Por la boca muere el pez

La juez del Juzgado de lo penal nº 6 de los de Madrid ha condenado al locutor Jiménez Losantos por el delito de injurias graves. Es decir, mientras no medie un recurso contra la sentencia el condenado será un mentiroso, un injuriador, en definitiva, un delincuente. Si media recurso será todo eso... presuntamente, pero con una probabilidad elevada de que la sentencia pase a firme y el señor Jiménez Losantos pueda ser llamado delincuente con todo motivo.

La reacción del locutor de la COPE, cual era de esperar, ha sido intemperante, agresiva, irritada y como de bravucón. Después de agradecer las pruebas de solidaridad que ha recibido, mostrando que su carácter temperamental acabará gastándole una mala pasada algún día, se ha despachado a gusto contra todo quisque, asegurando que la sentencia es una chapuza y que la juez no sabe redactar. Asimismo sostiene que se trata de un fallo que convierte el derecho a la libertad de expresión en un delito, lo que es peregrino porque no se le ha condenado por ejercer la libertad de expresión, sino por cometer el delito de injurias graves. Son argumentos falaces, malhumorados que tratan en vano de silenciar el hecho clamoroso de que un periodista sea condenado por un tribunal de justicia por faltar a la verdad e injuriar a un tercero. ¿Quién podrá ahora dar crédito a lo que diga un delincuente? Cegado por el despecho y la impotencia, así como por una grave ignorancia, ha asegurado que, pues el honor del señor Gallardón vale sólo 36.000 € (que le parecen pocos) piensa seguir "criticándolo", o sea, en román paladino, insultándolo. Ignora el hombre que, si vuelve a hacerlo, será reincidente y la pena por su delito aumentará. Lex videt iratum, iratus legem non videt decía el proverbio latino.

Con todo, lo más sorprendente de este caso es que el condenado argumente que la sentencia confunde en todo momento opinión con información. Cree el delincuente que todos son de su pendiente, porque ese, precisamente ese, fue el eje de su defensa en la causa, esto es que en la radio es difícil distinguir la información de la opinión. Es un razonamiento tan patafísico como el personaje: si esa dificultad se arguye para exonerar al acusado, ¿cómo puede después argüirse para condenar a la juez? Es igual que la afirmación de que la sentencia constituye un intento de amedrentar a los periodistas cuando es evidente que el intento de amedrentamiento y a los políticos (y más que un intento, una práctica cotidiana de abuso) provenía de la diaria letanía de insultos del locutor Jiménez Losantos.

Todo eso es agua que ya no muele molino excepto el de la vergüenza que le quede al delincuente señor Jimenez Losantos. La pregunta que debe plantearse ahora es ¿qué piensa hacer la jerarquía eclesiástica? ¿Va a tener a un delincuente al frente del espacio más frecuentado de sus ondas? La cuestión no es retórica ni hipócritamente moralizadora, al modo de esos comentaristas que se escandalizan de que la Iglesia sostenga en su radio a alguien que contradice y ataca a los envangelios de palabra y obra. La pregunta simula creer que haya alguna relación discernible entre la jerarquía eclesiástica y el Nuevo Testamento cuando la única relación existente es entre la citada jerarquía y el dinero y como éste es el que ahora puede empezar a asustarse, es posible que los obispos tomen alguna decisión frente a esa máquina de insultar e injuriar que se llama FJL, la única posible: despedirlo. Porque, como decía servidor en un post anterior, titulado Más que un alcalde,"políticamente hablando, el señor Jiménez Losantos es un cadáver".

Una última observación con respecto al alcalde de Madrid. Que yo sepa es el único político en la historia de nuestra democracia que ha conseguido una condena judicial a un injuriador. Con ello ha prestado un gran servicio a su (nuestro) país y se lo ha prestado a sí mismo con toda justicia. Ha demostrado tener temple y valor (pues no es fácil enfrentarse a este conocido grupo de periodistas mendaces que agrede e insulta desde sus radios y periódicos) y sabe medir muy bien sus tiempos. Su talla sobresale por encima de las de sus compañeros de partido, en especial la de su rival, señora Aguirre, que se abaja y humilla a los periodistas faltones y sólo se las tiene tiesas con los trabajadores que protestan y cuando va rodeada de guardaespaldas. Lo reitero: el señor Ruiz Gallardón es más que un alcalde. Y por merecimientos propios.

(La imagen es el famoso cuadro de Arcimboldo, El fuego (1566) que se encuentra en el Kunsthistorisches Museum, Viena).

El alcalde y el locutor.

El señor Ruiz Gallardón ha hecho ya más por la democracia en nuestro país sentando en el banquillo por injurias graves al locutor señor Jiménez Losantos que todas las prédicas filosófico-morales que puedan largar los profesores de filosofía política en un año.

Porque si la democracia es algo, es forma y procedimiento, es libre y civilizado debate, intercambio de opiniones contrapuestas dentro del respeto entre adversarios. La democracia no es insultar o injuriar a quien no está de acuerdo con nosotros y lo manifiesta educadamente. Y mucho menos insultar e injuriar valiéndose de una posición de fuerza y predominio desde una tribuna pública como una radio o un periódico que llegan a millones de ciudadanos, hacen un daño inmenso al honor de los agredidos, y los ponen en una muy difícil situación para la defensa.

