociación sobre financiación con el resto de España. La algarabía catalana se instala en el centro.

(La imagen es una foto de Convergència Democràtica de Catalunya, bajo licencia Creative Commons).

La pequeña dimisión de una Grande de España.

Transcribo aquí el articulo que he publicado hoy en MásPúblico.es sobre la dimisión de Aguirre y aprovecho para hacer publicidad de este nuevo proyecto de la izquierda en el que colaboro y que tiene la forma de una cooperativa de trabajadores/as.

No queremos jefes.

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El artículo:


La dimisión

En España nadie dimite cuando se espera, pero algunos lo hacen cuando no se espera. Esperanza Aguirre tiene la experiencia suficiente para saber que, por su momento, forma y fondo, su decisión provocaría un alud de comentarios; que iba a suscitar mil preguntas, alimentar mil interrogantes. Posee el dominio y la capacidad bastantes para escenificar su resignación a su gusto y, si lo ha hecho así, sus razones tendrá y será raro que no acaben sabiéndose, una vez se sosieguen los ánimos entre alborozados y entristecidos (pero ninguno indiferente) que han acogido su inesperada decisión.

Hay que empezar por la explicación oficial a la que debe otorgarse el beneficio de la veracidad. Si la dimisión se produce a resultas de su lucha contra el cáncer de mama, detectado en su día en una revisión rutinaria, tendrá el respeto y la simpatía de todo el mundo; aunque no faltará quien le recuerde que, gracias a ella y los que son como ella, esas revisiones rutinarias han pasado a ser excepcionales y casi milagrosas para la gente del común. Sin embargo la duda asoma en la segunda motivación esgrimida, ese “otras causas” innominadas que pudieran tener la clave de su dimisión. Y aquí la especulación recorre los mentideros como la pólvora.

El carácter imprevisto de la retirada, que contrasta claramente con la determinación y agresividad de Aguirre en el Debate sobre el Estado de la Región hace escasas fechas, alimenta todo tipo de conjeturas, desde quien la sitúa en el contexto del enfrentamiento en el PP a causa de la excarcelación de Uribetxebarria hasta quien da por supuesta la creación de un “Partido del té” hispánico, dirigido por una lideresa que es Grande de España y Dama del Imperio Británico, lo que quizá haya fascinado al magnate Adelson y le haya aflojado la bolsa. La imaginación es libre y Aguirre sabe cómo impulsarla.

La opinión más compartida es que la clave de la dimisión se encuentra bajo las alfombras de una Comunidad tan afectada por la corrupción (Gürtel, FUDESCAM, “Gestapillo”, Canal YII, etc) como blindada frente a toda indagación por una mayoría aboluta, absolutamente opaca, que durante años ha permitido a la presidencia de la Comunidad hacer y deshacer a su antojo, sin rendir cuentas a nadie. Suele añadirse, asimismo, que esta situación de deterioro de la gobernanza viene alimentada por una de abandono y dejación de la principal fuerza de la oposición, de forma que la mayoría absoluta del PP venía reforzada por la inoperancia de quien tendría que enarbolar una alternativa creíble. En todo caso, de ser así, la verdad se conocerá en días.

Lo que ya es del dominio público es el nombre del ungido para sucederla: su vicepresidente, Ignacio González. Esta práctica de dejar en el cargo a un segundón (o segundona) mientras el (la) cabeza de lista hace mutis hacia otros lados ilustra sobre el modo en que el PP entiende la política. Poco más o menos como los movimientos del escalafón de las administraciones públicas, en donde unos piden el traslado y otros van de interinos, cosa que tiene poco que ver con la legitimidad que otorgan las urnas. Que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid estén gobernados por dos sobrevenidos da la auténtica medida del valor que la derecha concede a la democracia representativa.

Al margen de lo que haya de cierto en la enfermedad aducida –y que, insisto, merece todo el respeto- es imposible eliminar el olor a chamusquina de esta sorprendente dimisión cuando se observa que, aún en estos momentos, Aguirre no puede evitar recurrir a su demagogia de chulapa retrechera cuando dice que siempre ha creído que la política es una actividad transitoria y provisional. Ella, que lleva treinta años sin bajarse del coche oficial.

Estampas del verano. Esperanza, en donde el fuego no la alcanza.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, como el ministro del Medio Ambiente, Arias Cañete, es alérgica al humo de los incendios y jamás se ha acercado a menos de diez kilómetros de alguno de ellos porque le salen pecas. Por eso, con el peor incendio en décadas en Robledo de Chavela, con más de 2.000 desplazados, el monte ardiendo fuera de control, 600 brigadistas peleando contra las llamas sin los medios necesarios, esta locuaz pizpireta está callada como botijo, escondida en algún lugar del planeta y esperando que nadie se acuerde de ella.

No es un comportamiento gallardo, propio de una noble y mucho menos de una responsable política democrática que se supone visita los lugares de su jurisdicción afligidos por la desgracia. Pero, cuando menos, es más discreto, no tan necio y chillón como el del lustroso y regordete ministro haciendo el lila al lado del otro gandul del Reino en una tarde inolvidable de toros mientras media España se achicharraba.

Pero, desde otro punto de vista, sin ser tan chabacana e insultante como la de su colega el ministro, la conducta de Aguirre es más grave e indignante porque, si bien aquel gestionó los incendios con su habitual incompetencia, los fuegos no le eran directamente achacables como en cambio si lo son en parte a Esperanza Aguirre. Los fuegos de Valencia, Cataluña, León, La Gomera no estuvieron causados directa ni indirectamente por la actividad de Arias pero el de Robledo de Chavela sí le es imputable en buena medida a la política de Aguirre quien, en su frenesí por recortar gasto público, privatizar y desmantelar la administración pública, suprimió en junio el retén de bomberos de Robledo de Chavela, derivando la posible intervención en caso de urgencia al de otro pueblo a más de 20 km. Resultado: cuando el fuego se declaró no fue posible atajarlo en su inicio, como se hubiera hecho, si hubiera habido bomberos en Robledo.

La historia del enfrentamiento entre Aguirre y los bomberos viene de antiguo. En su condición de servicio público gratuito y útil a la ciudadanía, el cuerpo concentra el odio de la política del PP, como la educación y la sanidad. Estos tres servicios han sufrido no solo desmesurados recortes presupuestarios, despidos y empeoramiento de condiciones laborales sino también campañas de desprestigio, insultos y agresiones ideológicas encabezados por la propia Aguirre que necesita el dinero de todos para subvencionar los colegios privados de curas y entregárselo a las empresas privadas de sanidad para que hagan negocio con la salud de los madrileños. Ese odio se ha agudizado desde el momento en que los trabajadores de los tres servicios mostraron especial combatividad y se enfrentaron a la política de desmantelamiento de la presidenta. Recientemente, Aguirre unió sus fuerzas a las de la alcaldesa digital de Madrid, la de las peras y las manzanas, para insultar más a los bomberos que, según ellas, disfrutan de condiciones laborables envidiables.

Es razonable ver en los recortes de Aguirre y el fuego de Robledo una relación de causa-efecto. O sea que cuando, como buena política reaccionaria, Aguirre exige mayor dureza penal contra los pirómanos, habría que empezar por ella misma, que es la primera pirómana intelectual de la Comunidad. Es posible, aunque ojalá no se dé, que haya alguna desgracia personal que lamentar. Si tal cosa sucede, no tengo duda de que Aguirre, como Cañete en su momento, no perderá un minuto en ir a fotografiarse junto al posible héroe fallecido por la incompetencia de sus gobernantes y a imponerle una medalla a título póstumo.

