Las cosas en Andalucía están meridianamente claras, pero no sé si bien entendidas. En principio, con un 50,86% del voto, frente al 40,66% del PP y con 59 diputados frente a los 50 del PP, la izquierda está llamada a gobernar. Parece quedar descartada la posibilidad extremeña, exclusión que presionará más en favor de una salida razonable a la insólita situación de Extremadura en donde, pudiendo gobernar la izquierda, gobierna la derecha por decisión de tres diputados de IU.
Desechada la opción extremeña, el gobierno de la izquierda en Andalucía puede tomar al menos dos formas: gobierno en minoría del PSOE con apoyo asegurado (pacto de legislatura) de IU o gobierno de coalición PSOE-IU. Cuál de ellas se dé dependerá del resultado de las negociaciones entre las dos fuerzas de izquierda. En el PSOE son claramente partidarios del gobierno de coalición. Pero IU parece estar dividida. Hay un sector más duro, capitaneado por Sánchez Gordillo, enemigo de toda alianza con el PSOE. Ni el pacto de legislatura. El alcalde de Marinaleda admite votar la investidura de Griñán pero nada más; así el gobierno del investido estará completamente en sus manos. Gordillo amenaza, además, con una escisión de los suyos si IU pacta algo con el PSOE. Suena aquí la vieja animadversión comunista hacia los socialdemócratas, aunque el mismo Gordillo no sea miembro del PCE sino dirigente del Colectivo Unión de Trabajadores (CUT) y del Sindicato de Obreros del Campo (SOC). Al contrario, el Partido Comunista, que es la fuerza hegemónica en IU, se inclina por la coalición de gobierno.
Decida lo que decida IU es conveniente que abandone su discurso doctrinario y se atenga a los hechos. Esa pretensión de que la política de la Junta gire a la izquierda será más o menos razonable, creíble y hasta comprensible (no hay acuerdo claro respecto a qué sea la izquierda en muchos asuntos) pero lo que tiene que hacer es atenerse a los hechos. Y los hechos son que, con su 11,34% del voto frente al 39,52% de los socialistas no es justificable que IU pretenda ser hegemónica en la política de la izquierda en Andalucía y mucho menos en la política de Andalucía en su conjunto puesto que si representa más o menos a un tercio del electorado socialista, supone una décima parte del electorado general andaluz. Que la décima parte de un ente compuesto quiera determinar cómo actúa el conjunto es algo absurdo y sólo puede conseguirse mediante alguna forma de chantaje ("o se gobierna así o no se gobierna").
Para evitar esta imagen, poco edificante desde un punto de vista democrático, los dirigentes de IU han convocado un referéndum entre su base para ver si esta aprueba o no la colaboración con el PSOE. Es lo que hicieron los tres diputados extremeños para legitimar su absurda decisión de dar paso a un gobierno del PP en la región. En Andalucía se prevé lo mismo, pero la dirección convocante del referéndum es partidaria de la colaboración, de forma que el resultado referendario, salvo cataclismo, está cantado: colaboración, gobierno de coalición.
Ahora bien, el problema no es el resultado del referéndum, sino el referéndum en sí mismo. Tanto en Extremadura como en Andalucía se defiende que se trata de una práctica democrática. Pero no es cierto. Defender que la decisión la tome la militancia del partido no solo no es democrático sino que es claramente oligárquico. No son los militantes de la organización quienes han sacado tres diputados en Extremadura y doce en Andalucía sino los electores. Desde luego, consultar a los electores no es factible ya que la condición de elector (al no haber registro previo de votantes, sino un mero padrón) no es objetivamente verificable. Pero que la práctica no sea posible no quiere decir que el referéndum entre la militancia sea democrático. Las relaciones orgánicas internas de los partidos y coaliciones están trufadas de vínculos clientelares e intereses creados.