Se entiende qué pretenden los sujetos que recurren a estos detestables procedimientos: amedrentar a los injuriados, generar un clima de miedo en torno suyo, imponerse por la brava, mediante la agresividad y alzarse con la razón aunque no se tenga y también con una buena ganancia económica, como suele ser el caso. Porque si atacar el clima de civilizada convivencia en democracia ya es vituperable, hacerlo encima para lucrarse es inmundo.

En el juicio de ayer se pudo asistir a una buen episodio que podría grabarse para una clase de Educación para la Ciudadanía. El señor Ruiz Gallardón estuvo comedido y firme en defensa de su derecho, que es el de todos los ciudadanos de este país, el derecho a decir lo que pensamos sin que se nos insulte soezmente con evidente abuso de medios. El gesticulante señor Jiménez Losantos estuvo como lo que es, un hombre que lo pone todo al servicio de sus intereses, incluida la dignidad de terceros. Sin empacho alguno se escudó detrás de las víctimas para escurrir el bulto, se presentó a sí mismo como víctima estando allí como victimario y confundió, como hace siempre, la justicia con su política.

Los demás actuaron como tuvieron a bien. De los testigos de la defensa, sólo los señores Alcaraz, Ramírez y Herrero testificaron algo que pudiera ser de valor para el acusado. En concreto el señor Ramírez invocó la libertad de expresión, como si la libertad de expresión fuera compatible con la injuria y la calumnia y, cual suele, pronunció una especie de sentencia paralela anticipada: si los jueces condenan al señor Losantos por injurias graves habrán atentado contra la libertad de expresión. Es lo de siempre: el señor Ramírez hizo lo que pudo con anterioridad a la vista oral para que el señor Ruiz Gallardón retirara su querella y, al no conseguirlo, recurre a la habitual coacción moral sobre los jueces. Por cierto, este señor Ramírez también fue condenado en su día, en 1993, por injurias y calumnias por el Tribunal Supremo, condenada ratificada posteriormente por Tribunal Constitucional. Afinidades electivas.

Los otros testigos de la defensa, altos cargos del PP, atrapados en la disyuntiva entre atender al principio de la dignidad ofendida o auxiliar al presunto injuriador, se decantaron por lo primero. Todos ellos, incluido el señor Zaplana, que fue el más vacilante, se portaron como personas de bien a riesgo, supongo que consciente, de que ahora los insulten y arrastren su nombre por el lodo, como ya empezó a hacer el presunto injuriador ayer llamándolos caraduras.

Cuando sea pública la sentencia, si es condenatoria, si el señor Jiménez Losantos es condenado por injurias graves que, no se olvide, son delito, es decir, si el señor Jiménez Losantos es condenado como delincuente por un tribunal de justicia, ¿qué va a pasar en la COPE?

Supongo que el citado individuo recurrirá una sentencia condenatoria pero, en el ínterin, ¿va a seguir todo igual en La Cope? Los obispos ¿van a seguir permitiendo que un presunto delincuente continue hablando desde los micrófonos de una emisora de la Conferencia Episcopal Española?

En todo caso, repito, el señor Ruiz Gallardón ha hecho muchísimo por la democracia en nuestro país: poner coto a los desmanes y abusos de un matón de las ondas, sostenido por la Iglesia a la que, por cierto, pertenece el acusador, pero no el acusado.

Por lo demás, excelente momento para la celebración de la vista oral, en mitad de la crisis del PP. Una prueba más de que la política y la justicia marchan por sus sendas independientes y que la primera se beneficiará siempre de la acción de la segunda porque es seguro que los partidarios de los señores Ruiz Gallardón y Rajoy, ahora, tendrán que aguantar menos abusos, insultos e iniquidades.

(La imagen es una foto de Dolors Nadal, bajo licencia de Creative Commons).

El senador Anasagasti y sus reales vaguezas.

El señor Iñaki Anasagasti se despacha a gusto en su blog contra la familia real española a cuenta del secuestro de El Jueves. Entre otras lindezas habla de "bribones", "vagos", etc y asegura que sus miembros son intocables a diferencia de lo que pasa con la familia real británica ya que, dice, en Gran Bretaña "...la Casa Real lo aguanta todo porque viven en un verdadero sistema democrático." ¿Se entiende la profundidad del pensamiento del senador nacionalista? Lo que hace que un sistema sea verdaderamente democrático no es la disyuntiva República/Monarquía, sino el que se pueda caricaturizar al príncipe heredero montándoselo con la legítima.

Como correoso republicano que soy no tengo nada contra quien critique a los reyes, estos o aquellos (y tampoco lo tendría contra quien criticase al presidente de la República) llamándolos lo que quiera, por ejemplo vagos. Pero, aparte de que no me parece que los senadores del Reino vayan a ganar la medalla del mérito al trabajo, sí me gustaría que, al menos, tuvieran luces. Y no es el caso, como se ve.