Solo le sugiero que se cerciore antes de que su equipo ha dejado alguna medalla en los cajones porque da la impresión de haber arramblado con todo, medallas incluidas.

(La imagen es una foto de PP de Madrid, bajo licencia Creative Commons).

Imágenes del verano. Soportar a Cospedal.

Una de las políticas mas agresiva, bronca, meapilas, reaccionaria y carcunda del PP, Cospedal, afirma que "el gobierno no va a dejar a nadie en la cuneta". En un país que, como todo el mundo sabe, incluida la precitada señora, tiene en las cunetas decenas de miles de republicanos asesinados por los franquistas en la lunga noite da pedra de la dictadura, esta inoportuna expresión podría atribuirse a la reconocida falta de tacto y sensibilidad de la política pepera, a sus escasas luces, a su débil memoria, todos defectos que la adornan de largo. Pero eso es poco creíble. Lo más seguro, dado su caracter hosco, amenazador y bronquista es que se trate de una retorcida amenaza o una especie de siniestra ironía.Téngase en cuenta que quienes perpetraron aquellos horrorosos crímenes, aún vivos en la memoria colectiva y el sufrimiento de los allegados fueron los antecesores ideológicos de Cospedal, en lo político y en lo religioso: el franquismo, que Cospedal no condena y el nacionalcatolicismo del que es ferviente seguidora con peineta y mantilla... y bien rechula que iba ella como si esto, en vez de ser el siglo XXI, fuera el XVI, el de Trento, el que verdaderamente le mola.

Cospedal es un prodigio de  dureza, mendacidad y belicosidad. Como buena reaccionaria al estilo tradicional, anterior a Concepción Arenal, cree que el mejor modo de combatir los incendios es metiendo más gente en la cárcel más tiempo. Como aguerrida embustera y demagoga al estilo de su maestra Aguirre, sostiene que el PP es el partido de...¡los trabajadores! Un partido en cuyas filas militan banqueros, empresarios, terratenientes, aristócratas y todos los millonarios del país que están en política, salvo alguna excepción, es el partido de los trabajadores. El descaro es tan patente que uno se pregunta si la mujer está en uso de razón.

Y si, sí, lo está, al menos en la porción de razón que los dioses le han otorgado. Sabe muy bien lo que dice, cuándo lo dice y a quién se lo dice. Su vida es una militancia permanente, no como la de Rajoy, en la que predominan los momentos en la inopia, cosa que se le ve en el gesto. Nunca habla sin disparar al adversario, a ser posible en juego sucio, y sin proteger a los suyos. Hace un par de años sostenía que la España del gobierno de Zapatero era un Estado policial. En este como en otros infundios y calumnias, citada en los tribunales a declarar por querellas de los agredidos, nunca acude a sostener sus palabras. Lógico, es difícil justificar tanta mendacidad y tanto veneno. La próxima vez que diga alguna de sus habituales barbaridades el juez debía ponerla en busca y captura, como está el marido de la delegada del gobierno en Madrid.

Soportar a Cospedal es algo que Castilla La Mancha lleva muy mal.

(La imagen es una foto de PP Madrid, bajo licencia Creative Commons).

Las taifas autonómicas.

NB: como todos los primeros de mes, he cambiado la ilustración del blog, pero blogger tiene un comporgtamiento extraño. He tenido que cambiar la configuración general porque me había desactivado la otra sin avisar. No me deja mover de sitio el título del blog y ha cambiado también el html asimismo sin avisar. No sé cuándo podré resolver el problema.

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A raíz del plante de varias Comunidades Autónomas a Montoro ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Palinuro subió una entrada hablando de las típicas taifas españolas, prueba del carácter indómito de la raza en pequeñas porciones. Respira algo de fatalismo y resignación. ¿Para qué vamos a repetirnos? Aquí está, se titula Las nuevas taifas y en ella se habla también de nacionalismo. Quizá quepa ahora una consideración más amplia.

Cuando uno de los problemas principales de la angustiosa situación española es la desconfianza en los mercados acerca de que el gobierno pueda encarrilar las Comunidades Autónomas en sus objetivos de déficit, obviamente lo peor que puede hacerse es alimentar dicha desconfianza con encontronazos como el de ayer. Cataluña no compareció; Andalucía abandonó la mesa; Asturias y Canarias votaron en contra de los planes de Montoro. Teniendo en cuenta que estos afectan muy relativamente al País Vasco y a Navarra, resulta que el gobierno, de hecho, no gobierna en algunas de las partes más importantes del país, excluida la Comunidad de Madrid. 

Ese enfrentamiento es un error para los intereses colectivos y seguramente se verá hoy en la prima de riesgo. Demuestra, además, que no parece haber clara idea en España acerca de qué sean los "intereses colectivos". Es fácil echar las culpas a las CCAA y en buena parte será justo hacerlo. La última decisión de la Generalitat es casi una provocación al gobierno central... en las espaldas de los sectores más desfavorecidos de la población. Los otros contestatarios pueden tener intenciones más o menos fundadas pero lo cierto es que no acatan la voluntad del gobierno central. A su vez este tiene la mayor parte de responsabilidad puesto que es quien planea los cambios, las medidas, las restricciones, los sacrificios, era de esperar de él que los consensuara en la medida de lo posible en lugar de pretender imponerlos por las bravas. Pero es lo que el gobierno hace, fiado en su mayoría absoluta. Lo hace continuamente. Se lo hace a algunos dirigentes sociales, como los sindicatos o a los otros partidos políticos, con los que no negocia nada, o las instituciones como el Parlamento, que puentea sistemáticamente. Se le nota demasiado su animadversión a la descentralización política y no la respeta. ¿No es Aguirre la primera abanderada de una aspiración a revisar el modelo autonómico? En la neolengua conservadora revisar quiere decir reducir o eliminar. 

Es decir: no son solamente los pertinaces e inquietos nacionalismos llamados periféricos los que cuestionan la planta territorial de España y no nos dejan vivir en paz con su reiterada petición de independencia. También lo hace el nacionalismo español que pretende retrotraer el modelo a una planta centralista. Así que reinos taifas, pero todos; el gobierno central, también, pues actúa como uno de ellos, reuniendo a sus mesnadas para obligar a las taifas infieles a pagar tributo y sometimiento. 

La situación es muy enrevesada y, de no tratarse de un asunto tan grave, un poquito ridícula. Apenas es creíble que el gobierno central no pueda actuar coordinadamente con sus regiones (naciones, nacionalidades, etc) pero no hay duda de que esa impotencia tiene un precio muy alto en la cotización exterior de España, de la que el Reino depende más que Arabia del petróleo. Cualquiera exclamaría que la situación es absurda porque los españoles tiramos piedras contra nuestro tejado. Muy bien, parece que es una fijación nacional: antes de ponernos a hacer algo nos aseguramos de que no estamos de acuerdo en nada.

Resulta desmoralizador recordar que hasta aquí hemos llegado por no haber sabido dotarnos de unas instituciones adecuadas para canalizar los conflictos que se dan en toda sociedad compleja y plural. El ejemplo clásico, ya se sabe, y muy oportuno, es el Senado. La conciencia general lo reputa inútil y la propia cámara así se considera a sí misma. Pero ¿por qué es inútil? Porque no supimos hacerlo bien. El Senado es una segunda cámara legislativa que reproduce el Congreso pero supeditada a él. Es decir, nada. Al ser el Congreso la cámara importante, los partidos nacionalistas tratan de estar en ella, avisadamente, y abandonan el Senado a su suerte, con lo cual se distorsiona la política del Congreso y se anula de hecho el Senado. Si este fuera en realidad una cámara representativa o delegada de las Comunidades Autónomas, en lugar de ser una representación de las provincias, y si tuviera competencias exclusivas en determinadas materias de interés de las CCAA que prevalecieran sobre las del Congreso, el Senado sería una cámara políticamente eficaz. En ella se dirimirían los asuntos de las CCAA como tales. De ese modo entes como ese CPFF no tendrían razón de ser o serían comisiones del Senado ya que las decisiones importantes para las CCAA se tomarían en este.  Y mucho manos admisibles serían esas negociaciones bilaterales que muchos prefieren, en determinadas circunstancias, para someter a chantaje al Estado o a la Comunidad Autónoma, según quién necesite a quién. 

En fin, todo esto son bienintencionadas especulaciones. El llamado Estado autonómico seguirá siendo un ámbito de conflicto interno en España; no de coordinación y mucho menos de colaboración. La culpa, en el fondo, es de todos.

(La imagen es una foto de Wilfredor, bajo licencia GNU documentación libre).

Las nuevas taifas

Con la falta de sinceridad y honestidad intelectual que lo caracteriza, Rajoy ha intentado culpar de la crisis a todo el mundo menos a él mismo y su desgobierno. Ha culpado a Zapatero, a la coyuntura internacional, al Banco Central Europeo y ahora lleva una temporada cargando contra la Comunidades Autónomas, a las que culpa de un déficit desbocado y a las que pretende disciplinar de modo cuartelario.

El discurso antiautonómico concita aplauso muy generalizado. En principio, la derecha está en contra de toda descentralización, en la que dice ver un primer paso hacia la desmembración de España. En la izquierda hay un sector jacobino importante que vincula la descentralización española a la tradición austracista, ruinosa para nuestro país y le gustaría ver aplicado el centralismo napoleónico. Por tanto, tirar contra las CCAA es siempre muy rentable y gana muchas simpatías.

Incluidas las extranjeras que sin entender gran cosa de la idiosincrasia española sí perciben que el gobierno central no controla del todo las díscolas autonomías y traduce ese temor en desconfianza acerca de la descentralización.

El régimen autonómico se implantó en su día -es algo trillado a fuer de sabido- para dar satisfacción a las persistentes demandas de autogobierno de Cataluña, el País Vasco y, en menor medida, Galicia, sin crear agravios comparativos a base de la teoría del "café para todos". Como era de suponer, no funcionó y ha dado lugar a una situación de victimismo nacionalista permanente y un cuestionamiento perpetuo de la planta territorial del Estado.

Pero eso no es ahora lo esencial. Prima facie tiene razón Cosme Modolell quien, en su magnífico blog, Notas diversas tiene una entrada del 12 de julio de 2012, titulada El problema es el nacionalismo, no las autonomías que expone muy bien la situación. Lo malo es que esta situación es muy complicada y resbaladiza. Claro que el nacionalismo tiene una considerable parte de culpa en el desbarajuste español por su falta de lealtad a un proyecto colectivo. Pero eso afecta a todos los nacionalismos, en primer lugar, al español, que es el más insoportable, insolidario y fraccionador.

Además, nos pongamos como nos pongamos, con o sin nacionalismo, la descentralización en España presenta de siempre una peligrosa tendencia al fraccionalismo de los reinos Taifas. Y en esto, los adalides son precisamente las derechas cuyo comportamiento al frente de las CCAA que administran es prepotente, disparatado, despilfarrador, enchufista, clientelar, caciquil y muchas veces corrupto. ¿Pues no es cierto que las mismas CCAA que gobernaba el PP son las que ocultaron a los gobiernos españoles (el del PSOE y el del PP) la cuantía real de sus déficit? ¿No es cierto que Camps se condujo como un sátrapa en su territorio y esquilmó la Comunidad Valenciana y arruinó a sus habitantes? ¿No lo es que Esperanza Aguirre cree que Madrid es su feudo y el de sus amigos y parientes, no da explicaciones de sus actos, hace lo que le viene en gana, gobierna con absoluta opacidad y, encima, se permite dirigir acerbas críticas al modelo autonómico español?

Montoro se ha encontrado una sublevación de las CCAA a sus planes de austeridad. Desde luego que la resurrección de las sempiternas taifas es un desastre. Pero más desastre es pretender gobernarlas a golpe de fusta, decreto, Gleichschalgtung hitleriana y, encima, con absoluta incompetencia.

(La imagen es una foto de Miguel MTN en el public domain).

Últimas noticias sobre España.

(Del informe confidencial del embajador del Reino Elfenbein a su ministro de Exteriores. Traducción directa del Suahili. Fuente: WikiLinks).

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¡Vaya lío tienen montado estos españoles, ministro! No sé por dónde empezar. Nuestra última guerra tribal fue nada comparada con el guirigay de este país. Y no es por cosas prácticas o tangibles como el agua, los pastos o los derechos de paso sino por cuestiones grandiosas de principios imperecederos. Se arrojan los principios recíprocamente a la cabeza como si fueran obuses.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o sea, el pináculo de la justicia, se iba de alegres vacaciones de trabajo a lugares paradisíacos de la costa mediterránea a cuenta del contribuyente. Denunciado por un colega, sobreseído por otro, el asunto ha caído en mitad del CGPD como una piedra en un charco y ese órgano se ha dividido en dos partes: la minoritaria (cinco vocales) pide la dimisión de Dívar; la mayoritaria (siete vocales) la del denunciante, Gómez Benítez. En términos dialécticos estamos en la negación de la negación. Benítez niega a Dívar y el CGPJ niega a Benítez. De aquí tiene que salir la Aufhebung hegeliana. Pero como esta es tan multiforme, a saber cómo será. El propio Dívar ya ha dicho que él no dimite y que tampoco va a dar explicaciones. Pero esta es una posición insostenible en un sistema democrático que es uno de opinión. Y la opinión ve fatal lo de las semanas caribeñas de Dívar, juicio muy negativo que se extiende a los órganos presididos por él. Encima uno de ellos, el Consejo, da posteriores motivos para que la opinión sea más hostil a un modo de entender la administración de justicia tan opaco como altanero y ajeno a toda sensibilidad ciudadana.

El principio nacional ruge como la marabunta, ministro. La final de la Copa de fútbol enfrenta a un equipo vasco con otro catalán y se juega en un campo en la capital. La gobernante de Madrid, una especie de zulú blanca ya se ha pintado de guerra y convertido el asunto en uno de confrontación nacional pues las aficiones vasca y catalana vienen dispuestas (según se teme la dama) a pitorrearse de los símbolos, emblemas sacrosantos de la Patria española y a reírse del Rey. Ultraje a la Nación, a la bandera, al Rey lo llaman. Es sorprendente cómo Aguirre, quien predica siempre doctrinas neoliberales, indiferentes, escépticas, centradas en el beneficio, se enciende de ardor guerrero con los asuntos simbólicos. No me extrañaría nada que ese partido terminara como el rosario de la aurora, una expresión muy usada por aquí pero sin sentido en nuestro país, en donde no rezamos rosarios.