Lo que hace a un sistema verdaderamente democrático es que todas sus magistraturas sean electivas y no que se pueda o no poner a alguna de ellas de chupa de dómine.

Los Reyes de España y sus familiares pueden ser vagos o diligentes, pero no han tenido nada que ver con el secuestro de El Jueves de forma que el ilustre senador haría mejor en centrarse en los verdaderos responsables del atropello a la libertad de expresión, especialmente el servicial Fiscal General del Estado, señor Conde Pumpido quien, más papista que el Papa, ha dictaminado que, pues las injurias a la Corona son "delito público", mantiene parte de su acusación, la que implica multa, y retira la otra, la que acarrea prisión. Ya empieza el señor Conde a barruntar que el problema es que aquí no hay delito. No más que en el hecho de que el señor Anasagasti llame vagos a los miembros de la familia real. Pero le llevará su tiempo. No conozco nada más obtuso que un izquierdista ofuscado por el resplandor del poder y empeñado en demostrar que es hombre de orden cortesano. O sea, un servil.

Los miércoles de El Jueves

Los del 20 Minutos han hecho una selección de lo que llaman las "portadas más polémicas" de El Jueves, de la que entresaco la que de la izquierda que ya debiera haber encendido los ánimos inquisitoriales del Fiscal General del Estado, señor Conde Pumpido. Porque esa ilustración ob-je-ti-va-men-te injuria, envilece, desprecia y humilla no solamente al señor Aznar, entonces presidente del Gobierno, al que representa en actitud indigna y mascullando una lengua que ignora, sino también a su esposa, a la que imagina en posición cuadrúpeda y en bolas y, lo que es más grave, también a las cabras, a las que llama "putas". Habráse visto.

Después de tomar declaración a los humoristas, pregunta el juez al fiscal si mantiene la imputación de delito, lo que pone al señor Conde Pumpido en el desagradable trance no de meter la pata, sino de meter las dos...y me quedo en dos para que no me empuren.

No me digan que no es de risa que en un país en el que se detiene a presuntos y peligrosísimos etarras a punto de volar los sesos a cualquiera que los cubra con una gorra; en el que las armas ilegales corren que se las pelan, como se muestra con el arsenal del llamado "Solitario"; en el que la mafia del ladrillo se lo lleva crudo a costa del medio ambiente y tirando de la mayor concentración de billetes de quinientos euros (llamados binladens) por faltriquera cuadrada; en el que se cuece parte del terrorismo islamista para otros países; en el que las mafias de proxenetas y tratantes de inmigrantes ilegales brotan como hongos en otoño; y en el que se consume tanta cocaína como en toda Europa junta, en ese país, digo, el señor Fiscal General no tenga otro pito que hacer que perseguir a dibujantes de viñetas en revistas de humor.

Este asunto de El Jueves es tan inverosímil que ya da lugar a escenas como de delirante astracanada. ¿Qué me dicen de la señora viceopresidenta del Gobierno diciendo que el secuestro de publicaciones quizá esté un pelín anticuado? ¡Cáspita con los que no comentan las decisiones judiciales! Si lo llegan a hacer, ponen al señor Conde Pumpido de rodillas mirando a la pared y con orejas de pollino. Claro que el señor Conde Pumpido siempre podrá responder que si la ley prevé secuestro en ciertas condiciones, de darse las condiciones, tendrá que haber secuestro. Y, si no gusta, a cambiar la ley (penal) en sede parlamentaria.

¿Y qué decir del señor Acebes, que ha salido a la palestra en defensa de la libertad de expresión, atacada por el Gobierno? Sí, sí, ciudadanos, habéis leído bien, el Gobierno. Porque es el Gobierno el que dice al Fiscal General lo que tiene que hacer. ¡Si lo sabrá el señor Acebes!

---

Así que, no habiendo nada que decir en el caso El Jueves, salvo recomendar al señor Conde Pumpido que desista, que cuanto antes desista, menos ridículo hará, me paso a la señora María del Carmen Galayo Macías, a quien la justicia canaria ha dado la razón en su pleito contra el obispo por haberla despedido injustamente. El obispado tendrá que indemnizar a la perjudicada... con el dinero de todos los españoles. Al margen de que consideremos esto más detenidamente, creo merece la pena que el PSOE lleve en su programa electoral de las próximas generales la denuncia de los acuerdos de 1979 con la Santa Sede. La Iglesia española no puede seguir funcionando como un Estado dentro del Estado, oponiéndose sistemáticamente a las decisiones del Parlamento hasta llegar a propugnar comportamientos ilícitos, aparte de los ilícitos en que ya incurren algunos de sus miembros sin necesidad de justificación ideológica, como la pederastia.

Volviendo a la condena con indemnización, me gustaría ser constructivo. Como imagino que, lejos de pagar la que debe a la perjudicada, la diócesis recurrirá la sentencia de la Audiencia, propongo que el Gobierno avise a la jerarquía diocesana de que, de recurrir, tanto la indemnización como las posibles costas del proceso se satisfarán con cargo al presupuesto general de subvenciones públicas a la Iglesia católica. Aquí sí que se puede decir: que recurran, pero no en mi nombre.