El ministro de Educación lleva una carrera meteórica al abismo. Es el peor valorado por la ciudadanía, pues aquí tienen esa curiosa costumbre de preguntar a la gente qué piensa. No es como entre nosotros, en donde no hace falta preguntar porque todos, gracias a su Majestad, pensamos lo mismo. Aquí no; aquí cada cual piensa lo que quiere y ha llegado el ministro y, claro, ha querido poner orden de forma que todo el mundo piense lo mismo; en concreto, lo que a él le parece en consulta con los magos del lugar a los que llaman curas. Los manuales de educación cívica en las escuelas reflejarán la visión del mundo del ministro, claramente tridentina. Los principios arrasan.  Con este proceder ha conseguido ponerse enfrente de todos los estamentos docentes y discentes y ha coronado su exitosa gestión cosechando un plante de todos los rectores del Estado, 75, nada menos, en protesta por sus maneras. Se ha ido a consolar a las Comunidades Autónomas (que son unas especies de virreinatos como los nuestros pero más pequeños) y estas se le han sublevado; en concreto las que no son de su partido que impartirán las enseñanzas que el ministro ha prohibido, de forma que los españoles de mañana tendrán un motivo más para pegarse ellos.

Los españoles tuvieron una dictadura antes de su gobierno actual pero la Real Academia de la Historia, un consejo de magos en el que estos sostienen que la realidad fue lo que ellos digan que fue, no lo que fue, dictamina que el dictador no era un dictador. El presidente de este curioso órgano de naturaleza patafísica, Gonzalo Anes, no considera que deba dimitir a pesar de que el conflicto que gestiona así lo exige. La Academia negó que Franco fuera un dictador. El Parlamento obligó a la Academia a rectificar. Se hicieron todas las ceremonias pertinentes y la Academia reconoció que tendría que revisar su juicio. Ahora dice que no lo hace. ¿No debiera ser la Academia intervenida y obligada a cumplir sus compromisos? Nuestros ancianos, hombres venerables y sabios, hubieran actuado así y no como estos españoles que se pasan el día hablando de principios y no tienen ni uno.

O los tienen todos, al modo de Groucho Marx personaje que personalmente asocio con el presidente del gobierno del país. Te parecerá exagerado pero estarás de acuerdo en que alguien capaz de decir haré lo que tenga que hacer aunque haya dicho que no lo haría deja a Groucho convertido en un metodista. Rajoy salió de peregrinación (procede de una parte del país muy dada a peregrinar) en busca de ayuda material sólida para su sistema financiero, sus bancos, que están en la ruina y ha vuelto con las manos vacías porque en Europa no lo tienen en gran consideración. No habla ninguno de sus dialectos y, cuando, por fin, se hace traducir nadie cree en lo que dice porque se desdice y vuelve a desdecirse. Les han mandado unos procónsules de Europa a fiscalizar qué están haciendo con los dineros y será al informe de estos a lo que se refieran y no a las declaraciones de Rajoy.

Al gran jefe le esperan en su desalentado regreso otros dos líos monumentales en los que se han metido sus segundos. El asunto de Bankia apesta. La Caja fue gestión casi en solitario del PP en los últimos años. Ahora, con Rato al frente, la entidad necesita 20.000 millones de euros. La cuestión es ¿en dónde está esa pastuqui? ¿Quién se la ha quedado? Y ¿qué se hace con bankia rescatada? Para cuando trate de tener una opinión se le habrá echado encima el conflicto de Gibraltar, cada vez más enconado y que amenaza con degenerar en un enfrentamiento entre dos Estados miembros de la UE, algo que esta no puede permitir y que además, pondría duramente a prueba una de las últimas teorías de la Ciencia Política, la teoría de la paz democrática.
En resumen, querido ministro, sus gobernantes dicen que España es "un país serio que hace los deberes" pues tienen mentalidad de maestrillos de los tiempos de la colonia, ¿te acuerdas? Cuando nos enseñaban dándonos de reglazos. Pero en realidad no es tal cosa, sino un patio de pillastres mal avenidos. 

(La imagen es una foto de andrés.moreno, bajo licencia de Creative Commons). Es una imagen magnífica. Conmemora la primera fotografía que se hizo en España, en la Barceloneta, en 1839 y lo conmemora en catalá. Es España escribiendo en catalá. Tengo la impresión de que hoy ese letrero no hablaría de la fotografía espanyola sino de la fotografía catalana. La variante refleja a mi juicio lo que se ha deteriorado la relación entre los pueblos de España.

El PP y la represión de los derechos.

Artículo aparecido hoy en "Público".

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La deriva autoritaria.

                                                Ramón Cotarelo

El gobierno del PP ha dado suficientes pruebas de un talante estricto, incluso autoritario en el modo de enfrentarse a las manifestaciones públicas que los ciudadanos hacen en ejercicio de sus derechos constitucionales, sean manifestaciones, concentraciones, huelgas o deliberaciones. Asimismo ha manifestado en diversas ocasiones una voluntad de endurecer el tratamiento legislativo de estos actos a fin de castigar con mayor contundencia las conductas que puedan considerarse ilegales a raíz, precisamente, de esos cambios legislativos. La tendencia es a simplificar, a tratar como cuestiones de orden público las manifestaciones de la conflictividad política y social que se da siempre en toda sociedad compleja, sin mayores distingos ni miramientos. Es la vieja idea conservadora de que la paz social solo se consigue mediante una política represiva, sin pararse a pensar si pueden tomarse otras medidas que desactiven los conflictos sin necesidad de abrir la cabeza a la gente.

Esta ya prolongada crisis a la que no se ve final ha sido un cataclismo económico y social. Ha empobrecido al conjunto de la sociedad, ha abocado al paro a una quinta parte de población activa, incide negativamente sobre la estabilidad y la formación de familias, aniquila las expectativas de futuro de la juventud, despoja a sectores enteros de prestaciones que les son vitales, profundiza las desigualdades a extremos clamorosos, etc. Todo ello, no es de extrañar, genera una conciencia colectiva de desánimo, nerviosismo, resistencia, protesta, indignación que es perfectamente comprensible. Las autoridades no pueden ignorar que no es lo mismo policiar una sociedad tranquila, integrada, satisfecha que otra en turbulencia, polarizada y muy tensa.

Los previstos actos de mañana, 12-M, convocados por el movimiento 15-M, se han encontrado en la delegación del gobierno con un muro no ya de falta de comprensión o simpatía, sino de clara dureza y hasta hostilidad. Casi da la impresión de que las restricciones al derecho de manifestación impuestas por Cifuentes sean una especie de provocación para que el 15-M desborde los cauces pacíficos y se pueda justificar la represión para la cual ya se han hecho abundantes y públicas provisiones, con miles de agentes sobre el terreno.

Es absurdo proceder de este modo. Lleva a la confrontación. Pero no hay duda de que es lo que se busca. Así se entiende la afirmación de Aguirre que condena el “tomalaplaza” con el argumento de que se trata de una “privatización” de un espacio público. Debe de ser lo único a cuya privatización se oponga la presidenta de la Comunidad.

Además del derecho de manifestación, en la deriva autoritaria general, el gobierno de la Comunidad restringe o suprime el de libertad de expresión. El cierre de la plataforma que permite emitir a “TeleK” y dos o tres canales críticos más es un atentado también contra el derecho a la información y a la pluralidad informativa. Lo que la derecha quiere son canales como Telemadrid, literalmente al servicio del gobierno autonómico y de su partido con el dinero de todos los contribuyentes. Esta situación, por cierto, no tiene nada que ver con el liberalismo.

Por todos estos motivos, entre otros, es necesario que publico.es sobreviva y se estabilice como plataforma de un pensamiento y una información críticos. Solo la pluralidad de fuentes garantiza la libertad de elección del público que, como los liberales de verdad saben bien, es el requisito de la libertad a secas.

La batalla ideológica.

Esperanza Aguirre está en su momento de mayor gloria. Ayer el congreso de su partido la reeligió presidenta por una proporción abrumadora de votos. No había candidatura alternativa, la vencedora estaba radiante y lanzada en el campo de la oratoria. Anunció, como en las justas medievales, que viene a dar la batalla ideológica contra el socialismo al que tildó en varias ocasiones de "fracasado" y "sectario". Era la paladina del feliz orden neoliberal.

Es llamativa la insistencia de Aguirre en la lucha ideológica que aborda fijando orgullosamente su posición en el liberalismo. ¿Qué liberalismo? es pregunta irritante porque no es seguro que la presidenta sepa las variantes de la ideología que dice abrazar. Para ella liberalismo quiere decir neoliberalismo extraído del venero de Hayek, vía von Mises, con un fervoroso neoconservadurismo extraído del de Strauss. Está en su derecho. Palinuro coincide con Aguirre en que tener convicciones es un derecho del individuo y defenderlas con energía, un deber. De ahí que le parezca muy bien que haya batallas ideológicas. Es más, le gusta participar en ellas.

Pero las batallas, sobre todo las ideológicas, deben ajustarse unas reglas generalmente no escritas de código caballeresco y juego limpio. Es una vieja tradición inglesa, británica. Y me consta que Aguirre tiene gran admiración por todo lo británico: habla a la perfección el inglés, tiene un curioso dry humour y es Dama Honoraria del Imperio Británico. Siendo así, no habrá olvidado que, en su caso, el código caballeresco se presume pues la Orden del Imperio Británico es una orden de caballería. Y el primer deber, sacrosanto deber, de caballería es tratar gentilmente al adversario, cederle incluso la iniciativa en el ataque y, desde luego, si de justa verbal se trata, garantizar que tenga la máxima audiencia posible, no tratar de silenciarlo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo debemos entender el caso de Telemadrid, un órgano de propaganda exclusiva del PP, sin que los adversarios tengan la mínima posibilidad de expresarse y en donde la propia Aguirre despide a un periodista relevante acusándolo de "haber comprado el discurso del adversario" como si en la televisión pública hubiera más adversarios que quienes se ponen fuera de la ley? ¿Qué tiene que ver eso con la elegancia, la caballerosidad y el buen gusto del código caballeresco? Más bien con las trapacerías, las triquiñuelas, trampas y engaños de los villanos y los rufianes. ¿Y cabe serr mitad caballero (o dama) y mitad rufián igual que, según José Antonio, los españoles eran mitad monjes y mitad soldados? No, no se puede y Aguirre debe de saberlo y saber, por tanto, que su comportamiento con la televisión madrileños, los medios de comunicación y los derechos del adversario es de rufián y, más concretamente, de rufián fascista. El estilo de sus periodistas preferidos

La batalla ideológica de Aguirre suele formularse en un terreno concreto al que vuelve siempre, como una especie de querencia o de obsesión que empieza a ser alarmante, esto es, que hay que desmontar la presunta superioridad moral de la izquierda. Es casi una manía persecutoria, lleva años diciéndolo pero todavía no debe de haberlo conseguido porque lo repite hasta aburrimiento. Sin que sirva de precedente Palinuro va a explicar a Aguirre con una parábola (con su aclaración, no se preocupe) el aparente secreto de esa superioridad. Es muy sencillo. Ayer, el segundo del PP de Madrid, Ignacio González, que fue al congreso acompañado de Julio Ariza, el empresario de Intereconomía, reconocía que, con gran dolor de su corazón, en determinadas circunstancias extremas, los partidos tienen que traicionar sus principios. Es dura ley de vida. Supongo que Aguirre lo entiende muy bien. La foto más arriba la muestra en compañía de Dolores de Cospedal, otra dama de oratoria luciferina y mendacidad de rabanera en plena campaña de 2010 del "no" a la subida del IVA del pérfido gobierno zapateril. He aquí un principio sacrosanto en cuyo nombre las dos damas estaban dispuestas a mezclarse con verduleras y pescadoras. Un principio, sin embargo, que se ven obligadas a traicionar en el superior interés de la Patria.
Ahora una evidencia: cuando la derecha se ve obligada a traicionar sus principios, nadie se le subleva; alguna débil voz doctrinaria en contra, pero el conjunto se hace cargo de la situación, comprende y apoya. Prueba, entre otras cosas, de que los principios (los valores esos que no se le caen de la boca a Aguirre) no son muy profundos ni muy recios. En cambio, cuando es la izquierda la que traiciona sus principios, todo el mundo se le echa encima, empezando por la propia izquierda, por sí misma, se le retiran los apoyos por millones y se le hace morder el polvo electoralmente hablando. Ahora una pregunta: ¿sabe Esperanza Aguirre por qué sucede esto? Si lo sabe, sabe la razón de la superioridad moral de la izquierda. Cuestión de principios y valores de verdad, no de boquilla. Si no lo sabe, probablemente no entienda nunca aquello contra lo que lucha.

En el discurso de este congreso no ha habido referencia alguna a mayo del 68, pero es otra de las bestias negras del universo combativo de Aguirre. Al igual que Sarkozy, habla de "acabar con el espíritu de mayo del 68" como el que quiere acabar con la peste o con alguna "enfermedad moral", de esas que gusta inventar la derecha para tener a quien perseguir, como el "alejamiento de Dios" o la homosexualidad. Es un leit motiv de una derecha no estrictamente cerril, sabedora de que lo importante en la convivencia son las ideas.
El odio a mayo del 68, núcleo del neoliberalismo más agresivo, es el odio a una revolución de la vida cotidiana expresada con tanta profundidad y belleza que hasta sus enemigos quedan subyugados. El odio a mayo del 68 refleja una frustración, una envidia y una venganza. En este punto, el debate ideológico, que Aguirre ya tenía perdido en el frente de la superioridad moral, pasa a ser cuestión del psicoanalista. Acabar con el "espíritu del 68" cuarenta y cuatro años después es propósito tan racional como terminar con el espíritu del protestantismo, la leyenda de Avalon o la "cosa en sí" de Kant. Es decir, un disparate. La primera en entender (mal) la fuerza revolucionaria del prohibido prohibir es Aguirre. Y de ahí arranca esa irritación casi neurótica que le hace plantear tal dislate reiteradamente. He de decir, con todo, que prefiero 1.000 veces a Aguirre que sufre con estas paradojas y las lleva al campo de batalla, antes que a Ana Botella o Dolores de Cospedal, que no se enteran porque la cabeza no les da para más.

(La imagen es una foto de PP Madrid, bajo licencia de Creative Commons).

¡Ay, ay, Andalucía!

Obsérvese con atención y distanciamiento esta portada de El País de hoy. ¡Cómo trabajan las oscuras afinidades electivas! Veamos: hay un ramillete de noticias de gran calado. ¿Falta alguna? La principal es la bronca con las Comunidades Autónomas; la gráfica (que es la que primero impacta) para una imagen de Hollande con gesto de allez les gars!, conveniente en un político. Menor cuerpo tienen otras dos con una fuerte carga crítica de los recortes de la sanidad pública (el expolio de los jubilados y la inasistencia a posibles enfermos infecciosos). Segunda gráfica menor, la sentida catástrofe del Barça. ¿Falta algo? Bueno, no hay nada sobre Andalucía. ¡Calla, sí! Un recuadrín a la izquierda con la peripecia procesal de un exconsejero socialista por supuesta prevaricación y malversación.

Sin embargo, ayer se produjo una noticia en Andalucía que, para muchos, es de extraordinaria importancia, esto es, la celebración de un referéndum entre las bases de IU y el resultado de este que ha sido respaldar por abrumadora mayoría (de un 82%) el gobierno de coalición PSOE-A e IU-LV CA, o sea, de socialistas y comunistas, para entendernos. Ya sé que en IU hay más izquierdistas que los meros comunistas, pero estos son la columna vertebral de la coalición, un gobierno social-comunista, como decía Aznar en su tiempo con gesto de asco y desdén. Y un gobierno de izquierda (con lo mal avenida que está la izquierda entre sí) en el bastión andaluz frente al conjunto de España conservadora parece noticia relevante.

Y relevante por sí misma, sin necesidad de rendirse a las arrebatadas líricas de sus partidarios sobre el carácter archidemocrático de una organización referendaria. Lírica engañosa por lo demás, que ya se empleó para justificar lo contrario en Extremadura. Engañosa porque, si de verdad se quiere consultar a quienes toman las decisiones últimas, estos no son los militantes (de base o de sal) sino los electores porque son los electores quienes han decidido que la representación de IU sea la que es. Pero, en fin, esto es asunto sin más calado que la llamada exuberancia del corazón. Por lo demás, un indice de aprobación del 82% cuando el Comité Central del Partido Comunista de Andalucía ha hecho pública su decisión en pro del gobierno de coalición, es práctica habitual en las organizaciones comunistas y lo único que demuestra es quién manda en IU.

La coalición de gobierno de izquierda en Andalucía puede ser el laboratorio en el que se ensaye similar fórmula para el resto de España en las generales, cuando toque. La animadversión que la dos izquierdas mayoritarias se profesan mutuamente (sobre todo del lado de IU/Comunistas hacia el PSOE) no puede llevarlas a cortejar el fracaso. Me explico: es legítimo que IU oriente su discurso electoral a desacreditar al PSOE y, a ser posible, a conseguir su desaparición como opción mayoritaria de la izquierda. Es obviamente difícil de conseguir, dado que, en su momento más bajo, el 20-N, el PSOE tuvo casi siete millones de votos, más de cuatro veces los de IU en uno de sus mejores momentos. También es legitimo que el PSOE trate de igual o similar modo a IU, aunque no suele hacerlo, quizá para causar más daño, dirán algunos irredentos, a través de simulada ignorancia. Todo eso es legítimo. Pero, al minuto siguiente de saberse los resultados definitivos, sean cuales sean, las dos izquierdas deben buscarse mutuamente y forjar acuerdos en todo lo que compartan. La derecha española tiene sabiamente en su seno a la extrema derecha. Resulta difícil de entender que la izquierda no lo consiga. Suelen aducirse dos razones. Una es que mientras la derecha atiende a intereses antes que a principios, la izquierda empieza por los principios y estos, ya se sabe, son innegociables. El argumento no es válido porque los principios son los mismos y la variación o debate está en los medios para hacerlos triunfar.

La otra razón es que, contrariamente a lo que la izquierda predica sobre la derecha, las actitudes personalistas, individualistas, de vanagloria particular son más comunes en aquella que en esta. Por su propia constitución intelectual, la derecha es jerárquica, autoritaria, tradicional; cada cual sabe en dónde debe estar y apenas hay conflictos entre personas. La izquierda, en cambio, tiene un origen rebelde, contestatario, refractario a las normas, enemigo de la disciplina y crítico de toda jerarquía. La izquierda es individualista en donde la derecha es, curiosamente, colectivista. La derecha rinde culto a un concepto abstracto del individuo, como unidad de cálculo, mientras que la izquierda lo hace al concepto concreto, al héroe particular, único, irrepetible y, así, el mapa de la izquierda es siempre el de los reinos combatientes entre puñados de partidarios de personalidades señeras y clarividentes que niegan el pan y la sal a todas las demás. Este destino de casi compulsivo fraccionamiento ha sido también el habitual en los partidos comunistas del mundo entero, constituidos sin embargo originariamente según criterios leninistas que primaban la disciplina, la jerarquía, la autoridad y la sumisión del individuo en todos sus aspectos a la superioridad de un colectivo imagiario llamado el Partido, como el que dice el Jefe, el Rey o Dios.

Si la izquierda española abandona el señuelo de los intransigentes principios y apea su enfermizo personalismo que es un verdadero narcisismo, en efecto, el gobierno social-comunista de Andalucía puede ser un modelo para todo el país. ¿Por qué no? Esta es una alianza que aún no se ha experimentado siendo así que se han producido todas las demás, excepto la gran coalición que hace unos días proponía Bono, mostrando un conocimiento de los andaluces y de los socialistas andaluces similar al que pueda tener de los maoríes. Es decir, es una noticia de importancia. Tanta como para no salir en la portada de El País.

(Aviso: Blogspot ha cambiado el lay-out y ha tocado el html. Creo que me he adaptado pero me temo que no domino bien el interlineado ni la justificación. Todo se andará.)

Bono opina.

Habla Bono y suelen moverse las entretelas de políticos, periodistas, clérigos, militares. Es un cañón giratorio. Toca todos los temas, civiles, militares, religiosos, territoriales. Y siempre genera escándalo, cuando no indignación, a pesar de que sus observaciones suelen ser reciamente conservadoras o quizá precisamente por esto. Donde más inquina despierta Bono es en su partido. Eso parece incluso divertirle y a veces suscita la idea de que se pronuncia solo para fastidiar. Y ¡hay que ver cómo lo consigue! ¿Por qué será?

En lo esencial porque es personalmente inatacable. El hombre tiene convicciones, tiene criterio, tiene personalidad; es demócrata y, además, honrado. Lo dicho, inatacable personalmente. En él no prenden los argumentos ad hominem. Hay que responder a los razonamientos, las teorías, las propuestas de Bono y ahí no andan tan fuertes quienes lo critican.

Verdad es, Bono es muy católico, muy devoto y no le parece que la separación entre la iglesia y el Estado deba ir mucho más allá de donde ya está. Tuvo un momento de lucha de conciencia cuando el aborto pero, al final, sabiamente, la conciencia obedeció al partido antes que a la iglesia. Sus convicciones laicas son también muy conservadoras. Aquella carta que dirigió a Fraga cuando este anunció en septiembre de 2011 que se retiraba de la política y a la que Fraga contestó a través de Palinuro, en realidad sitúa a Bono en algún impreciso lugar ente el PP y el PSOE. Lo cual es muy legítimo pero quizá no sea lo más inteligente para el PSOE, partido al que, en principio, pertenece nuestro hombre.

Su áspero enjuiciamiento de un posible pacto PSOE-IU en Andalucía, la truculencia de su lenguaje, no facilitan los entendimientos (aunque quizá sirvan para que el PSOE fortalezca su posición negociadora frente a IU) y dibujan un clima de enfrentamiento ("odio social", "estalinismo", "lucha de clases") poco recomendable. A Sánchez Gordillo, objeto de los exabruptos de Bono, le ha faltado tiempo para llamarlo "franquista". Es la forma hispánica del meme de la Ley de Godwin: estalinista/franquista son los equivalentes del "nazi" global.

Sánchez Gordillo no es aquí decisivo y lo dejamos al margen. Al hablar de "lucha de clases", como si fuera mentar la bicha, Bono recordará, supongo, que es uno de los principios sobre los que se edificó su partido, un partido de clase, como lo prueba la oronda "O" de "Obrero" de las siglas. Bono seguramente piensa que el partido debe actualizarse, olvidarse de la lucha de clases y postular, quizá, el amor entre ellas, pero no le extrañará si, por ahora, muchos, incluso en su partido, piensan que la lucha de clases es tan actual como en tiempos del abuelo Iglesias.

Pero Bono va más allá del mero improperio. Es proactivo, se mueve, sugiere. Sugiere, propugna, una coalición PP-PSOE en Andalucía, una grosse Koalition a la andaluza, antes de caer en el pozo de una alianza con los estalinistas. Es más o menos el espíritu del tamayazo aunque aquí el juego es limpio. Que sea limpio, sin embargo, no quiere decir que sea sensato. Toda grosse Koalition falsea las instituciones porque plantea un parlamento sin oposición de forma que esta solo puede ser "extraparlamentaria". En todo caso, Bono ve de verdad la alianza PP-PSOE como la mejor solución.

Pero ¿lo es? Para el PP, desde luego: pasa gratis et amore de la sempiterna oposición a un flamante gobierno y legitimado además con la alianza socialista. Sentido de Estado. En las próximas elecciones puede conseguir la mayoría absoluta que se le ha escapado en las últimas. Y gracias a Bono. ¿Y para el PSOE? La catástrofe sin paliativos. Un PSOE andaluz a remolque de un gobierno de la derecha empujaría a muchos electores socialistas a mudar su voto a IU. La distancia entre los dos disminuiría pero dividirían más a la izquierda con lo que garantizarían la mayoría absoluta del PP. Y no creo que sea esa la intención de Bono. Al menos por ahora.

(La imagen es una foto de U.S.Federal Fovernment, en el dominio público).

La izquierda en Andalucía.

Las cosas en Andalucía están meridianamente claras, pero no sé si bien entendidas. En principio, con un 50,86% del voto, frente al 40,66% del PP y con 59 diputados frente a los 50 del PP, la izquierda está llamada a gobernar. Parece quedar descartada la posibilidad extremeña, exclusión que presionará más en favor de una salida razonable a la insólita situación de Extremadura en donde, pudiendo gobernar la izquierda, gobierna la derecha por decisión de tres diputados de IU.

Desechada la opción extremeña, el gobierno de la izquierda en Andalucía puede tomar al menos dos formas: gobierno en minoría del PSOE con apoyo asegurado (pacto de legislatura) de IU o gobierno de coalición PSOE-IU. Cuál de ellas se dé dependerá del resultado de las negociaciones entre las dos fuerzas de izquierda. En el PSOE son claramente partidarios del gobierno de coalición. Pero IU parece estar dividida. Hay un sector más duro, capitaneado por Sánchez Gordillo, enemigo de toda alianza con el PSOE. Ni el pacto de legislatura. El alcalde de Marinaleda admite votar la investidura de Griñán pero nada más; así el gobierno del investido estará completamente en sus manos. Gordillo amenaza, además, con una escisión de los suyos si IU pacta algo con el PSOE. Suena aquí la vieja animadversión comunista hacia los socialdemócratas, aunque el mismo Gordillo no sea miembro del PCE sino dirigente del Colectivo Unión de Trabajadores (CUT) y del Sindicato de Obreros del Campo (SOC). Al contrario, el Partido Comunista, que es la fuerza hegemónica en IU, se inclina por la coalición de gobierno.

Decida lo que decida IU es conveniente que abandone su discurso doctrinario y se atenga a los hechos. Esa pretensión de que la política de la Junta gire a la izquierda será más o menos razonable, creíble y hasta comprensible (no hay acuerdo claro respecto a qué sea la izquierda en muchos asuntos) pero lo que tiene que hacer es atenerse a los hechos. Y los hechos son que, con su 11,34% del voto frente al 39,52% de los socialistas no es justificable que IU pretenda ser hegemónica en la política de la izquierda en Andalucía y mucho menos en la política de Andalucía en su conjunto puesto que si representa más o menos a un tercio del electorado socialista, supone una décima parte del electorado general andaluz. Que la décima parte de un ente compuesto quiera determinar cómo actúa el conjunto es algo absurdo y sólo puede conseguirse mediante alguna forma de chantaje ("o se gobierna así o no se gobierna").

Para evitar esta imagen, poco edificante desde un punto de vista democrático, los dirigentes de IU han convocado un referéndum entre su base para ver si esta aprueba o no la colaboración con el PSOE. Es lo que hicieron los tres diputados extremeños para legitimar su absurda decisión de dar paso a un gobierno del PP en la región. En Andalucía se prevé lo mismo, pero la dirección convocante del referéndum es partidaria de la colaboración, de forma que el resultado referendario, salvo cataclismo, está cantado: colaboración, gobierno de coalición.

Ahora bien, el problema no es el resultado del referéndum, sino el referéndum en sí mismo. Tanto en Extremadura como en Andalucía se defiende que se trata de una práctica democrática. Pero no es cierto. Defender que la decisión la tome la militancia del partido no solo no es democrático sino que es claramente oligárquico. No son los militantes de la organización quienes han sacado tres diputados en Extremadura y doce en Andalucía sino los electores. Desde luego, consultar a los electores no es factible ya que la condición de elector (al no haber registro previo de votantes, sino un mero padrón) no es objetivamente verificable. Pero que la práctica no sea posible no quiere decir que el referéndum entre la militancia sea democrático. Las relaciones orgánicas internas de los partidos y coaliciones están trufadas de vínculos clientelares e intereses creados.

Los pactos.

A la hora de resolver un problema la primera condición es plantearlo bien. En el caso del gobierno de Andalucía el planteamiento es: ¿cómo se constituye un gobierno de una comunidad autónoma en la que hay una mayoría electoral de izquierda dividida entre dos formaciones distintas y que en muchas ocasiones han estado enfrentadas? La respuesta es sencilla: pactando. Las dos fuerzas políticas deben hablar, negociar, encontrar un terreno de entendimiento, redactar un programa de gobierno respaldado por una mayoría parlamentaria y gobernar. Así, seguramente, se resolverá también el problema de Asturias, en donde los dos partidos de la derecha que suman mayoría, tendrán que entenderse y pactar. Así también debería resolverse el problema de Extremadura que, al haberse abordado mal en las pasadas elecciones autonómicas del 22 de mayo, se resolvió también mal de forma que el gobierno lo forma la minoría y la mayoría social está en la oposición.

La primera condición para pactar es tener voluntad de hacerlo. Si se abrigan reservas, si se prefiere otra fórmula, si se dice "sí" pero se piensa "no", no habrá pacto. Y la voluntad de pacto debe ser expresa. El PSOE no puede dejarse amilanar por la agresividad de la derecha que, con el fin de estigmatizar el pacto por radical, ya está hablando del Frente Popular en Andalucía. El discurso de la derecha española, bien se ve, es de escaso recorrido. En cuanto sufre un contratiempo, saca el recuerdo de la guerra civil. Es su modo de amenazar. Pero el PSOE no debe arredrarse ante las amenazas. Andalucía necesita un gobierno de unidad de la izquierda y eso no es un frente popular. Entre otras cosas porque los frentes populares europeos fueron formaciones para combatir el fascismo y el nazismo en los años treinta. Y lo que ahora hay en la derecha no es el facismo ni el nazismo. ¿O sí?

A su vez, IU tampoco debe dejarse llevar por el discurso de su sector más extremista, el que dice que no hay que pactar con el PSOE en modo alguno. En Andalucía, cuyos intereses están por encima de los de sus partidos, hace falta un gobierno con respaldo parlamentario suficiente y estable. Como lo tiene la derecha en España. Un gobierno andaluz débil, sin mayoría parlamentaria segura, obligado a acordar medida por medida sin estar seguro de conseguirlo, no podrá defender los intereses de Andalucía frente a un gobierno nacional con mayoría absoluta.

Los intransigentes de IU, por darles algún nombre, suelen emplear un argumento que reputan muy democrático y ganador cuando dicen que las bases de IU rechazan todo pacto con el PSOE y que la dirección debe consultar con esas bases antes de hacer pacto alguno. Es el mismo argumento que se empleó para justificar el desaguisado de Extremadura. Pero es una falacia. Descansa sobre el supuesto de que acerca de la decisión pactista pueden pronunciarse dos sujetos, la dirección o las bases. Y no es cierto pues los sujetos son tres: la dirección, las bases y los electores. Que decida solo la dirección podría parecer autocrático; que decidan las bases será oligárquico. Lo democrático es que decidan los electores, porque son estos los que han hecho posible que haya diputados de IU y no las bases. Como esto no puede hacerse, lo sensato es que decidan las direcciones, que son representativas.

La fórmula intermedia que algunos acarician, esto es, una especie de pacto de legislatura, al estilo catalán, o sea con apoyo parlamentario pero sin entrar en el gobierno, no es tan desastrosa para los intereses de Andalucía como negarse a pactar en redondo, pero sigue siendo un error. Las sociedades se cambian desde los gobiernos parlamentarios. Si la izquierda transformadora quiere transformar algo habrá de ser desde el gobierno. Por otro lado, es altamente improbable que IU llegue alguna vez a formar gobierno ella sola. Por lo tanto tendrá que entrar en coaliciones. Tanto para imprimirles un curso más acorde con sus ideas como para revalidarse ella misma a título de gobierno y no de sempiterna oposición.

En mitad de esta crisis brutal, a punto de que el gobierno del PP, por fin, revele unos presupuestos que cargarán la mano sobre las comunidades autónomas, Andalucía necesita unidad y fuerza con un parlamento con una mayoría clara a favor de un programa común de la izquierda que los dos partidos están obligados a elaborar. Es más, Palinuro invitaría a las izquierdas extremeñas a sumarse a la tarea de ese programa común de la izquierda para Andalucía y Extremadura. En esta última habría que presentar previamente una moción de censura (art. 29 del Estatuto de Autonomía vigente), pero eso es algo perfectamente legítimo.

A pesar de todo.

"Apesar de todo", Trotz alledem, el título del famoso poema de Ferdinand Freiligrath, que Karl Liebknecht citaba en su último artículo antes de que lo asesinaran, es lo que se le viene a uno a la memoria al contemplar el inesperado y feliz resultado de las elecciones asturianas y andaluzas de ayer. Especialmente de las andaluzas. A pesar de todo. A pesar de los treinta años de gobierno ininterrumpido del PSOE en Andalucía, del escandalazo de los EREs fraudulentos, de la abrumadora mayoría absoluta de la derecha en todo el país, de los vaticinios cerrados y superseguros de los sondeos, del coro monocorde de comentaristas y tertulianos, los votantes andaluces han cerrado el paso a la derecha. La Andalucía irredenta del PP sigue siendo irredenta y, gracias a ella, España no se ha teñido de azul por entero.

Los gestos cariacontecidos de los tres dirigentes conservadores encargados de comunicar la amarga píldora a sus atristados seguidores hablaban por sí solos. Arenas certificó una vez más su escasa talla política al interpretar el resultado como una "victoria histórica del PP" en Andalucía. Debe de ser la primera vez que alguien festeja una victoria a la funerala. No se lo esperaban y no tenían discurso de recambio.

Prácticamente no se lo esperaba nadie. Y menos que nadie, los avezados encuestadores. El patinazo de los sondeos sí que es histórico. He recogido veintidós de estos, de todas las empresas, y como media, daban al PP un 46,3 por ciento del voto (y mayoría absoluta de escaños), siendo el resultado real de 40,6%, casi 6 puntos de diferencia. En cuanto al PSOE, la media, que erraba por abajo, vaticinaba 34,7% del voto que se tornó en un 39,5%, esto es, casi cinco puntos de diferencia. El error en el caso de IU fue algo menor, de 2,6 puntos, pero error asimismo. Los sondeos fallaron por entero. Y de ellos, uno de los que más patinó fue el de Metroscopia para El País que daba el 47,3% para el PP (casi siete puntos de error) y 34,4% para el PSOE (5,1 puntos por debajo). La misma empresa hacía saber ayer que menos del 30% de los encuestados se declara dispuesto a participar en la huelga general del próximo día 29. Si atina como en las elecciones andaluzas, la huelga será un éxito.

Y en punto a previsiones acertadas, imagino que Griñán todavía estará felicitándose por haber separado las elecciones autonómicas de las generales, por no haberse secundado el desastroso ejemplo de Zapatero cuando este, en un momento de probable depresión o enajenación, cometió el disparate de adelantar los comicios como le exigían sus adversarios. Gracias a esa sabia decisión, el electorado andaluz ha tenido tiempo de pensárselo por segunda vez antes de echarse en brazos de esta derecha reaccionaria que quiere convertir de nuevo el país en un yermo.

Hay recomposición del panorama parlamentario andaluz, pero no incorporaciones. El Partido Andalucista, UPyD y Equo no han conseguido representación. Ha habido muy alta abstención (unos diez puntos más que en las elecciones de 2008), pero el voto emitido no ha sido muy volátil sino, al contrario, muy concentrado en los tres partidos mayoritarios. El fracaso de UPyD parece epecialmente clarificador. El de Equo debiera hacer recapacitar a sus dirigentes que, sin embargo, parecen inclinarse por el consuelo de ser unos incomprendidos. Mal negocio.

Una pequeña digresión respecto a la abstención. Andan los partidarios de esta (que lo son por muchos motivos) muy contentos con ese aumento de diez puntos del abstencionismo, atribuyéndoselo al hartazgo del electorado, su desengaño y otras reacciones elegantes, sin parar mientes en que lo decisivo aquí es que, por primera vez, las elecciones autonómicas andaluzas eran eso, autónómicas, y no coincidían con las generales, que siempre movilizan más. Una explicación simple pero solo válida para quienes no vean la realidad según les dicta su catecismo. No hay aumento real de la abstención; hay la abstención que suele darse en elecciones autonómicas. Fin de la digresión.

El paso siguiente es la constitución del gobierno. No es de esperar -no sería de recibo- mucha dilación. La fórmula lógica, después de todos los discursos y de la situación de crisis del país, es la coalición PSOE-IU. Si Andalucía ha de convertirse en un bastión contra la imposición general del neoliberalismo, solo podrá hacerlo con un gobierno con fuerte respaldo parlamentario. Es de esperar que IU no caiga en la tentación de hacer difícil la gobernación de la comunidad. Doy por descontado que menos lo hará en repetir el adefesio extremeño. Al contrario, es cosa de pensar si el resultado andaluz no debiera llevar a la izquierda de Extremadura a hacer lo mismo a través de una moción de censura al gobierno del PP, cosa que depende exclusivamente de IU.

La izquierda en Andalucía tiene que dar ejemplo de cómo se consigue que las políticas de ajuste no perjudiquen siempre a los mismos y, además, debe acometer una especie de regeneración de la administración y el gobierno de la Comunidad: apertura, transparencia, rendición de cuentas para hacer más democrática la relación entre representantes y representados, entre gobernantes y gobernados. Más de izquierda. Y que lo vea toda España.